La etóloga británica Jane Goodall, considerada la mayor experta mundial en chimpancés, ha fallecido a los 91 años en California (Estados Unidos) por "causas naturales", confirmó este miércoles el Instituto Jane Goodall en un comunicado en redes sociales, según informa EFE.

"El Instituto Jane Goodall se ha enterado esta mañana del 1 de octubre que la doctora Jane Goodall (...) ha fallecido debido a causas naturales", escribió el centro homólogo, que indicó que la etóloga se encontraba en California como parte de su gira de conferencias en los Estados Unidos. 

Según el instituto, "los descubrimientos de la doctora Goodall como etóloga han revolucionado la ciencia y era una defensora incansable por la protección y la restauración de nuestro mundo natural".

Goodall, nacida el 3 de abril de 1934 en Londres, fue pionera en el estudio de los chimpancés en estado salvaje, de los que descubrió pautas de conductas y habilidades desconocidas en sus investigaciones, a las cuales dedicó más de 60 años de su vida y que suponen una trascendental aportación científica para comprender las raíces del comportamiento y la cultura humanas. 

Vivió rodeada de animales desde su infancia en el sur de Inglaterra, pero no fue hasta los 23 años cuando viajó a África por primera vez con la arriesgada misión de investigar a los chimpancés en la selva para un proyecto de investigación que en teoría iba a durar seis meses, pero acabó acompañándola toda la vida.

Goodall se doctoró en Etología por la Universidad de Cambridge en 1965 y regresó al parque Gombe (Tanzania), donde descubrió que los chimpancés comen carne, fabrican herramientas, usan plantas a modo de medicinas, adoptan a crías cuyas madres han muerto o pueden transmitir conocimientos y experimentar sentimientos como el amor, los celos o la ira.

Escribió una veintena de libros, entre ellos 'En la senda del hombre' (1971), donde relata estos hallazgos y considerado una de las obras científicas más importantes del siglo XX, así como innumerables artículos científicos, además de haber protagonizado una veintena de producciones audiovisuales.

Doctora 'honoris causa' por 45 universidades, entre ellas la Complutense de Madrid, durante su carrera recibió un centenar de reconocimientos, como el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica en 2003 o el título de Dama del Imperio Británico ese mismo año y la Medalla de Oro de la UNESCO (2006), entre otros.

Goodall contrajo matrimonio en 1964 con el holandés Hugo van Lawick, fotógrafo de National Geographic, del que se divorció diez años después y con el que tuvo un hijo, Hugo Eric Louis (1967). 

En 1975 se casó en segundas nupcias con el británico Derek Bryceson, quien falleció en 1980.

La Guardia Civil ha desmantelado una colección privada de animales exóticos en la localidad de Nules (Castellón). Dos personas han sido investigadas por poseer más de 150 ejemplares de animales de más de 50 especies, buena parte de ellos en peligro de extinción. Esta clase de delitos son recurrentes en España. Sin ir más lejos, en abril se descubrió otra organización dedicada a la cría de felinos salvajes y el cruce de caracales con gatos domésticos en Mallorca.

Los agentes de la Guardia Civil dieron con este zoo clandestino cuando hace unos meses vieron un anuncio en una web de internet que ofrecía la venta de animales protegidos. Esta vigilancia se realiza con el fin de detectar y evitar posibles ventas de especies protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

En ese anuncio, los guardias civiles comprobaron que se ofertaban para su venta varias especies protegidas, entre las que destacaban nutrias asiáticas, agoutis y kinkajou. Además, también ofrecían cría de varias especies protegidas, como suricatos, canguros y caracales. Los investigadores lograron obtener varios vídeos del supuesto criador de especies en peligro de extinción con leopardos, lechuzas, llamas e ibis.

Una vez detectado y verificado ese anuncio, se consiguió identificar a una persona residente en la provincia de Valencia. Tirando del hilo, los agentes localizaron una parcela en Nules en cuyo interior observaron varias jaulas semejantes a las que aparecían en el anuncio online. En ese momento se identificó una segunda persona implicada y en la supuesta venta de varias especies protegidas.

Ante estas evidencias, se realizó un registro de varias parcelas y almacenes de esta localidad al comprobarse que ninguno de los dos identificados tenía permiso de criador o autorización de núcleo zoológico. Además, los animales en el interior de las parcelas no figuraban en ningún registro.

En total, los guardias civiles encontraron más de 150 ejemplares de 56 especies naturales de los cinco continentes. Algunos de estos animales se encuentran dentro del anexo 1 de CITES catalogados con la máxima protección internacional al tratarse en especies en peligro de extinción, como dos lémures cata, dos nutrias asiáticas y un estornino de Bali.

Igualmente se hallaron ejemplares de otras especies con diferente nivel de protección como una cebra, dos servales, dos tucanes, dos grullas coronaldas, seis turacos, cuatro ibis, dos suricatos, tres mangostas, una zarigüeya, dos muflones americanos, cinco búhos, un dromedario, tres guacamayos, cinco kinkajúes y dos puercoespines, entre otros muchos.

Además, dos de los tres ejemplares de guacamayo encontrados figuraban como sustraídos y habían sido denunciados como robados en una localidad de Almería.

La valoración económica de los daños causados a la fauna silvestre en el ámbito internacional supera los dos millones de euros, según los informes provisionales. El valor promedio en el mercado de los especímenes incautados es de casi 70.000 euros.

Por estos hechos han sido investigados dos hombres de 30 y 35 años por delitos contra la fauna por el tráfico de especies protegidas y contrabando. La investigación ha sido llevada a cabo por guardias civiles del Servicio de Protección de la Naturaleza. Durante los registros ha participado personal del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, encargado de la identificación y catalogación de las especies encontradas.

Al Partido Popular le ha costado ocho años actualizar su ideario —el último data de 2017 bajo la presidencia de Mariano Rajoy— y la huella de Vox está en todas partes. La extrema derecha ha logrado desplazar el marco ideológico del PP en materias como la migración, el cambio climático, la vivienda, el maltrato animal, la ley trans o la propia relación con los ultras, que hace casi una década eran definidos por el PP como "populistas" y que en las últimas elecciones municipales y autonómicas pasaron a ser sus aliados en más de cien ayuntamientos y seis comunidades autónomas. Una decisión que el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, avaló. El borrador presentado este martes dibuja a un PP que no es partidario "ni de cordones arbitrarios" ni de "mayorías incoherentes", abriendo la puerta a pactar con los de Santiago Abascal, pero también con otros partidos de corte nacionalista como Junts o el PNV, de los que el PP actualmente está muy alejado.

Así consta en el documento presentado este martes en Sevilla por el presidente andaluz, Juanma Moreno, su homólogo en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, —ambos alineados con Feijóo— la eurodiputada y coordinadora de la fundación Reformismo 21, Alma Ezcurra y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. El líder del PP les encargó plasmar sobre el papel la renovación ideológica del PP, que ha resultado en un documento de 39 páginas y cuatro bloques: política institucional, social, económica e internacional. Se trata, sin embargo, de un borrador que puede sufrir cambios hasta su aprobación el próximo julio.

Los ponentes han evitado cuidadosamente pronunciarse sobre cuestiones que generan debate interno en el partido como el aborto, los vientres de alquiler, la prostitución o la eutanasia. Y lo han hecho, precisamente, para no desairar a ninguna de las almas que se integran dentro del PP y que aparecen reflejadas en el documento. "A partir de la tradición ideológica del liberalismo, la democracia cristiana y el conservadurismo, quiere representar a todos los españoles que creen en la democracia liberal, en la economía social de mercado, en la libertad, la justicia y la igualdad, en una Europa fuerte y en una España unida y plural, a cuyo futuro quieren contribuir", señala el texto. Génova quiere impedir que se genere un choque que ponga de manifiesto las contradicciones en el seno del partido.

Una decisión que no comparte la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que recientemente defendió en una entrevista con ABC la necesidad de abrir este tipo de debates: "Un partido no solo tiene que defender una forma de gobernar, sino una forma de ver la vida en torno a unos valores. Tenemos que denunciar la situación que estamos viviendo, si están interviniendo la vida pública y la privada, desde aspectos personales como la sexualidad o la religión; hasta la tenencia de animales, la pretendida lucha de clases para enfrentarnos todos. O acabar con esa ingeniería social que se hace a través de los subsidios de la educación. Hay tanto por rehacer y hay tanto desguace institucional", señalaba al periódico conservador. Cabe esperar que el PP de Madrid presente, por tanto, enmiendas al documento. Más allá de las ausencias, son igualmente llamativos los giros a la derecha del PP si se comparan con el documento presentado hace ocho años.

El texto presentado por el PP de Feijóo no niega el cambio climático —como sí hace Vox— pero defiende abordarlo "desde un diagnóstico exclusivamente científico". "Las políticas climáticas no pueden construirse a costa del bienestar y las oportunidades de la gente y la transición económica debe ser ordenada, realista y justa. Los ciudadanos no pueden ser los que soporten económicamente el peso de unas políticas climáticas basadas en plazos muchas veces irrealizables, que generen un aumento desproporcionado del coste de la vida. Ellos deben ser parte del futuro, no víctimas del cambio", señala el borrador. No hay, tampoco, ninguna mención específica a la 'Agenda 2030, a diferencia del documento de 2017, que la defendía "para el desarrollo sostenible".

El PP de Mariano Rajoy señalaba que el cambio climático influía en "las variaciones bruscas (desastres naturales), en la situación hídrica", agudizaba los "problemas de seguridad alimentaria", provocaba "migraciones masivas" y acentuaba "la vulnerabilidad de millones de personas, así mismo los conflictos violentos echan por tierra el esfuerzo de muchos años de comunidades que luchan por un desarrollo justo, o perpetúan situaciones objetivas que imposibilitan el desarrollo de programas para un desarrollo humano". Así, concluía que "el compromiso de todas las administraciones" debía "ser mayor, especialmente en materia de formación, información y sensibilización desde edades tempranas que impulsen hábitos de actuación mucho más comprometidos con la defensa del medio ambiente". Un compromiso que nada tiene que ver con los recientemente alcanzados por los presidentes autonómicos del PP para contentar a Vox.

El PP de Feijóo también va a rebufo de la extrema derecha en lo que respecta a la migración. "Eliminaremos la relación entre el empadronamiento y el acceso de los inmigrantes en situación irregular a las prestaciones económicas no contributivas, porque la irregularidad no puede generar derechos, y condicionaremos la residencia de larga duración a la contribución efectiva al sistema de Seguridad Social, al conocimiento del idioma y de la cultura española", reza el texto. Sobre este fenómeno, también señala que "es urgente establecer vías efectivas de entrada legal y ordenar la entrada de personas, primando la llegada de aquellos culturalmente cercanos, que cubren necesidades en el mercado laboral y anhelan ser partícipes de nuestro sistema de valores" y defiende el "control de fronteras".

En el documento del 2017, la palabra frontera se utiliza para hablar de "las situaciones de pobreza fuera de nuestras fronteras", como aparece en el texto de la ponencia social de Rajoy. "Uno de cada cinco habitantes del mundo vive en situación de pobreza. Por esta razón, nos comprometemos a mejorar en la medida de lo posible nuestras aportaciones presupuestarias a la cooperación al desarrollo, tomando como referencia el 0,7", señalan. También tienen espacio para los fenómenos migratorios y hace ocho años se mostraban más sensibilizados, calificando la inmigración como una "oportunidad" para la "sostenibilidad del propio sistema público de pensiones": "No queremos ni debemos permanecer insensibles ante el drama humanitario que estamos viviendo a raíz de la crisis de los refugiados. Europa tiene que estar a la altura del momento y de sus valores fundacionales dentro de un contexto internacional inestable, donde deben primar fundamentalmente los criterios de solidaridad sin menoscabar los criterios de seguridad, capacidad efectiva y los acuerdos con nuestros socios europeos".

El PP, a través de Chueca, reconoció este martes que la vivienda es uno de los "principales problemas" que tiene España. Sus recetas, sin embargo, son las de siempre. "Hay que ampliar el suelo edificable, eliminar burocracia, reducir impuestos —muy en especial a los jóvenes— , generar incentivos para que los pisos vacíos se pongan en alquiler con seguridad jurídica y acelerar la construcción de nuevas viviendas para aumentar rápidamente la oferta disponible. Debemos impulsar un programa especial de formación en los oficios vinculados a la construcción y convocar a las empresas a un gran proyecto de colaboración con el sector público para aumentar el número de viviendas disponibles en el mercado", señala el documento, que también se detiene en la "ocupación e inquiocupación" como una problemática, pese a que afecta a un porcentaje muy reducido de la ciudadanía. "Nuestra prioridad es acabar con estos comportamientos incívicos endureciendo las penas, impidiendo a los ocupas empadronarse y agilizando el desalojo. La atención prioritaria a las víctimas, el apoyo a los propietarios, la defensa del patrimonio público, que es de todos, deben ser ejes de una defensa real de la propiedad", señalan.

En 2017, la situación de la vivienda era preocupante, pero no había escalado tanto. Entonces, sin embargo, el PP se comprometía "a aumentar la oferta de viviendas a precios adecuados a las posibilidades de todos los españoles, así como a aumentar significativamente el parque de vivienda pública destinado al alquiler asequible". Además, también le dedicaban atención al "acceso a la vivienda a través del alquiler social o el apoyo a las familias que no pueden hacer frente a sus deudas hipotecarias o de alquiler si tienen menores a su cargo" proponiendo medidas como "la dación en pago en la firma de escrituras a la hora de adquirir una vivienda y a arbitrar las medidas oportunas para evitar que ninguna persona o familia sin recursos sea desahuciada sin disponer de una alternativa previa ofrecida, entre otros, por los servicios sociales competentes". Otra de las cuestiones en las que se detenían era en la situación de las personas sin hogar. "Son también un objetivo de atención prioritaria para el Partido Popular, por lo que consideramos necesario apoyar la existencia de los servicios y recursos especializados necesarios, con itinerarios personalizados de inserción social y de acceso a los medios y derechos sociales".

El maltrato animal, que aparecía reflejado en la ponencia de 2017 como una de las cuestiones que no son tolerables, sí tiene cabida en 2025. Con la tauromaquia pero también con la caza. "La cultura es un pilar fundamental de nuestra sociedad", recalca la ponencia. "España es un país de tradiciones centenarias y tiene un acervo cultural inmenso que es reflejo de nuestra identidad y la mejor imagen de nuestro país en el mundo". "La tauromaquia es una expresión cultural con profundas raíces históricas y merece todo el respeto. Defenderla es defender la libertad individual y el derecho a elegir nuestras raíces sin imposiciones". En definitiva, el PP apuesta por "una cultura capaz de respetar su pasado, pero que también sea capaz de evolucionar para ser vanguardia", apunta el texto, que también se detiene en "el turismo rural y la caza" como actividades avaladas por los conservadores.

El PP de Rajoy defendía que "el ser humano puede tener el derecho a la explotación justificada de los animales por razones básicas de alimentación, vestido o defensa de la salud, pero en ningún caso al maltrato": "Los animales son seres dotados de sensibilidad física y psíquica. Que el ser humano sea más inteligente que el resto de los animales no le otorga el derecho a la explotación o el maltrato. Muy al contrario tenemos la obligación moral de respetar a todos los seres vivos y muy especialmente a los animales de compañía con los que tenemos una relación especial ya que aportan importantes valores a nuestra calidad de vida".

El PP se detiene en 2025 en el debate trans, que ignoró por completo en 2017. Y lo hace advirtiendo de los peligros del "borrado de las mujeres", especialmente en las prácticas deportivas. "La igualdad no consiste en negar la realidad biológica, sino en garantizar las mismas oportunidades y derechos para cada individuo. La autodeterminación de género no puede ser una opción revisable a diario porque profundiza en el borrado de las mujeres. En las competiciones deportivas femeninas, el sexo biológico es el que debe ordenar las categorías", apuntan. También defienden que no se le puede dar potestad a los menores para realizar el cabio de género por estar "en una etapa del desarrollo marcada por las dudas" lo que, a juicio de los conservadores, "pueden llegar a conclusiones erróneas con graves consecuencias": Es fundamental retrasar al máximo cualquier tratamiento de cambio de sexo, para que este tipo de decisiones se tomen sólo con plena madurez y con el acompañamiento psicosocial y médico adecuado", zanjan.

Actividades como los toros, la caza o la pesca generan en los menores "conciencia ecológica y de empatía con el entorno animal". Este ha sido el argumento que ha utilizado el presidente andaluz, Juanma Moreno, para defender la asistencia de los menores a espectáculos taurinos en el marco del debate sobre la tauromaquia que está teniendo lugar esta semana en la Junta de Andalucía. Los más pequeños, presenciando una corrida de toros, generarían "una actitud totalmente contraria a la violencia y de admiración hacia los propios animales”, prosigue Bonilla.

El debate surge después de que el grupo Por Andalucía registrase en abril una iniciativa en el Parlamento autonómico en la que llamaban a modificar la Ley andaluza de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas y “prohibir la asistencia de menores a espectáculos taurinos”. Según la diputada de la formación y coordinadora de Movimiento Sumar Andalucía, Esperanza Gómez, planteaban este cambio al considerar que este tipo de eventos va en contra de la recomendación emitida en 2018 por la el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en la que instaban a cambiar las normativas que permitían que niños y niñas acudan a este tipo de evento con motivo “prevenir los efectos nocivos del espectáculo de los toros”. “La exposición a la violencia, incluida la violencia animal, puede desensibilizar a los niños y afectar su desarrollo emocional y ético”, señala la organización internacional.

Y ahora que el debate llega a la Junta, Moreno Bonilla no solo se empeña en aunar menores y toros y defender el valor educativo de esta forma de maltrato animal sino que, para él, una corrida de toros es equiparable a una visita al museo. "Prohibir a los niños ir a los toros es como prohibirles ir al museo", ha dicho.

"Es cierto que hay cazadores que, aunque parezca mentira, tienen una gran conciencia ecológica", señala María Luisa Gómez, profesora emérita de Geografía en la Universidad de Málaga y presidenta de la Junta Rectora del Parque natural Sierra de las Nieves. "Muchos parques nacionales como los Picos de Europa fueron fundados por cazadores. Ese concretamente lo impulsó Pedro Pidal, que era cazador de osos", argumenta. Ahora bien, en cuanto al valor educativo de la tauromaquia, apunta que la crianza de los toros podría ser respetuosa en algunos casos, "hay gente para todo", pero que las corridas nunca podrían ser ejemplo de buenos valores: "Es maltrato".

"La tradiciones, por el hecho de ser tradición, no tienen porqué ser buenas", arranca Federico Velázquez de Castro, presidente de la Asociación Española de Educación Ambiental (AEEA). "La educación ambiental está basada en valores y podríamos señalar tres: el respeto, el cuidado y la compasión" hacia todos, también medio animal, señala el científico, que define la caza y los toros como "actos bárbaros". "Iniciativas que impliquen que los menores entren en un mundo de violencia chocan frontalmente con todo lo que pueda ser una propuesta formativa basada en valores", zanja.

"Introducir esta mala educación ambiental (la caza y los toros) a la infancia es una aberración", señala por su parte Daniel López, licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Agroecología y Desarrollo Rural Sostenible. Para él, exponer a los menores a la tauromaquia es sinónimo de "deseducarlos en el maltrato animal, en la aceptación de la tortura a los animales y en la insensibilidad frente a su sufrimiento".

En 2024 la Junta de Andalucía invirtió al menos 1.021.25,09 euros en la promoción e incentivo de la tauromaquia. De esta suma de dinero, en torno a un 70% fue destinado a la difusión de corridas en Canal Sur, televisión que cuenta con una sección titulada Toros para todos, que emite programas en horario infantil. Asimismo, también invirtió en ayudas a asociaciones y ayuntamientos, por ejemplo, ofreciendo ayudas de hasta 2.500 euros a las localidades que de alguna manera impulsaran esta tradición.

Asimismo, el número de festejos taurinos también ha aumentado en los últimos años tras la fuerte caída provocada por la crisis del coronavirus. En un informe emitido por el Ministerio de Cultura, que compara los datos sobre corridas de toros entre 2019 y 2024, se observa que Andalucía y Madrid han sido las comunidades que más han aumentado en número la celebración de eventos taurinos. Concretamente, en el último año la comunidad sureña pasó de 65 a 76 corridas de toros anuales; duplicó las celebraciones de novilladas con picadores (de 18 a 24) y abrió seis nuevas escuelas taurinas.

Todos estos esfuerzos económicos se suman a los recientes cambios legislativos que facilitan la celebración de eventos taurinos con medidas como reducir en número de veterinarios obligatorios en espectáculos donde no se mate al toro. Asimismo el reglamento por el que se rigen los toros en Andalucía establece que, desde abril de este 2025, se podrá torear en plazas que no alcancen la medida mínima prevista para el diámetro del ruedo, siempre que el ayuntamiento de su localidad lo permita.

Ahora bien, ¿hasta qué punto todo esto se traduce en más público que asiste a este tipo de eventos? En los últimos años la cifra de asistentes a festejos taurinos registra una tendencia al alza, coincidiendo con el tiempo que lleva el PP al frente del Parlamento andaluz. Concretamente, los fans de los toros han ascendido de 1.230.742 en 2019, antes de la pandemia y momento en que los populares arrasaron en Andalucía, a 1.354.592 en 2023, momento en el que se tienen los últimos datos.

Estos datos, sin embargo, distan mucho de lo que fueron los toros en 2007, momento en que estos festejos alcanzaron si pico más alto: 2.768.653 espectadores en Andalucía. Es decir, en 16 años, y con esta forma de tortura con tendencia al alza, los asistentes a estos eventos se han reducido más de la mitad.

Si el PP quiere mantener la tauromaquia, necesita hacer cantera. En la actualidad, señala un informe emitido por la Junta, el perfil que predomina en los toros es el de adultos, mayoritariamente hombres, de entre 35 y 65 años y pertenecientes a las clases media-alta o alta. Asimismo, la mayoría de personas que tienen contacto con esta tradición son de ideología conservadora, con valores materialistas y, en muchas ocasiones, vinculados, directa o indirectamente, al entorno rural.

El revuelo surge en la Junta, sin embargo, Andalucía no es la única comunidad en la que la infancia pueda acudir a los toros. En la actualidad no existe ninguna regulación estatal sobre este tema y solo Galicia prohibió la asistencia de menores de 12 años a este tipo de eventos. Por otro lado, solo Canarias y Cataluña prohíben los toros en su totalidad mientras en el resto de comunidades se permite con normalidad, estando Madrid y Andalucía a la cabeza en su celebración.

Una investigación impulsada por las organizaciones ecologistas ARDE y Satya Animal ha revelado graves deficiencias higiénico-sanitarias en una granja avícola de Llucmajor, en Mallorca, que alberga 136.000 gallinas ponedoras distribuidas en siete naves, según adelantó este lunes elDiario.es y recoge EFE.

Las imágenes y testimonios documentados por ambas entidades muestran cadáveres de gallinas en distintos estados de descomposición, algunos de ellos canibalizados, junto a aves vivas, presencia masiva de ratas y erizos, telarañas, acumulación de plumas y polvo, así como contenedores con restos en estado de putrefacción infestados de gusanos.

Las organizaciones han informado este martes en un comunicado que han presentado a la Fiscalía de Medioambiente de Baleares una denuncia formal por presuntos delitos contra la salud pública y estafa.

A pesar de contar con el sello de bienestar animal Welfair, la granja presenta una situación que ha sido calificada por los denunciantes como una “pesadilla” tanto para los animales como para los vecinos de la zona, según ARDE y Satya Animal.

También se han detectado extintores caducados y puertas cerradas durante al menos seis días, impidiendo el acceso al exterior de las gallinas catalogadas como camperas, lo que vulneraría el reglamento europeo 2023/2465 sobre bienestar animal.

Ambas entidades subrayan que la explotación, la mayor del archipiélago balear en número de aves, fue sancionada en 2024 con una multa de 150.000 euros por carecer de la autorización ambiental integrada desde 2017 y por una inadecuada gestión de excrementos. A pesar de ello, la empresa recibió más de 380.000 euros del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) para la construcción de un centro de clasificación de huevos y continúa operando sin los permisos requeridos.

La portavoz de ARDE, Julia Elizalde, afirma que podrían concurrir indicios de estafa al consumidor, ya que los huevos comercializados como camperos se venden a un precio superior, hasta un 35% más, según la OCU, por garantizar un acceso al aire libre que, en la práctica, no se estaría cumpliendo. Marina Sánchez, presidenta de Satya Animal, alerta de que el sello de bienestar animal se convierte así en "una mera herramienta de marketing".

A nivel sanitario, las organizaciones advierten del riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas como la leptospirosis o la salmonella debido a la convivencia con otras especies animales. La situación también afecta directamente a la población residente de Llucmajor, donde los vecinos han denunciado plagas de moscas, malos olores y problemas de salud como migrañas, vómitos y afecciones respiratorias.

Según Natalia García, vecina de una urbanización cercana, en verano, se encierran en casa para evitar respirar el aire contaminado. Otro vecino, Xisco Amaya, relata que “cuando no hay una atmósfera nauseabunda con amoníaco, está todo lleno de moscas”.

En 2024, asociaciones vecinales denunciaron el vertido de centenares de gallinas muertas en una zanja excavada presuntamente por la propia granja, lo que podría constituir una infracción de la normativa de gestión de residuos biológicos.

Ante esta situación, las asociaciones ecologistas, animalistas y vecinales exigen el cierre inmediato y definitivo de la explotación y apelan a la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, que impide autorizar proyectos ya ejecutados que no hayan sido evaluados previamente. Esta legislación podría obligar a la empresa a cesar su actividad, desmantelar las instalaciones y restaurar el entorno afectado.

El Ayuntamiento de Málaga se ha fijado como objetivo que los 25 coches de caballos que aún quedan en la ciudad dejen de funcionar este mismo año, una medida que se adopta pensando en el bienestar de los animales y en la imagen que esta capital ofrece al mundo.

Hace años que las entidades animalistas y algunos partidos políticos reclamaban la desaparición de este servicio por las condiciones de estrés y el calor que sufren los animales, que durante horas caminan sobre el asfalto tirando de carruajes para turistas.

El alcalde malagueño, Francisco de la Torre, ha anunciado dicha decisión este martes durante el debate sobre el estado de la ciudad, en el que ha indicado que el objetivo es culminar en 2025 la amortización de las licencias de ese servicio de transporte de viajeros. Ha explicado que mantienen conversaciones con los titulares de los coches de caballos para indemnizarles, ya que las concesiones de esta actividad orientada al turismo tienen casi 11 años más de vigencia.

Paralelamente, el Área municipal de Movilidad trabaja en implantar un servicio de préstamo de bicicletas eléctricas para disponer de un millar con más de 100 estaciones en los 11 distritos; este año comenzarán a ejecutarse cuatro nuevos tramos de carril-bici que corresponden a los 9,9 kilómetros licitados el año pasado y se redactan nueve proyectos de itinerarios ciclistas.

Por otra parte, el Consistorio iniciará este miércoles la revocación de las autorizaciones a las empresas de alquiler de vehículos de micromovilidad que operan en Málaga, tanto patinetes como bicicletas de pedaleo asistido. Son siete las firmas que disponen de autorización y las seis que operan han incumplido las condiciones de sus permisos, según el regidor, que ha explicado que la proliferación de este servicio en las ciudades, no sólo en Málaga, genera molestias que deben atajarse.

El comité permanente encargado de supervisar la Convención de Berna decidió este martes aceptar la propuesta de la Unión Europea para rebajar el nivel de protección del lobo, que pasa de ser una especie "estrictamente protegida" al estatuto de simple especie protegida.

Este cambio debe entrar en vigor tres meses después de que se publique la decisión el próximo viernes, aunque de aquí a entonces no se llevaría a cabo si un tercio (17) de los países que forman parte de la Convención manifestaran su oposición, según precisó el Consejo de Europa, del que depende el comité, en un comunicado que ha recogido EFE.

La Unión Europea (UE), que en el comité de la Convención de Berna vota por los 27 Estados miembros que la componen, propuso el pasado 27 de septiembre esta alteración del estatuto, lo que formalmente significa desplazar el Canis Lupus del Anexo II al Anexo III.

Bajo el régimen del Anexo II está prohibida cualquier forma de captura intencional o de muerte intencional -lo que incluye la caza-, así como la destrucción o el deterioro de los espacios de reproducción o de las áreas de descanso. Igualmente está proscrito el comercio y la detención de estos animales.

Con el Anexo III, sin embargo, las cosas cambian, ya que la reglamentación sí que puede permitir algunas de esas prácticas, a condición de "mantener la existencia de esas poblaciones fuera de peligro". En ese caso, la caza puede estar autorizada pero de forma limitada en el espacio y en el tiempo.

Un grupo de militantes del partido animalista PACMA se ha manifestado este lunes a las puertas del Kursaal en el estreno de Tardes de soledad, el documental sobre la tauromaquia de Albert Serra, al considerar que "glorifica el maltrato". Los manifestantes llevaban pancartas con lemas como "los animales sienten" o "el cine es cultura y la tauromaquia tortura".

"Nuestra objeción no es contra el arte ni se trata de censura, sino de sentido común y humanidad, lo que cuestionamos es la normalización de la violencia y el sufrimiento deliberado de los animales bajo el disfraz de libertad artística", denunció en declaraciones a los medios el portavoz de PACMA en Guipúzcoa, Asier Esparza.

Esparza ha cuestionado la imparcialidad del director catalán que en una entrevista dijo que "el mundo es mejor con corridas que sin ellas", y ha puesto el acento en la responsabilidad "ética y moral" del Zinemaldia al acoger su estreno mundial. "Al incluir este documental en su sección oficial, el festival no solo legitima la violencia explícita sino que exporta al mundo un mensaje de normalización del maltrato animal", consideró.

PACMA solicitó la semana pasada a los organizadores del Festival de San Sebastián que retiraran de la programación esta película, que sigue el día a día del torero peruano Andrés Roca Rey desde que se viste para una corrida, su faena en la plaza y el acompañamiento por parte de su cuadrilla.

El director del festival, José Luis Rebordinos, que ya les había respondido por carta, se acercó esta tarde para hablar con los manifestantes antes de entrar a la proyección. "Como dijo Cate Blanchett (el pasado sábado al recibir su Premio Donostia) el derecho a la protesta es importante, entiendo que utilicen el altavoz del festival y lo respeto, lo que nunca he respetado es que pidan que una película se censure", dijo Rebordinos en declaraciones a los periodistas. "Son correctos y educados, se puede hablar con ellos y les he emplazado a que vean la película y podamos discutir después", ha agregado.

Más de 200 personas se han congregado este sábado en Plaza Cibeles convocados por Anima Naturalis en respuesta a la 'mascletà' que se celebrará este domingo en Madrid Río y para protestar "sus consecuencias" sobre la fauna y flora del entorno, informa Europa Press.

Alzando al aire carteles amarillos que rezaban "Sin pirotecnia", los asistentes, cerca de 200 según han informado fuentes policiales a Europa Press, han denunciado la celebración del evento con consignas como "Almeida, Madrid no calla", "Menos ruido y más empatía" "No a la mascletà".

La figura del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha sido especialmente criticada durante la concentración. "Por una apuesta no se puede gastar 46.000 euros en 300 kilos de pólvora en una zona renaturalizada con más de 180 especies de animales y pudiendo dañar tanto el ecosistema como a personas como animales que hay en la zona", ha recalcado el coordinador de Anima Naturalis, Jaime Posada.

Desde esta entidad, han señalado que según informes veterinarios, "la pirotecnia puede provocar en los animales paros cardíacos, sordera", aunque también las personas pueden "sufrir los mismos daños".

En esta línea, Posada ha indicado la existencia de un hospital cercano, donde "muchas personas se pueden ver afectadas". Además, ha señalado que el ruido, que se prolongará "de forma constante" durante siete minutos, puede evocar recuerdos en aquellos que "han llegado a vivir la guerra".

"Si lo que quieren es patrocinar Valencia, las Fallas de Valencia y muchas otras cosas que se pueden patrocinar sin necesidad de dañar ni a personas ni animales", ha afirmado.

Asimismo, ha lamentado que el acto no se vaya a poder parar, aunque ante la posibilidad de que vuelva a organizarse el año que viene, ha asegurado que propondrán "un sitio donde no se dañe a nadie" y "otras alternativas para patrocinar Valencia".

A la concentración también ha acudido la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, quien ha denunciado que "Madrid no tiene que pagar la fiesta del Partido Popular por haber ganado las elecciones en Valencia".

"El lugar elegido es un entorno que como sabéis está protegido. En estos momentos se están anidando muchas especies de aves y además se ha hecho un gran esfuerzo por recuperar todo lo que es la ribera del Manzanares", ha añadido.

Además, ha arremetido contra la alcaldesa de Valencia, María José Catalá Verdet, por haber llamado "catetos" a los opositores de la 'mascletà', una palabra "con una connotación muy negativa". En este sentido, ha exigido respeto "porque la educación está por encima de todo". "No somos catetos, somos gente que quiere trabajar por un Madrid mejor, por un Madrid verde y un Madrid social", ha concluido.

En otra manifestación, en este caso de apoyo al pueblo palestino, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha destacado que su partido "no se ha movido un ápice desde que comenzó la polémica", afirmando que el evento es "un chanchullo de Almeida, con un contrato adjudicado en el último momento a dedo a una empresa amiga".

"Esta chapuza, que no puede colocarse en un espacio medioambientalmente protegido como es Madrid Río, tiene que paralizarse", ha denunciado, celebrando hablar en nombre de "una amplísima mayoría de ciudadanos".

La Puerta del Sol de la capital ha acogido este sábado una manifestación silenciosa contra el maltrato y los abusos sistemáticos de la industria ganadera convocada por la Fundación Igualdad Animal, donde ha primado el "impacto visual" de la imágenes que la representan.

Con motivo del Día por los Derechos de los Animales, activistas de esta organización, en silencio y hombro con hombro, han exhibido "imágenes reales" de granjas y mataderos españoles, con las que evidenciaban "hasta qué punto la industria trata a los animales como objetos de los que obtener el máximo beneficio económico".

Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press el director de comunicación de la fundación, Javier Moreno, quien ha defendido que los consumidores tengan acceso a este tipo de representaciones, porque "la industria ganadera no muestra en su publicidad la situación de sus granjas".

Encabezando a los protestantes, también se han dispuesto una serie de vitrinas, en las que se mostraban instrumentos ganaderos "completamente legales", como un tubo de más de 20 centímetros, empleado para alimentar a la fuerza los patos para la obtención de foie gras; un cortador de colas, utilizado en la industria porcina para cortar sin anestesia las colas de lechones; o una máquina de secreción de ubres, propia de la industria láctea.

Con estas figuras, Fundación Igualdad Animal ha invitado a la reflexión de los viandantes, porque, como han indicado, "la sociedad, tanto individual como colectivamente, tiene que responder ante estos abusos".

Bajo el lema, 'Derecho para los animales', se ha reclamado al Gobierno cambios legislativos que palien los abusos de la industria ganadera. Y es que, como han explicado durante la lectura del manifiesto, en la actualidad "sigue imperando la visión de los animales como máquinas".

Entre los cambios propuestos, se ha visibilizado que España es "uno de los cinco únicos países en Europa que todavía produce foie gras", que implica la alimentación forzada para su producción, algo que ya ha sido prohibido en 18 países.

Asimismo, ha destacado "el fin de las jaulas" en la industria ganadera, una idea por la que la Comisión Europea ya se mostró a favor en 2021. "Son medidas realistas que tienen una demanda social", ha subrayado Moreno, explicando que el último eurobarómetro aseguraba que "el 91% de los españoles quiere mayor protección para los animales en las granjas".

Este tipo de protestas contra del maltrato animal no han sido únicas de Madrid, sino que se han extendido por países de Europa y Latino América donde también tiene presencia la fundación convocante, como es el caso de México, Italia, Brasil y Alemania.

El Observatorio de Bienestar Animal (OBA), antes Equalia ONG, ha registrado una querella en el Juzgado de Lerma (Burgos) contra una granja porcina ubicada en Quintanilla del Coco, en la provincia de Burgos, a la que tilda de "granja del terror", por posibles delitos de maltrato animal, con la agravante de muerte, y otro delito relativo al mercado y los consumidores en concurso con un delito de estafa continuado.

La entidad autora de la querella, recogida por Europa Press, adjunta un vídeo en el que por vez primera hace públicas imágenes de esta explotación porcina que, sin embargo, cuenta con la certificación de bienestar animal Welfair.

Las imágenes que salen a la luz hoy gracias al Observatorio de Bienestar Animal corresponden a una investigación que tuvo lugar entre junio y septiembre de 2023 en una granja de cerdos, formada por 5 naves con 5.000 cerdos aproximadamente, ubicada en Quintanilla del Coco, propiedad del alcalde del municipio.

El reportaje de investigación muestra cerdas reproductoras extremadamente delgadas, notándose su columna vertebral. Otras presentan graves prolapsos de útero y tumores en las mamas. La presencia permanente en jaulas les produce heridas con pus y gangrena por la fricción con los barrotes.

En las jaulas de cerdas parideras, un lechón tiembla, está enganchado en el suelo de rejilla. Debido a la carencia de espacio, el animal es orinado por la madre y pisoteado por sus hermanos.

Se observan también decenas de lechones agonizando, otros muertos, incluso en avanzado estado de descomposición y desmembrados. Algunos presentan tumores y heridas sangrantes. Un trabajador bebe cerveza y vierte parte de la misma sobre unos lechones.

Otro cerdo presenta un gran tumor en la oreja derecha. Las imágenes evidencian también abscesos supurantes y prolapsos rectales en decenas de cerdos, otros tienen heridas en su piel compatibles con la sarna.Un gran número de ellos tiene las orejas mordisqueadas y lesiones gangrenosas en el rabo, síntoma de canibalismo.

El propio investigador manifestó en la información trasladada a la ONG que observó una escena caníbal: "Varios cerdos se estaban comiendo a otro cerdo que aún estaba vivo. Le mordían el codo de la pata derecha delantera, y este sangraba. Incluso el agua del bebedero estaba teñida de color rojo".

El lugar, según denuncia el OBA, presenta una enorme falta de higiene. En los pasillos se aprecian decenas de cadáveres en diferentes estados de descomposición, algunos canibalizados. Los bebederos se encuentran a menudo vacíos. Las ratas recorren los cuerpos de las cerdas enjauladas, los cubículos de los animales y las tolvas de alimentación; el pienso de los cerdos se encuentra repleto de heces de ratas.

En el vídeo se visualizan también dos cubos expuestos a la intemperie con cadáveres de lechones, resto de placenta y abundantes moscas, además de encontrarse pedazos de patas y lechones muertos esparcidos a lo largo del recinto, cuando, según la legislación, la explotación debe contar con uno o varios contenedores homologados herméticos destinados a la contención de animales muertos para la recogida de cadáveres.

Bajo el suelo de la granja se observan igualmente purines infestados por larvas y gusanos. Se aprecia en las imágenes a un gato alimentándose de un cadáver de cerdo en el interior de las instalaciones.

Según la organización de protección animal, la presencia de estos animales en la granja implica riesgo zoonótico de transmisión de enfermedades a humanos como la salmonelosis o leptospirosis.

En la oficina de la explotación se puede visualizar también una cabeza de cerdo podrida, un lechón muerto y restos de una columna vertebral junto a botellines de cerveza. A su vez, encima de un escritorio se encuentran dos certificaciones 'Welfair'.

Se trata de una certificación independiente de bienestar animal que busca garantizar el bienestar de los animales destinados a consumo. Este sello certifica todos los modelos de cría de animales, incluyendo las jaulas y los pollos de crecimiento rápido.

Ante ello, los responsables y operarios de la granja han sido denunciados por el Observatorio de Bienestar Animal ante el Juzgado de Lerma (Burgos) por presuntos delitos de maltrato animal con agravante de muerte, así como la modalidad de acción por omisión, al tiempo que la ONG ha exigido la clausura, la destitución del alcalde y una condena ejemplar por la pésima gestión de los animales.

También han denunciado a la empresa cárnica que presuntamente gestiona la carga de los animales y proveedora de una cadena de supermercados por presunto delito de publicidad engañosa en cuanto a sus comunicaciones públicas sobre un elevado nivel de bienestar animal.

Julia Elizalde, Mánager de campañas del Observatorio de Bienestar Animal, señala: "La granja del terror es uno de los casos de maltrato animal más severos de los que hemos sido testigos hasta el momento. El sufrimiento de los cerdos en esa explotación es extremo, muchos padecen una muerte lenta y dolorosa. Exigimos la actuación inmediata de las instituciones y empresas involucradas mediante el cierre de la granja".

Activistas de Igualdad Animal han llevado a cabo este sábado en la Puerta del Sol una acción de protesta para pedir el fin del sufrimiento de los cerdos con imágenes de estos animales mutilados y maltratados en granjas, informa Europa Press.

Más de 150 activistas se han sumado a esta protesta de Igualdad Animal a partir de las 11.30 horas en la Puerta del Sol mostrando estos carteles que parten de una investigación de la Fundación Igualdad Animal sobre las pésimas condiciones a los que se somete a estos animales en las granjas.

"Es urgente que la protección de los animales de granja esté en la agenda política. No podemos permitir que el interés económico de la industria ganadera esté causando este terrible maltrato animal a millones de animales y además esté destruyendo el planeta", ha indicado el cofundador y director de Comunicación en Igualdad Animal, Javier Moreno.

Durante el acto, además, han sido expuestos atriles con instrumentos reales con los que se mutila y maltrata a los cerdos en las granjas, como picanas eléctricas, pinzas de castración o alicates de corte de dientes.

Según explica Igualdad Animal, una máquina de corte de rabos, empleada para cortar el rabo a los lechones, un procedimiento que, según denuncia, "suele hacerse sin anestesia" y puede provocar "infecciones e inflamaciones y formación de neuromas en la punta de la cola que causan dolor y deficiencia para ganar peso".

A pesar de que la legislación prohíbe el corte de rabos de forma rutinaria, una auditoría de la Comisión Europea realizada en España durante el año 2017, estima que el raboteo en las explotaciones afecta al 98,5% de los cerdos, apuntan.

También una pinza de castración, que se utiliza para abrir o dilatar un anillo de goma, especialmente entre animales jóvenes de menos de tres meses. Según explican desde Igualdad Animal, el escroto se pasa a través del anillo y este se libera quedando sujeto al cuello del escroto. La presión ejercida por el anillo impide el riego sanguíneo haciendo que el tejido se seque y se caiga, detallan.

En un comunicado, Igualdad Animal ha indicado que en España se crían más de 56 millones de cerdos al año, la mayoría de los cuales pasan la vida encerrados en granjas industriales.

Aunque existe normativa para proteger a los cerdos, hay una alta tasa de incumplimiento, reseña el colectivo, que cita como por ejemplo que se les someta a "procedimientos dolorosos como la mutilación de cola sin anestesia", además de "las condiciones propias de la explotación intensiva provocan que muchos animales mueran en las granjas o se encuentren enfermos y lesionados".

En este contexto, Igualdad Animal ha apuntado que pueden pasar 60 años para que una granja sea inspeccionada en España. Según sus datos, las inspecciones para controlar el bienestar animal sólo alcanzaron al 1,67% de las granjas objeto de control en 2021, 2881 granjas del total de 172079 objeto de control.

Además, reseña, en más del 30% de las granjas inspeccionadas en 2021 se detectaron incumplimientos "y las inspecciones se realizan con un preaviso de entre 48 y 72 horas".

La Comisión Europea se ha comprometido a presentar una 'hoja de ruta' para acelerar métodos alternativos que permitan el fin gradual de la experimentación con animales en la investigación y la educación pero no contempla presentar nuevas propuestas legislativas para el sector de la investigación, la formación y la educación, según informa Europa Press.

Bruselas "comparte el objetivo" de acabar con la experimentación con animales en los laboratorios europeos "tan pronto como sea científicamente posible", pero "no considera que una propuesta legislativa sea el camino adecuado" para lograrlo, según han indicado los servicios comunitarios en su respuesta a una Iniciativa Ciudadana Europea que reclamaba nuevas leyes.

En su dictamen tras examinar la petición 'Compromiso con una Europa sin pruebas en animales', el Ejecutivo comunitario concede que el bienestar animal es una "preocupación" para los ciudadanos europeos y pone en valor el marco regulatorio que ya existe, incluido el veto a cosméticos testados con animales que impone la UE desde 2013.

En este contexto, el Ejecutivo comunitario afirma que seguirá apoyando firmemente la investigación para el desarrollo de alternativas a los ensayos con animales y explorará la posibilidad de coordinar las actividades de los Estados miembro en este campo.

También anuncia una nueva 'hoja de ruta' para agilizar el cese gradual de la experimentación y medidas para reducir los test con animales en lo que a los reglamentos sobre productos químicos, fitosanitarios y medicamentos se refiere, en especial con el apoyo "firme" a métodos alternativos.

En un comunicado, la vicepresidenta de la Comisión encargada de Competencia, Margrethe Vestager, ha subrayado que en las dos últimas décadas se han destinado 1.000 millones de euros de las arcas comunitarias al "desarrollo, validación y adopción de alternativas a las pruebas con animales" y que ese esfuerzo "empieza a dar frutos".

"Algunas de estas herramientas y métodos sin animales están disponibles para la comunidad científica y se utilizan cada vez más con fines regulatorios", ha apuntado Vestager, quien ha dicho que Bruselas "seguirá apoyando decididamente las alternativas a los ensayos con animales con la financiación adecuada y explorará la posibilidad de coordinar las actividades de los Estados miembro en este ámbito".

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Granada ha investigado a dos hombres, de 34 y 21 años, por un presunto delito contra los animales por el pésimo estado en el que los agentes del Seprona encontraron a sus 32 perros en un cortijo semiderruido de Cogollos Vega, y también por intrusismo profesional porque a muchos de los canes les habían cortado los rabos y las orejas con fines estéticos no justificados por veterinario alguno, informa Europa Press.

La Guardia Civil supo de la existencia de una reala de perros esqueléticos y cubiertos de parásitos que malvivían entre las ruinas de un cortijo de Cogollos Vega.

La patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza del Destacamento de Sierra Nevada la localizó y encontró a treinta y dos perros galgos en unas condiciones absolutamente deplorables, estaban caquéxicos, es decir, presentaban delgadez extrema, deshidratados, cubiertos de pulgas y garrapatas.

Los agentes del Seprona decomisaron todos los perros e hicieron gestiones con diferentes asociaciones protectoras de animales, hasta que encontraron el apoyo de la asociación protectora de animales Galgos del Sur de Córdoba que se hizo cargo de los treinta y dos animales.

La veterinaria de dicha asociación ha certificado la pérdida de peso corporal, masa muscular y debilidad de los perros; que estaban deshidratados, desnutridos, apáticos, anémicos y tenían cicatrices de heridas antiguas y recientes. Los animales, además, estaban gravemente infectados de ectoparásitos (pulgas y garrapatas), con la piel en pésimo estado por dermatitis, lesiones por decúbito y diarreas líquidas.

La Guardia Civil ha descubierto, además, que a dos de los perros les habían implantado los microchips de dos animales muertos. Tras ello han localizado a los dos propietarios de la rehala, que han reconocido que los perros eran suyos, y estos han sido investigados como presuntos autores de un delito contra los animales, por falsedad documental y por intrusismo profesional.

La Ley de Bienestar Animal, aprobada definitivamente este jueves por el Congreso de los Diputados, afecta a todos los animales de compañía y silvestres en cautividad, excepto a los perros de caza, guarda y de trabajo que quedaron excluidos de la norma por una enmienda presentada por el PSOE y que obtuvo el respaldo del PP, VOX, CS, CC y PNV, informa Europa Press.

El texto prohíbe la venta de animales en tiendas, el uso de animales en circos y belenes, su exhibición en zoos y nuevas obligaciones, entre las que figura la realización de un curso de formación que certifique la aptitud de los duelos o la puesta en marcha de un nuevo sistema de registros de animales y criadores.

En todo caso, los vertebrados deberán vivir en condiciones "dignas" que garanticen su bienestar, derechos y desarrollo saludable y, en concreto los que viven en jaulas, acuarios o terrarios tendrán que disponer de un espacio adecuado. No obstante, la ley establece que las condiciones para cada especie se desarrollarán reglamentariamente.

A la hora de educar o manejar al animal, no se podrán usar métodos que provoquen sufrimiento, ansiedad o miedo y queda prohibido dejarlos dentro de vehículos cerrados, expuestos a condiciones térmicas o de cualquier otra índole que puedan poner su vida en peligro. Cada animal tendrá que pasar un reconocimiento veterinario periódico que tendrá que quedar registrado.

Además, cada animal tendrá que estar permanentemente localizado e identificado y en caso de pérdida o robo se deberá comunicar a las autoridades en un máximos de 48 horas, ya que tampoco se dejar ningún animal sin vigilancia durante un máximo de tres días, algo que en el caso de los perros no podrá superar las 24 horas consecutivas.

La nueva norma responsabiliza al titular de los daños, perjuicios o molestias que estos puedan provocar a personas, a otros animales o cosas, espacios públicos o al medio natural y establece un régimen de sanciones.

Tras la entrada en vigor de la ley, dentro de seis meses, quedará prohibido cualquier tipo de abandono y maltrato, agresión o negligencia que provoque a los animales sufrimiento, daño físico o psicológico o su muerte; dejar animales sueltos especialmente en Parques Nacionales, cañadas donde pastan rebaños o animales u otros espacios naturales protegidos donde puedan causar daños a las personas, al ganado o al medio natural.

Del mismo modo queda prohibido emplear animales en espectáculos públicos, en actividades artísticas turísticas o publicitarias, que les causen angustia, dolor o sufrimiento, aunque quedan fuera los espectáculos taurinos.

También se eliminan "en todo caso" las atracciones mecánicas o carruseles de feria y el uso de animales silvestres en los circos, así como usarlos de forma ambulante o ejercer la mendicidad valiéndose de ellos, excepto las personas sin hogar, que sí podrán estar acompañadas de sus animales.

Tampoco se podrá alimentar a los animales con vísceras, cadáveres y otros despojos de animales que no hayan superado los oportunos controles sanitarios, ni se podrá usar a los animales como reclamo, recompensa, premio, rifa, promoción publicitaria.

Se prohíbe asimismo las peleas de perros o su adiestramiento o la instigación a estos para agredir a otros animales o personas.

Del mismo modo, queda prohibido expresamente el sacrificio de animales en cualquier circunstancia, por ejemplo, vejez, enfermedad, no encontrar un adoptante o por cuestiones económicas, excepto bajo eutanasia justificada y controlada por veterinario solo en el caso de evitar al animal su sufrimiento por causas no recuperables que comprometan la calidad de vida del mismo. Tampoco se les podrá practicar ningún tipo de mutilación o modificación corporal permanente.

Igualmente, ningún animal vertebrado podrá estar atado o deambulando sin supervisión ni se podrá mantener de forma habitual a perros ygatos en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios y similares o vehículos, ni llevar animales atados a vehículos a motor en marcha.

La selección genética que conlleve alteraciones graves en la salud del animal también se elimina, igual que la cría comercial de cualquier especie de animal por criadores que no estén inscritos en el Registro de Criadores de Animales de Compañía, que también es de nueva creación, así como tampoco se podrá vender perros, gatos y hurones en público ni exhibirlos en escaparates. Queda prohibida del mismo modo la venta en Internet de cualquier tipo de animal.

Tampoco podrán participar animales en exposiciones de belenes, cabalgatas o procesiones en las que el animal se mantenga de forma incompatible con su bienestar, ni tampoco podrán participar en romerías y ferias cuando haya exceso de calor.

Una vez entre en vigor la norma, se podrá acceder con animales de compañía a los medios de transporte, establecimientos y espacios públicos, en establecimientos públicos y privados, los alojamientos hoteleros, restaurantes y bares. Igualmente, tendrán acceso a edificios y dependencias públicas y a los albergues, refugios, centros asistenciales destinados a la atención de personas en riesgo de exclusión social, personas sin hogar o víctimas de violencia de género.

Otra de las novedades de esta ley es el hecho de que para poder tener un perro se deberá realizar un curso de formación, cuya validez es indefinida y durante toda la vida del animal su titular deberá tener en vigor un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros.

Por otro lado, se crearán un Listado de especies silvestres que se pueden tener como animales de compañía; un Consejo Estatal de Protección Animal, que será un nuevo órgano consultivo del Ministerio en el que participarán las comunidades autónomas, la FEMP y organizaciones sectoriales al que asesorará un —también nuevo— Comité Científico y Técnico.

En esa línea, se crea la Estadística de Protección Animal y se tendrá que elaborar un Plan Estatal de Protección Animal y planes territoriales, que deberán incluir medidas orientadas a eliminar el maltrato animal y a reducir el abandono.

Por otro lado, los Ayuntamientos quedarán obligados a recoger durante 24 horas animales extraviados y abandonados y alojarlos en un centro de protección animal, propio o bien a través de acuerdos con entidades privadas. Los centros públicos de protección animal estarán obligados a esterilizar a los perros, gatos y hurones que lleguen a estos centros.

Por último, antes de final de este año, en el plazo de tres meses a la entrada en vigor de la norma el Gobierno deberá presentar un proyecto de Ley de grandes simios.

El Congreso de los Diputados ha aprobado el proyecto de Ley de reforma de la Ley Orgánica del Código Penal en lo relativo al delito del maltrato animal, en la redacción que aprobó la Cámara Baja hace semanas porque el carácter orgánico de la norma obligaba a aprobar el texto en su conjunto por mayoría absoluta, algo que el Ejecutivo no ha conseguido.

El Gobierno se ha quedado prácticamente solo en la votación, con los apoyos de PSOE, UP y EH-Bildu y la abstención de Junts x Cat y Teruel Existe. Por el contrario, PP, Vox, PNV, ERC, Cs, Más País-Verdes Equo, Compromís, PdCat y BNG han votado en contra en contra.

Las enmiendas planteadas por el Senado habían sido aprobadas previamente por el pleno del Congreso al requerir mayoría simple, pero al tratarse de una Ley Orgánica se requerían 176 votos en la votación de conjunto, pero no se ha logrado, por lo que finalmente decaen los cambios incorporados por el Senado y queda aprobado el texto que en su día aprobó la Cámara Baja.

Los cambios rechazados afectaban a que los jueces puedan decidir el decomiso de animales maltratados así como otros que también estuvieran en riesgo y para atender a su protección; una pena de privación del derecho a tenencia y porte de armas de 2 a 4 años a quien haya utilizado armas en actividades de caza, pesca, a quien adquiera, posea o destruya especies protegidas de fauna silvestre; trafique con ellas, sus partes o derivados de las mismas; realice actividades que impidan o dificulten su reproducción o migración.

Asimismo, se privaba del derecho a la tenencia y porte de armas de dos a cinco años a quien cazase o pescase especies distintas, cuando estuviese expresamente prohibido por las normas específicas sobre su caza o pesca, en cuyo caso el castigo sería de una pena de multa de ocho a doce meses e inhabilitación especial para el ejercicio de cazar o pescar de dos a cinco años.

Una de las modificaciones que más debate suscitó en la tramitación parlamentaria y que finalmente salió adelante en el pleno del Senado era la supresión del artículo 337 relativo al castigo previsto en el caso del maltrato a animales con lesiones graves a la salud de estos o el sometimiento de los mismos a explotación sexual a animales domésticos, amansados o que no vivan en estado salvaje.

En su lugar, se introducía un nuevo artículo el 340 bis para regular precisamente los actos de carácter sexual con animales para que quien causase a un animal doméstico daños o lesiones por cualquier medio incluidos los actos sexuales tuviesen una pena de prisión de tres a dieciocho meses o una multa de seis a doce meses así como una pena de inhabilitación para cualquier profesión que tenga relación con animales y prohibición de tenencia de animales si el animal maltratado requería un tratamiento veterinario para su restablecimiento.

Sin embargo, si las lesiones no requerían de ningún tratamiento veterinario, la pena sería de tres a doce meses o una multa de tres a seis meses así como inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de la profesión, oficio o comercio que tenga relación con animales y tenencia de animales.

Además, la Cámara Alta había introducido que los jueces de instrucción pudieran adoptar medidas cautelares para la protección de los animales, incluidos cambios provisionales de la titularidad y cuidado del animal. Todos estos cambios no se incluirán en el texto que se publicará próximamente en el BOE, al no haber obtenido mayoría absoluta la votación de conjunto a la que se ha sometido el texto por ser una ley orgánica.

La primera ley estatal que regula la relación con los animales de compañía está cerca de ser una realidad. La norma, elaborada bajo la cartera de Derechos Sociales que dirige Ione Belarra, ya se ha aprobado tanto en el Congreso como en el Senado, y solo le falta superar una última votación en la Cámara Baja para ratificar algunas de las enmiendas incluidas esta misma semana, aunque se calcula que no entrará en vigor hasta el verano. En el momento en que lo haga, elevará las penas de maltrato, abandono y sacrificio de animales, fomentará la adopción sobre la compra de mascotas y regulará la tenencia responsable de animales, entre otras novedades. En la práctica esto, se traduce en nuevas obligaciones para los dueños de mascotas.

Sin embargo, los hogares que tienen animales de compañía —casi 10 millones, según la patronal Anfaac—pueden no tener muy claras cuáles son esas obligaciones tras los bulos que han salido al calor de la ley, promocionados por los portavoces de PP y Vox o sus satélites mediáticos. Desde la prohibición de comprar perros o la obligación de esterilizar a todas las mascotas a noticias que afirman que la ley despenaliza la zoofilia o que puede conllevar penas de cárcel para aquellos que maten a una rata. 

Fue el diario ultra Libertad Digital el que lanzó el bulo de que la ley de bienestar animal despenaliza la zoofilia cuando no se producen lesiones. “La zoofilia, las relaciones sexuales con animales, hasta ahora considerada un delito penal, dejará de serlo con la reforma del Código Penal aprobada el 9 de febrero”, reza el texto publicado en LD. Esa mentira llegó hasta la sala de prensa del Congreso en forma de pregunta al portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, que dio pábulo a esa falsedad. “Deberían preguntarle a Podemos si han pensado cómo van a obtener el consentimiento de los animales, las gallinas, con las que quieran mantener relaciones sexuales”, señaló. 

Lo cierto es que la ley no despenaliza la zoofilia, porque nunca ha estado penalizada. Hasta ahora únicamente estaba “tipificada la explotación sexual de los animales”, esto es, cuando hay lucro económico. “Ahora, en lugar de explotación sexual, se tipificarán todos los actos sexuales con animales. En el caso de que produzcan lesiones serán considerados delitos; en el resto –más leves– se tipificarán como maltrato de obra”, señalan fuentes del ministerio de Derechos Sociales.

“Quien mate una rata en su casa afronta hasta 18 meses de prisión según la ley animal de Belarra”. Es el titular que el periódico El Español publicó el pasado 18 de febrero, que trataba de argumentar así dentro de la pieza: “Con la nueva ley se abre la veda a que se tipifique como delito con pena de prisión por golpear o acabar con la vida de animales no domésticos. Es decir, cualquier animal con cráneo y espina dorsal, como ratas, ratones o serpientes que pudieran entrar en casa. E incluso palomas urbanas en la calle”. Esta mentira corrió como la pólvora y fue utilizada por la diputada del PP, Milagros Marcos, en el Congreso: “Ahora un paisano de pueblo puede ir a la cárcel por matar a una rata”, aseguró.

La polémica surge por la interpretación del término “animales vertebrados” recogido en la ley. Con este término, desde el ministerio querían incluir a aquellas “conductas de maltrato a animales silvestres que viven libres en su medio natural y que, si no pertenecen a especies protegidas, resultan impunes”. Sin embargo, esto no implica que matar a una rata conlleve penas de cárcel. “En el caso de que una persona no autorizada legalmente mate un animal en una situación como la del ejemplo de la rata o, por ejemplo, el ataque de un animal doméstico o de compañía, el código penal prevé en su artículo 20 una serie de causas de exención de responsabilidad penal”, explican en Derechos Sociales, como que la persona obre en defensa propia o se vea obligada a hacerlo por un miedo insuperable.

No, no se castigará más el maltrato a una mascota que a una persona. Este bulo, sustentado en varios medios de comunicación, llegó después del crítico informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el proyecto de ley. Lo que señaló el órgano de gobierno de los jueces es que la pena establecida para quien maltrate a una mascota con el objetivo de causar daño a su pareja o expareja es superior a la fijada para las lesiones leves a la propia pareja.

Lo que dice la ley es que conllevará penas más altas el hecho de maltratar o matar a la mascota de tu pareja con la intención de infligir daño psicológico en esa persona que llevar a cabo otro tipo de violencia como la coacción, la amenaza o la intimidación a la pareja, sin uso de violencia física. "La pena por un delito de lesiones sin intervención veterinaria es más leve que la de lesiones sin tratamiento médico. En el caso de que la lesión se infrinja a un animal se podrá conmutar por trabajos en beneficio de la comunidad y si es a una persona, siempre habrá multa”, señalan desde el departamento de Belarra.

“Adiós al hámster, tortuga y periquito: la lista de mascotas prohibidas según la ley de Ione Belarra”, fue otro de los titulares de Libertad Digital sobre la ley. “Adiós a los hámsters: las 15 populares mascotas que ya no podrás tener en casa con la nueva Ley Animal”, publicó también el diario La Razón. Un bulo replicado por programas como Cuatro al Día o Sálvame al que también se sumó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: "A los niños se les anima a tener relaciones sexuales con quien quiera, pero no que se les ocurra adoptar un hámster".

Y no, no es cierto que la ley vaya a prohibir tener estas mascotas. La polémica se generó por un artículo de la ley que contempla la creación de un listado positivo, es decir, una clasificación de especies protegidas que determina qué especies podrán ser adquiridas como mascotas: aquellas que no supongan un problema para la biodiversidad, que no suponga un problema para la salud pública y que no sea un peligro para la seguridad ciudadana. En ese sentido, desde el ministerio de Derechos Sociales aseguran que no se va a prohibir tener hámsters, tortugas o periquitos en casa.

La nueva norma no obligará a esterilizar obligatoriamente a las mascotas, como aseguraron desde la Real Federación Española de Caza. Esto únicamente se prevé para animales que viven sin ningún control o en semilibertad. Sí será obligatoria la esterilización para los perros en adopción desde una entidad de protección animal, como ya ocurre en la mayoría de las comunidades. 

La ley promueve la adopción, pero no prohíbe la compra de mascotas. Lo que permite es la comercialización de animales vivos por parte de criadores autorizados y con licencia en vigor. Además, el artículo 32 de la norma sí incluye la prohibición expresa de la venta de animales en tiendas, una práctica que se estaba realizado desde las administraciones de muchas y la razón por la que ya no se ven animales como perros o gatos en las tiendas de mascotas, aunque sí se pueden ver conejos, reptiles, aves y peces. Con la nueva norma, los peces son los únicos que podrán seguir siendo exhibidos en los comercios

El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado finalmente este jueves el proyecto de ley de bienestar animal, que excluye de su aplicación a los perros de caza y otros animales de trabajo, como defiende el PSOE y también la reforma del Código Penal para modificar las penas por delito de maltrato animal por 178 a favor, 165 en contra y 5 abstenciones, según ha informado Europa Press.

La norma de bienestar animal ha obtenido los 174 votos a favor de PSOE, UP, ERC, EH-Bildu y CUP; la abstención de BNG, Teruel Existe y Compromís y 172 votos en contra del PP, Vox, Cs —que inicialmente había anunciado su abstención—, PNV, PdeCat, Junts per Cat, Más País-Verdes Equo, UPN, Foro Asturias y PRC.

El texto de la ley ha sido aprobado con varias enmiendas pactadas. En concreto, han sido respaldadas dos enmiendas presentadas por EH-Bildu: una que impide derogar el régimen jurídico de tenencia de animales potencialmente peligrosos, y otra, para mejorar la coordinación de los registros autonómicos de animales de compañía, pero de acuerdo con el ejercicio de las competencias de estas.

Además, se ha incluido en el texto legislativo una enmienda de ERC para el tratamiento de los gatos y las colonias felinas, de modo que quedan al margen de ser reubicados o desplazamiento de los gatos, los que viven en libertad y supongan un impacto negativo a los espacios naturales protegidos y Red Natura 2000 o un impacto negativo a la fauna protegida o un riesgo para salud y la seguridad públicas o que sea incompatible con la propia preservación de la calidad de vida de los propios mininos.

Asimismo, otra enmienda transaccional de ERC elimina ciertos requisitos para el transporte de animales de compañía destinados a actividades deportivas o lúdicas, incluidas las cinegéticas, que se efectúe mediante remolques, carros o jaulas. Otra enmienda más de ERC, que cuenta con el apoyo de PSOE, modifica los artículos relativos al artículo competencial de la norma y establece la parte de la ley que será de aplicación en el conjunto del Estado.

Finalmente, el pleno ha aprobado una enmienda transaccional planteada por Unidas Podemos y que cuenta con el apoyo del PSOE por la que se elimina la disposición adicional séptima relativa a las condiciones del mantenimiento de los cetáceos en cautividad.

En el debate, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha defendido que por primera vez España tendrá una ley que sirva "de paraguas de protección" en todo el país, que da un paso adelante para estar a la altura de la sensibilidad de los ciudadanos y que "empezará a terminar con la impunidad de la que han gozado los maltratadores".

"Es un orgullo para mi ser ministra de un país que ama a los animales y los cuida y es mi voluntad, hoy y mañana, trabajar por su protección y bienestar", ha manifestado Belarra que ha destacado respecto a la modificación del Código Penal propuesta que permitirá que los "desalmados" que utilizan la violencia contra los animales como instrumento para contra las mujeres vean agravado este comportamiento.

La ministra ha agradecido el apoyo de los grupos ERC, EH-Bildu y PdCAT, pero ha lamentado que se haya roto en el Parlamento el consenso que construyó el Gobierno para proteger a todos los animales y, en especial a los de caza.

Belarra ha subrayado que la norma previene y lucha contra el maltrato y el abandono de los animales, que cifra en 700 al día, y evita el sacrificio de los perros y gatos que son abandonados o no adoptados en las protectoras y que no se deba a motivos eutanásicos.

La ministra ha añadido que para evitar el abandono se establecen medidas para garantizar la identificación de los animales en todo el territorio, crea un registro de criadores y fomentará la tenencia responsable. Por ello, ha advertido a quienes han votado en contra de que tendrán que reconocer que se equivocaron.

En ese contexto, ha admitido que la tramitación de la norma ha sido "enormemente difícil" y ha agradecido a los diputados que han trabajado en la norma, a las entidades de protección animal bajo el lema Mismos Perros, Misma ley para que la legislación fuera "lo más ambiciosa posible".

"Hemos llegado tan lejos como hemos podido con las fuerzas que tenemos. Más lejos de lo que había llegado nunca antes España en la defensa de los derechos, pero no tan lejos como querríamos pero más lejos de lo que nunca imaginamos que íbamos a poder llegar", ha apostillado.

La Comisión Europea examinará si debe legislar contra la experimentación de cosméticos en animales después de que la iniciativa ciudadana europea (ICE) que pide prohibir los test de cosméticos en animales haya reunido 1,2 millones de firmas en 22 países, según informa Europa Press.

Bruselas recibirá en las próximas semanas a los promotores de la iniciativa Salvemos los cosméticos libres de crueldad que clama por una Europa sin experimentación animal y que se ha convertido en la novena en tener éxito al superar el millón de apoyos para debatirla en detalle, mientras que la Eurocámara organizará una audiencia pública.

El texto de la iniciativa reclama el refuerzo y la ampliación de las prohibiciones vigentes en la Unión Europea (UE) sobre la experimentación de cosméticos en animales y la comercialización de ingredientes probados en ellos.

Además, solicita que se adopte una propuesta legislativa que establezca una hoja de ruta para eliminar progresivamente toda experimentación en animales antes de que finalice el actual mandato de la Comisión, que expira el 31 de octubre de 2024.

El Ejecutivo comunitario tendrá hasta el 25 de julio de 2023 para presentar su respuesta formal, indicando los pasos que piensa dar al respecto y que pueden pasar por proponer legislación, tomar nuevas medidas no legislativas o no implementar ninguna. Para tener éxito, una ICE debe recopilar al menos un millón de firmas validadas y debe cumplir un objetivo mínimo en al menos siete países diferentes de la UE.

La iniciativa por una UE libre de experimentos de cosméticos en animales fue lanzada en agosto de 2021 por Cruelty Free Europe, Eurogroup for Animals, la Coalición Europea para Terminar con los Experimentos en Animales, Humane Society International/Europe y PETA, con el apoyo de varias empresas globales de belleza y cuidado personal.

Pacma denuncia este domingo el ensañamiento y la violencia durante el toro embolado de Oropesa del Mar, Castellón. Como parte de su campaña contra la tauromaquia, el partido animalista muestra cómo el animal es zarandeado, acosado y perseguido por la calle durante la celebración de unos Bous al Ravalet.

En las imágenes grabadas por Pacma se observa como el toro intenta huir de manera desesperada, pero le es imposible, ya que le tiran del rabo y se resbala. Según recuerda el presidente de la formación, Javier Luna, “cada año miles de animales sufren y mueren en festejos populares de este tipo por todo el país”.

Por ello, Pacma insiste en que lleva años documentando este tipo de ensañamientos con el objetivo de presionar a las administraciones para un control y, por ende, un cambio. “Ya es hora de que el Gobierno se responsabilice y actúe para que dejen de celebrarse. No puede ser que a estas alturas sigamos viendo estas terribles imágenes, que contribuyen a la normalización de la violencia hacia los animales en nuestra sociedad, y no hagan absolutamente nada al respecto”, crítica Luna.

El partido apela también a los ayuntamientos y los gobiernos autonómicos, de manera específica, ya que son ellos los responsables directos de estas fiestas donde los animales son tratado de forma cruel. En la misma línea, Pacma hace un llamamiento a la ONU para que reflexionen sobre el peligro que hay en para infancia ante esta violencia, debido a que son muchos los niños que se exponen al ensañamiento directo que se producente durante estos festejos.