Ya pasó una semana y Dritan Gjika, un presunto capo de la cocaína conocido como Tony, sigue esperando que le paguen. “Señor mira, ayer su socio me dijo que ayer pasaba dinero, después me dijo hoy”, le dice Gjika a un socio comercial. Están discutiendo sobre la venta de "material" que se envió por contenedor de Ecuador a España.

Cuando el hombre le dice que esté "tranquilo" y que no sea tan "desconfiado", Gjika estalla, exasperado. "¡Señor, no es desconfianza, es respeto!... Salió todo bien, fijaron un precio juntos que les interesaba a ustedes. ¡No tengo que esperar hasta que lo venda despacio para que me paguen!”. Más tarde, aclara: "Es solo un negocio y necesitamos rapidez".

Este tenso intercambio no se dio en un restaurante italiano o en elegantes oficinas en la bulliciosa ciudad portuaria de Guayaquil, en Ecuador, sitios donde Gjika se solía reunir con sus asociados. Se comunicaron como la mayoría de personas lo hace hoy en día: por chat. La única diferencia es que los dos hombres intercambiaban mensajes en la plataforma de mensajería cifrada SkyECC, la herramienta favorita de los criminales y otras figuras del bajo mundo hasta que fue descifrada por la policía europea en 2021.

Tras decodificar la plataforma, se compartieron los chats de Sky con autoridades de todo el planeta, incluyendo las de Ecuador. Ahí, Gjika, que nació en Albania, es requerido por cargos de lavado de activos y delincuencia organizada.

OCCRP obtuvo cientos de páginas de registros de chat de Sky de Gjika, que la Fiscalía ecuatoriana presentó como prueba en un caso penal contra él y miembros de su presunta red.

Los mensajes de texto, que cubren un periodo entre mayo de 2020 y marzo de 2021, ofrecen una visión sin precedentes del interior del día a día de las operaciones de una poderosa organización de narcotráfico, cuya estructura de tipo corporativo se extendía más allá de las fronteras en una búsqueda incesante de ganancias. 

Los mensajes también revelan la profunda infiltración que logró este grupo en la policía y los puertos de Ecuador, país que en los últimos años se convirtió  en una superautopista para la cocaína.

Al menos 17 personas acusadas de pertenecer o ayudar a la organización criminal ya fueron condenadas. Quince apelaron y están a la espera de un fallo. Otras cuatro resultaron sentenciadas por lavar las ganancias de este comercio ilícito, realizando transferencias de más de 43 millones de dólares entre 2015 y 2023.

Sin embargo, Gjika, el hombre que según los fiscales es el líder de esta red — y que ahora es uno de los hombres más buscados de Ecuador — logró salir de Ecuador sin ser detectado. Fue finalmente arrestado en Abu Dabi en mayo de 2025 y ahora espera, bajo las órdenes de un juez, su extradición para comparecer ante un tribunal. (Sus abogados no respondieron a las solicitudes de comentarios. Pero en una audiencia celebrada en Ecuador, previa al juicio, alegaron que no había pruebas suficientes para demostrar que su cliente hubiera cometido un delito y cuestionaron la legalidad de la forma en que se obtuvieron inicialmente los mensajes de Sky). 

Gjika no solía dejar las cosas al azar. Según los chats interceptados, mantenía una participación directa en casi todas las ramas de su presunta operación, desde la contratación de conductores hasta la gestión de los horarios de envío y el cálculo exacto de las deudas pendientes. Valoraba la confiabilidad y la diplomacia, y parece haber infundido una feroz lealtad en sus colegas.

"Contigo voy hasta donde me digas hermano... y con los ojos cerrados", escribió uno de sus interlocutores frecuentes, quien según los chats parecía manejar conexiones con proveedores colombianos, luego de que Gjika le dijera que tenía "muchos trabajos" para ofrecerle en diciembre de 2020.

A pesar de venir de un país situado a miles de kilómetros de Ecuador, Gjika parece haber logrado un sorprendente dominio de un español cargado de jerga, salpicando sus mensajes de texto con saludos y frases coloquiales. Por momentos, también usaba un lenguaje críptico cuando se trataba de discutir los detalles de su trabajo.

Para ayudar a decodificar estas conversaciones, los reporteros contrastaron el contenido de los chats con miles de páginas de registros judiciales que incluyen informes policiales y testimonios, así como otros archivos de la investigación de la Fiscalía. Los reporteros también consultaron a expertos para verificar el significado de la jerga del grupo.

En su mundo, según se establece, una "caja" puede significar un contenedor de envío que puede ser "preñado" con "cosas" o “cosos” (es decir, colmado de paquetes de cocaína). "Los feos", por su parte, se refiere a la policía.

En una conversación inusualmente sincera, sin embargo, el supuesto socio comercial de Gjika reflexiona sobre su línea de trabajo y la describe abiertamente como "traqueteando", un término de jerga común en América Latina para referirse al narcotráfico: "La verdad, estamos traqueteando, no vendiendo huevos al por mayor para buscar descuentos… ese es mi pensar en las cosas hermano”.

El albanés, de 49 años, aterrizó por primera vez en Ecuador en 2009 con una visa de visitante temporal y se sumó a la ola de ciudadanos de los Balcanes que en las últimas décadas se han movido a zonas más próximas al origen del tráfico de cocaína.

Si bien Ecuador no produce este narcótico, se convirtió en el principal centro de exportación de América Latina y alberga un comercio que controlan principalmente grupos criminales albaneses, mexicanos y colombianos, en asociación con pandillas locales en el terreno.

Según Renato Rivera, investigador de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), los traficantes albaneses aportaron una cultura corporativa distintiva al negocio de la cocaína en Ecuador, en la que se centran más directamente en ganar dinero que en participar en "pugnas" para obtener control territorial. Con este fin, la red presuntamente dirigida por Gjika era fluida y no parecía mantener una alianza fija con ninguna de las principales pandillas criminales de Ecuador, dijo. “Este tipo de personas no se ‘casan’, podríamos decir. No tienen alianzas estratégicas con ninguno de los grupos criminales. Sino que es un giro de negocios en función de oportunidades de mercado”.

Según las autoridades ecuatorianas, la organización criminal presuntamente liderada por Gjika tenía una estructura corporativa piramidal. En la cabeza estaba el albanés, seguido por un "grupo directivo de apoyo" que incluía a su presunto lugarteniente, el ciudadano argentino-italiano Mario Sánchez Rinaldi. En febrero de 2024 Sánchez Rinaldi fue arrestado en España, donde también se investiga a cerca de 70 personas y entidades legales en relación con el caso. Los abogados ecuatorianos de Sánchez Rinaldi, quien permanece detenido, le dijeron a OCCRP que no estaban autorizados a comentar sobre el caso.

Para facilitar sus envíos transatlánticos, los fiscales ecuatorianos sostienen que el grupo presuntamente usaba empresas de exportación legítimas, que comerciaban con bananos y otros bienes, como tapadera para el tráfico de drogas. Las ganancias luego se lavaban a través de estos negocios legales, así como en compras de bienes raíces.

Los chats de Sky revelan los detalles granulares de cómo operaba esta 'multinacional' de la cocaína, desde los contratos mensuales con proveedores hasta los puntos de recolección de efectivo específicos utilizados para recaudar sus ganancias. Los mensajes muestran cómo el grupo sorteaba contratiempos logísticos e innovaba para responder a las intervenciones de las autoridades.

Y, de manera crucial, evidencian una de las claves de esta operación: un nivel de acceso notable a los puertos marítimos de Ecuador y el enorme volumen de contenedores que se despachan cada día al resto del mundo. 

La policía, la aduana y la autoridad portuaria de Ecuador no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Según los fiscales, la red de contrabando obtenía su cocaína principalmente de laboratorios en la vecina Colombia, el principal cultivador mundial de la planta de coca, cuyas hojas son trituradas y purificadas a través de varios procesos químicos para obtener la droga.  

Los chats de Sky muestran que Gjika tomó la iniciativa en la negociación de acuerdos para asegurar un flujo constante del narcótico, al negociar contratos de múltiples toneladas mensuales, una cantidad notable pues en ese momento las incautaciones de cocaína en Ecuador rara vez superaban una tonelada.

"Amigo mi primo me dijo que tienes cosos buenos", escribió Gjika a un aparente proveedor en enero de 2021.

“A mi me interesa pero lo que me da un poco miedo es que no conozco la gente, lo conozco a usted y lo veo muy serio y un chico con pies por tierra”, agregó. 

El proveedor le dijo a Gjika que estaba manejando dos "cocinas" –un término de jerga para los laboratorios donde se extrae la cocaína de las hojas de coca– y le pidió al albanés confianza para aceptar su negocio.

En otra conversación, Gjika describió un contrato por un "mínimo" de "6 T" con otro aparente proveedor de Colombia, quien dijo que tenía cinco “cocinas” a su disposición.

Sin embargo, a veces, el plan sale mal.

Un día después de esta conversación, el 1 de febrero de 2021, cinco hombres fueron arrestados en la provincia ecuatoriana de Los Ríos con media tonelada de cocaína camuflada en un camión, dividida en paquetes de 1 kilo marcados con el logo UNICO.

Tras escuchar la noticia, Gjika le escribió al hombre que le ofreció suministrar “6 T” para informarle del incidente.

Gjika comienza a expresar sospechas sobre cómo pudo haber ocurrido este fallo operativo, señalando que los conductores del cargamento no habían seguido su cronograma.

Más tarde, ambos confirman lo peor: la "mercancía" también fue incautada.

La discusión que sigue muestra a Gjika tratando de analizar qué salió mal y cuáles deberían ser las consecuencias. Él quiere saber qué le pasó a un individuo al que se refieren como “el taxista”, quien no fue arrestado. Aunque nunca se dice claramente, los chats sugieren que así podría describir a uno de los “patrulleros” que acompaña los cargamentos en un auto separado.

Lo que ocurre después se desconoce, ya que el registro del chat termina con el interlocutor de Gjika pidiendo su BC1. Se refiere a otro sistema de comunicación encriptada que opera la compañía Number 1BC y que se convirtió en una alternativa después de que se supiera que Sky y otras empresas similares habían sido vulneradas. 

Para transportar este flujo constante de cocaína al exterior, principalmente a Europa, la red presuntamente liderada por Gjika acumuló el control sobre "gran parte de la cadena logística de comercio exterior", según los fiscales ecuatorianos. Para el juicio, los investigadores recolectaron pruebas de la participación del grupo en al menos 11 envíos de drogas desde el puerto de Guayaquil a terminales europeas en 2020 y 2021.

Los chats de Sky revelan la amplitud de estas operaciones de exportación, con numerosas discusiones sobre cronogramas de envío y entregas de "cajas" a puertos en lugares como:

Los Países Bajos y Bélgica,

Turquía e Italia,

España y Alemania,

y Marruecos y Portugal.

También hay discusiones sobre la búsqueda de nuevos mercados y rutas, incluyendo en países tan lejanos como la India,

y Rusia.

[De los puertos mencionados en estas conversaciones, solo Amberes, Algeciras y Hamburgo respondieron a las preguntas de OCCRP. Remitieron a las autoridades policiales y aduaneras para obtener más detalles sobre las medidas adoptadas para combatir el tráfico de drogas].  

Para lograrlo, el grupo cultivó una red de informantes dentro de los puertos de Ecuador, según los fiscales. Citan varios chats como evidencia del acceso de los traficantes a "información privilegiada" de los sistemas informáticos de las terminales en Guayaquil.

La naturaleza casual de sus conversaciones en Sky refleja su infiltración sin fisuras en estas instalaciones, los traficantes discuten sobre su trabajo en los puertos de manera rutinaria y ordinaria.

"No hay ningún problema de cuál puerto que sea, lo sacamos, no se preocupe”, escribió Gjika sobre cuatro de las terminales portuarias de Guayaquil en una conversación sobre qué ruta de envío planeaba usar un importador.

"¡¡Señor, yo me responsabilizo en puertos!!", enfatiza más tarde aunque añadió que no podía “garantizar” si había “fuga de información el día de trabajo” o si me “caen los tombos (jerga para policía)”. 

Al ser contactada, Contecon, una de las tres terminales portuarias de Guayaquil mencionadas en los chats, indicó que el puerto "colabora estrechamente con el Estado ecuatoriano para garantizar un comercio seguro a través de nuestras instalaciones". Los otros dos puertos no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Este nivel de acceso dependía de "amigos" que parecían tener acceso directo a los puertos, sugieren los chats.

"Los amigos de adentro ya mismo me dan la caja para trabajar en una hora máximo", se lee en un mensaje que Gjika recibió en agosto de 2020.

Entre las personas que fueron condenadas en Ecuador hay un oficial de policía que se encargaba de examinar contenedores en un puerto. Otro policía fue declarado inocente y un tercero está prófugo desde 2024.

La infiltración que logró el grupo entre las autoridades fue aún más lejos. Un policía retirado llamado Héctor Pesántez, conocido con el alias de Glock, fue condenado por haber sido una de las figuras de mayor rango del grupo. En los chats, comparte con Gjika información interna de la policía antinarcóticos de Ecuador.

Según los fiscales, él era responsable de reclutar a otros en roles de supervisión para facilitar el tráfico en los puertos. En el juicio, se declaró inocente y apeló su condena. No respondió a las solicitudes de OCCRP de comentarios.

"Me contacté con los amigos", le escribió a Gjika en julio de 2020. "Me informan que ya hubo cambios de personal, hasta el director nacional antinarcóticos es nuevo, han cambiado la modalidad de francos (días libres)".

Glock luego le aconseja a Gjika ajustar su agenda para que coincida con el momento en que sus "amigos" estarán de turno:

Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador, señala que el Gobierno ha tenido dificultades para garantizar la seguridad adecuada de los puertos, que son gestionados por empresas privadas a través de concesiones que el Gobierno les otorga. "El problema es que el Ecuador no tiene un control adecuado de los puertos. Ni una estrategia unificada, ni coherente, ni inteligente. Es un boquete; es como tener a una persona desangrándose, y si no le pones un torniquete, se va a morir", dijo.

Las conversaciones de Sky se refieren a varios métodos que el grupo usaba para introducir droga en los contenedores. Uno de ellos, que las autoridades describen como el "método del gancho ciego", consiste sencillamente en colocar droga junto a carga legal, en lugar de mezclarla con bienes lícitos u ocultarlas de manera más elaborada.

Pero hay pistas de que el grupo empleó métodos más sofisticados. En otro chat, Gjika y un interlocutor discuten sobre los esfuerzos para preparar un contenedor con un soldador y algo de pintura. El resultado, dice Gjika, es que "el escáner no lo coge, absolutamente confirmado".

A partir del intercambio, parecería que ambos discuten sobre almacenar cocaína en la propia estructura del contenedor. El Ministerio del Interior de España señaló que el grupo comenzó a usar esta táctica para ocultar lotes más pequeños de cocaína después de que autoridades holandesas interceptaron un cargamento de 1,1 toneladas en 2020.

Algunos chats también se refieren a la táctica que ellos –y la policía ecuatoriana– denominan de "empresa a empresa".  Así, los traficantes minimizan sus riesgos al controlar directamente compañías de exportación que llevan la cocaína y al asociarse con importadoras que administran sus socios. 

Según documentos judiciales y de registro mercantil ecuatoriano, Gijka así como las personas condenadas o acusadas de participar en la red de tráfico, o sus familiares cercanos, eran dueños o administraban más de 30 empresas en el país.

Entre estas, los fiscales alegaron que tres empresas, propiedad de o administradas por Gjika y su presunta mano derecha Mario Sánchez Rinaldi, habrían facilitado el tráfico de drogas. Dos de las empresas se enfocaban principalmente en el comercio de banano.

España también era un nodo logístico importante para los envíos de cocaína del grupo. En una carta enviada a las autoridades de Ecuador para pedir asistencia, la Audiencia Nacional de España describe a Sánchez Rinaldi como un “importante empresario” radicado en la Costa del Sol. Y alega que manejaba una “organización legal potente”, un grupo de negocios de importación y exportación de alimentos que le permitía “facilitar su logística” del tráfico de cocaína para terceros.

En otra carta enviada a las autoridades francesas, la Audiencia Nacional española indica que el empresario habría sido responsable de garantizar la entrada de la droga en el puerto español de Algeciras y de “facilitar empresas importadoras en Europa”.

(Un portavoz de la Autoridad Portuaria de Algeciras no respondió a las preguntas enviadas por la OCCRP y remitió a los periodistas a la policía). 

Cuando el producto llega con éxito a las costas europeas, los chats parecen mostrar a Gjika negociando su venta a distribuidores. Frecuentemente participa en conversaciones —algunas de ellas tensas— sobre precios, pruebas de calidad del producto y planes de distribución.

"¿Tú tienes mercancía por arriba???", le preguntó en julio de 2020 a otro usuario de Sky, a quien las autoridades ecuatorianas describieron como posible coordinador de envíos de cocaína del grupo al puerto español de Algeciras. "Yo necesito en España no hay nada". "Si tienes en Holanda puedo buscar un camión para bajarlo a España", ofrece el interlocutor. "Me das precio ahí arriba y yo lo bajo".

Unos meses más tarde, Gjika se comunicó con un colaborador –quien fue condenado por participar en la organización criminal y quien, según los fiscales, se había trasladado en su momento a España– sobre los precios del mercado en Europa: "Señor, ¿cómo está el precio por allá?", preguntó Gijka, antes de planear su próximo movimiento.

Tras acordar un precio, a menudo después de una negociación intensa, los chats incluyen conversaciones sobre la manera de cobrar las ganancias. Usaban puntos de recolección de efectivo clandestinos que parecen operar desde ciudades de todo el mundo, desde Cali hasta Madrid, Bruselas y Birmingham.

La cantidad de efectivo que cambia de manos es a menudo asombrosa. En Barcelona, las autoridades españolas detectaron múltiples entregas de efectivo vinculadas al grupo, incluyendo una que llevó a la incautación de un millón de euros escondidos en un vehículo.

Por separado, en una conversación de diciembre de 2020 a través de Sky, Gjika discute una serie de transferencias de pesos colombianos por un valor equivalente a 2,3 millones de dólares para ser cobrados en Cali.

Las referencias a dichos "tokens" son frecuentes, ya que aluden a una cadena de números —por lo general el número de serie de un billete de dólar o euro— que se utilizan como una especie de contraseña compartida con el cajero para asegurar que el dinero se entregue en las manos correctas.

Citando los chats de Sky, la policía vinculó el establecimiento a un ciudadano chino quien finalmente fue condenado por colaborar en el tráfico de drogas y lavar el dinero del grupo (se declaró inocente y apeló el fallo. Sus abogados no respondieron a las solicitudes de comentarios).

Si bien este tipo de sistema de transferencia clandestino permite a sus usuarios eludir las restricciones de los bancos, conlleva sus propios riesgos. En un chat de agosto de 2020, Gjika y un hombre conocido como el "Ingeniero" parecen discutir los detalles de una operación de recolección de efectivo que no salió como estaba planeado.

Poco más de una hora después, el "Ingeniero" —quien más tarde sería condenado por colaborar con la organización de tráfico— informa que "el chino" no tenía suficiente efectivo y que no se pudo cobrar el monto total.

Entonces, el "Ingeniero" pregunta si puede tomar algo del dinero para pagar a los miembros de su equipo, y Gjika aparentemente acepta que puede quedarse con "100" —lo cual un informe policial sugiere que es una abreviatura para 100.000 dólares— para él y su equipo. Parecen acordar reunirse al día siguiente para una charla de negocios para que Gjika pueda mostrarle "dónde y cómo se invierte [el dinero]". Pero cuando la parte del efectivo de Gjika llega al día siguiente, son "10" menos de lo que esperaba.

Al ser presionado, el colaborador de Gjika señaló que los 10.000 dólares faltantes se debieron perder cuando otro asociado "se puso nervioso" en la calle donde fue el intercambio, cerca de un "chifa" —en referencia a un restaurante que sirve una fusión de cocina china y ecuatoriana—.

Tras enviar algunos mensajes de audio, cuyos contenidos no están detallados en los registros del chat, los dos hombres parecen haber resuelto el asunto.

Al ser contactado, el abogado de Julio César Lalangui Medina, conocido como El Ingeniero, señaló que aún está pendiente la apelación de su cliente, con una audiencia programada para el 25 de junio de 2026. Y añadió que existe un “amplio y profundo debate jurídico a nivel internacional sobre la validez, autenticidad, integridad, trazabilidad y legalidad” del uso de los mensajes de Sky como prueba.

Para septiembre de 2020, Gjika aparentemente se había enterado de que los dispositivos Sky que estaban usando ya no eran seguros.

"Estamos cambiando todo, por el mucho hablar de que Sky no es confiable más", le envió por mensaje de texto a un colega, animándolo a comprar uno de los teléfonos BC1.

Pero los hombres siguieron usando Sky durante casi seis meses más. En marzo de 2021 se registró el último mensaje en los archivos de la Fiscalía.

El uso de Sky eventualmente significaría el desmoronamiento de la red ecuatoriana. Sin embargo, no es seguro que Gijka –el hombre que encabezaba el grupo según la Fiscalía– enfrente la justicia. A pesar de haber sido arrestado hace casi un año, los Emiratos Árabes Unidos aún tienen que extraditarlo (el Ministerio de Asuntos Exteriores y Justicia del país no respondió a las solicitudes de comentarios).

Mientras tanto, la cocaína —y el derramamiento de sangre que la sigue a su paso— continúa aumentando en Ecuador a niveles récord.

Rivera señala que a medida que los traficantes internacionales impulsan el comercio de droga en Ecuador, las bandas locales siguen peleando por una porción del pastel.

"El financiamiento que tienen y el interés por mover más cocaína a través del Ecuador, genera pugna entre los grupos locales y esas pugnas generalmente se manifiestan en control territorial”, dijo. "Entonces, no es su presencia como tal, sino el financiamiento que han traído para el movimiento de cocaína lo que indirectamente genera mayor violencia”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este martes que los bombardeos de Ecuador en la frontera con Colombia dejan "27 cuerpos calcinados" y afirmó que la explicación sobre los ataques "no es creíble", en aparente referencia a la declaración del presidente de ese país, Daniel Noboa. "Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble. Las bombas están en el piso cerca a familias, muchas de ellas han decidido pacíficamente reemplazar sus cultivos de hoja de coca por cultivos legales", escribió Petro en X.

El mandatario también indicó que los bombardeos en la frontera de Colombia y Ecuador "no parecen ser ni de los grupos armados" porque no tienen aviones, ni de la fuerza pública de Colombia porque él "no ha dado esa orden".

Las afirmaciones de Petro se producen un día después de que denunciara que Colombia está siendo bombardeada desde Ecuador, tras el hallazgo de una bomba "tirada desde un avión" en las inmediaciones de la frontera común. "Ha aparecido una bomba tirada desde un avión (...) ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigar bien", expresó Petro el lunes por la noche durante un consejo de ministros, en el que también aseguró que "van muchos estallidos" en esa zona.

Desde Ecuador, el presidente Daniel Noboa rechazó este martes las acusaciones y aseguró que las operaciones militares contra el crimen organizado, apoyadas por Estados Unidos, se desarrollan exclusivamente dentro de su territorio. "Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo", afirmó Noboa en redes sociales, donde explicó que los bombardeos hacen parte de ofensivas contra grupos del crimen organizado y la minería ilegal. El mandatario ecuatoriano señaló que estas acciones se realizan con apoyo de la "cooperación internacional" y que están dirigidas contra bandas criminales, muchas de ellas de origen colombiano.

Medios colombianos han divulgado este martes imágenes de un artefacto explosivo hallado en la zona rural de Jardines de Sucumbíos, en la frontera entre ambos países, que presuntamente habría sido lanzado desde el aire. Las fotografías muestran un proyectil metálico de gran tamaño, con evidente deterioro, localizado entre vegetación, lo que, según esas versiones, apuntaría al uso de munición aérea en el área.

Esta nueva controversia ocurre en medio de un deterioro de las relaciones entre Bogotá y Quito, marcado por una guerra comercial iniciada en enero por el presidente de Ecuador, que impuso una "tasa de seguridad" del 30% a productos colombianos y posteriormente elevada al 50%, ante una supuesta falta de acciones del Gobierno vecino en la lucha contra el narcotráfico en la frontera, lo que permite que grandes cantidades de cocaína lleguen al país para ser enviadas al extranjero por vía marítima.

Colombia respondió con aranceles a decenas de productos y suspendió el suministro de electricidad a Ecuador, mientras que el país andino aumentó el costo del transporte de crudo colombiano por sus oleoductos. En paralelo, Ecuador ha intensificado su ofensiva contra el crimen organizado, que incluye bombardeos contra campamentos y enclaves ilegales en zonas cercanas a la frontera con Colombia y Perú.

Minutos antes de que Noboa negara las acusaciones, la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, aseguró que en los próximos días habrá una "mesa de diálogo" con Colombia a través de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para tratar la guerra comercial entre ambos países. "Ambos países, junto al secretario general de la Comunidad Andina, van a plantear sus posiciones y van a retomar las conversaciones que se dieron aquí en Quito hace un par de semanas con la canciller de Colombia y con la delegación que la acompañó", dijo Sommerfeld en una entrevista con el canal Teleamazonas.

Desde la noche del pasado domingo rige en cuatro provincias de Ecuador un toque de queda nocturno para intensificar los operativos en la "guerra" que desde hace más de dos años Noboa declaró al crimen organizado. Al mismo tiempo, se han desplegado grandes ofensivas contra la minería ilegal en zonas fronterizas de Colombia y Perú, que han incluido el lanzamiento de baterías de misiles desde camiones militares.

Ante la pregunta de si creía que la denuncia del presidente Petro podía entorpecer algún proceso de solución de la guerra comercial, Sommerfeld aseguró que "salida siempre hay" y que "Ecuador cree en el diálogo y en las mesas de negociación". "Nosotros lo que estamos pidiendo a Colombia es que incremente sus capacidades de control de frontera y de control de su territorio en cuanto a producción (de droga) para poder bajar el nivel de violencia y de inseguridad no solamente en Ecuador, sino en todo el hemisferio occidental", añadió.

Hace escasas fechas, como si fuera el día de la marmota, una decisión de la Audiencia Nacional se ha convertido en noticia internacional. El narcotraficante ecuatoriano William Joffre Alcívar Bautista, más conocido como el Comandante Willy, fue liberado por la Audiencia Nacional. Esta decisión, amparada en la falta de garantías a la hora de preservar su vida en su país, se produce menos de dos meses después de la detención en Málaga, el pasado 16 de noviembre de 2025, de otro gran capo del crimen organizado ecuatoriano, Wilmer Geovanny Chavarría Barré, alias Pipo, líder de Los Lobos. Una fecha de celebración en el Gobierno ecuatoriano, que considera a esta mafia como narcoterrorista. Pero su alegría duró bien poco.

El ahora liberado es un capo de Los Tiguerones, una organización criminal que controla parte de las principales rutas de cocaína de Ecuador y que actualmente mantiene una estrategia del terror contra el Estado ecuatoriano. Y eso quiere decir que son unos de los responsables de traer toneladas de coca a Europa y España, pero este no es el principal problema de seguridad que generan. Matan a inocentes sin miramientos, y se les puede considerar narcoterroristas.

Antes de explicar el poder de Los Tiguerones en España y las razones para la liberación de este sujeto, por problemas procesales, veremos por qué ha causado indignación en su país de origen. Para ello hay que volver a 2024. La detención del Comandante Willy ocurrió en octubre de 2024 en la Segur de Calafell (Tarragona) por parte del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil y a petición de la justicia ecuatoriana.

A Willy lo buscaban por liderar desde España el asalto armado y en directo de TC Televisión, un evento criminal que dio la vuelta al mundo. El 9 de enero de 2024, un comando armado asaltó el plató principal del citado canal cuando emitía en directo en Guayaquil. Aquello fue la declaración de guerra completa de Los Tiguerones al Gobierno de Ecuador, pues raptaron a periodistas y realizaron varias declaraciones señalando que iban a la guerra contra el Ejecutivo de Daniel Noboa.

Aquel hito sucedió unos días más tarde de una fuga carcelaria escandalosa del capo de Los Choneros, José Adolfo Macías, conocido como Fito, otra mafia enemiga de Willy. Fito fue detenido hace escasos meses en su país. La respuesta de Los Tiguerones fue subir el nivel de violencia, porque había comenzado la presión policial y judicial contra ellos y se pretendía limitar su poder. El grupo criminal lideró decenas de atentados bombas en todo Ecuador, un aumento de asesinatos y otros tantos secuestros.

Quien ordenó el asalto a TC Televisión fue William Joffre Alcívar Bautista, y lo hizo desde España, donde estaba desde al menos 2020. Los miembros de Los Tiguerones le mostraron respeto en directo haciendo la señal de la W en honor a él, y no sólo lo prueba eso: había conversaciones de móviles directas entre él y los chicos armados que tuvieron en vilo a todo un país durante unas horas. Por ello, se convirtió en un objetivo prioritario para el Gobierno de Noboa. Otro punto crítico llegó el 17 de enero de 2024, cuando asesinaron al fiscal que investigaba el caso. La víctima fue César Suárez. Cuatro pistoleros lo mataron a quemarropa en Guayaquil. Fue otro golpe al Estado ecuatoriano, ya bastante maltrecho de por sí en estos últimos años.

Que el líder de Los Tiguerones estuviera en España se explica de una forma bastante fácil de entender. Aquí entró con un pasaporte falso de Colombia y desde la península ibérica podía controlar a toda su organización criminal y las rutas de cocaína que llegan a España desde Guayaquil, Manta o Puerto Bolívar. Primero, para sus intereses estrictamente personales tomaba distancia con sus rivales, tales como Los Lagartos, Los Choneros o Los Lobos, que pretenden asesinarlo, porque es la cabeza visible de su organización criminal. Y segundo, vivir en la semiclandestinidad en España le ofrece tranquilidad para diseñar estrategias de violencia y también económicas. Además, la gran colonia sudamericana existente en la península ibérica le hace sentirse como en casa.

Las mafias internacionales desde Ecuador han logrado que alrededor del 70% de la cocaína que llega a Europa provenga de sus puertos, y esta la principal razón de la violencia inusitada que sufre el país actualmente. Que el mayor alijo de cocaína que se ha descubierto en España viniera desde Guayaquil no es fruto de sencillas casualidades. Aparte de supuestos policías corruptos, como el exjefe de la UDEF en Madrid Óscar Sánchez –al que se le encontraron 20 millones de euros en efectivo–, se necesita de organizaciones criminales como la que dirige el Comandante Willy. Todo para que en el país de origen, en este caso Ecuador, se controle a la perfección la ruta de la droga hasta los puertos que exportan la mercancía. Y lo pueden hacer gracias a los lazos que han establecido entre las disidencias de las FARC y el cártel Jalisco Nueva Generación, lo que les ha garantizado la cocaína.

El crecimiento de Los Tiguerones en la mafia ecuatoriana se debió en un inicio a las habilidades en el interior de las cárceles del liderazgo del Comandante Willy. Desde ahí han llegado a tener miembros en Algeciras, Valencia o Barcelona para controlar su cocaína. Precisamente las luchas por hacerse con el control de las cárceles del país le ha servido para librarse, de momento, de volver a ser juzgado en su tierra natal.

En junio, la Audiencia Nacional aprobó su extradición a falta de un trámite más: se le solicitaba a Ecuador en un auto que en un plazo de tres meses "presten garantía suficiente de haber adoptado las medidas y realizado las acciones concretas indicadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tendentes a garantizar de forma efectiva los derechos a la vida e integridad personal de los reclusos en sus centros penitenciarios".

Tuvieron acceso al escrito el diario Las Primicias de Ecuador, y ya dejaba entrever la Sala Tercera de la Audiencia Nacional que temía que el Comandante Willy fuera asesinado dentro de cualquier cárcel de Ecuador. Un riesgo que siempre va a estar ahí, porque precisamente Los Tiguerones han realizado matanzas dentro del sistema penitenciario ecuatoriano y tienen cuentas pendientes con muchos grupos criminales.

Pasaron los tres meses y, según la Audiencia Nacional, no recibieron ningún escrito de las autoridades ecuatorianas. Y han liberado a William Joffre Alcívar Bautista, algo que no ha sentado nada bien en el Gobierno de Ecuador y que ha provocado reacciones muy airadas de su Ministro del Interior, que está directamente amenazado por Los Tiguerones.

El político es John Reimberg, que declaró a varios medios de su país que ellos hicieron su trabajo, y se leía entre líneas que señalaba a los jueces de la Audiencia Nacional por no hacer lo propio, según su criterio. Lo cierto es que en los distintos autos sobre este asunto, la Audiencia Nacional tenía claro ante qué tipo estaban. Incluso estando probado que accedió a España cometiendo un delito por utilizar documentación falsa, y por lo tanto está en situación irregular, se le ha liberado completamente.

Quizá eso es lo que mosquea al Gobierno ecuatoriano, porque se podría haber dado otra solución a la situación del Comandante Willy. Una es que habría posibilidad de tener una orden de expulsión de España por su situación irregular, y otra, como ocurre con algunos imanes radicales, expulsarlo por razones de seguridad nacional.

Lo cierto es que ahora mismo se desconoce el paradero de William Joffre Alcívar Bautista y la relación entre España y Ecuador puede verse empañada. No hay que olvidar que es clave para nuestro país que haya buen intercambio de información policial si se quiere seguir recibiendo datos para luchar contra el crimen organizado. Los 20 millones de euros en efectivo del exjefe de la UDEF en Madrid encontrados el año pasado dan buena cuenta de ello. La droga venía de Ecuador, el dinero se movía desde Europa.

Una vez más, la Justicia española da muestras de no saber lo que tiene entre manos. Tras anteriores liberaciones de sospechosos que acabaron en fuga, tales como las de Karim Bouyakhrichan, uno de los jefes de la Mocro Mafia, o Fikri Amellah, considerado uno de los mayores capos de la droga del Sur de Europa, acaba de conocerse una noticia aún más inquietante: William Jofre Alcívar Bautista, alias El Negro Willy o El Comandante Willy, ha sido puesto en libertad por orden de la Audiencia Nacional. Se trata del jefe de Los Tiguerones, una de las grandes organizaciones narcocriminales que operan en Ecuador, que había sido detenido por la Guardia Civil en Tarragona en octubre de 2024.

Los motivos que llevaron oficialmente a la Audiencia Nacional a decretar la puesta en libertad del jefe criminal, al que Ecuador considera un objetivo prioritario, se centran en que el país sudamericano no habría aportado las garantías suficientes para asegurar que el acusado seguiría con vida una vez que fuese extraditado a su país. Ello es así porque, según consta, tendría multitud de enemigos de otras redes criminales, y las prisiones ecuatorianas serían un lugar en el que podrían darle muerte. Así lo han conseguido probar sus siempre bien pagados representantes legales, y así lo entendió el tribunal español.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, mostró su profundo malestar ante la decisión que, eso sí, incluye medidas cautelares, pues el presunto jefe criminal debe comparecer periódicamente ante la Audiencia y no puede abandonar el país hasta que se resuelva el caso. El representante del Gobierno ecuatoriano advierte que "los españoles no pueden estar tranquilos con ese terrorista libre en sus calles", al tiempo que explica que, en el marco de su actividad delictiva, ha llegado a amenazar al propio presidente del país, Daniel Noboa, y a él mismo, el ministro del Interior.

Ecuador interesa su extradición con arreglo al tratado bilateral existente entre ambos países. El Comandante Willy es muy respetado en el marco del crimen organizado. Los miembros de Los Tiguerones hacen una señal con los dedos en forma de W para rendir pleitesía a una persona que comenzó como guardia en las cárceles hasta crear la gran red criminal que lucha por cuotas de poder con otras como Los Lobos y Los Choneros, las más fuertes del país.

Se le atribuye, además, la autoría intelectual del asalto a un canal de televisión ecuatoriano cuando estaba emitiendo en directo, hechos de los que informó en su día Narcodiario.

En un chat encriptado de febrero de 2021, presuntos narcotraficantes de los Balcanes se jactaban de tener los derechos exclusivos para traficar cocaína disimulada en contenedores de plátanos exportados por la empresa familiar del presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Un documento confidencial de la fiscalía de Croacia registró a dos personas, que usaban la plataforma de mensajería encriptada Sky ECC y que solo son identificados por números PIN anónimos, alardeando de que "nadie más que ellos" tenía permiso para embarcar cocaína en los contenedores de Noboa Trading Co TCN SA.

Noboa Trading es parte de Noboa Corporation, un extenso imperio empresarial que produce plátanos bajo la marca 'Bonita y es' dirigido por la familia del presidente ecuatoriano Daniel Noboa. Ni Noboa Trading ni la oficina del presidente Noboa respondieron a las solicitudes de comentarios de OCCRP, consorcio de investigación del que es socio infoLibre.

Mientras que los documentos de Croacia solo muestran PINs anónimos, el medio de investigación serbio KRIK —también socio de OCCRP— identificó a uno de los interlocutores gracias al cruce con documentos judiciales de otros casos en Serbia en los que los narcos también habían utilizado la aplicación Sky ECC. Se trata de Nikola Đorđević, una presunta figura del crimen organizado. La policía de Serbia lo busca actualmente por un caso de tráfico de cocaína distinto al de los cargamentos de Noboa Trading. 

Aunque no está claro exactamente cómo Đorđević y sus asociados habrían accedido a los contenedores de un importante exportador de frutas, existen pruebas de que su afirmación no era solo una fanfarronada.

En sus chats encriptados, los presuntos traficantes se refirieron a tres envíos específicos de cocaína y transmitieron detalles sobre las fechas, nombres de los barcos y números de contenedores. OCCRP ha cotejado los datos compartidos en esas conversaciones con envíos reales de plátanos de Noboa Trading utilizando registros de envío y datos de exportación.

Por ejemplo, mencionaron un cargamento de 430 kilos de cocaína oculto en el contenedor MEDU9747725, el cual dijeron que había salido de Ecuador el 25 de enero de 2021. Al consultar registros de envío y datos de exportación, los reporteros confirmaron que Noboa Trading efectivamente envió ese mismo contenedor en esa fecha.

Los tres cargamentos, que reporteros de KRIK, OCCRP y el Investigative Journalism Bureau examinaron en detalle, se mandaron desde el puerto ecuatoriano de Guayaquil. Todos habían ido a bordo del buque portacontenedores de bandera liberiana MSC Mirella a lo largo de un periodo de tres meses entre finales de 2020 y principios de 2021, antes de ser transferidos a otros barcos.

En total, contenían 535 kilos de cocaína, lo que puede alcanzar un valor en el mercado de al menos 26 millones de euros. El último de los envíos, que contenía 60 kilos de cocaína, fue incautado por autoridades croatas a principios de marzo de 2021, tras ser descargado en Ploče, un puerto en el mar Adriático, indica el documento de la fiscalía croata.

Mientras que el grupo de Đorđević se encargaba de cargar la cocaína en el punto de origen, archivos de la fiscalía croata revelan que otra banda de narcos de los Balcanes se encargaba de descargar la droga de los contenedores de Noboa Trading cuando llegaban a Croacia.

Esta cuadrilla estaba presuntamente liderada por Petar Ćosić, quien actualmente enfrenta un juicio en Croacia por organizar y liderar una organización criminal, por homicidio agravado y por tráfico de cientos de kilos de cocaína desde Ecuador, incluyendo droga hallada en los contenedores de plátanos de Noboa. Ćosić no ha contestado a las preguntas que OCCRP le ha hecho llegar a su abogado.

Esta nueva evidencia proporciona detalles sobre la creciente colaboración entre grupos criminales que trafican cocaína hacia Europa, y demuestra la facilidad con la que la exportación de bienes legales cotidianos puede verse afectada.

La cooperación parece ser parte de una tendencia más amplia hacia cadenas de suministro criminales modulares, afirma Anna Sergi, experta en crimen organizado y profesora de sociología en la Universidad de Bolonia.

En este caso, un grupo de presuntos traficantes de los Balcanes organizó la carga de la droga en contenedores en Ecuador, mientras que otra cuadrilla fue responsable de descargarla en Croacia, indican diversos documentos legales.

"Hay grupos que se especializan en el relleno en origen (origin stuffing), en la logística marítima o en la distribución local, y luego venden o intercambian esas capacidades", dijo Sergi a OCCRP.

Las pruebas obtenidas por OCCRP y KRIK muestran además que la cadena de mando criminal del grupo que descargó la cocaína en Croacia no terminaba en Ćosić. Al cruzar documentos judiciales croatas con documentos adicionales de un caso en Serbia, esta investigación pudo comprobar que Ćosić recibía órdenes a través del servicio de mensajería encriptada Sky ECC de una figura criminal de muchos más quilates: el capo Darko Šarić. 

Šarić, originario de Montenegro y quien cumple una condena por tráfico de cocaína, enfrenta actualmente un juicio en Serbia por lavado de dinero y por organizar cuatro asesinatos, entre otras acusaciones.

Los fiscales serbios han acusado a Šarić de haber seguido al mando de una organización criminal desde la cárcel por medio de la aplicación Sky ECC. Šarić niega estas acusaciones. Su abogado, Dalibor Katančević, ha asegurado que la celda de Šarić ha sido registrada innumerables veces sin que se hayan encontrado evidencia de dispositivos para comunicarse.

"Estoy seguro de que en todos los archivos de la fiscalía y del tribunal a los que se refieren, no pudieron haber encontrado ninguna prueba indiscutible de que Darko Šarić esté conectado con ninguno de los individuos mencionados, ni con ninguno de los presuntos envíos", señaló Katančević.

Esta nueva revelación llega en un momento incómodo para el presidente Noboa, quien se ha presentado como un combatiente de la lucha antidrogas, y que a principios de este año pidió a los ejércitos de Estados Unidos y Europa unirse a su "guerra" contra los que llamó "narcoterroristas".

"Las revelaciones exponen un conflicto de intereses masivo para un presidente que ha basado toda su carrera política en una narrativa de combate a la violencia y freno a la influencia corrosiva de los cárteles de la droga", dijo Jake Johnston, director de investigación internacional en el Centro para la Investigación Económica y sobre Políticas (CEPR).

En marzo de este año, la revista colombiana Raya reveló que entre 2020 y 2022 la policía incautó casi 700 kilos de cocaína en tres contenedores de plátanos de Noboa Trading en el puerto ecuatoriano de Guayaquil.

Durante un debate presidencial a principios de este año, la candidata de oposición Luisa González le preguntó de manera repetida sobre la publicación de Raya al presidente Noboa, quien entonces buscaba su reelección.

"Investiguen lo que es Noboa Trading, donde exportan drogas en cajas de banano de la empresa del señor Daniel Noboa hacia Croacia e Italia”, dijo González sobre la empresa familiar del presidente.

El presidente Noboa rechazó las acusaciones, indicando que la compañía había cooperado en cada caso y que los funcionarios de Noboa Trading habían sido exonerados "de cualquier acto ilícito". También negó tener alguna participación personal en la empresa: "No, no soy el dueño, pero sí están miembros de mi familia en esa empresa”.

Durante el debate presidencial a principios de este año, el presidente Noboa afirmó que no estaba involucrado personalmente con la empresa bananera que comparte su apellido, pero los registros de la empresa y el propio sitio web de la presidencia muestran vínculos históricos con él y relaciones actuales con su familia.

El padre del presidente Noboa, Álvaro Noboa, quien se postuló sin éxito a la presidencia de Ecuador cinco veces, encabeza tanto Noboa Corporation como Noboa Group, las empresas matrices de un vasto conglomerado empresarial que incluye a Noboa Trading, según las páginas web tanto de Álvaro Noboa como de la empresa.

Antes de convertirse en presidente, Daniel Noboa trabajó en Noboa Corporation, donde llegó a ser el director naviero más joven de la historia de la compañía, indica el sitio web de la presidencia.

Roberto Jorge Ponce Noboa, primo de Álvaro Noboa, era el CEO de Noboa Trading en el momento en que los tres envíos identificados por OCCRP y KRIK llegaron a Croacia, según documentos de la empresa y medios locales.

Noboa Trading es por su parte propiedad de otras dos empresas: el accionista mayoritario Lanfranco Holding SA, registrado en Panamá, y la firma ecuatoriana Inmobiliaria Zeus SA.

Debido a que Panamá permite a las empresas mantener a sus accionistas en el anonimato, no fue posible determinar quién posee actualmente Lanfranco Holding, pero un documento de 2015 de la filtración de los Pandora Papers muestra que ese año Álvaro Noboa transfirió la propiedad de la firma a dos de sus hijos: Daniel y Juan Sebastián.

Para 2021, Inmobiliaria Zeus era propiedad de otras empresas registradas en las Bahamas y Panamá. Aunque su propietario mayoritario está oculto, entre los accionistas de Inmobiliaria Zeus en 2021 se encontraban cuatro empresas y 12 individuos, incluida la tía del presidente Noboa, Isabel Noboa Pontón, y varios primos.

Tanto Lanfranco Holding como Inmobiliaria Zeus también poseen otras firmas vinculadas a la familia Noboa. Inmobiliaria Zeus, por ejemplo, es accionista de Noboapallets SA., mientras que Lanfranco Holding es accionista de otras 45 empresas agrícolas, navieras, de embalaje y de fertilizantes conectadas con la familia Noboa.

Aunque no hay evidencia de que Noboa Trading estuviera al tanto del contrabando oculto en sus contenedores de plátanos, Anna Sergi —la experta en crimen organizado— señaló que los hallazgos sugieren vulnerabilidades sistémicas en el principal puerto de Ecuador: controles débiles, contratación opaca de empacadores externos y prácticas informales en las puertas que crean oportunidades para la captura criminal.

"[El chat descifrado] no prueba por sí mismo la participación de la gerencia de la empresa. Pero sí indica con fuerza que alguien con control sobre el proceso físico de carga de contenedores y salida es cómplice o ha sido captado por criminales", explica Sergi.

Aunque un contratista de Noboa Trading responsable de realizar inspecciones antinarcóticos ha sido objeto de procedimientos judiciales al menos cuatro veces, esta persona nunca ha sido inculpada.

Los registros de embarque muestran que Firma Leon Van Parys NV, una empresa de frutas inscrita en Amberes que es el mayor comprador de plátano para el mercado croata, fue consignataria en uno de los envíos y la parte notificada en los otros dos. La empresa no respondió a una solicitud de comentarios de OCCRP.

La naviera MSC dijo a OCCRP que permanece firmemente opuesta al comercio de cocaína y continúa intensificando sus esfuerzos de seguridad. "En los últimos años, la industria del transporte marítimo de línea ha mejorado drásticamente su capacidad para detectar cargamentos de drogas ilegales como las mencionadas en el informe gracias a los avances en tecnología y asociaciones efectivas con las autoridades aduaneras", indicó MSC en una respuesta por correo electrónico. "El panorama hoy es muy diferente".

Como el mayor exportador de plátanos del mundo, los envíos de la fruta tropical a través de los concurridos puertos de Ecuador, como Guayaquil, son un objetivo atractivo para los traficantes de cocaína.

A principios de este año, el Defensor del Pueblo de Ecuador afirmó en una entrevista con la Deutsche Welle que hasta el 70% de las drogas consumidas en Europa se exportan ahora desde Ecuador. Aunque Bélgica, los Países Bajos y España siguen siendo los principales puntos de entrada de cocaína a Europa, la mejora en la intercepción ha llevado a los traficantes a utilizar con más frecuencia puertos secundarios más pequeños.

Así como las bandas de los Balcanes han ganado una posición creciente en el negocio, Croacia, con sus seis puertos comerciales, se ha convertido en un destino más popular.

Al ser el cuarto mayor exportador de plátanos de Ecuador, los contenedores de Noboa Trading terminaron en el centro de este fenómeno. Entre 2014 y 2024, la empresa y sus marcas asociadas, como Bonita, exportaron 190 millones de dólares de la fruta a Croacia, uno de sus mercados clave.

"Cuanto más envías a esa región, mayor es la probabilidad de que los contenedores estén contaminados", dijo Bruce Goldberg, un exagente de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) que trabajó en Ecuador media década.

"Y Ecuador envía plátanos a todas partes. A todas partes".

El equipo de R&D contribuyó a este reportaje.

El ministro de Defensa Nacional de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, aseguró que Wilmer Chavarría, 'Pipo', el máximo líder de la banda criminal Los Lobos, detenido el domingo en Málaga (España), será extraditado al país.

Y "probablemente" terminará en la nueva cárcel de máxima seguridad con la que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quiere replicarla el "modelo Bukele" instaurado en El Salvador por su mandatario.

Loffredo, en declaraciones a periodistas, se refirió así al máximo líder de Los Lobos, la organización criminal más poderosa actualmente en Ecuador, arrestado en España después de que en 2021 fingiese su muerte y saliese del país.

El ministro señaló que la captura de 'Pipo' fue posible gracias a la "efectiva cooperación internacional" con España y recordó que el líder de Los Lobos "es responsable de al menos 400 muertes" en Ecuador.

La captura de 'Pipo' coincidió con el inicio de la jornada electoral del referéndum impulsado por el presidente, que obtuvo una contundente derrota al ser rechazadas las cuatro propuestas de esta consulta popular, incluida la de establecer una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución.

Al mando de 'Pipo', Los Lobos se alzaron en los últimos años como la organización criminal más fuerte de Ecuador tras desatar una guerra de bandas para emanciparse de Los Choneros, la otra gran organización delictiva del país, que hasta finales de 2020 tenía el monopolio de la actividad criminal.

Para ello, Los Lobos se aliaron con el mexicano Cártel Jalisco Nueva Generación, al que proveían de la cocaína producida principalmente en Colombia, a diferencia de Los Choneros, con vínculos con el cártel de Sinaloa, de acuerdo a las autoridades ecuatorianas.

Además, ampliaron sus operaciones al incursionar en la minería ilegal y, de acuerdo con las autoridades, establecieron alianzas con disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para explotar enclaves mineros en la Amazonía.

No es casualidad que 'Pipo' viviese entre España y Dubái, lugar junto a India donde se destina la mayor parte del oro ilegal que se produce en la cuenca amazónica.

El rechazo en la consulta popular y referéndum impulsados por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se consolida al haberse escrutado más del 98% de los votos, en lo que se ha convertido en un duro revés para el Gobierno, informa EFE.

De acuerdo al Consejo Nacional Electoral (CNE), el 'No' venció en las cuatro preguntas, pero las relacionadas con la posibilidad de instalar bases militares extranjeras y la de convocar a una asamblea constituyente para redactar una nueva Carta Magna acaparan el mayor rechazo, con un 60,64% y un 61,65%, respectivamente.

En la pregunta con la que Noboa buscaba dejar de financiar a los partidos políticos con dinero público, el 'No' logró un 58% y el 'Sí' un 41,93%, mientras que la que apuntaba a reducir de 151 a 73 los integrantes de la Asamblea Nacional el 'No' alcanzó el 53,47% frente a un 46,53% del 'Sí'.

En la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, sede del Ejecutivo, el 'No' ganó con más de 15 puntos porcentuales en la pregunta de las bases extranjeras y con más de 19 en la de la asamblea constituyente.

Sin embargo, en la relacionada con la financiación a los partidos políticos, la diferencia fue de cerca de 7 puntos, mientras que en la de la reducción de integrantes del Parlamento ganó el 'Sí' con algo más de 3 puntos porcentuales.

Si bien la mayoría de provincias rechazaron, en general, las propuestas de Noboa, la andina de Tungurahua fue la única en la que ganó el 'Sí' en todas las preguntas.

El presidente Noboa ha señalado que respeta la voluntad del pueblo, pero que su compromiso no cambia, por lo que seguirán "luchando sin descanso por el país" que los ecuatorianos merecen, con las herramientas que tienen.

Una afirmación secundada por los ministros más visibles de Noboa: Gian Carlo Loffredo (Defensa) aseveró: "En nuestro ADN no está rendirnos, más firmes que nunca". Y John Reimberg (Interior) apuntó: "Nuestro compromiso con el país es inquebrantable. Seguimos trabajando". Mientras que Zayda Rovira (Gobierno) aseguró que seguirán "trabajando con la fuerza, la claridad y la determinación que caracterizan" al Gobierno.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la organización social más grande del país, que lideraba la campaña en rechazo a las propuestas de Noboa, consideró que el 'No' unió a Ecuador como país, que ha dicho "basta de abusos, basta de amenazas a nuestros derechos".

En 2021 fingió su muerte. En 2022 consiguió una identidad falsificada y viajó a España. Desde entonces, según destacan los especialistas antidroga de todo el mundo, extendió su negocio criminal al Viejo Continente. No es de extrañar que los puertos de la Península Ibérica hayan sido en los últimos años la gran entrada de los alijos procedentes de Ecuador. Hablamos de Wilmer Geovanny Chavarría Barre, alias Pipo, jefe de Los Lobos y, según el ministro del Interior de Ecuador, un capo que deja al famosísimo Fito detenido hace algunos meses "en un aprendiz". Acaba de ser detenido en el aeropuerto de la Costa del Sol, en Málaga, o lo que es lo mismo: en el corazón del crimen organizado a nivel mundial.

"Hoy me encuentro en España con el alto mando policial, desde donde informamos al país sobre un golpe histórico para la seguridad del Ecuador". John Reimberg, ministro del Interior del país sudamericano, viajó en persona a Europa para conocer de primera mano los resultados de la investigación.

La Policía Nacional de Ecuador, en una "operación impecable" y coordinada con la Policía de España, capturó a Wilmer Geovanny Chavarría Barre, alias Pipo, máximo líder de la organización criminal Los Lobos, "el delincuente más peligroso y buscado", según palabras del ministro.

Chavarría Barre es responsable de al menos 400 muertes, según explica Reimberg, asesinatos que se producían en su país y que ordenaba desde España, y "durante años manejó operaciones criminales desde la Penitenciaría del Litoral y la cárcel de Turi, donde estuvo recluido entre 2011 y 2019".

Este individuo, "para quien Fito no es más que un aprendiz", según el ministro, fingió su muerte en 2021. Lo hizo aportando documentación falsificada, algo similar a lo que realizó Sergio de Carvalho, alias Paul Wouter, en España, aunque su fuga se extendió durante algunos años más.

En primer lugar, Pipo obtuvo una nueva identidad en Venezuela para, desde allí, registrarse y obtener pasaporte colombiano. En ese espacio temporal comenzó a someterse a distintas operaciones estéticas, hasta siete, según detallan en Ecuador, lo que le sirvió para modificar completamente su aspecto. Al mismo tiempo, ganó masa muscular para alterar su fisonomía. Nada de eso, sin embargo, sirvió para eludir a la Policía Nacional en España.

Alias Pipo viajó en 2022 a España para evadir a las autoridades en su país, pero sobre todo lo hizo para trasladar su base de operaciones a Europa. Desde la Costa del Sol, donde contactaba con criminales de todo el mundo con facilidad, dirigía un amplio esquema de narcotráfico y delictivo en la Península Ibérica, pero también en Países Bajos, Italia, Alemania, México y hasta en Colombia, con conexiones directas al Cártel Nueva Generación de Ecuador y alianzas con cárteles mexicanos, colombianos y europeos.

"Hoy es un día histórico para el Ecuador. Golpeamos en lo más alto de la estructura criminal. La seguridad avanza. La justicia avanza", añadió el ministro.

El arresto se produjo en el aeropuerto, justo cuando el sospechoso regresaba a su base de Málaga después de un viaje a Marruecos, país en el que, por lo que parece, también tenía intereses y negocios criminales.

En año y medio de gobierno, Daniel Noboa ha convertido a Ecuador en el país más peligroso de América Latina. Por supuesto que el narcoterrorismo no nació con él, viene desde hace más de 15 años, pero durante su gobierno la violencia, la inseguridad y el miedo se han incrementado de manera aterradora. En enero del presente año ha registrado 781 asesinatos; el país sufre una grave crisis económica y un desempleo en crecimiento que obliga a la población a la emigración, una grave crisis energética que ha obligado a soportar 12 horas de apagones generalizados. Con estos mimbres ha conseguido un 56 % de los votos (12 puntos por encima de la candidata de izquierdas Luisa González)

Es evidente que no estamos ante un caso similar al de Milei, al de Bolsonaro, o al chileno Kast…, es decir, ante la retórica de extrema derecha que se va asentando en las democracias liberales (no da para ello). Por tanto, es necesario preguntarse: ¿qué ocurre en Ecuador? Dar respuesta a esta pregunta desde fuera del país puede resultar demasiado osado o pretencioso, no obstante, y sin perjuicio de que vayan apareciendo datos que nos ayuden al análisis, apuntamos algunos temas que hacen de Ecuador un país lamentablemente peculiar: 

1. La prensa, la calidad informativa de la misma es preocupante en manos de la derecha.

2. A Ecuador le engrilleta el fenómeno de las redes sociales, más que a otros países, y los bulos y mensajes manipulados corren de manera alarmante.

3. Quizás lo que más peso ha llegado a tener en su “Laberinto” es la división de la ciudadanía entre correístas y anticorreístas, o quizás sea más acertado señalar el relato que la derecha ha conseguido imponer en todos estos años sobre “belzebú Correa” y el personaje que lo maneja todo desde Bruselas. Relato que ha hecho desaparecer con el tiempo los años en los que la sanidad, la educación y la protección social configuraron un país menos desigual y han prevalecido las sombras de la corrupción convertidas en certezas, mediante “artilugios jurídicos” tan potentes como el del “influjo psíquico de Correa”, sobre supuestas actuaciones (defendido por la fiscal general, Diana Salazar) que les sirvió para condenarlo. Es evidente que la sentencia es tan burda que en ningún sistema jurídico de otros países democráticos habría prosperado, sin tener que soportar los correspondientes sonrojos magistrados.

4. En este entramado que nadie sabe cuánto durará (pero que está presente en la política y en la ciudadanía ecuatoriana), ni siquiera Rafael Correa escapa a este endiablado entramado cuando decide intervenir en los procesos electorales. Poner en valor y apoyar decididamente a Nicolás Maduro cuando ningún gobierno democrático de izquierdas lo hacía y cuando tienes en tu casa más de 500.000 venezolanos que escapando de su país se refugian en Ecuador y relatan las condiciones para sobrevivir en el suyo, es de una torpeza mayúscula. 

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Marcelo Noboa Fiallo es socio de infoLibre.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, logró este domingo su reelección al imponerse de manera rotunda en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales a la candidata correísta Luisa González, quien no aceptó los resultados y pidió un recuento de votos al afirmar que "Ecuador vive una dictadura y el fraude más grotesco de su historia", ha informado EFE.

Con el 94,06% de las actas escrutadas, el candidato y líder de Acción Democrática Nacional recibía el 55,83% de los votos válidos frente al 44,17% de la candidata de la Revolución Ciudadana (RC), el partido que tiene como líder al expresidente Rafael Correa (2007-2017).

La diferencia de más de diez puntos entre ambos candidatos se traduce en más de un millón de votos, una brecha que el Consejo Nacional Electoral (CNE) calificó de "irreversible" y declaró como ganador a Noboa, que en la primera vuelta apenas había logrado una ventaja de poco más de 16.000 votos sobre la correísta.

Así, el empresario, hijo del magnate del sector bananero y cinco veces candidato presidencial Álvaro Noboa, obtuvo una holgada victoria que no se anticipaba en las encuestas previas ni tampoco en los sondeos a pie de urna.

De esta forma, Noboa volvió a imponerse en una segunda vuelta electoral a González como ya hizo en las elecciones extraordinarias de 2023, cuando con un 51,83 % de los votos dio la campanada al proclamarse como el presidente más joven de la historia democrática de Ecuador y el más joven de Latinoamérica.

El mandatario tendrá así cuatro años completos (2025-2029) para intentar desarrollar su proyecto de país que pasa, según ha anticipado, por impulsar una Asamblea Constituyente.

A lo largo de la campaña electoral, Noboa ha reiterado su intención de elaborar una nueva Constitución que deje atrás el texto de 2008, aprobado durante el mandato presidencial de Correa, para profundizar sus reformas en materia de lucha contra el crimen organizado y liberalización de la economía, especialmente en llegada de inversiones y flexibilización laboral.

"El Ecuador está cambiando. El Ecuador ya escogió un camino diferente. Y ese camino va a hacer que nuestros hijos vivan mejor que nosotros", enfatizó Noboa en su discurso para festejar su triunfo, desde su residencia de playa en la comuna de Olón, done había votado más temprano acompañado de su familia. "Ecuador quiere ser diferente, Ecuador no quiere regresar al pasado, Ecuador quiere caminar hacia adelante", enfatizó.

A renglón seguido, Noboa criticó la actitud de su contrincante de no reconocer la derrota: "Me parece penoso que con once o doce puntos de diferencia trate de alguna forma cuestionar la voluntad de los ecuatorianos; creo que los ecuatorianos ya se pronunciaron, ahora hay que trabajar desde el día de mañana".

Para el correísmo esta es su tercera derrota consecutiva en la segunda vuelta de unas elecciones presidenciales. Andrés Arauz perdió en 2021 contra Guillermo Lasso, González se vio superada en 2021 por Noboa y ahora, en 2025, la historia ha vuelto a repetirse, si bien la candidata correísta se niega a aceptar que haya perdido de forma legítima.

"Denuncio ante mi pueblo, los medios y el mundo que Ecuador está viviendo una dictadura y estamos viviendo el fraude electoral más grotesco de la historia de la República del Ecuador", proclamó González sin que por el momento haya presentado pruebas que sustenten su denuncia.

La candidata de izquierdas, que aspiraba a ser la primera mujer de Ecuador en ganar unas elecciones presidenciales, argumentó que ninguna encuesta ni sondeo a boca de urna reflejaba un resultado similar al reportado por el CNE, y cuestionó que su votación sea prácticamente idéntica a la de la primera vuelta, sin que apenas haya subido en votos.

A la narrativa del "fraude" también se unió el expresidente Rafael Correa, quien a través de la red social X señaló que "todos saben que estos resultados son imposibles".

Ante esta situación, el secretario general en funciones de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, felicitó a Noboa por su reelección ya que señaló que los resultados del CNE coinciden con los datos recabados por la misión de observación electoral de la OEA, pero aclaró que se mantendrán pendientes de cualquier proceso derivado de la denuncia de González.

La participación en la votación ascendió al 83,76% y la jornada se desarrolló con normalidad pero bajo fuertes medidas de seguridad al llevarse a cabo bajo el "conflicto armado interno" declarado desde inicio de 2024 por Noboa para contrarrestar la escalada de violencia criminal que ha situado al país a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios.

Ecuador celebra este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en las que debe decidir si reelige al actual presidente, Daniel Noboa, o si devuelve al correísmo al poder tras ocho años en la oposición, de la mano de Luisa González, que se convertiría en la primera presidenta de la historia del país en ser elegida en las urnas, recoge EFE.

Por segunda vez en año y medio, los ecuatorianos escogen entre Noboa y González, como en las elecciones extraordinarias de 2023, donde el empresario, heredero de una de las mayores fortunas del país, se convirtió en el presidente más joven de Latinoamérica y de la historia democrática de Ecuador.

En aquellas elecciones, Noboa logró el 51,83 % de los votos frente al 48,17% de González, pero ahora la segunda vuelta se prevé aún más ajustada, con una polarización que en la primera vuelta hizo que la distancia entre ambos fuese de poco más de 16.000 votos.

El ganador gobernará Ecuador por los próximos cuatro años (2025-2029) y la elección implica dos modelos opuestos de entender el Estado y de relacionarse con el mundo.

Por un lado, el candidato y líder de Acción Democrática Nacional (ADN) ya ha anunciado que, si gana, promoverá una Asamblea Constituyente que deje atrás la actual Constitución, aprobada durante el mandato de Rafael Correa (2007-2017), para profundizar sus reformas liberales de control del gasto público, atracción de inversión extranjera y flexibilización laboral, entre otros aspectos.

En la esfera internacional tiene a Estados Unidos como su principal respaldo, ha reconocido a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela y está enemistado con numerosos gobiernos de izquierda, especialmente tras ordenar la invasión de la Embajada de México para detener al exvicepresidente correísta Jorge Glas.

Por el otro, la candidata de la Revolución Ciudadana (RC), partido que tiene como líder a Correa, representa el modelo correísta de mayor asistencia social, gasto público y redistribución de la riqueza con un mayor control sobre la economía, mientras que ya ha anticipado que reconocerá a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y restablecerá relaciones con México.

González promete "unidad", Noboa reivindica "mano dura" 

Después de una campaña electoral plagada de ataques, insultos e improperios, la igualdad se mantiene entre ambos candidatos, si bien González ha hecho un esfuerzo por aglutinar en torno a ella a otras fuerzas políticas para crear un Gobierno de "unidad". "No habrá persecución", ha prometido.

La correísta firmó un pacto para sumar a otras fuerzas de izquierda, entre ellas a Pachakutik, el brazo político del movimiento indígena, cuyo candidato presidencial, Leonidas Iza, obtuvo más de medio millón de votos en la primera vuelta que se prevén decisivos en este balotaje, si bien hay otras organizaciones indígenas que han anunciado su apoyo a Noboa.

También ha anticipado la posibilidad de contar dentro de su gabinete con el excandidato presidencial Jan Topic, de centroderecha, quien no pudo competir en estas elecciones al ser inhabilitado por una impugnación que él achaca a Noboa, ya que el exlegionario y empresario especialista en seguridad se perfilaba como un serio rival para desbancarlo.

Mientras, Noboa ha querido hacer gala de sus conexiones internacionales al mantener un encuentro privado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Mar-a-Lago (Florida) y ha buscado redoblar los esfuerzos en el combate con "mano dura" a las bandas criminales, incluida una visita del fundador de la empresa de seguridad privada Blackwater, Erik Prince, como asesor del Gobierno.

La inseguridad se mantiene como la principal preocupación de los ecuatorianos ante la escalada de violencia que ha llevado a situar a Ecuador a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios, recrudecida en este inicio de 2025 con un promedio de un asesinato por hora.

Así, para esta jornada electoral volverán a desplegarse alrededor de 100.000 miembros de las fuerzas de seguridad para proteger los recintos electorales, entre ellos unos 60.000 policías y 40.000 militares.

Ante un resultado que se prevé tan ajustado, está por ver la reacción de los candidatos que ya en la primera vuelta denunciaron sin pruebas irregularidades en la votación y en el escrutinio, lo que rápidamente fue descartado por las misiones de observación electoral de la Unión Europea (UE) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), que no vieron indicios de "fraude".

Noboa llegó a afirmar que presuntamente bandas criminales habían extorsionado a electores para votar por González, y consiguió que el Consejo Nacional Electoral (CNE), en una polémica decisión, prohibiese para esta segunda vuelta votar con el teléfono en la mano, al entender que puede ser usado para fotografiar la papeleta como prueba del voto.

Miles de ecuatorianos acuden a los centros de votación en Madrid y otras 18 ciudades de España para una segunda vuelta electoral de la que saldrá el presidente y vicepresidente del Ecuador, preocupados por la inseguridad y la situación en su país. 

Un total de 189.654 ecuatorianos residentes en España están habilitados para ejercer su derecho al voto, la mayor parte con doble nacionalidad, de los cuales casi 72.000 lo harán en el centro de votación de Madrid.

Una hora antes de la apertura del recinto de votación, en el pabellón 14 del recinto ferial IFEMA de la capital española, decenas de ecuatorianos se agolpaban a las puertas a la espera del inicio de la jornada; algunos de ellos aprovechando los minutos previos para alimentarse con humintas caseras, según constató EFE.

Tras el canto del himno nacional ecuatoriano, presidido por la embajadora en España Wilma Andrade, la jornada inició con "absoluta normalidad" y riadas de gente en filas ante las urnas y sin incidentes, una asistencia "masiva" para un día "absolutamente histórico".

"La segunda vuelta lleva a más participación y esta no va a ser la excepción, porque hemos visto desde muy temprano filas muy largas", indicó Andrade a preguntas de EFE, justo antes de ejercer su derecho a voto. 

Según los primeros datos de participación, a media mañana habían votado 31.000 ecuatorianos en todo el territorio español; 16.200 de ellos en el centro electoral de Madrid.

En la inauguración de la jornada, la embajadora había hecho un llamamiento a sus compatriotas para que "llenen las urnas de dignidad" y voten "con altivez y amor" a su país.

Los primeros votantes en el recinto electoral de Madrid compartieron con EFE sus principales motivaciones, a pesar de que el voto no es obligatorio para los ecuatorianos residentes fuera del país.

A media mañana depositó su voto Alexis, que lleva cuatro años en España, y que pidió a sus connacionales que voten "con consciencia y sin odio" para que haya "un cambio real" y "que vuelva la tranquilidad y la paz" al Ecuador, dijo a EFE.

El denominador común de todos los testimonios fueron la situación de inseguridad y delincuencia en el Ecuador, y el deseo y la esperanza de que el próximo jefe de Estado solucione esos problemas.

"La gente viene a votar por civismo, y por esta preocupación (de la inseguridad). Independientemente de cual sea la opción (votada), conocen las propuestas y saben qué le espera al futuro con una u otra opción", reconoció la embajadora Andrade.

Uno de los primeros en votar fue José Luis, que lleva 22 años en Madrid. En declaraciones a EFE, dijo que la situación de "destrucción" de su país, especialmente en los temas de seguridad, educación y salud, le llevaron a ir a votar.

"El Ecuador cada vez está peor", aseguró, razón por la cual decidió participar después de no hacerlo en la primera vuelta, especialmente porque siente que "el resultado estará muy igualado".

Una opinión parecida expresó Tito Herrera, hispano-ecuatoriano que lleva 25 años en España, que denunció el "ahogamiento" que sufre su país, especialmente por la delincuencia y el narcotráfico. "A ver si salimos del agujero", dijo, "el país está descontrolado". 

Por su parte Carmen Alicia Coro, con más de un cuarto de siglo de residencia en la capital española, pidió al que salga vencedor de la contienda electoral que "sea un buen presidente y ayude a la gente humilde" de un país en el que "hay mucha delincuencia y los sueldos son muy precarios".

Al recito ferial se acercó el eurodiputado socialista español José Cepeda, miembro de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), que a preguntas de EFE dijo que Ecuador es "un país que tiene muchas necesidades en el ámbito de las políticas sociales y la seguridad", y esperó que, sea cual sea el resultado, "haya estabilidad económica y garantías democráticas".

Según datos de la embajada ecuatoriana en Madrid, el voto de los residentes en España representa cerca de un 42% de todo el voto en el exterior, y es un 70% de la circunscripción que engloba Europa, Asia y Oceanía. 

El promedio de participación en toda España en este tipo de comicios es del 30-35 %, sin embargo, en la primera vuelta electoral celebrada el pasado 9 de febrero la participación de los ecuatorianos en España superó el 38 %, y en el caso de los votantes en Madrid el 42 %. 

El actual titular, el empresario Daniel Noboa (ADN), y la progresista Luisa González (Revolución Ciudadana), que podría convertirse en la primera jefa de Estado electa en Ecuador, se disputan esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el país andino, donde el escrutinio se espera muy cerrado.

Mollitiam Industries, una pequeña firma de Toledo especializada en software espía que saltó a las páginas de los periódicos en 2020 cuando fue señalada por Reporteros sin Fronteras como uno de los 20 mayores “depredadores digitales” del mundo, está abocada a la liquidación. Con una deuda de 3,95 millones de euros, la viabilidad de Mollitiam, que recibió 2,2 millones en subvenciones públicas desde su creación en 2018, es “nula”, según explican fuentes de la administración concursal.

De hecho, en breve ésta comunicará al juez la “insuficiencia de masa activa” de la empresa; es decir, informará de que sus activos no cubren siquiera los gastos que genera el propio concurso. Mollitiam lleva sin funcionar desde el pasado mes de octubre, por lo que se ha quedado “fuera del mercado”, explican las mismas fuentes. “Con sólo seis meses sin actividad, una empresa de este tipo cae en la obsolescencia”, lamentan. Mollitiam sólo ha conseguido vender “a precio razonable, pero no elevado” una pequeña herramienta de ciberseguridad, llamada dotlake, que extrae “datos de la deep web, foros cibercriminales más restringidos, mercados de fraude de difícil acceso, canales y grupos de telegram y ransomsites”, según puede leerse en su página web. Sin embargo, sus programas estrella de espionaje, Invisible Man y Night Crawler, entre otros, se han quedado en un cajón. “No tienen ningún valor”, considera la administración concursal.

Tampoco ha sido posible vender la empresa a un tercero. “No ha habido interés” en el sector, añade, en adquirir al creador de unos desarrollos informáticos cuyos únicos clientes son los gobiernos y sus organismos de inteligencia y seguridad.

Precisamente la principal razón de la insolvencia de Mollitiam, antes y de su camino a la liquidación, después. son los contratos con las fuerzas de seguridad de Ecuador y Colombia que no ha podido cobrar. El primero de ellos, por importe de 2,34 millones de dólares ha sido impagado por un “intermediario”. Otras administraciones públicas en el extranjero le dejaron a deber un total de 1,54 millones de euros más, tal y como consta en las últimas cuentas que la empresa envió al Registro Mercantil, correspondientes a 2023.

Según la administración concursal, esos contratos son imposibles de cobrar. Intentarlo, contratando abogados en esos países, supondría un coste que Mollitiam no puede asumir en sus actuales circunstancias.

El principal acreedor de la empresa son sus trabajadores, 39 personas en 2023, que se han quedado en la calle y cuyas indemnizaciones por despido y salarios adeudados tendrá que pagar el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). También la Seguridad Social y Hacienda figuran en la lista de créditos. Pero el segundo mayor acreedor es el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación), que depende del Ministerio de Ciencia y cuyo fin es potenciar la inversión de capital riesgo en el sector tecnológico. Mollitiam le debe 1,1 millones de euros por la parte reembolsable de las subvenciones que el CDTI le concedió y no ha podido devolver. También adeuda a la sociedad de garantía recíproca Aval Castilla-La Mancha. Según consta en el registro de subvenciones de esa comunidad autónoma, Mollitiam consiguió una ayuda de 15.941 euros a través del programa Adelante Inversión y otra de 23.854 euros de Innova-Adelante. El tercero en la lista es el Banco Santander, que tiene una pignoración a su favor y es, por tanto, un acreedor con privilegio especial.

En todo caso, de los 3,95 millones que suma la deuda de Mollitiam, poco más de un millón es “contingente”, no se ha concretado aún jurídicamente que el acreedor tenga derecho a ese dinero, por su cifra o por su concepto.

El impago de contratos tan cuantiosos y la muerte de uno de sus fundadores, Samuel Álvarez González, en julio de 2023, llevaron a Molittiam a solicitar el preconcurso de acreedores en marzo de 2024 y el concurso voluntario de acreedores el 31 de octubre. Del procedimiento se encarga el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Toledo. En mayo del año pasado ya tuvo que dejar de pagar algunas nóminas, así como solicitar el aplazamiento de los pagos de cotizaciones a la Seguridad Social e incluso trasladar su sede de Toledo a Madrid. Pasó de facturar 2,5 millones de euros en 2022 a perder 1,024 millones en 2023, que se sumaron a los 1,061 millones de números rojos acumulados de ejercicios anteriores.

Buena parte de su éxito inicial se lo debe a sus programas espía, Invisible Man se lo vendió a la dictadura de Vietnam y al Ejército de Colombia. Con ese software, los militares colombianos espiaron a 130 periodistas, políticos, funcionarios y sindicalistas, pero también a corresponsales estadounidenses, a una magistrada del Tribunal Supremo, a un senador e incluso a exmilitares.

Mollitiam Industries también apareció en la galaxia de empresas creada por la compañía francesa Nexa y la israelí Intellexa para desarrollar sistemas de cibervigilancia punteros y venderlos después a gobiernos de todo el mundo, incluidas dictaduras y otros regímenes poco democráticos. Así lo desvelaron los Predator Files, obtenidos por Mediapart y Der Spiegel y compartidos con la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre.

Según la información de los Predator Files, Mollitiam Industries firmó un acuerdo de confidencialidad con Nexa en diciembre de 2019, válido por un periodo de dos años y renovable por otros cinco. También le proporcionó un folleto de presentación de sus productos; en concreto, uno que describía sus sistemas de infección y control remoto invisible de objetivos conectados a internet. Es decir, ofrecía las mismas herramientas de cibervigilancia en las que se había especializado la galaxia Nexa-Intellexa. El mismo spyware desarrollado, por ejemplo, por el israelí NSO Group, ahora en el disparadero internacional por culpa de Pegasus, y la italiana Hacking Team, cuyos sistemas fueron utilizados para espiar al presidente de Amazon, Jeff Bezos.

Pero no sólo coincidía la firma española con el grupo franco-israelí en el producto, sino también en sus escasos escrúpulos respecto a los clientes a quienes se los vendían. Los Predator Files revelaron que Nexa vendió su spyware estrella, Predator, a Vietnam, una dictadura comunista que persigue a los disidentes y muestra escaso respeto por los derechos humanos. Según la información a la que tuvo acceso infoLibre, Mollitiam Industries también suministró al régimen vietnamita el programa Invisible Man.

Es el mismo que antes había vendido al Ejército de Colombia, una herramienta informática con la que en 2019 fueron espiados hasta 130 periodistas, políticos, funcionarios y sindicalistas. El escándalo, conocido como Carpetas secretas, fue destapado por la revista colombiana Semana en enero de 2020. La empresa española vendió su software al Ejército colombiano por 3.000 millones de pesos –unos 710.000 euros–, tras firmar un contrato a dedo, sin licitación previa.

Pero su vinculación con Colombia es más amplia. En septiembre de 2022 creó en el país sudamericano una filial, de la que posee el 100% de las acciones, Mollitiam Industries Colombia SAS. En mayo de 2021 ya había constituido una Unión Temporal de Empresas (UTE), con una participación del 40%, con la firma colombiana Newsat, que ha bautizado como Unión Temporal Phoenix 027-2021 y suministró el software y la licencia de su programa Phoenix a la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional de Colombia.

Phoenix es “un sistema modular de monitorización masiva para producir inteligencia a partir de la descarga anónima de datos no estructurados procedentes de redes sociales, darknet y deepwebs”. En una ponencia enviada a un congreso sobre computación e ingeniería aplicada, que se celebró en el verano de 2022 en Las Vegas (Estados Unidos), Mollitiam explicó un detalle más sobre los usos de Phoenix: se trata de “un prototipo para la detección de posibles radicales en las redes sociales”. Es el programa que Mollitiam desarrolló gracias a unas ayudas de 641.827 euros abonadas por la Unión Europea –a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) – y el CDTI. Este organismo público también le concedió 540.000 euros en 2022 a través de Invierte Economía Sostenible, una sociedad anónima del que es el único accionista. Y 450.000 euros más en mayo de 2021 en una operación en la que también participó el fondo del Gobierno vasco Easo Ventures. Finalmente, subvencionó a Mollitiam con 390.394 euros más mediante los proyectos Cien y Eureka.

La empresa de Toledo era propiedad en un 26,14% de los hermanos Alvárez, Samuel y Esther, a través de la sociedad Time to Change SL. Un tercer accionista, Antonio Ramos Varón, disponía del 33,59% del capital por medio de Stack Overflow SL. Esther Álvarez ha sido la presidenta de Mollitiam hasta el pasado noviembre, cuando dimitió de todos sus cargos. Un año antes, y en sustitución de Samuel Álvarez, fue nombrado consejero Santiago Molins Riera, que procedía de la Fundación In-Nova, la semilla que los hermanos plantaron en 2007 y de la que nació Mollitiam en 2018.

Además, entre los accionistas de Mollitiam figuran Sabadell Venture Capital, filial para start-ups del banco dirigido por Josep Oliu; Easo Ventures, sociedad de capital riesgo con sede en San Sebastián y que capta fondos entre otros del Gobierno vasco, y Torsa Capital, un fondo creado por empresarios asturianos, entre ellos la familia Cosmen, los fundadores de la empresa de autobuses Alsa, y que dio entrada en su capital en julio de 2023 al banco de inversiones Renta 4, con un 30%.

Alberto González Amador volverá a sentarse este jueves en el juzgado para dar nuevas explicaciones sobre sus negocios y su pareja, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, no estará en el domicilio que comparten —cuya obra es ilegal— esa noche. La baronesa del Partido Popular se encuentra desde el pasado martes y hasta el próximo viernes en la capital de Ecuador, Quito. Un viaje que la Comunidad de Madrid encuadra en el objetivo de "estrechar lazos institucionales y económicos con países de Hispanoamérica" y que también busca dar un espaldarazo al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, de cara a las elecciones del próximo 12 de abril pese a las acusaciones por parte de su expareja, Gabriela Goldbaum, de ejercer violencia vicaria contra ella.

De ese modo Ayuso logrará escaparse de las preguntas de la oposición en la Asamblea —cuya sesión de control se celebra los jueves— sobre la declaración de su pareja, investigada investigada por corrupción en los negocios y administración desleal en una pieza separada al frente del fraude fiscal y la falsedad documental. Una derivada que gira alrededor de la compra y supuesto uso fraudulento de una sociedad vinculada a un directivo de Quirón. Y en la que sobrevuela la sospecha de una comisión encubierta.

Desde la oposición madrileña han criticado el viaje calificando a Ayuso como una "novia-presidenta a la fuga", en palabras del ministro para la Transformación Digital y secretario general del PSOE-M, Óscar López, mientras que el portavoz adjunto de Más Madrid, Emilio Delgado, se ha referido a ella como la "Willy Fog de la política madrileña" por viajar a costa del erario madrileño y ausentarse del parlamento "en una "semana clave". El entorno de la presidenta madrileña se defiende señalando que estas ausencias "no estaban planificadas" y que responden a una invitación personal de Noboa por las inminentes elecciones.

"Tengo un compromiso por coherencia después de entregarle una medalla internacional al señor Noboa. A mí me interesa que a Ecuador le vaya bien", afirmó la madrileña este miércoles en una rueda de prensa desde Quito, tras recordar que condecoró al mandatario ecuatoriano en noviembre de 2023. Sobre las críticas de la oposición por su oportuno viaje justo la semana de la nueva declaración judicial de su pareja, afirmó que "hablar de Ecuador como un lugar donde esconderse es hacerle un flaco favor a esta gran nación".

La presidenta madrileña, además, criticó el viaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Vietnam y China con el que busca acercar posturas con el gigante asiático, clave en el nuevo orden mundial y, además, uno de los grandes perjudicados por los aranceles del presidente norteamericano Donald Trump. Ayuso asegura que Sánchez ha ido a China "al servicio de [José Luis Rodríguez] Zapatero y su Internacional antioccidente", a "homenajear la memoria de tiranos sanguinarios" ⁠y "a dejar a España aislada en el mundo y enfrentada a sus socios". "No cabe mayor traición que entregar tu nación y entregar sus intereses a otras potencias para sus intereses, sobre todo para cuando a los españoles les pongan en la calle, que esto está al llegar", dijo.

Lo cierto es que los viajes de la presidenta madrileña en momentos complicados de su mandato no son una novedad y, en total, lleva más de 20 visitas a países extranjeros desde que ocupa el cargo. El pasado mes de marzo Ayuso se desplazó a Londres. Su meta, dijo, era atraer inversiones y empleo a Madrid. Un viaje que culminó con su participación en la Conferencia Margaret Thatcher 2025, un foro en el que aseguró que en España "se quiere meter el miedo en el cuerpo a los que defendemos la libertad y la vida, el Estado de Derecho, la separación de poderes, la verdad de la Historia, la seguridad jurídica, la Constitución y el respeto a las instituciones".

En esa visita pudo escaparse también la crisis abierta por su gestión de las residencias y los reproches de las familias de los fallecidos. También le sirvió de excusa para declinar una invitación de entrevista durante un programa especial de RTVE sobre su gestión en los centros de mayores con la emisión del documental 7291. En su intento de contrarrestar su emisión, tanto su gobierno como el PP madrileño provocaron un efecto Streisand, como se conoce al fenómeno por el que una maniobra de censura acaba amplificando aquello que se quiere censurar y ahora no descartan emprender acciones legales contra la producción.

En marzo del pasado año, Ayuso también se marchó a Chile y desde allí recibió la noticia de que la titular del Instrucción número 19 de Madrid incoaba diligencias previas contra su pareja por dos presuntos delitos de defraudación tributaria y un presunto delito de falsedad en documento mercantil. Tres meses después se marchó a Alemania para entrevistarse con la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, y su vicepresidente, Luis de Guindos. Un viaje que, en un primer momento, coincidía con la declaración judicial de González Amador aunque que finalmente fue aplazada a instancias de la acusación popular.

El año anterior también se ausentó en plena polémica por la situación sanitaria en la Comunidad de Madrid, que culminó con una multitudinaria manifestación en la capital. La dirigente del Partido Popular, que entonces se encontraba en Israel, aseguró que esas protestas no reflejaban la verdad y que obedecían únicamente a la "frustración de la izquierda" de cara a las elecciones de mayo que se celebraron pocos meses después. En los últimos meses la madrileña también estuvo en Corea del Sur, días antes de que se desataran las protestas contra su presidente, y en México en el marco de unos premios de música.

La estrategia de la madrileña le ha servido también para sortear tensiones en las propias filas de su partido. Es lo que ocurrió en 2021 con la convención nacional que convocó el entonces líder del PP, Pablo Casado, en València, a la que Ayuso finalmente asistió pese a amargar con no hacerlo por el viaje que tenía planificado a Estados Unidos y que coincidía en fechas con el cónclave. En ese foro aseguró estar atrapada en una "especie de infierno político mediático" y recalcó su apoyo al proyecto de Casado. Solo unos meses después fue ella la que provocó su marcha, entre acusaciones cruzadas de espionaje y corrupción con Génova.

Estados Unidos es uno de los destinos estrella de la madrileña, a los que ha acudido en tres ocasiones en calidad de presidenta. La última, en octubre de 2023, acudió a Nueva York para patrocinar "el español". También fue a Washington en 2021 y en el verano de 2022, con parada en Miami, con las urgencias de los hospitales madrileños colapsadas. La presencia de Telemadrid al otro lado del charco le brindó minutos diarios a la líder del Ejecutivo regional en la radiotelevisión pública, pero no tuvo mucho más recorrido mediático que ese.

Su objetivo era, teóricamente, atraer inversiones a la capital. De ahí, las reuniones que mantuvo con fondos de inversión –Blackrock, Torino Capital o Deloitte&Touche, entre otros–, think tanks económicos como Global Americans, organizaciones como la Hispanic Society o líderes políticos como el presidente de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, o el actual jefe de Gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. A pesar de los diferentes encuentros, la presidenta regional regresó de Estados Unidos con algunas ideas pero sin inversiones cerradas bajo el brazo.

Pocas personas en España disponen de una visión global del crimen organizado como la del teniente coronel Óscar Remacha. Responsable del área de Narcotráfico en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, coordinó algunos de los últimos grandes golpes contra el cártel de los Balcanes y contra clanes gallegos. El jefe de la principal fuerza de choque del instituto armado en la guerra contra el narco en España detalla el escenario actual, no sólo en la Península Ibérica, sino también el internacional.

¿Cómo funcionan las grandes cooperativas que dominan el tráfico de cocaína a nivel mundial?

Fundamentalmente, lo que hacen los narcotraficantes es hacerse dueño de un dominio. Dominio de la provisión de cocaína en un lugar determinado, dominio de la entrada en un país, del transporte, del almacenaje, la distribución... Cada uno se especializa. El que consigue tener esos contactos y ese control de todas las subcontratas puede organizar las operativas de narcotráfico para los inversores, que quieren poner en un determinado punto del planeta la sustancia estupefaciente. Estos brókers, que así les llamamos, son los interesantes, los poderosos, porque son capaces de colocar la droga en cualquier punto. El jefe únicamente pondrá el dinero y tendrá su estructura de distribución.

Se habla del cártel de los Balcanes como la mayor organización la actualidad. ¿Puede describirla?

El cártel de los Balcanes es la denominación para una serie de grupos organizados que tienen la infraestructura y dominan determinadas zonas relacionadas con el tráfico, especialmente de cocaína, aunque no sólo. Nacen a raíz de la guerra de los Balcanes. Algunos son extremadamente violentos e intentan hacerse con el poder en ciertas zonas. En España tienen sucursales, delegados, que les facilitan la recogida de una droga que piden al bróker para que la coloquen, por ejemplo, en el puerto de Málaga. El responsable del clan que está en Málaga busca toda la logística, la salida y demás. Ésa es la estructura. Son diferentes grupos, y las guerras interclanes vienen dadas porque unos quieren imponer su dominio en un territorio a base de amenazas, violencia y asesinatos.

¿Dónde quedan los colombianos en este nuevo panorama?

No dejan de operar. Ellos siguen teniendo aquí sus negocios. Poco a poco han ido ganando terreno los clanes de los Balcanes, pero los colombianos continúan en España. Dentro de la estructura logística o de la operativa de los balcánicos, los colombianos son los proveedores y los que facilitan la salida de la cocaína de Sudamérica. Ahora tienen un papel menor por la presencia de los cárteles de los Balcanes.

¿Cómo salen los grandes alijos desde América Latina?

El principal propietario de gran parte de la cocaína que se produce y que sale hacia Europa es el clan del Golfo, que tiene sucursales en distintos países. Dispone de su propia infraestructura para transportarla por tierra, o mediante avionetas, a los puntos de acopio en Sudamérica, para posteriormente sacarla por el puerto de Guayaquil, en Ecuador, donde tiene una célula que controla el lugar y capacidad de contaminar contenedores con destino a Países Bajos, Bélgica y España. Otra opción es Brasil. El Primeiro Comando da Capital tiene allí sus propios proveedores y su logística para almacenar la cocaína procedente de Bolivia y de Colombia, y sacarla hacia Europa, en contenedores, a través de Santos, en veleros o en pesqueros que transbordan en mitad del Atlántico. También pueden depositar la droga en África y posteriormente, en pequeños barcos, introducirla en Europa.

Una vez que está en el mar, ¿cómo es la travesía hasta que llega a Europa?

Tenemos diferentes modalidades. Igual que vemos que la droga llega a España en contenedor, también lo vemos en embarcaciones rápidas o pesqueros que se aproximan a la costa. Pueden cargarla en un pesquero en Sudamérica que va por el sur de Cabo Verde hasta África Occidental, donde se descarga y almacena. Posteriormente puede llegar a Europa con un velero que suba hacia las Islas Canarias, desde donde salen embarcaciones rápidas para recoger esa cocaína y almacenarla, o pueden acercarse hasta allí en embarcaciones rápidas. De hecho, se interceptó una con cinco toneladas de cocaína cerca de Cabo Verde. Otra modalidad es la de un velero que carga cerca de Brasil, Venezuela o el Caribe, y viene hasta costas españolas, y es en las costas españolas donde salen las lanchas rápidas. Es lo que hacen los clanes gallegos, que tienen esa infraestructura de toda la vida y recogen la droga de los veleros. Canarias se está convirtiendo en un hub de donde salen las embarcaciones para rescatar la mercancía, de un pesquero o de un velero. Recogen la mercancía, la almacenan allí, congelándola durante un tiempo hasta introducirla en la Península, bien con lanchas rápidas que son repostadas por el camino, bien en coches con dobles fondos o incluso en otro velero que salga hacia las costas españolas.

¿Qué papel tienen los narcos gallegos en esos viajes a África?

Los gallegos no están saliendo desde allí, pero sí están usando sus lanchas rápidas para llegar hasta allá abajo [el sur de Cabo Verde]. Lanzan las gomas [lanchas] al mar desde el sur de Portugal y desde allí inician la travesía hacia Canarias. Son los especialistas, y esa parte del servicio la subcontratan ellos. Ponen las embarcaciones y los pilotos, que son expertos en el manejo de esas embarcaciones, y hacen la travesía. El sur de Portugal es desde donde lanzan las embarcaciones al agua. A pesar de que están en un proceso de reforma legislativa para actuar de una forma más dura contra estas embarcaciones, a día de hoy no deja de ser más fácil moverlas por las costas portuguesas.

Ustedes acreditaron uno de esos viajes hacia Portugal en la operación Nazaré. ¿Quién estaba detrás?

Es un clan histórico de gallegos, de distintas generaciones, con sus lanchas e infraestructura para localizar mercancía. Vimos movimientos sospechosos de gente relacionada con ellos, de aprovisionamiento de gasolina y hacia Portugal. Las autoridades portuguesas identificaron una lancha rápida, la interceptaron con una cantidad de droga, y observamos que detrás estaba el clan gallego del que teníamos sospechas. Se creó un equipo conjunto y demostramos que los líderes de esa partida eran los gallegos, que habían organizado el transporte, los pilotos, habían repostado las embarcaciones y pensaban traer esa cocaína hacia Galicia.

Hablemos de Dubái. Se dicen que es el gran refugio de los capos de la cocaína...

Dubái es un emirato con mucho dinero. Si tienes dinero, puedes vivir muy bien. Los grandes narcotraficantes con un poder adquisitivo importante, que llevan tiempo traficando y tienen mucho dinero, se mudan allí. Nuestra obligación es demostrar que se han dedicado al narcotráfico, y cuando llegamos a ese punto, colaborar con las autoridades de Dubái y proceder a su detención. Eso es lo que se hizo en la operación Faukas y en la operación Adriática. Tenemos buena relación con la policía de Dubái y, cuando identificamos a líderes de grupos organizados que residen en el emirato y se benefician de su actividad delictiva, contactamos con ellos, los localizan, se emite la orden y ellos lo detienen. La colaboración es buena.

¿Dónde se cierran los grandes negocios criminales hoy en día?

El que tiene más riesgo de ser detenido intenta moverse poco. Si se cree seguro en algún sitio, intenta que otros vayan a verle, pero esas reuniones tienen que producirse. Aunque utilizan grandes medidas de seguridad y comunicaciones encriptadas, el hecho de que hayamos conseguido acceder a esas comunicaciones les dificulta el hablar entre ellos. Por eso necesitan tener reuniones físicas. Dubái puede ser un punto, pues los grandes líderes están allí, y prefieren que sean sus lugartenientes los que les vayan a ver para darles las indicaciones. Eso también sucede en Turquía y en España, adonde también acuden los cárteles colombianos que vienen a ver a sus células en España.

Ustedes han identificado a capos en Dubái que fueron detenidos pero salieron de prisión.

El proceso de extradición es largo. Nos ocurre igual en España, con requisitoriados por otros países que acaban en libertad. Ellos tienen su propia normativa y a veces [los detenidos] salen. Entiendo que no es una voluntad del país detener a alguien para dejarle en libertad, pero el proceso se hace largo. Yo confío en que finalmente, cuando concluya el procedimiento, volverán a arrestarlos para enviarlos a los países que los reclaman.

Parece que algunos han cambiado el emirato por Turquía.

El cambio lo achaco a operaciones como Faukas, porque han visto que ni siquiera en Dubái están tranquilos y buscan otro sitio. Pero en Turquía también los detienen. Los países refugio ya no son tantos, y ninguno está permitiendo que estos delincuentes se asienten y sigan delinquiendo.

Hablemos de narcosubmarinos. Cada vez se ven con más frecuencia en España.

El uso de semisumergibles para traer grandes cantidades de cocaína está en auge. Es algo que hace años se empezaba escuchar. Se encontró un prototipo debajo del puente de Rande [en Vigo], algo que estaban probando, y nos parecía imposible, inviable. Pues hoy en día es una realidad. Hemos visto uno en 2019, otro el año pasado, y evidentemente hay más. Así que estamos alerta ante este modus operandi. Es arriesgado para ellos, sobre todo para los tripulantes, pero también muy rentable. La inversión en semisumegibles tampoco es tan elevada, y pueden transportar gran cantidad de sustancia estupefaciente sin ser detectados. Debemos tenerlos en la mira y trabajar para interceptarlos.

Sin embargo, parece que seguimos sin poder detectarlos, algo que sí consiguen en América.

Tú no puedes plantear una vigilancia en el Atlántico permanentemente desde el aire. Se está evolucionando y trabajando para tener medios que permitan esa detección lo antes posible. Es un problema de identificación. Necesitas cierta información, un indicador de zona para empezar a buscar. Y los medios aéreos tienen que mejorar. Están pensados para vigilar embarcaciones que —vamos a suponer— puedan atacar el país, son medios de defensa aérea del Ejército del Aire, y no se piensa en un semisumergible. Habrá que evolucionar.

Uno de los casos mediáticos fue el del Poseidón, que descargó en la ría de Arousa.

Supimos que había un semisumergible cerca de las costas, no sabíamos dónde, pero sí que iba a ser descargado. Intentamos localizarlo. No fue posible hasta que apareció semihundido. Ahí lo rescatamos y abrimos una investigación que dio con quien había participado en la descarga y la recogida de esa mercancía, que había salido con las lanchas. No se pudo localizar la sustancia, pero sí demostrar que había sido esta organización la que la había recogido.

¿Cómo operaba esa organización?

Esta organización tiene capacidad logística para extraer la droga y almacenarla, que no es poco. Tiene sus contactos en Sudamérica, donde los contratan para esa recogida. Posteriormente se la entregarán a quien le indiquen desde Colombia. El líder realizaba viajes frecuentes a ese país para contactar con la organización que preparaba el envío de cocaína hacia España.

Sin embargo, en este caso también han quedado libres.

Tenemos muchas evidencias de su participación, damos por hecho que un semisumergible no trae nada legal pero, si no tenemos la droga, es difícil que esas personas ingresen en prisión.

Meses atrás dieron un golpe contra supuestos nuevos narcos gallegos que disponían de grandes mansiones en la provincia de Pontevedra.

Nos centramos en intentar detener a aquellas personas de las que desde hacía muchísimos años se sabía... de ahí su poder económico. Tantos años sin que nadie les pusiera una mano encima les dio mucho dinero. Eran difíciles, objetivos muy complicados. Medidas de seguridad, reuniones en mitad del monte, no utilizaban los teléfonos. Eran muy estrictos y eso nos dificultaba mucho todo. No podía ser que estas personas llevaran más de 15 años traficando, enriqueciéndose de forma tremenda, alguna de ellas más de 25 años en el narcotráfico, sin que nadie les pudiese echar el guante. Así que decidimos ir a por ellos. Sabíamos que iba a ser difícil, pero finalmente se consiguió. Las mansiones son señal del tiempo que llevaban traficando. Y tenían sus propias empresas, sus estructuras de blanqueo. No sólo fue importante el dinero que se intervino, prácticamente a una sola persona, tres millones de euros, sino también las cuentas, propiedades, empresas... Ha sido un golpe duro, aparte de por la droga, por la parte económica, que es lo que hace que se debilite la actividad de esos grupos.

Pese a todo, parece que siguen disfrutando de sus mansiones...

Habrá que esperar a que haya sentencia. Nosotros hemos hecho el trabajo policial, y lo normal es que al final, si hay condena, se intervengan esas propiedades y se saquen a subasta para invertir los fondos en reinserción, prevención o en el Tesoro Público, para beneficiar a toda la sociedad.

El retraso en esas cuestiones no es para nada ejemplarizante.

Lo entiendo. A nosotros también nos pasa. Después de los esfuerzos, ver que [el narco] siga disfrutando de su piscina y su mansión... Las tienen bloqueadas, no pueden deshacerse de ellas, y esperemos que al final del proceso puedan venderse y se revierta en algo beneficioso para la sociedad.

La situación global en el tráfico de cocaína es preocupante. ¿Hacia dónde camina?

Espero que no vaya increscendo. Es cierto que cuanta más producción haya, más posibilidades tenemos de que nos llegue la sustancia. Nuestro empeño es que no llegue a España, e incluso más allá, que no llegue a Europa. Nuestro empeño es investigar a las redes españolas, pero también ir más allá, al origen y al destino de esas sustancias. También la parte económica, con los líderes que no tocan la droga. Si a la cabeza pensante la dejamos con dinero, seguirá trabajando. Tengo la esperanza de que no vaya a peor.

Cada vez llega más droga en contenedores. ¿Cuáles son los modus operandi?

El uso de contenedores para la introducción de cocaína desde Sudamérica y Europa es el principal modus operandi. Se ha incrementado exponencialmente, sobre todo por la corrupción en los países de origen. Es relativamente fácil para las organizaciones contaminar los contenedores. El volumen del tráfico de contenedores es tan grande que es casi imposible controlarlos todos. Los narcotraficantes conocen esa debilidad del sistema. Hay que poner en la balanza la seguridad y el comercio porque, si paralizas envíos, van a otro puerto. Las organizaciones se están especializando, contaminando a personal, no necesariamente de las fuerzas de seguridad, sino a trabajadores del puerto. Corrompen a las personas que facilitan la extracción. El propio negocio de mercancías les permite usar empresas con solvencia y peso que corrompen para exportar la cocaína. Otras veces la empresa no es conocedora.

¿Qué organizaciones dominan los grandes puertos españoles?

No tenemos el mismo escenario que en otros puertos de Europa, por suerte. Y no son las mismas organizaciones. En determinados puertos, la entrada de sustancias está dominada por clanes de los Balcanes. Mocro Maffia no hay tanta, por suerte, porque hemos visto que deriva en situaciones de violencia extrema. Seguimos teniendo algún clan colombiano con control de algunos de los puertos españoles. Pero principalmente es el cártel de los Balcanes el que se está haciendo con el control. Nuestro temor es que, como hay varias organizaciones en los puertos, eso pueda derivar en enfrentamientos entre clanes por el control de los muelles.

...Que estallen guerras entre ellos. 

Eso sucede, bien por una falta de lealtad entre las diferentes organizaciones que subcontratan los servicios, bien porque quieran dominar el puerto y sacar de enmedio a otros grupos. O te vas, o te mato. O porque me has robado dinero o mercancía, o porque quiero que te quites de enmedio. Intentan convencer a los rivales con malas artes para que se retiren.

¿En qué factores incidiría para mejorar en esta lucha?

El éxito en la lucha contra el narcotráfico depende de la cooperación internacional. Intercambio de información entre los países, intercambio judicial. No podemos dedicar esfuerzos, dinero y personal para que todo se desmonte porque no se puede casar judicialmente lo que hay en cada país. Hay que ver las investigaciones desde el punto de vista global y desarticular todo el entramado. Si no, de nada vale coger a los tripulantes de un velero con cinco toneladas —aunque sí es importante que no lleguen a Europa, y eso hay que seguir haciéndolo—. Hay que ir más allá, dar un paso grande: ver de dónde salieron esas cinco toneladas, quién ha organizado el transporte, quién va a ser el destinatario, quién va a distribuirlo, dónde, y empezar a trabajar.

Pocas veces hasta ahora se había podido trazar el movimiento del dinero en efectivo que reportan los grandes alijos de cocaína que llegan a Europa. El mayor cargamento de la historia de Galicia, los 7.500 kilos intervenidos en Cambre (A Coruña) que entraron por el puerto de Vigo en diciembre de 2023, desembocaron en muy relevantes detenciones un año después en Ecuador y en la apertura de una investigación oficial, también periodística, cuyos detalles ofrecieron este fin de semana infoLibre y Narcodiario. La Red Investigativa Transfronteriza de Ojo Público, medio peruano especializado en seguir el rastro del crimen en América Latina y socio de Narcodiario, está detrás de un trabajo que explica un modus operandi que se extiende por varios continentes: el dinero se mueve entre Sudamérica, España, China y hasta Dubái, con las facilidades que supone tener el centro de operaciones en un país con severos problemas de corrupción como es Ecuador. Y desde allí llega a España la mayor parte de los alijos de cocaína. 

La cocaína incautada en Cambre tenía vínculos con un capo de la droga de Ecuador y distintas autoridades del país sudamericano, todas ellas detenidas y relacionadas con empresarios y accionistas de una firma de extracción de oro llamada Goldenminerals SA. El esquema empleado para lavar colosales sumas de dinero procedentes de la cocaína era el siguiente.

El dueño de la firma minera Miderzul –la que permitía operar en sus instalaciones a Goldenminerals SA– es Juan Pogo Labanda, que recibió el título de la concesión de La Boya –así se llama el punto de extracción del metal precioso– en 2021, según informes del Ministerio de Energía y Minas de Ecuador. Como contratante, Miderzul debía encargarse de que Goldenminerals cumpliera lo establecido en el acuerdo para la explotación de mineral, pero no lo hizo. Los operadores no son controlados por ninguna autoridad gubernamental. 

OjoPúblico y Código Vidrio, socio ecuatoriano en esta investigación, accedieron al contrato entre Cerro Azul-Miderzul y Goldenminerals, firmado en 2018, y que tiene una duración de 10 años. El documento establece que la contratista deberá entregarle el 7% de la producción de oro, “que se liquidará en el proceso de recuperación mineral en la planta de beneficio [donde se procesa el oro] de su elección”. Su obligación era explotar el yacimiento e impedir actividades de minería ilegal.

El mismo contrato señala que el titular de la concesión –Cerro Azul-Miderzul– puede darlo por terminado si el contratista –Goldenminerals– no realiza operaciones de explotación durante más de tres meses. Goldenminerals reportaba muy pocas veces la producción de oro. Por este motivo, expertos consultados y fuentes de la Agencia de Regulación y Control Minero presumen que el área de la concesión era usada para actividades extractivas ilegales de las que en la mayoría de los casos no se informaba, con el fin de evadir el pago de impuestos.

Un grupo de informes y auditorías oficiales señalan que Goldenminerals no tiene licencia ambiental desde 2017 y que tampoco presentó planes de desarrollo ni de exploración geológica. A pesar de que no cumplió con estos procedimientos, las autoridades locales nunca fiscalizaron la explotación. Miderzul debió alertar de que Goldenminerals no registró operaciones mineras formales entre enero y diciembre de 2022, pero no lo hizo, señala un informe técnico de la Agencia de Regulación y Control Minero.

El año que Goldenminerals sí registró la extracción de 1.004 toneladas de oro fue en 2023, coincidiendo con el de la caída del contenedor con 7.500 kilos de cocaína en Galicia. Sin embargo, no especificó cómo lo hizo, con cuántos trabajadores opera o qué pasó con el material extraído, si fue procesado para convertirlo en barras de oro o si se comercializó como concentrado de oro.

De acuerdo con la información oficial a la que tuvieron acceso OjoPúblico y Código Vidrio, la minera Cerro Azul-Miderzul exportó entre 2023 y 2024 un total de 827 toneladas de concentrado de oro a China. Por estos envíos la empresa recibió 2,5 millones de dólares, pero en ninguno de sus informes de producción indica la procedencia del oro. Según estos mismos informes, el concentrado del mineral procedía de la concesión de La Boya y fue triturado en plantas de beneficio de la zona de Camilo Ponce. 

En Ecuador están inscritas 1.652 concesiones mineras y están registrados 557 contratos de operación. Además hay 213 plantas de beneficio y 370 licencias de comercialización de minerales. Los grupos dedicados a la minería ilegal vinculados a organizaciones del narcotráfico han utilizado desde hace más de una década estas modalidades contractuales de operación. “Han recibido títulos y permisos que luego negocian con operadores delictivos, en medio del descontrol estatal y los focos de corrupción que permean todo el sistema”, sostiene un oficial del Ejército, que investiga esta dinámica en las provincias de Azuay y El Oro, en la frontera con Perú.

Julia Yansura, directora del Programa de Delitos contra el Ambiente y Financiación Ilícita de la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT), destaca que el caso ecuatoriano no es una excepción. “Existe una relación estrecha en toda la región andina entre narcotráfico y minería ilegal. El oro se volvió ideal para el lavado del dinero que obtienen por la venta de cocaína”, explica. 

Una de las modalidades más usadas en Ecuador para blanquear el dinero, además de invertir el dinero sucio en la extracción del oro, es la exportación ficticia de minerales auríferos. En los papeles se simula que una empresa va a exportar una cantidad determinada de oro, pero luego, cuando se inspeccionan los contenedores, están vacíos. 

Oficiales de inteligencia y también las autoridades del sector minero reconocen que los narcotraficantes declaran importantes envíos de oro –que en la mayoría de casos no son verificados– con el fin de justificar millonarios pagos que ingresan en el sistema financiero sin ninguna dificultad. “Así la riqueza de estas organizaciones está más protegida, como reservas en bancos de diferentes jurisdicciones”, indica Yansura.

Por su parte, José Julio Neira, presidente del Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (Conim) y director de la la Unidad de Análisis Financiero de Ecuador, señala que el Gobierno está realizando una auditoría a los 1.652 titulares de derechos mineros del país con el fin de verificar si cuentan con permisos vigentes. También está fiscalizando a todas las personas físicas y jurídicas que tienen licencias de comercialización, contratos de operación y plantas de beneficio. 

María Laura Patiño, consultora financiera y experta en lavado de activos, recalca que a través de estas concesiones y contratos de operación también se genera opacidad sobre quién es el beneficiario final. “En muchos casos, el dueño de la concesión se puede convertir en un testaferro que juega a favor de las actividades ilegales de los operadores”, apunta.

En este momento hay 78 empresas mineras suspendidas y con acciones administrativas sancionatorias, debido a sus inusuales exportaciones de oro. Los cálculos oficiales señalan que en Ecuador más de 1.300 millones de dólares de las exportaciones de oro provienen de la minería ilegal.

La pericia de un agente de los Greco (Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado) de Pontevedra permitió a la Policía Nacional y al Servicio de Vigilancia Aduanera poner fin en diciembre de 2023 a una ruta de la cocaína que, según sospechan los investigadores, llevaba tiempo sirviendo grandes alijos a la mafia albanesa en cargamentos de pescado congelado procedente de Ecuador. Las autoridades intervinieron 7.500 kilos de droga ocultos entre lomos de atún congelado, una técnica que elude los escaneos de rayos X y que sólo puede ser descubierta si se retira el género, como ocurrió en aquel momento.

Meses más tarde, Narcodiario contaba en exclusiva en España la detención en Sudamérica de varias personas presuntamente relacionadas con el envío de un cargamento que sigue siendo el mayor jamás incautado en la historia de Galicia en una sola operación. Entre ellas se encontraba un objetivo de alta prioridad (HVT por sus siglas en inglés), conocido como Carlitos. También fueron capturados el exjefe de la Policía Judicial de Guayaquil (Ecuador) y un capitán de la Armada ecuatoriana, además de varios individuos más que fueron sometidos a una minuciosa investigación.

Así es como se supo que este grupo de ecuatorianos es la pieza clave para entender la forma en que la explotación de oro se ha convertido en el mejor negocio para el lavado de dinero procedente del narcotráfico. Los involucrados están relacionados con la compañía Goldenminerals SA, que tiene un contrato de operación con la minera Cerro Azul. Lo destapó una investigación de la Red Investigativa Transfronteriza del medio peruano OjoPúblico, socio de Narcodiario, y el ecuatoriano Código Vidrio. Como telón de fondo, los cambios geopolíticos mundiales que han desequilibrado la balanza: si hace una década el precio del oro era en muchos lugares equivalente al de la cocaína, hoy el metal precioso cuesta, de media, tres veces más que el polvo blanco sudamericano.

Los estrechos nexos entre el narcotráfico y la minería ilegal de oro quedaron expuestos en diciembre de 2024 con las detenciones en Ecuador de las personas que enviaban la cocaína hacia España. Ahora, una serie de documentos oficiales y financieros analizados para esta investigación revelan cómo este grupo de personas fundaron y administraron una firma minera dedicada a la explotación de oro con el fin de lavar su dinero procedente del tráfico de drogas.

Las autoridades sostienen que esta organización criminal, integrada por empresarios, policías en segunda actividad y un militar en servicio activo, utilizó compañías mineras legalmente constituidas, dedicadas a la explotación y comercialización de oro, para lavar el dinero proveniente del negocio de la cocaína. La información oficial y financiera recabada en este reportaje, así como la investigación fiscal, apuntan a Goldenminerals SA.

Agentes de la Policía española y oficiales de inteligencia antidrogas de Ecuador señalan que, en este caso, los principales financiadores del tráfico de cocaína hacia Europa son grupos vinculados a la mafia albanesa que cuentan con el apoyo logístico de la organización criminal Los Lobos y otras bandas pequeñas en Sudamérica y, supuestamente, con la colaboración, directa o indirecta, de un ciudadano español, Bautista S., y otras personas vinculadas a él, encargados de dar cobertura a las entradas de droga en Galicia.

Según la investigación fiscal, a la cabeza de la organización estaba Carlos Eduardo Zambrano Montesdeoca (alias Carlitos), empresario inmobiliario con antecedentes en tráfico de drogas. La persona encargada de las operaciones logísticas era su esposa, María Auxiliadora Montesdeoca García. En 2023, Carlos Zambrano fundó la compañía Inmoalta Inmobiliaria en Guayaquil, además de las empresas Inversiones Monar, en 1998, y Latexcol, en 2004. La Policía también identifica como socios de Zambrano al coronel de la Policía Julio César Miño del Hierro, exjefe de la Policía Judicial de Guayaquil; a Galo Manuel Litardo García, capitán de corbeta en servicio activo de la Marina; así como a Geovanny Javier Cruz Morales, Laureano Leonel Alvear Rosero, José Luis Bersoza Cóndolo (alias Pollos) y a Édison Andrés Espín Vallejo.

Las autoridades sostienen que estos últimos eran los encargados de las transacciones financieras y de las operaciones de lavado para la extracción de oro, entre otras actividades. La información judicial señala que entre 2020 y 2024 estas personas tuvieron enormes ingresos económicos que no pudieron justificar, lo que encaja con las sospechas de la Policía española, que sitúa a Mare Azzurro SL, la empresa gallega de Bautista S., como posible tapadera de entradas de cocaína desde años atrás, si bien no pudieron echarle el guante hasta el alijo aprehendido en diciembre de 2023.

Un alto oficial de la Policía ecuatoriana explica que Carlos Zambrano se encargaba de la coordinación y reclutamiento de operadores claves, de alto perfil, en la Justicia, la Policía y en las Fuerzas Armadas del país andino. Según las mismas investigaciones, fue él quien contactó al coronel Julio César Miño y al capitán de corbeta de la Armada, Galo Litardo. Él era también quien definía dónde se debía invertir el dinero. Uno de estos negocios era la minería de oro.

Una de las claves de este negocio radica en el precio que alcanza este año el kilo del metal precioso, próximo a los 90.000 euros, supera con creces el que se paga hoy por la cocaína.

Las pesquisas señalan que el coronel Miño obtenía información de la Policía para que sus socios evitaran los controles en los puertos, mientras que el oficial de la Armada accedía a datos sobre los patrullajes en los puntos costeros. Cuando estaba en activo, Miño trabajó para unidades de inteligencia antidrogas y contra el crimen organizado en 2006 y 2008. Luego fue comandante en la ciudad portuaria de Manta, un territorio de elevada actividad asociada al narcotráfico. Fue en este último lugar, donde, según un oficial, empezó a ser contactado por grupos criminales.

Desde diciembre del 2024, Ojo Público y Código Vidrio han accedido a información fiscal y financiera que les ha permitido identificar la conexión entre los investigados y su red de empresas, sus accionistas y la explotación minera de oro.

Cuatro de los detenidos son accionistas o administradores de Goldenminerals SA, una compañía minera constituida en 2018 en la ciudad de Machala, donde se encuentra el segundo puerto más importante de Ecuador. Las personas que aparecen como accionistas y administradores de la empresa son Geovanny Cruz Morales, Laureano Alvear, José Luis Bersoza y Édison Espín. Según publica en su web la Superintendencia de Bancos ecuatoriana, la empresa está activa y hasta 2022 era administrada por Melida Biteri y Alisson Bastidas. Ese año fue adquirida por Cruz Morales, quien también es dueño de Golden Security Import, Cruzautocenter, Importadora Morales y Perfectly Models.

En esas y otras empresas también aparecen como socios y administradores Espín, Alvear y Bersoza, quien además es dueño de Avícola Rioblanco, dedicada a la crianza y reproducción de ganado. Esta avícola reporta activos por 327.000 dólares (312.486 euros) y, según la investigación fiscal, también era usada para lavar dinero.

Pero gran parte de las sospechas se enfocan en el papel de Goldenminerals SA. En su último informe económico, el de 2023, la empresa reportó activos por 209.000 dólares (277.127 euros). La empresa no tiene ninguna concesión minera, pero sí posee un contrato de operación con Cerro Azul, también llamada Miderzul, que tiene la concesión La Boya, ubicada en el cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay. Es decir, Goldenminerals SA extraía oro de la concesión de Cerro Azul, y a cambio, como parte del contrato, pagaba un porcentaje del material extraído. Esta modalidad de explotación del mineral “es ideal para el lavado de dinero”, advierte un oficial de Inteligencia que investiga las conexiones criminales de la minería, porque “no son acciones reguladas o debidamente controladas”, asegura.

Desde hace tres años el cantón Ponce Enríquez es el centro de la minería ilegal en Ecuador. Allí operan Los Lobos y otros grupos delictivos, como el venezolano Tren de Aragua. Estas organizaciones son, a su vez, parte de estructuras criminales más grandes que controlan toda la cadena de producción del oro, desde la explotación del mineral hasta su procesamiento y fundición en las plantas de beneficio ubicadas principalmente en Ponce Enríquez y Portovelo. Y de ahí, una vez convertidas en lingotes, son exportados vía aérea o marítima.

Los informes de la Inteligencia ecuatoriana señalan que el ensamblaje de Goldenminerals SA puede haber sido montado por decenas de operadores desde 2019, con la complicidad de las autoridades de las agencias de control y del Ministerio de Energía y Minas de Ecuador.

Un alto funcionario del Gobierno de ese país que investiga el caso señala que esta estructura tenía el apoyo de funcionarios locales que elaboraron normas y reglamentos para facilitar este tipo de inversiones con dinero del narcotráfico y luego facilitar la comercialización del oro como si procediera de la pequeña minería. En la cúspide de la pirámide están los grandes cárteles y, en el escalón más bajo, algunos clanes familiares locales.

Las elecciones presidenciales de Ecuador se resolverán en una segunda vuelta el domingo 13 de abril que volverá a enfrentar al actual presidente y candidato a la reelección, Daniel Noboa, y a la candidata presidencial del correísmo, Luisa González, quienes ya protagonizaron el balotaje de las elecciones extraordinarias de 2023.

En los comicios celebrados este domingo, Noboa y González concentraron el 88,27% de los votos válidos, lo que constata la polarización que ha caracterizado a este proceso desde su campaña electoral, que giró siempre en torno a ellos dos pese a haber otros catorce candidatos en contienda.

Con un avance del 83,75% en el escrutinio, el candidato de Acción Democrática Nacional (ADN) logró el 44,63% de los votos válidos, mientras Luisa González obtuvo el 43,81%. Si bien un sondeo a boca de urna proyectó una posible victoria de Noboa en primera vuelta, este escenario se diluyó rápidamente cuando los primeros resultados mostraron que se quedaba por debajo de la barrera de 50% de los votos.

En tercer lugar figura el izquierdista candidato del movimiento indígena Leonidas Iza (Pachakutik), con el 4,92% de los votos, seguido de la activista ambiental Andrea González Náder (Sociedad Patriótica), con un 2,71%. Los otros doce candidatos no llegan ni siquiera al 1% de votos cada uno.

Estos resultados marcan nuevamente una polarización en Ecuador con el presidente Noboa instalado como principal punta de lanza del anticorreísmo frente al legado progresista del expresidente Correa, que cuenta todavía con una base fiel de votantes y que ahora ha logrado concentrar electores descontentos con el actual mandatario.

En la segunda vuelta de 2023, Noboa ya se impuso a González en las elecciones extraordinarias de 2023, cuando dio la sorpresa al proclamarse vencedor de la contienda para completar el mandato 2021-2025 que no culminó el presidente Guillermo Lasso tras su salida anticipada del poder.

Para González, estos son los mejores resultados del correísmo sin Correa como candidato, que permanece en Bélgica en calidad de refugiado tras haber sido inhabilitado políticamente y condenado en 2020 a ocho años de cárcel por corrupción en el caso de la financiación irregular del entonces movimiento oficialista Alianza País.

El correísmo venía de registrar en las primeras vueltas de las tres últimas elecciones un 39,96% con Lenín Moreno en 2017, un 32,72 % con Andrés Arauz en 2021 y un 33,61% con González en 2023.

Tras quedar patente que Noboa se quedó lejos de ganar en la primera vuelta, González consideró estos resultados como una "gran victoria". "Somos los grandes vencedores. Nos enfrentamos contra un 'candidato-presidente' que usó los bienes del Estado para hacer campaña electoral", criticó González.

"Ha violado toda la normativa legal, ha cometido un acto ilícito al usar los bienes y recursos del Estado para hacer campaña presidencial. A eso nos hemos enfrentado. Ha hecho uso de su facultad para emitir decretos para nombrar a una nueva vicepresidenta", continuó diciendo. González se refirió así al hecho de que Noboa hizo campaña sin pedir licencia del cargo y delegarlo a la vicepresidenta Verónica Abad, con quien está enfrentado, sino en una vicepresidenta interina que él nombró por decreto, en contra de lo dictaminado por la Corte Constitucional.

Por ello, durante la jornada electoral, la candidata correísta fue la primera de varios postulantes presidenciales que denunciaron "irregularidades" y un presunto trato de favor hacia Noboa por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), al que culpan de no haber tomado medidas frente a las cuestionadas acciones del mandatario.

Mientras tanto, en un hotel de la zona financiera de Quito, Acción Democrática Nacional había preparado una gran celebración que quedó suspendida y en absoluto silencio. Nadie del movimiento oficialista salió a hablar para comentar los resultados, cuando al inicio se esperaba la aparición del presidente.

Si bien los resultados para la Asamblea Nacional (Parlamento) aún son incipientes, todo hace indicar que Legislativo también quedará partido en dos, con un gran bloque para ADN y otro para el correísmo.

Y con miras a la segunda vuelta será clave el apoyo que puedan recibir de otros líderes que han obtenido votaciones minoritarias, especialmente el candidato izquierdista del movimiento indígena Leonidas Iza (Pachakutik), al que González ya ha llamado a la unidad.

La jornada electoral tuvo una participación mayor al 83% y se celebró bajo fuertes medidas de seguridad, con un gran despliegue de policías y militares, debido al "conflicto armado interno" que desde hace más de un año Noboa declaró para luchar contra el crimen organizada y la escalada de violencia e inseguridad en el país.

El presidente de Ecuador y candidato a la reelección, Daniel Noboa, y la candidata presidencial del correísmo, Luisa González, fueron este jueves los grandes protagonistas del cierre de la campaña electoral en Ecuador y alimentaron la polarización entre ambos para los comicios del domingo, donde figuran como los favoritos pese a que en la papeleta habrá otras catorce opciones más para la Presidencia, según informa EFE.

Ecuador entró así en "silencio electoral" hasta el domingo, donde Noboa, que ha reunido al anticorreísmo en torno a él, busca reelegirse para un mandato completo (2025-2029), mientras que González, que ya perdió ante el actual gobernante las elecciones extraordinarias de 2023, representa nuevamente la esperanza del correísmo de retornar al poder después de ocho años.

El grito de "una sola vuelta" resonó para ambos, pero para ello necesitan sacar la mitad más uno de los votos válidos, o mínimo el 40 % y no menos de 10 puntos porcentuales de ventaja sobre el resto. En previsión de ese posible escenario, los dos candidatos llamaron a "cuidar el voto" en las mesas electorales para evitar un posible "fraude".

Noboa inició el día con una caravana por Guayaquil y rápidamente se trasladó a la capital Quito para otro recorrido similar que terminó con un masivo acto en la plaza de toros, un espacio para unas 15.000 personas que se tiñó del color morado de Acción Democrática Nacional (ADN), el propio partido del mandatario.

Miles de simpatizantes del mandatario llenaron el coso taurino para escuchar al mandatario, que dio un breve discurso de apenas tres minutos, algo habitual en él. "Vamos a terminar con esa época donde todo se trababa y todos los partidos nos hacían la vida imposible en la Asamblea (Parlamento)", dijo Noboa, esperanzado en arrebatar al correísmo el control del Legislativo.

"Hoy eso ya se acaba, el Ecuador ya decidió", añadió el candidato, quien también auguró que tras las elecciones se abrirá "un nuevo ciclo" donde haya "orden, dignidad y oportunidades para los jóvenes, zonas francas tecnológicas, inversión, empleo, seguridad y salud".

Al participar en el cierre de campaña, Noboa agrandó la polémica con su vicepresidenta Verónica Abad, con quien está enfrentado, y que según la Corte Constitucional debería asumir temporalmente la Presidencia mientras el jefe de Estado está en campaña, al haber declarado inconstitucional que el presidente delegara su cargo en otra vicepresidenta interina que él mismo designó por decreto.

Mientras, la lluvia que cayó sobre Guayaquil no desalentó al correísmo para reunir a varios miles de personas para arropar a González, quien señaló que esa resistencia bajo el aguacero representa "la esperanza de días mejores". "¿Ustedes quieren cuatro años más de lo mismo? Ya no resistimos más, el país no da para más. Nos gobiernan indolentes, gente que no sabe qué sentimos, que no sabe cómo vivimos, que no entiende más allá de sus caprichos y vanidades", dijo González en referencia a Noboa, heredero del magnate del sector bananero y cinco veces candidato presidencial Álvaro Noboa.

La candidata de Revolución Ciudadana, el movimiento que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017), señaló que el país quedó sumido "en violencia y dolor gracias a la mentira", y enumeró promesas de campaña incumplidas por Noboa en los catorce meses que lleva en el poder. "Iba a bajar el precio de la gasolina y subió, iba a bajar el precio de la luz y nos dejó a oscuras con apagones (...) y nos subió el IVA (impuesto al valor agregado). Dijo que era para dar seguridad, pero aquí nadie se siente más seguro", enfatizó González.

Alentada por los gritos de "Fuera Noboa, fuera", abogó por "cambiar la mentira por la verdad, el miedo por la esperanza de días mejores y la violencia por la paz", y para ello invocó a la justicia social y a la dignidad, con mejores servicios públicos de salud y educación.

El resto de candidatos, algunos de ellos prácticamente desconocidos para la gran mayoría de ecuatorianos, tuvieron actos de cierre de campaña más modestos o incluso no realizaron actividades presenciales como la activista ambiental Andrea González Náder (Sociedad Patriótica), quien hizo un mitin a través de las redes sociales.

El líder indígena Leonidas Iza (Pachakutik) movilizó a sus bases en el sur de Quito y el exministro Henry Cucalón (Construye) hizo lo mismo en el norte de la ciudad, a la vez que los socialcristianos cerraron filas en Guayaquil en torno a su candidato, Henry Kronfle.

Otro narcosubmarino. Un mercante marcado por la DEA de EEUU (Drug Enforcement Administration). Ambos consiguieron descargar la cocaína. En el otro lado del tablero, dos organizaciones albanesas, las más importantes de Europa en la actualidad, despojadas de sendos alijos y debilitadas. La guerra contra las drogas está más viva que nunca en España, en general, y en Galicia, en particular. La Policía Nacional lo sabe, y pone todos los medios de los que dispone. Emilio Rodríguez lidera con éxito los Greco Galicia (Grupos de Respuesta contra el Crimen Organizado) en la Comisaría de Pontevedra. Alberto Morales ha sido promocionado, ya como comisario, al frente de la Brigada Central de Estupefacientes. Antonio Duarte lo coordina todo desde la jefatura de la Udyco Central (Unidad de Droga y Crimen Organizado) en Madrid. Todos ellos integran la cúpula de la la Policía Nacional española en la lucha contra el narcotráfico y repasan un escenario de grandes cambios para Narcodiario, socio de infoLibre. “En Galicia jamás hemos bajado la guardia. Nunca. Los malos lo saben y por eso nos temen. Llevan décadas sin descansar tranquilos”, advierten. Pero ahora el narco español ya es sólo “un peón para el serbio o el albanés”. Los balcánicos rivalizan con los mexicanos por el control absoluto del mercado mundial.

La conversación, que tiene lugar con el semisumergible recién hundido y los motores de la planeadora blanca con la que los balcánicos llegaron a Vilanova de Arousa (Pontevedra) aún calientes, ofrece varias novedades. La más importante, la enorme cantidad de –todas– las drogas tradicionales que se mueve en los mercados clandestinos españoles. La cocaína se paga a mínimos históricos, por lo que ya no es un negocio tan rentable. El hachís sólo cuesta 1.400 euros el kilo, un 50% menos que años atrás. Y la marihuana, sustancia que se producía en masa en la Península Ibérica hasta hace pocos meses, también pierde rentabilidad. La regularización en terceros países ha llevado a los albaneses, históricos dueños de las plantaciones, a dejarla de lado en favor de la droga colombiana. Por último, también se han producido alteraciones en el negocio de la heroína. Países Bajos y Reino Unido se quedan con una sustancia que escasea en España, lo que deja un hueco para la posible aparición del opioide sintético más temido: el fentanilo.

En todo este escenario, Galicia sigue siendo la Champions League en el negocio de la cocaína, al que están saltando de forma paulatina las organizaciones del sur de España, rivalizando en cantidades con sus amigos del noroeste peninsular. “Nos estamos centrando en frenar el avance de la cocaína, de los laboratorios, de la metanfetamina, pero estamos muy preocupados ante la posibilidad de que, en algún momento, debido a la reducción de la oferta de heroína, las organizaciones puedan avanzar hacia los opioides sintéticos, y ahí aparece el fentanilo”, abre fuego Antonio Duarte, jefe de la Udyco Central.

“Las rutas de la heroína que históricamente veíamos a través de los países del Este han cambiado. Hay otro tipo de sustancias copando el mercado europeo. El 90% de la heroína está acabando ahora en el mercado británico y en el holandés. Al resto de los países llegan pequeñas cantidades. Sobre el fentanilo, las 130.000 pastillas que incautamos hace unos meses estaban rociadas, por lo que aparece un leve rastro”, opina Alberto Morales, nuevo jefe de la Brigada Central.

Acercándonos a la actualidad más reciente, se abre el debate sobre la mafia albanesa y su reciente aparición en la provincia de Pontevedra. Morales explica que “ya en 2018 se detectó una organización en Madrid, a la que se intervino un millón y medio de euros en efectivo. Tienen un poderío desmesurado. Son los únicos que tienen tanto el efectivo como la capacidad para superar al resto de las organizaciones europeas, pero no sólo eso. Han pegado el salto a Latinoamérica. Nos encontramos con grandes mafias albanesas operando en Ecuador y Colombia. En esos países crean empresas y logística, todo lo que es necesario para llevar a cabo estas operaciones de tráfico de cocaína. En los contenedores, pero también en embarcaciones. Los hemos visto en veleros, en mercantes o en pesqueros, pero donde verdaderamente actúan es en contenedores. En España, además de la aparición en Galicia, se mueven especialmente en Levante y Cataluña. Allí hay grandes poblaciones de albaneses”, detalla.

“Hemos visto pisos por los que pasaban 20 o 30 albaneses en sólo un mes. Tienen bases logísticas, hacen sus negocios de narcotráfico y se van a un tercer país. Es muy difícil que podamos identificarlos, muchas veces tienen documentación falsa, sobre todo italiana, y lo más importante de todo: son muy cerrados. Intentan hacer todo el negocio solos, por eso han saltado a Latinoamérica a hacer tratos con los proveedores. Ahora mismo, en el paraguas del cártel de los Balcanes, las albanesas son las organizaciones más potentes de Europa. Me atrevería a decir que están al nivel de las organizaciones mexicanas, ellas en el entorno de Estados Unidos y éstas en Europa”.

Uno de los responsables de la doble operación en Galicia fue Emilio Rodríguez, jefe de los Greco de la Policía Nacional en Pontevedra. “No es anecdótica la presencia de albaneses en Galicia. Los vimos en 2023 importando de cocaína. En aquel caso, el barco gallego ya estaba ocupado por albaneses, y la organización en tierra también era albanesa. Era el pesquero Bestazurra, que pudimos intervenir. Es cierto que utilizan la estructura de los gallegos, pero intentan hacer todo lo que pueden ellos solos. A finales de 2023 intervenimos un barco que salió de Guyana, otro país emergente en el narcotráfico. El Mathieu tenía una tripulación 100% albanesa y su destino era Galicia. Ésa fue la segunda evidencia. Así llegamos a 2025. Nos hemos encontrado con que al menos en dos ocasiones han intentado botar una lancha e ir en busca de la mercancía desde Vilanova, con una diferencia de dos o tres meses. Tenían estructura como para recibir droga en altamar de forma cíclica”.

En la operación de Rego do Alcalde, la más reciente en la ría de Arousa, el jefe de los Greco de Pontevedra explica que “la organización se apoyaba en personal gallego de segundo nivel, para echar la lancha al agua. Pero los alijadores eran también albaneses. Una cosa que nos llamó la atención el día de los hechos fue la nula seguridad que tenían del entorno. Teníamos miedo de que nos detectasen esa noche, por lo que montamos un dispositivo muy lejano, arriesgándonos a perder la mercancía, para que no nos detectasen, pero no era necesario”. El jefe de la Brigada Central, por su parte, explica que estas bandas albanesas forman parte del cártel de los Balcanes y recuerda una operación en la que un serbio y un gallego acabaron enfrentándose con armas, de la que dio cuenta en primicia Narcodiario. “Son organizaciones muy cerradas. No se delatan unos a otros. Un ejemplo más fue la operación Grajuela, en el sur de España. Una lancha recogió un alijo de un mercante de ganado vivo, el Bader. En ella viajaba un serbio junto a los gallegos. Cuando detectaron la presencia policial, volvieron a altamar. El gallego le indicó al balcánico que había que tirar la droga, y el serbio se negó, hasta el punto que apuñaló a uno de los tripulantes. Ellos le lanzaron al agua y tiraron algunos fardos antes de continuar la marcha. Son herméticos, siempre rige la omertá, el silencio entre ellos, y se adaptan fácilmente a cualquier entorno”.

Sobre Galicia y la cocaína, Antonio Duarte descarta la opción de un Plan Especial para la comunidad autónoma como una opción a corto plazo. “Están aflorando operaciones gracias a la presión policial. En Galicia no se puede combatir el narcotráfico de forma torpe y brusca. Hay que seguir apostando por el trabajo conjunto de las distintas Udyco y por la investigación de la mano de la Fiscalía”, explica.

Alberto Morales ofrece su visión acerca de la recientísima aparición de un nuevo narcosubmarino en las costas gallegas. Recuerda que desde 2003, la Udyco Central ya alertaba de la existencia de sumergibles o semisumergibles: “En 2023 apareció el Poseidón, con la quilla fuera del agua, en Vilagarcía. Nos había coronado [en la jerga del narcotráfico, cuando la cocaína llega a su destino], lo mismo que ocurrió hace un par de días en Camariñas (A Coruña). Volvemos a ratificar que es un sistema utilizado por estas organizaciones. Los construyen en la selva con plenas garantías, los trasladan hacia España y los descargan. Es una historia que, desafortunadamente, está creciendo poco a poco. No llegamos al nivel de Colombia, pero les cuesta 600.000 euros cada artefacto. Los construyen en zonas de seguridad y los lanzan, como mínimo, con tres toneladas. El del otro día, por mucho que nos duela, nos coronó. Lo hicieron la noche anterior a su hallazgo. Las huellas que se vieron en la playa eran muy recientes”.

Así que, añade Duarte, “vuelve a demostrarse la importancia de la Costa da Morte, un enclave histórico desde la época del hachís y el tabaco, y ahora de la cocaína. Los narcos se sienten mucho más impunes a la hora de hacer una descarga. Allí hay escasa vigilancia y las organizaciones están prestas a trabajar en cualquier momento”.

Sobre otra de las acciones policiales recientes en la provincia de Pontevedra, la detención de seis albaneses y tres belgas en relación con un contenedor en el puerto de Vigo, Emilio Rodríguez advierte de que “las grandes organizaciones tienen capacidad para introducir la droga y, en ocasiones, dan todos los pasos hasta el puerto español, donde cuentan con personal corrupto. Pero también se da el caso inverso. El ejemplo de Vigo revela que ha sido la gente de dentro del puerto, la que tenía el contacto para sacar la droga, la que ha ofrecido esa posibilidad a las grandes organizaciones. Una vez que saben de la posibilidad de encontrar un hueco en un puerto, todas ellas van ahí. Una unidad corrupta en un puerto tiene muchas facilidades para trabajar”.

Una de las grandes novedades que expone el jefe de la Udyco Central es el salto del hachís a la cocaína en el sur de España. “Las organizaciones han visto que la cocaína es mucho más rentable y se dedican a ello. Además, temiendo que otros grupos del este de Europa o la Mocro Maffia busquen operar en la misma zona, están acompañados de muchas armas. Por ahora no han atacado a policías ni ciudadanos, pero podría pasar en un momento determinado. Ésa es nuestra preocupación. Son organizaciones autóctonas, de transporte, como ocurre en Galicia. Detrás de ellas están los colombianos, los albaneses o los serbios, ubicados en Málaga o en Madrid. Lo que ocurría antes en el Campo de Gibraltar se ha trasladado al Guadalquivir y su desembocadura. Es muy complicado seguir a estas lanchas. Es un periodo de cambio, de salto del hachís a la cocaína”.

Por su parte, Alberto Morales expone novedades en todos los mercados de las drogas en España. “La cocaína está a precios irrisorios, a 17.000 euros el kilo en España y a 22.000 libras [26.143 euros] en Reino Unido. Ha bajado mucho. El hachís se está vendiendo a 1.400 euros el kilo. Si este precio baja tanto es porque hay mucha mercancía, y sigue entrando. Es una amenaza completa contra la seguridad del Estado. No sólo son drogas, son armas, es violencia. Hay mucha oferta, muchos robos, y al estar inmersos en conflictos armados, es mucho más fácil acceder a armamento militar. El conflicto de Ucrania se lo permite. No hay operación sin esta clase de armas, AK-47, granadas..., una barbaridad”.

A ello se añade lo que ocurre con la marihuana, un negocio que ha dejado de ser rentable para las grandes mafias albanesas ante la llegada de partidas por contenedor desde países en los que se ha legalizado, como Canadá. Más cambios en el horizonte.

El policía más pegado al territorio gallego es Emilio Rodríguez. “Hay pocas organizaciones gallegas con capacidad para adquirir la cocaína en origen, pero siguen completamente activas. Tienen contactos en Colombia, en Madrid y en la Costa del Sol, y operan de forma autónoma. En un segundo escalón están las organizaciones criminales de logística, dedicadas al transporte, descarga y almacenamiento de la droga para llevarla al resto de Europa. Trabajan a requerimiento, siempre tras un contacto de las grandes organizaciones”, revela el jefe de Greco Galicia, al tiempo que avanza un salto hacia adelante de los grupos criminales. “Tenemos que olvidarnos de los alijadores para una noche o de alijadores que frecuentan los bares, o alijadores con vehículos de alta gama. Eso ya no existe”.

Sobre las redes gallegas, Duarte, jefe de la Udyco Central, se manifiesta preocupado por situaciones inusuales que se están viviendo en algunos procesos judiciales que se desarrollan en la provincia de Pontevedra. “Estamos observando con tristeza en algunos juicios que los traficantes, convertidos por sus abogados en payasos, banalizan y juegan con el drama del narcotráfico. Y que desgraciadamente algún personaje sin mucha preparación se hace eco de ello, algo que la ciudadanía observa con sorpresa”.

Rodríguez, por su parte, pone en valor las incautaciones de droga, aunque en el primer momento no se logren detenciones en tierra. “En ciertos ámbitos se menosprecia la intervención de barcos y la caída de droga sin detenidos, y no es un éxito pequeño. Ahora, tras la desencriptación de las comunicaciones, hemos podido vincular a grandes organizaciones, grandes capos, con droga intervenida años antes. Nuestro objetivo es desarticular organizaciones, pero también intervenir una droga que posteriormente, en un futuro, podamos vincular a la organización”.

Duarte analiza con detalle lo que sucede en otros países, y advierte de que se han detectado “graves problemas relacionados con el crimen organizado en Europa que se van a extender a España. Desde la Comisaría General de Policía Judicial se anticipa su llegada aquí. No podemos bajar la guardia. Tenemos que luchar contra los principales actores en lugares como los puertos. Existe un riesgo cierto”, A su juicio, hay “un claro incremento de la presencia de armas”. “Presionamos todas las zonas calientes y buscamos atacar los objetivos más importantes con el apoyo de jueces y fiscales. Tenemos que ampliar la presión a otras zonas”, alienta.

El jefe de la Udyco señala sus principales objetivos. “Junto a otras policías de Europa”, detalla, “seguimos luchando contra las mafias del tráfico de drogas allá donde estén. Investigamos a los líderes de las organizaciones, tanto en el sur de España como en Galicia. Esta presión los sitúa al margen de la actividad criminal, porque saben que estamos encima de ellos constantemente. Los buscamos en Dubái, en Turquía, en Marruecos, en Italia, allí donde estén. Normalmente los grandes capos trabajan desde fuera de nuestro país. Aquí están los peones. El español es un peón para el serbio o el albanés. Ellos mismos van a origen y gestionan la carga, el transporte, la recepción. Necesitan a gente local para cuestiones menores”.

Para Alberto Morales, jefe de la Brigada Central, en cualquier caso, “el gallego no pasa de moda. Nunca descendió de división. Sigue siendo la Champions League en el tráfico de cocaína. Por suerte, la sociedad gallega está muy concienciada en el narcotráfico, lo que hace que las operaciones tengan un eco muy importante. Las organizaciones siguen aprovechando su estructura, pero estamos encima. Los albaneses intentan operar de forma autónoma… pues nosotros los descubrimos”.

También describe el modus operandi de los auténticos dueños de los alijos. “Los grandes capos no están en España. Se reúnen tres o cuatro grupos que invierten, se sientan en una mesa a la espera de que una operación se desarrolle. Esa mesa suele estar en Dubái, un país que por determinados delitos sí entrega a personas, pero por narcotráfico es complejo. Tenemos objetivos pendientes de detener en esa zona y también en Turquía. [Los capos] Están viviendo allí en una jaula de oro, no tengo la más mínima duda. Ellos invierten en la operación y, como tienen una gran estructura, pagan la mercancía en origen, suministrada por los colombianos. La droga está pasando la frontera hasta Ecuador y es desde allí desde donde la están lanzando”.

Y lo hacen desde un lugar estratégico, por un motivo que para Alberto Morales es evidente. “Ecuador es un país en un momento difícil por la corrupción, los cambios de gobierno continuos, con puertos con pocas medidas de seguridad y corruptos, lo que permite a los narcos realizar grandes cargas de cocaína sin problema”, lamenta.

En este momento, el comisario recuerda lo que ha ocurrido en España, con la reciente caída de miembros de las fuerzas de seguridad, uno en Madrid y otro en Valencia, por colaborar con el narco. “Esa corrupción también ocurre en los puertos europeos, eso es indudable. Lo hemos visto en el caso del inspector jefe [detenido con 20 millones en efectivo escondidos en una pared de su casa] o del teniente de la Guardia Civil [responsable del puerto de Valencia]. Las unidades antidroga estamos muy pendientes de cualquier caso de este tipo”.

Se define a sí mismo como emprendedor, un hombre hecho a sí mismo que empezó de cero, tanto en la página web que lleva su nombre como en sus activas redes sociales. Eric Mandala Kinzenga, empresario y diplomático nacido en la República Democrática del Congo hace 48 años, actúa como influencer en Instagram, donde reúne a 317.000 seguidores, y hasta hace sólo unos días era una figura respetada en su país y en otros de su entorno. Sin embargo, ahora duerme en una prisión española, tras ser detenido en Madrid cuando recogía, acompañado de un ciudadano colombiano, casi 200 kilos de cocaína que fueron intervenidos por la Policía Nacional esta semana en un aparcamiento subterráneo de la capital.

La carrera profesional de Mandala comenzó a los 14 años, siguiendo un “espíritu emprendedor”, tal y como señala él mismo en sus canales públicos. Fundó una empresa dedicada al transporte de viajeros que operó en Nairobi, la capital de Kenia. Posteriormente se adentró en el mundo audiovisual invirtiendo y presidiendo Universe Groupe Télévision, una canal de televisión con sede en Kinshasa. “Quiero que mi país crezca”, declara. Incluso se le atribuye una participación en el mercado de los diamantes y la creación de otra firma, Obstiné Sprl, dedicada a la fabricación y venta de jabones en polvo.

Sin embargo, rastreando sus redes sociales se le puede ver en más de una ocasión en Dubái, donde compró en 2020 un apartamento de 221,85 metros cuadrados y dos habitaciones en la torre Burj Khalifa, según consta en los documentos inmobiliarios de la investigación Dubai Unlocked, que el consorcio de medios OCCRP ha llevado a cabo y en la que participó infoLibre. Por el inmueble pagó 1,85 millones de euros. Se encuentra en la planta 84 del mayor rascacielos del mundo, 160 pisos repartidos en una torre de 828 metros de altura. Como ha desvelado esa investigación, en Dubái residen algunos de los mayores narcotraficantes del mundo, muchos de ellos con órdenes de extradición expedidos por los países europeos donde operan.

Tras la detención de Eric Mandala en Madrid, las fuerzas de seguridad internacionales no descartan que sus estancias en el emirato tuviera tanto que ver con sus negocios legítimos como con los acuerdos necesarios para cerrar envíos de cocaína desde Sudamérica hacia Europa, la actividad clandestina más lucrativa del mundo.

Mandala Kinzenga no sabía que sus pasos estaban siendo vigilados de cerca, al menos por la Administración para el Control de Drogas (la DEA, por sus siglas en inglés) y sus socios de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) Central en España. Los agentes antidroga españoles se enteraron de la llegada de una partida de casi 200 kilos de droga, procedente de Ecuador, a través del puerto de Algeciras (Cádiz), y se aseguraron de rastrear el envío para dar con sus receptores, una tarea que siempre resulta compleja.

Sin embargo, en esta ocasión descubrieron un viaje procedente del África subsahariana de personas que llegaban a la capital de España en busca de ese alijo. Uno de ellos era Eric Mandala. El otro, su socio colombiano. La Policía los detuvo y el juez les envió directamente a prisión.

La operación era lo que se conoce como un “pase” de droga: oculta en 171 paquetes, la cocaína iba a ser escondida en el compartimento simulado de una furgoneta, que habían metido en el aparcamiento de un centro comercial madrileño. En ese momento fue detenido el influencer congoleño y su socio colombiano. También fueron intervenidos cantidades en efectivo y 50.000 USDT, o Tether, una criptomoneda. El mayor pase de droga frustrado por la Policía española fueron los 600 kilos localizados en una autocaravana en Robliza de Cojos (Salamanca) el pasado mes de diciembre.

En realidad, la investigación había comenzado en agosto del año pasado, gracias a que la DEA había ayudado a identificar el contenedor donde se había transportado la cocaína desde Ecuador.