El Defensor del Pueblo se lava las manos ante la tortura
Hace ya más de un año, quienes firmamos este artículo mantuvimos una reunión con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. Nos recibió cordialmente, en su despacho, el día 4 de junio de 2024. Escuchó con atención, mientras le hablábamos de las torturas y abusos policiales en el Estado español, y especialmente en Euskal Herria, durante las últimas décadas. Gabilondo pertenece a una sociedad, la vasca, muy sensibilizada con el maltrato policial. Sabe muy bien lo ocurrido allí. Nos lo dijo él.
Al finalizar la entrevista, le entregamos un lápiz de memoria con abundante documentación acreditativa de la tortura, y una copia del documental Karpeta urdinak (Carpetas azules), dirigido por Ander Iriarte, en el que el prestigioso forense Francisco Etxeberria Gabilondo desvela los (casi) 6.000 casos de tortura documentados en los cuatro territorios forales, desde 1978 hasta 2014 (aunque estima que la cifra real estaría en torno a 20.000, porque muchas víctimas tienen un profundo rechazo a someterse a las pruebas de verificación y revivir situaciones tan traumáticas).
Le pedimos que elaborase un informe extraordinario sobre la tortura y que lo presentara al Parlamento, para que los diputados valorasen la posibilidad de llevar a cabo algún acto de reparación a las víctimas. Gabilondo dudó un instante: quizá era preferible derivar nuestra petición hacia la Fiscalía de la Memoria, porque las torturas se practicaron años atrás. Lo insinuó sin mucha convicción, porque el mandato constitucional es categórico y atribuye al Defensor del Pueblo la supervisión de la actividad de las administraciones públicas para la defensa de los derechos recogidos en el Título l de la Constitución, y en especial los referidos a la integridad física y la dignidad de las personas.
Como le hicimos ver que la Fiscalía no era la vía adecuada para dar cauce a nuestra propuesta, nos pidió tiempo: necesitaba reflexionar. El verano de 2024 estaba a la vuelta de la esquina, y prometió llamarnos en septiembre. Propuso incluso celebrar una “ronda de encuentros” con el fin de buscar entre todos la mejor opción posible.
Transcurrió septiembre. Y octubre. Finalmente, en noviembre, recibimos una llamada telefónica del gabinete del Defensor. Gabilondo había cambiado de parecer: no habría más entrevistas. Deberíamos dirigirnos por escrito a la institución que preside, para dar a nuestra solicitud la tramitación reglamentaria.
Así lo hicimos. Y, con fecha 6 de febrero de 2025, le enviamos una carta instándole a que elevase al Parlamento un informe extraordinario sobre la tortura en el Estado español, para que las Cortes Generales valorasen la oportunidad de realizar un acto de reparación a las víctimas por el daño injustamente sufrido.
En nuestra carta citábamos de nuevo los informes del Instituto Vasco de Criminología sobre torturas en la Comunidad Autónoma Vasca y en la Comunidad Foral de Navarra –que ya le entregamos en la reunión del 4 de junio de 2024– y le adelantábamos nuestra intención de hacerle llegar –si nos recibía personalmente– una copia del documental Non dago Mikel? (¿Dónde está Mikel?), dirigido por Amaia Merino y Miguel Ángel Llamas, que aborda la muerte por torturas de Mikel Zabalza Garate en el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo.
El pasado 13 de marzo recibimos la respuesta del Defensor del Pueblo. En su escrito exponía que elaborar un informe extraordinario procede “cuando la gravedad o urgencia” no aconseje esperar hasta la presentación del informe con el que anualmente rinde cuentas de su gestión ante las Cortes Generales. Nada decía sobre los 20.000 presuntos casos de tortura en Euskal Herria: al parecer no tienen, a juicio de Gabilondo, gravedad suficiente como para elaborar un informe extraordinario. Se limitaba a afirmar que “lo habitual” es que el Defensor concentre sus esfuerzos en supervisar “las conductas irregulares de los poderes públicos que están aconteciendo (sic) en la actualidad”.
Además, en su escrito sugería que dirigiésemos nuestra petición a la Comisión de la Memoria Democrática encargada de investigar “las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la Dictadura”. No le habíamos pedido eso. Le propusimos que presentara al Parlamento un informe sobre las torturas practicadas por agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, bien cumpliendo órdenes o con la aquiescencia de sus superiores u otras autoridades, desde 1960 hasta nuestros días.
Finalmente, en su respuesta, Gabilondo se mostraba satisfecho porque la institución que preside ha formulado cientos de recomendaciones y sugerencias para la prevención de la tortura, a través de los informes elaborados por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), que depende del Defensor. Lo que no dice es que esos informes del MNPT nunca han recogido denuncias de personas detenidas en régimen de incomunicación. Sus recomendaciones han sido para “prevenir” posibles casos futuros de tortura. Y el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha mostrado su “preocupación por la limitada difusión y aplicación efectiva” de sus recomendaciones por parte de la Administración o las autoridades penitenciarias españolas.
Más que una resolución basada en razonamientos jurídicos, la respuesta del Defensor del Pueblo es un primoroso ramo de excusas envuelto en citas legales. Y un desprecio añadido al daño sufrido por las víctimas. Porque lo que viene a decir el Defensor en su escrito –para quienes no estén familiarizados con la retórica del lenguaje burocrático– es que se lava las manos ante la tortura y no quiere saber nada de lo ocurrido en las cloacas del Estado, entre 1960 y 2014. Gabilondo se sitúa así junto a los negacionistas de la tortura que le precedieron en el cargo. Con el agravante de que sus antecesores no disponían de tanta información como él, que conoce bien lo sucedido en Euskal Herria.
Más que una resolución basada en razonamientos jurídicos, la respuesta del Defensor del Pueblo es un primoroso ramo de excusas envuelto en citas legales. Y un desprecio añadido al daño sufrido por las víctimas de tortura
Antes de ser Defensor del Pueblo, Gabilondo fue catedrático de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. Impartía lecciones de Metafísica, disciplina que busca comprender la naturaleza esencial de la realidad. Investigar esa escalofriante realidad de la tortura practicada durante décadas en nuestro país es a todas luces un deber moral. Más aún: es una obligación legal establecida en la Convención sobre la Tortura de Naciones Unidas (suscrita por el Estado español el 4 de febrero de 1985), cuyo artículo 12 dice: “Todo Estado Parte velará por que, siempre que haya motivos razonables para creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto de tortura, las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial”. Basta una mirada a los informes sobre tortura publicados por el Instituto Vasco de Criminología para saber que hay “motivos razonables” para llevar a cabo una investigación.
En este sentido, el citado Comité de Derechos Humanos de la ONU lamenta, en su último informe, que hasta la fecha “no se haya iniciado ninguna investigación en relación con los más de 5.000 testimonios documentados de personas que presuntamente fueron sometidas a torturas y malos tratos, entre 1960 y 2014, en el País Vasco y Navarra”.
No sabemos bien qué ha pretendido el Defensor del Pueblo con la carta que nos ha remitido: si intentaba sacudirse de encima una propuesta que le resultaba incómoda, o mantener el silencio con que se ha venido ocultando la práctica de la tortura en nuestro país. Tal vez no haya querido molestar a viejos compañeros del PSOE que contribuyeron con entusiasmo a sistematizar la tortura en los años de plomo de los GAL. O quizá se ha lavado las manos por miedo a que la prensa del Movimiento le dedicase algún titular, tipo: El Defensor del Pueblo también es ETA, o Gabilondo quiere romper España... Da lo mismo: no pararemos hasta que se reconozca públicamente la verdad de lo ocurrido.
Los días 30 de septiembre y 7 de octubre vamos a celebrar, en el Teatro del Barrio –Lavapiés (Madrid)–, unas jornadas sobre la tortura con participación de personas torturadas, científicos, juristas, diputados y diputadas de distintas fuerzas políticas, periodistas y representantes del mundo de la cultura. Por supuesto, invitaremos al Defensor del Pueblo. Queremos abrir un debate público como paso previo a la creación de una Comisión de la Verdad sobre la tortura en el Estado español.
Es hora de que nuestra sociedad conozca la realidad de lo ocurrido durante décadas en las cloacas del Estado español, donde se ha torturado salvaje e impunemente con la connivencia de poderes públicos, fuerzas políticas, jueces, medios de comunicación y el silencio de instituciones como el Defensor del Pueblo. Las víctimas de la tortura necesitan una reparación. Un reconocimiento público del daño que han sufrido. Y que se oiga la voz honda y quebrada de su dolor.
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Jorge del Cura Antón es Premio Nacional de Derechos Humanos y miembro del Centro de Documentación contra la Tortura, Pedro José Larraia Legarra, es defensor de los derechos humanos y Juan Ignacio Ruiz-Huerta y Sáez es exjefe del Gabinete del Defensor del Pueblo.
