Una doctora inhabilitada en Reino Unido ha trabajado en la sanidad pública española en 2025

La doctora Claudia Lorena Martínez Higueros trabajó en el Hospital Chelsea & Westminster de Londres entre septiembre de 2019 y febrero de 2020. Durante ese contrato temporal, de solo medio año, cometió al menos dos fallos clínicos. En una ocasión, intervino a una paciente en la pleura —una membrana que se sitúa entre el pulmón y las costillas— derecha cuando tenía que hacerlo en la izquierda. En otra, realizó una biopsia a un paciente en el riñón derecho cuando, de nuevo, tenía que hacerlo en el izquierdo. Además, mintió para intentar ocultar ambos errores.

Esa mala praxis acabó con su carrera en Reino Unido. En abril de 2024 un tribunal médico decidió que no podía volver a ejercer en el país y que tenía que ser eliminada del registro de médicos. Pero Martínez Higueros ha seguido trabajando. Ahora, en España. Este mismo año, ha atendido a pacientes durante unos meses en el Hospital Universitario de Móstoles cubriendo una baja maternal en el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). No es su única actividad en la sanidad pública. Hasta este mes de septiembre, según el registro del Ministerio de Sanidad, trabajaba también en el Hospital Universitario de Donostia-San Sebastián.

El caso de la doctora Martínez no es una excepción. Tal y como ha revelado la investigación internacional Bad Practice (Mala praxis, en español), decenas de doctores en Europa ejercen en un país distinto del que han sido sancionados sin ningún tipo de problema. Varios de ellos trabajan en España. Con Claudia Lorena Martínez, son al menos ya cuatro los doctores inhabilitados en Reino Unido, que a pesar de esa sanción, han seguido ejerciendo y visitando a pacientes en nuestro país. Los otros tres lo hacían en la sanidad privada.

Todos esos casos han sido confirmados por infoLibre, único medio español que forma parte de Bad Practice. La investigación, coordinada por OCCRP, The Times y VG, ha corroborado también que más de 100 médicos que han sido inhabilitados en un país tienen a día de hoy licencia para ejercer en otro, pero, debido a la falta de transparencia con las sanciones en la profesión médica existente en algunos Estados europeos como España, esa cifra es solamente la punta del iceberg.

Aun así, casos como el de la doctora Martínez Higueros dejan claro que el control de este tipo de casuísticas tiene importantes agujeros negros en el continente. Los problemas se producen, sobre todo, cuando los médicos ya tienen permiso para ejercer en otro país antes de ser sancionados. Cuando eso ocurre, es complicado que luego el otro Estado les impida volver y trabajar. 

Es lo que pasó con la propia Martínez, que tras ser inhabilitada en Reino Unido volvió a España para trabajar porque ya estaba inscrita anteriormente en el Colegio Oficial de Médicos de Navarra. Al estar colegiada, no existe un mecanismo que se active de forma automática para homologar una sanción en el extranjero. Diferente es la situación cuando un médico inhabilitado intenta colegiarse en España. En ese caso, no tienen permitido hacerlo, ya que se les pide un certificado de idoneidad del país donde estaban registrados y este no debería expedirlo debido a la sanción.

El Ministerio de Sanidad, a diferencia de lo que está ocurriendo en otros países tras la publicación de Bad Practice, no ha reaccionado a los datos revelados por la investigación y, al menos, por ahora, no ha anunciado ninguna medida para evitar este tipo de casos. Tampoco se ha propuesto llevar a cabo una evaluación para conocer exactamente cuántos médicos inhabilitados en el extranjero ejercen a día de hoy en España.

De izquierda a derecha

Claudia Lorena Martínez es una radióloga intervencionista, una especialidad en la que, como radiólogos, se guían por la imagen —con procedimientos como los rayos X o las ecografías—, pero, además, no solo diagnostican a través de ese tipo de técnicas, también intervienen en los pacientes con tratamientos mínimamente invasivos, como pueden ser las biopsias, los drenajes o los cateterismos.

Tras graduarse en Medicina en México y homologar su título en España, se especializó en la Universidad de Londres. Comenzó a trabajar en Irlanda y, finalmente, volvió a Londres para ejercer en junio de 2018. A finales de 2019 obtuvo un contrato temporal de seis meses en el Hospital Chelsea & Westminster, donde ejerció hasta febrero de 2020 y donde cometió los errores que la llevaron ante un tribunal médico del Medical Practitioners Tribunal Service (MPTS), el organismo que se encarga de resolver cuando hay quejas o indicios de mala praxis por parte de doctores en Reino Unido.

Los problemas con la radióloga surgieron a raíz de las intervenciones a dos pacientes a los que atendió en 2019. El 10 de diciembre de aquel año una mujer de 73 años acudió a urgencias del hospital por dificultades para respirar. Los superiores de Martínez Higueros le encargaron una "aspiración pleural diagnóstica izquierda", pero, en lugar de eso, la doctora le realizó un "drenaje pleural terapéutico del lado derecho". Es decir, intervino en la pleura que no tocaba y, además, le realizó una intervención distinta a la que le habían pedido. Todo ello demostrado por el tribunal médico que la juzgó —un procedimiento habitual en Reino Unido—.

Doce días después, otro paciente, de 58 años, acudió a urgencias. Llevaba días con sangre en la orina, náuseas y fiebre, y tenía antecedentes de piedras en el riñón. Tras una resonancia magnética, que había hecho la propia Martínez, se le diagnosticó un quiste en el riñón derecho y una lesión en el izquierdo. Después de que un equipo multidisciplinar estudiara el caso del paciente, se detectó que la lesión del riñón izquierdo era "sospechosa de malignidad" y se pidió una biopsia del mismo, que, de nuevo, se encargó a la doctora. Pero la radióloga realizó la biopsia en el riñón derecho. Ante esta situación, el hospital tuvo que repetir la prueba para realizarla en el izquierdo.

En ambas ocasiones, Martínez Higueros tenía que intervenir en un órgano izquierdo pero lo hizo en el derecho. Además, en ambas ocasiones, realizó anotaciones falsas en los informes clínicos y el historial de los pacientes para ocultar sus errores, según resolvió el tribunal médico. En el caso de la mujer indicó que era imposible intervenir en la pleura izquierda y que, por ello, lo hizo en la derecha tras contactar con el resto del equipo médico. En el caso del hombre modificó el informe días después para indicar que la lesión identificada y biopsiada se encontraba en el riñón izquierdo, cuando antes había escrito que se encontraba en el derecho. También aseguró que ella no había hecho la biopsia.

Las anotaciones eran falsas, según determinó el tribunal. Además, el MPTS entendió que la doctora las había realizado a sabiendas de que no eran verdaderas, ya que era consciente de que en el caso de la mujer no había avisado al equipo médico de esa supuesta imposibilidad para realizar la intervención en la pleura izquierda y de que en ambas ocasiones había intervenido ella y lo había hecho en el órgano derecho.

Por ello, el tribunal dictaminó que Martínez Higueros había tenido conductas indebidas en dos categorías: actuaciones clínicas y prácticas deshonestas. El MPTS consideró más graves las segundas, de las cuales se la encontró culpable, precisamente, por haber mentido en sus anotaciones a sabiendas: "Intentó encubrir sus fallos clínicos". Además, el tribunal resolvió que había puesto en riesgo la seguridad de los pacientes.

Las excusas de la doctora

Aun así, la doctora, a día de hoy, afirma que todo es mentira y que esas acusaciones contra ella son un invento. En conversación con infoLibre, ha asegurado que no es cierto que cometiera los errores: "Es un caso de corrupción dentro del Colegio de Médicos [de Reino Unido]. Denuncié a unas personas que son influyentes allí, en temas de mala práctica médica. Ese es el caso [...] Eran errores graves como procedimientos que incluso llegaron a causar muerte de pacientes y yo denuncié eso".

Tras esa afirmación la doctora no ha querido especificar quiénes son esas personas de forma concreta —aunque ha subrayado que son "personas que desempeñan puestos de gerencia en un hospital de Londres"—, ni consta nada sobre esa supuesta acusación en el expediente del tribunal médico, que es público. Tampoco ha aportado prueba alguna ante las preguntas de infoLibre al respecto.

De hecho, tras esa llamada, este medio le hizo llegar una batería de preguntas por escrito a través del correo electrónico, pero la doctora en el momento de publicación de esta información no las ha respondido. Tampoco ha vuelto a coger el teléfono ni a contestar los distintos mensajes que se le han enviado desde entonces.

Durante la conversación con infoLibre, la doctora aseguró que había apelado la resolución del MPTS, pero unos segundos después se contradijo y afirmó que estaba "en búsqueda y espera de la ayuda legal en España" para poder apelar ante una instancia superior. "El problema principal es que no tuve la suficiente defensa legal, no tuve los medios para tener una defensa legal apropiada", añadió. La doctora contó con tres abogados distintos ante el tribunal médico durante distintos lapsos de tiempo del proceso.

A día de hoy, no consta que haya tomado acciones legales y el plazo para apelar la decisión ante la justicia ordinaria de Reino Unido ya ha expirado. Eso sí, la normativa inglesa también permite a los médicos solicitar volver a colegiarse una vez han pasado cinco años desde la sentencia del tribunal médico. Cuando optan por esa vía, vuelven a ser juzgados por otro tribunal médico, que debe decidir si permitirles de nuevo la colegiación o no. Martínez Higueros aún no está en el plazo para poder hacerlo; aunque ese tipo de peticiones no suelen ser exitosas para los doctores.

Tampoco lo fue la que realizó su último abogado, David Morris, ante el tribunal médico. Morris pidió que no fuera inhabilitada de forma permanente en Reino Unido y se optara por una suspensión temporal con una revisión del caso al final de la misma, pero el tribunal no aceptó. Para esa petición, el abogado recordó que Martínez Higueros había declarado lo siguiente: "Entiendo perfectamente que, basándose en sus conclusiones, el Tribunal se ve obligado a dictaminar que he incumplido gravemente las normas y que debo ser sancionada para proteger a los ciudadanos".

El tribunal resolvió que se trataba "de un caso grave de falta de honestidad en el ámbito clínico que afectaba a dos pacientes y que ponía en riesgo su seguridad", que, "había mostrado un desprecio deliberado por la seguridad de los pacientes, anteponiendo sus propios intereses a los de estos" y que "había abusado de la confianza que los pacientes, sus compañeros y la sociedad habían depositado en ella" como doctora. Por todo ello, el MPTS consideró que su conducta indebida era "fundamentalmente incompatible con el mantenimiento de su colegiación" y decidió inhabilitarla de forma permanente y no acceder a esa suspensión temporal.

A los hospitales públicos de Madrid y Navarra

Pero esa eliminación del registro médico a la que se le sentenció en Reino Unido no ha impedido que Martínez Higueros siga colegiada en Navarra. De hecho, así consta en el buscador de la Organización Médica Colegial (OMC) y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), donde también se recoge que actualmente trabaja con "ejercicio privado".

A pesar de ello, Martínez Higueros aseguró en la llamada con infoLibre que no estaba ejerciendo en España como doctora y que no estaba visitando a pacientes, sino que trabajaba como investigadora. Cuando se produce esa conversación, el 30 de septiembre, en el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS), del Ministerio de Sanidad, constaba que la doctora ejercía en el Hospital Universitario de Móstoles (Madrid) y en el Hospital Universitario de Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa).

Ante esta situación, infoLibre le traslada estos datos y ella niega la mayor: "Estoy registrada con esos hospitales porque he estado haciendo algunas investigaciones con ellos". Ambos son hospitales públicos y dependen de las consejerías de Sanidad de la Comunidad de Madrid y del País Vasco, respectivamente. Entonces, la doctora asegura que trabaja investigando "enfermedades cardiovasculares" para ambas consejerías, pero desde Londres. "Hago algunos estudios, llevo casos, reviso documentos, hago ensayos clínicos y ese tipo de cosas".

Tras varias preguntas, la doctora cambia otra vez de explicación, y afirma que trabaja para el grupo de investigación CIBER CV, especializado en enfermedades cardiovasculares, que depende del Instituto de Salud Carlos III (ISC III). Es ahí cuando dice que no trabaja para las consejerías sino que lo hace para ese grupo del ISC III, que es estatal y depende del Ministerio de Sanidad.

Pero el CIBER CV ha asegurado a infoLibre que "no existe ninguna relación contractual entre el CIBER y la doctora" y que Martínez Higueros no tiene ninguna "vinculación con nuestra institución". El organismo también ha afirmado que no les consta ninguna relación con Martínez Higueros en el pasado. Lo que asegura la doctora es que investiga para grupos del CIBER que trabajan en esos hospitales, pero la institución aclara a infoLibre que no tiene grupos sobre enfermedades cardiovasculares en el Hospital Universitario de Móstoles ni en el de Donostia. Las consejerías de Sanidad madrileña y vasca también han negado que la doctora trabaje actualmente para ellas.

La Comunidad de Madrid, eso sí, ha aclarado que la doctora Martínez Higueros trabajó para el SERMAS cubriendo una baja maternal durante cuatro meses, de enero a abril de 2025, en el Hospital Universitario de Móstoles y que desde entonces no ha vuelto a trabajar para ellos aunque en el REPS conste que sí. Así que, aunque Martínez Higueros aseguró en la llamada que solo se dedica a la investigación, al menos hasta hace unos meses atendía a pacientes en nuestro país y, además, en la sanidad pública.

El REPS, como sucede con el caso de Martínez Higueros en el hospital de Móstoles, no siempre está actualizado. Las propias instituciones médicas y sanitarias tienen que remitir la información de sus profesionales al Ministerio de Sanidad, pero no se mantiene una actualización constante. En cualquier caso, que hasta septiembre apareciera en el REPS que también trabajaba en el Hospital Universitario de Donostia, indica que en algún momento debería haber ejercido en el mismo.

A pesar de ello, el Departamento de Salud - Osakidetza del Gobierno Vasco ha respondido a infoLibre que la doctora "no trabaja en esa institución". El departamento no ha querido aclarar si anteriormente ha trabajado para el hospital o para otras instituciones del País Vasco alegando la protección de datos personales de la doctora. La mención al Hospital Universitario de Donostia en el perfil de la doctora en el REPS desapareció justo después de que infoLibre hubiera realizado esas preguntas sobre ella a la consejería vasca.

El Colegio Oficial de Médicos de Navarra, donde está registrada la radióloga, ha asegurado a este medio que continúa colegiada pero que no tiene constancia de que esté ejerciendo. "Ella al colegio no le ha informado de que esté trabajando en ningún sitio". La institución también ha explicado que los médicos a pesar de que tienen que confirmar su propia información laboral al colegio, no siempre la actualizan. Ante el resto de preguntas que le ha hecho llegar infoLibre, como si se había tomado alguna medida al conocer que la doctora había sido inhabilitada en Reino Unido, el colegio ha declinado responder.

La única institución que ha contestado sobre ese asunto es la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que ha asegurado que no tenía "ninguna notificación de que la doctora tenía algún tipo de sanción". El departamento también explica que como "la ley le ampara y puede acceder a un puesto de trabajo con normalidad, no podemos hacer absolutamente nada". "Tendrá la inhabilitación en Reino Unido pero mientras aquí no tenga ninguna prohibición…", detalla la consejería, que también afirma que no le consta ningún tipo de incidente o problema con la doctora cuando ha trabajado para el SERMAS.

La consejería se queja de que el ministerio no pone a disposición de las comunidades "ningún registro ni ningún protocolo" para que se les avise de si un doctor tiene una inhabilitación o algún tipo de sanción en el conjunto de España o en el extranjero. Así, asegura que únicamente puede conocer las propias sanciones que se dan en el SERMAS.

El Ministerio de Sanidad, por su parte, no ha respondido a las preguntas concretas sobre el caso de Martínez Higueros que le ha hecho llegar infoLibre. Tampoco la OMC - CGCOM. Ambas instituciones, al igual que la consejería vasca, se amparan en la protección de los datos personales para no dar respuesta sobre los doctores inhabilitados en otros países que ejercen en España, primando así esa protección por encima de la salud de los ciudadanos y del propio interés público. La Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM), de la que Martínez Higueros asegura ser socia, también ha declinado realizar declaraciones por el mismo motivo.

Una web para ocultarlo

Esta situación de opacidad beneficia a los médicos sancionados. La propia Martínez Higueros es consciente de ello. Durante la llamada con infoLibre, la doctora ya avanzaba que no quería que quedara rastro del caso: "Es un caso que necesito limpiar". 

Las siguientes preguntas que este medio le hizo llegar vía mail no las respondió y, en su lugar, envió un escueto mensaje: "Solamente expresarle de la manera más atenta, que no consiento ni le autorizo a realizar ninguna publicación en mi nombre o que tenga ningún vínculo con mis datos personales o profesionales". Aún después de esa respuesta, infoLibre le hizo llegar otro correo anunciándole la publicación de este reportaje y dándole una última opción a responder. No contestó. 

En cualquier caso, la huella digital le preocupa. Hasta ahora no se había podido confirmar que la radióloga había seguido ejerciendo en España tras su inhabilitación en Reino Unido, pero la prensa inglesa cubrió lo que había ocurrido en su país. Fueron varios los medios, como My London o Radiology Business, los que informaron de su inhabilitación. 

Debido a ello, cuando se buscaba a la doctora en internet, era normal que aparecieran noticias sobre las conductas indebidas que había protagonizado. Ahora, en cambio, al poner 'Claudia Lorena Martínez Higueros' en Google, el primer resultado del buscador es la web 'draclaudiamartinezhigueros.com', creada por la propia doctora en lo que parece una estrategia para modificar los resultados cuando se busca su nombre.

En la página presume de "una trayectoria internacional en hospitales y centros de referencia" y de "precisión técnica, innovación médica y un profundo compromiso con cada paciente". La web está disponible tanto en inglés como en español y en la misma asegura haber colaborado "con centros de prestigio como el Grupo CIBER" y trabajar "para distintas entidades sanitarias públicas y privadas en España", a pesar de lo que dijo en su conversación con infoLibre.

También facilita un correo electrónico de contacto, cuyo dominio pertenece a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Al ser preguntada durante la llamada, la doctora dijo que disponía del mismo porque en su momento hizo la residencia médica en la sanidad madrileña. La consejería, en cambio, ha asegurado a infoLibre que posiblemente tenga esa dirección de mail porque este mismo año ha trabajado en el Hospital de Móstoles.

Su estrategia digital, de todos modos, no ha consistido únicamente en el lanzamiento de la web. Multitud de supuestos medios de comunicación, como Diario Financiero, Diario Siglo XXI, Murcia.com o Pamplona Television, publicaron este 29 de mayo la misma nota de prensa. Esta hablaba sobre la experiencia de la doctora y enlazaba a su web con una clara intención de mejorar el posicionamiento de la misma en buscadores y borrar su pasado en Reino Unido.