Mónica García llevará a Madrid a los tribunales por no elaborar el registro de objetores: "Es una rebelión"
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que llevará a la Comunidad de Madrid a los tribunales tras constatar que no ha elaborado el registro de objetores de conciencia que dicta la ley del aborto, ya que supone "una rebelión a la ley, a la democracia y a las mujeres", y se ha preguntado "qué le pasa a la señora Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid) contra las mujeres".
García participa este sábado en el acto político '2 años gobernando' de Más Madrid junto al secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, en el que han confirmado que Madrid es la única comunidad autónoma que no ha elaborado el citado registro, una vez cumplido anoche el plazo dado por el Ministerio.
"Vamos a ir a los tribunales, iniciaremos los trámites para interponer un contencioso administrativo y la señora Ayuso tendrá que responder ante los tribunales sobre esa obstaculización, sobre esa rebelión que le ha declarado a la ley, a la democracia y a las mujeres de la Comunidad de Madrid", ha dicho García a los periodistas.
La ministra ha explicado que lo primero que quería hacer era desear a Isabel Díaz Ayuso que se recupere de su estado de salud, ya que ha estado indispuesta, tras lo que ha arremetido contra ella políticamente por comportarse "al más puro estilo trumpista" y "declararse en rebelión contra el derecho de las mujeres al aborto" y "obstaculizar de manera reaccionaria ese derecho".
Ha incidido en que la decisión de la Comunidad de Madrid desoye lo dictado por el Tribunal Constitucional y va en contra de la ley de 2023, que ha advertido que se tiene que cumplir.
"Lo más grave es que está yendo contra el derecho de las mujeres. No sé qué le pasa a la señora Ayuso contra las mujeres, no se cuál es esta contienda, esta cruzada que le ha tendido a las mujeres de la Comunidad de Madrid", ha añadido, haciendo hincapié en que "en este país la ley se cumple".
Mónica García también se ha referido a la manifestación convocada este sábado por los sindicatos CESM y SMA para protestar por la propuesta de reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud, asegurando que el nuevo estatuto va a reflejar las reivindicaciones y el malestar que tienen los médicos desde hace años y mejorará sus condiciones.
Ha añadido que el nuevo marco "dejará atrás la precarización y la indefensión de los profesionales" y que "el mayor error" sería mantener el actual.
La posición del PP
La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, aseguró este viernes que la administración regional no iba a crear el registro de médicos objetores de conciencia del aborto y que había dejado la decisión en manos de los tribunales: "Preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un Gobierno sectario que no piensa en nada ni en nadie y, desde luego, con la Constitución en la mano, defenderemos la libertad de objeción y todos aquellos artículos para proteger a nuestra población".
Ante los medios de comunicación, Matute también declaró que la Comunidad de Madrid no iba "a señalar ni a perseguir a quienes abortan o a los que no abortan, ni tampoco a los que practican aborto o no practican abortos".
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No obstante, el registro de objetores es creado como una herramienta que, precisamente, organiza y garantiza la protección del derecho de los profesionales a objetar. Las razones para ello pueden ser religiosas, deontológicas o bioéticas; sin embargo, no deben ser reveladas y los datos de los profesionales sanitarios tendrán carácter confidencial.
A pesar de la naturaleza de dicho historial de profesionales, la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya reiteró en octubre se negaba a hacer una "lista negra" de médicos objetores. Además, pidió a la izquierda que se fueran "a otro lado a abortar". "Cada año se abortan en España a 106.000 personas. En 10 años, desde que ustedes llegaron a la política en España, se ha abortado a un millón", respondió Ayuso ante la pregunta formulada por Más Madrid sobre cómo se garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en la red sanitaria pública madrileña. Para la presidenta, tales datos son un "fracaso" porque en la "mayoría de los casos se podría evitar" y está en "la mano" de los políticos hacerlo.
Cabe recordar que el 80% de los abortos financiados por el sistema público se practican en centros privados, con enormes disparidades entre comunidades. Mientras Cantabria realiza más del 88% de las interrupciones en centros públicos, regiones como Ceuta, Melilla y Extremadura derivan el 100% a la sanidad privada.
