El exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo ha relatado cómo desde tres semanas antes del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017 se produjeron cientos de actos organizados de "hostigamiento, acoso, violencia e intimidación" a instituciones, cuarteles, agentes de Policía y Guardia Civil y comisiones judiciales, informa Europa Press.

Millo ha situado el inicio de estos actos justo después de las llamadas leyes de desconexión —ley de transitoriedad y ley de referéndum— en el Parlament los días 6 y 7 de septiembre, ya que, concretamente la primera de ellas estableció en Cataluña una "especie de ficción" que generaba una "doble realidad", una situación que ha calificado de "kafkiana". Por tanto, estas leyes y la "estrategia" del Govern y el Parlament, ha explicado, provocó "mucha incertidumbre" y fue entonces cuando comenzaron las "acciones de hostigamiento, asedio e intimidación", que ha elevado a más de 200, y que no cesaron hasta mediados de noviembre, una vez ya aplicado el artículo 155 de la Constitución.

Así lo ha contado Millo al tribunal que juzga el proceso independentista, a preguntas del fiscal Javier Zaragoza, que ha querido saber cómo vivió él esos días en Cataluña y cómo era el ambiente en las concentraciones de protesta que se sucedieron en las semanas en torno al referéndum ilegal. El testigo no ha escatimado en detalles y ha relatado de forma pormenorizada y rotunda su experiencia. Ha hablado de lanzamiento de objetos incendiarios, acoso a policías y guardias civiles, hostigamiento en los hoteles donde éstos se alojaban, acoso a comisiones judiciales y en las subdelegaciones del Gobierno en las cuatro provincias catalanas. "Se creó un clima de violencia tal que allí donde había una diligencia judicial había un grupo de personas para amenazar, hostigar e intimidar con el objetivo de impedir las acciones judiciales", ha explicado.

20S: "No saldrán hasta que no queramos"

Millo ha relatado el caso concreto del presidente del TSJC, quien le pidió reforzar la seguridad del edificio con Policía Nacional y Guardia Civil porque en la ley de transitoriedad se establecía que su cargo sería elegido por el president y, por tanto, "no sabía lo que iba a suceder, si le iban a destituir", en esa situación de "doble legalidad" creada tras el 7 de septiembre.

De todas estas concentraciones de protesta, una de las más "preocupantes" para Millo fue la del 20 y 21 de septiembre ante la Consejería de Economía, sobre todo por la cantidad de personas concentradas –decenas de miles– y las proclamas que iban lanzando, como "No saldrán hasta que no queramos" o "Vamos a defender nuestras instituciones".

Según su relato, estos gritos respondían a la idea de que "si querían defender las instituciones es porque pensaban que les estaban atacando". "Era el mundo al revés", ha lamentado, para añadir después que este clima fue incentivado desde las instituciones catalanas y las entidades sociales.

Pero no sólo fue la Consejería de Economía, sino que, según Millo, otros muchos edificios fueron asediados ese día por los registros ordenados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. En la de Asuntos Exteriores, concretamente, vio "personas subidas en el vehículo de la comitiva judicial".

"Si todo eso no es violencia...", ha afirmado el exdelegado del Gobierno, quien vio además pintadas en las que se podía leer "Millo muerte". "Amenazar y señalar personalmente a agentes policiales que tienen su casa en Cataluña. Esto de pacífico no tiene mucho. Hubo un componente claro de violencia, de agresividad", ha añadido.

Aparición de los CDR

Millo ha destacado la capacidad de movilización –"en 20 minutos eran capaces de ubicar a 500 personas en un sitio y en 30 cambiarlas de sitio"– a través de redes sociales y mensajes de WhatsApp que se vio durante esas semanas de septiembre y octubre de 2017, en la que los Comités de Defensa del Referéndum (CDR) –después reconvertidos en Comités de Defensa de la República– adquirieron "una importancia tremenda".

Según Millo, los CDR son "aparentemente células autónomas que funcionan de forma espontánea", si bien ha remarcado que "un estudio detallado permite deducir que hay una estructura y organización" detrás de ellos, lo cual "de espontáneo tiene poco". "Es un movimiento muy plural y muy diverso, en el que seguro que hay gente de buena fe y pacifista, pero hay otras con otros objetivos que no tienen inconveniente en usar la violencia", ha subrayado.

El exdelegado del Gobierno ha situado a los CDR en el último escalón de una estrategia en cuya cúspide ha situado al Govern, el Parlament y la "sociedad civil organizada" a través de organizaciones como la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, alrededor de las cuales "gravitan otras entidades más pequeñas que tienen vinculación directa o indirecta con los CDR".

Las defensas de los acusados han puesto en duda la veracidad de todo este relato de Millo, ya que le han preguntado en numerosas ocasiones si vio esos incidentes directamente –a lo que él ha constestado que no salvo la amenaza de la pintada–, quién le informaba de estos hechos y si leyó atestados policiales –a lo que también ha respondido que no–. En algún momento, el testigo ha dicho que se informó también por los medios de comunicación y las redes sociales.

En cuanto a la vinculación que ha hecho entre los CDR y entidades como ANC y Òmnium, Millo ha aclarado que él cuenta lo que vio, lo que observó y en base al "conocimiento" que tiene de la "realidad catalana".

Los Mossos tardaban horas en llegar

El fiscal Zaragoza ha querido saber cuál fue la actuación de los Mossos d'Esquadra en esas semanas y si la Delegación del Gobierno percibió apoyo en la policía autonómica para hacer frente a las protestas y los actos de "acoso" y "hostigamiento". Sin embargo, Millo ha lamentado que su apoyo "no siempre fue todo lo eficaz que pudo haber sido".

De hecho, ha afirmado que a veces tardaban "horas" en llegar a la llamada de policías y guardias civiles. Y, además, ha dicho que no recuerda que el entonces conseller de Interior, Joaquim Forn, le llamara para abordar este problema.

Y es que, según Millo, la versión oficial que transmitía la Generalitat esos días es que las concentraciones eran "actos poco menos que festivos y folclóricos". "Pero todos pudimos ver que la intención era otra; las llamadas eran a la defensa de las instituciones", ha apuntado.

De Forn también ha tenido oportunidad de hablar, cuando ha comentado que la primera vez que se reunió con él le dejó "estupefacto" que le dijera que la Generalitat iba a "garantizar que la jornada electoral se desarrollara con total normalidad". "Le dije que no entendía de qué jornada hablaba y me dijo que la del referéndum. Ahí le manifesté un punto de desacuerdo muy grave: le dije que ese día no se iba a celebrar un referéndum y él contestó que no tenía más que decir", ha relatado.

Junqueras no era partidario de ir "tan deprisa"

También ha indicado que durante el ejercicio de su cargo tuvo ocasión de hablar con el exvicepresidente Oriol Junqueras, quien le transmitió que "comprendía que todo esto podía crear una situación complicada" y que él no era "partidario de que todo fuera tan deprisa" en lo que respecta a la convocatoria del referéndum, pero que igualmente estaba "absolutamente comprometido" con los planes del Govern de Puigdemont.

Pero una de las cosas que más sorpendió a Millo fue una frase que le dijo Junqueras: "Soy independentista, lo he sido siempre y no tengo que demostrarlo. Otros en mi Gobierno no lo habían sido nunca y ahora tienen que hacer un esfuerzo muy importante para demostrar que lo son".

El exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo ha afirmado este lunes que le sorprende que el expresidente del Ejecutivo José María Aznar, en su opinión el dirigente que "más cedió ante el independentismo pactando con Pujol", intente "dar lecciones a Rajoy, que fue el único presidente que nunca ha cedido ante los nacionalistas".

"Me sorprende que un expresidente como Aznar, al que siempre he respetado, y que fue el que permitió que desapareciera la Guardia Civil de las carreteras de Cataluña y el que facilitó que la bandera española despareciera de las carteras catalanas, intente dar lecciones a aquel que no cedió nunca nada, Rajoy, el único presidente que no cedió nunca ante el nacionalismo", ha subrayado Millo en una entrevista en Antena3 recogida por Europa Press.

El que fuera representante del Ejecutivo durante la aplicación del 155 en Cataluña, ha reivindicado el papel que jugó el Gobierno de Rajoy en "la frenada del independentismo" ya que, en su opinión, "hoy Cataluña es España gracias al trabajo del anterior Gobierno con Sáenz de Santamaría al frente de la vicepresidencia".

En este sentido, Millo, que ha mostrado abiertamente su apoyo a la candidatura de Santamaría para suceder a Rajoy, ha defendido la función de la exvicepresidenta en Cataluña, mientras que ha señalado que el otro candidato, Pablo Casado, "ante los momentos más difíciles de este conflicto, no ha estado".

Por otra parte, ha evaluado la reunión que mantendrán este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, de la que ha indicado que "no espera nada bueno" porque considera que "si Sánchez empieza a hacer cesiones al independentismo, se va a interpretar como una debilidad del Estado y se habrá tirado por el suelo el trabajo de los últimos años".

Al ser preguntado qué considera qué sería ceder ante el independentismo, Millo ha explicado que como el Gobierno "no puede aceptar que se celebre un referéndum", ceder sería que comience a "dar compensaciones que pudieran suponer un agravio comparativo con el conjunto del resto de España".

El delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, señaló este jueves que la intervención de la autonomía a través del artículo 155 de la Constitución finalizará cuando haya un nuevo Govern que "se comprometa públicamente" a cumplir la ley, informó Europa Press.

En declaraciones a los medios tras mantener un encuentro con representantes de Fomento del Trabajo en la sede de la entidad, Millo destacó que el Senado aprobó por una amplia mayoría las medidas del 155 y acordó que finalizaran cuando se constituyera un Govern "que cumpla con la ley".

Por lo tanto, el 155 finalizará cuando los nuevos consellers asuman el cargo acatando el Estatut y la Constitución en el acto de toma de posesión –que estará organizado por el Gobierno central–, detalló, sin que sea necesario ningún compromiso adicional.

Ante las críticas de Cs sobre que el Gobierno central está siendo demasiado blando con el independentismo ya que debería exigir más compromisos para levantar el 155, Millo recordó que las medidas para intervenir la autonomía se aprobaron en el Senado y que lo que hace el Gobierno de España es cumplir con ellas.

"Aquí no hay actuaciones blandas ni duras, sino legales, y los partidos deberían ser respetuosos. Si alguien considera que las medidas, empezando por el cese de todo el Govern, son blandas, que explique qué sería una medida no blanda", replicó Millo.

También reivindicó que "si Cataluña hoy sigue siendo España es gracias al Gobierno del PP", y se preguntó si Cs busca con sus críticas ganar el protagonismo que no le dan los hechos.

Preguntado por si el Gobierno central aceptará que se puedan nombrar a consellers en prisión o en el extranjero, Millo señaló que "ya se ha comprobado cuáles son las consecuencias de actuar fuera de la ley".

"Hay que confiar en el sentido común, en que podremos tener un Govern formado por personas que se puedan dedicar a hacer su trabajo y concentrar su esfuerzo en sus funciones", añadió.

Nueva etapa de diálogo

Millo confió en que el Parlament pueda investir pronto a un presidente de la Generalitat que no sea "de paja" ni esté al dictado de Carles Puigdemont, y reivindicó que la persona que invista el Parlament será la que el Gobierno central considerará como interlocutor válido.

"Asumirá plenamente todas las competencias que le confiere el Estatut y la Constitución y será el interlocutor válido del delegado del Gobierno y, cuando sea el momento, del presidente del Gobierno de España", precisó.

Destacó también que el Gobierno central siempre ha querido dialogar dentro de la ley y que seguirá tendiendo la mano al nuevo Govern para "restablecer el necesario diálogo institucional".

"En el momento en el que el Parlament invista a un candidato que cumpla con todos los requisitos legales, aquella persona será el nuevo representante del Estado en Cataluña y, por lo tanto, nuestro interlocutor, y será tratado con todo el respeto que merece el presidente de la Generalitat", detalló.

Y destacó que Cataluña necesita un Govern que gobierne para los 7,5 millones de catalanes y no solo para los independentistas, y "la única condición que se pone es que esté formado por personas que cumplan con todos los requisitos legales".

Hacienda contra Puigdemont

Preguntado por si se podría inhabilitar a Carles Puigdemont por no haber declarado sus bienes a Hacienda, Millo dijo que desconoce este asunto pero subrayó que "ni él ni nadie están por encima de la ley".

"Todos los españoles estamos obligados a cumplir con Hacienda y Puigdemont no es una excepción, Hacienda vela por el interés general y el bien común", añadió.

El artículo 183 del Estatuto de Autonomía de la Generalitat de Cataluña establece que la Comisión Bilateral Generalitat-Estado "constituye el marco general y permanente de relación entre los Gobiernos de la Generalitat y el Estado en lo que tiene que ver con la colaboración entre ambos bloques en lo relacionado con las competencias estatales que afecten a la autonomía de Cataluña". Y con el intercambio de información en los asuntos de interés común. Desde 2007, cuando se puso en marcha, sólo se ha reunido ocho veces según datos de la Secretaría de Estado para Administraciones Territoriales. Ninguno de estos encuentros, que pueden convocarse por cualquiera de las dos partes, ha tenido lugar desde que Mariano Rajoy llegó a la Moncloa tras las generales de diciembre de 2011.

Esta ausencia de reuniones en una etapa en la que crecía la tensión entre los Gobiernos central y autonómico implica el incumplimiento del Reglamento de esta comisión, publicado en el Boletín Oficial del Estado del 2 de septiembre de 2001. Así, el artículo 6 de la citada normativa recoge en su punto primero que "la Comisión Bilateral se reunirá dos veces al año y cuando lo solicite una de las partes".

El mismo reglamento señala que la presidencia de este órgano corresponderá de forma alternativa y por periodos de tiempo anuales a quienes ostenten la presidencia de cada una de las representaciones que forman esta comisión.

Sí se han celebrado en los últimos años reuniones técnicas de las subcomisiones que integran la Comisión Bilateral Generalitat-Estado.

"Imagino que la ausencia de este tipo de encuentros tiene mucho que ver con que, desde hace años, la única relación bilateral que ha querido tener el Govern con el Gobierno ha sido para hablar de lo imposible: la independencia", señala un dirigente conservador consultado por infoLibre. La misma fuente subraya que no se puede acusar al presidente Mariano Rajoy de no haber estado dispuesto a establecer cauces de diálogo con la Generalitat. En este sentido, recuerda que el expresident, Carles Puigdemont, no acudió ni a la Conferencia de Presidentes ni al Congreso a explicar su plan para Cataluña. Tampoco se presentó en el Senado cuando se debatía la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

"Deliberar, hacer propuestas..."

La principal misión de esta comisión es la de "deliberar, hacer propuestas y, si procede, adoptar acuerdos" sobre una galería de temas que van desde los conflictos competenciales a cuestiones de política exterior.

Esta ausencia de reuniones ha sido debatida tanto en el Congreso como el Parlament de Cataluña.

El pasado enero, el pleno del Parlament rechazó reactivar la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, planteada en una moción de los socialistas de Cataluña. Votaron en contra la mayoría de JxSí y la CUP, y a favor Ciudadanos, PSC, Catalunya Sí Que Es Pot (CSQP) y el PP catalán.

En el texto de la moción, a cargo de los diputados Eva Granados y Ferran Pedret, recalcaban que desde septiembre de 2012, "por razones diversas", las relaciones entre ambas administraciones han sido "excepcionalmente tensas". Fue ese mes de 2012 cuando se produjo la primera manifestación masiva de la Diada. Y reclamaban que se estableciese un marco de diálogo "para encontrar vías de solución a la multiplicidad de asuntos de interés público que desde hace años, y hasta el momento actual, están bloqueados".

Proposición no de ley en el Congreso

Cuatro años antes, en enero de 2014, el tema llegaba al Congreso. El por entonces primer secretario del PSC, Pere Navarro, junto a la que era portavoz del grupo socialista en la Cámara Baja, Soraya Rodríguez, registraron una proposición no de ley para exigir la convocatoria "inmediata" de esta comisión.

La iniciativa, presentada en la X Legislatura, en la época de mayoría absoluta del Partido Popular, caducó por disolución de la Cámara Baja por la convocatoria de elecciones generales.

"La razón del incumplimiento de la obligación de convocar estas reuniones bianualmente no se encuentra en que no haya asuntos pendientes de decisión en la comisión. Todo lo contrario, el listado de asuntos y conflictos pendientes es interminable y la tensión institucional aumenta hasta niveles inéditos desde la recuperación de la democracia", se quejaban los socialistas en proposición no de ley.

Antecedentes

En julio de 2012, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el por entonces portavoz parlamentario de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, acordaron dejar para los meses de agosto o septiembre la reunión de la bilateral. Habría sido la primera cita desde que Rajoy llegó al Gobierno. Pero nunca se llegó a celebrar. La número dos del Gobierno era la representante del Ejecutivo central en esta comisión; Duran i Lleida, el de la Generalitat.

Estaba previsto que se abordarse un grupo de trabajo para evitar recursos ante el Tribunal Constitucional de ambas partes en materia sanitaria y educativa.

Un año después, en octubre de 2013 la vicepresidenta del Gobierno aseguró que esta comisión debía ser un marco que buscase "fórmulas" que mejoren la coordinación entre ambas administraciones y la situación de los ciudadanos catalanes, en vez de seguir siendo el foro al que "tradicionalmente" se acude solo para pedir "traspasos y transferencias" al Estado. Previamente, Duran había demandado al Gobierno una cita para, entre otros asuntos, hablar de infraestructuras.

La petición de Duran cayó en saco roto. En enero de 2014 lamentaba que no hubiese "voluntad" por parte del Gobierno de "plantear una reunión con un temario suficientemente atractivo". "A pesar de varios requerimientos nuestros, no ha habido siquiera trabajos preparatorios", añadió tras recordar que la comisión no se había reunido desde que gobierna el PP.

Lo que sí ha habido en los últimos años, y así lo señalan las fuentes consultadas por infoLibre, son reuniones de las subcomisiones. Así, hace ahora un año, el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, hablaba de "intensificar" los contactos entre ambas instituciones a través de la comisión para "reducir el número de litigios". 

En este sentido, señaló que durante la anterior legislatura esta comisión había conseguido "evitar" que el 40% de los conflictos "llegara a los tribunales".

Las ocho reuniones

La primera reunión, con fecha de 26 de febrero de 2007, tuvo por objeto la creación de dos subcomisiones, una sobre la creación de un grupo de trabajo de cooperación y participación y otra de seguimiento normativo, prevención y solución de conflictos. Además, se acordó la creación de un grupo de trabajo para el cumplimiento de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía de Cataluña, la que contempla las inversiones en infraestructuras.

Dos meses después, el 26 de febrero, volvió a reunirse la comisión para la "aprobación del Reglamento de la Comisión Generalitat-Estado".

Tras estos encuentros, se celebraron otros el 17 de julio de 2007, el 10 de enero de 2008, el 30 de julio de 2008, el 24 de febrero de 2009, el 21 de julio de 2009 y el 19 de julio de 2011.

En la última de las reuniones hasta la fecha se llegó a cuatro acuerdos. Uno para la modificación del reglamento de la propia comisión y tres relacionados con cuestiones competenciales en materia laboral, sanitaria y educativa.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acudirá este fin de semana a Cataluña para presidir el acto de presentación oficial de la candidatura de Xavier García Albiol para las elecciones autonómicas de del próximo 21 de diciembre, las convocadas por el Ejecutivo en aplicación del artículo 155 de la Constitución. Fuentes de la dirección nacional del Partido Popular sostienen que la idea es que el jefe del Ejecutivo, en la medida en la que se lo permita su agenda, tenga una presencia "importante" en campaña. "Irá bastante", resumen.

Si no hay cambios de última hora, el candidato dará a conocer la lista de las personas que le acompañarán en estas elecciones el próximo jueves, ante el Comité Ejecutivo del Partido Popular de Cataluña. Y un día después, el viernes, será ratificada por el Comité Electoral Nacional.

La presencia de Rajoy en precampaña y campaña se verá reforzada, según las mismas fuentes, por la de otros miembros del Gobierno y de la dirección nacional del Partido Popular. "Estaremos a todo lo que nos pida Albiol porque es una campaña muy importante", resume un diputado nacional. Este mismo lunes, tras la reunión del Comité de Dirección del PP presidida por Rajoy, el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, avanzó que la del 21D será una campaña "muy visible".

Los conservadores no ocultan que en las encuestas no salen nada bien. Pero insisten, como siempre, en que los sondeos "no son más que una foto fija". En el PP confían en que lo que denominan "mayoría silenciosa", que ha salido a la calle en las últimas semanas contra la independencia de Cataluña, no se quede en su casa el 21D y aflore el llamado "voto oculto", el de los ciudadanos que no se atreven a precisar su sentido del voto cuando se les pregunta para los sondeos.

"Mayor participación"

"Esperamos que haya más participación que en la cita anterior", subrayan las fuentes consultadas.

La llamada al "voto útil" se plantea como uno de los ejes de la campaña del PP de Cataluña. Un mensaje que lleva aparejada la necesidad de diseñarla en clave bastante nacional. Y del que dieron pistas este lunes destacados miembros de la dirección nacional del PP. Así, cuando Casado recalcó que el PP hará una campaña "muy visible" en Cataluña, lo justificó en que es la formación conservadora la que "ha sacado a Cataluña de este atolladero", aunque haya habido otras que también "hayan acompañado al Estado" en este proceso, dijo en alusión al apoyo PSOE y Ciudadanos. 

Así, el PP hará de la aplicación del artículo 155 una bandera electoral, según interpretan las fuentes consultadas. "Se ha hecho para recuperar la democracia y la legalidad", defienden.

Otra de las banderas será la de dibujar las siglas del PP como un "valor seguro". Así lo definió el vicesecretario de Política Social y Sectorial, Javier Maroto, en una entrevista concedida a RNE.

A juicio del dirigente conservador, los ciudadanos de Cataluña están demandando un proyecto que "recupere la convivencia en las calles, que devuelva la confianza en las empresas y recupere un Gobierno de la Generalitat que haga los cambios que Cataluña necesita en muchos ámbitos". Unas condiciones que para él sólo reúne el PP: "La experiencia de Gobierno o la capacidad para gestionar recursos del PP no la tiene otros; una cosa es decir las cosas y otra hacerlas", insistió. Conscientes de que pelean por un sector muy similar del electorado, los conservadores van a intentar marcar distancias con Ciudadanos en esta campaña. Otra cosa será que intenten, a partir del 21D, una coalición de "fuerzas constitucionalistas". En todas las encuestas publicadas, C's aparece en Cataluña muy por delante del PP en intención de voto.

El "impacto del proceso independentista"

"Uno de los objetivos es que continúe el proceso de recuperación económica en el que España lleva instalada, por fortuna, en los últimos años". Esta frase de Mariano Rajoy servía de cabecera al argumentario sobre "el impacto del proceso independentista" remitido a primera hora de tarde del lunes a los cargos del partido.

El documento divide en tres los "costes" del llamado "desafío soberanista": económicos, sociales y políticos.

Entre los costes económicos cita que "uno de cada cuatro desempleados en octubre vive en Cataluña". "Mientras en Cataluña aumenta el paro en 14.698 personas, en las comunidades autónomas receptoras de sus empresas disminuye o apenas aumenta", puede leerse. El PP se refiere a la marcha de empresas de Cataluña a otras comunidades autónomas.

En este sentido, mantiene que en la Comunidad Valenciana hay 1.858 parados menos y en Madrid la subida de desempleados es de 309. 

Reducción del turismo

Además de cifrar en 2.000 las empresas que han trasladado sus sedes sociales y fiscales a otras regiones, el argumentario destaca que "se han desincentivado las inversiones" y "se ha reducido drásticamente el turismo".

En el apartado dedicado a los "costes sociales" subraya que "el nacionalismo radical ha dividido y señalado a los que opinan distinto como enemigos", que "ha atacado la diversidad de opinión, el respeto y la tolerancia" y que "ha levantado una frontera al pluralismo y la libertad".

En el último apartado, el de los "costes políticos", el PP se queja de que el Parlament y la Generalitat "se han sometido a la arbitrariedad de los independentistas", "se han pisoteado los derechos de la oposición democrática" y "se ha pretendido aniquilar la Constitución y el Estatut". Además, añade que "el desprestigio internacional de las instituciones catalanas es enorme".

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, compareció este martes en Barcelona para rendir cuentas de los acuerdos aprobados en el Consejo de Ministros extraordinario convocado por Mariano Rajoy a las 18.00 horas. Antes de anunciar las iniciativas aprobadas, Millo valoró de forma breve los primeros días de entrada en vigor del artículo 155 de la Constitución. "Todas las dependencias de la Generalitat de Cataluña están funcionando con total normalidad", dijo antes de agradecer, en nombre del Ejecutivo, la "profesionalidad y colaboración" de los funcionarios.

Millo calificó de "serial de hechos insólitos e inéditos" el viaje y la rueda de prensa en Bélgica del presidente del Govern cesado, Carles Puigdemont. No obstante, dijo que lo que "merece destacarse" es que el expresident "asume y reconoce" las elecciones del 21 de diciembre, convocadas por Mariano Rajoy el pasado viernes tras disolver el Parlament, como "legales y democráticas".

Por otra parte, el delegado del Gobierno confió en que el presidente de la Generalitat cesado acuda a declarar a la Audiencia Nacional y no se sitúe por "encima de la ley". "Hablamos de procedimientos judiciales y es norma básica respetarlos. Confío en que como cualquier otro ciudadano nadie se va a situar por encima de la ley", sostuvo.

Puigdemont ha sido llamado a declarar los próximos jueves 2 y viernes 3 de noviembre ante la Audiencia Nacional después de que la jueza Carmen Lamela haya admitido la querella de la Fiscalía por delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos contra él y otros trece miembros destituidos del Govern, entre ellos Oriol Junqueras, Jordi Turul y Raül Romeva. Al cierre de esta edición el diario La Vanguardia, informaba de que el expresident estaba regresando a Barcelona.

Dos reales decretos

Entrando en el contenido de los acuerdos del Consejo de Ministros, Millo anunció la aprobación de un real decreto de normas complementarias para la realización de las elecciones al Parlamento de Cataluña, fijadas para el 21D. "Este Real Decreto concreta algunos plazos del procedimiento a la vista de la regulación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, del 19 de junio de 1985 y regula las gratificaciones e indemnizaciones que reciben las personas que participan en el proceso electoral: las juntas electorales, los ayuntamientos y personal colaborador, los representantes de la Administración, los miembros de las mesas electorales y los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad autonómicos", puede leerse en la referencia facilitada por Presidencia del Gobierno.

El segundo real decreto supone la supresión de la Secretaría para el desarrollo del autogobierno, la Oficina para la mejora de las instituciones de autogobierno y la Comisión Interdepartamental para el desarrollo del autogobierno. Y dispone varios ceses. Entre otros, del secretario general del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalitat, y de los delegados territoriales del Gobierno de la Generalitat en Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Terres de l'Ebre, Cataluña Central y Alt Pirineu i Aran, además del cese del director del Instituto de Estudios del Autogobierno.

La de este martes es la primera rueda de prensa del delegado del Gobierno en Cataluña desde la sede de la institución desde que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes las medidas concretas en aplicación del artículo 155. 

La idea del Ejecutivo de Mariano Rajoy es la de que sea Millo el que rinda cuentas desde Barcelona de todos los acuerdos del Ejecutivos relacionados con la situación en Cataluña.

Desde el sábado, cuando el Boletín Oficial del Estado publicó el cese del Govern y la convocatoria electoral para el 21 de diciembre, el Gobierno ha optado por no valorar los pasos dados por Carles Puigdemont y otros miembros de su Govern ya cesados. Son ahora los tribunales los que tienen en sus manos la respuesta y los que irán actuando en los próximos días.

Rueda de prensa de Puigemont

Horas antes de que Millo compareciera ante la prensa, el president destituido de la Generalitat dio una rueda de prensa en Bruselas (Bélgica), donde viajó junto a cinco exconsejeros de su etapa en el Govern. Puigdemont negó que tuviera intención de pedir asilo político y justificó su viaje a Bélgica asegurando que en España carece de "garantías" para ejercer el cargo que él considera que sigue ocupando. No obstante, no aclaró si tiene pensado volver a Cataluña. Lo que sí dejó claro es que respetará las elecciones autonómicas del 21D, si bien las planteó como un "plebiscito" y pidió al Ejecutivo central garantías de que respetará los resultados. "Yo lo voy a hacer", sostuvo.