El ingreso mínimo vital (IMV) llegó en el mes de febrero a 810.928 hogares en los que viven 2.477.021 personas, con una cuantía media de la prestación de 545,1 euros al mes por hogar, por lo que la nómina de este mes ha ascendido a 472,2 millones de euros, según recoge EFE. 

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha informado este viernes en un comunicado que más de dos tercios de los hogares que reciben dicha prestación contaban con menores, en tanto que representan el 41% de los beneficiarios (1.013.102). Además, el 17% de los hogares eran monoparentales, es decir, que solo tenían un adulto (normalmente mujer) a cargo de los menores.

Las mismas fuentes explican que el IMV tiene "un marcado perfil femenino", ya que el 68% de los titulares (551.113) y el 53,4 % de los beneficiarios (1.323.208) son mujeres.

En febrero de 2026, había 122.921 prestaciones activas más que hace un año, lo que supone que los hogares protegidos han aumentado un 18%, mientras que los beneficiarios han crecido un 18,1%, hasta los 379.731, y desde su puesta en marcha en 2020, el IMV ha protegido a casi 3,5 millones de personas.

En cuanto al complemento de ayuda para la infancia (CAPI), que forma parte del ingreso mínimo, en febrero llegó a 560.800 unidades de convivencia, con una cuantía media de 66,1 euros por cada menor y de 119,9 euros por cada hogar, según detallan las mismas fuentes. Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 0 a 3 años, 80,5 euros entre 3 y 6 años, y 57,5 euros entre 6 y 18 años. 

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado que "la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social siguen bajando en España, hasta la cifra más baja de la serie histórica, y también entre las mujeres". Añade que el IMV es "una herramienta decisiva para reducir esta vulnerabilidad y avanzar en igualdad" y recuerda que desde su puesta en marcha ha protegido a 1,9 millones de mujeres.

Un juzgado ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el entrenador de fútbol base de un club de Málaga que fue detenido por abusar sexualmente de varios menores, ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y recoge EFE.

El hombre, de 55 años, fue arrestado por la Policía Nacional como supuesto autor de dos delitos de agresión sexual y otros tantos de provocación sexual hacia tres alumnos menores de edad.

El entrenador se acogió a su derecho a no prestar declaración ante el juez de guardia, algo que sí hizo uno de los tres menores que presuntamente fue víctima de los abusos sexuales, mientras que el resto de menores lo irá haciendo en el transcurso de la instrucción.

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 4 de Málaga, en funciones de guardia, fue quien decretó el ingreso en prisión del arrestado, que está investigado por la presunta comisión de abusos sexuales, una calificación provisional que se irá determinando de forma definitiva durante la instrucción.

La causa seguirá en la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Tribunal de Instancia de Málaga, que es la competente en la investigación de este tipo de delitos cometidos sobre los menores.

La investigación se inició después de que los padres de uno de los menores descubrieran unas conversaciones de su hijo, a través de mensajería instantánea, con un entrenador de fútbol en un tono "muy afectivo", que iba más allá de la relación deportiva entre ambos, según informó la Policía Nacional. Fueron los propios progenitores quienes, tras sonsacar información a su hijo sobre el vínculo que le unía con el ahora detenido, averiguaron que el menor había sido agredido sexualmente, según ha informado este miércoles la Policía en un comunicado.

Tras oír al menor, los agentes del Grupo de Menores (Grume) de la Comisaría Provincial de Málaga detectaron otras dos víctimas, compañeros del anterior en un equipo de fútbol y también menores de edad.

Las pesquisas policiales apuntan a que uno de estos menores también fue víctima de agresión sexual y provocación sexual, que se refiere a la muestra de imágenes pornográficas por parte del entrenador, mientras que la tercera víctima solo habría sido objeto de provocación sexual.

El Club Deportivo Conejito de Málaga, con el que estaba vinculado el entrenador detenido, asegura que ningún miembro de la junta directiva ni del cuerpo técnico conocían los supuestos hechos "de extrema gravedad" que se están investigando.

En agosto de 2024 una joven de 17 años, que estaba embarazada de 39 semanas, dio a luz en Burgos. Tras pasar por una cesárea, nació un niño que pesó tres kilos y medio. Pero no fue madre ella sola, tuvo al bebé junto a un hombre de 52 años. 

El padre de la criatura le sacaba 35 años. Ese nacimiento es el de mayor diferencia de edad entre ambos progenitores siendo uno de ellos menor de edad que tuvo lugar en 2024 en España. Pero no es un caso tan aislado como pueda parecer. Cada año decenas de hombres mayores de 30 años dejan embarazadas a menores de edad en nuestro país. 

Solo en 2024 hubo 63 nacimientos de esas características. Es una de las conclusiones del análisis que ha realizado infoLibre de los microdatos de la estadística de nacimientos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La situación es clara: aún hoy se producen numerosos embarazos de chicas menores de edad y en muchas ocasiones el padre de la criatura es mucho mayor que ellas.

Al fijarse en los últimos cinco años, entre 2020 y 2024 —último ejercicio para el que hay datos disponibles de la estadística del INE—, la cifra sube hasta 335 menores de edad que han sido madres con un señor de más de 30 años.

El caso de Burgos es el de mayor diferencia de edad. Pero no es el único. En 2024 hubo 25 nacimientos en los que uno de los progenitores era menor de edad y la diferencia entre ambos era de al menos 20 años. Los siguientes con mayor diferencia se dieron en Valencia, donde una chica de 17 años tuvo un hijo de un hombre de 51, y en Toledo, donde otra chica de 17 años tuvo un hijo de un hombre de 49.

El patrón suele ser siempre el mismo: la madre ocupa el papel del progenitor de menor edad. Así pasó en 23 de esos 25 casos. Catalina Perazzo, directora de incidencia social y política de la ONG Save the Children en España, explica que "hay una razón cultural" para ello. 

"Se debe a la desigualdad de género y a cómo se concibe al hombre y a la mujer en la sociedad. Es parte del heteropatriarcado. Las niñas y las adolescentes están hipersexualizadas y, además, existen los mitos del amor romántico entre un hombre adulto maduro y una chica joven que no se dan a la inversa", cuenta la experta.

Estos embarazos, además, es fácil que escondan casos de abuso sexual infantil. "A un hombre de más de 30 años con una chica menor de 18 les separa una diferencia muy grande. Habría que estudiar caso a caso, pero es raro que se den relaciones consentidas y seguras", explica Perazzo.

Lo cierto es que a pesar de que en los últimos años han disminuido los embarazos infantiles en España, siguen produciéndose casos preocupantes. Como desvelaba infoLibre, aún a día de hoy hay niñas de menos de 16 años que se quedan embarazadas y dan a luz a hijos de hombres adultos. Más de 50 casos de ese tipo en los últimos cinco años.

Si en lugar de analizar únicamente los casos de menores de 16 años se amplía a todas las menores de edad —la propia OMS considera como infancia a todas las personas por debajo de los 18 años—, los casos se multiplican. 

Como ya se ha mencionado, ha habido más de 300 casos de menores de 18 años que han tenido hijos con hombres de más de 30 años en los últimos cinco años. Pero, de la misma forma, si en lugar de esa edad para los padres, se considera a todos los que tienen más de 25 años, la cifra escala por encima de los 800 casos.

En los últimos cinco años 841 niñas y adolescentes menores de edad han tenido un hijo junto a un hombre que tenía al menos 25 años. No solo la cifra es elevada, sino que es muy superior al fenómeno contrario. En ese mismo tiempo ha habido 52 chicos menores de edad que han sido padres junto a una madre de al menos 25 años.

Lo mismo sucede con el dato de 56 casos de niñas de menos de 16 años siendo madres con hombres adultos. Por contra, solo en una ocasión un niño menor de 16 ha tenido un hijo con una mujer de al menos 25 años. Pasó en 2023, cuando una mujer de 35 años dio a luz en Ceuta a una bebé fruto de su relación con un niño de 14 años.

"Estamos hablando en todos los casos de cómo se enfrentan los y las adolescentes a la sexualidad y a las relaciones con personas adultas. Por tanto, va a existir un desequilibrio de poder y una relación desigual por la diferencia de edad y madurez. Pero en el caso de los chicos los casos son poco significativos. Las cifras de violencia hacia las mujeres muestran algo mucho más estructural y por eso es necesario que pongamos ahí el foco", explica Perazzo.

De hecho, la tendencia es clara y suele situar a los hombres como los que más tienen hijos con menores de edad. Cada año unos diez hombres mayores de 40 años son padres junto a chicas que aún no tienen derecho a voto. En 2024 se registraron 13 casos de ese tipo. Del mismo modo, las mayores diferencias de edad entre progenitores —sin tener en cuenta que uno de los dos sea menor— las protagonizan hombres mayores.

En 2024 en España hubo 45 nacimientos en los que el padre tenía 34, 35 o 36 años más que la madre. Ninguna mujer sacaba tantos años al padre de su criatura. La diferencia máxima en la que una mujer era mayor que el padre fue de 20 años.

El caso más descompensado se dio en Lleida, donde una mujer de nacionalidad guineana de 29 años dio a luz a un hijo de un señor español de 65 años. El nacimiento se produjo en el mes de noviembre, a las 39 semanas de embarazo y el niño, que pesó 3,56 kilos, era el cuarto hijo de la mujer.

Más allá de la problemática con los embarazos infantiles y las relaciones desiguales por la diferencia de edad, en España, en general, nacen cada vez menos niños y niñas. En los últimos diez años el descenso de nacimientos ha sido de un 25,63%. Pero mirando solamente a aquellos de madres menores de edad, la caída es aún mayor: un 47,75%.

A pesar del descenso, se trata de una realidad que persiste. Cada año unas 1.500 menores de edad dan a luz en nuestro país. Decenas de ellas se convierten en madres junto a hombres adultos. En otros muchos casos, no se registran datos del padre.

"Tener relaciones con esa desigualdad con personas adultas tiene un impacto en cómo se desarrollan y relacionan esas niñas en su adolescencia pero también para cuando sean personas adultas. Solo que siga habiendo una niña sufriendo esa situación es algo ya muy grave", remata Perazzo.

“Instagram es una droga. Básicamente, somos camellos”. Esta frase, escrita por uno de los ingenieros de Meta en un arranque de sinceridad en un chat interno de la compañía propiedad del oligarca tecnológico Mark Zuckerberg, resume hasta qué punto las grandes plataformas son conscientes del producto que manejan. De cómo está diseñado y qué daño causa.

No es de extrañar que este haya sido uno de los primeros argumentos utilizados por la acusación en el histórico juicio de Los Ángeles (California) que por primera vez ha sentado en el banquillo a los gigantes tecnológicos de Estados Unidos.

Los documentos filtrados en litigios recientes pintan un panorama demoledor: las empresas no solo conocen los riesgos, sino que diseñaron sus productos para maximizar el compromiso adolescente aunque el coste fuera la salud mental de toda una generación. 

Un informe interno de TikTok, filtrado en 2024, lo admitía sin ambages: “Los menores no tienen una función mental ejecutiva para controlar su tiempo de pantalla”. Es decir: son incapaces de desconectar, atrapados en el scroll infinito.

En 2019, pruebas piloto encargadas por Facebook demostraron que los usuarios que abandonaban la red durante una semana mostraban niveles menores de depresión, ansiedad y soledad. La investigación fue cancelada. Un empleado dejó constancia de su inquietud: ocultarlo les haría parecer “compañías de tabaco” que sabían del daño de los cigarrillos y callaban. La comparación no puede ser más reveladora.

La pregunta ya no es si estas plataformas son adictivas, sino por qué, conociéndolo, no implementan frenos. La respuesta es simple: menos tiempo de pantalla significa menos anuncios, y menos anuncios significan menos ingresos. 

El caso de la plataforma de juegos Roblox recientemente denunciada en Australia, un país pionero en la legislación para regular el acceso a redes sociales, añade otra capa de horror porque se ha convertido en terreno de caza para depredadores que la utilizan para manipular a menores con el objetivo final de obtener concesiones de índole sexual, imágenes íntimas o incluso un encuentro físico. La exposición a contenido gráfico se suma a un ecosistema donde la seguridad infantil queda sistemáticamente supeditada al crecimiento de usuarios activos.

Regular este paisaje resulta endiabladamente complejo. En Estados Unidos, la Sección 230 protege a las plataformas de responsabilidad por contenidos de usuarios, creando un escudo legal casi impenetrable. Los litigios actuales intentan cambiar el foco: el problema no es solo lo que se publica, sino el diseño negligente y adictivo de las plataformas mismas. Pero probar causalidad directa entre un algoritmo y un daño específico es un objetivo que todavía nadie ha conseguido alcanzar.

Lo confirma la doctora en Psicología Silvia Álava. “Determinadas redes sociales están pensadas para hackear la atención del cerebro y que intentemos estar en ellas el máximo tiempo posible”. Algo particularmente dañino “en el cerebro de niños o adolescentes, que es muchísimo más sensible” y está lejos de haber madurado lo suficiente. 

No obstante, precisa, y aunque la ciencia nos dice que hay una correlación entre el uso del móvil y un incremento de los problemas de salud mental, sobre todo de ansiedad, depresión y trastornos de la conducta alimentaria, aún no tenemos un estudio que diga “que hay una relación causal”, solo que es “un factor de riesgo”.

Son, en todo caso, evidencias suficientes para que gobiernos de todo el mundo traten de poner coto al problema. La cuestión es cómo hacerlo. Una verificación de edad robusta requiere, para muchos, datos biométricos cuyo almacenamiento masivo plantea riesgos monumentales de ciberseguridad. ¿Qué empresa merece custodiar los rostros de millones de menores? ¿Qué ocurre cuando esa base se filtra?

Sin embargo, Mar España, responsable de Control Z y exdirectora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), no tiene dudas. La prioridad tiene que ser la defensa del libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la salud física y mental de los menores y, para hacerlo, asegura a infoLibre, el problema no es la privacidad.

Son precisamente las grandes plataformas, subraya, las que la están vulnerando al perfilar a los menores a edades tremendamente tempranas con un único objetivo: “Cuanto más pronto se enganchen a las redes, más vulnerables van a ser y más cautivos serán de los productos y servicios que estas grandes plataformas ofrecen”.

Ahora mismo “hay muchísimos menores de 14 años en TikTok y en Instagram” precisamente "porque las redes no están cumpliendo adecuadamente los principios de privacidad". “Hay que ir hasta el fondo” para proteger a los menores. “Igual que no pueden consumir alcohol o conducir un coche. Esto es incluso más perjudicial. ¿Por qué? Porque en la adolescencia es cuando las personas creamos hábitos de comportamiento, nuestros valores y cómo nos relacionamos con el otro”. 

Las redes no son, además, el único problema. A todo esto hay que sumar las cajas de recompensa (loot boxes) en videojuegos que operan mediante refuerzo intermitente —exactamente como las tragaperras— pero se perciben como entretenimiento, no como apuesta. Detectar y regular esta mecánica hasta que el daño económico o la adicción están consolidados resulta extremadamente difícil.

Hay, además, cierta tensión constitucional: algunos sectores advierten de que la prohibición de acceso a los menores puede limitar oportunidades legítimas de participación juvenil. O lesionar otros derechos. Laura Davara, socia del despacho de abogados especializado en derecho digital que lleva su nombre, y experta en educación digital, considera difícil verificar la edad sin incumplir la normativa de protección de datos. 

No se puede pedir el DNI, pone como ejemplo, porque ”incumple el principio de minimización, que es esa obligación de únicamente recabar los datos mínimos necesarios para cumplir con la finalidad” que se persigue. Tampoco es fan de la implantación de controles parentales en los dispositivos porque dan “una falsa sensación de seguridad. Yo animo a poner en Google cómo saltar control parental: te salen varios tutoriales”.

El riesgo principal de una regulación, a su juicio, “es que se vulneren derechos fundamentales. En primer lugar, el derecho a la privacidad. Una cosa es poner límites y otra censurar o espiar: podemos estar hablando de situaciones tremendamente graves”. En juego están, además, la libertad de expresión y “el tema del tipo de mensajes que se pueden limitar. ¿Dónde pones el límite?”, se pregunta. “Es algo muy, muy peligroso”. 

Mar España discrepa. “Las plataformas sociales tienen medios de sobra para verificar la edad”. Y pone un ejemplo que conoce bien, de su etapa al frente de la AEPD. La única plataforma de distribución de porno que entonces decidió voluntariamente adaptarse a los criterios de la agencia usando servicios de verificación de edad que respetan la privacidad perdió el 85% del tráfico. Es decir: el servicio logró una efectividad de 8,5 sobre 10. 

Esto no va de si “les quitamos derechos o no les quitamos derechos”, añade la psicóloga Silvia Álava. Cuando “tenemos evidencia de que hay algo que no funciona bien, que puede provocar problemas, hay que regular su uso, porque lo primero es la protección de la infancia, y la infancia llega hasta los 18 años”.

Frente a quienes dicen que es imposible impedir completamente el acceso, porque siempre habrá quien se lo salte, otros manejan con soltura la analogía de la prohibición del alcohol a los menores. El valor de una ley no reside solo en su capacidad de vetar, dicen, sino en su función pedagógica y simbólica.

Cuando no existe regulación, el problema permanece invisible, relegado a la responsabilidad individual de padres superados por los acontecimientos. Legislar contra cajas de recompensa o acceso a contenidos tóxicos, en cambio, emite un mensaje inequívoco: “Esto no es inofensivo, es un riesgo documentado”. Desnaturaliza lo que la inercia social había normalizado —que un niño de diez años pase seis horas diarias en una red diseñada para adultos— y rompe la aceptación pasiva del daño.

Davara advierte, en todo caso, de que “esto no es una cosa solo de plataformas. Es algo tan grande y tiene tal nivel de implicaciones que se tienen que tener en cuenta muchos más factores. No es algo solo de las familias, de los menores, de los centros educativos, de las plataformas, de las administraciones públicas o de los gobiernos”. 

Tampoco debería ser, añade, “una cuestión solo de la edad. Si ponemos el foco solo en la edad, nos vamos a quedar cortísimos. Yo lo digo siempre: todos tenemos un cuchillo en casa y podemos utilizarlo para cortar el filete o para cortarle el cuello a la persona con la que convivimos. Y es el mismo cuchillo”. La cuestión es no dejar "utilizar un cuchillo a gente que no tiene el conocimiento" para hacerlo.

De ahí la importancia, subraya, de la “educación digital”. “Yo soy una de las mayores partidarias, pero de una educación digital de verdad”. Más que de nuevas normativas. Ya hay varias, recuerda, “que imponen obligaciones a las plataformas. No digo que sean perfectas, porque no lo son. Tampoco digo que no haya que imponer más obligaciones”, pero lo importante es hacerlas cumplir, en particular la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés). Gracias a esta norma, recuerda, se han impuesto multas cuantiosas por diseños adictivos.  

Es cierto, como sostiene esta abogada, que las prohibiciones se pueden sortear usando, por ejemplo, VPN de fácil acceso. Pero la mayoría de usuarios no poseen conocimientos técnicos ni voluntad de complicarse constantemente la vida. Si una medida evita que el 70% de menores accedan a contenido tóxico, aunque el 30% restante lo consiga, el impacto en salud pública seguiría siendo considerable, subrayan sus partidarios. 

Entre tanto, sin regulación, toda la carga recae en padres que deben competir contra equipos de psicólogos conductuales y diseñadores de experiencia dedicados profesionalmente a minimizar la adicción. No se debe “poner todo el peso únicamente en las familias”, explica Álava, aunque tengan un trabajo que hacer de acompañamiento y alfabetización digital. “Las plataformas también tienen que proteger a los menores”. Están hechas precisamente “para enganchar, saben perfectamente que hay contenido que es nocivo”. No solo porno, recuerda, al que los niños están accediendo con ocho años, sino también contenido acerca de cómo autolesionarse, ideación de suicidio, o promoción de trastornos de conducta alimentaria. 

Hace décadas, obligar a usar cinturón generó resistencias: resultaba incómodo, paternalista, una intromisión estatal. La ley no evitó todos los accidentes, pero cambió la percepción del riesgo. Hoy, abrochárselo es acto reflejo, y mirar atrás asombra: ¿cómo permitimos que niños viajaran sin protección? Con las redes sociales, cada vez más personas buscan una transformación cultural semejante: pasar del salvaje oeste actual a una cultura de cuidado. 

En todo caso, subraya Mar España, “esto tiene que ser un pacto de Estado. Necesitamos consenso y aprobación urgente, pero incorporando el criterio de salud en el proyecto de ley de protección al menor en el entorno digital que probablemente se impulse en este periodo de sesiones. Porque no puede haber una ley donde el eje principal no sea la salud, desde la evidencia científica y la neutralidad política”. 

Consumir porno o redes sociales desde los 12 años y formar tu atención a través de vídeos cortos de 15 segundos afecta al desarrollo cognitivo, insiste la exdirectora de la AEPD. Nunca como ahora la salud física y mental de los adolescentes se ha visto tan perjudicada. “Los médicos están horrorizados de lo que están viendo en consulta”, remarca. Silvia Álava lo confirma: “Tenemos chicos y chicas que se nos están rompiendo”.

De ahí que la Asociación Española de Pediatría, con el respaldo unánime de todas las sociedades médicas, esté pidiendo prohibir las pantallas en la etapa infantil, la de “mayor plasticidad cerebral”. Recomiendan cero exposición hasta los seis años; de una hora máximo al día entre 6 y 12 años y dos horas máximo al día de 12 a 18 años. “Incluyendo deberes, enseñanza digital y ocio”, remarca España.

“Hasta que consigamos que esté tan mal visto que un adolescente tenga un smartphone con 13, 14 o 15 años —o un bebé, que es una salvajada—, como ahora está mal visto conducir estando borracho o sin el cinturón de seguridad”, habremos perdido “una o dos generaciones”, advierte.

En marzo de 2024, la Guardia Civil localizó a una niña de 13 años que había sido obligada a casarse con un hombre que le triplicaba la edad. Cuando la encontraron, la menor estaba embarazada. Pero no era la primera vez. De hecho, fue la interrupción del anterior embarazo lo que hizo saltar las alarmas. La niña abortó debido a malformaciones en el feto. Esa intervención llegó a conocimiento de la Fiscalía de Menores y esta avisó a la Guardia Civil.

El cuerpo policial detuvo al marido, de 42 años, y a los padres de ambos, acusados de un delito de trata de seres humanos tras haber concertado el matrimonio forzoso. En el caso de él, también se le imputaba un delito de agresión sexual, según informó la Guardia Civil. Como los hechos sucedieron en la provincia de Ciudad Real, la menor, embarazada, pasó a cargo del Gobierno de Castilla-La Mancha. La niña, ya con 14 años, acabó teniendo a la bebé y así consta en la estadística de nacimientos que gestiona el Instituto Nacional de Estadística (INE) en España.

Puede parecer una excepción, pero aún hoy en nuestro país existen numerosos casos en los que una niña o adolescente es madre junto a un hombre adulto, tal y como ha podido comprobar infoLibre tras realizar un análisis de los microdatos de la estadística de nacimientos.

En España en los últimos cinco años —de 2020 a 2024, último ejercicio con datos disponibles— se han producido 56 nacimientos en los que la madre tenía menos de 16 años mientras el padre tenía más de 25.

Esas niñas, que tenían entre 13 y 15 años en el momento del parto, no alcanzaban ni siquiera la edad legal de consentimiento sexual, que en nuestro país es de 16 años, tal y como establece el Código Penal desde que la elevara el Gobierno de Mariano Rajoy.

Catalina Perazzo, directora de incidencia social y política de la ONG Save the Children en España, explica la problemática de esa diferencia de edad y cómo puede esconder el abuso infantil: "Hay una diferencia de edad, de poder y de madurez, así que la relación está condicionada. Las dos personas no se están relacionando en condiciones de igualdad y el consentimiento de la menor de edad no es válido por esa diferencia en la madurez".

El caso de Ciudad Real es un claro ejemplo. De hecho, fue el nacimiento de 2024 de mayor diferencia de edad entre los padres con uno de ellos por debajo de la edad legal de consentimiento sexual. Se llevaban 28 años. Ese año hubo otros tres casos en los que una niña menor de 16 tuvo un hijo con un padre que le sacaba al menos 20 años.

Fueron tres niñas de solo 14 años: una dio a luz a un bebé de un padre de 38 años en San Fernando (Cádiz), otra a uno de un padre de 36 en Granada capital, y la tercera a uno de un padre de 34 en Valdemoro (Madrid).

De los 56 hombres, claramente adultos, que fueron padres junto a una menor de 16 en los últimos años en nuestro país, 33 —entre ellos los de San Fernando, Granada y Valdemoro— tenían más de 30 años en el momento del parto y, por tanto, como mínimo, doblaban la edad de las madres. Además, podría haber incluso más casos porque en muchos nacimientos de madres menores no se conoce o no se registra información sobre el padre de la criatura.

Perazzo recalca la importancia de que se cumpla con la edad legal de consentimiento sexual sobre todo en esos casos en los que una persona es mucho mayor que la otra. De hecho, el Código Penal establece una excepción a esa regla para cuando las relaciones sean entre individuos "próximos en grado de desarrollo o madurez física y psicológica". "La edad legal de consentimiento sexual en los 16 años es coherente, sobre todo con la excepción. No es lo mismo una relación entre dos adolescentes, que puede ser sana y desde el respeto, que entre un adolescente y un adulto", explica la experta. 

El análisis de los microdatos de la estadística hecho por infoLibre no muestra importantes diferencias según si los progenitores son españoles o extranjeros, pero entre las nacionalidades extranjeras destaca Rumanía. Los expertos con los que ha hablado este medio apuntan a otra variable que puede estar relacionada: la pertenencia al pueblo gitano. Los datos del INE no recogen ese tipo de información, pero las fuentes consultadas aseguran que puede ser una hipótesis para algunos de los casos, tanto cuando los padres son de nacionalidad española como cuando son extranjeros de nacionalidad rumana.

Javier Urra, psicólogo forense de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y los Juzgados de Menores de Madrid y conocido por ejercer como defensor del menor de la Comunidad de Madrid entre 1996 y 2001, explica que "entre los gitanos rumanos nómadas se producen estos casos de manera más significativa". "También suele haber un número importante de casos de gitanos españoles", detalla.

A ello se refiere también Catalina Perazzo, que recuerda dos casos judiciales de 2024 con dos niñas gitanas como víctimas: "Save the Children y la Fundación Secretariado Gitano denunciamos al Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas unas sentencias en las que se aplicaban atenuantes a agresores por considerar que las relaciones sentimentales y sexuales entre niñas muy jóvenes y hombres adultos eran una práctica habitual de su cultura". 

"No es admisible. Por un lado, si es una violación de los derechos de esas niñas, no hay ninguna práctica que lo pueda justificar y, por otro, es una forma discriminatoria de dar por hecho estereotipos e institucionalizarlos", resume la experta de la ONG, que tiene como objetivo luchar por los derechos de la infancia.

Los embarazos infantiles han bajado en España en los últimos años. De los más de 500 nacimientos de madres menores de 16 años que se registraban anualmente en nuestro país entre 2009 y 2014, la cifra ha bajado a los algo más de 200 que se dan cada año desde 2020. Aunque a partir de 2022 se ha registrado un repunte.

El descenso es incluso mayor en el caso de las madres menores de 16 que tienen hijos junto a padres de más de 25 años. En 2011 llegó a haber 158 nacimientos con esa casuística. Ahora no hay mucho más de una decena al año. Aun así, año tras año se siguen registrando partos de este tipo en nuestro país. "La evolución natural y los cambios sociales y normativos hacen que tendamos a ese descenso de casos. Pero solo que siga habiendo una niña sufriendo esa situación es algo ya muy grave. La violencia contra la infancia está demasiado tolerada", explica Perazzo.

La experta cuenta que "biológicamente los cuerpos de las adolescentes no están preparados para soportar el impacto de una gestación y un parto". "No solo a nivel físico, también a nivel emocional. Las adolescentes lo que tienen que ser es adolescentes y tener la oportunidad de vivir su infancia y adolescencia de manera plena", detalla.

La gran pregunta es: ¿qué hace la Administración en esos casos en los que las madres son niñas y adolescentes menores de edad?, que pueden ser víctimas de abuso sexual infantil.

El Registro Civil es quien se encarga de recopilar los datos de nacimientos en España. De hecho, los padres de una criatura tienen que acudir al mismo a notificar el nacimiento si no lo ha hecho ya el propio hospital donde haya nacido. El registro es el que luego facilita la información al INE para la elaboración de la estadística de nacimientos.

infoLibre ha preguntado al Ministerio de Justicia, de quien depende el Registro Civil, si existe algún protocolo para cuando se detectan este tipo de casos o si se da alguna voz de alarma para investigar la posibilidad de casos de abuso sexual infantil. Justicia asegura que "en este momento no existe un protocolo en los registros civiles para estas situaciones". "No obstante, en el momento de la inscripción tanto la madre menor como su hijo ya deberían haber pasado por controles en el sistema sanitario", añade.

Lo cierto es que la Administración sanitaria sí cuenta con ciertas indicaciones para este tipo de casos. En 2024 el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) aprobó el Protocolo común de actuación sanitaria frente a la violencia en la infancia y la adolescencia, elaborado por la Comisión frente a la violencia en los niños, niñas y adolescentes, donde se encuentran representados el Ministerio de Sanidad y el de Justicia y las comunidades autónomas, entre otros actores. 

Este protocolo establece cómo deben actuar los profesionales sanitarios ante indicios de posibles casos de violencia hacia niños y niñas. Uno de los tipos que se detalla en el documento es la violencia sexual y se recoge el embarazo, especialmente al inicio de la adolescencia, como uno de los indicadores de un posible caso de esta.

El protocolo también indica que ante posibles indicios de un caso de violencia en la infancia, el personal sanitario debe notificarlo a los servicios sociales —dependientes de los ayuntamientos o las comunidades autónomas— y al menos a otra institución, que puede ser el juzgado de guardia, la Fiscalía o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Ante las preguntas de infoLibre sobre este tema, el Ministerio de Sanidad ha respondido remitiendo de forma directa a este protocolo y a otros documentos guías del SNS. El protocolo, eso sí, no establece una indicación o mecanismo automático o diferenciado para los casos de embarazos infantiles.

A diferencia del ministerio, los Gobiernos autonómicos de Andalucía, Comunidad de Madrid y Comunitat Valenciana —las tres comunidades autónomas que registraron más nacimientos de madres menores de 16 años en 2024— no han respondido a las consultas de infoLibre. A pesar de que este medio ha contactado en diversas ocasiones y por diferentes vías con estos Ejecutivos autonómicos en las últimas semanas para saber cómo actúan cuando se encuentran los partos de madres menores.

"El sistema tiene alertas. Otra cosa es si todas funcionan, pero hay mecanismos. Los servicios sociales, la sanidad, el ámbito educativo… Y también la fiscalía, que es quien tiene esa función de ver qué está sucediendo exactamente con algunos hechos y más si se trata de menores. No siempre es fácil porque el entorno o la familia calla y oculta qué ha pasado, pero en casos así hay que indagar con los servicios sociales y con los medios que se tiene", explica Javier Urra.

Marta (nombre ficticio) cursaba sexto de primaria cuando un hombre contactó con ella por redes sociales. Al otro lado de la pantalla, alguien que decía ser un chico interesado en iniciar una relación con ella, presentándose como un apoyo emocional y tendiéndole la mano ante sus problemas. A aquello le seguirían enseguida las peticiones de imágenes de contenido sexual y la violencia física después. El agresor no dudó en aprovecharse de la vulnerabilidad que rodeaba a la niña fruto de su situación familiar, un contexto que conocía de primera mano porque quien intercambiaba los mensajes con la menor era, en realidad, su profesor de música.

Él tenía entonces 45 años y no dudó en abusar de su posición de superioridad no sólo para exigirle fotos íntimas, sino para ejercer una violencia sexual que sería posteriormente probada por los tribunales. Fue condenado a prisión por abusos sexuales continuados a través de las tecnologías. Es una de las sentencias que disecciona ahora Save the Children en su informe Tras la pantalla, un análisis jurídico que pone el foco en una veintena de resoluciones judiciales dictadas entre 2023 y 2024 que giran en torno a la violencia sexual contra la infancia a través de internet.

El Ministerio del Interior cifra en 1.078 las denuncias por delitos sexuales en el entorno digital que tenían como víctima a un menor, según datos de 2024. El 68,6% de las víctimas eran chicas. Save the Children redimensiona sin embargo esta realidad al advertir que las denuncias formales son sólo "la punta del iceberg". ¿Qué sucede cuando un menor da el paso de dar la voz de alarma? ¿Está la justicia a la altura?

Sucede en las redes sociales, pero también en otros espacios online como plataformas de videojuegos, canales de streaming o aplicaciones de mensajería. Los niños y niñas, repara la organización, comienzan a relacionarse a través de la red a edades cada vez más tempranas. Casi uno de cada tres menores utiliza internet de forma habitual antes de cumplir los diez años, una cifra que se eleva al 58% a los once. El plano online permea en sus relaciones interpersonales desde bien pequeños y es ya una parte troncal de su vida.

La dinámica clásica en el grooming está atravesada por distintas fases, partiendo de la construcción de un vínculo de confianza con la víctima, hasta su aislamiento, el control progresivo de sus hábitos online y finalmente las peticiones sexuales. 

A Clara (nombre ficticio) la encontró su agresor primero a través de la red social Omegle, específica para establecer contactos aleatorios entre desconocidos. Ella tenía 14 años, él cumplía los 32. Las conversaciones migraron pronto a Instagram y WhatsApp, un puente que sirvió para los encuentros sexuales posteriores, después de que el agresor se ganara la confianza de su víctima. "Es evidente que el procesado es consciente de la edad" de la menor, determinaron los jueces, quienes consideraron "irrelevante" que la niña "prestara consentimiento".

Quienes están al otro lado de la pantalla, según el estudio realizado por la organización, responden a un perfil claro. En la mayoría de los casos (41,7%) no se trata de extraños, sino de personas conocidas para la víctima. En el 33,3% son desconocidos y en el 25% se trata de un familiar. Son mayoritariamente hombres y no suelen tener antecedentes penales –el 78,3% no los tenía–. La edad media de las víctimas se sitúa en los trece años y la mayoría (60,7%) son niñas. 

El agresor de Sofía (pseudónimo) era el primo de su padre. Tras establecer contacto con ella vía redes sociales, él inició una campaña de acoso y derribo demandando contenido íntimo de carácter sexual. A pesar de la negativa de la menor, de tan sólo diez años, su familiar hizo que se sintiera lo suficientemente presionada como para ceder. A partir de ese momento, comenzó además el chantaje, amenazando con mostrar las imágenes a su familia. Este comportamiento "causó a la víctima una alteración grave de su vida familiar y escolar", además de un "malestar emocional" propio de los episodios de violencia sexual, según detalla una de las sentencias analizadas.

No siempre el abuso llega a los tribunales, pero cuando sí lo hace suele haber un denominador común: la denuncia de las madres. En casi la mitad de los casos analizados (43,7%) es la figura materna quien formula denuncia ante las autoridades. En el 37,5% de los casos es la propia víctima quien da el paso y en el 12,5%, el padre.

Fue la madre de Estefanía (nombre falso) la que decidió acudir a los tribunales para denunciar a su pareja, quien había comenzado a solicitar fotografías de carácter sexual a su propia hija cuando la menor tenía catorce años. La violencia digital se haría extensiva a la física, hasta que la víctima relató lo sucedido a su tía y después a su madre.

"En todos los análisis jurisprudenciales vemos que quienes denuncian son las madres", introduce en conversación con infoLibre Catalina Perazzo, directora de Influencia y Desarrollo Territorial de Save the Children. "Observamos que la persona de confianza y con quien mantienen un vínculo más sólido suele ser la madre, por lo que es a quien finalmente terminan contando" los episodios de violencia, si bien otras veces son ellas quienes "se dan cuenta y deciden poner en marcha el proceso", especialmente cuando el agresor es su propia pareja.

Una vez los menores cruzan las puertas de los juzgados, los magistrados tardan tres años o más en sacar conclusiones sobre lo sucedido. Así sucedió en el 60,7% de los casos analizados, mientras que en el 35,7% llevó uno o dos años y en el 14,3% más de cinco.

Las cifras no son anecdóticas: los tiempos suponen un perjuicio añadido para los menores. Es lo que Perazzo llama el "impacto irreversible del paso del tiempo", unas consecuencias ligadas a las demoras judiciales que se agrandan en el caso de los menores, porque para ellos "representa una fracción de su vida mucho mayor y no permite atajar la herida que está dejando la violencia".

Save the Children alerta no sólo sobre los tiempos procesales, sino también sobre prácticas que siguen produciéndose en los tribunales y que impactan directamente en el bienestar de los menores. En el 65% de los casos analizados, la víctima se ve obligada a prestar declaración más de dos veces. "El hecho de que una víctima tenga que repetir la violencia sufrida, unido a otros aspectos como procesos judiciales largos, hacen que deba revivir la situación traumática, con el riesgo de revictimización que ello supone", perfila el informe.

No es habitual la interposición de medidas cautelares por parte de los jueces que evalúan las denuncias registradas. En el 42% de las sentencias revisadas, no se impuso ningún tipo de medida de estas características. Pero cuando sí existieron, la que más veces figura en las resoluciones judiciales es la libertad condicional (26%), seguida de la prisión provisional y las órdenes de alejamiento.

En cuanto a las sentencias, en el 65,2% de los casos el fallo es condenatorio, un resultado que supone un descenso significativo respecto al periodo comprendido entre 2021 y 2022, cuando se registraron un 96,7% de condenas. Las absoluciones, sostienen los autores del estudio, se deben principalmente a que "no se considera que concurran todos los elementos exigidos por el tipo penal" y en algunos casos por la falta de pruebas.

"Es necesario que los casos de violencia sexual online sean atendidos desde una justicia especializada", clama Perazzo. La experta repara en que este tipo de violencia tan específica está "atravesada tanto por la desigualdad de género como por la discriminación hacia la infancia", un conjunto de circunstancias que obligan a una atención rigurosa.

Y en el camino hacia esa especialización son precisos recursos. A finales de diciembre comenzaron a estar operativas las nuevas secciones de violencia sobre la infancia y la adolescencia, pero sólo han sido aprobadas tres: en los tribunales de instancia de Madrid, Barcelona y Málaga. Una cifra que la experta tilda de "totalmente insuficiente".

El modelo de referencia para Save de Children no es nuevo. Se trata del Barnahus –casa de los niños, en islandés–, espacios específicos para atender estas formas de violencia que permiten una respuesta "integral, especializada e institucional, centrada en los derechos de la infancia". Territorios como Euskadi, Navarra, Illes Balears, Castilla-La Mancha y Cataluña trabajan por consolidar este modelo, contenido además en la ley del sólo sí es sí como un servicio de asistencia integral especializada que debe ser promovido por las administraciones públicas.

Por primera vez, el modelo de negocio de Silicon Valley no se enfrenta solo al escrutinio de la opinión pública o a comparecencias políticas de escaso recorrido. Esta vez se arriesga al veredicto de un jurado popular. Este martes comenzará, en el Tribunal Superior de California del condado de Los Ángeles, en Estados Unidos, un proceso judicial sin precedentes en el que tres de los mayores gigantes tecnológicos del planeta —Meta (matriz de Facebook e Instagram), TikTok y YouTube— deberán responder a una acusación central: haber diseñado deliberadamente sus plataformas para generar adicción en los jóvenes, con un impacto grave en su salud mental.

El litigio marca una nueva fase en el debate sobre los efectos sociales de la tecnología y ya ha sido calificado por expertos y activistas como “los juicios al tabaco de nuestra generación”. 

La comparación no es retórica. Al igual que las tabaqueras ocultaron durante décadas los efectos nocivos de la nicotina mientras reforzaban su carácter adictivo, los demandantes sostienen que estas compañías han priorizado el tiempo de uso y la interacción por encima de la seguridad, ignorando riesgos documentados de depresión, ansiedad y pensamientos suicidas entre menores.

Los juicios contra las tabaqueras iniciados en la década de 1990 marcaron un punto de inflexión histórico al demostrar que grandes corporaciones podían ser consideradas legalmente responsables por los daños causados por productos diseñados para generar adicción. 

Aquellos procesos sacaron a la luz documentos internos que probaban que las empresas conocían los efectos nocivos del tabaco y, aun así, los ocultaron, manipularon la información científica y orientaron su marketing hacia públicos vulnerables. 

El acuerdo de 1998 entre las tabaqueras y 46 Estados no solo supuso indemnizaciones millonarias y fuertes restricciones publicitarias, sino que estableció un precedente clave: la salud pública podía prevalecer sobre los intereses comerciales cuando se demostraba un diseño deliberadamente dañino. 

Desde entonces, esos juicios representan el momento en que la impunidad regulatoria de una industria se quebró y se redefinieron los límites de su responsabilidad social y legal.

El caso que abre esta ofensiva legal contra las redes sociales es el de KGM, siglas detrás de las cuales está una joven californiana de 19 años que asegura haberse vuelto adicta a estas plataformas desde los 10. Según los documentos judiciales, el diseño atractivo y el flujo constante de notificaciones de Instagram, TikTok y Snapchat —esta última aplicación alcanzó un acuerdo extrajudicial poco antes del inicio del juicio— la empujaron a un consumo compulsivo que derivó en una depresión severa, en conductas de autolesión y pensamientos suicidas.

La demanda sostiene que las empresas diseñaron sus productos de forma que los menores podían eludir el consentimiento paterno, quedando expuestos a desconocidos, depredadores y a contenidos dañinos relacionados con la imagen corporal y la comparación social. 

Lo verdaderamente histórico del caso no es solo la gravedad de los daños alegados, sino que por primera vez las compañías deban rendir cuentas ante un jurado por sus decisiones de diseño de producto.

Durante años, las grandes tecnológicas se han protegido tras la Sección 230, la norma federal estadounidense que las exime de responsabilidad por los contenidos publicados por los usuarios. 

Pero los abogados de los demandantes han encontrado una grieta en su defensa: no demandan por lo que se dice en las plataformas, sino por cómo están construidas. El núcleo del argumento es que el desplazamiento infinito, los algoritmos de recomendación y los sistemas de notificaciones constituyen elementos de diseño defectuosos y peligrosos. 

Al encuadrar la demanda en el ámbito de la responsabilidad civil por productos defectuosos, el caso ha logrado superar las mociones de archivo que durante años frenaron litigios similares. 

Como resume Matthew Bergman, abogado de la demandante, en declaraciones a Reuters, el proceso se desarrolla sobre una auténtica “tabla rasa legal” que amenaza con erosionar el poder omnímodo de las grandes tecnológicas.

Las empresas han reaccionado desplegando todos sus recursos. Meta ha contratado a Covington & Burling, el bufete que defendió a la farmacéutica McKesson en los litigios multimillonarios por la epidemia de opioides en Estados Unidos. El abogado principal de TikTok, por su parte, participó en la defensa de Activision Blizzard y Microsoft en disputas relacionadas con el diseño adictivo de videojuegos. La elección de estos equipos legales dice mucho sobre el debate que se abre y que ya no es tecnológico, sino clínico y conductual.

Mientras tanto, las compañías intensifican sus campañas públicas para tranquilizar a las familias —patrocinando talleres escolares, colaborando con organizaciones juveniles o anunciando nuevas herramientas de control parental—, al tiempo que se preparan en los tribunales para una batalla técnica sobre la mecánica de la dependencia.

Sin embargo, la analogía con el tabaco se refuerza a medida que afloran documentos internos. En procesos paralelos ya ha salido a la luz evidencia comprometedora: un investigador de experiencia de usuario de Meta llegó a comparar Instagram con una droga en comunicaciones internas. Revelaciones que evocan los documentos secretos que acabaron por demostrar que las tabaqueras conocían la peligrosidad de sus productos mientras la negaban públicamente.

Incluso el ex cirujano general de Estados Unidos, Vivek Murthy, hasta hace unos días la máxima autoridad en salud pública del país, ha reclamado que el Congreso imponga etiquetas de advertencia en las redes sociales, similares a las de las cajetillas de cigarrillos, ante la magnitud de la crisis de salud mental juvenil. 

El juicio obligará además a directivos de primer nivel, incluido el oligarca multimillonario Mark Zuckerberg, a declarar bajo juramento, con el riesgo de que salgan a la luz correos electrónicos y estrategias de captación de menores hasta ahora ocultas.

En todo caso, lo que ocurra en Los Ángeles en las próximas semanas será solo el comienzo. Se trata de un juicio que servirá de guía al sistema legal estadounidense para actuar en otros casos. Su resultado influirá en más de 1.000 demandas similares presentadas por familias, distritos escolares y fiscales generales de distintos estados. Un fallo condenatorio no solo implicaría indemnizaciones millonarias, sino cambios profundos en la arquitectura de las plataformas.

Nuevo México, por ejemplo, ya ha demandado a Meta por haber creado un “mercado para depredadores”, aportando pruebas de cómo los algoritmos facilitaban el contacto con menores. Todo apunta a que 2026 marcará un punto de inflexión en la rendición de cuentas de una industria que ha operado durante años con una libertad casi absoluta en el diseño de sus herramientas de persuasión.

Las compañías niegan las acusaciones. YouTube insiste en que su servicio es sustancialmente distinto al de sus competidores y que la seguridad es el eje de su actividad. Meta sostiene que los problemas de salud mental son complejos y que los demandantes los “simplifican en exceso”, al tiempo que presume de haber lanzado decenas de herramientas de control parental y cuentas juveniles con protecciones por defecto.

Para organizaciones como Madres Contra la Adicción a los Medios, estas iniciativas son poco más que cortinas de humo. Denuncian que las empresas emplean “todos los mecanismos de influencia imaginables” para desorientar a las familias, mientras mantienen intacto el núcleo del modelo adictivo.

Independientemente del veredicto, el juicio supone ya una amenaza real para las redes sociales. El proceso de pruebas y los testimonios públicos expondrán las tácticas de captación, la lógica de la adicción y, sobre todo, qué sabían realmente los ejecutivos sobre el impacto de sus productos en el cerebro adolescente.

Y aunque, al final, las tecnológicas firmen un acuerdo para evitar males mayores, los precedentes indican que aun así les será difícil eludir las consecuencias. 

Un ejemplo es el caso contra McKesson por la crisis de los opioides, que no concluyó con un veredicto judicial, sino con un acuerdo extrajudicial histórico que evitó el juicio. 

En 2021, la distribuidora farmacéutica pactó pagar alrededor de 7.400 millones de dólares como parte de un acuerdo global de más de 21.000 millones firmado junto a otros grandes distribuidores, destinado a resolver miles de demandas presentadas por Estados, condados y municipios de Estados Unidos. 

Aunque McKesson no admitió responsabilidad legal, el acuerdo reconoció implícitamente el papel del sistema de distribución en la expansión masiva de opioides al imponer cambios estructurales: controles reforzados sobre pedidos sospechosos, límites a la comercialización y obligaciones de supervisión activa. 

El resultado sentó un precedente decisivo que ahora se puede volver también contra las redes sociales: las empresas podían ser consideradas responsables no por fabricar el producto, sino por haber contribuido a una crisis de salud pública a través de su modelo de negocio.

Fátima tenía tan solo 26 años cuando se precipitó por la ventana de la vivienda donde residía, en el distrito madrileño de Villaverde. Ocurrió el pasado 31 de diciembre. Poco antes, la joven acababa de dar a luz a su quinto hijo. La mujer de origen peruano entró en la red de tutela siendo menor y, una vez emancipada, la Administración decidió que no se daban las condiciones para que ella y su pareja pudieran criar a sus hijos, según publica el diario Abc. Sin acceso a una vivienda y tras encadenar trabajos precarios, todas las criaturas que dio a luz le fueron retiradas de sus brazos. Las circunstancias en torno a su fallecimiento están siendo investigadas, si bien parte de su entorno habla de suicidio. Algunas voces lo encajan como una muestra de los fallos del sistema de tutela y la desprotección de los servicios sociales a los más vulnerables.

No existen datos precisos sobre los motivos por los que la Administración toma la decisión de retirar a un menor de su hogar, pero las instituciones sí publican algunos informes, estudios y estadísticas que permiten integrar algunas nociones para acercar la lupa al problema. El Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia y la adolescencia, publicado por el Ministerio de Juventud e Infancia, es una de las principales herramientas disponibles. La última edición, con datos de 2023, indica que hay un total de 51.972 menores atendidos por el sistema de protección, 30.074 tutelados. 

El informe permite desgranar la situación respecto al acogimiento familiar y el acogimiento residencial. Es decir, los menores que van a parar a otras familias y aquellos que son internados en centros. A 31 de diciembre de 2023, existían 17.112 menores en centros y 18.097 en acogimiento familiar. La mayoría de las entradas en centros son consecuencia de lo que se conoce como tutela ex lege, los casos en los que la Administración pasa a ostentar la tutela del menor tras haber constatado una situación de desamparo. 

El desamparo es, según define el Código Civil en su artículo 172, el resultado del "incumplimiento, imposibilidad o ejercicio inadecuado de los deberes de protección". Según el mismo boletín estadístico, las tutelas ex lege estuvieron detrás del 42% de los nuevos ingresos en los centros en 2023. Les siguen las definidas como "otras causas" (27%), guarda provisional (27%), guarda voluntaria a solicitud de los padres o tutores (4%) y guarda judicial (0,2%).

Es revelador echar también un vistazo a los motivos por los que un menor sale de un centro. El informe integra la mayoría de las bajas en el epígrafe de otras causas (50%) sin especificar, seguido del cumplimiento de la mayoría de edad (26%), la reintegración del menor a su familia (16%) y por paso a acogimiento familiar (8%).

Si la constatación de una situación de desamparo es clave para la retirada de la tutela, entonces el interrogante más inmediato es obvio: ¿cómo se determina que existe esa situación de desamparo? En este punto entra en juego el criterio de las comunidades autónomas, que tienden a replicar en términos generales los parámetros contemplados por el Código Civil. Entre otras cuestiones, dicha ley orgánica subraya que "la situación de pobreza de los progenitores, tutores o guardadores no podrá ser tenida en cuenta para la valoración de la situación de desamparo" y "en ningún caso se separará a un menor de sus progenitores en razón de una discapacidad". La ley estima que "se considerará un indicador de desamparo, entre otros, el tener un hermano declarado en tal situación, salvo que las circunstancias familiares hayan cambiado de forma evidente". 

Si bien las autonomías cuentan con un marco legal específico para regular estas situaciones, lo cierto es que las herramientas internas de valoración no siempre son públicas. Esa es la opacidad que señalan algunas de las familias afectadas, quienes de forma organizada han ido denunciando en los últimos años un trato abusivo por parte de la Administración y los agujeros negros en torno a la valoración de desamparo. 

Pero algunas comunidades sí detallan sus protocolos públicamente. En Andalucía existe la herramienta VALÓRAME, en Euskadi está vigente BALORA y en la Comunitat Valenciana rige el instrumento VALORA, similares en su funcionamiento y en la descripción de las situaciones. Un dato: aunque ninguna habla expresamente del falso síndrome de alienación parental, en estas tres comunidades se menciona como elemento relevante la exposición o "instrumentalización" de los menores en situaciones de conflicto entre los progenitores y sólo en el caso valenciano se explicita que dicho indicador "no se aplicará en casos de violencia de género".

En el supuesto específico de la violencia machista, el protocolo valenciano cuenta con un epígrafe dedicado a abordar los casos de exposición del menor a situaciones de violencia machista, indicando que se "calificará la existencia de esta tipología cuando se hayan intentado o articulado todos los recursos institucionales para la protección de víctimas de violencia de género y la mujer víctima rechace, no admita o incumpla las medidas propuestas o provistas".

Los protocolos consultados tienen en común la mención a situaciones de vulnerabilidad como señal de alerta, en las que se constata una "atención adecuada" pero también "dificultades personales, familiares o sociales" que implican que la desprotección puede aparecer en el futuro, tal y como sintetiza el protocolo andaluz. El texto valenciano matiza que la detección de este tipo de circunstancias debe conllevar "una intervención de protección, apoyo, compensación o reparación" desde los servicios sociales.

Sin embargo, algunas voces denuncian que esta vulnerabilidad social o económica es una puerta directa a las retiradas de tutela. En un análisis publicado en 2017 por el diario El Salto, distintas familias afectadas alertaban de la gran cantidad de casos cuyo telón de fondo era precisamente la vulnerabilidad, sobre todo económica o derivada de contextos de violencia de género. "Cuando van a pedir ayuda a los servicios sociales, en vez de ayudar, les quitan a los menores. Están enmascarando la pobreza apartando a sus hijos de sus padres. En el caso de las familias desahuciadas, si nadie les acoge, en 24 horas les retiran a sus hijos", señalaban. En ese mismo artículo sostenían que a las niñas tuteladas que han sido madres, como el caso de la joven que perdió la vida en Villaverde (Madrid), "las persiguen toda la vida".

María dio a luz a su hijo en una ambulancia de camino al Hospital Materno Infantil de Málaga. Tras varias horas de un parto que ponía fin a un embarazo de riesgo, María veía cómo a su niño se lo llevaban lejos de ella. No es la primera vez que le sucede. Con una anterior pareja ya tuvo tres hijos cuya custodia le fue retirada después de una relación que ella denuncia como violenta. Ahora, ellos viven con la hermana de su expareja. 

Con su recién nacido ha vuelto a pasar. El detonante de la retirada fue una prueba de consumo de drogas que resultó positiva. Los sanitarios del hospital trasladaron al bebé al nido –el lugar donde se ubica los recién nacidos que no pueden estar con sus familias por circunstancias médicas o cualquier otra– sin ninguna explicación, según ella misma relata. En el mismo momento en el que se le informó de los resultados de la primera prueba, María pidió que se repitiera el procedimiento, algo que se le denegó durante 24 horas. A María le quitaron a su niño incluso después de que esa segunda prueba, además de otra análoga realizada al bebé, resultara negativa. infoLibre ha podido conocer de primera mano el testimonio de esta madre, si bien no ha tenido la opción de acceder a los resultados de las pruebas mencionadas.

Después de hablar con protección de menores y denunciar su situación ante un juez, María, junto con la ayuda de su hija mayor –que ahora tiene 18 años pero que hasta hace poco estaba bajo custodia de su tía– ha conseguido que se abra una investigación sobre su caso. Ahora, tiene esperanza de poder volver con su niño. 

Casos como el suyo comenzaron a llegar a oídos de Consuelo García del Cid hace más de una década. La escritora e investigadora recuerda nítidamente las caras de aquellas mujeres jóvenes que asistieron a una de sus charlas allá por 2014. Tras la conferencia, aquel grupo decidió presentarse. "Somos víctimas de los servicios sociales, nos han quitado a nuestros hijos". A partir de aquel momento, comenzó un proceso de investigación que culminó años después en la publicación del libro El desmadre de los servicios sociales, donde la autora busca exponer "las irregularidades" que subyacen en casos de menores tutelados por la Administración.

Al otro lado del teléfono, García del Cid distingue entre arrancamiento y retirada de tutela. "Lo primero sucede cuando una madre es obligada a entregar a su hijo en un juzgado, o cuando se conceden custodias a maltratadores", puntualiza, casi siempre en contra de la voluntad de los menores. En estas situaciones reparó el Defensor del Pueblo en su último informe. Las retiradas de tutelas, por su parte, se producen "cuando a una madre le dicen que no vaya al colegio a recoger a sus hijos, o cuando le arrebatan a su recién nacido del hospital".

En todos estos supuestos, disecciona la investigadora, el telón de fondo es similar: "Prevalece el modelo de familia tradicional" heredado de la dictadura franquista. "Muchas de las trabajadoras sociales que pasaron a formar parte de la Administración" con la llegada de la democracia venían de entidades como el Patronato de Protección a la Mujer, reformatorios franquistas donde la figura de la visitadora social era clave. Estas profesionales accedían a los centros a partir de una oposición y entre los requisitos exigidos figuraba el acatamiento a los principios del Movimiento Nacional. A finales de los setenta, las visitadoras se transformarían automáticamente en asistentas sociales. No hubo relevo ni renovación, lamenta la escritora, sino que el actual modelo es heredero directo de aquel.

Pero hay más. Varias de las congregaciones religiosas que gestionaban la red de centros franquistas mantuvieron también su actividad ya en democracia, creando fundaciones o asociaciones volcadas en la acción social y recibiendo fondos públicos para cumplir con su cometido. Las Adoratrices, una de las que mayor presencia tenía en los reformatorios, recibe hoy millones en subvenciones para atender a mujeres y adolescentes en contextos de vulnerabilidad. 

Con todo este entramado como paisaje global, sucede que la Administración "en lugar de ayudar a las madres en riesgo de exclusión, lo que hace es hundirlas", denuncia García del Cid. Gracias a los contactos que a lo largo de los años ha ido haciendo, ha podido constatar que "lo habitual" es que los arrancamientos y retiradas de tutelas afecten a mujeres en situación vulnerable, si bien no es exclusivo de este tipo de perfiles. "Afecta también a las familias de clase media o alta, aunque con algunas mujeres como las migrantes se ceban", añade.

Coincide en el diagnóstico el activista Victoriano Fernández, presidente de la Asociación de Familias para la Sociedad del Siglo XXI. A su juicio, "sí que hay un patrón" según el cual las mujeres en riesgo de exclusión están especialmente indefensas, pero en su opinión "el problema es el sistema en sí", tendente a "buscar errores en las familias en lugar de ayudarlas". Y eso, concluye el activista, puede afectar a cualquiera. 

Una familia se levanta por la mañana y debajo del árbol de Navidad se amontonan los regalos. Es la típica escena que durante estas fechas se puede dar en la mayoría de hogares españoles. Pero no en todos sucede el mismo día. 

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) preguntó en el barómetro de este enero a las personas que encuestaba "cuándo se hacen los regalos en su casa". Un 41,4% respondió que "en Reyes" por un 16,9% que lo hacía exclusivamente "en Navidad". Otro 33,6% optaba por contestar que regalaba "en las dos fiestas".

De esas respuestas se desprende que regalar el día de Reyes es la opción mayoritaria en el conjunto de España. Tres de cada cuatro españoles —entre los que lo hacen solo en Reyes y los que lo hacen en ambas fechas— aseguran hacerlo así ante las preguntas del CIS. También hay más españoles que regalan en Navidad —el 50,5%— que los que no lo hacen, pero esta opción es menos popular.

De hecho, hacer regalos únicamente el día de Reyes es lo más común en 11 de las 17 comunidades autónomas. Se trata de la Comunidad de Madrid, las dos Castillas, Andalucía, Murcia, Extremadura, Asturias, Cantabria, La Rioja y los dos archipiélagos —Canarias y Baleares—.

Por contra, regalar únicamente el día de Navidad —25 de diciembre— o en fechas aledañas solo es la opción más contestada para vascos y navarros. En Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón y Galicia es donde gana la tradición de regalar en ambas fiestas.

Las celebraciones de Navidad y de Reyes son de origen cristiano. Según la tradición religiosa, Jesús de Nazaret habría nacido el 25 de diciembre —día de Navidad— y su epifanía o revelación al mundo se habría dado unos días después el 6 de enero —día de Reyes— cuando los Reyes Magos de Oriente habrían acudido a visitarle y adorarle. Ambas fechas fueron escogidas también para coincidir con festividades paganas que se celebraban en el Imperio Romano durante el solsticio de invierno.

Hoy en día es habitual que las familias españolas celebren esas fechas con regalos, especialmente para los más pequeños de la casa. La tradición de entregar obsequios en el caso del día de Reyes se cree que data del siglo XIX y vino acompañada de otra, la celebración de las cabalgatas de los Reyes Magos. La primera documentada en nuestro país se celebró en Alcoy (Alicante) en 1.866.

Es en ese momento cuando comienza también la expansión del juguete como producto, debido al éxito de la Revolución Industrial. Esa celebración de los Reyes Magos trayendo juguetes a los niños se comienza a afianzar y se expande por gran parte de España. De hecho, aún hoy en algunas comunidades lo más común es regalar únicamente en Reyes. En Extremadura, Cantabria, Andalucía, Asturias y Canarias es el caso para más de la mitad de las familias, siempre según las respuestas de los encuestados del CIS.

"En mi familia siempre se han dado los regalos el día de Reyes. Por tradición católica. Mi madre siempre ha renegado de todo lo que suena a Navidad de Estados Unidos y es lo normal en Cáceres, Papá Noel me parece algo muy ajeno. Aunque ahora que vivo fuera, solo puedo venir una semana de vacaciones y acostumbro a hacerlo para Nochebuena y Navidad, así que hemos cambiado y nos damos los regalos antes. Normalmente el 24 o el 25, pero por mera cuestión de utilidad", explica Javier Corbacho, extremeño que vive en Madrid.

A pesar de esa tradición más arraigada, hoy en día son muchas las familias que celebran ya tanto una festividad como la otra. Donde más sucede es en Aragón, Galicia, Islas Baleares, Cataluña y la Comunidad de Madrid, aunque únicamente en Aragón es donde más del 50% de los encuestados se decantan por esa opción.

"En mi familia ahora celebramos Papá Noel para tener los regalos antes y porque no hay pequeños en casa. Pero antes celebrábamos ambas fechas y los regalos más grandes eran el día de Reyes, aunque siempre teníamos alguno también el 25. Aquí lo más normal es celebrar las dos cosas", explica Adela Vived, profesora oscense.

De hecho, regalar en Navidad no está tan extendido en toda España como hacerlo el día de Reyes, pero en algunas zonas es más popular o incluso se trata de una tradición más antigua. Hay personajes propios que se popularizaron para traer regalos en esa fecha, algunos incluso antes que los Reyes Magos. 

Por ejemplo, en Cataluña se celebra el tió de Nadal. Se trata de un tronco de madera con patas y con una cara sonriente pintada y una barretina que los niños van alimentando en los días previos a la Navidad. Después, normalmente la noche del 24 de diciembre, aunque también puede ser el 25 o incluso el 26, se le hace 'cagar'. Los niños le dan con un palo mientras cantan una canción típica para que el tió cague los regalos. La tradición también está establecida en algunas zonas de Aragón.

En otras partes de España también tienen sus propias figuras. En País Vasco y Navarra está el Olentzero, un carbonero que el 24 de diciembre sale del bosque donde vive y baja a pueblos y ciudades para anunciar el inicio de la Navidad y traer regalos a niños y niñas. Otras comunidades como Galicia, con el Apalpador, o Asturias, con el Anguleru, también tienen sus propios personajes que traen regalos a los más pequeños el día de Navidad o la noche de antes.

Aun así, solo en Navarra y País Vasco la opción mayoritaria es regalar únicamente el día de Navidad, con un 44,9% y 34,5% de encuestados, respectivamente. La siguiente en la lista es Cataluña, donde un 28,4% de los ciudadanos aseguran darse los regalos solo en esa fecha.

Pero regalar el día de Navidad no es una cosa exclusiva de regiones con su tradición propia para esa fecha —como Cataluña con el tió y País Vasco y Navarra con el Olentzero—. A día de hoy, la figura de Papá Noel, de origen anglosajón, es absolutamente popular también en España. Se trata de un personaje que vive en el Polo Norte, donde fabrica, junto a los elfos que le ayudan, los juguetes que luego regala a los niños.

A finales del siglo XX, con la globalización y la expansión del consumo, su leyenda y el personaje saltan y se asientan en muchos otros países. Ese cambio, cada vez más arraigado, tiene mucho que ver con que hoy más de la mitad de los españoles celebren el día de Navidad con regalos y no únicamente el día de Reyes.

¿Puede estudiar la enseñanza básica en España crear arraigo a un menor inmigrante no acompañado? La respuesta jurídica es inequívoca: no basta por sí mismo. La escolarización, aunque imprescindible para la inclusión social de cualquier persona, no genera automáticamente un derecho de residencia permanente ni una regularización.

Eso es lo que nos estamos encontrando últimamente: casos de repentino traslado de menores desde Canarias a diferentes puntos de la geografía nacional. No se tiene en cuenta que su matriculación y permanencia durante años en un centro educativo público, mientras están con su autorización de residencia temporal, pueda representar un signo de arraigo. 

Los llamados en el lenguaje administrativo “menores extranjeros no acompañados” cuentan con un régimen específico: si son acogidos o tutelados por los servicios de protección de menores, se les concede el mencionado permiso de residencia provisional. La norma establece que esta residencia es efectiva desde el momento en que el menor queda bajo tutela, autorización que es independiente de la escolarización. De hecho, muchos, a su llegada en pateras, permanecen un tiempo sin escolarizar, y otra gran parte de ellos (hasta un 90% según estadísticas oficiales) permanecen sin documentación regularizada.

El arraigo socioformativo, regulado por las leyes, exige al menos dos años de residencia continuada, lo que resulta difícil de acreditar para muchos menores recién llegados. Por ello, la vía ordinaria de residencia para los jóvenes migrantes no es el arraigo, ya que aunque tengan edad para ello la mayoría no encuentran trabajo para quedarse, sino la propia residencia derivada de la tutela.

Aunque la norma es clara, la ética nos obliga a mirar más lejos. Nos llama a propiciar una mirada revisionista a toda esta cuestión, siempre en beneficio del interés superior de estos chicos y chicas, tal y como establece la Ley de Extranjería.

La educación básica no es un mero trámite administrativo: es un derecho universal de la infancia, también de esta infancia que siempre parece ser menos. Que un menor migrante se siente en un pupitre español significa que está aprendiendo una lengua, una cultura y unos códigos de convivencia. Además, está tejiendo vínculos invisibles que la ley no siempre reconoce. Un tejido del que, además, con un enfoque respetuoso con la diversidad cultural, también se enriquecen nuestras comunidades educativas, con sus culturas, sus lenguas y sus códigos para entender el mundo.

Decía Hannah Arendt que “la educación es el punto en el que decidimos si amamos lo suficiente al mundo como para asumir la responsabilidad de él”. Escolarizar a un menor migrante es asumir esa responsabilidad: no solo les estamos enseñando a leer o escribir, sino que les estamos garantizando un valioso lugar en la comunidad. Algo que en muchos casos en su país de origen no pueden tener. Y eso es lo que logra nuestra escuela pública, como difícilmente puede conseguir otra institución: crear un vínculo, un arraigo, un sentido de pertenencia forjado en el contacto diario con otros estudiantes y sus profesores.

El riesgo de este conflicto moral y legal sin resolver es que la infancia migrante quede atrapada en una paradoja: su arraigo puede ser reconocido como estudiante (y los docentes lo podemos constatar en muchos casos), pero no como posible residente. Para valorar este arraigo jamás se le pregunta a la escuela: la ley es tajante y concede residencia por tutela, no por escolarización. Sin embargo, cada joven que estudia en España, provenga de donde provenga, está ya ejerciendo una forma de ciudadanía simbólica: participa en la vida común, se forma en nuestros valores democráticos, aporta riqueza cultural o social desde que comparte espacios y convive con sus iguales.

La educación reglada, aunque marcada de forma necesaria por las leyes, tiene una dimensión humana relacionada con la equidad y la justicia social que debe ser tenida en cuenta para resolver este dilema. La escuela, una vez más, no está concebida como frontera, sino como raíz del compromiso en la unidad y la convivencia entre pueblos: un modelo que debiera ser espejo para el resto de un mundo occidental que vive sumido en el individualismo.

Aunque estudiar no genera automáticamente un “arraigo” legal, sí crea un arraigo humano que nos interpela como sociedad para buscar soluciones a problemas de nuestra era. Defender los derechos de la infancia migrante significa garantizar que la escuela proporcione estabilidad vital, protección efectiva y un horizonte de futuro para estos chicos y chicas a los que no se les pregunta sobre sus inquietudes vitales, humanas, emocionales, laborales o educativas.

Porque sí: hay que preguntarles a ellos, a sus entornos y a los centros escolares donde han estado matriculados. Y estas respuestas tienen que ser tenidas en cuenta a la hora de valorar en qué casos trasladar y en qué casos es conveniente que prosigan sus estudios. Esta es la dimensión ética de todo este problema, y no debemos perder su sentido, porque es lo que nos distingue como seres humanos.

La protección de la infancia entiende más de cuidados que de trámites, aunque los que nos dedicamos a educar sintamos lo contrario. Cuidar a un menor migrante es cuidar la dignidad colectiva, como principio para la cohesión social. Escucharlos sí es un derecho, y su participación en la construcción del sentido del arraigo comunitario es una prioridad como sociedad. Un sentido que nos invita a cuestionarnos sobre cuáles son las grandes debilidades del sistema a la hora de proteger a quienes más lo necesitan. En la raíz de la dignidad humana puede y debe estar el arraigo escolar como nuevo interrogante para la consecución del tan ansiado derecho a residir.

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Albano de Alonso Paz es catedrático de Lengua y Literatura, profesor y Cruz al Mérito Civil por su labor en el campo de la enseñanza.

La corresponsabilidad y la igualdad de género se han convertido en objetivos centrales de las políticas familiares. Sin embargo, la experiencia real de las madres sigue mostrando una tensión profunda entre el ideal de igualdad y el deseo de cuidado.

En nuestro estudio con más de quinientas mujeres i-materna (aún sin publicar, pero cuyo resumen puede ver aquí), el 98,2% afirma que continúa asumiendo la carga mental del hogar (planificar, anticipar, recordar, organizar), especialmente en lo relativo a los hijos. Este trabajo invisible sigue recayendo, casi siempre, sobre los hombros de las madres.

Casi la totalidad de las participantes (98%) expresó su deseo de pasar más tiempo con sus hijos durante los primeros años de vida. Lejos de responder a una falta de ambición profesional, esta preferencia está vinculada a una realidad biológica y emocional ampliamente respaldada por la ciencia.

Las teorías del apego, desarrolladas por el psiquiatra John Bowlby y ampliadas por Mary Ainsworth, muestran que el contacto continuado con la figura principal de cuidado (en la mayoría de los casos, la madre) es fundamental para el desarrollo emocional y la seguridad del bebé.

UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan mantener la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, un periodo que en España supera ampliamente las dieciséis semanas de permiso actual.

Esta distancia entre las recomendaciones científicas y las políticas públicas genera una paradoja: la maternidad se celebra simbólicamente, pero el tiempo para ejercerla plenamente se penaliza. Muchas madres acaban combinando vacaciones, días sueltos o reducciones de jornada para prolongar su presencia con el bebé, con el coste añadido de perder ingresos o estancarse profesionalmente.

Al mismo tiempo, se enfrentan a un discurso social que insiste en la igualdad formal, pero no en la libertad real de elección.

El resultado es una crisis silenciosa de identidad. Tras años de formación y crecimiento profesional, muchas mujeres sienten que su valor social se desvanece si deciden priorizar el cuidado.

La maternidad, que debería vivirse como una etapa de conexión y crecimiento, se convierte para muchas en una fuente de culpa: por querer quedarse con su hijo, por reincorporarse pronto al trabajo o por no poder hacerlo todo a la vez.

Y mientras tanto, la carga mental persiste. Aunque los padres se involucren más que antes, la responsabilidad de pensar por la familia (recordar vacunas, citas médicas, horarios escolares, comidas, actividades…) sigue recayendo mayoritariamente en las madres.

Este esfuerzo invisible no se contabiliza ni en las estadísticas laborales ni en los indicadores de bienestar, pero tiene un coste emocional y cognitivo considerable. Un informe del Instituto de la Mujer (2023) de España señala que las mujeres dedican más del doble de tiempo que los hombres a la planificación doméstica y al acompañamiento emocional de los hijos.

Esta carga mental no solo agota, sino que limita el desarrollo personal y profesional, generando un malestar que no siempre se visibiliza. La psicología y sociología contemporánea, como describen Arlie Hochschild o Nancy Chodorow, han evidenciado cómo la gestión emocional y logística del hogar constituye un “segundo turno” que impide desconectar incluso fuera del trabajo.

Las madres viven en una atención constante, anticipando necesidades ajenas antes que las propias. Esta hiperresponsabilidad perpetúa una desigualdad menos visible, pero estructural.

La pregunta, entonces, no es si las madres deben trabajar o cuidar, sino por qué las políticas no permiten elegir sin culpa ni penalización. La igualdad no puede imponerse como un molde único. Debe reconocer la diversidad de deseos y circunstancias.

Para muchas mujeres, poder quedarse con su bebé unos meses más no es un retroceso, sino una decisión consciente, emocionalmente necesaria y socialmente valiosa. Sin embargo, el discurso público rara vez valida esa elección; la maternidad sigue asociándose a sacrificio, dependencia o falta de ambición.

La conciliación real exige tres cambios de enfoque fundamentales:

Hablar de maternidad sin culpa es hablar de salud social. Si las políticas públicas no integran la dimensión afectiva del cuidado, seguirán midiendo la igualdad solo en términos de presencia laboral, ignorando la base emocional sobre la que se construye el bienestar infantil y familiar.

Como señala Bowlby, la calidad del vínculo temprano determina gran parte del desarrollo emocional posterior; y, sin tiempo ni apoyo, ese vínculo se resiente. Además, pensar en la maternidad desde la libertad beneficia también a los hombres.

La corresponsabilidad no consiste solo en que ellos “ayuden”, sino en redefinir el cuidado como un valor compartido y universal, que no reste identidad ni oportunidad a nadie. Solo cuando cuidar deje de ser un asunto femenino podremos hablar de igualdad real.

Cuidar no debería sentirse como una renuncia, sino como un derecho. Reconocerlo no resta igualdad, la fortalece, porque permite que hombres y mujeres elijan desde la libertad y no desde la culpa. Una sociedad que valora el cuidado no solo protege a las madres y a los bebés: se protege a sí misma.

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Patricia Catalá Mesón es profesora titular de Universidad del Área de Psicología Social, Universidad Rey Juan Carlos. Este artículo ha sido publicado originalmente en The Conversation.

Hay un meme recurrente en Internet que consiste en un breve clip de Los Simpson en el que Helen Lovejoy, la esposa del reverendo, grita con exagerada aflicción: “¿Pero es que nadie va a pensar en los niños?” 

El personaje vocifera esta frase en varias ocasiones a lo largo de la serie, a menudo sin tener mucho sentido con el resto de los diálogos. Esto le da un extra de comicidad a lo que parece un mantra repetido para hacer parodia de esas personas que, sencillamente, fingen preocuparse mucho por algo por el mero hecho de quedar bien, pero sin mayor interés en profundizar en el problema de que se trata. 

Cada vez que veo una de estas escenas pienso automáticamente en la derecha de nuestro país. 

Y pensé también en esta escena cuando, hace solo unos días, apareció la noticia de la detención de un hombre de 29 años por agredir sexualmente a su sobrina de nueve. 

La detención se realizó después de que la niña desvelase a sus profesores que había sufrido estos abusos. Lo hizo a raíz de la celebración de un acto del 25N, Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

No ha sido el único caso reciente. En los últimos meses (y años) hemos sido testigo de cómo los actos contra la violencia machista y los talleres de educación sexual servían para que niños y, sobre todo, niñas, entendiesen y pudiesen identificar que habían sido víctimas de una agresión. Gracias a esto, esa violencia se pudo no solo denunciar; se pudo parar. Se pudo proteger la integridad de quienes más necesitan que se les proteja. Queda claro un hecho: la importancia de los actos contra la violencia machista y los talleres de educación sexual para la infancia es mayúscula. 

Por desgracia, estos actos y estos talleres encuentran, muy habitualmente, un fuerte impedimento a la hora de ser celebrados. La derecha de este país, especialmente en su rama más extrema, se niega con rotundidad a que se pueda hablar de estos temas a los más pequeños. “Adoctrinamiento sexual”, lo llamó Vox en la Asamblea de Extremadura este mismo año, de hecho. La guerra contra la educación feminista, inclusiva y/o sexual a las infancias ocupa uno de los principales puntos del ideario del partido verde, que en los últimos años han vetado su celebración en decenas de municipios de nuestro país. A los 10 años, un niño no necesita “hablar de sexualidad, necesita jugar, aprender y crecer en paz”, decía el portavoz de Vox en Reus.

Suena otra vez esta frase en mi cabeza: “¿Pero es que nadie va a pensar en los niños?” Un resumen simplificado de toda la estrategia de la extrema derecha, tanto la internacional como la patria: hacernos creer que son los únicos que se preocupan por las infancias cuando son, de hecho, quienes más las desprotegen. Cuando son los que les niegan la oportunidad de entender el mundo que les rodea, los peligros a los que son vulnerables. Cuando son ellos quienes evitan que puedan identificar y denunciar a agresores sexuales que, por desgracia, suelen estar escondidos en los entornos más íntimos y familiares de las víctimas. Aunque todo esto ya nos quedó bastante claro cuando, en 2022, se convirtieron en el único partido que votó en contra de investigar los casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. 

Durante este mes de diciembre participaré en unas jornadas sobre diversidad afectivo-sexual en un municipio de la Comunitat Valenciana. Pese a que no serán unas jornadas dirigidas a menores de edad, los representantes de Vox de la localidad han exigido que tanto yo como el resto de ponentes presentemos el llamado Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, para asegurarse de que no somos violadores y pederastas. Repito: para hablar en una mesa redonda que ni siquiera estará dirigida a público infantil. Sencillamente, somos personas LGTBIQ+ y vamos a estar en su municipio. Saben perfectamente que podremos presentar estos certificados sin problema. Pero el mensaje está lanzado. La asociación que crean entre diversidad y pederastia entre quienes los siguen queda ahí. 

Irónico, ¿verdad? Se posicionan en contra de investigar y dar justicia y reparación a cientos de víctimas de agresiones sexuales. Evitan que se enseñe a niños pequeños a identificar si son víctima de agresiones sexuales, condenando a muchos de ellos a seguir sufriéndolas. Y tienen la cara de señalar a otros y gritar muy fuerte que son un peligro para los más pequeños. Sin evidencias, sin pruebas, sin lógica. Con mucho odio, eso siempre. Y con un Partido Popular comprando su discurso, riendo sus gracias. Siendo cómplice de cientos de vidas destruidas entre quienes más ayuda necesitan. 

Yo, desde mi posición, lo que voy a hacer es dar las gracias a tantísimas compañeras que se dejan la piel para sacar adelante estas jornadas, estos actos, estos talleres. A quienes pelean contra viento y marea para sortear los vetos, las censuras, el dichoso PIN parental. A quienes no se rinden, porque saben que salvar a los más pequeños de ser víctimas de algo que puede perseguirte toda tu vida es mucho más importante que la estrategia política de quienes no tienen reparos en entregar la seguridad y la integridad de la infancia a cambio del puñado de votos que sacan del señalamiento ajeno. 

En definitiva, a quienes de verdad piensan en los niños.

El Gobierno francés anunció este miércoles que va a denunciar ante la Justicia a las plataformas de venta en línea AliExpress y Joom, como ya lo hizo con Shein, por comercializar muñecas sexuales con apariencia infantil, recoge EFE.

El ministro del Comercio y las Pymes, Serge Papin, indicó en una entrevista al canal TF1 que se va a formalizar una demanda contra AliExpress y Joom, porque "también venden muñecas pedopornográficas".

"Es una lucha que pretende proteger a los consumidores, a los niños, a los adolescentes, a nuestra industria, a nuestros comerciantes", justificó Papin.

Señaló que "hay que acabar con el lejano oeste digital" y que este tipo de problemas no sólo afecta a Shein, que ha cerrado su plataforma de vendedores externos en Francia. 

El Tribunal Judicial de París examina precisamente este miércoles el procedimiento lanzado contra Shein por el Gobierno francés por comercializar muñecas sexuales con forma de niñas, armas y otros productos ilegales.

El Ejecutivo ha anticipado que va a solicitar la suspensión de esa plataforma china durante tres meses. Papin dijo que el Gobierno francés quiere que Shein pruebe que lo que vende respeta el "código de consumo" del país.

 Consideró que esta cuestión debe estar regulada por la legislación europea y abogó por "introducir una dosis de proteccionismo" porque después de las medidas en esa línea que han tomado Estados Unidos y China "no vamos a ser los únicos en no protegernos", dijo.

Papin recordó que hay unanimidad en la posición de las federaciones de comerciantes franceses, que "por primera vez" han decidido denunciar ante la Justicia a Shein.

"No es normal -subrayó- que se pongan en el mercado productos que no cumplen con nuestras reglas".

El pasado día 5, el Gobierno francés amenazó con suspender la actividad de Shein en Francia al comprobar que en su oferta en línea comercializaba muñecas sexuales con aspecto de niñas, armas y otra serie de productos ilegales.

Para evitar ese cierre en Francia, Shein decidió suspender temporalmente las ventas de vendedores externos y de cualquier producto que no sea ropa, además de retirar los productos incriminados.

Las autoridades renunciaron en ese momento a ese cierre, pero mantuvieron el procedimiento judicial contra la compañía china.

En paralelo a esa acción ante la Justicia, hay otra ante los servicios antifraude y París ha pedido a la Comisión Europea que intervenga porque, en palabras del ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, infringe las reglas europeas.

Lourdes Gaitán tiene una larga trayectoria laboral en la defensa de la infancia. El maltrato social a niños y adolescentes que estudia impulsa que, a sus 78 años, continúe su labor investigadora y de divulgación. Doctora en sociología y graduada en trabajo social, se centra en defender desde un punto de vista sociológico la consideración de la infancia como parte de la estructura social y a los niños y niñas como actores sociales. 

Gaitán, ya jubilada, ha trabajado en la Administración Pública y ha sido docente. Aún podemos leer nuevas aportaciones suyas en el mundo académico: es codirectora de la revista de la Universidad Complutense Complutense Sociedad de Infancias, y además, también participa en la Asociación Grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia (GSIA).

Esta dedicación incansable le ha llevado a escribir varios libros e innumerables artículos, algunos de ellos en infoLibre, del que asegura es suscriptora desde sus inicios. Gracias al texto La extensión del sufragio universal: ciudadanía y participación democrática de la infancia y la adolescencia el próximo jueves 27 recibirá el Premio Librepensadores en el Ateneo de Madrid, en la quinta edición de los Premios infoLibre. En el artículo Gaitán reclama la necesidad social de incluir a los niños y adolescentes en el imaginario de personas con los mismos derechos que los adultos, porque, asegura, la sociedad democrática los necesita.

¿Por qué considera que es tan importante hablar sobre el derecho al voto de los niños y adolescentes?

Estamos hablando de edadismo. Lo que hacemos con los niños es edadismo también. Es considerar que los adultos somos los propietarios del saber y del conocimiento y considerar que nosotros decidimos cuando se es adulto, es decir con 18 años. Los niños están definidos como "aún no ser adultos".

Lo que yo defiendo es que las personas tenemos capacidades y conocimientos que no van estrictamente vinculados a la edad, sino a las experiencias que hemos vivido. Y que tenemos que enriquecernos con todo lo que nos pueden aportar los individuos nuevos que llegan a la sociedad. Porque si no hubiera renovación, seguiríamos todavía encendiendo el fuego frotando dos palitos.

¿Qué efectos positivos cree que tendría la incorporación de los niños y adolescentes al proceso electoral?

Lo que he querido en este artículo es no evocarlo como un favor que hacemos a los niños, sino entender que en el estado actual de la democracia incorporar gente nueva ha contribuido a renovar las democracias. A mí me parece que sería un beneficio para toda la sociedad incorporar a toda la ciudadanía porque todos tenemos cosas que aportar. Y sobre todo tiene que aportar la gente que tiene ideas más frescas y más nuevas.

¿Cree que necesitamos una educación democrática más fuerte?

Si te refieres a los adultos, sí.

Las encuestas reflejan el ascenso de la ultraderecha en intención de voto, ¿cuál es su opinión respecto al papel de los medios de comunicación? ¿Considera que actualmente facilitan esta conciencia democrática?

Son cosas diferentes. Sí que observamos que hay un desplazamiento hacia valores de derecha. El esfuerzo civilizatorio que se había hecho por las sociedades a partir de la Segunda Guerra Mundial se traducía en unas leyes internacionales que más o menos asumíamos.

A lo que estamos asistiendo es a una destrucción de eso, y los medios de comunicación tienen un papel. Pero es que yo soy de las personas que no piensa bajar los brazos ni rendirme. El que haya una tendencia no significa que vaya a inundar todo el campo del pensamiento que se ha hecho en todos estos años. Eso está en nosotros y saldrá adelante. Yo casi como socióloga me resisto. No lo demos por hecho, la gente seguimos pensando libremente. Y claro que los medios de comunicación son importantes porque son los mecanismos que tenemos para contarnos las cosas unos a otros.

¿Por qué se animó a escribir en infoLibre?

Soy socia desde los inicios. Me parece bien la oportunidad que tenemos de escribir. A mí me cuesta trabajo porque pienso mucho lo que escribo y las palabras, pero sin embargo me gusta tener la oportunidad de expresarme.

¿Qué significa para usted este premio?

Me gusta porque es un periódico que valoro y porque significa que hay un artículo escrito por mí que se ha valorado. Pero me importa sobre todo porque os haya llamado la atención precisamente un tema que tiene que ver con los chavales. No hay grupo social tan denostado como el de los adolescentes y las adolescentes. Lo que más valoro es el que os hayáis fijado en un artículo que dice que los niños y niñas adolescentes son personas, que piensan, que saben y que la sociedad democrática les necesita. Que necesita contar con ellos. No mañana, hoy, en el presente, porque son presente. Me gusta por la sensibilidad que habéis tenido y la visibilidad que ofrece hacia los niños.

Quienes viváis en Madrid quizá hayáis advertido en estos días la curiosa campaña publicitaria que inunda la ciudad. Carteles con imágenes de bebés (monísimos, eso sí) con un mensaje que reza: “La bonita movida de tener un hijo. Madrid, una ciudad para crecer”. 

La campaña, que tiene como intención fomentar la natalidad en la capital, viene acompañada de una medida concreta para esta misión: una ayuda de 500 euros a las familias que tengan un hijo (nacido o adoptado) entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de agosto de 2026. Además, se añaden otras ayudas, de 750 euros por un segundo hijo y 1000 por un tercero. 

La medida, que recuerda al conocido como “cheque bebé” que ofreció Zapatero entre 2007 y 2010, podría no ser una terrible idea per se. Hombre, quizá se nos quede un poco escasa la cosa teniendo en cuenta que en España el coste medio que tiene criar a un hijo llegó a los 758 euros al mes en 2022, según Save the Children. En 2022, que probablemente a estas alturas haya subido lo suyo. Vamos, que con los 500 euros del cheque madrileño puedes criar a tu hijo durante la friolera de 20 días. 

Ahora vamos a calcular otros detalles importantes. 

Se intenta animar a la población más joven (en este caso a la residente en Madrid) a tener hijos. Yo creo que jóvenes que quieren tener hijos, como haberlos, hay. Pero claro, vamos a echar cuentas. 

En Madrid la media del precio en cuanto a alquiler es de 22,7€ por metro cuadrado. Eso significa que la media para alquilar un piso de 60 metros (digo yo que si vas a montar una familia, qué menos, ¿no?) es de 1362 euros. Todo mientras, por cierto, en Madrid sigue habiendo aproximadamente unos 13.000 pisos turísticos ilegales, según los registros. 

Hace unos días se publicó que el salario medio de los jóvenes de entre 25 y 29 años en España era de 21.039 euros brutos anuales. Ponte que alrededor de 1400 euros netos al mes. 

Ahora vamos a hacer las cuentas: 1362 euros de piso al que hay que sumar los 758 euros al mes de los gastos del crío son 2120 euros mensuales. Teniendo en cuenta que para una pareja joven el sueldo medio está (entre los dos) en unos 2800 euros netos, eso significa que a la pareja le quedarían cada mes 680 euros. El gasto medio de la cesta de la compra del hogar español se sitúa ahora mismo en unos 516 euros al mes según la OCU. De repente nos plantamos en que nos quedan 164 euros para el agua, luz, Internet, transporte, etc. Como te quieras tomar una cerveza o hacerte una cuenta de Netflix para tener algo con lo que apagar el cerebro después de la jornada, lo tienes crudo. 

Pero es que ya no solo es que no lleguemos económicamente al mínimo que se necesita para poder tener un hijo. Es que no existe la posibilidad de criarlo. No en un momento en el que se dispara la cantidad de personas pluriempleadas (especialmente entre los más jóvenes) y tenemos unos horarios de trabajo en los que salimos de casa por la mañana y no volvemos hasta que hace horas que se hizo de noche. España suspende en conciliación, hasta el punto de que fuimos multados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplir la Directiva de conciliación familiar y laboral.

Y si España suspende, Madrid es que directamente no se llegó a presentar al examen. 

A mediados de este año, varios medios denunciaban que más de 8000 niños se habrían quedado sin plaza para las escuelas infantiles públicas de la ciudad. 

La pregunta que queda por hacerse es evidente. ¿Cómo pretenden fomentar la natalidad sin atajar el problema de la vivienda? ¿O sin resolver nuestra eterna cuenta pendiente con la conciliación? ¿Sin plazas de escuelas infantiles? ¿Sin facilidades para quienes requieren de una sanidad pública que no tenga, como es el caso de la madrileña, casi un millón de pacientes en listas de espera? 

Las excusas son muchas. “Es que los jóvenes son egoístas, solo piensan en sí mismos”. O: “Es que no ahorran y solo gastan en tonterías, en viajes, en conciertos, en salir de fiesta”. O mi favorita: “Es que las mujeres de ahora no quieren tener hijos porque las ha convencido el feminismo de que es malo”. Igual las mujeres de antes tampoco querían tener hijos, José Luis. Sencillamente antes no tenían opción a decir que no. 

Tener hijos ha dejado de ser, por suerte, una obligación social. Los niños (y niñas, y niñes. Un beso a la RAE) merecen venir al mundo y criarse en familias que verdaderamente les hayan traído al mundo con el amor como motivo, y no por aumentar una estadística o porque alguien quiera asegurarse de tener a quien le cuide en su vejez. 

En cuanto a quienes sí quieren tener, quizá la respuesta sea bastante sencilla: pelea un poco para que de verdad puedan hacerlo. Lo contrario, me temo, será puro “postureo” orientado a seguir fingiendo que eres quien más se preocupa por “las familias”. Un mantra igual de vacío que el de quienes también se pronuncian “pro-vida” pero solo les importa la vida de ese crío cuando todavía no ha nacido. 

Después, buena suerte buscando plaza para la escuela infantil. 

En Madrid, al menos, la vas a necesitar. 

El juez de Tudela (Navarra) que investiga la supuesta "venta" de una niña de 14 años a un matrimonio de Mollerusa (Lleida) para casarla con su hijo ha decretado el archivo provisional de la causa tras declarar la menor que su estancia en Cataluña era voluntaria.

Lo han confirmado a EFE fuentes de la investigación, que subrayan que el juez, que ha decretado el archivo provisional de la causa mientras no se aporten nuevos elementos que permitan reabrir la instrucción, ha considerado el testimonio de la menor más relevante que el resto de indicios.

En consecuencia, los cinco detenidos por este caso han quedado en libertad. Se trata de los padres de la menor, ambos de 35 años y residentes en una localidad de la Ribera navarra; el matrimonio de Mollerussa, de 40 años él y 42 ella, acusado de haberla "comprado", y su hijo, de 21 años.

El caso se conoció este sábado, cuando la Guardia Civil informó de la detención en Navarra de unos padres por "vender" a su hija de 14 años por 5.000 euros, cinco botellas de whisky y comida a un matrimonio de Mollerussa, que también fue arrestado junto al hijo con el que querían casarla.

Fuentes de los Mossos han informado a EFE de que la investigación de este caso comenzó el pasado mes de enero cuando la policía de la localidad ribera tuvo conocimiento de que un matrimonio de la comunidad romaní residente en el municipio había vendido a su hija de 14 años a otro de Mollerussa para casarla.

Pasados los meses, los Mossos observaron el pasado 3 de octubre a una menor pidiendo limosna ante un supermercado de Les Borges Blanques (Lleida). La recogieron y trasladaron a la comisaría para investigar si estaba en situación de desamparo, coaccionada para pedir dinero o si era víctima de alguna mafia.

Ya en comisaria, la menor pidió que acudieran sus "tíos", de los que da dirección y datos para su localización, explican las mismas fuentes.

Cuando el hombre y la mujer se personaron en las dependencias policiales, los agentes comprobaron que no coincidían los datos filiales de la menor con los apellidos del hombre y la mujer que decían ser sus tíos, por lo que la policía comenzó a investigar también el vínculo entre ambos.

En paralelo, los agentes constataron que los datos de la menor coincidían con los introducidos en el sistema informático estatal de búsqueda de personas y que se trata de la adolescente de Navarra.

Finalmente, todos los presentes en comisaría explicaron que los padres de la menor habían dado "una dote" al matrimonio de Mollerussa, consistente en 5.000 euros, whisky y comida, para que contrajera matrimonio "voluntariamente" con el hijo de ambos.

De hecho, los Mossos disponen de una copia de la fiesta que se celebró meses antes por el rito romaní con motivo de la boda entre la menor y el joven de 21 años, enlace que no tiene validez legal y del que no consta ningún registro oficial.

La policía catalana procedió entonces a la detención del matrimonio catalán y su hijo, acusados de los delitos de mendicidad infantil, trata de ser humanos y matrimonio forzado al tiempo que la dirección general de atención al menor de la Generalitat se hizo cargo de la adolescente.

La Guardia Civil, por su parte, detuvo en Navarra a los padres de la menor, acusados de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado.

Los detenidos en Mollerussa pasaron el viernes pasado a disposición del juzgado de guardia de Lleida, que dictó una orden de protección y prohibición de comunicación con la menor y los dejó en libertad provisional, dado que la acusación no había solicitado otras medidas para los arrestados, según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El juzgado de Lleida se inhibió al de Tudela, al tener conocimiento de que este tenía abierto un procedimiento previo por los hechos. Los padres de la víctima pasaron a disposición del juez de Navarra.

En paralelo, la primera semana de noviembre la menor dejó el centro de protección de menores en el que estaba ingresada, a raíz de la resolución judicial de archivo del caso, y, desde entonces, ya no vive en Cataluña, según han informado a EFE fuentes de las consellerias de Igualdad y Feminismo y Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat.

Tras conocer la decisión del juzgado de Navarra, el que sigue el asunto en Lleida llamó ayer a los tres imputados de Mollerussa para que compareciesen y comunicarles el archivo de las acusaciones.

La Guardia Civil y los Mossos han detenido en Navarra a unos padres por "vender" a su hija de 14 años por 5.000 euros, cinco botellas de whisky y comida, a una pareja de Mollerussa (Lleida) que también ha sido arrestada junto a su hijo de 20 años, con quien pretendían casarla. Todos los detenidos son acusados de un delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado.

El pasado mes de octubre, agentes de la policía catalana encontraron en Les Borges Blanques a la niña cuando estaba mendigando ante un centro comercial, donde la recogieron y la trasladaron a un centro de protección en Lleida, en el que actualmente recibe atención.

La adolescente, perteneciente a una comunidad romaní, ha sido liberada por la policía y se encuentra bajo la tutela de la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA) de la Generalitat, tras ser localizada por la policía catalana cuando mendigaba ante un establecimiento comercial en la localidad de Les Borges Blanques (Lleida).

La Guardia Civil informa este sábado en un comunicado de que la "venta" de la menor tuvo lugar el pasado mes de enero en una localidad de la Ribera navarra. Los padres de la niña, un hombre y una mujer de 35 años, ofrecieron a su hija a una familia de Mollerussa (Lleida) para casarla con su hijo.

Una vez cerrada la "venta", la menor fue trasladada a Cataluña, precisa la Guardia Civil, "donde permaneció bajo el control de la familia compradora con el propósito de consumar el matrimonio forzado". La adolescente no estaba escolarizada y fue obligada a ejercer la mendicidad para aportar dinero a la familia que la había comprado, añade el comunicado.

La Guardia Civil en Navarra inició la investigación del caso tras una denuncia presentada ante los Servicios Sociales de la Comunidad Foral, donde el Equipo Mujer-Menor (EMUME) del cuerpo identificó a los padres "vendedores" y logró localizar a la menor, lo que comunicaron a los Mossos.

Los Mossos detuvieron en Mollerussa al matrimonio que había "comprado" y trasladado a la menor, un hombre y una mujer de 40 y 42 años, así como a su hijo de 20.

En Navarra, los padres de la víctima pasaron a disposición del juzgado de guardia de Tudela, y en Cataluña, los tres arrestados comparecieron ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Lleida.

El alcalde de Mollerussa, en declaraciones a la emisora RAC1, ha expresado "su sorpresa" e "indignación" por este caso, del que no tenían constancia en el Ayuntamiento de la localidad, según ha precisado.

El consistorio, ha agregado, no tiene constancia de que se hayan producido más casos de compra de menores en el municipio, y ha subrayado que este suceso es un ejemplo de que, lamentablemente, a veces "la realidad supera la ficción".

Juana Rivas ha centrado este jueves su declaración como investigada por un posible delito de sustracción internacional de menores en tratar de demostrar que el menor de sus hijos sufre malos tratos del padre, el italiano Francesco Arcuri, según informa EFE. 

Durante alrededor de una hora, Rivas ha contestado exclusivamente a preguntas de su letrado, el abogado Carlos Aránguez, quien a la salida del Juzgado de Instrucción 4 de Granada ha explicado a preguntas de los periodistas que la defensa se ha centrado en los posibles malos tratos al menor.

Rivas se ha pronunciado también ante los periodistas para pedir que "se acabe el circo" y escuchen a su hijo, que ahora tiene once años y vive en Italia con el padre, quien tiene la custodia. 

Aránguez ha explicado que la titular de Instrucción 4 encargada de la causa ha pedido que no ofrezcan detalles de la causa, en la que ha presentado informes de hospitales, imágenes de lesiones y otra documentación vinculada a esos malos tratos por los que se celebra una causa independiente contra Arcuri en Italia. 

Por otro lado, el letrado del italiano, Enrique Zambrano, ha incidido en que la causa juzga la sustracción de menores que vulneró el derecho de custodia del padre y no otros delitos.

La Plataforma de Infancia reclama reforzar la educación afectivo-sexual y la alfabetización digital entre los adolescentes ante un contexto de mayor riesgo digital: casi un 60% ha sufrido alguna forma de violencia sexual en el entorno digital y un 33% presenta un uso problemático de Internet, según informa EFE.

La pobreza, la violencia sexual y la salud mental son los principales retos de la adolescencia en España, según refleja el informe 'La adolescencia en España: hacia políticas públicas que garanticen sus derechos', elaborado por la Plataforma de Infancia, que advierte de la falta de políticas públicas específicas que den respuesta a sus necesidades y derechos.

En España, el 35,8% de los jóvenes entre 13 y 17 años se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. A ello se suman los problemas de salud mental, que afectan a más de un 20% y las cifras de violencia sexual, donde la mayoría de los casos registrados se produce contra adolescentes de entre 13 y 17 años.

"No se reconoce a la adolescencia como una etapa con necesidades propias, y eso la deja fuera de muchas políticas clave", explica Almudena Escorial, responsable de Incidencia Política de la Plataforma de Infancia, quien propone un cambio de enfoque que tenga en cuenta que son sujetos de derechos.

Para revertir esa situación, las organizaciones de infancia reclaman una prestación universal por crianza de 200 euros al mes hasta los 18 años, actualizar las cuantías del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) y garantizar comedores escolares gratuitos en todos los centros de secundaria para adolescentes en situación de pobreza.

"El coste medio de criar a un adolescente supera los 800 euros mensuales, pero es justo en esta etapa cuando más se reducen las ayudas. Esto demuestra que el sistema de protección social no está pensado para acompañar a las familias cuando más lo necesitan", concluye la responsable en la red de entidades de infancia.

En materia de salud mental, el informe insta a reforzar la atención psicológica pública y a aumentar la ratio de equipos profesionales especializados en salud mental infantil y adolescente, una de las más bajas de Europa.

También propone incorporar programas de prevención del malestar emocional y adicciones digitales en los centros educativos, garantizando una atención temprana y acompañamiento.

Un estudio ha comprobado que la contaminación atmosférica durante el embarazo se asocia con una maduración cerebral más lenta en los bebés, según recoge EFE.

La investigación, publicada en la revista Environment International, es una colaboración entre investigadores del Hospital del Mar, del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) (centro impulsado por la Fundación ”la Caixa”) y del área de Epidemiología y Salud Pública del CIBER (CIBERESP).

Según ha informado el Hospital del Mar, es el primer trabajo que ha analizado el desarrollo cerebral en el primer mes de vida, teniendo en cuenta la mielinización. Este es un proceso clave en la maduración del cerebro, en el que la mielina recubre las conexiones neuronales y las hace eficientes para la transmisión de información. 

Los bebés de madres expuestas a niveles más altos de partículas finas en suspensión durante el embarazo muestran una mielinización más lenta en esta etapa tan temprana de la vida, lo que puede ser perjudicial para el niño. 

Ahora bien, aún queda por determinar si el efecto observado en este estudio tendrá consecuencias negativas en las capacidades de los niños.

Para llevar a cabo el estudio se reclutaron mujeres embarazadas en seguimiento en el Hospital Clínic de Barcelona, el Hospital de Sant Pau y el Hospital Sant Joan de Déu. 

Los investigadores monitorizaron los niveles de contaminantes atmosféricos a los que estaban expuestas durante la gestación y, después del parto, se seleccionaron 132 bebés. 

A estos neonatos se les realizó una resonancia magnética antes de cumplir el primer mes de vida para observar el grado de maduración cerebral según sus niveles de mielinización.

Los resultados muestran una correlación clara entre una mayor exposición materna a PM2.5 (partículas diminutas de 2,5 micras de diámetro en aire contaminado) durante el embarazo y una menor mielinización en el cerebro de los bebés.

La contaminación analizada incluye esas partículas diminutas, unas treinta veces más finas que un cabello humano, y que están formadas por elementos nocivos derivados del proceso de combustión y compuestos orgánicos tóxicos, pero también por elementos esenciales para el desarrollo cerebral, como el hierro, el cobre o el zinc. 

Por ello, todavía es necesario investigar cómo afecta cada uno de estos componentes al desarrollo del cerebro de los bebés. 

Los investigadores han resaltado que el estudio se hizo en Barcelona con la zona de bajas emisiones ya en vigor, así que reclaman seguir avanzando en los planes para descontaminar las ciudades.