El aumento de las tensiones derivadas del nuevo orden geopolítico mundial ha sumido de lleno a Europa en una espiral belicista sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. La amenaza rusa por el este y el unilateralismo del impredecible Donald Trump por el oeste han terminado disparando el gasto militar en el Viejo Continente. Tanto, que se ha convertido en la mayor región importadora de armas. Por delante, incluso, de Oriente Medio. Una apuesta decidida por el rearme del que se está beneficiando, fundamentalmente, Estados Unidos, cuya industria militar, con una cotización disparada en el último año, se ha quedado con más de la mitad del mercado comunitario.

La Comisión Europea y la Alta Representante presentaron, hace justo un año, el llamado Plan Preparación 2030 para impulsar la seguridad y la defensa del Viejo Continente. El mismo permitía la movilización de un presupuesto de 800.000 millones de euros para rearmar el Viejo Continente. "Si Europa quiere evitar la guerra, debe prepararse para ella", aseveró la líder del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen. Un cambio de paradigma que se produjo en medio de la eterna ofensiva rusa en el patio trasero de la Unión Europea y de una incansable presión estadounidense para que los aliados de la OTAN incrementaran hasta el 5% su gasto en defensa.

Desde que estalló la guerra en Ucrania, el volumen de armamento llegado a los países europeos miembros de la Alianza Atlántica se ha incrementado un 181,83%, según los últimos datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (Sipri, por sus siglas en inglés). Es decir, importaron casi el triple. Un aumento que se ha experimentado de forma generalizada en toda la zona, convertida en la mayor compradora de material bélico del mundo, por delante de Asia e, incluso, Oriente Medio. Solo en 2025, el 42% de las importaciones se han producido en Europa, categoría que engloba desde Rusia y Ucrania hasta España o Francia.

Cuando puso sobre la mesa su plan de rearme, el Ejecutivo europeo resaltó la importancia de potenciar el tejido militar comunitario. "Debemos comprar más producción europea, porque eso significa reforzar la base industrial y tecnológica de la defensa europea, y también estimular la innovación, así como crear un mercado de equipos de defensa a escala de la UE", destacó Von der Leyen. Sin embargo, los datos del instituto de investigación ponen de relieve que el dinero desembolsado por los Estados miembro para reforzar sus capacidades armamentísticas en el último año ha salido, en su mayor parte, fuera del Viejo Continente.

"La industria europea no está preparada para producir y suministrar ese volumen de armamento tan rápido", explica en conversación con infoLibre Pere Ortega, presidente honorario del Centro Delàs de Estudios por la Paz. Quien sí lo está es, precisamente, quien ha presionado para ese aumento del gasto en el Viejo Continente: Estados Unidos. El 48% de las importaciones de armamento que los países europeos de la OTAN han hecho en el último año han venido del país norteamericano, seguido de Israel, que representa un 14%, y Corea del Sur, con un 11%. "Las guerras o las exigencias para invertir el 5% en defensa benefician, fundamentalmente, a la industria estadounidense", sentencia Ortega.

Los datos de las grandes empresas del sector en los últimos doce meses dan buena cuenta de ello. La cotización de Lockheed Martin, líder de la defensa y la seguridad aeroespacial –fabrica desde cazas de combate hasta sistemas de misiles–, ha crecido un 42%, situándose por encima de los 670 dólares por acción. Un 55% se ha revalorizado, por su parte, Northrop Grumman, principal proveedor de sistemas de lanzamientos de misiles para submarinos y buques. Más de un 30% ha escalado General Dynamics, uno de los contratistas de defensa más importantes a nivel mundial. Y más de un 60% se ha revalorizado la cotización de RTX.

Una industria que ahora se frota las manos con la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán y el incremento de las hostilidades en Oriente Medio. Trump anunció el viernes que algunos de los principales contratistas para las Fuerzas Armadas estadounidenses han prometido cuadruplicar la producción de armamento de alta gama. "La expansión (de la producción) comenzó tres meses antes de la reunión, y las plantas y la producción de muchas de estas armas ya están en marcha. Contamos con un suministro prácticamente ilimitado de municiones de grado medio y medio superior, que utilizamos, por ejemplo, en Irán y recientemente en Venezuela", señaló el presidente estadounidense.

Las empresas de la industria de defensa española valoran con "optimismo" un contexto "único" que permitió al sector vender en 2024 un 17% más que el año anterior, con una facturación cercana a los 10.000 millones de euros, y representar el 29% de la inversión industrial en innovación a nivel nacional, según informa EFE.

Este lunes se ha presentado en Madrid el Anuario Spain Defence and Security Industry correspondiente a 2024 con la presencia de la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, quien ha abogado por potenciar la producción militar nacional, que a día de hoy supone un 2% del PIB (34.000 millones de euros) y crea alrededor de 89.000 empleos en nuestro país. "La seguridad no se delega", ha subrayado.

El anuario revela que en 2024 el volumen de facturación de la industria alcanzó los 9.997 millones, 1.459 más que el ejercicio precedente. De esas ventas, 3.031 millones fueron directas al Ministerio de Defensa, un 35,2% más que el año anterior. También experimentaron un aumento notable las ventas al exterior, hasta los 6.966 millones, un 10,6%.

El grupo Airbus acapara el 45,3% del volumen de ventas en el sector con sus dos filiales Airbus Defence and Space (31,4%) y Airbus Military (13,9%) que facturaron en 2024 un total de 5.712 millones de euros.

Al sector aeronáutico le siguen el de armamento, con 1.096 millones de euros en ventas; el naval, con 1.075 millones de los que Navantia representa el 75%; el de materiales auxiliares, con 656 millones y en el que más pymes trabajan; y el electrónico, con 612 millones y liderado por Indra.

El teniente general Miguel Ivorra, jefe de la Dirección General de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa (Digeid), ha subrayado que la capacidad industrial militar "es clave para la seguridad nacional y para el posicionamiento internacional de las empresas españolas".

"España es una referencia en la industria de defensa europea", ha declarado para concluir: "Nos mantenemos firmes en nuestra vocación de servicio al país". En su turno, la secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación, Teresa Riesgo Alcaide, ha sostenido que el Gobierno "responde cuando se le pone delante un reto" con un importante apoyo al sector, que atesora el 29% de la inversión industrial en innovación a nivel nacional.

El anuario revela que la gran mayoría del sector ve el futuro con optimismo, en un momento en el que el gasto en defensa se ha disparado en todo el mundo y en el que existe incertidumbre por la posible fusión entre Indra y Escribano y una batalla judicial emprendida por Santa Bárbara Systems por los créditos concedidos por el Gobierno a esas empresas para inversión en desarrollar armamento. 

El presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano, ha llamado a las empresas del sector a trabajar "juntas y sin ambiciones", puesto que hay trabajo para todas y el objetivo es conseguir que los recursos se queden en España y volver al 6º puesto como exportador mundial.

"Estamos ante una oportunidad única para nuestro sector", ha señalado con respecto un contexto geopolítico en el que España debe fortalecer su "soberanía industrial" tanto para las grandes empresas como para las pymes.

La reciente cumbre bilateral entre Italia y Alemania, protagonizada por Giorgia Meloni y Friedrich Merz en Roma, no puede leerse como un mero gesto diplomático de rutina. Se trata, más bien, de un movimiento estratégico de alto calado que apunta a la construcción de un nuevo eje de poder en el corazón de la Unión Europea, el eje Roma—Berlín. Un eje que aspira a redefinir el liderazgo europeo en un contexto marcado por la guerra en Ucrania, la erosión del multilateralismo, la crisis del orden liberal y la progresiva militarización del proyecto europeo.

El encuentro se produce en un momento particularmente sensible para la UE. Francia, tradicional pilar del liderazgo comunitario junto a Alemania, atraviesa una fase de debilidad política interna, con un presidente desgastado, un sistema partidista fragmentado y una creciente contestación social. Este vacío relativo de París abre una ventana de oportunidad para que Roma y Berlín traten de ocupar el centro del tablero europeo, reconfigurando los equilibrios tradicionales del eje franco-alemán que ha estructurado la integración desde los años cincuenta.

En este contexto, Meloni y Merz comparten una visión sorprendentemente convergente, una Europa más dura, más securitaria, más militarizada y, sobre todo, más orientada a la lógica del poder. Ambos dirigentes defienden una UE capaz de desempeñar su propio papel en el mundo, una fórmula aparentemente neutral que, en realidad, remite a una concepción geopolítica clásica, la Unión como actor estratégico autónomo, dotado de capacidades militares, industriales y energéticas suficientes para competir en un entorno internacional crecientemente hostil.

La noción de autonomía estratégica, que durante años fue patrimonio casi exclusivo del discurso francés, ha sido plenamente asumida tanto por Alemania como por Italia. Sin embargo, su reinterpretación actual dista mucho de la versión original. Ya no se trata de reforzar la soberanía europea para proteger el modelo social, la democracia o el Estado de bienestar, sino de construir una autonomía basada en la industria de defensa, la seguridad energética y la integración de los complejos industriales estratégicos.

Uno de los ejes centrales del acercamiento entre Roma y Berlín es precisamente la integración de sus sectores armamentísticos, energéticos e industriales. Alemania es ya el primer productor de armas de la UE y uno de los principales exportadores a nivel mundial. Italia, por su parte, cuenta con un poderoso complejo militar—industrial encabezado por empresas como Leonardo, con fuerte presencia en aeronáutica, ciberseguridad y sistemas de defensa. La convergencia entre ambos países abre la puerta a la consolidación de un auténtico polo militar europeo, capaz de competir con los gigantes estadounidenses y de abastecer tanto al mercado interno como a terceros países.

Este proceso no es neutral. Supone una transformación profunda de la lógica del proyecto europeo, que pasa de ser un espacio de integración económica y cooperación política a convertirse progresivamente en una plataforma de poder duro. La guerra en Ucrania y, especialmente, la llegada de Trump al poder, ha actuado como catalizador de esta mutación, aumento masivo del gasto militar, normalización del lenguaje bélico y subordinación de las políticas económicas, energéticas y tecnológicas a imperativos de seguridad.

En paralelo, la cooperación entre los aparatos de seguridad, inteligencia, policía y control fronterizo, se ha convertido en otro pilar del eje Roma—Berlín. Bajo el paraguas de la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado o las amenazas híbridas, se está produciendo una creciente armonización de sistemas de vigilancia, intercambio de datos y coordinación operativa. La securitización de la política europea avanza de forma silenciosa pero constante, desplazando el eje del poder hacia estructuras opacas, tecnocráticas y difícilmente controlables por los parlamentos nacionales.

La política migratoria constituye, en este sentido, uno de los terrenos donde esta convergencia resulta más evidente. Italia, tradicional puerta de entrada al Mediterráneo, ha hecho de la externalización del control migratorio uno de los ejes centrales de su agenda. Alemania, tras el giro restrictivo de los últimos años, ha abandonado definitivamente la retórica de la acogida y se alinea cada vez más con una visión punitiva, basada en la disuasión, la deportación y la cooperación con regímenes autoritarios.

El eje Roma—Berlín impulsa una política migratoria que refuerza la Europa fortaleza, acuerdos con terceros países para contener flujos, criminalización de las ONG de rescate, expansión de Frontex y normalización de prácticas contrarias al derecho internacional. La migración deja de ser una cuestión humanitaria o social para convertirse en un problema de seguridad, gestionado por ministerios del Interior, fuerzas policiales y agencias de inteligencia.

Todo ello se inscribe en una lógica más amplia, la transformación de la UE en un actor geopolítico clásico, organizado en torno al liderazgo, la jerarquía y la capacidad coercitiva. Frente al ideal originario de una Europa post—nacional, basada en el derecho, el consenso y la interdependencia, emerge una Europa del poder, del interés estratégico y de la competencia entre bloques.

En este escenario, el papel de España adquiere una relevancia específica como posible actor de contrapeso. Madrid, tradicionalmente alineada con una visión más multilateral, menos militarizada y más orientada a la cooperación euromediterránea, podría desempeñar una función moderadora frente al endurecimiento securitario impulsado por el eje Roma—Berlín. Su apuesta por el fortalecimiento de la política exterior común, el énfasis en la dimensión social de la integración y su defensa, al menos discursiva, de una política migratoria basada en la corresponsabilidad y los derechos humanos, con la reciente puesta en marcha de una regularización extraordinaria de inmigrantes, la sitúan en una posición potencialmente diferenciada.

España cuenta, además, con una ventaja estructural, su centralidad en el eje sur de la UE y su capacidad para articular alianzas con países como Portugal, Grecia o incluso con sectores de la propia Francia, en torno a una agenda menos centrada en el poder duro y más en la gobernanza, la cohesión territorial y la estabilidad regional. En un contexto de reconfiguración de liderazgos, Madrid podría intentar impulsar una tercera vía, ni subordinación al nuevo núcleo militarizado ni repliegue nacional, sino una Europa más equilibrada entre seguridad, democracia y cooperación, y más autónoma de EEUU.

No obstante, la capacidad real de España para ejercer ese papel dependerá de su voluntad política y de su margen de autonomía frente a las dinámicas dominantes. El aumento del gasto militar, la integración en los proyectos industriales de defensa y la presión para alinearse con las estrategias de contención migratoria muestran que también Madrid se mueve en un terreno de ambigüedad, oscilando entre la retórica del contrapeso y la lógica de la adaptación.

La alianza entre Meloni y Merz no es simplemente una cooperación bilateral más. Es el síntoma de una mutación profunda de la Unión Europea, de espacio de paz a actor militar, de proyecto normativo a potencia geopolítica, de integración solidaria a liderazgo jerárquico. El eje Roma—Berlín aspira a dirigir esta transición, aprovechando el vacío francés y la fragmentación del resto de socios.

La pregunta clave es si esta Europa del poder será capaz de sostenerse sin sacrificar aquello que, precisamente, la hacía distinta, su apuesta por el derecho, la democracia, los derechos humanos y la resolución pacífica de los conflictos. Porque en su carrera por desempeñar su propio papel en el mundo, la UE corre el riesgo de convertirse en una potencia más, indistinguible de aquellas a las que dice querer contrarrestar.

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Ruth Ferrero-Turrión es doctora internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.

Al mismo tiempo que parte de su Gobierno participaba este martes en la misa de la Traslación en la catedral de Santiago, en la que el arzobispo Francisco Prieto volvió a pedir la paz en el mundo y la protección de las personas más frágiles, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, elogiaba la “enorme ventaja” de que “en el actual contexto global” haya en Galicia empresas militares. Así lo afirmó durante una visita en Nigrán a las instalaciones de Delta Vigo, donde reiteró el apoyo de la Xunta a las industrias de seguridad, defensa y aeroespaciales con 183 millones de euros públicos hasta 2030.

Según Rueda, empresas gallegas como Delta Vigo “contribuyen a situar a Galicia como un referente en el sector aeroespacial y de la defensa”. El presidente destacó la importancia de “estar preparados” en sectores punteros como “la tecnología de navegación aérea, el ferrocarril del futuro o la defensa” por la “enorme ventaja” que supone para los territorios “en el actual contexto global”. Un contexto que no explicitó, pero que la Xunta viene vinculando a las oportunidades que supone la militarización de la economía y sus “crecientes oportunidades”.

En esa línea, el presidente subrayó “entre otras medidas, la primera iniciativa estratégica de seguridad, defensa y aeroespacio de Galicia que se aprobó este verano”. “Contará con una inversión pública de 183 millones de euros hasta 2030, lo que permitirá movilizar 900 millones de euros”, recordó la Xunta.

La apuesta de la Xunta por la militarización de la economía llega al mismo tiempo que el Gobierno gallego intenta aprovechar otros desastres globales —como el cambio climático, con la presentación de Galicia como “refugio climático” para el turismo— o locales —como el envejecimiento de la población, “nicho de mercado” para nuevas empresas—.

La apuesta de Alemania por el rearme prosigue tras la reinstauración del servicio militar. El país germano ha batido un nuevo récord de gasto en defensa en 2025 con una inversión total de 83.000 millones de euros, después de que este miércoles la Comisión Presupuestaria del Bundestag o Cámara Baja diese luz verde a adquisiciones por valor de más de 50.000 millones de euros, según ha informado EFE.

"Es un nuevo récord. Esto no es un fin en sí mismo, pero señaliza el giro político (que se ha dado)", declaró el ministro de Defensa, Boris Pistorius, en una comparecencia en Berlín.

Según explicó, la Comisión Presupuestaria ha aprobado este año un total de 103 proyectos de adquisición con un valor total de 83.000 millones de euros. "Son inversiones enormes, somos conscientes de ello, pero son necesarias", argumentó.

Pistorius reiteró la necesidad de equipar y armar mejor a las Fuerzas Armadas o Bundeswehr, con el objetivo de garantizar la seguridad de Alemania a través del fortalecimiento de las capacidades de defensa y disuasión.

En un comunicado, el Ministerio de Defensa resaltó que se trata del tercer año consecutivo en el que se baten récords y que la suma de los tres últimos años, 188.400 millones de euros, es más alta que la de todo el periodo de 2015 a 2022, cuando se gastaron 109.000 millones de euros.

En concreto, el paquete por valor de 50.000 millones de euros aprobado este miércoles incluye una treintena de adquisiciones, entre ellas de proyectiles y otros componentes para diferentes tipos de sistemas antiaéreos como los Patriot, Arrow e IRIS-T, de vehículos blindados Puma, y de un sistema de radar satelital SPOCK.

También se adquirirán sistemas de armamento y otros componentes para los cazas Eurofighter, obuses, torpedos para submarinos, así como prendas y equipos personales para el total de 460.000 efectivos a los que está previsto ampliar la Bundeswehr en los próximos años y para 80.000 empleados civiles.

A principios de diciembre, el Bundestag aprobó la vuelta del servicio militar en el país. Esta medida establece que el servicio es de carácter voluntario, pero obliga al alistamiento a todos los varones de 18 años. En caso de que el número de voluntarios no fuera suficiente para cubrir las necesidades de defensa, será imperativo el prestar servicio.

De esta manera, se pretende incrementar las cifras de soldados en activo: de 183.000 a 255.000. En el año 2035, se espera llegar a los 270.000. También está previsto que se añadan hasta 200.000 reservistas.

Todos los jóvenes varones deberán cumplimentar un formulario sobre motivación y aptitud. Sin embargo, la obligatoriedad no se extiende a las mujeres, ya que el deber defensa de la Constitución alemana fue redactado en género masculino, por lo que sería necesaria una reforma constitucional para incluirlas.

El regreso del servicio militar en Alemania lleva fraguándose un tiempo. Ya en verano de 2024, el ministro de Defensa Boris Pistorius anunciaba un plan para establecer el servicio de forma "selectiva". El pasado agosto, el Consejo de Ministros alemán sentó las bases para esta medida a través de un proyecto que tuvo que ser debatido en el Bundestag. Finalmente, este mes de diciembre se aprobó el servicio en las Fuerzas Armadas de Alemania.

El servicio militar vuelve a ser una realidad en el continente europeo. El Ministerio de Defensa belga ha enviado este lunes una carta a casi 150.000 jóvenes de 17 años para reclutarlos de forma voluntaria y realizar la mili durante un año. Como incentivo, quienes acepten la formación recibirán una remuneración de unos 2.000 euros al mes. Una propuesta similar ya fue adoptada por el Gobierno alemán en agosto con el objetivo de conseguir "el Ejército más grande de Europa".

Además de Alemania y Bélgica, varios países europeos han reimplantado el servicio militar en un contexto marcado por la invasión rusa de Ucrania y el rearme. Lituania fue la primera en hacerlo, en 2015, restableciendo un servicio de nueve meses para hombres de entre 19 y 26 años tras haberlo abolido en 2008. Le siguió Suecia, que en 2017 recuperó una mili mixta, selectiva y limitada a unos 5.500 reclutas al año —hombres y mujeres— después de haberla suprimido siete años antes. En 2024 se sumó Letonia, que exige doce meses de servicio a los hombres de entre 18 y 27 años, elegidos por sorteo.

Por otra parte, la mili se ha mantenido en varios países europeos desde antes del siglo XXI. En Finlandia, el servicio militar obligatorio existe desde 1951 y Estonia lo mantiene desde 1991. Esta tendencia no se limita al norte: Grecia y Chipre también lo han conservado.

España, sin embargo, dio por concluido el servicio militar obligatorio en 2001, durante el segundo mandato de José María Aznar, y el tema no forma parte del debate público. El actual Ejecutivo, formado por PSOE y Sumar, rechaza cualquier posibilidad de recuperar la mili. Una posición que también comparte el Partido Popular. Solo Vox ha planteado en varias ocasiones su reimplantación, aunque sus propuestas en el Congreso se han centrado más en reforzar el sistema de reservistas voluntarios y en respaldar al ejército profesional. El líder de Vox, Santiago Abascal, defendió en 2019 la idea de una mili obligatoria, pero no ha precisado ni su duración ni sus condiciones desde entonces.

Ese consenso político se refleja también en la opinión pública, muy distinta a la del resto de Europa. Según datos de la encuestadora británica YouGov, el 69% de los franceses y el 59% de los alemanes apoyan la recuperación del servicio militar, frente al 23% y 34% que la rechazan, respectivamente. En el Reino Unido el respaldo alcanza el 43%, y en Italia el 49%, con porcentajes de oposición más equilibrados. En España, en cambio, solo un 42% la apoya y un 52% se opone, lo que refleja una clara distancia respecto a sus vecinos europeos.

"La reactivación del servicio militar opcional en países como Bélgica o Alemania responde a un contexto geopolítico más tenso y a la necesidad de reforzar el reclutamiento", explica Cecilia Serrano, investigadora del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. A su juicio, el envejecimiento demográfico y la baja natalidad han podido influir en la decisión, pero el principal motor es la sensación de amenaza que perciben los países del centro de Europa en un entorno cada vez más inseguro. En las últimas semanas, Rumanía y Polonia han registrado incursiones de drones rusos y los avistamientos de aparatos no tripulados han provocado cierres en aeropuertos de Copenhague, Múnich, Berlín y Bruselas.

En España, en cambio, el rechazo a este tipo de medidas sigue siendo mayoritario. Ana Sofía Cardenal, profesora de Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), explica que "la sociedad española muestra un menor interés por la política internacional" debido a su contexto histórico y la distancia física que les separa de los conflictos. Cardenal subraya, por ejemplo, que el consumo de noticias sobre la guerra de Ucrania fue significativamente más bajo en España que en el resto de Europa tras el inicio de la invasión rusa.

El apoyo al servicio militar en España también varía notablemente según la edad. Apenas un 32% de los jóvenes de entre 18 y 24 años lo respalda, frente a un 44% entre los mayores de 55. Serrano señala que la Generación Z busca "un desarrollo profesional más flexible" y "valora la independencia", por lo que tiende a rechazar estructuras jerárquicas como la militar. Según la investigadora de la Universidad de Navarra, los jóvenes "consideran improbable que un conflicto afecte directamente a España" y se "muestran más preocupados" por problemas internos como la vivienda o el empleo.

Sin embargo, advierte que los gobiernos podrían aprovechar la precariedad económica juvenil para presentar el servicio como una alternativa atractiva. "Incentivos como los sueldos mensuales de 2.000 euros pueden atraer a parte de una juventud atrapada en una precariedad estructural marcada por salarios bajos y alquileres inasumible que dificultan cualquier proyecto de vida estable", matiza.

Los últimos Eurobarómetros confirman que la brecha española no se limita al rechazo a la mili, sino al ámbito de la defensa en general. En la edición de marzo de 2025, solo un 20% de los españoles consideraba que la seguridad y la defensa debían ser una prioridad de la Unión Europea —la cifra más baja del continente junto con Malta—. En la encuesta anterior, de otoño de 2024, el porcentaje apenas alcanzaba el 23%, muy lejos de países como Polonia (49%), Alemania (38%) o Francia (36%). En España, la mayoría sigue situando la educación y la sanidad muy por encima del gasto militar, una jerarquía de prioridades que se mantiene estable desde hace años.

Para Frédéric Mertens, director del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia, esa distancia no es casual ni reciente. "En España existe una falta de percepción de la amenaza global, lo cual se explica por el hecho de que el país no participó en las guerras mundiales", señala.

Además, Mertens recuerda que España arrastra un profundo antimilitarismo, heredado de la oposición a la dictadura franquista. "Debido a una opinión pública reacia a los temas militares, los gobiernos de la España democrática no han llevado a cabo una labor educativa para explicar los peligros del mundo en que vivimos ni el papel del ejército como elemento disuasorio y de último recurso", concluye.

De momento no son más que palabras, pero teniendo en cuenta al personaje que las profiere no hay más remedio que tomarlas en serio y prepararse para lo que pueda venir. Una vez que ha aprendido que España no es un miembro de los BRICS y ya la ha identificado como miembro de la OTAN, Donald Trump lleva semanas reiterando que, en referencia explícita al porcentaje del PIB que los 32 aliados se comprometieron a dedicar a la defensa (5%) en la Cumbre celebrada el pasado mes de junio, el gobierno español “no juega en equipo” y, por tanto, debe ser castigado.

En esa línea ya ha apuntado que España debe ser expulsada de la Alianza, mientras amenaza con aplicarle nuevos aranceles. Lo primero es sencillamente imposible porque el Tratado de la OTAN no establece ningún procedimiento por el que alguno de sus miembros pueda ser expulsado. Solo hay un artículo, el 13, que plantea la posibilidad de que un país decida unilateral y soberanamente abandonar la organización (algo a lo que nadie ha recurrido desde su creación en 1949). Para ello basta con que lo comunique por escrito a Washington (por ser el depositario del Tratado) para que éste lo transmita al resto de miembros y así, un año después, la salida se hace efectiva. Nada indica que el Gobierno español, por mucho que quepa incluirlo más en el grupo de los llamados europeístas (los que apuestan por una Europa de la Defensa con autonomía estratégica) que en el de los atlantistas (para los que la garantía de seguridad que proporciona la OTAN es suficiente), vaya a dar un paso de ese calibre.

En cuanto a los aranceles, España, como el resto de los países de la Unión Europea, ya está sufriendo la guerra comercial decretada por Trump desde el inicio de su segundo mandato. En este terreno solo cabe esperar que, llegado el caso, la Comisión Europea, que es la encargada de negociar con Washington el marco de las relaciones comerciales entre ambos lados del Atlántico, responda adecuadamente en defensa de uno de sus miembros, tal como ha manifestado en estos últimos días ante cada nueva bravuconada del inquilino de la Casa Blanca. En todo caso, si se atiende a la sumisión mostrada hasta ahora por Ursula von der Leyen en nombre de los Veintisiete, son inevitables las dudas sobre el grado de solidaridad real que los demás miembros de la Unión estarían dispuestos a asumir ante un ataque comercial dirigido específicamente contra España.

Por desgracia, no se agotan ahí las opciones que puede activar Trump si quiere llevar a cabo un castigo ejemplar contra un aliado que considera díscolo, al tiempo que lo utilice de ejemplo para disuadir a otros de contravenir sus directrices. Pero incluso en ese supuesto, España no estaría indefensa. En primer lugar, desde una perspectiva geopolítica, es un hecho que ya desde la Guerra Fría quedó claro que la posición de España, con su doble fachada mediterránea y atlántica, más el añadido de las islas Baleares y Canarias, todo ello con Gibraltar como pivote, es un activo de suficiente entidad como para que Trump se lo tenga que pensar dos veces antes de arriesgarse a perder a un aliado que lleva décadas contribuyendo a que Washington pueda desarrollar sus planes hegemónicos en la región. Rota y Morón, especialmente, le ofrecen unas facilidades tanto para proyectar poder hacia Oriente Próximo y Oriente Medio, como para asegurar su presencia en la región, que no tienen fácil sustitución, por mucho que en ocasiones Washington juegue con la idea de bascular hacia Marruecos, como si nuestro vecino estuviera en condiciones de asumir de un día para otro lo que tantos años ha costado poner en marcha.

Nada de eso, en cualquier caso, despeja las dudas que genera la posición del gobierno español, cuando insiste en que con el 2,1% del PIB puede cumplir con un compromiso que a los demás aliados les va a suponer un 5% (3,5% en lo que actualmente la OTAN contabiliza como gasto en defensa y 1,5% en infraestructuras ligadas a la defensa). Porque, aun siendo cierto que son muchos los que van a incumplir dicho objetivo y que lo fundamental es cumplir con el objetivo de capacidades a alcanzar para 2035 –un documento clasificado que impide saber cuáles son las que se le asignan a España–, es difícilmente creíble que seamos infinitamente más capaces que el resto de los aliados en términos económicos e industriales como para hacer tanto con tan poco.

Lo que cabe suponer es que, tratando de salir del paso, el gobierno español ha optado por adoptar una postura que, por un lado, le permita sacar réditos inmediatos ante su propia opinión pública y, por otro, dejar la puerta abierta a un posible cambio de posición para más adelante. A corto plazo, y a diferencia de la práctica totalidad de los demás miembros de la OTAN, vergonzosamente sumisos ante sus dictados, ha decidido no reírle las gracias a Trump y mostrarse crítico con el plan de rearme decidido por la Unión Europea, insistiendo de paso en que no va a sacrificar los gastos sociales por un aumento en el capítulo de defensa. A largo plazo, el año 2035 está muy lejos… y nadie sabe qué ocurrirá hasta entonces.

El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció este miércoles un ensayo exitoso del sumergible atómico no tripulado Poseidón, poco más de una semana después de una prueba con un misil de crucero de propulsión nuclear, Burevéstnik, según informa EFE.

"Ayer realizamos una nueva prueba de otro sistema prometedor, el submarino no tripulado Poseidón, también de propulsión nuclear", dijo el jefe del Estado en una reunión con militares heridos en la guerra de Ucrania transmitida por la televisión estatal.

Putin destacó que "por primera vez fue posible no solo lanzarlo desde un submarino portador utilizando un motor auxiliar, sino también poner en marcha su sistema de propulsión nuclear, con el que el aparato navegó durante un cierto período de tiempo".

Destacó que la potencia del Poseidón "supera significativamente" las del misil intercontinental Sarmat, capaz de portar 10-15 ojivas nucleares de guiado individual, y que entrará pronto en servicio en las fuerzas nucleares. "Además, por velocidad, por la profundidad en que navega este aparato no tiene análogos en el mundo y difícilmente los tendrá próximamente", aseguró Putin.

El presidente ruso insistió en que el ensayo de este arma es un "enorme éxito" y destacó como su gran ventaja que el propulsor atómico del Poseidón es "cien veces más pequeño" que el reactor nuclear de un submarino.

El ensayo del submarino atómico no tripulado siguió al efectuado el pasado día 21 del misil de crucero Burevéstnik, también del propulsión nuclear, que según Putin tiene un "alcance ilimitado". El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó recientemente a Putin a dejar de ensayar misiles y detener de una vez por todas la guerra en Ucrania.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que España debería recibir "una reprimenda" por no cumplir con el objetivo de gasto en defensa del 5% como miembro de la OTAN, pero reconoció que es un asunto que corresponde a la Alianza y a Madrid resolver, informa EFE.

"Creo que España debería recibir una reprimenda por eso", aseguró Trump a los periodistas durante su encuentro con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca.

El mandatario se volvió a referir al acuerdo alcanzado entre la OTAN y España el pasado verano, tras la cumbre del bloque, para dedicar un máximo del 2,1% de su PIB al presupuesto militar y tener flexibilidad a la hora de cumplir con el compromiso del 5%, impulsado por Trump.

"Creo que es muy malo que lo hayan hecho, pero eso depende de ellos. Depende de la OTAN y de España", declaró. "España no ha sido leal a la OTAN", agregó el presidente estadounidense.

Esta misma semana, el presidente amenazó a España con represalias comerciales por no cumplir con el 5% y apuntó que podría imponerle aranceles.

Después de que un reportero le comentara que España "siente que está protegida por el paraguas de la Unión Europea (UE) en cuanto al comercio", Trump dijo: "Muchos otros países (de la OTAN) están también en la Unión Europea y no se están quejando".

Días antes, el presidente había sugerido que España debería ser expulsada de la Alianza por su bajo gasto en defensa, pero en esta ocasión no se pronunció al respecto.

El proyecto de ley para modernizar el servicio en las Fuerzas Armadas de Alemania, que incluye la reintroducción de elementos obligatorios con la posibilidad de un reclutamiento forzoso si faltan voluntarios, comenzó a debatirse este jueves en la Cámara Baja del Parlamento (Bundestag) en medio de una gran controversia política, indica EFE.

"Necesitamos un servicio militar atractivo, un servicio militar con sentido" y "necesitamos modernizar y revitalizar el registro militar", dijo el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, al presentar el proyecto de ley ante el pleno. "Solo así se encontrarán suficientes jóvenes motivados, tanto hombres como mujeres, dispuestos a prestar servicio en las Fuerzas Armadas o a alistarse en la reserva", abundó Pistorius, que se mostró abierto a que las deliberaciones parlamentarias enmienden su propuesta.

Rüdiger Lucassen, diputado de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), el principal partido de la oposición, reprochó a Pistorius en su intervención querer traer de vuelta el servicio militar en el país sin saber qué es lo que hay que defender, una acusación a la que respondió Norbert Röttgen, de la conservadora Unión Cristianodemócrata (CDU).

"Están siendo atacadas nuestra libertad y modo de vivir en Europa", señaló Röttgen en alusión a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, tras haber apuntado que el objetivo de la reforma es que Alemania "sea capaz de defenderse".

La coalición de democristianos y socialdemócratas, liderada por el canciller Friedrich Merz, aspira a que la reforma esté aprobada antes de final de año, pero por el momento no han logrado ponerse de acuerdo sobre la forma concreta en la que se procederá si faltan voluntarios para alcanzar la meta de 260.000 soldados activos y 200.000 reservistas en 2035.

El martes, los negociadores de ambos bloques parlamentarios parecían haber llegado a un compromiso: que se eligiese por sorteo a los jóvenes varones que hayan de someterse a un reconocimiento médico y, de entre ellos, por el mismo procedimiento a los reclutas.

Pero horas más tarde llegó el veto del ministro de Defensa, que, a pesar de que gran parte de su partido desearía un servicio exclusivamente voluntario, insiste en que por razones prácticas todos los varones y no solo una parte deben ser reconocidos obligatoriamente, aunque solo algunos sean seleccionados después.

Según una encuesta reciente de Forsa, el 54% de los ciudadanos alemanes está a favor de la reintroducción del servicio militar obligatorio, suspendido en 2011, mientras que el 40% lo rechaza.

La polarización es mayor si se observan los grupos de edad: el 61% de los mayores de 60 años favorece el servicio obligatorio, pero el 63% de los afectados -el grupo de entre 18 y 29 años- lo rechaza.

Entre tanto, la cifra de objetores de conciencia que se registran de forma preventiva no ha aumentado en lo que va de año, pues hasta finales de septiembre constan 2.529 solicitudes la Oficina Federal para la Familia y las Tareas de la Sociedad Civil (BAFzA), frente a las 2.998 del año pasado.

Si se aprueba el proyecto de ley de Pistorius, el año próximo los 650.000 jóvenes nacidos en 2008 recibirán formularios que los varones deberán rellenar de forma obligatoria, sobre sus aptitudes y su disposición a servir en el Ejército.

Idealmente, se seleccionará a cierto número de voluntarios para ser reconocidos y, de estos, se elegirá para un servicio de entre seis y 23 meses a aproximadamente 15.000, en base a las capacidades actuales de adiestramiento de las Fuerzas Armadas.

A partir de 2031 esta cifra deberá duplicarse hasta los 31.000 jóvenes, un contingente que los expertos dudan de que pueda ser reclutado de forma voluntaria con buenos sueldos, ofertas de formación y otros atractivos.

"Está claro que el crecimiento de las Fuerzas Armadas federales no será posible sin un cierto grado de obligación", dijo Christian Rieck, profesor de Estudios de Guerra de la Universidad de Potsdam, para quien la ley terminará siendo aprobada.

Rieck explicó que, a su juicio, Alemania no puede compararse con países como Suecia, con modelos mixtos voluntario-obligatorios similares, pues en ellos existe una larga tradición en la que el servicio militar es considerado un orgullo nacional.

"Resultará difícil generar suficientes voluntarios para el servicio militar reactivado", vaticinó, ya que impera la mentalidad de delegar la defensa a actores profesionales y la 'Zeitenwende', el giro proclamado por el Gobierno a raíz de la invasión rusa de Ucrania, no ha calado en parte de la sociedad.

No obstante, el verdadero reto para Pistorius será la creación de la infraestructura necesaria para albergar y entrenar a un número alto de reclutas, concluyó Rieck.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha respondido a las amenazas arancelarias de EE.UU por no invertir el 5% del PIB en gasto militar, que el compromiso de España con la Alianza Atlántica y todo lo que aporta a la seguridad euroatlántica, "está fuera de toda duda", según recoge EFE.

Albares, en declaraciones a los medios en Hangzhou (este de China), tras mantener una reunión con su homólogo chino, Wang Ji, ha insistido en que España "es un aliado fiable", que cuenta con un despliegue máximo en el flanco este europeo, "fundamental" para la seguridad de la zona.

Albares se ha referido a las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de adoptar represalias comerciales contra España por ser el único miembro de la OTAN que no se ha comprometido a gastar el 5% de su PIB en defensa, amenazas que planteó ayer después de que en Sharm el Sheij (Egipto), en la cumbre de paz para Gaza, bromeara sobre estas discrepancias y señalara además que nuestro país estaba haciendo "un trabajo fantástico".

Por otra parte, el ministro ha anunciado que a partir del año que viene comenzarán los trabajos para inaugurar una nueva cancillería en China, que reagrupará la embajada, la residencia y otras dependencias, en un proyecto que supondrá una inversión de más de diez millones de euros.

Las agencias de calificación de riesgo Moody's y Fitch han elevado la nota a España a notable bajo (A3) y notable medio (A), respectivamente, basándose en un desempeño económico mejor de lo esperado que ha aumentado la fortaleza de una economía que ahora es menos vulnerable a las perturbaciones externas.

Ambas agencias se suman a la tercera gran agencia calificadora, S&P, que hace dos semanas subió la nota a notable alto (A+), la más alta de las tres.

Tanto Moody's como Fitch señalan la positiva evolución del mercado laboral, con tasas de actividad y ocupación históricas, como el elemento diferencial en el que se apoya el crecimiento económico, aunque añaden otros factores como la baja deuda del sector privado, un sector bancario saneado y el superávit por cuenta corriente.

Fitch explica que el crecimiento económico se ve respaldado por un gran flujo migratorio y unas exportaciones de servicios sólidas y cada vez más diversificadas.

Moody's dice que la migración neta seguirá compensando en los próximos años con creces el declive natural de la población española, a lo que suma una reforma de las pensiones que ha conseguido elevar la edad media efectiva de jubilación.

Fitch ha elevado su previsión de crecimiento para 2025 al 2,7 %, en línea con el pronóstico del Gobierno, gracias a la limitada exposición a los aranceles estadounidenses y al continuo desendeudamiento externo neto.

Para Moody's, el crecimiento potencial de España se sitúa en torno al 1,5 y el 1,6 %, lastrado por el envejecimiento de la población que frena el crecimiento de la fuerza laboral.

Junto con la inmigración, Moody's considera que otra ventaja competitiva de España es la producción de energía renovable, que ayuda a reducir la factura energética exterior e impulsa el crecimiento y la estabilidad macroeconómica.

El crecimiento económico permitirá "una modesta mejora" del déficit y la deuda, con la previsión de que el endeudamiento publico mantenga una senda a la baja, hasta situarse en torno al 100 % del PIB o ligeramente por debajo de él en 2027.

Sin embargo, advierte de que a medio plazo el aumento del coste de las pensiones y del gasto en defensa presionará el gasto público al alza.

Fitch apunta como elemento de riesgo al bloqueo político que dificulta cada vez más la actividad legislativa de un Gobierno de coalición en minoría.

Además, señala que el presidente, Pedro Sánchez, "se enfrenta a una creciente presión por las acusaciones de corrupción que involucran al PSOE y a miembros de su familia", mientras que la fragmentación política y regional impide el avance en reformas cruciales para lograr una mayor oferta de vivienda y "el desarrollo de una estrategia coherente de consolidación fiscal".

El ministerio de Economía valora muy positivamente la decisión de Moody's y Fitch y celebran que las agencias se hayan sumado a la estela de Standard&Poors de hace unas semanas para mejorar la calificación de deuda de España.

Además, señala que todas las agencias de rating ubican su calificación en A, situación que se perdió durante la crisis financiera y que no se había recuperado hasta estos momentos. "Esto es una muestra más de la confianza internacional en la economía española", recalcan desde el ministerio.

En efecto, al Presidente del Gobierno le ha faltado tiempo para enviar tropas españolas a la operación “Centinela oriental”, que Mark Rutte, secretario general de la OTAN, ha organizado en respuesta a la entrada de drones ¿rusos? en Polonia. Y en su mensaje en X se pone chulo ante Putin, cosa que no hace con Trump.

El Presidente Sánchez se ha especializado en dar titulares de prensa falsos, cuando anuncia medidas en solidaridad con Palestina. Ante la UE saca pecho proclamando medidas, cuya letra pequeña demuestra su falsedad. Basta con leer a la gran periodista Olga Rodríguez, una reportera muy comprometida con el pueblo palestino. Prohibir, por ejemplo, el traslado de armas al ejército sionista es inútil siempre que no se prohíba ese tráfico de armamento en bases americanas de Morón y Rota, ambas situadas en suelo español, y por donde pasan la gran mayoría de alijos armamentísticos, sin que nuestro Gobierno pueda “meter las narices”.

El Sr. Sánchez pretende engañar a los españolitos, eligiendo el Real Decreto-ley, en vez de emplear el Real Decreto, para suprimir la compra-venta de armamento con Israel, a sabiendas de que, al tener necesidad del Vº Bº del Congreso, el Decreto-ley sería rechazado por las derechas, obteniendo así un pretexto para responsabilizar a éstas de su incumplimiento.

Estamos convencidos, pues, de que tanto la UE como el Gobierno “progresista” español tienen mucho temor a los EE.UU y a lo que, especialmente, pueda pensar y decidir Donald Trump.

Si nuestro Gobierno tuviese intención de abandonar la espiral belicista, en la que la UE y su brazo armado –pudiéramos decir–, la OTAN, nos han metido, el enorme presupuesto dedicado a ello tendría mejor empleo en gastos sociales. Y no es que esté, tal como está la cosa, en contra de que Europa tenga su propia defensa y su propia industria militar; pero de lo que sí soy contrario es de los ochocientos mil millones, y de que gran parte de esa ingente cantidad de euros vaya a ampliar aún más el potencial bélico de los norteamericanos. Porque, si algún día Europa entra en guerra, será con EE.UU y no con Rusia, con la que nos quieren asustar. Estoy absolutamente seguro de que, si la Unión Europea fuera incapaz de constituirse en una federación o confederación de Naciones, y tuviese necesidad de aliarse con un bloque, mejor le iría con Rusia. Pues, al fin y al cabo, Rusia es Europa.

Mucho mejor le iría a este Gobierno “socialprogresista” si, como dice Ione Belarra, secretaria general de Podemos, para no verse suplantado por Feijóo-Abascal –PP y Vox–, se preocupara más del día a día de los españoles. 

Uno de los grandes problemas que sufre este país es el de la vivienda. Jóvenes y no tan jóvenes, incluso con trabajo, no pueden acceder a una vivienda en alquiler, y, mucho menos, comprarla. Estoy de acuerdo con lo que Podemos propone –no voy a reflejarlo aquí–.

Mientras la vivienda siga considerándose una mercancía, seguirá siendo un refugio de capitales. Por tanto, mucha lucha contra los especuladores particulares, y, sobre todo, con los fondos de inversión, especialmente, con los llamados “fondos buitres”. El sistema capitalista en el que vivimos prefiere rentabilizar el dinero, aunque sea a costa de derechos humanos fundamentales.

Hay otro problema, al que hoy se le da poca importancia, pero la tendrá más temprano que tarde: el cuidado de los mayores. Este problema es tan importante como el seguro de paro. La población va envejeciendo cada día más. E igual que ocurre con la vivienda, los trabajos y sus bajos salarios no dan para ahorrar y poder pagar una residencia privada, también en manos de fondos buitres. Hoy por hoy, los que somos mayores nos vamos aviando con las mujeres (hijas o nueras) cuyas circunstancias y su forma de pensar se lo permiten. La inmigración y los/as “sin papeles” están aliviando el problema. Pero, como ya viene ocurriendo en los países nórdicos avanzados, el Estado, cualquiera sea el color de su gobierno, tendrá que tomárselo mucho más en serio, y “normal” crear muchas más residencias públicas con profesionales bien remunerados, y prestar este servicio con la misma regularidad con la que lo viene prestando la Seguridad Social. 

Aquí lo dejo...

P.D.- Cuando termino este artículo leo que, a pesar del gran despliegue de fuerzas de seguridad, los manifestantes pro Palestina obligan a cancelar La Vuelta. Me alegro mucho.

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Manuel Vega Marin es socio de infoLibre.

El aumento del presupuesto de defensa en Europa, que en España ya supone el 2% del PIB pero que la OTAN quiere incrementar hasta un 5%, no es el único síntoma de los vientos de guerra que soplan en el continente. El empeño de Rusia en someter por la fuerza a Ucrania, privándola de una parte sustancial de su territorio y condicionando su política exterior, unido a la decisión de Estados Unidos de abandonar el papel de líder de la defensa europea, ha obligado a Bruselas a reordenar sus prioridades. Ahora, contar con armas y con soldados suficientes es una de ellas.

Es en ese contexto en el que el paso que acaba de dar el Gobierno alemán de Friedrich Merz para poner en marcha un modelo de servicio militar basado inicialmente en voluntarios a partir de 2026 impulsa un debate que en España se consideraba resuelto y en el que, al menos hasta ahora, el único discrepante es Vox.

El modelo alemán —a partir del año que viene, los jóvenes germanos de 18 años que respondan “sí” a la pregunta de si desean prestar servicio militar lo harán durante al menos seis meses— es una fórmula más de las muchas que los países de la UE están poniendo en marcha para suministrar efectivos a sus ejércitos: nueve de los 27 cuentan con algún tipo de servicio militar. Finlandia y Estonia, con frontera rusa, lo han impuesto de manera obligatoria para todos los hombres adultos. Dinamarca, Letonia y Lituania seleccionan a los reclutas mediante un sorteo. En Suecia se recluta a una pequeña proporción de los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad.

En España, sin embargo, ese debate ni se ha planteado. Todavía. A día de hoy, PSOE y Sumar, que son los partidos que forman el Gobierno, descartan categóricamente esta posibilidad. El Partido Popular nunca ha mostrado interés en un retorno a la obligatoriedad, que ellos mismos abolieron en 2001 durante el segundo mandato de José María Aznar.

Únicamente la extrema derecha, liderada por Santiago Abascal, ha propuesto explícitamente la vuelta a la mili, aunque sus iniciativas parlamentarias se orientan de forma más pragmática hacia la mejora del sistema de reservistas voluntarios y el apoyo al ejército profesional. El líder de Vox defiende en última instancia un servicio militar obligatorio, aunque nunca ha concretado si la duración sería de uno, tres o seis meses.

La discusión en los círculos de defensa no se centra en la conscripción masiva del pasado, sino en la posibilidad de un modelo de reserva selectiva, similar al utilizado en los países nórdicos, que los militares consideran que se ajusta mejor a las necesidades de un ejército moderno y tecnológicamente avanzado.

La Constitución Española de 1978 establece en su artículo 30 que “los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España”, aunque deja en manos de la ley determinar “las obligaciones militares de los españoles” y, en su caso, “el servicio militar obligatorio”.

La transición hacia un ejército profesional fue un proceso gradual y, en gran medida, impulsado por un movimiento social de desobediencia civil que puso en jaque el sistema de reclutamiento. A partir de los años 70, grupos antimilitaristas y de objeción de conciencia, como el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC), cobraron fuerza, defendiendo la no violencia y la insumisión. El PSOE de Felipe González intentó solucionar ese dilema aprobando en 1985 una Ley de Objeción de Conciencia que ofrecía un servicio social alternativo. Sin embargo, la movilización continuó, con miles de jóvenes declarándose insumisos e ingresando en prisión.

La crisis del sistema se acentuó a finales de los años 90. Cerca de la mitad de los jóvenes llamados a filas (todos varones, porque las mujeres estaban excluidas) eludían el servicio, ya fuera por objeción, motivos de salud, económicos o simplemente no presentándose, lo que los convertía en prófugos.

Quienes se negaban a prestar el servicio militar iban a la cárcel, pero acabaron siendo tantos que a finales de los 80 solo se detenía al 8,5% y la estancia media en prisión no pasaba de 18 días. El Gobierno del PSOE se vio desbordado. Las cifras de objetores llegaron al 37% del contingente militar en 1994. En 1995, la bolsa de objetores en espera de la prestación social sustitutoria llegó a 200.000.

La decisión final de abolir el servicio militar obligatorio puso fin a más de dos siglos de reclutamiento militar forzoso en España. El propio Aznar defendió la medida como un logro de su partido, argumentando la necesidad de contar con unas Fuerzas Armadas profesionales y modernizadas.

Lo que alimenta el debate sobre el servicio militar no es solamente la creciente inestabilidad geopolítica, sino también los desafíos a los que se enfrenta el ejército profesional y su necesidad de contar con efectivos de reserva suficientes en un contexto de bajo crecimiento demográfico y un acusado envejecimiento de la población.

La percepción social sobre el tema es compleja y contradictoria. Las encuestas de opinión reflejan una sociedad dividida. Mientras un estudio de YouGov indica que el 42% de los españoles apoyaría el servicio militar obligatorio, otra encuesta del mismo organismo reporta que el 53% está en contra. Un estudio de 40dB publicado en abril rebajaba el porcentaje de los que están “muy o bastante de acuerdo” con la reimplantación del servicio militar obligatorio a un 35%. Esta aparente discrepancia puede explicarse por la manera en que se formula la pregunta y el contexto ideológico de los encuestados. El apoyo es significativamente mayor entre las personas de más edad y los votantes de Vox.

La postura del Gobierno español, liderado por el PSOE, es de rotunda negativa a la reinstauración del servicio militar. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado explícitamente que su departamento no se plantea esta posibilidad “en absoluto”. Según la ministra, la profesionalización del ejército es la dirección estratégica correcta para España, y la decisión de otros países de recuperar la conscripción responde a sus propias particularidades geográficas y geopolíticas. Robles insiste en mantener el modelo militar español, basado en unas Fuerzas Armadas “profesionales”. “Cada país tiene su modelo. Tenemos fuerzas armadas profesionales, comprometidas. Nosotros apoyamos el sistema que tenemos en este momento”, ha zanjado la ministra ante las preguntas de los periodistas en Berlín.

El Partido Popular se encuentra en una posición singular en este debate, porque defender la vuelta a la mili obligatoria —una posición en línea con sus socios europeos— entraría en contradicción con una decisión de Aznar de la que el partido siempre ha hecho bandera.

Actualmente, las propuestas del PP en materia de defensa se centran en consolidar el modelo de ejército profesional y en fortalecer la posición de España como socio de la OTAN. Las propuestas de Alberto Núñez Feijóo se orientan, al menos de momento, a la mejora de la eficiencia, la planificación y las condiciones laborales dentro del marco del ejército profesional, no a una reforma fundamental de su modelo de reclutamiento.

Eso deja solo a Vox. Abascal ha defendido esta medida en múltiples ocasiones, ligándola a la formación de los jóvenes en “una entrega a la patria” y a valores como la disciplina y la lealtad. Sin embargo, existe una notable discrepancia entre esta retórica y la actividad legislativa del partido. Un análisis de sus proposiciones no de ley revela que sus prioridades en materia de defensa se alinean con un enfoque más pragmático y orientado al modelo profesional actual. Las propuestas de la extrema derecha se han centrado en la creación de un nuevo modelo de reserva voluntaria, en la mejora de la transición profesional para los militares de tropa y marinería que dejan el servicio al cumplir 45 años y en la dignificación de su acceso al mercado laboral civil.

Su propuesta de una mili obligatoria parece operar más como un elemento simbólico y de identidad política para movilizar a su base de votantes que como una política pública concreta. El propio Abascal evitó el servicio militar en su juventud al solicitar tres prórrogas, lo que demoró su cumplimiento hasta que entró en vigor la abolición de 2001.

El debate en España, más allá de la obligatoriedad, se ha centrado en la profesionalización de las Fuerzas Armadas y en el desarrollo de modelos de apoyo que no impliquen el reclutamiento forzoso. La discusión, en los círculos especializados, se orienta hacia la forma de fortalecer la reserva militar, una necesidad estratégica reconocida por expertos.

En España, la reserva militar es un cuerpo complementario de las Fuerzas Armadas, vigente desde 2007, formado por ciudadanos que, de manera voluntaria, firman un compromiso para incorporarse temporalmente en caso de necesidad. Su función es reforzar a los Ejércitos de Tierra, Aire y Espacio, la Armada y los Cuerpos Comunes en situaciones de crisis, misiones internacionales o refuerzos puntuales. Además de los reservistas voluntarios, existe la figura de los reservistas de especial disponibilidad (RED), que son antiguos militares de tropa y marinería que, al finalizar su compromiso activo, pasan a una situación de reserva hasta los 65 años con posibilidad de ser movilizados.

Actualmente, España cuenta con una cifra reducida de reservistas si se compara con el tamaño de sus Fuerzas Armadas. Los datos más recientes sitúan en torno a 3.000–4.000 los reservistas voluntarios y unos 9.500 los de especial disponibilidad, lo que supone un total de aproximadamente 12.500 reservistas operativos. Aunque cumplen un papel de refuerzo, el número es considerado bajo por muchos analistas de defensa, que señalan que esta fuerza tendría que multiplicarse varias veces para responder adecuadamente a un escenario de crisis de gran envergadura. Algunos se atreven a hablar de cifras y sostienen que para España sería adecuado contar con 80.000 españoles preparados para una movilización.

La comparación con otros países europeos es reveladora. Francia dispone de unos 44.500 reservistas y Alemania alrededor de 34.600, mientras que incluso países más pequeños como Finlandia cuentan con decenas de miles de ciudadanos integrados en sistemas de defensa territorial. Frente a estas cifras, España aparece en la parte baja de la tabla, con una reserva que es cuatro veces menor que la media europea en proporción a su población.

Para ser reservista se exigen diversos requisitos, como la nacionalidad española, una edad específica (entre 18 y 58 años, según el empleo), aptitud psicofísica y la ausencia de antecedentes penales. Las retribuciones durante los periodos de activación son idénticas a las de los militares profesionales del mismo empleo.

Es aquí donde el PP pone más el énfasis. Ha impulsado la creación de un grupo de trabajo en el Ministerio de Defensa para desarrollar un nuevo modelo de reserva voluntaria y modernizar el Reglamento de Reservistas Voluntarios. En su programa electoral propone desarrollar un nuevo modelo de reserva voluntaria que mejore las capacidades operativas y refleje el compromiso ciudadano con la defensa. En el Congreso, ha presentado proposiciones no de ley para reformar el reglamento de los reservistas, flexibilizar sus períodos de activación y ofrecer incentivos como becas, ventajas laborales o facilidades en el acceso a la administración pública.

Más allá del servicio militar obligatorio y el modelo voluntario, el modelo nórdico parece ser el preferido por la cúpula militar española. Este sistema, utilizado por países como Suecia y Noruega, no implica un reclutamiento masivo, sino una selección de un pequeño porcentaje (alrededor del 4-7%) de la población para un servicio militar intensivo, en teoría obligatorio pero en la práctica voluntario. El objetivo no es formar a una gran cantidad de soldados no especializados, sino reclutar a jóvenes con las habilidades y capacidades más adecuadas para integrarse en un ejército moderno que demanda un alto grado de especialización y conocimientos tecnológicos.

Quienes lo defienden presentan este modelo como una alternativa viable a la antigua mili, ya que evita la mayoría de los desafíos logísticos y económicos de la obligatoriedad universal, al tiempo que permite al ejército mantener una base de reserva estratégica altamente cualificada.

La principal barrera para un retorno a la obligatoriedad es el coste económico. La formación de un gran contingente de jóvenes requeriría una inversión masiva en infraestructura (cuarteles, equipamiento), personal (instructores) y manutención. Además, los expertos señalan que el corto periodo de servicio que se podría imponer (de pocos meses) sería insuficiente para capacitar a los reclutas en el manejo de sistemas de armas cada vez más complejos y sofisticados.

La previsible resistencia social, además, supone un problema. El movimiento de insumisión de las décadas de 1980 y 1990 puso de manifiesto la profunda impopularidad del sistema, que interfería en la vida académica y laboral de los jóvenes. En el contexto actual, la interrupción de la formación universitaria o profesional de una generación completa para una capacitación militar que podría ser estratégicamente ineficaz se percibe como un coste social inaceptable.

El analista, militar retirado y colaborador de infoLibre Jesús Núñez argumenta el sinsentido de volver a la mili obligatoria. “Desde el punto de vista estrictamente militar, esa medida sería un contrasentido. Hace ya mucho que el poder de un ejército no se mide por el número de efectivos que acumula”.

El análisis de los conflictos bélicos registrados desde el final de la II Guerra Mundial, explica en un artículo reciente, “muestra que raramente la victoria o la derrota se decide por el número de soldados en línea”. Y “nada indica que en el futuro se vayan a necesitar masas de hombres (y de mujeres) en armas; más bien al contrario, el desarrollo tecnológico aplicado a la maquinaria militar apunta a contingentes más reducidos. Más recursos humanos en armas no equivale a más poder militar”, sentencia.

España está destinando al gasto militar el 2% de su producto interior bruto durante 2025, según una estimación publicada por la OTAN, que recoge EFE, lo que mantiene al país entre los aliados que menos proporción de su PIB destina a este área pero supone que España cumple por primera vez con el objetivo de gasto que los miembros de la Organización acordaron en 2014 para la década posterior. En la comparación interanual, según cifras de la Alianza, España ha aumentado su gasto en defensa en un 43,11%, de 22.693 millones de euros en 2024 a 33.123 millones en este curso.

En un comunicado, la OTAN señaló que se trata de cifras recopiladas hasta el 3 de junio de este año y estimó que todos sus países miembros cumplen ya con el objetivo de gasto del 2% acordado en la cumbre de Gales en 2014 de cara a la década posterior, hasta 2024. El año pasado, sólo 19 de los 31 llegaban a este hito, según datos de la Alianza. Junto a España en el 2% se sitúan Bélgica, República Checa, Luxemburgo y Portugal, mientras que otra decena de países registran porcentajes de gasto en defensa entre el 2 y el 2,1% de su PIB.

Entre los países que destinaron un mayor porcentaje figuran Polonia (4,48%), Lituania (4%), Letonia (3,73%), Estonia (3,38%), Noruega (3,35%) y Estados Unidos y Dinamarca (3,22% en cada caso). Respecto a la proporción del gasto de defensa invertido en equipos militares, España cumple el objetivo marcado de al menos el 20% al alcanzar ya el 32,3%. En total, la Alianza calcula que su inversión en Defensa en 2025 fue de 1.404 billones de dólares, de los que solo 559.305 correspondieron a los aliados europeos y Canadá.

Bajo la presión combinada del presidente estadounidense, Donald Trump, y el esfuerzo ruso de guerra en Ucrania, los países de la OTAN acordaron en junio de este año un incremento radical de su gasto militar hasta el 5% de sus PIB de aquí a 2035. La cifra del 5% es la suma de dos tipos de gasto: el grueso (3,5%) corresponde a gasto militar estricto, como compras de armas, el pago de los salarios y pensiones de las Fuerzas Armadas, misiones y maniobras o investigación.

Además, los países deberán gastar un 1,5% adicional de su PIB en seguridad en un sentido amplio. España, no obstante, afirma que cumplirá con las capacidades que le pide la OTAN invirtiendo un 2,1%.

El Consejo de Ministros alemán aprobó este miércoles un proyecto que sientas las bases para aumentar el reclutamiento, inicialmente a partir de la voluntariedad, con el propósito de llegar a tener en torno a 260.000 soldados activos, cerca de 80.000 más que actualmente, y además aumentar el número de reservistas hasta los 200.000 hombres, según recoge EFE.

El cancilller, Friedrich Merz, y el ministro de Defensa, Boris Pistorius, justificaron los planes aludiendo a la amenaza rusa y a la responsabilidad que tiene Alemania de tener el ejército convencional más grande de Europa para hacer su aporte a la defensa del territorio de la OTAN. "Lo he dicho ya otras veces que por su tamaño y su capacidad económica Alemania tiene que tener el ejército convencional más grande de Europa", dijo Merz.

Pistorius, por su parte, dijo que ante la actual situación de seguridad internacional no sólo se requiere un ejército mejor equipado sino también un ejército más grande por lo que se necesita aumentar la atractividad del servicio. "Queremos atraer más gente joven al ejército haciendo más atractiva la formación y la remuneración", dijo Pistorius.

La remuneración de los reclutas deberá ser de cerca de 2.000 euros netos mensuales y el ejército asumirá el pago total de la seguridad sanitaria.

El plan es empezar con 15.000 reclutas e ir aumentando la cifra paulatinamente para lo que a partir de 2026 se reintroducirá un registro obligatorio, abolido en 2011, para determinar que personas están en edad y en condiciones de prestar el servicio.

Todos los nacidos a partir de 2008 recibirán correo del ejército para responder una serie de preguntas y volver a crear el registro. A partir de 2026 todos los varones que cumplan 18 años deberán responder a la pregunta de si están dispuestos a prestar el servicio.

En caso de que la voluntariedad se lleve a que las cifras proyectadas se alcancen se plantea reintroducir el servicio militar obligatorio, suspendido en 2011.

No obstante, Pistorius se mostró confiado de que a través de la voluntariedad se alcancen las metas fijadas. "La experiencia de otros países como Suecia muestra que se puede hacer crecer el ejército mejorando la atractividad", dijo.

El Consejo de Ministros de este miércoles no se realizó, como es habitual, en la Cancillería sino -por primera vez desde 1992- en el Ministerio de Defensa. Además de aprobar el proyecto sobre el servicio militar se aprobó la creación de un Consejo Nacional de Seguridad y un fortalecimiento del Servicio de Contraespionaje Militar (MAD).

La Comisión Europea presentó este miércoles su primer borrador oficial del próximo Marco Financiero Plurianual de la UE, los presupuestos del periodo 2028-2034. Unas cuentas que, finalmente, alcanzarán los 2 billones de euros, una cifra nunca vista antes, considerablemente superior a los 1,2 billones de las cuentas actuales y que recogen un aumento más que significativo de los fondos destinados a gasto militar en los Estados miembros.

“Un presupuesto ambicioso para una Europa más fuerte” es el lema escogido por la presidenta Ursula von der Leyen y su equipo para vender unos presupuestos que podemos calificar de la guerra, ya que plantean un Fondo Europeo de Defensa de 130.000 millones, dinero para inversiones masivas hacia el sector de la defensa y las industrias armamentísticas europeas.

Sin menciones llamativas al Green Deal que protagonizó su agenda política cuando llegó a la Comisión en 2019, la apuesta de Von der Leyen por la soberanía del continente pasa ahora por las inversiones militares, la competitividad tecnológica y digital y la renacionalización de gasto europeo en las capitales. La UE además iniciará en los próximos años la devolución de los fondos Next Generation creados por la pandemia, en una partida que robará 24.000 millones anuales de las arcas comunitarias.

Bruselas propone cinco nuevos recursos propios para afrontar el incremento de los presupuestos de la UE y la devolución de esa partida. Quiere ingresar parte del dinero del sistema ETS, el de los permisos por emisiones de CO2; también aplicar un impuesto de ese estilo a los productos que entran por la frontera de los 27 si sus países de origen tienen menores exigencias medioambientales; una tasa a la basura eléctrica; otra al tabaco; y que las empresas dentro del mercado único con ingresos superiores a los 100 millones de euros paguen un canon.

El gobierno alemán ya ha filtrado que “no hay base para un aumento del MFF”, manifestando sus dudas a crear más fiscalidad, el húngaro de Viktor Orbán se opone firmemente a esa idea, Irlanda o Malta no aceptan que Bruselas ingrese recursos de los beneficios empresariales y Suecia no ve “ninguna necesidad para nuevos recursos a nivel de la UE”.

El actual Marco Financiero Plurianual cuenta con un total de 52 programas de inversión de los que salen los fondos distribuidos a cada país, para la construcción de carreteras o líneas férreas, los programas de inversión científica, los subsidios agrícolas, el empleo juvenil o el intercambio universitario Erasmus. La Comisión Von der Leyen quiere ahora simplificarlos en sólo dieciséis. 

El incremento hasta los 2 billones de euros supone un 66% de fondos europeos respecto al actual presupuesto de la UE, mientras la reducción de programas conllevará un importante cambio en la gestión y distribución al pasar a clasificarse en cuatro grandes pilares, según explicó ante los eurodiputados el comisario europeo de Presupuestos, Piotr Serafin. 

La mitad de los 2 billones de euros que plantea Bruselas para la UE entre 2028 y 2034, concretamente el 48%, serían para los Planes Nacionales y Regionales, el primer gran pilar. Ahí entrarían 300.000 millones para agricultura y 218.000 millones para cohesión, cifras ligeramente inferiores a esas subvenciones en la actualidad. Saltando a la tercera partida, estaría el programa Erasmus, que se dispara hasta los 40.000 millones, pero sólo supondrá un 3% del total. Y el cuarto bloque sería la Cooperación al Desarrollo y Política Exterior, con el 11%.

Bruselas intenta disimular el importante aumento de los fondos militares dentro del segundo gran pilar: el Fondo de Competitividad Europea, donde también estarían las inversiones para ciencia, investigación e innovación. Esta segunda partida incluirá el Fondo Europeo de Defensa, que pasará de tener sólo 8.000 millones de euros a 130.000 millones, multiplicando por 16 sus recursos.

“Sabemos que la seguridad es una gran preocupación para nuestros ciudadanos y gobiernos. La inversión fortalecerá nuestra base industrial y capacidades”, justificó Von der Leyen. “Este es un presupuesto para las realidad de hoy y también para los desafíos de mañana”.

La Comisión, reconoció su presidenta, permitirá que los Estados miembros empleen fondos del primer pilar, los Planes Nacionales y Regionales, en defensa si encajan en esas prioridades de la UE. Una salida, por ejemplo, para infraestructuras de movilidad militar sin recurrir al dinero del Fondo Europeo de Defensa. Este nuevo gran paraguas inversor diseñado por el equipo de Von der Leyen ya levanta suspicacias o abierto rechazo incluso entre propias filas populares europeas.

La Eurocámara debe votar estas propuestas y el popular rumano Siegfried Muresan, negociador del Parlamento, advierte: “No vamos a aprobar un presupuesto que promueve planes nacionales fragmentados sin vínculos con los objetivos europeos. Europa necesita una visión compartida, no 27 listas de la compra”. 

El gran pilar de los Planes Nacionales y Regionales recibiría el 48% de los 2 billones de euros, pero la Comisión condiciona esos fondos a los países con un vago “identificarán inversiones y reformas para afrontar mejor los desafíos del mañana” al tiempo que exige participar en su diseño, abriendo la puerta a que los hoy subsidios de cohesión, estructurales o para el desarrollo rural estén condicionados a ciertas políticas económicas.

La presidenta de los socialdemócratas en la cámara, la española Iratxe García, advierte que “cualquier idea de condicionar el acceso a fondos europeos con medidas de austeridad no es aceptable para nosotros. Todos recordamos el desastroso efecto a largo plazo que tuvieron esas medidas en las economías de los 27 hace quince años. Por eso, la propuesta realizada no puede contar con nuestro apoyo”.

Los intereses nacionales en estos presupuestos europeos son muy diferentes entre los socios comunitarios. Alemania, Países Bajos o Suecia son contribuyentes netos, es decir, aportan más a las arcas comunitarias que las transferencias o subsidios que reciben, de ahí su negativa a aumentar, así que estarían contentos con una propuesta que no les exige aportar más a las arcas comunitarias. Sin embargo, países como España, Francia o Italia son potencias agrícolas que lucharán por frenar los recortes de la PAC –la Política Agraria Común– porque se juegan cientos de millones para el campo y sus trabajadores. 

Una fuente comunitaria reconoce que “para agricultura, hoy, son 378.000 millones, mientras reconoce que en el actual MFF el sector obtiene “unos 370.000 millones de euros”. Pero ya sólo el Fondo de Garantía Agrícola y el Fondo Agrícola de Desarrollo Rural suman entre los dos 386.000 millones según las cuentas oficiales de la propia Comisión.

Esos tres grandes países, junto a Portugal, Irlanda o Bélgica son además las grandes potencias pesqueras europeas. Y es en esta partida donde la Comisión aplica otro gran tijeretazo para cuadrar las cuentas. La Política Pesquera Común pasaría de recibir 6.000 millones de euros a sólo 2.000 millones, durante un periodo en el que precisamente las flotas pesqueras tendrán retos como la renovación y sustitución de los barcos para abandonar los combustibles fósiles, mientras afrontan la competencia del Sudeste Asiático o África, donde las flotas tienen menos exigencias medioambientales, laborales o sanitarias.

El eurodiputados gallego del PSOE, Nicolás González Casares, califica como “una barbaridad” el recorte, criticando que el Partido Popular europeo, familia política de Von der Leyen y de 20 de los 27 comisarios, “está a preparar la sentencia de muerte del sector, priorizando el gasto en armamento frente al apoyo de la pesca”.

Además, Madrid, Roma, Lisboa y Atenas forman el oficioso bloque en defensa de la cohesión, los fondos estructurales que reciben las regiones, ciudades y pueblos para cofinanciar infraestructuras, proyectos de desarrollo local o construcción de servicios asistenciales. Una enorme partida en disputa desde hace más de una década con los 'nuevos' socios del este, como Polonia, Hungría, República Checa, Bulgaria, Rumanía, Croacia o Eslovenia. Y que ahora estará condicionada a esos planes nacionales y regionales.

“La suma para gasto social se mantiene más o menos como ahora, en torno a los 100.000 millones de euros”, defiende la fuente de la Comisión sobre la propuesta del próximo MFF. En la actualidad, el Fondo Social Europeo recibe 99.200 millones, pero Bruselas también destina a esa partida miles de millones procedentes del Fondo de Transición Justa, para adaptar regiones a las nuevas exigencias medioambientales, de los fondos agrícolas o los estructurales.

La propuesta de la Comisión inicia ahora un periodo de negociaciones de dos años hasta que todos los Estados miembros y el Parlamento Europeo las apruebe. La negociación se antoja muy complicada como es tradición en Bruselas, pero más tras conocer el importe y las partidas presentadas por Von der Leyen.

Se celebra estos días la cumbre de la OTAN en La Haya en la que se debatirán las propuestas de aumento del gasto atravesadas por el incremento de la tensión en Oriente Medio y el ruido siempre presente de la guerra inacabada de Ucrania. Lo que Rutte quería que fuera una cumbre tranquila y sin grandes discrepancias en su ciudad natal no parece que vaya a lograrse. 

Rutte y Trump llegan a esta cumbre con la propuesta de una subida del presupuesto sobre PIB para los Estados miembros de la OTAN del 5%, un gasto que ni siquiera alcanza el que lo está pidiendo, Washington. Se desagregaría en un 3,5% para gasto militar y un 1,5% para seguridad, ciberseguridad e inteligencia. Esta petición de incremento del gasto llega directamente de la Casa Blanca y no es nueva.

Ya en el mes de febrero de este mismo año, pocas semanas después de su toma de posesión Trump instó a los europeos a comprar más armas estadounidenses con el objetivo de fortalecer la OTAN. En la cumbre de ministros de Defensa de la OTAN, de hecho, vinculó la venta de armas con la política exterior. ¿Cómo? Bien sencillo, primero creas un relato y lo dejas caer, y eso hizo Pete Hegseth, secretario de Defensa, cuando dijo aquello de: “Estados Unidos no estará centrado principalmente en la seguridad de Europa”. Luego el portavoz de Seguridad, Brian Hughes, apuntaló: “El presidente Trump y su Administración están colaborando con nuestros aliados de la OTAN para garantizar que todos los miembros asuman su parte de la carga y cumplan con sus obligaciones en materia de gasto en Defensa”.

La idea es que, si los Estados europeos compran más equipos estadounidenses, mejorará la "interoperabilidad" entre los diferentes miembros de la OTAN. Y eso es lo que ha venido a “gestionar” a La Haya el secretario general de la OTAN: quiere asegurarse no sólo de que se incremente el gasto, sino de que ese incremento vaya a parar al complejo militar industrial estadounidense y no a otro como, por ejemplo, el coreano, ni mucho menos al desarrollo de las industrias europeas de defensa.

Y si a los anteriores pasos le añades una dosis importante de miedo y ansiedad, pues entonces ya tienes la receta perfecta. Así, Rutte recibe a sus invitados con unas declaraciones que no tienen desperdicio. “No fue difícil lograr que los miembros acordaran aumentar el gasto en defensa”. La razón, “la creciente amenaza rusa”, y eso que Trump “sigue absolutamente comprometido a apoyar la alianza”. Así, con una amenaza rusa –que no aparece más allá de Ucrania– sobrevolando las cabezas de los líderes europeos y con un jefe, Trump, que va a La Haya a hacer caja es con lo que los 32 miembros de la OTAN afrontan esta cumbre. 

Pero no se equivoquen: esta reunión no va de autonomía estratégica; va de aplicar políticas de guerra neokeynesianas que permitan a los Estados recuperarse económicamente a través de la revitalización y modernización de infraestructuras e industria. Y lo van a hacer a costa del modelo social europeo.

Los alemanes, con Merz a la cabeza, acaban de anunciar que el presupuesto alemán para 2025 incluye financiación para 10.000 nuevos puestos militares y alrededor de 1.000 puestos civiles adicionales, según ha dicho el Ministerio de Defensa. "Invertiremos masivamente en la Bundeswehr", proclamó al llegar a la cumbre el ministro de Defensa, el socialista Boris Pistorius. Ya declaró en su momento Merz que quería que el ejército alemán fuera el más poderoso de Europa. En fin, sin palabras. Y, mano a mano, Macron y Merz firman una columna en el Financial Times titulada “Europa debe armarse en un mundo inestable”. No nos quejaremos de que no nos cuentan lo que quieren hacer.

Y todo ello con los avisos del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE de que el déficit no puede crecer a costa del gasto militar, sino que tiene que hacerlo sobre la base del incremento de impuestos o del recorte de otras partidas… Justo lo contrario del plan propuesto por la inefable Von der Leyen.

Efectivamente, esta cumbre es un punto de inflexión en la OTAN. Es aquella en la que los Estados europeos renovarán sus votos de fidelidad ante EEUU, la potencia que mayor inestabilidad proyecta en este momento a nivel global. No importa cómo se ríen Rutte y Trump de los “bobos” europeos: “Europe is going to pay in a BIG way as they should” ("Europa va a pagar a lo grande, como debe ser"), se dicen uno al otro, al tiempo que el holandés felicita a Trump por su última e ilegal hazaña bélica, el bombardeo contra Irán. Y todavía habrá quien se pregunte dónde esta Europa. ¿Acaso existe tal cosa?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió este martes un gráfico con el titular 'España amenaza con descarrilar la cumbre de la OTAN', donde reivindicó el "increíble" gasto de Washington en defensa, según informa EFE.

El mandatario publicó en su red social, Truth Social, una infografía que recoge el gasto en defensa de los países miembros de la organización para criticar a España por no querer destinar el 5 % de su PIB, como insiste que hagan todos los países.

La imagen viene acompañada con un comentario de Trump: "Los Estados Unidos han llegado casi al billón de dólares - Esto es increíble. Lo estaremos tratado pronto con los miembros de la OTAN".

"La resistencia de España a la exigencia de Donald Trump de que los aliados eleven su gasto en defensa al 5 % del PIB corre el riesgo de perturbar una cumbre de la OTAN de alto nivel destinada a contentar al presidente estadounidense", señala el gráfico compartido por el mandatario.

Además, la infografía incluye las imágenes de Trump, el secretario de la Alianza, el holandés Mark Rutte, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, como los tres puntos de vista del problema.

Sobre el neoyorquino, dice que "amenaza con no proteger a los aliados si no se comprometen a gastar el 5 % en defensa", mientras Sánchez defiende que "este objetivo es incompatible con el estado de bienestar de su país".

Rutte por su parte propone, según la imagen, "aumentar el gasto hasta el 3,5% y destinar otro 1,5% a gastos de seguridad más amplios".

La imagen fue creada por Graphic News, una agencia de noticias, con sede en Londres, "especializada desde 1991 en la comprensión de la actualidad internacional".

El mandatario advirtió de nuevo este martes que "España es un problema" dentro de la Alianza.

"Está teniendo un problema con España. Siempre hay un problema con España. España no está de acuerdo. Lo cual es muy injusto para el resto", dijo el mandatario a periodistas a bordo del Air Force One en camino a la cumbre de la OTAN antes de compartir esta imagen.

El pasado domingo Sánchez anunció que había llegado a un acuerdo con Rutte que le eximía de llegar a ese 5 % para defensa. En su lugar, destinará un 2,1 %, "ni más ni menos", según sus propias palabras.

Y ese acuerdo, según fuentes del Gobierno español, estaba garantizado porque lo avaló el máximo responsable de la OTAN, Rutte.

Sin embargo, Trump compartió unos mensajes que le había enviado Rutte en los que le felicita por su "acción en Irán" y le asegura que tiene "a todos (los estado miembros) firmados al 5 por ciento". 

La Casa Blanca insistió este jueves en que todos los países de la OTAN, incluido España, deben destinar un 5 % de su PIB a defensa, después de que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, comunicara al secretario general de la alianza el rechazo de este país a comprometerse a un nuevo aumento de gasto en defensa, recoge EFE.

"No he visto los comentarios de España. Me aseguraré de que el presidente los vea, y puedo asegurarles que quiere que todos los países europeos paguen su parte justa y alcancen ese umbral del 5 %", expresó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al ser preguntada por este asunto en rueda de prensa.

Leavitt aseguró que aportar el 5 % es "lo justo", teniendo en cuenta "que los contribuyentes estadounidenses han aportado una importante cantidad de dinero, de miles de millones de dólares, para apoyar nuestros intereses mutuos y nuestra defensa garantizada".

"Le dejaré (a Trump) hablar de ello. Pero ha dejado muy claras sus prioridades para nuestros aliados europeos, incluida España", aseveró.

Sánchez comunicó al secretario general de la OTAN su rechazo a comprometerse a un nuevo aumento de gasto en defensa y tacha de "irracional y contraproducente" para el país la propuesta de llegar al 5 % que ha planteado a los aliados.

En una carta dirigida a Mark Rutte, propone incluir una fórmula más "flexible" en la declaración que se aprobará en la cumbre de la OTAN que se celebrará en La Haya la próxima semana que diga que el objetivo del 5 % es opcional, o una que excluya a España de la aplicación del mismo.

En la misiva, Sánchez le explica que llegar al 5 % es incompatible con el estado del bienestar en España y con su "visión del mundo" y reivindica el legítimo derecho de cada gobierno a hacer o no determinados "sacrificios", como elevar los impuestos a la clase media o recortar servicios públicos y prestaciones sociales.