Una cuestión espinosa, partidos políticos que se oponían por unanimidad, dirigentes económicos partidarios... Baste esto para ejemplificar que el profesor suizo jubilado Hansruedi Weber, responsable de la iniciativa popular suiza sobre la “banca de reserva 100% (o moneda plena)”, no lo tenía fácil. Parecían darse todos los elementos para que la iniciativa pasase a engrosar la lista (un 25% de las iniciativas puestas en marcha) de las propuestas que no logran reunir las 100.000 firmas necesarias del electorado suizo o que encallan en la validación jurídica de la proposición.

Con militantes sin experiencia, sin apenas medios económicos, sin apoyo político, sin una “figura” mediática, los defensores de la moneda plenamoneda plena consiguieron ganar un pulso al reunir, entre julio de 2014 y diciembre de 2015, 110.955 firmas válidas. Este éxito pone de manifiesto que la cuestión de la moneda interesa, incluso, obsesiona a la opinión pública desde la gran crisis de 2007-2008.

En una entrevista concedida en 2014 al diario editado en Zúrich Neue Zürcher Zeitung, Hansruedi Weber decía que todo comenzó con la crisis financiera. No es el único caso. Desde hace varios años, la moneda es objeto de numerosas reflexiones, políticas y en el ámbito universitario. También se ha convertido en una cuestión de interés para el gran público, que descubre el carácter misterioso y fascinante de la moneda. La serie española de éxito Casa de Papel, donde Robines de los Bosques modernos pretenden adueñarse de las planchas de billetes del Banco Central, es la prueba.

Es verdad que la magnitud del shock de 2007-2008, unido a la crisis de la deuda de la eurozona, supuso, para una generación entera, la revelación de la realidad del sistema monetario mundial. Bien es cierto que el sistema posterior a Bretton Woods, basado en monedas con un respaldo físico que fluctúan libremente entre sí y creadas de la nada por los bancos comerciales, había conocido sobresaltos en su nacimiento y hasta finales de los 80.

Pero, desde entonces, se había querido creer que este sistema se había estabilizado. Las crisis monetarias parecían limitadas a algunos Estados incorregibles, como Argentina en 2002, y se había terminado por no ver más que ventajas a un sistema monetario que permitía que los bancos centrales controlasen la inflación garantizando la abundancia. Era los tiempos llamados de la “gran moderación” por los economistas de Estados Unidos, durante los cuales la moneda no parecía plantear ya problemas especiales más allá de las inevitables variaciones coyunturales.

La crisis de 2008 evidentemente lo cambió todo, sacando a la luz la magnitud de las pérdidas de los bancos (vinculadas a una distribución insensata del crédito), la magnitud del rescate del sistema financiero y, por último, la magnitud de la creación monetaria de los bancos centrales para tratar de contener la crisis. La facilidad con que se crea moneda, en régimen de fiat money (dinero fíat), y su contraste con el peligro vinculado a la creación de moneda central y pública han calado... Y llevado a reflexiones en torno a la utilización de la moneda. Desde entonces, se dibujan varias tendencias. Recientemente, la asociación Économistes atterrés publicaba una obra sobre la moneda que presenta las principales líneas del debate. Las que siguen son algunas de las vías de reflexión para reformar el sistema monetario, aunque el listado está lejos de ser exhaustivo.

La 'moneda plena' o solución administrada

La iniciativa suiza sometida a referéndum trataba de restituir una realidad a la moneda, devolviendo el único poder de creación monetaria al Estado. Se trata de una decisión intermedia entre el patrón oro y la situación actual. Si los suizos hubiesen adoptado esta iniciativa el pasado 10 de junio (sólo participó el 34% de los votantes inscritos, el 75,7% de los cuales dijo no a la propuesta), el franco suizo sería una moneda creada de la nada, pero cuya creación habría sido competencia exclusiva de los poderes públicos, que pueden garantizar su valor. Eso y no otra cosa es lo que significa el término “moneda plena”: cada franco suizo emitido queda garantizado por el Estado, tiene un activo sólido (en la línea del patrón oro) que es la soberanía. Al igual que antaño se podía exigir el valor en oro de cualquier billete bancario, el poseedor de francos suizos podría estar tranquilo porque sus depósitos bancarios tendrían un valor completamente garantizado.

En el sistema actual, los bancos privados pueden emitir moneda creando deuda contra sí mismos y por tanto vinculando la moneda a su propia existencia. Pero, a diferencia del sistema basado en el patrón oro, el sistema de moneda plena permite, en teoría, una mayor flexibilidad proporcionando capacidad de creación, en teoría ilimitada, a las autoridades monetarias. Este sistema no dice nada sobre las políticas monetarias aparejadas; simplemente suprime un intermediario, los bancos, para reducir el riesgo que conlleva para la moneda. En teoría, reduce el riesgo bancario, pero este sistema no impide la formación de burbujas especulativas o políticas monetarias inflacionistas o deflacionistas.

El “QE for people”

Hace años, ante las dificultades de los bancos centrales a la hora de actuar sobre la economía real, varias asociaciones lanzaban la idea de una flexibilización cuantitativa (en inglés, quantitative easing o QE) dirigida directamente a la población. Ya que los bancos centrales sólo conseguían estimular parcialmente la economía, a través de los bancos y los mercados, se trataba de estimular a estos últimos a la hora de distribuir directamente moneda en los hogares y las empresas, ya fuese en forma de crédito en la cuenta bancaria o como “bonos de compra” que permiten el consumo de determinados productos, cuya producción desean favorecer las autoridades monetarias.

Esta propuesta parte de una idea que data de 1948, de Milton Friedman, el padre del monetarismo, entonces bautizada como “moneda helicóptero”, en alusión a los sacos de víveres lanzados desde helicópteros sobre las poblaciones víctimas de la guerra o de las hambrunas. Varias asociaciones, sobre todo Europa QE4People, defienden esta idea –muy debatida en Reino Unido en 2015-2016, sobre todo en los medios neokeynesianos–. La iniciativa de la moneda plena de Suiza recupera esta idea. Pero la moneda plena y el “helicóptero moneda” en realidad son dos acciones separadas, ya que la segunda, en teoría, se puede aplicar en el marco actual. Además, el propio BCE, en marzo de 2016, cuando muchos dudaban de la eficacia de sus políticas, aludió, por boca de su economista jefe Peter Praet, a esta opción como parte del arsenal del banco central...

Desde entonces, la recuperación económica en la zona euro ha acallado algo el debate en torno a esta creación monetaria del Banco Central. Cierto es que su realización práctica plantea problemas, sobre todo el de los objetivos que han de alcanzarse. Otro problema importante para la moneda plena es el de la legitimidad democrática del Banco Central a la hora de concebir un plan de estimulación y favorecer a algunos sectores de la sociedad en lugar de a otros...

Las criptomonedas o el sueño libertario

El bitcoin se convertía en la estrella del año financiero 2017 al ver cómo aumentaba su valor. Esta moneda electrónica nació también en respuesta a la crisis financiera. Su legendario fundador, Satoshi Nakamoto, la concibió en enero de 2009 tras la quiebra de Lehman Brothers. El objetivo era crear un activo suficientemente seguro en sí mismo y que pudiese prescindir de cualquier acción del Estado y de los bancos centrales. El valor del bitcoin y de otras criptomonedas, aparecidas desde entonces, es lacadena de bloques (blockchain), un sistema de almacenaje de datos y de verificación del valor del activo basado en el intercambio. Este valor se basa en la tecnología de verificación y en la escasez. El estadio último del bitcoin debía ser un estatus próximo al oro, un metal inútil pero bastante escaso para ser considerado como una reserva de valor. Las otras monedas “reales” podrían ver su valor en este criptoactivo, como en otros tiempos se hacía con el oro o la plata.

Desde entonces, han aparecido otras criptomonedas, cada una con su propia tecnología. Y esto no supone necesariamente un problema; antaño, el valor de las monedas se medía en función de diferentes metales, a menudo dos, el oro o la plata. Ahora se lleva a cabo recaudación de fondos en criptoactivos, los famosos ICO (Initial Coins Offerings). A día de hoy, el valor conjunto de estas monedas supera los 300.000 millones de dólares.

En los sueños más locos del liberalismo libertario, estos activos permitían una competencia entre los bancos comerciales para crear moneda. La idea es simple: cada banco podría crear moneda a voluntad, pero el valor de dicha moneda estaría basada en criptoactivos. Los poseedores de esta moneda privada podrían exigir el valor en criptoactivos en cualquier momento y los bancos deberían mostrarse prudentes en sus emisiones. Y, según la lógica liberal, cuanto más competitivo sea el mercado, más prudentes deberán mostrarse los bancos para inspirar confianza y ganar más clientes. Esta autorregulación se puso en práctica en algunos país, en Suiza y en Estados Unidos, en el siglo XIX, pero se abandonó. En la mitología del libertarismo, los Estados fueron los que redujeron a la nada estas tentativas. La independencia de las criptomonedas de los mecanismos del Estado reactiva ahora el mito.

Sin embargo, este sueño plantea varios problemas. La inflación de criptoactivos se convierte en problemática, sobre todo con los ICO. Además, estos activos están lejos de ser activos sólidos. Su volatilidad es elevada y los riesgos vinculados a la seguridad de la tecnología, sobre la que reposa todo su valor, son inciertos. Por último, el carácter sano de la autorregulación de los bancos basada en la competencia está por demostrar. De momento, los criptoactivos siguen menos la ruta descrita que la de la integración en el sistema financiero donde se convertirán simplemente en un objeto de especulación como otro cualquiera.

La MMT o la lógica de la fíat money llevada al máximo

Hace años que surgió una nueva escuela económica al otro lado del Atlántico: la “teoría moderna de la moneda” (modern monetary theory o MMT). Procedente de la teoría chartalista de los años 40, se distingue de la escuela postkeynesiana en varios puntos esenciales y, sobre todo, en su visión de la creación monetaria. Para la MMT, un Estado con soberanía moderna no puede, en el mundo post-Bretton Woods, estar corto de dinero. Puede crear moneda, siempre que se trate de satisfacer necesidades. Esta creación no es inflacionista, siempre que no supere las capacidades productivas de la zona monetaria.

En el centro de este pensamiento se encuentra el empleo. Los economistas de la MMT como Stephanie Kelton y Pavlina Tcherneva, en Estados Unidos, o Bill Mitchell, en Australia, defienden la “garantía del empleo” (Job guarantee). La particularidad es que el Estado crea la moneda necesaria para garantizar el pleno empleo mediante la creación de puestos destinados a prestar verdaderos servicios. Ahora bien, estos empleos constituyen una fuerza estabilizadora para la economía: hay menos en periodo de expansión y más en periodo de ralentización. El empleo garantizado por el Estado, y por tanto la creación monetaria del Estado, se convierte en el agente estabilizador como hoy lo son los tipos de interés, pero el efecto es más directo. La MMT se convirtió en muy popular en Estados Unidos, sobre todo en los círculos próximos a Bernie Sanders. Sin embargo, es muy discutida, sobre todo en los medios neo y postkeynesianos que ven en ello la promoción de empleos con descuento y no están convencidos de los efectos estabilizadores de la garantía del empleo al subrayar que la demanda privada también actúa sobre los precios y que los efectos sobre las importaciones pueden crear desequilibrios.

Moneda electrónica

“Nos encantaría deshacernos de monedas y billetes”. Esta confesión reciente de un banquero central, en una reunión de profesores universitarios, traduce la voluntad de los bancos centrales por acabar con la moneda física para pasar a realizar la totalidad de los pagos de forma electrónica y desmaterializada. Esta evolución no es propiamente dicho una cuestión monetaria. Afecta sobre todo a los medios de pago. En realidad, la evolución de éstos tiene consecuencias en la creación monetaria y el funcionamiento de la moneda. Además, por esta razón es por la que los bancos centrales desearían acabar con el líquido. El dinero líquido es una deuda directa sobre el banco central, no sobre el banco donde se deposita la liquidez. Si bien las autoridades monetarias no lo emiten realmente, sí son garantes directos. Si el dinero deja de ser físico, el control de los depósitos será mucho más sencillo, sobre todo en la gestión de las quiebras bancarias. La moneda perderá su aspecto “neutro”, dejará de ser una forma de deuda en el sistema bancario.

La moneda electrónica permitirá, en teoría, un control más preciso de los flujos monetarios e impedirá las “pérdidas” vinculadas al aspecto físico de la moneda como la destrucción accidental, el robo o el acaparamiento. En teoría también, reduce los usos fraudulentos de la moneda (blanqueo o falsificación). Sin embargo, recordemos que el dinero físico apenas representa el 10% de la masa monetaria. Pero, en especial, el reverso de la moneda es el de una vigilancia más estrecha, una dependencia todavía más elevada del sistema bancario y la desaparición de cualquier contacto físico con el dinero del que se ignora realmente las consecuencias económicas.

De hecho, la moneda electrónica puede modificar considerablemente la relación con la moneda, aunque en algunos países hoy apenas se emplee el efectivo. Por esta razón, los bancos centrales dan pequeños pasos en esta dirección. En la zona euro, el BCE ha dejado de fabricar billetes nuevos de 500 euros, sin embargo no los ha retirado de la circulación... Hay algunas sociedades, como la alemana, donde el empleo del dinero contante y sonante es aún muy elevado...

Por su parte, Suecia ha tomado un camino particular: su banco central, el Riksbank (el más viejo del mundo) estudia el lanzamiento, en 2019 de una criptomoneda nacional, la e-krona (corona electrónica), basada en una tecnología diferente del blockchain, el tangle, pero que en teoría es muy segura. Porque la cuestión del robo electrónico (hacking) también es vital en esta evolución. Dicha tecnología permitiría registrar las operaciones limitando drásticamente los fraudes; la emitiría el banco central paralelamente al sistema bancario y en competencia con el dinero físico. El sistema puede ser una realidad en 2019. _________

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

El pasado día 1 de enero la Imprenta Nacional paró definitivamente sus planchas tras 231 años de historia. Así lo decidió el Gobierno, con la idea de ahorrar 1,5 millones de euros en sueldos. Los primeros 35 trabajadores, de un número inicial de 74, ya han sido trasladados a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), tal como se acordó en un protocolo de integración que acordaron ambos organismos. Es la primera vez que se lleva a cabo un movimiento de personal de este volumen entre dos entidades públicas: una agencia estatal –el BOE, del que depende la imprenta– y una empresa pública –la FNMT–. Y ha resultado un fiasco. Los 35 trabajadores llevan allí desde el día 15, pero no trabajan. Deambulan por la fábrica o pasan las ocho horas de su jornada en el comedor de las instalaciones. Y así seguirán mientras no se les imparta la formación que precisan para adaptarse a la maquinaria de la Casa de la Moneda.

Sus nóminas las sigue pagando el BOE, continúan adscritos al convenio colectivo del BOE y sus salarios no han cambiado. Pero la FNMT no quiere pagar a sus trabajadores por la formación que deben dar a sus nuevos compañeros del BOE y, sin ella, éstos no pueden tocar las máquinas. “Estamos en el limbo”, se quejan a infoLibre. La plantilla de la FNMT lleva un año reclamando que se le pague el adiestramiento específico que imparten a todos los nuevos trabajadores cuando se incorporan, explica Pablo Rodríguez, representante de CCOO en el comité de empresa. Pero las negociaciones no prosperaron y ni siquiera la llegada prevista a fecha fija del numeroso grupo de trabajadores del BOE presionó a favor del acuerdo.

La plantilla de la Casa de la Moneda pide que se le retribuya por el “sobreesfuerzo” de “formar y producir a la vez”. “Tenemos que formar a máquina parada, lo que también supone un impacto en los costes”, expone Pablo Rodríguez. “Con el personal eventual, el adiestramiento no era muy prolongado, pero el que requieren los empleados del BOE, dependiendo de la categoría, puede extenderse desde seis hasta 11 meses”, apunta Fernando Pérez Ruiz, presidente del comité de empresa del BOE.

En ambos lados sindicales no dudan en atribuir el embrollo a la “mala planificación”. Aunque el protocolo de integración se firmó en octubre, sus detalles técnicos no se han elaborado aún, advierte Pablo Rodríguez. Tampoco el plan de formación. En noviembre Hacienda y Presidencia aprobaron un “desarrollo técnico del protocolo”, de sólo tres páginas, en el que establecían las vacaciones, turnos de trabajo y garantías retributivas, pero nada se precisaba sobre el programa de formación y las categorías profesionales, los dos puntos conflictivos del traslado.

Rebaja de categoría profesional

Por su parte, el presidente del comité de empresa del BOE acusa a ambos organismos de incumplir tanto el protocolo de integración como la Disposición Adicional Trigésima Séptima de los Presupuestos Generales del Estado, que garantiza el mantenimiento de los salarios de los trabajadores del BOE y su categoría “de origen”. Como las categorías profesionales en el BOE y en la FNMT son distintas, es necesario hacer un ajuste que rebajará las de los trasladados: los jefes de equipo serán oficiales de segunda y los oficiales de tercera, peones. Continuarán cobrando lo mismo, pero temen terminar realizando funciones que no sean las suyas, según han comentado a este periódico. “Están practicando un espigueo de condiciones laborales”, reprocha Pérez Ruiz, aplicando las condiciones que les convienen y desechando las que les resultan onerosas.

También cree que los trabajadores del BOE están pagando la novatada”, ya que ésta es la primera vez que se traspasa un grupo, en este caso personal laboral fijo, entre dos organismos de la Administración. “Antes sólo se ha hecho con personal sometido al convenio único”, aclara Pérez Ruiz. Curiosamente, los ministerios de Presidencia y de Hacienda, firmantes del protocolo de integración, proponen como ejemplo para el resto de las administraciones el traspaso de plantilla entre el BOE y la Casa de la Moneda. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, recomienda la “movilidad de personal” como un mecanismo que “debería afectar a todo el ámbito de la Administración General del Estado y a todo el sector público estatal”. “Habría que normalizarla y potenciarla”, destaca, “creando mecanismos permanentes de entrada y salida en los distintos organismos”.

Al cierre de esta edición, el Ministerio de Presidencia no ha contestado a las preguntas que le formuló infoLibre sobre las incidencias del traspaso del personal del BOE.

Una solución antes de 15 días

Pablo Rodríguez achaca a las “complejidades de la Administración” los desajustes del traslado. Según dice, la FNMT y los sindicatos difieren en la interpretación de las cláusulas del protocolo sobre el mantenimiento de las categorías profesionales. Además, critica que la dirección de la Casa de la Moneda no haya convocado a los representantes de los trabajadores, pese a que éstos lo han solicitado. Marcelino Blázquez, de la sección sindical de CCOO en el BOE, apunta también que la Dirección de la Función Pública debe aún aprobar el cambio de categorías. Pérez Ruiz asegura que están pendientes de que el director del BOE, Manuel Tuero Secades, y el presidente de la FNMT, Jaime Sánchez Revenga, firmen un acuerdo de aplicación del protocolo. Este mismo lunes iban a reunirse los dos con motivo del consejo de administración de la Casa de la Moneda, del que es miembro Manuel Tuero. Marcelino Blázquez pone de plazo los próximos 15 días para que se encuentre una salida al limbo en que se ha metido a los trabajadores del BOE. Si la situación se prolonga, los sindicatos amenazan con acudir a los tribunales por el incumplimiento del protocolo de integración.

El representante de CCOO, no obstante, descarta que la extraña situación en que se encuentran los 35 antiguos oficiales de la Imprenta Nacional sea una cesión ilegal de trabajadores. Durante el periodo de formación, que según el protocolo se prolongará como máximo hasta el 31 de diciembre de este año, los 35 empleados del BOE siguen siendo trabajadores de esta agencia estatal, que les paga sus nóminas y les organiza las vacaciones y permisos. No tienen, detalla el protocolo, “relación laboral alguna con la FNMT”. La cesión ilegal se produce cuando una empresa que no es una ETT pone a disposición de otra uno o más trabajadores. Éstos prestan sus servicios en la segunda empresa como si fuesen sus empleados –les organiza tareas y horarios, por ejemplo–, pero la que les paga y les ha contratado es la primera.

El Banco Central Europeo (BCE) retiró de la circulación unos 363.000 billetes de euro falsos en el segundo semestre del año pasado, un 9,7% más que los retirados en la primera mitad del año pasado y un 2,8% por encima del número del mismo periodo de 2016, alcanzando la mayor cifra de los dos últimos años.

En el segundo semestre los billetes de 20 y 50 euros fueron los más falsificados, representando el 85% de todos los billetes falsos retirados. En concreto, los billetes de 50 euros falsos representaron el 52,5% del total, mientras los de 20 euros fueron el 35,2%. Por su parte, las falsificaciones de billetes de 500 euros equivalieron al 2,2% y las de 10 euros el 1,8%.

Los billetes menos falsificados en la segunda mitad del año, según los datos del BCE, fueron los de 200 euros, con el 0,8% del total retirado, por delante de los de 5 euros, que representaron el 1%.

La mayoría de los billetes falsos, el 97,8%, se hallaron en países de la zona del euro. Este porcentaje se situó en torno a un 1,7% en los Estados miembros de la UE no pertenecientes a la zona del euro y en el 0,5% en otros lugares del mundo.

No obstante, la institución subrayó que la probabilidad de recibir un billete falso "es remota", ya que su número sigue siendo muy bajo en comparación con el número de billetes auténticos en circulación, que ha aumentado ininterrumpidamente a ritmos superiores al del crecimiento del PIB desde la introducción del euro.

De hecho, en 2017, el número y el valor de los billetes en euros en circulación aumentaron en torno al 5,9% y al 4%, respectivamente. Actualmente, hay más de 21.000 millones de billetes en euros en

circulación, cuyo importe total supera 1,1 billones de euros.

Nuevos billetes de 100 y 200 euros

Por otro lado, el Eurosistema planea emitir de forma simultánea en el primer semestre de 2019 los nuevos billetes de 100 y 200 euros, las dos últimas denominaciones de esta nueva serie, de la que no se emitirán billetes de 500 euros.

Los cuatro primeros billetes de esta nueva serie, las denominaciones correspondientes a 5 euros, 10, 20 y 50, entraron en circulación en 2013, 2014, 2015 y 2017, respectivamente. El nuevo billete de 50 euros comenzó a circular el 4 de abril de 2017.

Los fabricantes y proveedores de maquinaria de billetes seguirán recibiendo apoyo del Eurosistema para adaptar sus máquinas y dispositivos autenticadores a los nuevos billetes.

El Eurosistema iniciará una campaña para informar al público y a los profesionales que manejan efectivo sobre la introducción de estos dos billetes, que incluyen nuevos elementos de seguridad.

Los españoles conservaban en octubre en su poder 1.635 millones de euros de la antigua moneda nacional sin canjear, la misma cifra que el mes anterior, lo que equivale a 272.041 millones de pesetas, según datos del Banco de España publicados este jueves.

Según las cifras de la autoridad monetaria y a pesar de que han pasado 15 años desde que empezó a circular la moneda común, los españoles conservaban a cierre de septiembre 139.098 millones de pesetas en billetes (836 millones de euros), la misma cifra del mes anterior, y 132.942 millones de pesetas en monedas (799 millones de euros en monedas), también el mismo importe que hace un año.

De hecho, el número de pesetas (799 millones de unidades) no ha variado desde agosto del año pasado, con lo que lleva 15 meses seguidos sin registrar movimientos, mientras que en el caso de los billetes en pesetas sí se han ido produciendo ligeros movimientos, todos ellos a la baja. Desde octubre del año pasado, los españoles han canjeado 1.331 millones de pesetas en billetes (8 millones de euros en billetes).

El Gobierno español fijó en tres meses el periodo de convivencia para ambas monedas, desde el 1 de enero de 2002, cuando comenzó a circular el euro en el bolsillo de los españoles, hasta el 31 de marzo del mismo año, y, desde entonces y hasta el siguiente 30 de junio, estableció un periodo de canje de las monedas y de los billetes en pesetas en las oficinas bancarias. A partir del 1 de julio de ese año, los españoles tienen que acudir al Banco de España si aún conservan la antigua divisa nacional.

Se dejarán de cambiar en 2020

El banco emisor estimó que el 45% de las monedas en pesetas que estaban en circulación antes de la entrada del euro nunca serán estregadas al Banco de España para su canje porque permanecerán en manos de los españoles como pieza de coleccionismo, o bien por deterioro, pérdida o salida del país en los bolsillos de los turistas.

El Banco de España dejará de cambiar pesetas a euros de forma definitiva el día 31 de diciembre de 2020, por lo que los españoles aún tienen cuatro años para retornar los 272.207 millones de la antigua moneda nacional y conseguir los 1.636 millones de euros que valen hoy en día.

Los trabajadores del Boletín Oficial del Estado (BOE) comenzaron la pasada semana a protestar a las puertas de la agencia estatal en la avenida de Manoteras de Madrid contra el cierre de la Imprenta Nacional, que se producirá el 31 de diciembre de 2017, después de 231 años de historia. El BOE, nacido como diario oficial impreso por el Estado, se remonta a la Gazeta, cuya publicación pasó a depender de la Corona en 1762. La Imprenta Real comenzó a mover sus planchas un poco más tarde, en 1787. Aunque el boletín dejó de aparecer en papel en 2008, la imprenta ha seguido en activo. De sus planchas salen –o salían– desde los libros de familia hasta los manuales para hacer la declaración de la renta, todos los documentos del Ministerio de Justicia, los formularios de la Seguridad Social, los manuales de la Dirección General de Tráfico para recuperar puntos del carné… También imprime publicaciones para el Tribunal de Cuentas, el Instituto Cervantes y la UNED o los mapas del Instituto Geográfico Nacional.

Con el cierre, un total de 82 trabajadores, todos ellos personal laboral fijo, oficiales de primera y segunda, serán trasladados a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT). La medida figura en una disposición adicional de los Presupuestos del Estado, que aún no están aprobados. Pero la plantilla se opone. Es más, teme que al cierre de la imprenta le acompañe la contratación con imprentas privadas de los trabajos que hasta ahora venían realizando.

El caso es que la clausura de la histórica imprenta supone un brusco golpe de timón respecto a los planes que el Gobierno reservaba, en principio, a este servicio. El informe CORA, la guía que el Gobierno elaboró en 2012 para reformar y racionalizar las administraciones públicas, pretendía designar a la Agencia Estatal del BOE como “única imprenta” de la Administración General del Estado, “potenciándola con el fin de que pueda ofrecer servicios integrados que resulten competitivos en cuanto a calidad, precios y tiempos de ejecución”. El plan incluía el desmantelamiento simultáneo de las imprentas con “maquinaria obsoleta” de la Administración. Según el informe, existen un total de 69 imprentas o servicios de reprografía repartidas por todos los ministerios y organismos públicos, que emplean a 618 personas. “Una red de imprentas poco modernizadas y gestionadas de manera atomizada”, describe el CORA. De ellas, sólo cinco pueden dar soporte al programa editorial de la Administración del Estado: además de la del BOE, la de Hacienda, del Centro Geográfico del Ejército de Tierra, del Ministerio de Defensa y del Instituto Geográfico Nacional.

Así que el informe optó por centralizar en la imprenta del BOE todos los trabajos de edición e impresión del resto de las administraciones, así como “redistribuir” el personal de las imprentas obsoletas y reasignarlo a nuevos destinos en la del boletín, “incluso con el establecimiento de varios turnos”. También se pretendía “potenciar las ediciones electrónicas, de manera que sustituyan plenamente a las ediciones en papel e introduciendo la impresión bajo demanda”. El conjunto de estas actuaciones debía suponer un ahorro de 5,14 millones de euros anuales.“Los gobiernos cambian de ideas”

“Los gobiernos cambian de ideas”

Sin embargo, poco o nada de ese plan de racionalización se ha llevado a cabo. De otras imprentas han sido trasladados sólo una decena de trabajadores desde 2012, asegura el presidente del comité de empresa del BOE, Fernando Pérez Ruiz. Y los encargos procedentes de otros servicios “no han llegado a cinco”. Ahora, cinco años más tarde, la que debía ser imprenta de referencia de la Administración detiene sus planchas con el objetivo de ahorrar 1,5 millones de euros en sueldos. “Los gobiernos cambian de ideas”, fue la única explicación que los responsables de la agencia dieron a los sindicatos cuando les preguntaron por los planes de la CORA, explica Pérez Ruiz.

El Ministerio de la Presidencia, del que depende el BOE, no ha querido contestar a los repetidos intentos de infoLibre de obtener su explicación sobre los cambios que tiene previstos para la Imprenta Nacional.

Los sindicatos enmarcan su paralización definitiva en el proyecto de convertir la Agencia Estatal en un organismo autónomo, en cumplimiento de la Ley 40/2015. Los organismos autónomos se rigen por el Derecho administrativo y no pueden facturar a otras administraciones. Así que el siguiente paso es el recurso a las imprentas privadas, aseguran los representantes de los trabajadores. También los vientos de la digitalización empujan en contra de la imprenta. La Administración sin papeles debería haber quedado implantada el pasado 2 de octubre, fecha de la entrada vigor de la Ley 39/2015. Desde entonces, en teoría, todos los procedimientos, desde las comunicaciones de los ciudadanos y las empresas con la Administración hasta los expedientes, trámites y certificados, debían ser electrónicos. Aún está lejos, pero no demasiado, el día en que cualquier procedimiento administrativo será nulo de pleno derecho si figura en un soporte hecho de pulpa de celulosa.

Pero ya antes de desaparecer la Imprenta Nacional ha comenzado el traslado de parte de sus encargos a empresas privadas. En concreto, los manuales prácticos de la Renta, del Impuesto de Sociedades y del IVA llevan dos años siendo adjudicados en concurso público a Einsa Print, una empresa con sede en San Sebastián de los Reyes y plantas de impresión en Pontedeume y As Pontes (A Coruña). En 2007 fue nombrado vicepresidente de su consejo de administración José María Castellano, el ex consejero delegado de Inditex. Al mismo tiempo, lamentan fuentes de los trabajadores, han reducido sus encargos tanto la Dirección General de Tráfico como el Instituto Cervantes, para el que, por ejemplo, imprimían los exámenes para los solicitantes de la nacionalidad española.

Más funcionarios, cada vez  menos laborales

La Imprenta Nacional facturó 2,41 millones de euros en 2015, último año del que el BOE publica sus cuentas anuales. Ese mismo ejercicio, la agencia estatal cerró con unas pérdidas de 17,7 millones. Sus fuentes de financiación son bastante rígidas, puesto que el 88% de los ingresos –un total de 41,3 millones en 2015– procede de las tasas que cobra por publicar los actos empresariales inscritos en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) y los anuncios tanto del BOE como del BORME. Un 10% más corresponde a las publicaciones oficiales que edita, imprime, distribuye y vende.

A la espera de que se aprueben los Presupuestos del Estado al filo del verano, los responsables del BOE confían en empezar a negociar en septiembre el protocolo para integrar la plantilla de la imprenta en la FNMT. La disposición adicional garantiza a los 82 trabajadores trasladados el mantenimiento de sus condiciones de trabajo y de su convenio colectivo. Eso sí, necesitarán formación para adaptarse a sus nuevas tareas. Han quedado excluidos del traslado los jefes de sección, los trabajadores próximos a la jubilación y los delegados sindicales.

La plantilla del BOE la componen 416 personas, de las que 85 son funcionarios y 312, personal laboral fijo. El resto lo integran trabajadores en prácticas. Pues bien, mientras la plantilla total se ha recortado en 126 personas desde 2004 hasta ahora, un 23,2%, el número de funcionarios ha crecido de 62 a 85, un 37%, según denuncia la Federación de Servicios Públicos de UGT. Según el comité de empresa, el aumento del personal funcionario se ha producido, además, sólo en los niveles superiores –niveles 28, 29 y 30–, al tiempo que el personal laboral se ha reducido en 168 personas desde 2004. El resultado es que, pese al recorte de plantilla, el gasto de personal en el BOE se mantuvo en 2015 casi al mismo nivel que hace una década, 19,3 millones de euros. Como queda dicho, la salida de los 82 empleados de la imprenta reducirá en 1,5 millones esa partida.

“Hay sitio para ellos” en la FNMT

Mientras los trabajadores de la Imprenta Nacional protestan en la calle contra el cierre, sus representantes han empezado a reunirse con los de la Fábrica Nacional de Moneda. “Hay sitio para ellos”, explica el representante de CCOO, Pablo Rodríguez, “tenemos una plantilla envejecida y hemos perdido personal en talleres, que es donde nos hacen falta trabajadores”. Las categorías en ambas instituciones son similares y “el oficio de impresión es básicamente el mismo, sólo necesitarán unos cursos de adaptación”, añade.

La FNMT, antigua Casa de la Moneda, imprime títulos universitarios, sellos, pasaportes, los carnés de identidad, registros notariales, billetes de lotería y del bingo… Para España y para países de Latinoamérica como la República Dominicana. Los pasaportes de Venezuela, por ejemplo, se imprimen en Madrid. “Son productos de mucha calidad, algunos con patentes que tienen mucho recorrido”, presume Pablo Rodríguez, quien por tanto no teme en el corto plazo la amenaza digital. Lo que no quiere decir que la desdeñe más adelante. “Como el resto de las artes gráficas”, se resigna.

La FNMT dejó de imprimir billetes de euro en 2015, cuando pasó a manos de la empresa Imbisa, una sociedad propiedad en un 80% del Banco de España. Para 2018, el 20% que ahora posee la FNMT lo comprará el organismo supervisor. La Fábrica Nacional de Moneda ganó 18,5 millones de euros en 2015, último año del que publica sus resultados. Entonces contaba con una plantilla de 1.212 empleados. El 6% de ellos eran temporales, el doble que dos años antes. A Imbisa, que fabrica 700 millones de billetes al año, han sido trasladados 250 trabajadores de la FNMT. Es lo que Fernando Pérez Ruiz llama la “tormenta perfecta”: la reconversión tecnológica, la transformación en organismo autónomo del BOE y el hueco dejado por Imbisa en la Casa de la Moneda han condenado a pieza de museo a la histórica Imprenta Nacional.

  EL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA NO RESPONDE

infoLibre envió a Presidencia un correo electrónico con las siguientes preguntas, que no ha contestado, después de intentar en repetidas ocasiones a lo largo de un mes obtener su versión para incluirla en esta información:

El personal de la imprenta del BOE, unos 80 trabajadores, va a ser trasladado a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), según consta en una disposición adicional de los Presupuestos Generales del Estado. Los trabajadores afectados y los sindicatos que los representan se oponen.

1.- ¿Cuál es el motivo del traslado?

2.- ¿Qué va a ocurrir con la imprenta del BOE y con los trabajos que en ella se realizan ahora?

3.- ¿Qué tareas van a desempeñar en la FNMT estos trabajadores del BOE?

4.- ¿Ha sido redactado ya el protocolo según el cual se va a efectuar ese traslado?

5.- ¿En qué va a consistir la transformación digital que va a acometer el BOE?

El Banco de España también ha contratado al despacho de abogados Cuatrecasas Gonçalves Pereira para que le preste asesoramiento jurídico en el proceso de cambio en las reglas que marca el Banco Central Europeo (BCE) en materia de elaboración de billetes y monedas. La existencia de este encargo fue desvelada a este periódico por los sindicatos CCOO y UGT, que critican el hecho de que una firma privada acceda a manejar información tan sensible como es la relativa a la edición de papel moneda. Preguntado por infoLibre sobre los términos exactos del contrato, su justificación y cuantía, un portavoz del Banco de España señaló que desde el supervisor no se iba a hacer "ningún comentario" al respecto porque "en el supuesto de que ese contrato existiera estaría sujeto a confidencialidad". Asimismo, desde el departamento de Comunicación de Cuatrecasas aseguraron no estar autorizados a "trasladar ningún dato o confirmación" sobre contratos con sus clientes.

A este acuerdo se suma otro firmado entre el Banco de España y la consultora privada Accenture para el asesoramiento en la parte técnica del mismo proceso por el que el BCE obliga al supervisor español a hacer cambios en el procedimiento actual de edición de papel moneda, que ha estado en manos de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) desde 1940, y del que dio cuenta infoLibre este viernes. El supervisor tampoco desvela su cuantía y se limita a concretar que el objetivo del mismo es obtener información sobre cuál es la “viabilidad industrial” y cómo es “la organización del trabajo” en la FNMT, pues todo parece indicar que el Banco de España –para adaptarse a lo que pide el BCE– tendrá que crear una nueva planta de impresión a la que se trasladarán los recursos humanos y técnicos de la FNMT necesarios para su funcionamiento. 

El Banco de España se acoge a que no tiene obligación de dar publicidad en su web a los contratos que realiza en dos supuestos: en el caso de las adjudicaciones que se hacen bajo un procedimiento negociado y las que no alcanzan la cuantía mínima que establece la ley. Los sindicatos creen que, al menos en el caso de Accenture, el modelo utilizado fue el del procedimiento negociado sin publicidad. En cualquier caso, los representantes de CCOO y UGT en la FNMT estiman que el trabajo para el que el regulador ha contratado a Accenture y a Cuatrecasas es innecesario y que, en cualquier caso, se podría haber realizado con el personal especializado con el que cuenta el supervisor bancario. 

El diputado de ICV Joan Coscubiela, que se reunió con las organizaciones sindicales para abordar este asunto, considera "evidente" que el Banco de España cuenta con los elementos técnicos y de personal suficientes como para determinar en qué medida hace falta o no reformar la Fábrica de la Moneda y que por tanto podría haberse ahorrado la contratación de las dos compañías privadas. No obstante, Coscubiela considera que lo "más preocupante" de este hecho es la "falta de transparencia" de la que ha hecho gala un organismo como el Banco de España al no publicitar los términos exactos de sus acuerdos con Cuatrecasas y Accenture y la justificación de los mismos. "No tendría que hacer falta ni que se pidieran, este tipo de contratos debería estar colgados en la página web", lamenta el parlamentario, que ve en este hecho un ejemplo más de cómo "el Gobierno habla mucho de transparencia, pero ni la practica ni hace que se practique". 

Críticas sindicales 

"Es increíble que el Banco de España contrate a una empresa privada para que entre en la Fábrica de la Moneda, se haga acopio del know-how, de los procedimientos de trabajo y de la experiencia de una compañía con más de cien años de historia y que maneja información sensible", se queja, por su parte, Rafael Roldán, representante de UGT en la FNMT. Y asegura que la consultora lleva varios días entrevistándose con diferentes responsables de la FNMT, como el jefe de Seguridad, el de Recursos Humanos y responsables de control de producción de los documentos de valor.

También cuestiona Roldán la falta de transparencia que ha habido en torno a esta contratación. Y se pregunta si se está aportando "información sensible o confidencial que puede acabar por perjudicar a la FNMT desde un punto de vista industrial, comercial o financiero". Pepe Fernández, secretario de coordinación de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, también cree que es "una barbaridad" que se hayan abierto a Accenture las puertas de Fábrica de la Moneda.