El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, está convencido de que la justicia acabará extinguiendo la Fundación Nacional Francisco Franco y terminará "dando la razón" al Gobierno, informa EFE.

En una entrevista en elDiario.es publicada este sábado, Torres explica que el Ejecutivo ha elaborado un documento "riguroso" para describir, a través de la Ley de Memoria Democrática, la humillación que sufrieron las víctimas del franquismo y que es una exigencia legal para la extinción de la Fundación Francisco Franco.

"Hemos hecho un buen trabajo desde Memoria Democrática con el informe preceptivo en el que se describen todas estas humillaciones, con testimonios de las víctimas. Por eso, ha exigido más tiempo del que, quizá, hubiéramos querido, porque es un documento riguroso. Estamos convencidos de que la Justicia terminará dándonos la razón", asegura.

El Ministerio de Cultura comunicó recientemente a la Fundación Francisco Franco el inicio del procedimiento para reclamar su extinción ante la justicia al concluir que hace apología del franquismo, humilla a las víctimas y no persigue fines de interés general.

Sin embargo, el pasado jueves la Fundación franquista envió las alegaciones al Ministerio de Cultura defendiendo que no hay ninguna causa legal que justifique este proceso y subrayando que su actividad está amparada por la libertad de expresión que protege la Constitución.

Torres reitera en la entrevista que el Ejecutivo intenta implementar la Ley de Memoria "al mayor ritmo posible" y recalca que la voluntad del Gobierno también es que la obra para resignificar el Valle de Cuelgamuros (Valle de los Caídos) empiece en esta legislatura.

Un proyecto que, con el lema 'La base y la cruz', eliminará la escalinata de acceso a la basílica y creará un centro de interpretación, lo que ha recibido duras críticas de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (APRMH) al considerar que es un gasto millonario "innecesario" cuando bastaría con explicar el Valle a través de paneles informativos.

"El proyecto de resignificación puede admitir sugerencias y aportaciones, no está absolutamente cerrado. Hay características intocables de la propuesta, pero sí caben mejoras desde el punto de vista memorialista", precisa Torres.

El Gobierno vuelve a prometer memoria democrática, pero vuelve a fallar donde siempre falla: en la raíz. El proyecto La base y la cruz, presentado como la gran resignificación del Valle de Cuelgamuros, no toca aquello que convierte ese lugar en lo que es. No lo cuestiona, no lo transforma, no lo desactiva. Al contrario: tras una capa de modernidad arquitectónica y discursos conciliadores, lo apuntala.

Porque, llamemos a las cosas por su nombre: el Valle de los Caídos se construyó como panteón personal de Franco y en memoria del régimen fascista, un altar monumental levantado con trabajo esclavo de presos políticos. No es una interpretación ideológica; es un hecho documental. A partir de ahí, todo lo demás, arquitectura, liturgia, simbología, está impregnado de la misma matriz: glorificar un golpe militar, una guerra contra un Estado democrático y una dictadura que oficializó el catolicismo que se mantuvo cuarenta años mediante la opresión.

Y durante décadas, ese recinto funcionó exactamente para eso: como espacio de peregrinación franquista, como centro de nostalgia autoritaria, como refugio simbólico del relato de los vencedores. Ni el franquismo se ha marchado de allí ni el Estado ha querido desalojarlo del todo.

La cruz de 150 metros, el monumento fascista más imponente de Europa, seguirá allí, en pie. No se toca, no se contextualiza de verdad. Se mantiene como si fuera patrimonio espiritual de algún pasado neutro, cuando es exactamente lo contrario: una declaración de victoria franquista y una exaltación al catolicismo de antaño.

El Gobierno lo justifica como parte del “origen del lugar”. Pero mantener voluntariamente un símbolo fascista para enseñar democracia es un ejercicio de cinismo político difícil de digerir. La realidad es más simple: no quieren enfrentarse al coste político de derribarla. Y el resultado es evidente: todo lo que se construya alrededor estará condenado a seguir orbitando en torno al símbolo original del fascismo español. No hay resignificación posible con un tótem de 150 metros presidiendo el conjunto.

Otro pilar que permanece es el más incómodo para cualquier democracia madura: la presencia de los benedictinos. Una orden religiosa custodiando un mausoleo fascista, oficiando misas por Franco, manteniendo viva la liturgia del régimen. Esa anomalía democrática debería haberse abordado hace décadas. Pero aquí seguimos: la resignificación convive con la continuidad ideológica.

Pretender construir memoria democrática donde aún resuena la liturgia franquista es una contradicción imposible de sostener. La gran propuesta del proyecto, esa famosa “grieta” en la explanada, es estética, no política. Un gesto visual potente que no altera ni el mensaje ni la lógica del conjunto. Es la metáfora perfecta de esta intervención: abrir grietas en el suelo para no abrirlas en el relato.

Porque lo que el Valle necesita no es diseño contemporáneo, sino claridad democrática. Necesita hablar de golpe de Estado, de guerra civil, de represión, de trabajo esclavo, de cuerpos trasladados sin permiso. Necesita decir sin miedo que es un monumento fascista construido para glorificar a un dictador. Pero ese discurso no aparece en el proyecto. Ni aparecerá mientras los símbolos permanezcan intactos.

El Valle debería ser un centro de memoria democrática radicalmente opuesto a su origen: un lugar que explique cómo se destruyó un Estado democrático, cómo se impuso un régimen totalitario y quiénes fueron sus víctimas. No un recinto remozado para visitantes. No una operación estética para cumplir expediente. No un acuerdo implícito con el franquismo residual para evitar conflictos.

La resignificación que España necesita no cuesta 30 millones. Cuesta valentía política. Mientras esa cruz siga allí, mientras los benedictinos sigan dentro, mientras la basílica siga consagrada, el Valle seguirá siendo lo que siempre fue: el mayor monumento del franquismo, maquillado para que parezca otra cosa.

El Gobierno podrá cambiar recorridos, iluminar pasillos, redactar paneles y multiplicar discursos. Nada de eso altera lo fundamental: el mensaje que Franco quiso dejar allí sigue intacto. Respirando. Dominando. Condicionando.

Y ese es el verdadero problema: no es que España no pueda deshacerse de sus símbolos fascistas. Es que no se atreve. No hay voluntad de romper con esa herencia, solo de gestionarla para que moleste lo justo. Se prefiere un fascismo monumental domesticado antes que un fascismo desmontado.

Porque resignificar el Valle no es una cuestión técnica. Es una cuestión de proyecto de país. Es decidir si la democracia sigue bailando alrededor del mausoleo de un dictador o si, de una vez por todas, lo desactiva.

El Gobierno ha tomado su decisión: prefiere conservar el símbolo antes que incomodar al franquismo. Prefiere el gesto antes que la ruptura. Prefiere la grieta en la piedra antes que la grieta en el relato. La pregunta, entonces, es para nosotros: ¿Hasta cuándo vamos a aceptar que la memoria democrática se construya a la sombra de una cruz fascista de 150 metros?

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

El proyecto con el lema 'La base y la cruz', elegido este martes por un jurado como ganador del concurso internacional convocado por el Gobierno para resignificar el Valle de Cuelgamuros, antiguo Valle de los Caídos, eliminará la escalinata de acceso a la basílica y creará un centro de interpretación, informa EFE.

El ganador, elegido por unanimidad entre los diez proyectos finalistas, ha sido anunciado en una comparecencia ante los medios por el secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, Iñaqui Carnicero, junto a otros miembros del jurado.

"Se da más protagonismo a la naturaleza que a la arquitectura y se rompe la axialidad que tanto había caracterizado este monumento para producir una gran sombra, una grieta que facilita el encuentro, que invita al diálogo y a una visión más plural, más democrática", ha explicado.

La identidad concreta de los ganadores del concurso será desvelada a lo largo del martes, ya que hasta ahora no ha sido posible saberlo al tratarse de un proceso anónimo.

El jurado lo integran miembros del Gobierno, un representante de la Iglesia católica y profesionales de prestigio, como la artista española Cristina Iglesias y el arquitecto británico David Chipperfield, que ha destacado el nivel de todos los finalistas y la complejidad de la decisión que tenían entre manos, al ir "más allá de los simples términos de la arquitectura".

El cambio más visible que experimentará Cuelgamuros con el proyecto ganador será la eliminación de la escalinata vertical que da acceso a la basílica y la construcción en su lugar de un soportal a los pies del templo, semejante a una gran grieta horizontal que se extenderá de lado a lado por toda la explanada del recinto.

Los visitantes podrán acceder por debajo de este soportal a un vestíbulo circular con el techo descubierto que permitirá acceder tanto a la basílica (ubicada de frente) como al nuevo centro de interpretación (en los laterales).

La creación de este centro de interpretación era uno de los elementos previstos en el concurso convocado por el Gobierno para resignificar el Valle de Cuelgamuros, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática.

En el exterior del recinto permanecerá la gran cruz de piedra de 150 metros de altura, cuyo derribo nunca fue contemplado por el Gobierno, al considerarlo un elemento fundamental para dejar constancia del origen de este gran monumento franquista, donde hasta 2019 permaneció enterrado el dictador Francisco Franco.

Por su parte, la basílica seguirá destinada al culto y en su interior no habrá grandes cambios, más allá de la instalación de algunos paneles para resignificar el lugar.

Las obras para transformar Cuelgamuros comenzarán como pronto en 2027 con un plazo de ejecución previsto de cuatro años y el Gobierno destinará 26 millones de euros, a los que hay que sumar otros 4 millones que el proyecto ganador del concurso recibirá en concepto de honorarios.

La intención del concurso, como explicó en su día el propio Gobierno, es recuperar este enclave desde un punto de vista arquitectónico y paisajístico, y convertirlo en una herramienta al servicio de la memoria democrática y la conciliación, siguiendo el ejemplo de otro tipo de intervenciones, como el monumento al Holocausto de Berlín.

El proyecto ganador explica en su dosier, al que ha tenido acceso EFE, que su intención es redefinir el espacio para ayudar a los ciudadanos a entender qué sucedió y animarles a plantearse preguntas sobre cómo debe ser la convivencia en la actualidad.

"La propuesta no destruye ni sustituye, sino que transforma los significados permitiendo que el lugar conserve su memoria al tiempo que adquiere un sentido nuevo", señalan.

En la actualidad, sigue habiendo más de 33.000 cuerpos de víctimas de ambos bandos de la Guerra Civil en el Valle de Cuelgamuros, lo que convierte a este enclave de la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial en la mayor fosa común de España.

La Mesa del Congreso ha decidido suspender una jornada sobre la aportación de "la fe católica" a España y Europa, organizada por la asociación católica Enraizados al considerar que el acto se estaba promocionando con imágenes de la Cruz del Valle de los Caídos que podrían constituir "apología del franquismo", según ha informado EFE.

Fuentes del órgano de gobierno de la Cámara Baja han ofrecido esta explicación a la decisión adoptada con el apoyo de la mayoría del PSOE y Sumar y la abstención de los representantes del PP, y han recalcado que los promotores del evento, previsto para el próximo lunes, ocultaron información "relevante" para analizar la autorización.

Además, consideran que, tal y como se ha presentado el foro, cabe la posibilidad de que durante la jornada se pudieran proferir expresiones que atenten contra los valores constitucionales, algo que es contrario a los criterios que sigue la Mesa para dar luz verde a la celebración de jornadas y actos públicos en las dependencias parlamentarias.

Bajo el epígrafe 'Lo que aporta la fe católica a España y a Europa' se iban a celebrar dos paneles de debate en la sala Clara Campoamor del Congreso, presentados por el presidente de la Fundación Enraizados, José Castro Velarde.

A la primera mesa, titulada 'Una vez que construye: el origen de España y Europa' estaban invitados un colaborador de la Fundación Francisco Franco, presentado como antiguo administrador principal de la Comisión Europea, Javier Montero Casado de Amezúa, y el obispo emérito de Alcalá de Henares, monseñor Juan Antonio Reig Plá.

En la segunda parte de la jornada iban a conversar sobre 'Una fe que construye: futuro y compromiso' el escritor y columnista Enrique García-Máiquez, la exdiputada de Vox Carla Toscano, el abogado José Andrés Calderón y el promotor de la productora Terra Ignota Pepe Jarque.

En el cartel que Enraizados ha utilizado en las redes sociales para promocionar la jornada aparece un dibujo de la fachada del Congreso junto a la cruz del Valle de los Caídos, ahora Valle de Cuelgamuros.

La jornada y su programa figuraban hasta esta mañana en la web oficial del Congreso, en convocatoria a las 16,30 del próximo lunes, pero tras la cancelación ha desaparecido de la agenda.

Enraizados, fundada en 2012, se define en su web como "una voz católica en la vida pública" cuya misión es "trabajar por la consecución del bien común nacional y mundial desde una visión cristiana de la vida haciendo presente la importancia de la fe para conseguir ese bien común nacional y mundial movilizando a los católicos, a los creyentes y a las personas de buena voluntad". 

En los últimos años sus representantes han denunciado actividades que han considerado irreverentes o blasfemas, como protestas de Femen, y fueron acusación en el primer juicio en España a activistas de este movimiento feminista.

Casi 9.000 cuerpos han sido exhumados en fosas comunes de la guerra civil y el franquismo desde 2019, pero solo se han identificado 70, un porcentaje muy bajo explicable por varios factores, como la mala conservación del ADN o la dificultad de encontrar familiares para la comparativa genética, según informa EFE.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, concretó el pasado martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que de los 8.941 cuerpos exhumados desde 2019, cuando empezó a gobernar Pedro Sánchez, solo 70 han sido entregados a los familiares tras las comprobaciones de ADN.

Una cifra de identificados muy baja, ya que supone el 0,7 % del total, pero que, según explica a EFE el médico forense Francisco Etxeberria, uno de los mayores expertos en esta materia, es un problema "universal" debido a las limitaciones de este tipo de trabajos.

Una de las dificultades es la conservación del ADN en los huesos de las víctimas enterradas en fosas comunes, ya que se deteriora por el paso del tiempo y por factores externos como la lluvia.

Pero Etxeberria señala que también hay que tener en cuenta los problemas derivados de la ausencia de familiares para hacer las comparativas genéticas o del hecho de que, habiendo familia, los supervivientes tal vez no sean las personas más adecuadas para esos cotejos por no ser descendientes directos de la víctima.

"Si hablamos de un individuo varón y joven que no tuvo descendencia, tienes que buscar el ADN de esta persona en todo caso a través de los hermanos que tuvo esta víctima. Pero como han pasado 80 años, a veces tienes que recurrir a nietos del hermano de la víctima", comenta el forense, que lidera actualmente las exhumaciones en el Valle de Cuelgamuros. 

Desde que comenzaron estos trabajos en junio de 2023, tras las peticiones de alrededor de 200 familias, se han localizado más de un centenar de cuerpos en Cuelgamuros y 29 han sido devueltos a sus lugares de origen, en 21 casos tras las respectivas identificaciones genéticas.

Etxeberria defiende que se siga intentando localizar fosas y exhumar cuerpos aquí y en otros lugares, con independencia de lograr o no la identificación, ya que en su opinión hay sacar estos restos "del lugar en donde estaban tratados indignamente" y "reconocer oficialmente que aquello ocurrió". 

Cuando se logra identificar un cuerpo y hay familiares vivos y localizados de esa víctima, se contacta con ellos para entregarles los restos y que decidan qué hacer con ellos, según explica Etxeberria.

En los casos en que no hay identificación, la legislación establece que esos restos deben inhumarse en el cementerio de la misma localidad a la que pertenece la fosa común, con la posibilidad de instalar una placa o emblema para, al menos, señalar a qué fosa y grupo de personas pertenecen.

Un estudio de 2019 hecho por un grupo de expertos estimaba que con una intervención oficial del Estado podrían recuperarse de las fosas comunes entre 20.000 y 25.000 personas, y tal vez identificar a entre 5.000 y 7.000 víctimas.

Las cifras siguen lejanas, sobre todo en la identificación, pero el Gobierno continúa aportando subvenciones para estos trabajos, como ha hecho recientemente con la aprobación de 2,4 millones de euros destinados a la Federación Española de Municipios y Provincias, a ayuntamientos y a diputaciones provinciales. 

Andalucía es una de las comunidades autónomas con más fosas comunes y las del barranco de Víznar son de las más significativas, ya que los cálculos hablan de centenares de víctimas y existe la posibilidad de que, entre ellas, esté el poeta Federico García Lorca.

El sociólogo Francisco de Asís Carrión, uno de los miembros del equipo que trabaja en Víznar, comenta a EFE que aunque se encontrara el cuerpo de Lorca sería muy difícil saber si es él, al no tener muestras de familiares, y subraya la importancia de intentar recuperar a todas las víctimas posibles de estos "lugares de terror".

De las 28 fosas comunes que hay en Víznar se han exhumado 166 cuerpos e identificado a siete de ellos, por lo que todavía hay muchos familiares que siguen a la espera de novedades como Antonio María García, que confía en localizar en esta zona a su abuelo, del mismo nombre.

"No sabemos dónde está mi abuelo pero tengo mucho interés en que se siga exhumando, aunque no aparezca, porque todos los cuerpos que se exhumen es como si fueran familiares míos también", cuenta a EFE. 

El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, denuncia que la cifra de identificados en fosas comunes haya permanecido "oculta" hasta ahora y critica que sea tan baja.

"El Gobierno ha subvencionado exhumaciones donde no hay un solo familiar, es incomprensible", señala a EFE.

En su opinión, lo ideal sería abrir una oficina de atención a las víctimas y poner en marcha las investigaciones pertinentes a partir de la información recabada para empezar a excavar en las fosas con más posibilidades de éxito en las identificaciones.

Ver la cruz católica del odio y el rencor me indigna y atenta contra el derecho que tengo a la laicidad que me garantiza el Estado de Derecho español y se me está negando y dañando mi intimidad con la ofensa, cada vez que veo la cruz de los horrores, y no puedo ir libremente por la Sierra de Madrid.  

Ver la cruz católica de la maldad y la venganza fue el homenaje y el compromiso del pequeño dictador con el nazismo y fascismo por las ayudas que recibió de Adolf y Benito para el inicio de la guerra civil tras el fracaso del golpe de Estado contra el Gobierno legítimo de la II República. Distinguir con un mausoleo del miedo y el adoctrinamiento a quienes mataron a inocentes seres humanos es la prueba de la injusticia eterna con las víctimas inocentes y de la complicidad de la jerarquía de la Iglesia católica en su compromiso con el franquismo a cambio de millones de pesetas para llevar bajo palio al pequeño dictador y aplaudían los asesinatos de españolas y españoles inocentes, desde la explanada de Cuelgamuros, en su participación en el tormento, horror, sufrimiento y hambre al que sometieron al pueblo español con el nacionalcatolicismo del terrorismo contra españolas y españoles. 

No debemos olvidar las atrocidades del régimen franquista y no debemos permitir el blanqueo de la sanguinaria dictadura de Francisco Franco y los obispos, cardenales y arzobispos de la Iglesia Católica, permitirlo es ofender y hacer daño a las familias de las víctimas que asesinó Francisco Franco cobardemente y es no hacer justicia ni aceptar la realidad de la historia de España. Las víctimas del  franquismo merecen el máximo respeto, la democracia mantener su integridad material y los príncipes de la Iglesia católica deben ser reprobados por la historia por su comportamiento malvado, vengativo y violento contra las españolas y españoles a través de aquella doctrina que desde el púlpito convertido en atril para defender el terror y el adoctrinamiento por la fuerza de la sinrazón y ensuciar el honor de todo un pueblo con la acusación de ser rojos, rojas, comunistas, socialistas, sindicalistas, anticlericales, masones, republicanos y demócratas por no arrodillarse ante el fascismo católico.  

Dinamitar de forma controlada la cruz del mausoleo de homenajes al fascismo para  evitar el renacer de la doctrina de la maldad y la mentira. Es la solución más eficaz,  justa y el mejor acto político- patriota para la España democrática, y seguir escribiendo  la historia verdadera en libros para obtener una educación y cultura realistas. 

No comparto lo que pretende el Gobierno de España manteniendo el santuario de los horrores del franquismo pagado con los impuestos de la ciudadanía, duele y atenta contra los derechos humanos individuales y colectivos de las personas demócratas,  agnósticas, ateas y laicas y ofende a quienes pensamos y opinamos que el Estado Democrático de Derecho en España debe ser laico y no beneficiar a ninguna religión y no  financiar la incultura ni el adoctrinamiento de las siguientes generaciones en la eterna mentira.

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Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.

La Audiencia Provincial de Madrid ha archivado el caso contra el humorista Héctor de Miguel, conocido como Quequé, al no ver un delito de odio en las bromas que este hizo en su programa radiofónico sobre dinamitar el Valle de los Caídos y apedrear a sacerdotes pederastas, según informa EFE. Abogados Cristianos, la fundación que se querelló contra el humorista, ha anunciado ya que recurrirá esta decisión ante el Tribunal Supremo.

En la sentencia, el tribunal señala que las expresiones o manifestaciones del humorista "no son delito" y "en modo alguno fomentan directa o indirectamente un clima de hostilidad al hecho religioso o a aquellos que practican la religión católica".

Sostiene este tribunal que la intención del humorista "no era diferente de la de expresar de una forma airada y exagerada su posición política, manifestando de una forma viva y rotunda, pero sin discurso elaborado ni matices, reflejando su protesta y disconformidad, con la compleja situación política actual".

Al no ver delito, la Audiencia Provincial de Madrid ha acordado el sobreseimiento libre de la causa, aceptando así los recursos interpuestos por el humorista y por la Fiscalía contra la continuación del procedimiento, acordada por el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid que sí veía indicios de delito.

Durante su declaración ante el juez, el pasado 23 de enero, el Héctor de Miguel explicó que estaba bromeando "exclusivamente con su público" del programa Hora Veintipico de la Cadena Ser.

Se trata de la declaración en la que el juez Carlos del Valle comparó el chiste hecho por De Miguel con otro sobre "volar la plaza de Pedro Zerolo" en Madrid, símbolo del barrio de Chueca, lo que ha llevado a que el Poder Judicial le investigue, incoando diligencias informativas.

Abogados Cristianos recurrirá y ha denunciado que el auto no se refiere a los comentarios sobre los sacerdotes y la pederastia, al tiempo que ve una doble vara de medir en la Justicia madrileña, según denuncia en un comunicado. Esta fundación también interpuso una querella anterior contra el humorista por delito contra los sentimientos religiosos, que también fue archivada.

Además, Abogados Cristianos ha presentado una tercera querella contra Héctor de Miguel por acoso por incitar este a sus seguidores a que llamasen al teléfono de la sede de la organización, lo que motivó según los querellantes casi 900 llamadas con insultos a su presidenta, Polonia Castellanos. Por esta querella el humorista está citado a declarar este viernes en un juzgado de Valladolid.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado el archivo de la investigación abierta al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco por las críticas vertidas contra la exministra de Igualdad Irene Montero, a quien aludió como "cajera del Mercadona" en una conferencia, según informa EFE.

El promotor de la acción disciplinaria del Poder Judicial, Ricardo Conde, había propuesto archivar las diligencias informativas incoadas al magistrado de la Sección de Apelación de la Audiencia Nacional. Pero la Permanente ha acordado este martes por unanimidad devolver al promotor el caso para que siga practicando diligencias, según informa el órgano de gobierno de los jueces.

Conde no apreciaba materia disciplinaria para abrir un expediente a Velasco en aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, porque entendía que Velasco no habló en su condición de juez, es decir, sus palabras se enmarcan en su libertad de expresión."Nos intentaron explicar qué es consentir... A un jurista, que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento [...] y mil cosas más que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona”, manifestó el juez de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional en una conferencia el pasado 13 de noviembre.

En respuesta, la exministra de Igualdad le recordó desde su red social X las directrices de la ONU sobre los estereotipos y los prejuicios de género en el sistema de Justicia. "De cajera a juez Velasco: cumpla la ley y póngase a estudiar", indicó Montero.

Igualmente, la Permanente ha rechazado otra petición de archivo, esta vez de las diligencias informativas incoadas al titular del Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid, Carlos del Valle, y ordena que continúe con las diligencias informativas.

Del Valle procesó por un presunto delito de odio al humorista Héctor de Miguel, conocido como Quequé, por decir en su programa radiofónico el 27 de junio de 2024 que habría que dinamitar el Valle de los Caídos y apedrear sacerdotes, tras una denuncia de la asociación Abogados Cristianos. Y el juez, cuando citó al humorista en el juzgado, comparó el chiste hecho por de Miguel con otro sobre "volar la plaza de Pedro Zerolo" en Madrid, símbolo del barrio de Chueca, lo que le valió duras críticas del colectivo LGTBIQ+.

Para suerte de Sánchez y del Gobierno, se les han desdibujado otros “problemillas”, como el aumento del gasto en defensa y seguridad, la presentación o no de los presupuestos generales del Estado o la distribución de los niños migrantes no acompañados que permanecen en Canarias. Si el Gobierno no da pasos gigantescos en el problema de la vivienda, puede ser su ruina política y no creo que Isabel Rodríguez tenga la valentía necesaria. 

Hace unos días amanecimos con la noticia de que el Gobierno había llegado a un acuerdo con el Vaticano para la resignificación del mausoleo de Cuelgamuros, en la terminología franquista Valle de los Caídos. Mausoleo que fue construido con la sangre de los vencidos, y levantado a mayor honra y gloria del propio dictador y de las víctimas que combatieron en su bando por la victoria, fue inaugurado precisamente el 1º de abril de 1959 para conmemorarla. ¿Tiene algo que ver el contexto interno y también internacional para que se haya hecho público el acuerdo? Indudablemente, por mucho que se nos diga que llevaba meses negociándose.

Cuando el Gobierno negocia por propia iniciativa (“se trata de una iniciativa del Gobierno”, el arzobispo de Madrid, Jesús Cobo, ha dicho) un asunto de importancia, y este lo es, y se firma, a continuación hay que valorar y opinar sobre el resultado. Y el resultado es pobre y decepcionante. 

Franco concibió el Valle de los Caídos como una obra monumental que conmemorara su victoria en la guerra civil, que respondiera al ideario del nacionalcatolicismo por el apoyo y respaldo que recibió de la jerarquía episcopal. Se construyó con los siguientes elementos: una basílica católica impresionante, una abadía de monjes que tuviera a su cargo el culto, con una hospedería que les ayudara a su sustento, el enterramiento en las fosas de los caídos por Dios y por España y algunos republicanos, sin conocimiento de sus familias, y una cruz exterior de 150 mts de altura que proyectara todo el conjunto arquitectónico y fuera visible en muchos kilómetros a la redonda. En definitiva, un monumento a la cristiandad, un canto y una expresión grandiosa del nacionalcatolicismo 

Las intenciones de este Gobierno, con la aplicación de la Ley de Memoria democrática de 2022, contemplaba: la desacralización de la basílica, la expulsión de la orden benedictina, el análisis de los restos y su entrega a las familias y la demolición de la cruz. El acuerdo entre el Gobierno y el Vaticano difiere sustancialmente de las intenciones del Gobierno y acepta la voluntad y los deseos de la jerarquía católica española.

Se mantiene la sacralización de la basílica, aunque el culto se reduce al altar y la bancada, muy amplia. La resignificación histórica, artística, se hará fuera de la actual basílica, en la explanada. Al no expulsarse a los benedictinos, el culto y los ritos religiosos quedan, como hasta ahora, a su cargo. La orden benedictina fue escogida por Franco como la más coincidente con su régimen dictatorial. Desde el primer abad, Justo Pérez de Urbel, el cual , antes de ser monje fue consejero del Movimiento, consejero de Falange (llevaba el yugo y las flechas bordados en su hábito de monje) y Procurador en Cortes, hasta Santiago Cantera, todos han contribuido a mantener el espíritu nacional católico. Que en estos tiempos una docena de monjes se ocupen de mantener los ritos católicos y de administrar y servirse de una hospedería, que esos espacios no puedan utilizarse civilmente, es una concesión que no es lógica ni razonable. La orden benedictina tiene monasterios, como Silos o Solesmes, para recoger a esta docena de benedictinos que permanecen en Cuelgamuros. Su lema “ora et labora” no ha servido a la orden para transformar por el estudio y el trabajo su ideología nacionalcatólica. Además, no están exentos de algunas denuncias de abusos con los niños del coro.

Quien mejor ha expresado los términos del acuerdo y las cesiones que ha hecho el Gobierno al lobby católico ha sido la archidiócesis de Madrid. “Lo que hemos hecho nosotros –dice el arzobispo Jesús Cobo– es defender los espacios religiosos que había en el proyecto que ellos tienen”. "De esta forma, la Comunidad benedictina, la hospedería de los peregrinos, la liturgia y el canto seguirán siendo un refugio de oración, de reconciliación, de acogida, de escucha, de paz y de espiritualidad”. Yo me imagino, ante estas palabras repetidas una y otra vez en sus negociaciones, al ministro de Justicia, Félix Bolaños, petrificado y sin poder de reacción. El mausoleo de Cuelgamuros se construyó con el dinero del Estado y con el sudor y la sangre de los presos y represaliados por Franco. Mutatis mutandis, es la misma historia que ocurre con la mezquita de Córdoba y los miles y miles de edificios inmatriculados que la jerarquía católica ha hecho suyos, convirtiéndose en el gran poder que ostenta. No ha movido un dedo para autofinanciarse, el clero recibe su sueldo del Estado y ahora llega la declaración de la renta y a la iglesia van cientos de millones de los que señalan la X. Y todos estos privilegios, su mantenimiento o su incremento los han recibido de los gobiernos socialistas. 

Está próxima la Semana Santa y las familias, los jóvenes y los mayores llevan semanas haciendo planes para disfrutar de estos días de vacaciones. Tenemos en español un refrán popular, apropiado para la ocasión, mal terminado. Me refiero al “nunca es tarde si la dicha es buena”. La dicha (la felicidad, el placer, la suerte) , por definición, por significado, siempre es buena, lo que hace falta es que llegue. “Nunca es tarde si la dicha llega”. O sea, que se cumplan nuestros deseos e ilusiones: que no llueva en estos días, que el coche no se averíe, porque no encontraremos una grúa o un taller abierto, que al tren no se le rompa la catenaria y nos deje en medio del campo, a la intemperie, que no haya huelga en los aeropuertos y nos quedemos en tierra. Si alguna de esas cosas ocurre, la esperanza de esa dicha, al no llegar, se convierte en desdicha. Esto pasará con Cuelgamuros.

El debate en el que el Gobierno tenía que haber puesto todo su argumentario laico es en la demolición de la cruz de Cuelgamuros. Y parece lo contrario. Se le dará un ambiente moderno, como un espectáculo de luces y sonido, al estilo de la fuentes de la Granja cuando se ponen en funcionamiento.

Mientras la mayoría de los españoles se trasladan de un sitio a otro, la iglesia católica y romana celebra en todos los templos la Semana Santa concentrando en esta semana los últimos días de Jesús de Nazaret. El rito del viernes se caracteriza por la exaltación de la cruz. Se pasea solemnemente por los templos el Lignum crucis ( la madera) mientras se invita a los fieles a adorarla. La cruz es el símbolo por excelencia de la creencia cristiana, la cual portan los obispos bien visible. No hay un símbolo industrial, comercial, representativo de cualquier institución pública o privada, laica o, incluso religiosa que tenga un origen más dañino y siniestro como la cruz. 

La condena a la muerte en la cruz de los reos de delitos fue antes, pero sobre todo en el imperio romano, el método de tortura más cruel de los que se aplicaban a los condenados. Cicerón consideró la crucifixión como el castigo “más cruel y aterrador”. De las tres formas más brutales de ejecutar a alguien en la antigüedad ( la cremación, la decapitación y la crucifixión), se consideraba a la crucifixión la peor, dice Louise Cillers, investigadora de la Universidad del Estado Libre en Sudáfrica. “Era una combinación de crueldad absoluta y de espectáculo (se les exponía en la plaza pública) para infundir el mayor terror posible en la población”, indica Diego Pérez Gondor, profesor de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra.

Estos datos históricos tenían que servir a la Iglesia y también al Gobierno para demoler la cruz de Cuelgamuros. Las Iglesias cristianas y, sobre todo la católica, han elegido la cruz como la bandera más limpia de la redención que nos trajo el crucificado, Jesús el Nazareno, cuando está manchada de sangre y sufrimiento. El sufrimiento, entendido como lo hace la religión, no nos redime. La invitación que la iglesia hace el viernes para adorar la cruz solo invita a soportar el sufrimiento en sus más variadas formas en este “valle de lágrimas”.Como la Iglesia no va a desterrar este símbolo milenario ya, pero no de los primeros siglos del cristianismo, que era el pez, corresponde a un gobierno laico y a aquellos que se oponen a la demolición de la gran cruz de Cuelgamuros que no ofrezcan motivos insostenibles e irracionales.

Desde el domingo de Ramos hasta el domingo de Pascua, las cofradías pasearán a cristos triunfantes, dolientes, con coronas de espinas, esculpidos por Juan de Juni, Martínez Montañés, Gregorio Fernández, por las calles de toda la geografía española, y a vírgenes lacrimosas en las procesiones que “convierten a España en un país católico por el que no ha pasado el cristianismo”, dijeron Gabriel Alomar y Eugenio Noel. Es únicamente el catolicismo entendido como cultura turística, que tan bien nos viene. En Madrid, el Vía Crucis, que en años pasados se celebraba en el interior de la catedral de la Almudena, este año las cofradías, con el visto bueno de Jesús Cobo, lo sacarán a la calle. Todo dolor, sufrimiento y muerte. Solo el domingo de Pascua, en algún pueblo medio perdido, remoto, vaciado, se celebrará una procesión donde se encontrarán el cristo resucitado con su madre sonriente. “Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios”, dice Mateo. En el siglo XXI, con tantos avances en las comunicaciones, alguien de buen corazón nos podría enviar un sms o un correo de la felicidad que gozan. Seguimos esperando.

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Felipe Domingo Casas es socio de infoLibre.

El Gobierno da un paso más en la resignificación del Valle de Cuelgamuros. Pero lo hace sin romper por completo con el pasado franquista del lugar. Pese a todo lo dicho hasta la fecha, el Ejecutivo ha renunciado finalmente a expulsar del complejo ubicado en la sierra de Guadarrama a la comunidad benedictina a la que la dictadura encargó hace casi siete décadas custodiar el "magno monumento dedicado a perpetuar la memoria de los caídos" y velar por las almas "de los que dieron su vida por su fe y por su patria". Y que en democracia continuó como guardiana de la memoria del dictador. Una decisión que crispa a los colectivos memorialistas.

El acuerdo entre el Gobierno y el Vaticano se sustanció durante una reunión que mantuvieron en Roma a finales de febrero el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin. Y quedó sellado en un posterior encuentro con el cardenal José Cobo. "Hasta la fecha, lo único definitivamente acordado ha sido la permanencia de la comunidad benedictina y la no desacralización de la basílica, así como el respeto a todos los elementos religiosos situados fuera de la misma", ha querido dejar claro este miércoles el Arzobispado de Madrid en un comunicado.

La Ley de Memoria deja claro que el viejo Valle de los Caídos debe ser un lugar de recuerdo y homenaje a las víctimas. El gran problema es que parte del complejo, que desde hace décadas administra de forma "provisional" Patrimonio Nacional, está en manos de la Iglesia. Porque la dictadura siempre concibió Cuelgamuros, en gran medida, como un "lugar de oración". Y así quedó establecido en el real decreto de 1957 firmado por Luis Carrero Blanco: "La fe religiosa de nuestro pueblo, el sentido profundamente católico de la cruzada y el signo social del nuevo Estado nacido de la victoria, exige que el Monumento Nacional a los Caídos no sea una simple construcción material".

Aquel decreto dejó atado el establecimiento de una Abadía Benedictina en el complejo monumental. Una congregación de monjes que se instaló en Cuelgamuros en 1958 y que siempre mantuvo un estrecho vínculo con el régimen. Su primer abad, Justo Pérez de Urbel, estuvo muy ligado al movimiento falangista –colaboró en materia religiosa con la Sección Femenina–. Y su sucesor, Luis María de Lojendio, fue el primer responsable de la Oficina de Información Diplomática (OID) franquista, encargada de combatir las informaciones críticas que se publicaban sobre el régimen en el exterior.

Una sombra que se ha mantenido sobre los religiosos incluso en democracia. Del abad Anselmo Álvarez se recuerdan las declaraciones y escritos tildando de "rigurosamente falso" que los golpistas asesinasen a más de 100.000 personas o negando el trabajo esclavo de presos en la construcción del Valle de Cuelgamuros. Y del último prior administrador, Santiago Cantera, quien fuera en su pasado candidato de Falange Española Independiente (FEI), su férrea oposición a la exhumación del dictador Francisco Franco, un rechazo que la comunidad benedictina llevó incluso a los tribunales.

La Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos, creada durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno, analizó en su día la presencia de los monjes en Cuelgamuros. Y concluyó que el "tiempo transcurrido", la Constitución y la "nueva realidad social" hacían necesaria una adaptación de las "actuaciones civiles y religiosas" al "espíritu" de la "nueva resignificación" que se pretendía dar al complejo. No se rechazaba que hubiera una comunidad religiosa, siempre que fuera respetuosa con el nuevo espíritu. "Lo que teníamos clarísimo es que esta comunidad benedictina no se ajustaba a eso, tanto por sus declaraciones como por la hostilidad manifiesta", explicó en su día a infoLibre uno de los miembros de aquel grupo de expertos.

Pese a que los religiosos no siempre han cumplido con las obligaciones que tienen encomendadas desde la dictadura, tal y como reveló en su día una investigación de infoLibre, el Estado nunca ha activado el mecanismo para la expulsión y sustitución de la orden religiosa que contemplaba la arquitectura jurídica franquista con la que ha funcionado durante décadas el Valle de Cuelgamuros. Lo que sí hizo el Gobierno en 2021, no obstante, fue suspender la subvención que anualmente recibían los monjes para el desarrollo de sus funciones porque no estaban justificando debidamente el uso de esos fondos públicos.

La expulsión de los religiosos del complejo monumental llevaba años dándose por hecha. Ya se dejó caer durante la etapa de Carmen Calvo al frente del Ministerio de la Presidencia, quien entendía que la presencia de los religiosos en Cuelgamuros era "incompatible" con la resignificación y del lugar. Algo en lo que seguía insistiendo hace solo unos meses el ministro de Política Territorial y Memoria, Ángel Víctor Torres. Pero ahora, el Ejecutivo ha decidido dar marcha atrás. Un cambio de opinión que coincide con el relevo de Cantera al frente de la Abadía Benedictina.

Desde los colectivos memorialistas cargan con dureza contra el acuerdo. "Han decidido quedarse a medias", apunta Arturo Peinado, de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, que no entiende cómo el Ejecutivo puede plantearse una democratización del complejo monumental sin desacralizar el lugar y manteniendo en él la misma orden religiosa que en su día colocó en Cuelgamuros la dictadura franquista. "Es lamentable que no se les expulse después de haber mantenido aquello durante tanto tiempo como un lugar de exaltación", coincide Ángel González, presidente de CAMDE-PV.

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), no entiende que se busque una alianza para la resignificación con una Iglesia "que participó en el golpe de Estado, que fue parte del aparato represor de la dictadura" y no con las familias y las víctimas. "Es inaceptable e incomprensible", continúa. En relación con esto, el Ejecutivo tiene previsto convocar de manera inminente un concurso internacional para la reconversión del complejo monumental en un lugar de memoria, un certamen en el que está previsto que la Iglesia cuente con un representante en el jurado.

Para Silva, el interés de permanecer en el complejo de aquellos que han conservado durante décadas "el espíritu franquista" en el mausoleo radica en el mantenimiento de la escolanía y la hospedería que gestionan desde finales hace más de medio siglo. Dos negocios que, continúa, le dan "dinero e influencia": "Por allí pasan los kikos y otros grupos ultraconservadores y ellos hacen de anfitriones. Esa hospedería es un nido de la extrema derecha europea", lanza el presidente de la ARMH. 

El Gobierno ha acordado con el Vaticano resignificar el Valle de Cuelgamuros (antiguo Valle de los Caídos) pero sin expulsar a los monjes benedictinos que residen allí y gestionan actualmente la abadía, la hospedería y la escolanía, según ha adelantado El Periódico de España y han confirmado a EFE fuentes del Gobierno.

La Archidiócesis de Madrid ha confirmado en un comunicado que "lo único definitivamente acordado ha sido la permanencia de la comunidad benedictina y la no desacralización de la basílica, así como el respeto a todos los elementos religiosos situados fuera de la misma".

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, encargado de las relaciones del Gobierno con la Iglesia católica, lleva tiempo hablando sobre la resignificación del Valle que recoge la ley de memoria democrática con representantes de la Nunciatura vaticana, la Conferencia Episcopal y el Arzobispado de Madrid.

Ahora, el Gobierno y el Vaticano han pactado que esta resignificación del monumento no implique la salida de los monjes benedictinos, algo que el Ejecutivo daba prácticamente por hecho en un inicio pero que planteó como línea roja el arzobispo de Madrid, José Cobo, en su toma de posesión en 2023.

En relación con las intervenciones dentro del templo, la Archidiócesis ha asegurado que "se estudiarán respetando los criterios litúrgicos y el fin para lo que ha sido erigida la basílica, garantizando un acceso independiente".

Recientemente, el prior de la abadía, Santiago Cantera, ha sido relevado en su cargo tras cumplir el máximo de su mandato, pero el propio Bolaños desveló que el Gobierno había trasladado a la Iglesia la necesidad de que un prior "ajeno a los valores democráticos y nostálgico del franquismo" saliera de ese enclave.

Tras el acuerdo, los monjes benedictinos podrán seguir residiendo en Cuelgamuros y, al mismo tiempo, seguirá adelante el proceso de resignificación para convertir este enclave en un centro de interpretación que fomente los valores constitucionales y democráticos.

El objetivo es explicar a la ciudadanía las circunstancias de la construcción de este monumento franquista, que alberga la mayor fosa común de España, con más de 33.000 cuerpos traídos de distintos puntos de España tras la Guerra Civil. Para ello, el Gobierno tiene previsto convocar próximamente un concurso arquitectónico internacional en el que está implicada una Comisión Interministerial con nueve ministros cuyos departamentos están involucrados en esta resignificación del Valle.

Además, está pendiente la aprobación por parte del Gobierno de un real decreto que establezca el marco jurídico aplicable al Valle de Cuelgamuros y determine su organización, funcionamiento y régimen patrimonial, también en aplicación de la ley de memoria democrática. Este real decreto hará efectiva la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, encargada originalmente de la gestión del Valle, lo que en su momento hacía peligrar la permanencia de los monjes benedictinos.

El cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, ha participado en el proceso de diálogo sobre Cuelgamuros, en el que se ha producido un intercambio de notas "sobre cómo articular la resignificación del Valle de los Caídos, garantizando siempre el respeto a los elementos religiosos y la permanencia del culto en la basílica", según la Archidiócesis.

El prior de la abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, ha sido relevado en su cargo tras cumplir los tres trienios que marcan el máximo a la cabeza de esta orden, y será sustituido por Alfredo Maroto. Su figura se hizo conocida durante la exhumación del dictador y sus intentos por impedirla.

Según han informado a EFE fuentes conocedoras de esta renovación, ha sido un proceso de relevo que se inició en noviembre por parte del abad presidente de los benedictinos en Solesmes, Geoffroy Kemlin, de quien depende la orden, y, finalmente, Alfredo Maroto sustituirá Cantera como prior de la abadía.

El relevo del prior, que coincide con el 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco, llega además en plenas negociaciones entre el Gobierno y la Iglesia católica sobre la salida de los monjes benedictinos del Valle, que residen allí y gestionan actualmente la abadía, la hospedería y la escolanía.

Las mismas fuentes explican que el relevo de Cantera se ha tratado en las reuniones de negociación por la resignificación de Cuelgamuros entre el Gobierno, la Nunciatura vaticana, la Conferencia Episcopal y el Arzobispado de Madrid. Sin embargo aseguran que este relevo “únicamente responde a que Cantera ya no podía renovar”. 

Explican también que el abad presidente de Solesmes “quería que hubiera un cambio”, poder acometer una etapa de “discernimiento” de la orden y que los monjes “puedan dedicarse a las cuestiones religiosas del Valle y no a otras cosas”.

Sobre la salida de los benedictinos, el arzobispo de Madrid, José Cobo, ya dijo en su toma de posesión en 2023 que las líneas rojas del Arzobispado en este proceso son la presencia de la iglesia, la no sacralización de la basílica y la convivencia con lo religioso.  

Por su parte, el Gobierno tiene pendiente la aprobación de un real decreto que establezca el marco jurídico aplicable al Valle de Cuelgamuros (antiguo Valle de los Caídos) y determine su organización, funcionamiento y régimen patrimonial, en aplicación de la ley de memoria democrática.

Este real decreto hará efectiva la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, encargada originalmente de la gestión del Valle, lo que en la práctica supondrá la salida de los monjes benedictinos.

Además, está prevista la convocatoria por parte del Gobierno de un concurso internacional de ideas para "resignificar" el Valle de Cuelgamuros, con el objetivo de explicar a la ciudadanía las circunstancias de la construcción de este monumento franquista, que alberga la mayor fosa común de España, con más de 33.000 cuerpos traídos de distintos puntos de España tras la Guerra Civil.

Como en este país se respetan las tradiciones, alguien ha filtrado un fragmento del interrogatorio (los juzgados, tremendos coladores) y así sabemos que su señoría le preguntó al humorista qué le parecería si, en un programa similar al suyo, alguien hubiese propuesto dinamitar la plaza de Pedro Zerolo. La alternativa no hay por dónde cogerla sin ponerte perdido: ¿es el mausoleo de un dictador equiparable a la memoria de un luchador por los derechos humanos? ¿Las plazas de Chueca se hicieron con mano de obra esclava? ¿La homosexualidad es la contraparte del cristianismo? Si mi abuela tuviese ruedas ¿sería una bicicleta? ¡Cuántos interrogantes!

No sé si las dificilísimas oposiciones a la judicatura incluyen algún tema de hermenéutica o semiótica (disciplinas con nombres de señoras de pueblo), pero convendría precisar que los chistes son ficción, salvo que el humorista sea un poderoso hechicero, capaz de reventar edificios de granito con unas pocas palabras. También que, hasta donde sabemos, a De Miguel no lo han trincado comprándole petardos a ningún artificiero retirado, así que tampoco parece que vaya muy en serio. Tranquilos, cheerleaders de «la cruz más grande del mundo» (hay algo freudiano aquí, seguro): no se han encontrado indicios de demolición.

Abogados «cristianos», el nombre tiene gancho. Ya es mala suerte que la santa madre iglesia, tan rauda en defender sus lindes, no haya encontrado un minutito para desvincularse de estos cafres, aunque solo fuera para no dar la impresión de que los católicos (todos, toditos) están encantados con que el madero donde nos colgaron al redentor sirva de excusa para la búsqueda de dinero y poder de un atajo de fariseos. La última vez que saltaron los protectores del «sentimiento religioso», les confesé que me sentía estafado: menudo chasco pertenecer a una religión cuyo Dios se ofende como una marquesa decimonónica. —Su Altisimidad, han quitado el crucifijo ese de la montaña. —Gabriel, las sales.

Como sociedad, no es la primera vez que bailamos este tango y ya nos sabemos el final: a De Miguel (como le pasó a Krahe) lo procesarán y alguna instancia superior dirá que qué cojones hacemos perdiendo el tiempo con esto, sin que el menoscabo de la administración de justicia tenga consecuencias ni para los demandantes ni para el juececito. Y antes de que nos demos cuenta, ¡vuelta a empezar! De todos modos, a quién se le ocurre. ¿Os imagináis cuánta dinamita haría falta para reintegrar el pastiche horroroso de tito Paco en el Guadarrama? ¡Qué estruendo! Luego, nos quejamos de que Ayuso infarte a los patos del Manzanares con sus mascletás cañís. En fin, la hipocresía de la izquierda.

La Fiscalía ha recurrido, al entender que no hay delito, la decisión de un juzgado de Madrid de sentar en el banquillo por un presunto delito de odio al humorista Héctor de Miguel, conocido como Quequé, por decir en su programa radiofónico que habría que dinamitar el Valle de los Caídos y apedrear sacerdotes, según informa EFE.

La Fiscalía ha interpuesto recurso contra el auto del Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid en el que el juez Carlos Valle transformó las diligencias previas en procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento) y argumentó que las palabras que dijo Quequé el 27 de junio de 2024 pueden suponer un delito de odio. Para el Ministerio Público, en cambio, los hechos no son constitutivos de delito, según fuentes jurídicas. La decisión del juzgado se conoció el miércoles, pero fue dictada el pasado 23 de enero, y ha sido recurrida también por Héctor de Miguel.

El magistrado, que abrió la causa tras la denuncia interpuesta por Abogados Cristianos, recuerda que el humorista dijo en su programa de la cadena Ser: "Toda esta gente que estamos aquí tenemos un deseo, que es llenar de dinamita la cruz del Valle de los Caídos y volarla por los aires. Si puede ser un domingo, mejor, para que vaya más gente".

"Y luego lo que queremos hacer (...) es coger todos los pedacitos que salgan de la Cruz del Valle de los Caídos y, de la misma manera que vosotros vais a las clínicas abortivas a acosar a las que van a abortar, nosotros iremos con esas piedrecitas a las puertas de las iglesias y los monasterios a tirársela a los curas que se hayan follado a algún niño, o sea, a todos", añadió.

Para el magistrado "se trata de expresiones de naturaleza ofensiva, que no suponen una mera exageración o hipérbole, sino que implican la imputación de un delito sumamente grave a todo un colectivo, llamando por ello a agredirles mediante el lanzamiento de piedras". Considerando que "no puede entenderse que estas expresiones queden amparadas" por la libertad de expresión o creación artística "ni que supongan un ejemplo de humor sarcástico".

Además, afirma que "entrañan una imputación gratuita, mendaz y directamente ofensiva" realizada con publicidad en un programa con decenas de miles de oyentes, que "puede resultar idónea para generar en parte de la audiencia, aun indirectamente, sentimientos de odio u hostilidad contra el colectivo concreto al que se refieren, por motivos relativos a su religión o creencias".

Ayer miércoles también trascendió que la decisión de un juzgado de Valladolid de citar a Héctor de Miguel como investigado por una querella interpuesta también por Abogados Cristianos por un presunto delito de acoso al hablar en su programa de este primer proceso, y animar a sus oyentes a que llamaran al colectivo católico. 

Un juez de Madrid ha propuesto sentar en el banquillo por un presunto delito de odio al humorista Héctor de Miguel, conocido como Quequé, por bromear en su programa radiofónico con dinamitar el Valle de los Caídos y apedrear a sacerdotes pederastas. Unas palabras con las que, según indicó Quequé en su comparecencia el 23 de enero ante el juez, estaba bromeando "exclusivamente con su público" del programa Hora Veintipico de la Cadena Ser, según recoge EFE.

El titular del Juzgado de Instrucción 38 de Madrid, que abrió la causa tras la querella interpuesta por la organización ultra Abogados Cristianos, dictó ese mismo día una resolución, a la que ha tenido acceso EFE este miércoles, en la que ve indicios de un delito de odio en sus palabras.

Según el magistrado, "se trata de expresiones de naturaleza ofensiva, que no suponen una mera exageración o hipérbole, sino que implican la imputación de un delito sumamente grave a todo un colectivo, llamando por ello a agredirles mediante el lanzamiento de piedras".

En su auto de pase a procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento), el juez considera que "no puede entenderse que estas expresiones queden amparadas" por la libertad de expresión o creación artística "ni que supongan un ejemplo de humor sarcástico".

Y va más allá al afirmar "que entrañan una imputación gratuita, mendaz y directamente ofensiva" realizada con publicidad en un programa con decenas de miles de oyentes, que "puede resultar idónea para generar en parte de la audiencia, aun indirectamente, sentimientos de odio u hostilidad contra el colectivo concreto al que se refieren, por motivos relativos a su religión o creencias".

"En definitiva, no se trata de castigar idea o expresiones, sino una incitación al odio u hostilidad, infringiendo valores constitucionales de convivencia, dignidad humana y no discriminación", zanja en su auto, contra el que cabe recurso.

La consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas, ha catalogado de "rotundamente falso" que alumnos del Instituto Núñez de Arce de Valladolid cantaran el Cara al Sol y mostraran banderas preconstitucionales en una excursión realizada por el centro al Valle de Cuelgamuros.

"No voy a entrar en valoraciones de un hecho que no se ha producido", ha expresado la consejera de Educación al comentar esta situación, denunciada por el Sindicato de Estudiantes de Castilla y León, y sobre la que le ha preguntado el procurador de Unidas Podemos en las Cortes, Pablo Fernández, en la sesión plenaria de este martes.

Lucas también ha sido interpelada por la supuesta agresión al portavoz de este sindicato, Víctor Muñoz, tras hacer público lo ocurrido en esta excursión. Precisamente Muñoz se encontraba este martes siguiendo el pleno en el hemiciclo de las Cortes y, justo después de que interviniera por primera vez la consejera, se ha levantado de su asiento y ha comenzado a proferir gritos contra la titular de Educación, por lo que ha sido desalojado de la Cámara.

Frente a la exposición de los hechos del procurador de Unidas Podemos, que ha asegurado que hay pruebas que demuestran lo ocurrido aquel día en el Valle de Cuelgamuros, la consejera ha manifestado que esas pruebas "no existen". Así, ha narrado que desde que saltó la noticia a los medios, Educación se puso a investigar el caso desde su dirección provincial y llegaron a la conclusión de que esta polémica es "probablemente artificiosa y falsa".

Para ello, ha argumentado que en las fotos aportadas por los denunciantes no se aprecia ningún comportamiento ni apología del franquismo, pues son dos imágenes subidas a Instagram donde no aparecen ni las banderas preconstitucionales ni los supuestos cánticos falangistas.

Además, la titular de Educación ha recordado al procurador de Unidas Podemos que es la propia Ley de Memoria Democrática la que recomienda la visita al Valle de Cuelgamuros tras su resignificación y ha condenado la apología a "cualquier totalitarismo, de un signo u otro".

Por su parte, Fernández ha mandado un mensaje de apoyo al portavoz del Sindicato de Estudiantes: "Víctor, no estás solo. Los antifascistas somos más. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos", ha apostillado al tiempo que ha criticado que ni la Consejería de Educación ni el Ministerio homónimo hayan hecho nada al respecto.

Las han intentado impedir una y otra vez. De todas las maneras y con todas las artimañas posibles. Pero por más palos puestos en las ruedas, no lo han conseguido. La ofensiva de la ultraderecha para detener el proceso de exhumaciones en el Valle de Cuelgamuros ha naufragado completamente en los tribunales. Hasta tal punto que, incluso, se ha llegado a acusar a colectivos y demandantes de actuar con mala fe. El último en hacerlo fue el abogado memorialista Eduardo Ranz, que en una de las últimas causas a las que se ha dado carpetazo ha acusado a la parte demandante de actuar con mala fe al ocultar durante meses el fallecimiento de su representado para continuar con el proceso.

Las maniobras ultras se iniciaron al poco de conocerse que se ponían en marcha los trabajos de exhumación en Cuelgamuros. Como ya hicieran con la salida de los restos del dictador del complejo monumental, algunos colectivos –Fundación Nacional Francisco Franco o la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica– decidieron acudir a los tribunales. La jugada no les salió mal. Un juzgado de lo contencioso-administrativo de la capital paralizó de forma cautelar la licencia urbanística y los trabajos en Cuelgamuros se frenaron. Y así estuvieron más de un año, hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) primero y el Supremo después dieron luz verde a las exhumaciones.

Pero para entonces, la ofensiva ultra ya se extendía por otros órganos judiciales. Uno de ellos era el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº4 de San Lorenzo de El Escorial. Allí, a finales de 2022, un particular, representado por un abogado estrechamente vinculado a la Fundación Franco y a la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, interpuso una demanda contra la nieta y sobrina nieta de Antonio Ramiro y Manuel Lapeña, los dos primeros represaliados por el franquismo cuya exhumación del Valle de Cuelgamuros fue ordenada judicialmente hace algo más de ocho años. Unos meses después, dicha acción fue admitida a trámite.

El particular relataba en la demanda que su tío se encontraba inhumado en la misma cripta y en el mismo nivel en el que se cree que están los restos de los hermanos Lapeña. "Mi representado es uno de los muchos familiares de enterrados en dicho cementerio que se oponen a que los restos mortales de sus antecesores sean removidos y manipulados en modo alguno", recogía el escrito, en el que se solicitaba la suspensión cautelar de las "obras de exhumación" y la notificación a familiares de otros inhumados en el mismo lugar de las labores a realizar, solicitando expresamente a los mismos "permiso".

Dos años después de aquella demanda, el juzgado ha dado carpetazo al asunto. Y lo ha hecho a raíz del fallecimiento del demandante. Una defunción que su representación legal ha tardado meses en comunicar al juzgado. Aunque el hombre murió en marzo, su abogado no informó de ello hasta finales de octubre, cuando se había celebrado tanto la audiencia previa como el propio juicio. Es más, en dicha vista oral, que se desarrolló tan solo cuatro días antes de que comunicara al juez el fallecimiento, el abogado habló en todo momento de su cliente en presente, llegando a decir que el mismo tenía un "absoluto ataque de nervios" por los trabajos de exhumación.

En cuanto se enteró de la defunción, Ranz, abogado de los Lapeña, pidió el archivo de la causa si ningún sucesor se personaba. Pero no solo eso. También que se condenase a la parte rival al pago de las costas y a una multa de 6.000 euros por "temeridad" y "mala fe procesal". "[La muerte] era sabida por la representación y defensa de la parte demandante, en tanto en cuanto es obligación deontológica trabajar la posición procesal con quienes estamos defendiendo", alegaba Ranz. Es más, recordaba el abogado que en el juicio el letrado rival ni siquiera propuso la testifical de su cliente, limitándose a pedir la del presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos.

"[La actuación] supone un insulto a la sala, a la memoria del fallecido y a la propia demandada", sentenciaba Ranz. El decreto por el que se dio carpetazo al asunto, no obstante, rechazó la imposición de costas o multas por temeridad. Pero el abogado memorialista piensa llegar hasta el final. "Presentaré una queja ante la comisión deontológica del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y del Colegio de Procuradores", asegura en conversación con infoLibre.

No es, sin embargo, el único caso en el que se han denunciado malas artes por parte de colectivos ultras. Algo similar ocurrió con el último caso que frenó las labores de exhumación. Todo comenzó el 14 de diciembre de 2023. Aquel jueves, la Audiencia Nacional acordó suspender los trabajos en el complejo monumental a raíz del recurso contencioso-administrativo que interpuso la nieta de una persona inhumada en Cuelgamuros. La mujer, representada por el colectivo ultracatólico Abogados Cristianos, alegaba que las exhumaciones vulneraban el derecho a la digna sepultura.

Al ser una medida cautelarísima, la misma se adoptó sin escuchar al resto de partes. Pero en cuanto el Gobierno pudo pronunciarse, todo se vino abajo. La Abogacía del Estado puso de manifiesto que los restos de la abuela de la demandante se encontraban inhumados en un lugar diferente al que se estaban realizando los trabajos y que, además, no había "previsión" de realizar "operación forense alguna" en esa zona. Unas alegaciones que llevaron a la Audiencia Nacional a levantar primero la cautelar y a inadmitir después el recurso contencioso-administrativo de la mujer.

Aquel auto que dio carpetazo al asunto llegó a acusar incluso a la mujer de no haber actuado con buena fe al haber ocultado al órgano judicial una primera actuación que llevó a cabo ante la Administración y en la que no calificó la actuación impugnada "como vía de hecho", algo que luego sí hizo ante la Audiencia Nacional. "Este comportamiento procesal contradictorio y máxime cuando del mismo no se informó al órgano judicial, entendemos que no respetó las exigencias de la buena fe", reprochó el magistrado.

Esas artimañas, precisamente, fueron alegadas por la Fiscalía cuando dio respuesta al recurso de apelación de la mujer contra el alzamiento de las cautelares. Es más, el Ministerio Público solicitó que le fuera impuesta una sanción de 1.000 euros "por ausencia de buena fue procesal y abuso de derecho" al haber "ocultado al juzgado información relevante" y haber insistido "sin fundamento legal alguno" en la suspensión de actuaciones en Cuelgamuros. A mediados de octubre, la Sala Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional rechazó dicho recurso. E impuso a la mujer el pago de las costas. Sin embargo, no se pronunció sobre la multa.

También la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos se ha llevado algún varapalo en esta continua ofensiva ultra. Ocurrió, por ejemplo, cuando trataron de usar una respuesta que Patrimonio Nacional les había dado a una carta para exigir la paralización de las exhumaciones. Pero sus pretensiones se encontraron, en primer lugar, con el rechazo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº5 de la Audiencia Nacional, que les impuso condena en costas. Y luego, con el de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del mismo órgano, que les obligó de nuevo a abonar las costas.

"El escrito de la presidenta del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional resulta ser una comunicación de carácter informativo que no cercena ninguna actuación procesal ni de cualquier otra naturaleza que pueda emprender la parte apelante", recogió esta última resolución. En resumen, un acto "no susceptible de impugnación". Cuatro meses antes, esa misma Sala ya había inadmitido otra acción del mismo colectivo contra la Secretaría de Estado de Memoria Democrática en relación con la concesión de una subvención para llevar a cabo las exhumaciones en Cuelgamuros. "La respuesta a una solicitud de información no tiene contenido decisorio y no constituye actuación administrativa impugnable", sentenciaron los magistrados.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha comunicado este viernes al nieto de Pedro Peralta Gil, que el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses ha identificado los restos de su abuelo, hallados en el Valle de Cuelgamuros, ha informado la Delegación del Gobierno en Aragón en una nota de prensa a la que ha tenido acceso Europa Press.

Pedro Peralta Gil, albañil natural de Añón de Moncayo, fue asesinado el 11 de agosto de 1936, cuando tenía 39 años. Su identificación es la tercera que se logra constatar de los restos mortales que fueron extraídos de una fosa común de Borja (Zaragoza) que, posteriormente, en los años 50, fueron depositados en las criptas del Valle. Las tres personas ya identificadas procedentes de la fosa común de Borja son Esteban Giménez Ezpeleta, Juan Chueca Sagarra y Pedro Peralta Gil.

El ministro Torres ha puesto en valor los avances en la investigación científica alcanzados en las últimas semanas, "que permitirán la identificación de más personas en próximas fechas". También ha destacado el "minucioso y riguroso trabajo" que se está llevando a cabo en el Valle de Cuelgamuros, "teniendo en cuenta que la única pista para hallar los restos de republicanos trasladados desde una zona determinada de España suele ser un cartel deteriorado e ilegible donde se escribió en su momento el pueblo de procedencia de los restos amontonados en esa caja", ha añadido Torres.

Hasta el momento, a través del Plan Cuatrienal de Exhumaciones han sido identificados en el Valle de Cuelgamuros 14 cuerpos, la mayoría procedentes de Aldeaseca (Ávila).

Torres ha reiterado el compromiso del Gobierno de España para seguir trabajando en la identificación estas personas sin más interrupciones, cumpliendo con la ley de Memoria Democrática y dando respuesta a las más de 170 peticiones de familiares. "Es una cuestión de humanidad", ha reafirmado el ministro.

La llamada que llevaba décadas esperando se produjo, finalmente, un tórrido mes de julio. "Tengo una buena noticia que darte. Lo hemos identificado", escuchó Fausto Canales tras descolgar el teléfono. Quien hablaba al otro lado del aparato era el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Y a quien se refería era a Valérico Canales, el padre que una cuadrilla falangista arrebató a Fausto cuando sólo tenía dos años. El plan de exhumación en el Valle de Cuelgamuros, ese mausoleo franquista que acabó convertido en la mayor fosa común de todo el país, empezaba a dar los primeros frutos apenas tres semanas después de su inicio. Unas labores que, un año más tarde, avanzan lentamente sin que las familias sepan aún cuándo podrán volver a abrazar a sus seres queridos.

Los trabajos en las criptas de la Basílica, donde se encuentran inhumados los restos de casi 34.000 personas, se iniciaron en junio de 2023, una vez superada la ofensiva en los tribunales de algunos grupos ultras. Desde entonces, según los datos aportados a mediados de julio por el Ministerio de Política Territorial y Memoria, se ha logrado identificar a trece represaliados. Once de ellos, entre los que se encontraba el padre de Fausto, fueron asesinados en los municipios abulenses de Aldeaseca y Fuente El Saúz. Y los otros dos, últimos en ser localizados, fueron trasladados a Cuelgamuros desde una fosa común ubicada en la localidad maña de Borja. Son Juan Chueca Sagarra y Esteban Giménez Ezpeleta.

El primero de ellos, jornalero de profesión, fue asesinado en el verano de 1936. Tenía entonces 42 años y cinco hijos. El más pequeño, Enrique, falleció unas semanas antes de que se produjera la identificación, por lo que no ha podido cumplir su deseo de volver a reunirse con su padre por última vez. Giménez Ezpeleta, por su parte, era un agricultor de Magallón vinculado al sindicato UGT que tras el estallido de la Guerra Civil fue llamado como tantos otros a comparecer en el consistorio de la localidad por una cuestión aparentemente sin importancia. Pocas horas después, el hombre fue fusilado. "Por fin podrá descansar junto a mi abuela", celebró su nieto y actual alcalde de la localidad maña, Esteban Lagota, tras recibir la noticia.

"Nada nos va a hacer cejar en nuestro empeño de devolver a las familias los restos de sus deudos", aseguró el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, hace poco más de un mes en la Comisión Constitucional del Senado. Una comparecencia en la que ofreció, además, algún detalle más sobre el avances de los trabajos de exhumación en el complejo monumental ubicado en plena sierra de Guadarrama. Así, señaló que se habían trasladado al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencia Forense setenta muestras para proceder a su identificación genética. Las labores en Cuelgamuros arrancaron con la previsión inicial de recuperar los restos de 60 personas. Una cifra que se ha incrementado con el paso de los meses. Ahora, el Gobierno tiene sobre la mesa 170 solicitudes de exhumación.

La ambiciosa operación del Ejecutivo, que está llevando a cabo un grupo multidisciplinar integrado por forenses, arqueólogos o antropólogos, se planteó desde un primer momento por fases. Atendiendo al volumen de peticiones y a que se cree que ahí pueden yacer los restos de los hermanos Lapeña, caso que cuenta con una resolución judicial pendiente de ser ejecutada desde hace siete años, se decidieron empezar los trabajos por la capilla del Santo Sepulcro, ubicada a la derecha del altar mayor a cuyos pies se encontraba hasta hace no mucho el dictador y que cuenta con cinco niveles de columbarios. Y que una vez concluida esa primera fase, se seguiría con la capilla del Santísimo para, por último, abordar todas las que se ubican a los lados de la nave de la basílica.

Joan Pinyol está a la espera de estas últimas. En concreto, de la del Pilar, donde en la década de los noventa fueron trasladados los restos de su abuelo desde la capilla del Santísimo, en la que habían sido inhumados inicialmente, por unas filtraciones de agua. Se llamaba Joan Colom. "Era un hombre de paz que murió al final de la guerra sin entrar en ella", cuenta su nieto al otro lado del teléfono. Fue movilizado por la República en octubre de 1938. Y estuvo en la retaguardia hasta que el frente se le "echó encima" con la ocupación de Cataluña. Colom fue apresado y trasladado a un campo de concentración en la Seu Vella. Allí, según el acta de defunción que su abuela pagó "seis veces más cara" que la viuda de un franquista, falleció por tifus.

El cuerpo del hombre fue arrojado a una fosa común. Y allí estuvo hasta julio de 1965, cuando las autoridades decidieron, con nocturnidad y alevosía, trasladarlo junto con otro medio millar de personas al Valle de Cuelgamuros. La familia no fue consciente de ello hasta 2008, cuando vieron su nombre en un listado de trasladados publicado por la revista Sàpiens. Más de cuatro décadas en las que estuvieron llevando flores a una "tumba vacía". En cuanto se enteraron de que los restos de Colom estaban en el mausoleo, comenzaron una larguísima batalla para recuperarlos. "Hicimos peticiones y demandamos su exhumación, pero durante años nos la negaron con excusas de todo tipo", relata Pinyol. Una lucha que llega hasta la actualidad.

Doce meses después de su inicio, la familia afronta los trabajos de búsqueda e identificación en el complejo monumental con un torrente de sentimientos encontrados. "Vivimos entre la resignación de la espera y la ilusión por los avances, aunque sean lentos", desliza el nieto en conversación con infoLibre. El tiempo, en estos casos, juega en contra de una generación a la que no quedó más remedio que convivir con el miedo y el silencio. La madre de Pinyol tiene en estos momentos 94 años. "Hace dieciséis que vive con la esperanza de ver regresar el cuerpo de su padre", sostiene el escritor, que acaba de publicar ¡Te sacaré de ahí, abuelo! (Traficantes de Sueños, 2024). Y su tía, otra de las hijas de Colom, falleció hace ahora tres años.

Una espera que nadie sabe cuánto se prolongará. "No nos han dado una estimación de tiempo", explica al otro lado del teléfono Eduardo Ranz. El abogado, que representa a nueve familias que han pedido la exhumación de sus seres queridos, critica la lentitud de los trabajos, que contrasta con la rapidez con la que se sacaron del complejo monumental los cuerpos del dictador Francisco Franco y del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. "Nadie entiende por qué no se trabaja de continuo", completa. Algo en lo que también incide el nieto de Colom. "Igual es necesario un refuerzo con otro equipo que permita acelerar", deja caer el escritor, que para nada critica la labor que realiza el grupo multidisciplinar: "Es muy profesional, trabaja a conciencia".

Las últimas noticias que ha recibido Pinyol es que las labores continúan centradas en el Santo Sepulcro. Una capilla que presenta ciertas dificultades. El plan inicial del Gobierno, de hecho, contemplaba ir apuntalando cada una de las salas de la capilla a medida que finalizasen en las mismas los trabajos. Unas labores que también se han visto ralentizadas por la continua ofensiva judicial ultra. El pasado mes de septiembre, un juzgado de Madrid anuló la licencia de obras sobre la que se apoyan las exhumaciones. La sentencia fue recurrida por la Abogacía del Estado, que alegó que ni el informe del arquitecto estaba mal motivado ni las obras a realizar iban a ser profundas e irreversibles.

La Audiencia Nacional, por su parte, paralizó en diciembre de forma cautelar los trabajos en Cuelgamuros tras recibir el recurso de la nieta de una mujer allí inhumada, representada por el colectivo ultracatólico Abogados Cristianos, en el que se alegaba que las labores que se estaban realizando implicaban "cierto grado de profanación". Ocho días después, y tras analizar las alegaciones presentadas por la Abogacía del Estado, el mismo juzgado dejó sin efecto la suspensión al observar que las exhumaciones se estaban realizando en un lugar diferente de aquél donde reposaban los restos que la recurrente decía querer proteger. "Pelearemos en todas las instancias judiciales los intentos de paralizar esta operación", advertía Torres hace poco más de un mes en el Senado.

La nueva Ley de Memoria Democrática prevé, entre otras cosas, convertir el complejo monumental en un "lugar de memoria democrática" cuya "resignificación" irá destinada a dar a conocer "a través de planes y mecanismos de investigación y difusión" las "circunstancias de su construcción, el periodo histórico en el que se inserta y su significado", a fin de "fortalecer los valores constitucionales y democráticos". Un proceso que ha avanzado lentamente con el cambio de denominación del mausoleo –ha pasado de llamarse Valle de los Caídos a llamarse Valle de Cuelgamuros– o la exhumación y traslado de los restos de Franco y Primo de Rivera, que llevaban décadas inhumados a los pies del altar mayor, un lugar preeminente dentro de la Basílica.

En el marco de dicha operación para transformar el complejo en un centro de interpretación, el Gobierno constituyó a comienzos de julio la Comisión Interministerial para la Resignificación, de la que forman parte los titulares de varios departamentos –Presidencia, Hacienda, Trabajo, Transición Ecológica, Transportes, Vivienda, Cultura, Ciencia o el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional –. Dicho órgano realizará, por ejemplo, una propuesta de "asignación de los bienes inventariados" adscritos a Cuelgamuros a los distintos departamentos ministeriales. O impulsará la elaboración del esperado real decreto que establezca el nuevo marco jurídico aplicable al complejo, que hasta ahora se ha regido por un andamiaje legal heredado del franquismo.

De esto último depende, fundamentalmente, el futuro de la comunidad benedictina en el mausoleo. Un futuro que Torres parece tener claro. "Los monjes no pueden estar en ese emplazamiento", repitió el ministro de Política Territorial y Memoria durante su comparecencia en la Comisión Constitucional del Senado.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este jueves que la comisión interministerial que ordenará la salida del Valle de los Caídos de la congregación de monjes benedictinos quedará constituida el próximo 2 de julio.

En una comparecencia en el Senado, donde acude a petición propia para explicar las líneas de actuación de su departamento recogida por Europa Press, Torres también ha desvelado que este mismo jueves ha comunicado a los familiares la identificación de los restos de una víctima en Cuelgamuros, del municipio de Borja, "la primera víctima de Aragón que ha sido identificada" en este lugar, ha subrayado.

"La emoción del familiar, que es nieto y curiosamente alcalde de un municipio y no de mi formación política, la emoción ha sido indescriptible", ha señalado el ministro. Dice además que se han localizado restos de la mencionada localidad y de otras como Villanueva de Gállego y Biota, y se han trasladado 70 muestras al Instituto Nacional de Tóxicología y Ciencia Forense para su identificación genética.

Torres ha reiterado su intención de que los benedictinos abandonen Cuelgamuros porque así lo mandata la ley de Memoria Democrática, según sostiene. "No pueden estar en ese emplazamiento y así lo haremos", ha subrayado durante su comparecencia señalando que la identificación del Estado con una determinada confesión religiosa "ha quedado superada".

Señala incluso que la posición de la Iglesia Católica respecto al Estado y a la sociedad "se verá reforzada" con la "cooperación" para reubicar a los monjes benedictinos. Así, ha apuntado que la comisión interministerial que el Consejo de Ministros acordó crear el pasado 11 de junio para impulsar y coordinar las medidas de reubicación de los monjes y las medidas para transformar el Valle quedará constituida en menos de dos semanas, concretamente el próximo 2 de julio, según ha indicado.

Torres advierte de que pelearán en todas las instancias judiciales ante los intentos de paralizar las exhumaciones en Cuelgamuros, una operación que se lleva a cabo con pleno respeto al lugar donde se desarrolla y por tanto considera que nadie que tenga un familiar enterrado "en cualquier otro punto de la cripta" puede reclamar que se paralice una exhumación en otro lugar "que no le atañe", sostiene. Con estos trabajos de exhumación e identificación Torres considera que el Gobierno avanza "en cerrar heridas aún abiertos y duelos no realizados".

En esta misma línea, Torres ha defendido la visita realizada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado mes de abril en el que visitó el laboratorio forense donde se analizan los restos de víctimas y considera que se ha "trivializado".

Dice que las víctimas del bando vencedor están perfectamente sepultadas en las criptas "con cajas identificadas con nombres individuales", mientras que las del bando perdedor están enterradas "en una amalgama de huesos apilados sin más, hasta 12 personas en la misma caja, y sin nombre" y además, denuncia, han sido llevadas a las criptas sin conocimiento de sus familiares "que han pasado décadas honrándolos en lugares, fosas, en los que no están", lamenta.

Considera por tanto que ante esa situación "no cabe trivialización alguna" y tampoco cabe permanecer "impasibles" ante lo que considera una "falsa imagen de lugar de descanso y de paz" que se presentó durante décadas a los españoles, según afea Torres. "Es en realidad una ignominia en sí misma, un oprobio nacional", sostiene y considera que el trabajo que se está realizando por parte del equipo forense es "encomiable".

La visita de Sánchez fue criticada por la oposición y el líder de Vox, Santiago Abascal, habló incluso de "necrofilia" que se utilizaba para "tapar la corrupción" del Gobierno, en alusión al llamado caso Koldo a los acuerdos con las formaciones independentistas.