Desde este miércoles 15 de abril, todas las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica cuyos casos hayan prescrito pueden acudir al nuevo mecanismo que contempla reparaciones simbólicas y compensaciones económicas a través de la oficina que tramitará sus solicitudes y que hoy comienza a funcionar.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles el real decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros por el que se modifica la estructura del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para crear la oficina que tramitará las solicitudes de reparación.

Según el protocolo que firmaron el pasado 30 de marzo para materializar el acuerdo alcanzado en enero el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Confederación Española de Religiosos (Confer) y el Defensor del Pueblo, este mecanismo pionero contempla reparaciones simbólicas y compensaciones económicas a cargo de la Iglesia, sin tope a las indemnizaciones.

Este nuevo modelo mixto estará vigente un año y será prorrogable a un segundo.

A continuación, las claves sobre el funcionamiento de esta oficina, las solicitudes, quién estudia los casos y las indemnizaciones.

Todas las víctimas menores de edad o con discapacidad que sufrieron abusos sexuales en el seno de la Iglesia que no pueden acudir a los tribunales porque el delito está prescrito o el victimario fallecido.

Las víctimas que ya han recurrido al sistema de reparación creado por la Iglesia en 2024 (PRIVA) podrán recurrir a este nuevo mixto entre Iglesia y Estado. Será a partir de ahora, cuando las víctimas tendrán que elegir si recurren al nuevo mecanismo o al PRIVA.

Se presentarán ante la nueva oficina a través de su sede electrónica (www.mpr.gob.es), y ofrecerá orientación a las víctimas vía correo electrónico (reparacion.abusosIC@mpr.es) y por teléfono (91 837 22 95).

La solicitud podrá presentarse por la propia persona que sufrió los hechos, conductas o comportamientos o la persona que lo represente, debidamente acreditada.

En la misma deberá realizar, si considera oportuno, una breve descripción de los hechos, la cual podrá extenderse durante la fase de valoración del Defensor del Pueblo y las entrevistas que lleve a cabo con los solicitantes.

Esta unidad gestionará la recepción de solicitudes, la comunicación con las partes, la notificación de las propuestas o la recopilación de informes.

Una vez recopilada la información necesaria, las solicitudes se remitirán a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, formada por especialistas y profesionales independientes, que tras estudiar el caso y escuchar a las partes, elaborará la propuesta de reconocimiento de la condición de víctima y, en su caso, incluirá la reparación pertinente (ya sea simbólica, restaurativa, espiritual o económica).

Dicha propuesta se trasladará a la comisión asesora del plan PRIVA, que la evaluará y emitirá un informe. Si hay conformidad de las partes (Iglesia y víctima, la propuesta tendrá carácter definitivo y la indemnización será asumida por la Iglesia.

Si no hubiese acuerdo, una Comisión Mixta con representantes de todas las instituciones firmantes y participación de las asociaciones de víctimas, tratará de alcanzar una solución por consenso en un plazo máximo de un mes. Si éste no fuera posible, prevalecerá la valoración del Defensor del Pueblo.

La Iglesia será la encargada de dar cumplimiento a las medidas de reparación y, en su caso, de abonar las indemnizaciones. Si no lo hiciera directamente la diócesis o las congregaciones religiosas responsables, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos garantizarán su cumplimiento en última instancia.

La reparación podrá ser simbólica o restaurativa, orientada al reconocimiento institucional y al ofrecimiento de herramientas para el acompañamiento o la petición de disculpas, y también económica por el daño causado y por los gastos registrados en el tratamiento de las posibles secuelas físicas y psicológicas.

Las compensaciones económicas tendrán en cuenta la gravedad de los abusos sufridos, el daño provocado así como otras compensaciones eventualmente percibidas en el marco de otros modelos de reparación impulsados por la Iglesia.

Si este inminente domingo de Pascua, Jesucristo resucitara y escuchara la intervención del presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, el pasado lunes con ocasión de la firma del acuerdo con el Estado para el resarcimiento de las víctimas de violaciones y abusos sexuales de la Iglesia Católica, se liaría a latigazos como hizo con los mercaderes del templo o directamente le daría un soponcio y volvería a su sepulcro.

La paciencia que han debido tener el ministro Bolaños y el Defensor del Pueblo, y las tragaderas de las víctimas con los jefes de la Iglesia son antológicas. Recordemos que esos señores jefes de la Iglesia católica han ocultado sistemáticamente la conducta asquerosa de los sacerdotes, empezando por los propios papas y terminando por los compañeros de parroquia de los criminales. Escondieron a los guarros. Les dieron cobijo a los pederastas. Negaron sus crímenes. “Solo son pequeños casos”, dijo el propio Argüello hace cinco años. Se negaron a entregar la documentación necesaria para esclarecer los casos conocidos. Dilataron los procesos o los obstaculizaron. Si el infierno existiera, los encubridores arderían eternamente en su fuego.

La respuesta al escándalo de los casos de abusos de niños por parte de miles de sacerdotes depravados de la Iglesia Católica es la constatación más siniestra de los desafueros de una institución reaccionaria, la Conferencia Episcopal. Basta con oír un cuarto de hora su emisora de radio, la COPE, o ver un rato alguno de los programas de su canal de televisión, 13TV. Sin embargo, la Conferencia Episcopal sobrevive sin sobresaltos notables. ¿Cómo es posible?

Los vestigios históricos de la existencia de Jesús son escasísimos y discutibles. A penas un par de anotaciones en escritos de la época. La versión más verosímil es que probablemente existiera un predicador judío rebelde que llamara a levantarse contra el poder romano. Y que a partir de ese momento, décadas después, fuera generándose el relato mítico de su vida y organizándose en la práctica la religión más exitosa del mundo: la más llevadera, la más adaptable, la que admite ocho y ochenta, la que ensalza la pobreza y justifica la riqueza, la que puede inspirar a los seguidores del Che Guevara tanto como a los de Trump.

Esa paradigmática plasticidad del cristianismo y su enorme descentralización, que admite liturgias y creencias tan heterogéneas como la de los coptos, los ortodoxos o los calvinistas, permite a la Iglesia Católica superar barbaridades como la de los curas violadores sin apenas sufrir rasguños. De ser una institución normal, centralizada, digamos que con un solo NIF y una única responsabilidad, la Iglesia Católica se habría disuelto o habría cambiado de nombre ante las aberraciones conocidas. Pongamos por caso que se supiera que miles de funcionarios de la ONU hubieran violado a menores en sus misiones por el mundo. No uno ni dos, sino miles. Reconocidos e identificados con nombres y apellidos, hay unos 1.500 casos, pero la encuesta promovida por el Defensor del Pueblo calculó que son unos 440.000 los españoles que han sufrido algún tipo de abuso de sacerdotes. Ni la ONU ni ninguna otra organización que tuviera los reaños de la Iglesia Católica aguantaría tamaño escándalo.

Pero con la Iglesia hemos dado. Ahí en las pantallas puede aparecer ufano Argüello con su alzacuellos, posando junto a las autoridades y a un representante de las víctimas, para pedir perdón y anunciar la penitencia, y ponerse a los pocos días en la cabecera de las procesiones de la Semana Santa, delante del Cristo clavado en la cruz. Y sin que se les caiga la cara de vergüenza.

El Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Confederación Española de Religiosos (Confer) y el Defensor del Pueblo han firmado este lunes el protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica cuyos casos han prescrito, según informa EFE.

Según el protocolo, que desarrolla el acuerdo suscrito el 8 de enero, la Iglesia se hará cargo de las reparaciones a las víctimas de abusos mientras que el Defensor revisará cada caso y establecerá las cuantías de las indemnizaciones.

El monto de las indemnizaciones no está precisado en el texto, ya que se trata de “una propuesta integral sin cifras y sin horquillas”, por lo que no detalla baremos o cantidades económicas, ha señalado el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, en declaraciones tras la firma.

Con el nuevo mecanismo, la víctima inicia el proceso ante una unidad de tramitación del Ministerio de Justicia, que trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Esta institución realizará una propuesta de resolución y, en su caso, de reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica) atendiendo a lo que solicite la víctima. La jerarquía eclesiástica podrá recurrir la resolución, pero la última palabra la tendrá el Defensor del Pueblo. 

El acuerdo ha sido firmado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello; el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.

“A partir de ahora, existe una nueva vía de acceso al plan establecido por la Iglesia y que demuestra nuestro compromiso moral y nuestra responsabilidad”, han señalado la CEE y la Confer en un comunicado. En este sistema, la colaboración de las instituciones “será muy importante”, han subrayado.

El protocolo detalla que la reparación podrá ser simbólica o restaurativa, orientada al reconocimiento institucional y al ofrecimiento de herramientas para el acompañamiento o la petición de disculpas, y también económica por el daño causado y por los gastos registrados en el tratamiento de las posibles secuelas físicas y psicológicas.

Las compensaciones económicas tendrán en cuenta la gravedad de los abusos sufridos, el daño provocado así como otras compensaciones eventualmente percibidas en el marco de otros modelos de reparación impulsados por la Iglesia.

El protocolo señala que el ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes creará una Unidad de Tramitación que recibirá las solicitudes, ofrecerá orientación para la presentación de las mismas y se ocupará de la comunicación con las partes, la notificación de las propuestas y el recabado de los informes necesarios.

Por su parte, la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, formado por expertos profesionales independientes, se encargará de llevar a cabo una evaluación individualizada de las solicitudes y elaborará la propuesta de valoración de reconocimiento de la condición de víctima y de su reparación.

En su trabajo, esta unidad tendrá en cuenta si esa víctima ya fue reparada anteriormente por el Plan de reparación Integral a víctimas de abusos (PRIVA) y la Comisión Asesora, que trabaja desde febrero de 2025 PRIVA , cuando fue constituida, atendiendo a las 131 solicitudes recibidas.

Así, la CEE y la Confer se encargarán, a través de la Comisión Asesora del PRIVA, de emitir un informe motivado sobre cada una de las valoraciones de reconocimiento de la condición de víctima y de reparación que formule el Defensor del Pueblo.

En caso de discrepancia, una comisión mixta estudiará el caso que, en última instancia será establecido por el Defensor del Pueblo tras escuchar al presidente de la CEE o de la CONFER, según el caso.

Además, el Gobierno ha aceptado que las reparaciones económicas estén exentas de tributación, especialmente del impuesto sobre la renta.

La Iglesia ha recordado que este sistema “no está basado en la imposición de una obligación jurídica, sino en el compromiso moral de la Iglesia y el mutuo acuerdo de las partes”.

Además ha subrayado que se trata de una vía temporal con una duración de un año (prorrogable un año más), para aquellas causas “que no hayan tenido y no puedan tener recorrido judicial bien por la prescripción del delito o bien por la muerte del victimario”.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha pedido al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y a la la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que informen sobre qué medidas piensan adoptar "para evitar sobrecostes en las tarifas de transportes alternativos al tren" y así poner fin a la "existencia de conductas presuntamente abusivas por parte de algunas compañías".

En un comunicado, Gabilondo anuncia que ha abierto una actuación de oficio ante estas dos instituciones y les insta a actuar "para que las empresas moderen los precios que antes de los últimos incidentes ferroviarios eran inferiores a los actuales". El texto se centra en el viaje por avión, autobús y en coche de alquiler.

Ángel Gabilondo considera que "ante tales situaciones no parece que sea procedente que el viajero, además de sufrir los inconvenientes provocados por las incidencias ferroviarias, tenga que afrontar subidas de tarifas", afirma.

El exdirigente socialista Francisco Fernández Marugán, diputado en ocho legislaturas y Defensor del Pueblo en funciones durante cuatro años, ha fallecido a los 79 años, según han informado a EFE fuentes del PSOE.

Nacido en Cáceres en 1946 y economista de formación, comenzó a militar en el partido en 1974, logró por primera vez escaño en el Congreso en 1982 y se despidió de la Cámara en 2011, tras 29 años de diputado.

Ligado al sector 'guerrista', en 1984 entró a formar parte de la Ejecutiva del PSOE, donde años más tarde asumiría temporalmente responsabilidades del área de Finanzas y de tesorero del PSOE en sustitución de Guillermo Galeote, a raíz del proceso de investigación del 'caso Filesa' sobre financiación irregular del partido.

Destacado responsable de finanzas del PSOE, intervino en la redacción de la ley de financiación de los partidos, en la ley de huelga y en la preparación de programas electorales.

En 2021 fue nombrado adjunto primero del Defensor de Pueblo y pasó a encabezar esa institución en funciones en 2017 tras la dimisión de Soledad Becerril y hasta el 11 de noviembre de 2021 en que fue sustituido por Ángel Gabilondo.

En redes sociales se han sucedido los pésames y las muestras de afecto de compañeros socialistas, como el presidente castellanomanchego, Emiliano García Page, quien lo ha calificado de "gran político y excelente diputado" y ha elogiado su trayectoria ejemplar guiada por la igualdad, la honestidad y el compromiso social.

"Un gran socialista extremeño y uno de los mejores diputados que conocí. Trabajar a su lado, durante algunos años en el Congreso, fue una enorme suerte", ha escrito el exdiputado Eduardo Madina.

El madrileño Teatro del Barrio se quedó el martes por la tarde en silencio, sin aplausos. Así es cómo pudo escuchar el público las historias que hay detrás de una cifra: 6.000. Seis mil son los casos de tortura documentados entre 1978 y 2014 en el País Vasco, aunque se estima que las víctimas podrían ascender a 20.000, algo difícil de confirmar puesto que muchas no quieren someterse a las pruebas de verificación y revivir lo que sufrieron. Son las conclusiones de Francisco Etxeberria Gabilondo, uno de los forenses más reputados de España, después de que se creara un equipo en el Instituto Vasco de Criminología en 2014 para que se investigara la tortura en Euskadi entre 1960 y 2013.

"El principal objetivo de estas jornadas es la reparación de las victimas, además de que la sociedad en su conjunto reflexione sobre algo que ha vivido a sus espaldas, es muy importante unir el tejido social ante esto”, explica a infoLibre Juan Ignacio Ruiz-Huerta, uno de los organizadores. A partir de las investigaciones de Etxeberria surge una petición al Defensor del Pueblo para que se realizara un informe extraordinario sobre ello. Los firmantes fueron el propio Juan Ignacio Ruiz-Huerta junto con Jorge del Cura y Pedro José Larraia, quienes también han organizado estas jornadas en Madrid para exigir una Comisión de la Verdad que dé respuestas y justicia ante algo que se ha vivido en el más absoluto silencio en España.

La segunda de estas jornadas giró en torno a una mesa redonda entre Gabriela López del Centro SiRa, en el que se asiste a víctimas de torturas; Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla y Ruiz-Huerta, ex jefe de Gabinete del Defensor del Pueblo. En una charla moderada por Sara López, de la Comisión Legal Sol - 15M, los ponentes analizaron el estado y las consecuencias de la investigación de las denuncias por tortura desde que murió Franco. La primera parte de estas jornadas tuvo lugar el pasado 1 de octubre con la proyección del documental Arg(h)itzen, del director Mikelatxo Urbi.

La gran cantidad de casos hacen imposible que se pueda hablar de sucesos aislados. Sin embargo, denuncian que sus reclamaciones han caído en saco roto. Ruiz-Huerta, del Cura y Larraia ya denunciaban en infoLibre la inacción del Defensor del Pueblo. En esta carta publicada en este medio explicaban cómo, en la respuesta que recibieron ante la petición de un informe extraordinario sobre las torturas en Euskal Herria, la institución sacaba pecho por haber elaborado cientos de recomendaciones y sugerencias para prevenirla, mediante el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, aunque el Comité de Derechos Humanos de la ONU expuso que estas recomendaciones apenas se habían aplicado en las instituciones españolas. 

Estaban convencidos de que con Ángel Gabilondo al frente del órgano sería distinto. Sin embargo, su respuesta no fue la que esperaban. El Defensor del Pueblo alegó que los “casos de gravedad" sucedieron entre el franquismo y la Transición. Sin embargo, los organizadores de la jornada aseguran, que las torturas han formado parte del Estado español hasta hace solo unos pocos años. “Esto es lo que se dice siempre, que son cosas del pasado, en los noventa se decía que era algo de los ochenta, y así a cada década”, expresan antes de entrar.

“El Defensor del Pueblo puede hacer lo que quiera, puede velar y supervisar a todas las administraciones y pedir los documentos secretos. Lo que queremos es que haga un informe sobre la tortura, que se cree una comisión, porque queremos que se escuche su voz, porque el silencio es el cómplice indispensable de los torturadores”, denuncia Ruiz-Huertas.

Uno de los objetivos principales de estas jornadas es el planteamiento de una Comisión de la Verdad, que siga la estela de la que José Antonio Martín Pallín creó en relación a las 7.291 personas que murieron en residencias durante la pandemia por los "Protocolos de la Vergüenza". Aun así, entienden que puede haber obstáculos, como que en ella tendrían que participar aquellos que perpetraron esas torturas y, según las reacciones de los sindicatos policiales, no parece que esto vaya a ser viable.

El sistema judicial parece estar más de un lado concreto denuncia el catedrático Joaquín Urías. “Lo que demuestra que un país es una democracia, no es que no haya torturas, sino que se puedan investigar. Los que se encargan de esto son los jueces. El problema que tenemos es hay muchos que no han pasado la Transición. Los mismos jueces que metían a la cárcel a alguien por participar en política, ahora son los que aplican las leyes democráticas o son quienes han preparado a los que ahora ocupan su cargo”, explica Urías. 

“En España se tortura”, añade y la propia policía impide que estas torturas se investiguen. Siempre sucede lo mismo: una persona denuncia a la policía por malos tratos y la policía dice que la misma persona les ha agredido. Los jueces se inclinan por la segunda versión y, por lo tanto, no se investiga. Solo se puede dar en el caso de que haya vídeos, aunque en muchas ocasiones, tampoco da resultado o se alega que “era la fuerza necesaria”. 

Según un informe del Instituto Vasco de Criminología, la investigación de los casos de tortura se puede complicar ante el silencio que provoca el trauma en las victimas. También la falta de una investigación ha provocado en ellas “un sentimiento de desconfianza hacia las instituciones y el sistema de justicia”, según el informe.

En este sentido, Gabriela López afirma que "la sociedad civil rellena los huecos que faltan". Por ello, insiste, la colectivización es vital para que aquellos que han sido torturados entiendan que el fallo no es suyo, sino del sistema.

Hace ya más de un año, quienes firmamos este artículo mantuvimos una reunión con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. Nos recibió cordialmente, en su despacho, el día 4 de junio de 2024. Escuchó con atención, mientras le hablábamos de las torturas y abusos policiales en el Estado español, y especialmente en Euskal Herria, durante las últimas décadas. Gabilondo pertenece a una sociedad, la vasca, muy sensibilizada con el maltrato policial. Sabe muy bien lo ocurrido allí. Nos lo dijo él.

Al finalizar la entrevista, le entregamos un lápiz de memoria con abundante documentación acreditativa de la tortura, y una copia del documental Karpeta urdinak (Carpetas azules), dirigido por Ander Iriarte, en el que el prestigioso forense Francisco Etxeberria Gabilondo desvela los (casi) 6.000 casos de tortura documentados en los cuatro territorios forales, desde 1978 hasta 2014 (aunque estima que la cifra real estaría en torno a 20.000, porque muchas víctimas tienen un profundo rechazo a someterse a las pruebas de verificación y revivir situaciones tan traumáticas).

Le pedimos que elaborase un informe extraordinario sobre la tortura y que lo presentara al Parlamento, para que los diputados valorasen la posibilidad de llevar a cabo algún acto de reparación a las víctimas. Gabilondo dudó un instante: quizá era preferible derivar nuestra petición hacia la Fiscalía de la Memoria, porque las torturas se practicaron años atrás. Lo insinuó sin mucha convicción, porque el mandato constitucional es categórico y atribuye al Defensor del Pueblo la supervisión de la actividad de las administraciones públicas para la defensa de los derechos recogidos en el Título l de la Constitución, y en especial los referidos a la integridad física y la dignidad de las personas.

Como le hicimos ver que la Fiscalía no era la vía adecuada para dar cauce a nuestra propuesta, nos pidió tiempo: necesitaba reflexionar. El verano de 2024 estaba a la vuelta de la esquina, y prometió llamarnos en septiembre. Propuso incluso celebrar una “ronda de encuentros” con el fin de buscar entre todos la mejor opción posible.

Transcurrió septiembre. Y octubre. Finalmente, en noviembre, recibimos una llamada telefónica del gabinete del Defensor. Gabilondo había cambiado de parecer: no habría más entrevistas. Deberíamos dirigirnos por escrito a la institución que preside, para dar a nuestra solicitud la tramitación reglamentaria.

Así lo hicimos. Y, con fecha 6 de febrero de 2025, le enviamos una carta instándole a que elevase al Parlamento un informe extraordinario sobre la tortura en el Estado español, para que las Cortes Generales valorasen la oportunidad de realizar un acto de reparación a las víctimas por el daño injustamente sufrido.

En nuestra carta citábamos de nuevo los informes del Instituto Vasco de Criminología sobre torturas en la Comunidad Autónoma Vasca y en la Comunidad Foral de Navarra –que ya le entregamos en la reunión del 4 de junio de 2024– y le adelantábamos nuestra intención de hacerle llegar –si nos recibía personalmente– una copia del documental Non dago Mikel? (¿Dónde está Mikel?), dirigido por Amaia Merino y Miguel Ángel Llamas, que aborda la muerte por torturas de Mikel Zabalza Garate en el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo.

El pasado 13 de marzo recibimos la respuesta del Defensor del Pueblo. En su escrito exponía que elaborar un informe extraordinario procede “cuando la gravedad o urgencia” no aconseje esperar hasta la presentación del informe con el que anualmente rinde cuentas de su gestión ante las Cortes Generales. Nada decía sobre los 20.000 presuntos casos de tortura en Euskal Herria: al parecer no tienen, a juicio de Gabilondo, gravedad suficiente como para elaborar un informe extraordinario. Se limitaba a afirmar que “lo habitual” es que el Defensor concentre sus esfuerzos en supervisar “las conductas irregulares de los poderes públicos que están aconteciendo (sic) en la actualidad”.

Además, en su escrito sugería que dirigiésemos nuestra petición a la Comisión de la Memoria Democrática encargada de investigar “las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la Dictadura”. No le habíamos pedido eso. Le propusimos que presentara al Parlamento un informe sobre las torturas practicadas por agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, bien cumpliendo órdenes o con la aquiescencia de sus superiores u otras autoridades, desde 1960 hasta nuestros días. 

Finalmente, en su respuesta, Gabilondo se mostraba satisfecho porque la institución que preside ha formulado cientos de recomendaciones y sugerencias para la prevención de la tortura, a través de los informes elaborados por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), que depende del Defensor. Lo que no dice es que esos informes del MNPT nunca han recogido denuncias de personas detenidas en régimen de incomunicación. Sus recomendaciones han sido para “prevenir” posibles casos futuros de tortura. Y el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha mostrado su “preocupación por la limitada difusión y aplicación efectiva” de sus recomendaciones por parte de la Administración o las autoridades penitenciarias españolas.

Más que una resolución basada en razonamientos jurídicos, la respuesta del Defensor del Pueblo es un primoroso ramo de excusas envuelto en citas legales. Y un desprecio añadido al daño sufrido por las víctimas. Porque lo que viene a decir el Defensor en su escrito –para quienes no estén familiarizados con la retórica del lenguaje burocrático– es que se lava las manos ante la tortura y no quiere saber nada de lo ocurrido en las cloacas del Estado, entre 1960 y 2014. Gabilondo se sitúa así junto a los negacionistas de la tortura que le precedieron en el cargo. Con el agravante de que sus antecesores no disponían de tanta información como él, que conoce bien lo sucedido en Euskal Herria. 

Antes de ser Defensor del Pueblo, Gabilondo fue catedrático de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. Impartía lecciones de Metafísica, disciplina que busca comprender la naturaleza esencial de la realidad. Investigar esa escalofriante realidad de la tortura practicada durante décadas en nuestro país es a todas luces un deber moral. Más aún: es una obligación legal establecida en la Convención sobre la Tortura de Naciones Unidas (suscrita por el Estado español el 4 de febrero de 1985), cuyo artículo 12 dice: “Todo Estado Parte velará por que, siempre que haya motivos razonables para creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto de tortura, las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial”. Basta una mirada a los informes sobre tortura publicados por el Instituto Vasco de Criminología para saber que hay “motivos razonables” para llevar a cabo una investigación.

En este sentido, el citado Comité de Derechos Humanos de la ONU lamenta, en su último informe, que hasta la fecha “no se haya iniciado ninguna investigación en relación con los más de 5.000 testimonios documentados de personas que presuntamente fueron sometidas a torturas y malos tratos, entre 1960 y 2014, en el País Vasco y Navarra”.

No sabemos bien qué ha pretendido el Defensor del Pueblo con la carta que nos ha remitido: si intentaba sacudirse de encima una propuesta que le resultaba incómoda, o mantener el silencio con que se ha venido ocultando la práctica de la tortura en nuestro país. Tal vez no haya querido molestar a viejos compañeros del PSOE que contribuyeron con entusiasmo a sistematizar la tortura en los años de plomo de los GAL. O quizá se ha lavado las manos por miedo a que la prensa del Movimiento le dedicase algún titular, tipo: El Defensor del Pueblo también es ETA, o Gabilondo quiere romper España... Da lo mismo: no pararemos hasta que se reconozca públicamente la verdad de lo ocurrido. 

Los días 30 de septiembre y 7 de octubre vamos a celebrar, en el Teatro del Barrio –Lavapiés (Madrid)–, unas jornadas sobre la tortura con participación de personas torturadas, científicos, juristas, diputados y diputadas de distintas fuerzas políticas, periodistas y representantes del mundo de la cultura. Por supuesto, invitaremos al Defensor del Pueblo. Queremos abrir un debate público como paso previo a la creación de una Comisión de la Verdad sobre la tortura en el Estado español.

Es hora de que nuestra sociedad conozca la realidad de lo ocurrido durante décadas en las cloacas del Estado español, donde se ha torturado salvaje e impunemente con la connivencia de poderes públicos, fuerzas políticas, jueces, medios de comunicación y el silencio de instituciones como el Defensor del Pueblo. Las víctimas de la tortura necesitan una reparación. Un reconocimiento público del daño que han sufrido. Y que se oiga la voz honda y quebrada de su dolor.

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Jorge del Cura Antón es Premio Nacional de Derechos Humanos y miembro del Centro de Documentación contra la Tortura, Pedro José Larraia Legarra, es defensor de los derechos humanos y Juan Ignacio Ruiz-Huerta y Sáez es exjefe del Gabinete del Defensor del Pueblo.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha reclamado este jueves a las Administraciones que afronten de forma conjunta y lo antes posible la situación de las personas vulnerables que pernoctan en el aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas. Además, ha solicitado información sobre cómo tienen previsto abordar esta situación de emergencia social. La petición llega poco después de que este mismo miércoles comenzasen los controles de acceso en el aeródromo para evitar que se agrave la situación generada por la pernoctación de personas sin hogar en las terminales.

Gabilondo también ha propuesto un encuentro con el alcalde de Madrid, José Luis Rodríguez Almeida, y con el presidente de Aena, Maurici Lucena, con el objetivo de atender las necesidades de esas personas y garantizar sus derechos fundamentales.

Además, ha solicitado información al Ayuntamiento de Madrid sobre la intervención que han realizado los servicios sociales municipales para atender adecuadamente a estas personas sin hogar y sobre el resultado de la coordinación establecida con Aena y el resto de las Administraciones concernidas.

Del mismo modo, ha ampliado una actuación abierta desde el mes de de marzo con Aena para que explicaran cómo tienen previsto abordar esta situación de emergencia social en distintos aeródromos, prioritariamente en Barajas, pero también en El Prat.

Además, también se ha solicitado a esta empresa pública información sobre las medidas anunciadas sobre el control de acceso al aeropuerto madrileño en horario nocturno. En concreto, Gabilondo quiere conocer el alcance de la medida anunciada y su fundamento jurídico.

Aena ha informado de que estas medidas no suponen el cierre de las terminales, sino que las entradas y las salidas al interior de los edificios estarán limitadas a unas puertas concretas. Su presidente dijo este martes que, a la vista de la no resolución de este problema, hay un informe de la abogacía del Estado que avala los dispositivos que se van a desplegar en el aeródromo.

El Defensor del Pueblo lleva meses preocupado por esta problemática que se da en varios aeropuertos españoles pero que adquiere especial gravedad en las instalaciones madrileñas. El propio Gabilondo visitó la noche del 15 de mayo la T4 de Barajas para comprobar en persona la situación de estas personas.

“El tiempo es oro” es un refrán popular que reconoce que el tiempo es uno de los bienes más preciados, y según explica el Instituto Cervantes, nos invita a ser diligentes en nuestros asuntos, recordando que, por ser la vida breve, se debe aprovechar el tiempo que se nos concede.

Mis dos grandes conclusiones de la lectura del Informe 2024 del Defensor del Pueblo son las esperas excesivas que sufre la ciudadanía para poder disfrutar de sus derechos reconocidos por una insuficiente dotación presupuestaria y correspondiente falta de personal, y una falta de empatía en el diseño de laberintos administrativos que condicionan ese disfrute. 

Lo traigo aquí porque se publicó hace unos días, y creo que ha pasado bastante inadvertido, un año más, a pesar de su relevancia y utilidad. El Informe evidencia y señala, pero también recomienda, recuerda e insta. Es un diagnóstico que se nutre de las reclamaciones que efectivamente registran las personas, sobre qué servicios públicos funcionarían mejor si las administraciones públicas responsables de su prestación adoptaran las recomendaciones que año a año emite.  

Ordenados los asuntos en función de las quejas recibidas, arranca con sanidad y confirma cuatro grandes carencias. La primera es la insuficiente cobertura de vacantes de personal sanitario y las dificultades para contactar por teléfono con los centros de salud de atención primaria. La segunda son las largas y lentas listas de espera para especialista, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas. La tercera señala la ausencia de un protocolo nacional para el cribado de cáncer de mama, y que incluya a las personas trans. La cuarta reclama más recursos y coordinación para atender los problemas de salud mental de jóvenes y adolescentes. 

Sobre el problemón de la vivienda destaca el incumplimiento de muchas comunidades autónomas de la obligación de implementar la Ley (estatal) 12/2023 de Vivienda, además de la urgencia de multiplicar el parque de viviendas públicas destinadas al alquiler, y que sea especialmente protegido. Reitera la falta de agilidad y de transparencia de los procedimientos de adjudicación de viviendas públicas, el retraso en la resolución de las ayudas del bono alquiler joven y la desinformación y abandono que sufren las familias amenazadas por un desahucio.

La violencia contra las mujeres motivó la elaboración en 2024 del informe especial “Violencia vicaria de género. Las otras víctimas”, que identifica importantes carencias en los mecanismos de protección. Sobre esta lacra de la violencia machista también sospecha que haya sesgos discriminatorios por edad, tanto hacia las víctimas adolescentes cuando el agresor es también menor, como a las mujeres mayores que, cuando son víctimas, están invisibilizadas.

Denuncia las situaciones insostenibles a las que se ven empujadas las personas en situación de vulnerabilidad cuando reciben cobros indebidos de prestaciones sociales por error de la propia administración, y son llamadas a reintegrar, ipso facto, pasados varios meses o años, la totalidad de lo percibido en un único plazo. Recuerda también la necesidad de contar con una prestación por cuidado de menores afectados por enfermedades graves.

La falta de coherencia en el modelo de atención social a las personas con discapacidad, incluidos los retrasos en la valoración que pueden superar los cuatro años, coprotagoniza las quejas de políticas sociales, junto con la situación de las residencias de mayores y la insuficiencia del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

A la Justicia se le achacan retrasos en la tramitación de expedientes nacionalidad y en el Registro Civil; falta de coordinación con la policía ante el aumento de delitos de suplantación de identidad tras robo de documentación; el trato mejorable brindado por la Policía Nacional y la Guardia Civil; y la insuficiencia de medios del sistema de acogida humanitaria.

Los retrasos en el establecimiento de las Zonas de Bajas Emisiones en bastantes municipios obligados a tenerlas desde 2023, y el ninguneo institucionalizado a las declaraciones e informes de impacto ambiental, concentran las quejas relacionadas con el medio ambiente. 

En educación es mucho lo mejorable. Desde revertir la falta de creación de centros públicos para absorber el aumento de población escolar, a auditar los procesos de admisión en las etapas obligatorias, pasando por revertir la falta de profesorado de ciertas especialidades. Mención especial merecen dos asuntos. Uno, el acoso escolar, cuyos protocolos de actuación solo se aplican a petición de las familias de la víctima, y sin medidas dirigidas a que el acosador modifique su conducta. Dos, las dificultades para que los menores con necesidades educativas especiales participen en actividades extraescolares. 

Sobre comunicaciones y transporte, el mayor tirón de orejas es para los tiempos de espera y la saturación de trenes y andenes de los servicios ferroviarios de cercanías, especialmente en Madrid y Barcelona.

En nuestra faceta de consumidores, las quejas se concentran en cuatro asuntos: la falta de accesibilidad universal a los servicios financieros; la desprotección en los procedimientos de reclamación a compañías de suministro de gas y electricidad; la publicidad dirigida a menores; y la inacción de las administraciones frente a las viviendas de uso turístico ilegales. 

Presentar una reclamación es un acto que nos da pereza porque supone un esfuerzo excesivo en determinadas circunstancias, pero es la única manera de evidenciar lo que no funciona bien y que necesita mejorar.   

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Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid.

La Cañada Real continúa sumida en la penumbra. Más de 4.000 personas –incluidos 1.800 niños y niñas– siguen enfrentándose a un corte eléctrico por quinto invierno consecutivo. Miles de familias deben sobrevivir en un entorno marcado por la precariedad y sin acceso a un recurso tan básico como la electricidad, esencial para cocinar, calentar sus hogares o, simplemente, iluminar sus noches. Lo que comenzó como una crisis energética se ha convertido en una emergencia humanitaria que sigue sin resolverse, a pesar de los repetidos llamados de organismos internacionales y nacionales para restablecer el suministro eléctrico. 

“La situación”, comenta Jorge Martínez, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid (UCM3) y unos de los encargados del estudio Diagnóstico de los usos y necesidades energéticas de la población de la Cañada Real Galiana, “no ha cambiado absolutamente nada”. Tras más de cuatro años sin suministro eléctrico, y según datos recogidos entre 2021 y 2023, muchos hogares monitoreados han registrado temperaturas interiores inferiores a los 18 °C en  pleno invierno –condiciones que comprometen seriamente la salud de sus habitantes–, lo que, en palabras de Martínez, “está muy por debajo de lo que la Organización Mundial de la Salud considera un rango saludable o confortable”. 

Y ahora, con la llegada del frío, es el sector V de la Cañada es quién más está sufriendo estas consecuencias. Según explica el profesor de la UC3M, en esta época, tienen “auténticos problemas de suministro”. ¿La razón? Unión Fenosa Distribución, de la empresa Naturgy, instaló un reconector –un aparato que permite regular la corriente eléctrica que se suministra a una línea determinada– cuya corriente programada es inferior a la máxima demandada. Entonces, en periodos de máxima demanda, el sector 5 tiene que autolimitarse desconectando partes del suministro para evitar que se sobrecargue el sistema.

Desde Naturgy muestran su preocupación por la situación de los vecinos de la zona, sostienen que Unión Fenosa Distribución "colabora con las distintas administraciones con competencia en materia de energía en la Cañada Real y que está a plena disposición de los afectados para asesorarles" en lo que haga falta, dicen en declaraciones a infoLibre.

Por otro lado, Unión Fenosa Distribución "ha detallado a los afectados las gestiones que tienen que realizar para contratar el suministro", sostienen. Desde la empresa energética aseguran que una vez se haya comprobado que la solicitud ha cumplido con los requisitos necesarios, se devolverá la conexión a la red de forma inmediata a los vecinos.

infoLibre se ha puesto en contacto con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, uno de los municipios que atraviesa la Cañada, para conocer su valoración al respecto, pero no ha obtenido respuesta alguna.

Las conexiones eléctricas irregulares han sido sustituidas tras el corte por métodos improvisados: generadores de gasoil, paneles fotovoltaicos y cocinas de gas butano. Estas soluciones, además de costosas e ineficientes, no logran cubrir las necesidades básicas de las familias, generando lo se domina como "pobreza energética extrema", un fenómeno poco común en la Unión Europea por su escala y duración. Según Jorge Martínez, ni los generadores ni los paneles son una solución definitiva. Por un lado, los generadores “ni son los más saludable, ni lo más aconsejable”, especialmente por el ruido, mientras que los paneles fotovoltaicos –instalados en muchas ocasiones como buenamente se ha podido– precisan de una batería externa para seguir funcionando cuando no hay luz solar. Estos factores mantienen todavía a la población de la Cañada Real en una situación de “precariedad absoluta”.

El problema, además, no se limita al frío. Gabriela López Neyra, coordinadora técnica y Responsable de Planificación estratégica del Grupo Sira, se percató, mientras realizaban el estudio La Cañada responde. Impactos psicosociales del corte del suministro eléctrico, del impacto de no tener luz en la vida cotidiana. “Las tareas del hogar se complican mucho más, con lo cual, la carga habitual de una casa, requiere mucha más logística y mucha más organización”, recalca. Esto no solo provoca un desgaste cotidiano, sino que también genera aislamiento y dificultad de acceso a determinados empleos. 

López Neyra, además, hace referencia a una especie de “muerte civil”. En un mundo hiperconectado, la vida social se articula a través de la tecnología –redes sociales, series o participar en actividades comunes que exigen electricidad–, pero la falta de luz “va mermando la capacidad de socialización”. Señala que otro aspecto muy llamativo de esta situación es el propio desgaste de los vecinos: “La vecindad de Cañada es muy reivindicativa y tiene muy claro su derecho a la luz, pero hay un desgaste. Son muchos años y esto de alguna manera ha ido fragmentando las relaciones entre los vecinos”. El cansancio y  el miedo han ido haciendo mella en el tejido vecinal y, aunque la Cañada sigo constituyendo un lugar con mucha identidad, “cada persona a nivel individual está sufriendo y cuando estás sufriendo, te cuesta más vincularte a lo comunitario”.

Como indica López Neyra, esta situación solo se ha transformado en una pérdida esperada de confianza en las instituciones y la propia democracia, sino que ha tenido impacto directo en la salud mental de los vecinos. En el estudio realizado por el grupo Sira, afirma que antes del corte del suministro eléctrico, el 11,8% de los encuestados  habían necesitado atención respecto a problemas vinculados a la salud psicológica. Tras el corte, el 55% afirmaban haber necesitado atención o no haber acudido aún, pero valora que sí sería necesario en la actualidad. Este incremento viene acompañado de un aumento de los síntomas ansioso-depresivos, de tristeza y, en algunos casos, de ideación suicida.

El estudio, además, califica a los sectores afectados por el corte eléctrico de  la Cañada Real como “entorno torturante”, debido a las condiciones y las prácticas ejercidas por las instituciones con un objetivo punitivo o discriminatorio. En palabras de López Neyra, la falta de luz se suma a la criminalización de los vecinos, la violencia administrativa y la exclusión social, lo que dificulta la vida de las personas. 

Este mes de noviembre se conocía que el Consejo de Europa condenaba a España por dejar sin electricidad a la Cañada Real, vulnerando los derechos de vivienda, salud y protección contra la pobreza de las más de 4.000 personas que allí habitan. Una resolución que se ha hecho esperar más de un año y cuya reclamación estaba firmada por más de 50 organizaciones.

Según Javier Rubio, abogado y miembro de la Plataforma Cívica Luz Ya, esta resolución, llega tras varias reclamaciones emitidas por el Defensor del Pueblo (en 2020, 2021 y 2022) en las que se insta firmemente  a las administraciones, empezando por la Comunidad de Madrid, a garantizar el suministro eléctrico en condiciones dignas. Estas han sido, sin embargo, ignoradas sistemáticamente.  

Para Rubio, la posición que toma el Consejo de Europa, “es una declaración judicial del más alto nivel en materia de derechos humanos en Europa”. Esto, a su parecer, debería conllevar un plan de actuación por parte de las instituciones, aunque el pronunciamiento ya es significativo en sí mismo, ya que declara “a las autoridades españolas fuera de la ley europea de derechos humanos y avala todas las denuncias presentadas por la población y las organizaciones”. 

Aún así, la pregunta sigue siendo la misma: ¿cuánto tiempo más tendrán que esperar los vecinos de la Cañada Real para poder volver a vivir con dignidad?

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha reclamado colaboración y coordinación entre Iglesia y Estado para dar ya una respuesta concreta a las víctimas de abusos, y anteponer la reparación "a cualquier otra diferencia ideológica o de creencia", según recoge EFE. Gabilondo ha presentado en el Pleno del Congreso de los Diputados el Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos, y con su debate culmina la encomienda del Parlamento, transcurrido más de un año desde que lo entregó a la presidenta de las Cortes Generales, Francina Armengol, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Las víctimas esperan una respuesta concreta a su situación y que no se postergue", ha asegurado el defensor, quien considera que llegado este momento "es imprescindible que, por el bien de las víctimas, Iglesia y Estado adopten compromisos conjuntos".

Gabilondo ha instado al Legislativo y al Ejecutivo a implementar "cuanto antes" las recomendaciones contenidas en el informe de la institución. "Se ha de anteponer la reparación a las víctimas a cualquier otra diferencia ideológica o de creencia", ha aseverado.

El informe se nutre de testimonios sobre los abusos sexuales y "responde a lo que las víctimas de abusos sexuales vienen requiriendo: ser escuchadas, atendidas y correspondidas", ha dicho. A través de esos testimonios recabados por la Unidad de Atención a las Víctimas ha constatado un total de 674 víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica: 563 fueron hombres (el 84,19 %) y 110 mujeres (el 15,61 %).

La gran mayoría tenía entre 30 y 75 años en el momento de la entrevista, siendo la franja de edad más numerosa la comprendida entre los 50 y los 65 años, con 186 víctimas, el 39 %, ha detallado Gabilondo.

Las víctimas hablan "de daños cognitivos, de daño espiritual, de dificultades en la vida afectiva y sexual y en la relación con los propios hijos, y de la repercusión que ha supuesto para el resto de la familia que, por extensión, muchas veces también han sufrido toda su vida por ello", ha expuesto. "Incluso las expectativas laborales se han visto condicionadas negativamente en muchos casos".

En su exposición, el Defensor del Pueblo se ha referido a la encuesta -encargada a GAD3- "para enmarcar las dimensiones del problema y fijar la incidencia de los abusos sexuales en cualquier ámbito de la sociedad española, además del religioso".

La encuesta a 8.013 personas revela, entre otras cosas, que el 11,7 % de los entrevistados afirma haber sufrido abusos sexuales antes de cumplir 18 años; el 3,36 % manifiesta que ese abuso se produjo en el ámbito familiar; el 0,6 %, que ha sido agredido sexualmente por un sacerdote o religioso católico; y en un 1,13 % la agresión se registró en el ámbito religioso.

Gabilondo ha desgranado algunas de las 24 recomendaciones que contiene el informe, que se dirigen "al Legislativo, al Ejecutivo, al conjunto de los poderes públicos, a la Iglesia y a la misma sociedad española".

Entre ellas, la de celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas ante el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad de la Iglesia y los poderes públicos, sobre todo entre 1970 y 2020, y la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas.

Otras propuestas son que la Iglesia adopte "compromisos públicos" y que se cree un órgano administrativo especial encargado de que instaurare un procedimiento de reconocimiento y reparación, junto a diversas reformas normativas para la aclaración y reparación.

Pero también que ponga los medios necesarios para ayudar a las víctimas en el proceso de recuperación, ofreciendo tratamiento cuando lo requieran, y que las diócesis y los institutos de vida consagrada abran a los investigadores la información contenida en sus archivos.

Para Gabilondo se ha roto el silencio, "aunque para las víctimas resulte de una manera tardía", y ha sido posible por el esfuerzo de ellas, de los medios de comunicación y de las personas desde distintos ámbitos han acompañado a las víctimas en sus reivindicaciones.

El defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha pedido al Parlamento que implemente cuanto antes "medidas concretas" y las recomendaciones en relación con los abusos en la Iglesia propuestas por la institución, que ha reunido 674 testimonios de víctimas: "Lo necesitan, no pueden esperar". Gabilondo ha presentado según informa EFE en la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo el Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica, que ya entregó hace casi un año, primero a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y días después al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Es la hora del Parlamento, como consecuencia de la encomienda y tras este informe. Es el momento del Legislativo y del Ejecutivo. Las víctimas esperan que se implementen, lo antes posible y de la mejor manera, las recomendaciones y sugerencias formuladas", ha aseverado el defensor a los grupos parlamentarios.

El informe contiene 24 recomendaciones centradas en la atención y respuesta a las víctimas que proponen, entre otras cosas, celebrar un acto público de reconocimiento, crear un fondo estatal para pagar compensaciones, que la Iglesia ponga medios para ayudar a los afectados en el proceso de recuperación, y reformas normativas para prevenir abusos y reparar a las víctimas.

En total, la Unidad de Atención a las Víctimas ha incluido 674 testimonios de víctimas, ya que desde que se hizo público el informe -octubre de 2023- hasta este martes se han registrado otros nuevos testimonios.

Para Gabilondo estos nuevos casos no modifican las conclusiones del estudio, más bien "las reafirma", y ha incidido en que no se trata de un informe cuantitativo sino cualitativo. "No ha sido nuestra intención conocer el número de casos registrados en España, sí conocer el alcance del problema, cómo se puede reparar a las víctimas y qué se puede hacer para tratar de evitar que vuelva a pasar", ha expresado.

En el informe "se da respuesta a una situación de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido cubierta por un injusto silencio y subraya los factores de riesgo y las consecuencias de estos abusos, expone las respuestas que ha dado la Iglesia católica y cómo se ha abordado la cuestión por parte de los poderes públicos".

Según Gabilondo, el objetivo de la institución ha sido el de describir la dimensión del fenómeno de los abusos, sus causas y sus consecuencias en las personas afectadas. Para él, además, los testimonios "revelan el impacto devastador que los abusos sexuales han tenido en sus vidas".

El defensor se ha mostrado esperanzado en que los trabajos realizados y las conclusiones y recomendaciones derivadas de los mismos "contribuyan a la determinación de los hechos y responsabilidades, a la reparación de las víctimas y a la planificación de las políticas públicas orientadas a la prevención y atención de los casos de abusos sexuales cometidos sobre niños y adolescentes".

Gabilondo ha detallado que la unidad de atención de víctimas ha recibido 516 testimonios que se han considerado como válidos, lo que supone la incorporación de 144 nuevos relatos tras la publicación del informe. "La mayoría de estos testimonios, 471, son directos, es decir, han relatado durante un buen tiempo, un largo tiempo, un abuso sufrido personalmente; los indirectos son aquellos que han relatado el abuso sufrido por otra persona, a veces un hermano, a un compañero de clase", ha asegurado.

Según el defensor, "a raíz de los testimonios se han podido tener constancia y conocimiento expreso de un total de 674 víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica". De todas las víctimas escuchadas, 563 fueron hombres y 110 mujeres. La gran mayoría tenía entre 30 y 75 años en el momento de la entrevista, siendo la franja de edad más numerosa la comprendida entre los 50 y los 65 años.

Para enmarcar las dimensiones del problema, la institución realizó una encuesta demoscópica (a 8.030 personas) que mostró, entre otros resultados, que el 0,6% de la muestra representativa de la población encuestada había sido agredida sexualmente por un sacerdote o religioso católico y que en un 1,13% la agresión se registró en el ámbito religioso. Tras recibir la petición de la Cámara, entregó el material de la encuesta el 20 de agosto a la presidenta del Congreso.

"El abuso sexual contra menores preocupa de modo muy singular, el 72% consideró que el abuso sexual infantil es un problema social muy grave y un 24,4% bastante grave", ha concretado. Sobre la prevalencia, el 11,7% afirman haber sufrido abusos sexuales, antes de cumplir 18 años y un 3,36% manifiesta que ese abuso se produjo en el ámbito familiar.

El defensor ha explicado que la respuesta de la Iglesia en un primer momento fue de minimizar el alcance los abusos y calificarlos como "casos asilados o manzana podrida" y se ha pasado a un "implícito reconocimiento de los hechos" y la realización de protocolos de prevención: "La Iglesia no es un todo homogéneo".

"Las víctimas creen que la respuesta ha sido insuficiente y pocas veces han sido atendidas de manera suficiente y adecuado", ha asegurado Gabilondo. 

El Defensor del Pueblo ha decidido no recurrir al Constitucional la ley de amnistía por respeto institucional a los tribunales que ya la han recurrido, pero también porque no ve razones para considerar que sea arbitraria, según informa EFE.

Este miércoles -fecha en la que termina el plazo para la presentación de recursos- el Defensor ha hecho pública su posición ante los treinta escritos recibidos las últimas semanas en los que ciudadanos y entidades le han pedido que impugne la norma.

De esta forma no interpondrá recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, a la que se pueden acoger implicados en el proceso de independencia catalán, "tanto por razones institucionales como de fondo".

El Defensor del Pueblo entiende que por su posición institucional se debe apartar de los asuntos en los que ya hay intervención judicial y recuerda que el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña han interpuesto cuestiones de inconstitucionalidad. Y en la misma línea también ha tenido en consideración el respeto a los ciudadanos hasta ahora amnistiados por los jueces en aplicación de esta ley.

No obstante, la resolución del Defensor desarrolla algunas cuestiones de fondo sobre los conceptos de arbitrariedad e igualdad en relación con la norma y entiende que una ley orgánica aprobada con la mayoría reforzada exigida en la Constitución goza de la presunción de constitucionalidad.

Indica que el análisis de proporcionalidad encuentra motivos históricos, de derecho comparado, jurisprudenciales y conceptuales que permitirían contradecir su presunta arbitrariedad.

Y cree que "es difícil que no se encuentre alguna consideración razonable en una ley que lleva en su epígrafe que se aprueba 'para la normalización institucional, política y social en Cataluña' aun cuando haya finalidades políticas en su contexto de aprobación, como no podía ser de otra manera".

Por otra parte, el Defensor señala que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional el principio de igualdad ante la ley exige tratar de forma igual situaciones de hecho iguales, pero no impide que el legislador regule de manera distinta situaciones que no lo sean, siempre que existan razones que permitan racionalmente diferenciar los supuestos de hecho conforme a criterios objetivos.

"De esta forma el legislador puede considerar que la situación de hecho de los posibles beneficiados por la amnistía, representantes populares, ciudadanos y empleados públicos, que cometieron delitos en un contexto determinado no es objetivamente igual a la de otras personas que también incumplieron las leyes sin ese vínculo con el contexto" en el que se produjo la actuación de los primeros, agrega.

Fundamenta que "la amnistía borra, extingue, el delito y la responsabilidad penal consiguiente respecto a un grupo o clase de conductas definidas que han acaecido en un determinado marco temporal legalmente tasado y vinculadas a un tipo de situación excepcional, en relación con la cual el legislador estima que existe un interés mayor que justifica esta medida".

La resolución del Defensor expone que "el silencio de la Constitución sobre la amnistía abre el juego a las interpretaciones" pero considera que "no prohíbe expresamente" la misma.

Y abunda en que "no se trata de una institución prohibida en los países de la Unión Europea, algunos de los cuales la mencionan en sus constituciones", como Francia, Italia, Dinamarca, Países Bajos, Portugal y Grecia.

Aclara que la ley no es efectiva por mera su entrada en vigor sino por la acción de los operadores jurídicos llamados por la propia norma a interpretarla y aplicarla

Este año ha cumplido 50, como yo, la institucionalización por primera vez de la figura de la defensoría del pueblo en lo que en Suecia se denomina el “Instrumento de Gobierno”, una de las cuatro leyes fundamentales de su Constitución, que expone los principios básicos para la vida política, define los derechos y libertades, y que configuró en su versión de 1974 la organización del gobierno tal cual persiste hoy en día en las democracias parlamentarias modernas como la nuestra, con su independencia de poderes, sus contrapesos y sus órganos autónomos e independientes de control y de supervisión. 

En tiempos menos modernos la institución de defensa del pueblo ya operaba, con otras atribuciones, otras dependencias y arreglos, por ejemplo, en el Reino de Aragón del siglo XII (entonces, el Justicia del Rey), abolida en 1707 junto a los Fueros, la Diputación y las Cortes, y recuperada allí a través del Estatuto de Autonomía de Aragón de 1982, tras su reconocimiento en nuestra Constitución de 1978. 

Junto con el Defensor del Pueblo estatal con el que contamos en España desde 1982, algunas comunidades autónomas reconocen esta institución a nivel regional en sus Estatutos de Autonomía. Otras no lo hacen. El Defensor del Pueblo, allí donde existe, es un alto comisionado del Parlamento (poder legislativo) para la defensa de los derechos de las personas en relación con las actuaciones y políticas públicas de las administraciones públicas (poder ejecutivo y poder judicial). En la UE contamos además con el Defensor del Pueblo Europeo, creado por el Tratado de Maastricht en 1992. 

Solo nueve comunidades autónomas ofrecen a su ciudadanía el recurso a una defensoría del pueblo autonómica, especializada, cercana, a la vuelta de la esquina. Las afortunadas son Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra y País Vasco. 

Sus denominaciones son diversas y preciosas: Procuraduría del Común, Diputación del Común, Ararteko, Valedora do Pobo, Sindicatura de Greuges (agravios) y Justicia. En inglés, el término es Ombudsman, que muchas (grandes) empresas ya comienzan a incorporar también en sus organigramas. Algunas de las defensorías regionales, además de proteger y defender los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía, tutelan el ordenamiento jurídico autonómico y defienden el Estatuto de Autonomía.

Cuatro comunidades autónomas ofrecían este recurso y ya no. La Región de Murcia tuvo un Alto Comisionado específico entre 2008 y 2012; el Principado de Asturias contó un Procurador General entre 2005 y 2013 y Castilla-La Mancha entre 2001 y 2011. La Rioja, que lo tuvo entre 2006 y 2013, ha decidido recientemente recuperarlo. Fueron suprimidos aludiendo hasta cuatro motivos: que las competencias entre el Defensor del Pueblo estatal y los autonómicos son coincidentes y concurrentes; que el número de quejas que reciben el estatal y el autonómico es similar; que tener dos es un derroche de ineficiencia administrativa y de gastos innecesarios; y que como ya hay uno estatal, la supresión no merma derechos.

Y cuatro nunca lo han ofrecido, ya sea porque no lo contempla su Estatuto (Comunidad de Madrid) o porque a pesar de estar reconocido, no ha sido dotado (Baleares, Cantabria y Extremadura). 

Veamos algunos números. El Defensor del Pueblo estatal inició en 2023 un total de 35.600 expedientes, la práctica totalidad (98%) quejas presentadas por la ciudadanía de forma individual o agrupada; el 0,8% (288) actuaciones de oficio y el 1,2% (389) solicitudes de interposición de recurso ante el Tribunal Constitucional. 

Mientras que la ciudadanía balear, cántabra y extremeña presentó al Defensor del Pueblo estatal, el único para ellas disponible, alrededor de 1.500 quejas en 2023 (un 4% de esas 35.000, que contrasta con el 6% que representan sus habitantes en el total del país), desde la Comunidad de Madrid, también sin defensoría autonómica, fueron más de ocho mil las quejas presentadas (el 25% del total, con un 14% de peso en términos de población). Unas cifras, las madrileñas, hacen sospechar que la ausencia de defensoría autonómica es contribuidora de un potencial riesgo de atasco por aluvión que afecta a propios (madrileños y madrileñas) y extraños (quien no es de Madrid), lo que sí merma derechos. Y además es insolidario.    

Las nueve defensorías autonómicas tramitaron en 2023 más de 52.000 expedientes de quejas, un 50% más de las tramitadas por el equivalente estatal, lo que desvela que sí tienen faena. Prevalecen, acercándose al 50%, las quejas relacionadas con las políticas de servicios sociales o bienestar social. 

Los expedientes se inician bien por petición de una persona afectada, bien de oficio. De oficio son los trámites o diligencias administrativas o judiciales que se inician por un organismo público sin necesidad de denuncia previa.

Las defensorías del pueblo no juzgan ni emiten sentencias, sino que, como indica el Justicia de Aragón, “a través de la fundamentación de sus resoluciones ejerce una magistratura moral”. Persuaden a través de la publicidad de las resoluciones, advertencias, sugerencias y recomendaciones que emiten sobre las actuaciones de las Administraciones, que llegan a la opinión pública, entre otros, a través de sus informes anuales. 

¿Qué por qué escribo de esto ahora? Dando paseos por Barcelona y por Valencia este verano vi numerosos reclamos callejeros manuscritos en carteles, tapias y paredes dirigidos con enojo al Síndic de Greuges. Googleé un poco y descubrí que de eso (defensoría, no reclamos, ni playa) no tenemos en Madrid. Y la realidad, además de las estadísticas, desvela que sí lo necesitamos.

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Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

Aunque el objetivo del Ingreso Mínimo Vital es prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social, la ayuda social en algunas ocasiones puede acabar convirtiéndose en un lastre para el beneficiario. Las personas que reciben estas prestaciones están obligadas a informar a la Administración cuando reciban nuevos ingresos, y a pesar de comunicarlo, las entidades gestoras tardan meses o incluso años en revisar la prestación. Esta tardanza burocrática provoca que cuando las administraciones lo acaban revisando les reclaman la devolución de todo el periodo.

Estas dificultades económicas y administrativas que están viviendo muchas familias han provocado que el Defensor del Pueblo inicie actuaciones para revertir la situación. La institución ha propuesto limitar, a través de una modificación legal, la obligación de devolver el Ingreso Mínimo Vital a hogares vulnerables cuando esté acreditada la buena fe de los beneficiarios o cuando el error sea atribuible a la Administración. Dicha modificación, trasladada al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pasa por cambiar el artículo 55 de la Ley General de la Seguridad Social que obliga al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a reclamar todas las deudas, en todos los casos.

Según Ángel Gabilondo, la mayoría de los beneficiarios son familias sin recursos y en situación de extrema necesidad que tienen muchas dificultades para poder devolver lo que ahora se les reclama. "Algunas de esas familias se han dirigido a nuestra institución exponiendo esta circunstancia. Por ello, hemos hecho llegar a la Administración nuestra petición de que en estos procedimientos de reclamación se atienda a la situación de emergencia económica en la que se encuentran muchas de esas familias, y no se les exija la devolución de las cantidades percibidas", apunta el defensor del Pueblo.

Además, varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Supremo español consideran que es desproporcionado reclamar la integridad de lo cobrado en prestaciones o ayudas asistenciales cuando se haya podido comprobar la buena fe de los beneficiarios o cuando el error se haya sido cometido por la propia Administración.

Este cambio legal también afectaría a otras ayudas asistenciales como pensiones no contributivas de invalidez o jubilación y a los subsidios de desempleo de larga duración. Por ello, la iniciativa también se ha dirigido a la Secretaría de Estado de Trabajo, órgano directivo del que depende el Servicio Público de Empleo Estatal, para conocer su criterio sobre la necesidad de abordar esta reforma, ya que tiene jurisprudencia al respecto.

El Gobierno exigirá a la Conferencias Episcopal Española (CEE) un sistema de reparación "obligatorio, efectivo" y en el que participen víctimas de abusos en la Iglesia.

Así lo ha puesto de manifiesto el Ejecutivo tras la reunión del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, con las asociaciones de víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica. El objetivo de la reunión era darles cuenta de la postura del Gobierno ante la intención de la CEE de establecer "un sistema de compensación no vinculante sin participación de las víctimas y al margen de las recomendaciones del Defensor del Pueblo", según ha informado este departamento.

Este encuentro ha tenido lugar un día antes de que una Asamblea Plenaria Extraordinaria de la CEE debata, y en su caso apruebe, el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos sexuales a menores y personas vulnerables equiparadas en derecho (PRIVA).

Bolaños ha explicado que durante los últimos meses el ministerio ha estado en contacto con la CEE para negociar un sistema de reparación para aquellos casos donde las acciones judiciales han prescrito de acuerdo con las recomendaciones establecidas en el Informe del Defensor del Pueblo, que consisten en la creación de un órgano mixto entre Iglesia y Estado.

En esa línea, el ministro ha transmitido que el Gobierno no aceptará "en ninguna circunstancia" un sistema unilateral como el propuesto por los obispos y ha asegurado que no se ha transmitido "en ningún momento" al Ejecutivo. Sin embargo, el portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), César García Magán, aseguró la semana pasada que los obispos habían informado al Gobierno de sus intenciones a través de la comisión bipartita en la que están representadas ambas partes.

Según el ministerio que dirige Bolaños, el plan de la Iglesia no cuenta con presencia de las víctimas, no es obligatorio para las diócesis y sus resoluciones no tienen carácter vinculante, por lo que no se garantiza "en ningún momento" la reparación. Los obispos tienen previsto someter el plan a votación de la Asamblea Plenaria este martes 9 de julio. Para su aprobación, necesitará mayoría de dos tercios, pero las diócesis no dependen de la Conferencia Episcopal Española (CEE), que es un órgano exclusivamente de coordinación, sino que son soberanas, por lo que siempre quedará a voluntad de cada obispo la aplicación del mismo.

"Ha costado mucho que las víctimas consigáis que la Iglesia reconozca el daño como para que ahora no se os garantice una reparación adecuada. El Gobierno estará a vuestro lado", ha subrayado Bolaños.

En definitiva, Bolaños ha transmitido a las víctimas que el Gobierno mantiene su apuesta por cumplir "fielmente" con las recomendaciones del Informe del Defensor del Pueblo, que fueron además asumidas formalmente por el Ejecutivo a través de un plan de implementación aprobado por el Consejo de Ministros en abril de 2024. En este sentido, se ha dado cuenta a las víctimas de las gestiones realizadas ante la CEE y de cómo se ha defendido esta postura tanto en las reuniones como en diversas misivas del ministro al presidente de esta institución.

Para finalizar, el ministro ha reiterado que se seguirá dirigiendo a la CEE para negociar un sistema de reparación acordado entre Iglesia y Estado que vincule a la Iglesia, cuente con la participación y la aprobación de las víctimas, genere un "entorno seguro y de confianza" para plantear sus casos, actúe con "criterios transparentes", esté integrado por profesionales independientes y compense "adecuadamente" a las víctimas de los abusos a cargo de la propia Iglesia.

Las asociaciones de víctimas que han acudido a la reunión han sido la Asociación de Víctimas de abusos de Navarra (AVA), la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), - Justice Initiative España, la Asociación contra los Abusos Sexuales en la Infancia (Lulacris), la Asociación nacional de Víctimas Anuladas (ANVA), Mans Petites y la Fundación Vicki Bernadet. La representación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha estado integrada por el ministro, Félix Bolaños, el subsecretario, Alberto Herrera, y la directora general de Libertad Religiosa, Mercedes Murillo.

El portavoz de Infancia Robada (ANIR), Juan Cuatrecasas, ha avanzado a Europa Press que algunas de las asociaciones que han acudido este lunes al encuentro con el ministro, no aceptarán la invitación de los obispos de acudir este martes a la sesión de clausura de la Plenaria. "Está ninguneándonos y mintiéndonos, asumiendo compromisos que luego no cumplen", ha asegurado sobre la CEE.

Además, ha indicado que ir a una sesión de clausura de una Plenaria "tampoco aporta nada". "Porque este plan, entre otras cosas, al no ser vinculante, ellos pueden aprobar un plan, pero si luego los obispos no lo cumplen, pues tampoco nos sirve", ha expuesto.

Asimismo, ha señalado que Bolaños les ha trasladado que el plan de reparación de la Iglesia "no ha contado ni con las víctimas, ni con el Gobierno" y que "no están de acuerdo", porque "no es vinculante". Igualmente, ha agregado que tiene que haber un garante público.

En este sentido, Cuatrecasas ha indicado que, a su juicio, el plan de reparación "tiene que ser algo conjunto, Iglesia-Estado," y "no algo de la Iglesia de forma unilateral".

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 23 de abril el 'Plan de respuesta e implementación del informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos', con el objetivo de saldar la deuda con las víctimas.

Entre las medidas se incluye la organización de un acto público con las víctimas y sus familiares y la adopción de las medidas legales y administrativas para aquellos casos en los que no hayan tenido oportunidad de una reparación en el ámbito judicial. El Ejecutivo quiere articular, con participación de la Iglesia, un fondo estatal de compensación a las víctimas de abusos.

Sin embargo, los prelados españoles señalaron que solo participarían en casos de que el fondo se destinaran a todas las víctimas y no solo las de la Iglesia. Además, los obispos han preparado un plan de atención integral a las víctimas que, según han avanzado, también contempla indemnizaciones. El plan será debatido y aprobado el martes 9 de julio con la intención de presentárselo al Papa este mismo mes en caso de que se apruebe.

El Defensor del Pueblo ha registrado 223 nuevos testimonios de víctimas de abusos sexuales en el entorno de la Iglesia tras la presentación del informe que realizó la institución y hasta el 22 de mayo. De ellos, se han considerado válidos 129 testimonios, según informa Europa Press.

Así lo ha detallado Ángel Gabilondo durante la presentación en el Pleno de la Cámara Baja de los informes anuales que recogen las principales líneas de actuación de la institución que dirige en 2022 y en 2023. En su intervención, ha repasado además la labor realizada por la Comisión Asesora para realizar el informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos tras la encomienda recibida por parte del Congreso en 2022.

El informe fue registrado y entregado a la presidenta del Congreso el 27 de octubre de 2023 y está pendiente de ser debatido en el Pleno. Gabilondo ha destacado que este informe, "enfocado en la atención central a las víctimas y en la respuesta a las mismas", se concreta en 24 recomendaciones y "subraya los factores de riesgo y las consecuencias de estos abusos, expone las respuestas que ha dado la Iglesia católica y cómo se ha abordado la cuestión por parte de los poderes públicos".

El Defensor del Pueblo ha propuesto al Gobierno declarar servicios económicos de interés general la retirada de efectivo, la realización de movimientos bancarios, así como garantizar la existencia de un cajero y oficina en núcleos poco poblados. Así se desprende del informe Retos de la inclusión financiera: servicios bancarios y personas vulnerables que ha presentado al Congreso la institución dirigida por Ángel Gabilondo.

El organismo justifica la adopción de estas medidas en las dificultades que suponen para ciertos colectivos realizar operaciones cotidianas y necesarias para el desarrollo de una vida normalizada como abrir una cuenta corriente, obtener dinero en efectivo o realizar una transferencia. La oficina del Defensor ha recibido en la última década 3.475 quejas relacionadas con estos temas.

A juicio de la institución, a pesar de que la actividad bancaria es un servicio básico -potenciado por el incremento de los pagos por medios digitales- el modelo vigente de atención al cliente ha de "ser optimizado por presentar lagunas que afectan, sobre todo, a los usuarios más vulnerables".

Para elaborar las conclusiones y recomendaciones de este informe, el Defensor del Pueblo ha realizado un diagnóstico desde distintos enfoques -regulación, proyectos legislativos, iniciativas de autorregulación del sector bancario- y ha examinado la operatividad de la atención bancaria y el acceso a efectivo, el servicio proporcionado a las personas con necesidades especiales, las cuentas de pago básicas, y la situación de la formación financiera y para la adaptación de los cambios tecnológicos de la población.

Así, ha identificado que los sectores de la población con mayor riesgo de exclusión financiera son las personas mayores -por las barreras que afrontan para cobrar su pensión en cheque o en metálico, las comisiones asociadas al mantenimiento de sus cuentas, la eliminación de los pagos por caja en oficinas, la desaparición de las libretas de ahorro, las dificultades para ser atendidos presencialmente y la reducción de servicios en algunas entidades--, las personas extranjeras -por las dificultades para abrir y mantener cuentas bancarias- y los habitantes del mundo rural y la España vacía -por el imparable cierre de sucursales bancarias-.

También se considera en riesgo de exclusión financiera a las personas con discapacidad -por los obstáculos arquitectónicos en las sucursales y por otros problemas vinculados a la accesibilidad universal-, y colectivos vulnerables afectados por la brecha digital.

El Tribunal Constitucional (TC) se dispone a avalar esta semana la ley aprobada en 2022 que penaliza con penas de hasta un año de prisión el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo, según ha informado Europa Press.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press señalan que el Pleno de la corte de garantías debatirá y previsiblemente aprobará el borrador de la sentencia que ha redactado la magistrada del ala progresista María Luisa Balaguer, quien defiende que la norma es constitucional.

Así las cosas, se prevé que la mayoría progresista del tribunal rechace el recurso que presentaron los diputados de Vox contra el artículo único de la Ley Orgánica 4/2022, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo.

La formación liderada por Santiago Abascal impugnó la norma después de haber intentado frenarla en sede parlamentaria y tras presentar –sin éxito– enmiendas para que el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas especializadas en aborto no se castigue con penas de prisión.

Fue en febrero de 2022 cuando el Congreso aprobó –con los votos en contra de PP y Vox– la ley orgánica con la que se castiga con penas de prisión de tres meses a un año los "actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos" que "menoscaben la libertad de las mujeres".

El texto, además, establece que los tribunales podrán imponer a su vez la prohibición de acudir a determinados lugares por periodos de seis meses a tres años, punto que también ha sido respaldado por el Pleno de la corte de garantías.

Al margen, está previsto que los magistrados del Constitucional deliberen sobre si admiten a trámite o no el recurso que presentó el Defensor del Pueblo contra la reforma de la 'ley trans' que la Comunidad de Madrid aprobó el pasado diciembre.

El Defensor del Pueblo impugnó la norma al considerar que "patologiza a los menores y vulnera sus derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad", según señaló el pasado abril cuando anunció el recurso.

Asimismo, consta en el orden del día entre los asuntos para primera deliberación el recurso que presentaron los diputados de Vox contra la disposición de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 que otorgó al País Vasco todas las facultades respecto de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Sobre este asunto, se prevé que el tribunal se muestre a favor de estimar el recurso toda vez que el pasado 25 de abril ya estimó el recurso que presentaron los diputados del PP y declaró nulo e inconstitucional dicha disposición de los PGE.

También se espera que el Constitucional delibere sobre el recurso que presentó el presidente del Gobierno contra la ley gallega de medidas fiscales y administrativas, que concede competencias a la Xunta en la gestión de las costas. Sobre este asunto, cabe recordar que el pasado octubre el tribunal, al admitir a trámite el recurso, suspendió los artículos impugnados.

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite, al no apreciar delito alguno, la querella interpuesta por la Fundación Española de Abogados Cristianos contra el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, por la elaboración y publicación del Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos, realizado por encomienda del Congreso de los Diputados.

La querella se presentó por delitos de prevaricación, malversación y provocación a la discriminación y al odio. El Supremo en su auto, recogido por Europa Press, y en relación al delito de prevaricación, señala que no advierte "la arbitrariedad e injusticia que se predica del informe, ni que suponga una criminalización de los miembros de la Iglesia Católica como infundadamente afirma el querellante".

Apunta que "se limita a recopilar con datos objetivos la realidad de los abusos, la respuesta de la propia institución y la actuación de los poderes públicos sirviéndose para ello del testimonio de las víctimas y de las informaciones facilitadas por la Conferencia Episcopal Española, las diócesis y los institutos de vida consagrada".

"De igual forma -añade-, de las recomendaciones que contiene el informe no se advierte la pretendida criminalización de la institución cuando se acentúa la obligación por parte de los poderes públicos de asumir su responsabilidad por no haber establecido procedimientos adecuados de detección y reacción frente a los abusos sexuales de menores, reforzar la atención psicológica de la víctimas, mejorar la prevención y la atención a las víctimas en el sistema judicial y la formación y sensibilización de los profesionales".

Considera el tribunal "prueba evidente del carácter espurio de la imputación (...) que el querellante afirma que la responsabilidad penal recaería no solo en el querellado, sino en la Presidencia del Congreso de los Diputados y, sin embargo, no ejerce la acción penal contra la Presidenta del Congreso, sin duda por ser consciente que escapan al control jurisdiccional las actividades legislativas como las que nos ocupa haciendo, por tanto, inviable la persecución penal contra el querellado".

En lo concerniente al delito de malversación, el auto de la Sala explica que el querellante lo asocia a la elaboración de un informe ilegal y discriminatorio financiado con dinero público "con la intención de favorecer a personas pertenecientes al Gobierno y a un partido que no identifica y con evidentes connotaciones políticas ajenas al manejo correcto de los caudales públicos".

Para la Sala esta es "una acusación que debe rechazarse de plano, sin necesidad de especiales esfuerzos argumentativos dado que ni el cuestionado informe puede calificarse de ilegal, ni se advierte la sustracción o desvío de fondos públicos en su elaboración que el querellante se muestra incapaz de demostrar".

Por último, sobre el delito de incitación al odio, el auto resalta que "en el informe elaborado bajo la dirección del Defensor del Pueblo no se advierte la concurrencia de los requisitos del llamado discurso del odio".

"Máxime cuando en su confección ha colaborado la propia jerarquía eclesiástica aportando el informe Para dar luz elaborado por la Conferencia Episcopal Española en el que se reconoce expresamente la existencia de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. No se constatan en el informe, ni lo refleja el querellante más allá de afirmaciones genéricas, expresiones o reflexiones que contengan un discurso encaminado a criminalizar la conducta de los miembros de la Iglesia como infundadamente se afirma en el escrito de querella", dice.

El tribunal que ha dictado el auto de archivo está formado por los magistrados Manuel Marchena, Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Berdugo (ponente), Carmen Lamela y Eduardo de Porres.