La investigación del Defensor del Pueblo estima más de 400.000 víctimas de pederastia en la Iglesia

Año y medio después de comenzar con los trabajos, el Defensor del Pueblo ha puesto este viernes sobre la mesa del Congreso de los Diputados los resultados de la primera gran investigación oficial sobre los abusos en el seno de la Iglesia católica. El documento [se puede consultar íntegro en este enlace], que se apoya en buena medida sobre las entrevistas mantenidas con 487 víctimas, estima en más de 400.000 el número de adultos que pudieron haber sufrido abusos en el ámbito religioso. Y pone de relieve que la jerarquía eclesiástica miró durante décadas hacia otro lado y minimizó el problema. "Lo que ha ocurrido ha sido posible por el silencio", ha señalado en rueda de prensa el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. También tira de las orejas a los propios poderes públicos por carecer durante años de los procedimientos adecuados para "prevenir, detectar y reaccionar" contra esta lacra en los centros escolares de la Iglesia. Y plantea la creación de un "fondo estatal" para el "pago de compensaciones a favor de las víctimas".

El estudio del órgano constitucional surgió de un gran acuerdo político. En marzo de 2022, el Congreso de los Diputados aprobó por amplia mayoría que el Defensor del Pueblo abriese una investigación sobre los abusos en el seno de la Iglesia. Solo Vox se pronunció en contra, y los dos diputados expulsados de Unión del Pueblo Navarro (UPN) decidieron abstenerse. Una vez recibido el encargo, el órgano que dirige Gabilondo comenzó a trabajar en varias direcciones. Por un lado, se creó una Unidad de Atención a las Víctimas. Por otro, una Comisión Asesora compuesta por diecisiete expertos externos, algunos de ellos con conocimientos jurídicos. Un grupo que se ha reunido hasta en diecisiete ocasiones.

El informe concluye que durante décadas la respuesta de la Iglesia católica contra esta lacra ha estado caracterizada por la negación y la minimización del problema. "Algunas víctimas han tenido que hacer frente no solo a la negación y a la ocultación, sino incluso a presiones y a reacciones de representantes de la misma en las que se les culpabilizaba de los abusos sufridos", señala el Defensor del Pueblo en una nota de prensa. "No es verdad que nadie lo sabía", ha apuntado Gabilondo en la Cámara Baja, al tiempo que ha recordado que ha habido "voluntad de ocultamiento" de los abusadores en algunas instituciones de la Iglesia. "Se les ha trasladado a otras parroquias o centros docentes, así como a otros países. "Es el ejemplo de mala practica realizada de modo reiterado por muchas instituciones de la Iglesia", ha señalado Gabilondo.

En el informe también se tira de las orejas a unos poderes públicos que carecieron de procedimientos adecuados para prevenir, detectar y reaccionar frente a la comisión de abusos sexuales de menores en los centros escolares de la Iglesia. "Sólo muy recientemente, en el año 2021, se introdujeron mecanismos y procedimientos de detección y prevención", añade.

El estudio, que cuenta con más de siete centenares de páginas, se apoya, en parte, en los testimonios recopilados por la Unidad de Atención a las Víctimas. Durante más de un año, este órgano ha recogido información relevante sobre 487 víctimas en entrevistas realizadas tanto en Madrid como fuera de la capital. La inmensa mayoría de ellas, en concreto el 84%, eran hombres. Todas ellas recalcaron los "problemas emocionales y de conducta" que padecen como consecuencia de dichas agresiones. "Un tercio de éstas señalaron haber tenido síntomas de estrés postraumático y, algunas de ellas, habían experimentado síntomas depresivos, sentimientos de vergüenza y estigmatización y acción suicida", recalca el Defensor del Pueblo en el comunicado.

El Defensor del Pueblo no pone sobre la mesa una cifra cerrada de víctimas. Ahora bien, sí incluye una encuesta de la que podría hacerse una extrapolación. El sondeo, realizado por la empresa Gad3 sobre una muestra de 8.013 personas, concluye que el abuso sexual infantil cometido en un ámbito religioso es un problema que ha afectado en España a un 1,13% de las personas adultas. Si ese dato se extrapola a los 38,9 millones de adultos, estaríamos hablando de más de 400.000 personas. Por otro lado, un 0,6% dijeron que habían sido víctimas de abuso por parte de un sacerdote o religioso católico, lo que extrapolando de nuevo situaría la cifra en algo más de 200.000. No obstante, Gabilondo ha rechazado hacer ninguna extrapolación y rechazó dar una cifra: "¿Por qué no hemos extrapolado nosotros? Porque entendemos que no hay que extrapolar"

Y luego están las cifras concretas, los casos detectados. Datos que tampoco terminan de ser cerrados. Así, Gabilondo ha explicado que por dos fuentes diferentes de la Iglesia se han obtenido datos con una diferencia de casi cuatro centenares de víctimas. No obstante, en ambos casos se mueve en el entorno del millar. Y luego está la investigación del diario El País, que ya ha identificado 2.206 víctimas.

Víctimas que, en la mayor parte de los casos, no han sido reparadas. La mayoría de los hechos denunciados, sostiene el órgano constitucional, no han encontrado respuesta por parte del sistema judicial.

El informe, además, propone una veintena de recomendaciones. Una de ellas es la creación de un "fondo estatal" para el "pago de compensaciones a favor de las víctimas". Además, plantea que un "órgano administrativo especial" creado para la ocasión sea el que instaure un procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas de agresión o abuso sexual infantil en el ámbito de la Iglesia. Y propone celebrar un "acto público" de "reconocimiento y reparación simbólica" a las víctimas por el prolongado período de desatención y de inactividad. "Es inevitable que la Iglesia colabore económicamente a la hora de reparar. Y creo que a estas alturas ya debe ser consciente de eso", ha aseverado Gabilondo.

Además, se recomienda a la Iglesia católica que ponga los medios necesarios para ayudar a las víctimas de abusos sexuales en el proceso de recuperación, ofreciendo tratamiento a las víctimas o familiares, cuando lo requieran. Y que las diócesis y los institutos de vida consagrada abran a los investigadores la información contenida en sus archivos.