La misión Artemis II de la NASA está recibiendo un tratamiento mediático que, para quienes tienen una cierta edad, puede parecer desproporcionado. Basta con recordar que llegó un momento en el que los vuelos del programa Apolo –24 en total entre 1969 y 1972, incluyendo 6 paseos por el suelo lunar a cargo de 12 astronautas– llegaron a ser casi una rutina. Nada quita que el sobrevuelo lunar de Artemis II suponga, sesenta años después, una nueva muestra de la más avanzada tecnología espacial estadounidense, empleando el cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial; el más grande construido por EE UU) y llevando a cabo la primera misión tripulada de la nave espacial Orión. También lo es que haya llevado a sus cuatro tripulantes al punto más lejano de la Tierra y que haya orbitado por la cara oculta de la Luna.

Pero esos detalles no pueden ocultar una cierta sensación de déjà vu, cuando se recuerda que ya en 1966 la Unión Soviética posó la sonda Luna 9 en el suelo lunar, que China hizo lo propio en 2013 con su Chang'e 3, al igual que India en 2019 con la nave Chandrayaan-2 (con el añadido de un alunizaje de la Chandrayaan-3 en el polo sur lunar, en 2023) y Japón, en 2024, con la sonda Smart Lander. Más aun, China es el único país que ha logrado alunizar en la cara oculta de nuestro satélite y traer valiosas muestras de regreso.

En primera instancia ese monumental esfuerzo suele explicarse haciendo mención a la infinita curiosidad y al ansia humana por llegar más lejos y más alto, acompañado de argumentos que ponen el énfasis en el imparable desarrollo científico y tecnológico del que toda la humanidad puede beneficiarse. Y, siendo eso cierto, es necesario añadir inmediatamente que, desde su nacimiento, la carrera espacial tiene también un marcado componente geoestratégico y geoeconómico.

Ya en la Guerra Fría quedó claro que la competencia en el espacio exterior era uno más de los frentes abiertos por la hegemonía mundial entre Washington y Moscú, con el segundo sorprendiendo al mundo en 1957 con el lanzamiento del satélite Sputnik y el primero acelerando de inmediato para ser el primero en poner el pie en la Luna, en 1969. Actualmente, con Estados Unidos, China y Rusia por delante, resulta evidente que esa competencia sigue explicando en gran medida los esfuerzos para contar con los cohetes más potentes y las tecnologías necesarias no ya solo para colonizar nuestro satélite, sino para ir mucho más allá. A fin de cuentas, esos vehículos de lanzamiento son los mismos que pueden lanzar desde un satélite meteorológico hasta una constelación de sistemas de posicionamiento global o un misil balístico intercontinental.

Precisamente para evitar que el espacio exterior sea empleado para usos militares y que algún país se apropie de algún objeto celeste contamos, desde 1967, con el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, ratificado por 118 países, con otra veintena que tan solo lo ha firmado. En todo caso, el desarrollo tecnológico de estas últimas décadas ha dejado prácticamente invalidado ese instrumento internacional y es muy visible el acelerado ritmo de movimientos –con el añadido de Israel, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos y Unión Europea, que ya han lanzado sondas y satélites, pero nunca han alunizado– para tomar posiciones de ventaja en una militarización espacial que parece imparable.

A eso se suma el estímulo crematístico. Por un lado, ahí están los megaempresarios de alta tecnología fabricando cohetes más y más potentes, tanto para cubrir el hueco que han dejado las agencias espaciales públicas, ofreciéndolos a gobiernos interesados en participar en la carrera espacial, como a quienes dispongan de los recursos económicos suficientes para convertirse en turistas espaciales. Por otro, en el marco de la creciente competencia por el control de recursos escasos, sobre todo minerales críticos y materias primas energéticas, se repite la misma pauta de comportamiento que en nuestro propio planeta, con una pugna abierta para acaparar (y, por tanto, negar a otros) el acceso de elementos que pueden determinar la hegemonía mundial en el inmediato futuro.

Y, por si esto no fuera suficiente, también hay que contar con el interés de buena parte de los llamados transhumanistas por contar con los medios necesarios para abandonar el planeta cuando la crisis climática, el uso de armas de destrucción masiva o cualquier otra circunstancia haga invivible la Tierra. De ese modo, lo que a algunos puede parecerles una pesadilla propia de iluminados o fanáticos, también hay que incluirlo entre los factores que explican la reactivación de los programas espaciales, aunque solo sea porque muchos de ellos son los mismos empresarios que pululan por Silicon Valley.

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Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció este lunes la muerte del jefe de la inteligencia de la Guardia Revolucionaria, Mayid Jadamí, en uno de sus ataques contra Teherán, asegurando que se trataba de "uno de los tres altos mandos de la organización".

Irán también ha confirmado la muerte de Jadamí este lunes tal como había informado anteriormente Israel, en el más reciente asesinato de un alto cargo de la República Islámica en la guerra.

"El destacado y respetado jefe de la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria ha alcanzado el elevado honor del martirio (muerte)", informó el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Jadamí, quien ostentaba el cargo de general de división, fue nombrado responsable de la Inteligencia de la Guardia Revolucionaria en junio de 2025, tras la muerte de su predecesor Mohamad Kazemi en el conflicto del año pasado con Israel.

Desde el comienzo de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero han sido asesinados numerosos altos cargos militares, entre ellos el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Mohammad Pakpur, o el jefe de Estado Mayor de las fuerzas armadas iraníes, el general Abdorrahim Musaví.

También fue asesinado el líder supremo de Irán, Alí Jameneí, o figuras políticas como Alí Lariyani, entonces el secretario del poderoso Consejo de Seguridad Nacional de la República Islámica. 

Utilizar la fuerza armada de forma ilegal contra países con fines políticos y económicos es terrorismo. No deja de serlo porque quien lo ordene vista uniforme, ocupe un despacho presidencial o forme parte de un bloque militar como la OTAN. La violencia deliberada contra poblaciones inocentes, con el objetivo de influir políticamente, es criminal, y sin embargo la comunidad internacional asiste con inquietante normalidad a su perpetuación, a menudo ocultando bajo el eufemismo de “operaciones militares” lo que son patrones de violencia sistemática con consecuencias devastadoras.

Los datos hablan por sí mismos. En el conflicto entre Israel y Gaza, las cifras oficiales de muertos y heridos incluyen una proporción abrumadora de población civil: mujeres, niños, personas mayores y profesionales sanitarios atrapados en medio de hostilidades intensas. Los registros de organizaciones internacionales y ONG sitúan a miles de víctimas civiles directas, y testimonios detallados denuncian la destrucción de barrios enteros y la desprotección de la población ante ataques indiscriminados. Israel: ha usado al pueblo palestino con la misma lógica que emplearon los nazis contra los judíos.

En Europa del Este, la guerra iniciada por Rusia en Ucrania ha destruido ciudades enteras y ha provocado decenas de miles de muertes desde 2014, con picos dramáticos desde 2022. Millones de personas han sido desplazadas, muchas de ellas mujeres y niñas, obligadas a abandonar hogares y vidas por el avance de operaciones que no distinguen entre objetivos militares y zonas civiles densamente pobladas.

Estas cifras no son estadísticas frías: son vidas, familias rotas y generaciones marcadas por la violencia. Y pocas veces se escucha vinculándolas con un término que, por definición, debería aplicarse: “Terrorismo de Estado”.

Las consecuencias no se limitan a la tragedia humana. El impacto económico de los conflictos contemporáneos es colosal y trasciende fronteras. Según estimaciones de institutos de análisis económico y de paz, el coste global de la violencia armada y los conflictos se sitúa en billones de euros al año, representando una parte significativa del PIB mundial. Parte de ese gasto proviene de los enormes presupuestos militares, pero una proporción creciente se destina a reconstrucción, atención a desplazados y estabilización de regiones devastadas.

Las economías locales, desde Gaza hasta Ucrania, se enfrentan a tasas extremas de desempleo, colapsos en sectores productivos clave y caídas abruptas del PIB. En Franja de Gaza, la destrucción de infraestructura esencial, industrias, hospitales y sistemas de agua y saneamiento deja una economía al borde del colapso. En Ucrania, la reconstrucción post-conflicto exigirá décadas de inversión, mientras que las tensiones en los mercados de materias primas y energía repercuten globalmente, encareciendo alimentos y combustibles en economías vulnerables.

Es imposible separar estos costes humanos y económicos de las decisiones políticas que los causan. Ni tampoco ignorar que cuando las potencias globales normalizan estas prácticas, se legitima una forma de violencia que debería ser rechazada con claridad moral y legal.

Resulta sorprendente, y profundamente preocupante, que en pleno siglo XXI exista tolerancia no solo social sino diplomática hacia prácticas que constituyen terrorismo de Estado. Que un Estado miembro de la OTAN, una alianza fundada bajo principios de defensa colectiva y respeto por los derechos humanos, normalice o encubra acciones con impacto devastador para la población civil es una anomalía que debilita la credibilidad de todo el sistema internacional de seguridad y derechos.

La tolerancia política y social ante estos hechos no es mera indiferencia: es complicidad.

Permite que la violencia sistemática se perpetúe sin rendición de cuentas, y socava los valores que, en teoría, deberían guiar la política internacional.

No puede haber dobles estándares. Si definimos terrorismo como el uso de violencia contra civiles con fines políticos, entonces debemos aplicar esa definición de forma coherente, independientemente de la identidad del perpetrador o de su lugar en el orden mundial. La jerarquía de potencias no puede servir de escudo frente a la justicia moral.

Negar esta realidad no protege la estabilidad global, sino que la erosiona. Es hora de que la sociedad civil, los medios y las instituciones internacionales exijan una revisión crítica de cómo se interpreta y aplica el término “Terrorismo”. Defender la coherencia ética no es una postura ideológica: es una exigencia de justicia para las víctimas y una necesidad para la paz sostenible.

Porque el terrorismo no pierde su nombre por venir envuelto en banderas o alianzas. Y cada día que miramos hacia otro lado, esa violencia deja de ser excepción para convertirse en política aceptada.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

España se ha convertido en la retaguardia de Europa. La guerra cultural ha dado paso a la guerra cognitiva. Ya no se disputa una identidad. Lo que está en guerra es la dominación del mensaje, de la idea, del cerebro. Peter Thiel ha traído el anticristo, un mundo sin reglas, y León XIV, el pastor de los que no tienen nada, un humanismo universal sostenido sobre la idea de orden. En ese contexto, España se ha convertido en la retaguardia de Europa. ‘No a la guerra’ es un mensaje que ofrece refugio, seguridad. En París o Berlín, en Nueva York o Pekín, nadie pierde de vista que España tiene un crecimiento económico del 3% y está en condiciones de soportar mejor que otros países la próxima crisis económica. Lo demás es ruido, un ruido incesante, doméstico. 

Hay demanda de estabilidad. Si la guerra en Irán se prolonga hasta agosto, desde el Gobierno se prevé una desaceleración económica de, al menos, cinco años.  En la retaguardia de Europa se observa la victoria de la socialdemocracia en París, Lyon y Marsella como una reverberación de ese ‘no a la guerra’ que principió en Soria. Desde el otro lado de los Pirineos, el referéndum en Italia se interpreta como la defensa de su constitución. Un duro alegato el de los italianos a favor de la estabilidad. El laboratorio Borgen, con Groenlandia protegida por contingentes de tropas danesas, trae de nuevo al mapa europeo el equilibrio en forma de reelección socialdemócrata. La estabilidad ahuyenta al diablo. 

En España, algo ha cambiado. ¿Ha terminado ya el reemplazo? Continúa. Lo que sí podemos dar por concluido es el ciclo autonómico donde las derechas midieron sus fuerzas. El mayor logro para Vox en estos caucus habrá sido concluir el proceso con tres gobiernos constituidos, Extremadura, Aragón y Castilla y León, antes de que Moreno Bonilla inicie su tercera campaña electoral. A Vox le ha llegado el momento de ejercer el poder. Abascal debe demostrar que no sólo es capaz de romper ejecutivos. También tiene el poder de formarlos. Su mejor destreza será convencer a los demás de su autoridad: Kiko Méndez Monasterio tiene la llave para dictar cuándo terminan las negociaciones con el PP. La industria de la actualidad, hecha de fogonazos rápidos y amnésicos, dará paso a otras elecciones donde se dirimirá otra cosa: el valor de la estabilidad.

Las elecciones de Andalucía ya no responden a unas primarias entre PP y Vox. Trump no cotiza, pero sí lo hace la estabilidad. Esa es la gran lección que deberían aprender Kiko Méndez Monasterio y Santiago Abascal, al que se ha visto en Budapest junto a Orban en la cumbre de los patriotas antes de que se someta al escrutinio de los húngaros el próximo 12 de abril. 

La estabilidad es la mercancía electoral que congrega a la oferta y la demanda en las elecciones andaluzas. Los terceros comicios de Juan Manuel Moreno Bonilla ofrecen orden. Y este orden se proyecta en todos los aspectos de la vida, desde todos los ángulos en los que se construye la esfera de lo humano. La sociedad busca refugio en aquello que resulta tangible, previsible y seguro. ¿Es el PP andaluz un refugio seguro? Lo sabremos el 17 de mayo. 

Cualquier comicio debe tener un propósito electoral. El de Moreno es ofrecer estabilidad a sus votantes frente a una industria de la actualidad que dibuja escenarios de colapso, desorden o caos. Ormuz aprieta pero no tanto. Moreno Bonilla convoca a sus votantes el 17 de mayo. En Génova ya reconocen que no se cumplirá el plazo límite del 1 de abril que fijó Alberto Núñez Feijóo para alcanzar pactos con Vox. Abascal se juega su autoridad y Moreno Bonilla ser el refugio de Andalucía.

Estamos a las puertas de un nuevo mundo. Lejos de ser un futurible, 2026 ha demostrado que es una realidad: el golpe de Estado de EEUU a Venezuela con la captura ilegal de Nicolás Maduro, las amenazas de Trump a Dinamarca (y, en consecuencia, a Europa) por Groenlandia o la guerra abierta en Oriente Medio son una pequeña muestra de la deriva a la que nos dirigimos. De esta premisa parte el nuevo libro de Enric Juliana y Esteban Hernández, Viaje hacia un Nuevo Mundo (Arpa), donde los autores tratan de auscultar los síntomas y los efectos de un presente convulso y un futuro incierto. 

Enric y Esteban necesitan poca presentación. El primero, reputado periodista y analista político, lleva más de 30 años escribiendo en La Vanguardia donde ha sido desde jefe de redacción hasta corresponsal en Roma durante cuatro años. Hoy es el director adjunto en la sede de Madrid. Cuenta que el periodismo le ha permitido ser cronista de muchos cambios en el mundo, pero que nunca ha vivido en un momento con “tanta envoltura” en el terreno de la política internacional como este. 

Esteban Hernández es abogado, periodista, analista político y, actualmente, jefe de opinión de El Confidencial. Ambos llevan trabajando en el libro desde octubre, tomándose cafés y charlando con una grabadora delante para construir un diálogo que consiga captar la esencia de un mundo caótico. Pese a ello, reconocen, “para el título del libro buscamos algo que no fuera muy tétrico”.

¿Cómo es este Nuevo Mundo al que nos dirigimos?

Enric Juliana: Seguramente todos estamos un poco aturdidos. Este nuevo mundo lo que quiere decir, en definitiva, es que hay nuevas pautas que conducen a una dinámica nueva en términos históricos. Lo que buscamos con este libro es que la gente sea consciente de este cambio de época, pero con una consigna fundamental: que la vida persista en este caos, que exista algo de esperanza. En el primer trimestre de 2026 ya ha habido tres episodios potentes: una carambola inaudita en Venezuela con el secuestro a un jefe de Estado, la amenaza de invadir un territorio bajo la soberanía de un país de la Unión Europea como es Groenlandia y la guerra en Irán. Creo además que de las tres cosas no sabemos ni la mitad. Por eso una de las tareas de 2026 será ir explicando qué cosas que nos van a ayudar a dar sentido a lo ocurrido. Respecto a Venezuela, habrá que ver quién abrió la puerta de la habitación o, en el caso de Irán, será muy interesante saber quién ha ganado dinero y de qué manera con los cambios de la dinámica de los valores bursátiles y los precios del petróleo.

Es imposible no poner el foco en Oriente Medio, ¿qué se juega este nuevo mundo aquí?

Esteban Hernández: Se está reconfigurando el mundo en Oriente Medio. Todo confluye ahí: la energía, el eje entre el viejo y el nuevo mundo (Europa y Asia), los equilibrios de poder entre EEUU y China, el papel creciente de Israel, cada vez más relevante… y en todo ese entorno lo que hemos visto hasta ahora es el intento continuo de EEUU de controlar a Israel como potencia regional mientras trata de equilibrar los mercados. Desde Gaza hasta ahora todo ha ido en la misma dirección. 

¿Israel puede lograr la hegemonía en Oriente Próximo?

E.J: Aún hay muchas cosas que no se saben, pero de todo esto hay una conclusión clara: Israel se está comportando como un emirato. Se está orientalizando. Quiere ser el país dominante en la región, por eso absorbe lo que dice intentar combatir.

¿Qué ha supuesto la figura de Donald Trump en toda esta deriva?

E.H: Hay una desigualdad creciente que opera en términos de clases sociales, pero también en términos geográficos. Todo son transformaciones sistemáticas en las sociedades occidentales que llegan a Donald Trump. Trump no fuerza lo que existe, sino que todo eso se reúne alrededor de una figura que ejerce de detonante porque es el gobernante del principal país del mundo. Para entender el discurso de Trump, hay que entender cómo hemos cambiado nosotros como sociedad. 

Trump parece representar el fin de la política figurativa, ¿qué consecuencias puede traer el agotamiento del ‘soft power’ que siempre definió a Estados Unidos?

E.J: Hay una serie de marcos que existían desde el final de la II Guerra Mundial, que ahora están dejando de existir. Estamos todos en shock porque parecía que estos iban a aguantar y estamos siendo testigos de su desvanecimiento. En estos momentos queda claro que esto se está transformando hacia un mundo sin reglas, un mundo basado en la fuerza.

En noviembre de este año vienen las ‘midterms’ en EEUU. ¿Podrá consolidarse Trump en el poder sin solucionar antes los problemas que tiene en casa?

E.H: Vamos a ver cómo termina la guerra, cuándo termina y el daño económico que genera entre los habitantes de EEUU, pero lo cierto es que Trump, desde que ha llegado al poder, se ha comportado exactamente como aquello que decía estar combatiendo. Hacer lo contrario de lo que prometiste es algo que suele pasar factura con tus votantes. Si no hay una solución de aquí a noviembre es muy complicado que Trump tenga recorrido, pero va a seguir gobernando. No son unas elecciones presidenciales, gane o pierda le van a quedar dos años más.

El hilo rojo que traza los planes de EEUU tiene un claro objetivo: frenar a China, ¿qué se puede esperar de la potencia asiática?

E.J: Todos los movimientos de Estados Unidos tienen que ver con China: Venezuela, Irán e incluso Groenlandia, todos empiezan y acaban con China. Por su parte, China está observando y meditando mucho sus pasos. Nunca se ha comportado hasta la fecha como una potencia militar agresiva, no ha ocupado ningún país asiático y tiene pocas bases militares en el extranjero. Ha utilizado básicamente el comercio como articulador de sus intereses exteriores. Sí ha hecho una cosa silenciosa: ha dejado claro que las tierras raras las controlan ellos. Han desarrollado los sistemas de procesamiento y ese mercado se calcula que lo controlan un 80%.

E.H: China es la gran potencia comercial del mundo. Desde que comenzó la guerra de Ucrania ha disparado sus exportaciones. Es una de sus capacidades y Estados Unidos no puede competir con eso. Hasta ahora habían estado integrados, pero ya no y es muy difícil que una de las dos potencias renuncie a algo.

¿Puede haber un resurgir del sentimiento antiimperialista en América Latina debido a las continuas injerencias de Trump en el continente?

E.H: Siempre que hablamos de imperios, hablamos de colonias. Trump ganó las elecciones porque tuvo un discurso anticolonial: los extranjeros nos roban, los europeos no han pagado su parte de la factura, los chinos se llevan nuestras fábricas, los estadounidenses no importan… Este discurso es anticolonial, solo que Trump lo llama antiglobal. Buena parte de los nacionalismos presentes en Europa y fuera de ella tienen esos mismos rasgos. Ese discurso está ahí y es tan potente que ha ganado las elecciones en el país más importante del mundo. Por tanto, es muy complicado que no haya una prolongación con otra gramática del mismo discurso.

En Europa se ha pasado de hablar hace escasos años de transición ecológica a hablar hoy de rearme, seguridad y defensa ¿Qué ha pasado?

E.J: Hay un momento en el que la orientación industrial dominante en Europa se centra en la transición ecológica en la medida en que esta transición es en sí misma es un proceso industrial. Es Alemania la que, de alguna manera, dice: vamos a establecer unas normas. En un momento dado se produce una situación de crisis de la base energética de la industria alemana a partir del 2022 con el inicio de la guerra de Ucrania. Alemania se encuentra en falso porque han fiado todo al gas que traían de Rusia. Esto es muy relevante por lo que significa en términos históricos: cómo una potencia industrial decide cerrar las centrales nucleares sin tener plantas de regasificación en su costa. Todo estaba fiado a los gasoductos que traían gas de Rusia. No salió bien.

Se les ha complicado todavía más con la competición industrial china en el campo del automóvil eléctrico, esto ha generado una crisis existencial. Ahora se reorienta con el Estado inyectando dinero a la economía con la defensa. Por lo tanto, hay que invertir en el ejército pero no en términos de los años 30, sino en términos tecnológicos. Hay que construir el discurso que acompañe este proceso: adiós transición tecnológica, hola defensa. 

El próximo 12 de abril hay elecciones en la Hungría de Orbán, ¿pueden ser un plebiscito del futuro de la ultraderecha europea?

E.J: La verdadera cuestión es si un candidato apoyado simultáneamente por el presidente norteamericano y por el presidente de Rusia, puede perder unas elecciones en Europa en el año 2026. Más que un plebiscito político, estas elecciones van a ser una prueba sobre el tiempo que vivimos.

¿Hay un problema a la hora de hablar sobre política internacional en España?

E.H: Nos hemos pasado mucho tiempo creyendo que el mundo terminaba en los Pirineos. Desde hace poco, parece que estamos todos jugando al Risk. Esto nos distrae. Yo noto que hay un fallo cuando al final el ciudadano termina por no saber ni cómo son nuestras sociedades, ni nuestras transformaciones de clase o culturales. Jugamos con las grandes palabras, pero nos olvidamos de la ciudadanía y esto es tremendamente negativo.

“Si la UE desfallece, España se convertirá en un protectorado de EEUU”, es una frase de su libro. ¿Esto puede suceder?

E.J: Esto está escrito a modo de provocación para reflexionar sobre que, aunque parezca que el pasado se está borrando, hay huellas del pasado que no se van. Ya hubo un reparto de zonas de influencia y nos dimos cuenta que España por su ubicación geográfica forma más parte de los intereses de Washington que de los de Moscú o Pekín. En Madrid lo saben bien.

¿Es idílica la postura del Gobierno del ‘No a la guerra’ cuando el mundo parece ir en una dirección opuesta?¿La política internacional puede ganar unas elecciones?

E.H: La política exterior es el único espacio en el que España parece tener una estrategia. Hay una necesidad de pensar el país de nuevo, de ver cómo contamos los nuevos tiempos, hay falta de visión de estado, de una mirada a largo plazo sobre cómo cubrir las necesidades nacionales que está siendo sepultada por la imperiosidad del momento electoral y por las nuevas tendencias internacionales.

E.J: Ganar unas elecciones sólo con política exterior sería como ganar una guerra controlando únicamente la aviación. Ya te digo yo que unas elecciones sin fuerzas terrestres no se ganan.

De regreso a la jungla de la que durante un tiempo creíamos haber salido, tan visible es el desprecio de los más fuertes por el marco normativo e institucional que nos habíamos dado para regular las relaciones internacionales, como su desacomplejada apuesta por el poder como único factor a considerar a la hora de defender sus intereses e imponer su dominio sobre otros. Sin olvidar a Vladimir Putin y a Xi Jinping, Donald Trump es quien mejor representa este nuevo giro con su afán por revertir el debilitamiento de Estados Unidos como hegemón mundial.

En principio, ese retroceso histórico debería proporcionarle a Washington una considerable ventaja frente a cualquier competidor, en la medida en que sigue siendo hoy el actor más poderoso del planeta. En efecto, y aunque desde hace décadas se viene hablando del declive estadounidense y pronosticando el derrumbe de su imperio, es incontestable que aún sigue liderando la clasificación mundial en todos los ámbitos que determinan el poderío de todo Estado nacional. Así ocurre, en primer lugar, en el terreno militar, con una capacidad muy superior a la de cualquier otro país en el nivel convencional y a la par del que ostenta Rusia en el terreno nuclear. Y por mucho que China esté acelerando la modernización de sus fuerzas armadas, incluyendo su poder naval y su arsenal nuclear, todavía queda por debajo en potencia global, con Rusia todavía más atrás.

Lo mismo cabe decir en el campo económico. Por mucho que su dominio no sea tan aplastante como hace medio siglo, todavía sigue siendo la primera potencia económica, con un 26% del PIB mundial (frente al 17% de China y el 1,8% de Rusia), mientras el dólar continúa siendo la moneda de referencia. Precisamente esa percepción de pérdida de protagonismo ante la emergencia de Pekín es lo que alimenta el plan de Trump –mezclando aranceles y ventajas fiscales– para recuperar el atractivo de su país como destino predilecto de los inversores internacionales y para volver a convertirse en la principal potencia manufacturera. Para ello cuenta con el hecho de seguir siendo también la mayor potencia tecnológica del mundo, convertido desde hace mucho tiempo en un poderoso imán que atrae capital humano a sus universidades, sus centros de investigación y sus empresas más punteras.

Por si eso fuera poco, Estados Unidos es, asimismo, la primera potencia cultural del planeta, capaz todavía de establecer y marcar tendencias en todas las manifestaciones culturales, proyectando un modo de vida que muchas personas toman como referentes a imitar. Un terreno en el que tanto Pekín como Moscú quedan en posiciones muy atrasadas al no ser capaces de generar un atractivo similar para otros pueblos. Eso le permite, por un lado, contar con simpatías generalizadas cuando pretende sumar fuerzas con otros y anular potenciales amenazas contra sus intereses cuando otros competidores pretenden crear coaliciones antiestadounidenses.

Por último, también en el ámbito energético EEUU figura ya como el primer productor mundial de petróleo y gas, materias primas que siguen siendo los principales motores de la actividad económica a escala mundial. Explotando sin reparos medioambientales sus considerables reservas de hidrocarburos, ya está por encima de Rusia y Arabia Saudí como suministrador de muchos países; lo que le concede una considerable palanca de dominio.

Todo eso, en apenas un año de mandato, es lo que Trump ha despilfarrado hasta convertir a Estados Unidos en un actor que inspira mucho más rechazo que simpatías. El problema es doble. Por un lado, con su actitud prepotente y sus desplantes e insultos, ha echado a perder todo lo que el soft power proporciona en términos de influencia, posibilidades de cooperación con otros en temas de interés común y ayuda en caso necesario. Hoy EEUU está muy lejos de ser un modelo a imitar, sumido en una deriva antidemocrática que pone en cuestión sus propios fundamentos, y ha pasado a convertirse en un escenario de fractura sociopolítica que corre el riesgo de desembocar en una confrontación civil (el propio Trump acaba de definir a los demócratas –es decir, a la mitad de la población– como una amenaza prioritaria que hay que neutralizar urgentemente).

Por otro, está descubriendo que –tras haber ordenado ataques contra siete países, incluyendo Irán– su superpotencia militar tampoco le garantiza la consecución de sus objetivos hegemónicos. Aun aceptando que no existe ningún ejército en el planeta capaz de vencer en una guerra convencional a las fuerzas armadas estadounidenses, eso no convierte a EEUU en invulnerable ni tampoco en vencedor por definición. Y si antes los fracasos cosechados ante enemigos teóricamente muy inferiores –como en Vietnam, Irak o Afganistán– ya dejaron muy visibles las limitaciones del poder militar para lograr objetivos políticos, ahora el caso de Irán vuelve a refrendarlo. Ofuscado con la aparente victoria lograda en Venezuela, Trump ha creído que podía replicar el ejercicio en Irán… y ahora no sabe cómo salir del pozo en el que él mismo se ha metido.

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Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

Vigésimo día de conflicto en Oriente Medio. Israel prosigue su oleada de bombardeos y, esta vez, ha continuado con sus ataques sobre el mayor yacimiento de gas natural del mundo, el de Pars Sur, situado cerca de la costa del golfo Pérsico. Una refinería de gas compartida por Irán y Catar. Por su parte, Irán no ha tardado en responder con contundencia con ataques sobre instalaciones energéticas en Oriente Medio. Mientras, el Gobierno del Líbano acusa a la milicia chií Hezbolá de “arrastrar al país a la guerra” mientras los bombardeos del ejército israelí se intensifican sobre el centro y el sur del país. 

Después de que el miércoles Israel bombardeara Pars Sur, Trump ha sido rápido en desmarcarse de esta acción militar. El presidente de Estados Unidos ha defendido que ni su país ni Catar tuvieron nada que ver en la ofensiva. 

En su red Truth Social, Trump explicó que ni siquiera sabía que iban a atacar ese yacimiento y aseguró que Israel no volvería a atacar a no ser que le provocaran. Una afirmación que el medio estadounidense Axios ha desmentido después de consultar con fuentes de la Casa Blanca. Él mismo había hablado con Netanyahu sobre distintos planes para atacar el lugar, según este medio, que también ha hablado con el Gobierno israelí. Esto también lo han confirmado dos fuentes israelíes a la CNN, que aseguran que fue un ataque previamente coordinado con Estados Unidos.

Por otro lado, el Gobierno de Catar se ha mostrado contrario al ataque. El ministro de Asuntos Exteriores, Majed al-Ansari, aseguró en X (antes Twitter) que la ofensiva había sido un acto “peligroso e irresponsable”. Por su parte, los Emiratos Árabes Unidos declararon que se trataba de una “grave escalada”.

Debido a toda esta situación el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) alcanzó los 100 dólares por barril este jueves, a pesar de las propuestas de la Administración de Donald Trump para frenar la subida de los precios.

Los países árabes han seguido este jueves pidiendo a Irán que cese los ataques, que desde este miércoles buscan el corazón de la producción energética, pero desde Teherán no solo no ceden sino que aumentan el tono asegurando que no habrá "contención" en su represalia. Además, Irán ha alcanzado también la refinería de Haifa, en Israel, que ha sufrido daños, mientras Tel Aviv se centra en los barcos iraníes en el Caspio.

A todo esto se suma el ataque de Irán en Kuwait contra dos de sus principales refinerías, la de Mina Al Ahmadi y Mina Abdullah. La Compañía Nacional de Petróleos informó este jueves de que fueron atacadas durante la jornada por drones algo que provocó incendios que fueron controlados poco después.

En Arabia Saudí, un dron impactó en la refinería de la petrolera estatal saudí Aramco de Samref, situada en las costas del mar Rojo, mientras que las defensas antiaéreas interceptaron un misil balístico en la misma zona, próxima al puerto saudí de Yanbu. También se informó de ataques a dos de sus refinerías en Riad.

En Catar, tras varias oleadas de ataques a Ras Laffan, la principal planta de gas natural licuado, las autoridades volvieron a denunciar ataques iraníes contra parte de su infraestructura energética. QatarEnergy publicó un mensaje en su cuenta de X donde confirmó otro aluvión de misiles durante las primeras horas del jueves sobre sus instalaciones de gas natural licuado que provocaron "incendios considerables y amplios daños".

El Líbano continúa bajo el foco debido a la escalada bélica con Israel que sigue bombardeando diariamente el centro (Beirut) y el sur del país. Tras los bombardeos del pasado miércoles del ejército israelí sobre dos puentes del río Litani que conectan el sur del Líbano con el resto del país, en la madrugada del jueves un nuevo ataque sobre el barrio de Bachoura (Beirut) a las 4 de la madrugada destruyó un edificio residencial. Esta fue la primera vez en esta guerra que el ejército israelí derribó un edificio entero en una zona que normalmente se consideraría segura.

Por su parte, el Gobierno de Líbano se ha posicionado este mismo jueves en contra de la milicia chií Hezbolá. Su presidente, Joseph Aoun, está decidido a “liberar al país” mediterráneo "de la influencia iraní", después de que "Irán ordenara a Hizbulá arrastrar al Líbano a una guerra que no eligió".

El ministro de Exteriores libanés, Youssef Rajji, también se ha mostrado contundente este jueves en una reunión de ministros de varios países árabes e islámicos convocada en Riad por Arabia Saudí, para coordinar su respuesta en materia de seguridad y estabilidad en la región ante el conflicto iniciado por EEUU e Israel sobre Irán el pasado 28 de febrero. "Irán está intentando socavar la seguridad y la paz de los países árabes e islámicos con fines oportunistas", lo que exige "una postura firme y una responsabilidad histórica para defender la seguridad y la soberanía de los países atacados por Teherán", denunció Rajji.

Mehdi Ghasemi, Saleh Mohammadi y Saeid Davudi han sido los tres primeros asesinados por el régimen iraní después de ser detenidos en las protestas de enero. La agencia Mizan, del Poder Judicial iraní, ha informado de que los tres condenados han sido ahorcados en la ciudad de Qom. 

El régimen les acusa de asesinato y de llevar a cabo acciones operativas en favor de Israel y Estados Unidos. En concreto, fueron detenidos por un delito de moharebeh (enemistad contra Dios), concepto legal utilizado para castigar delitos contra la seguridad pública, el islam y el espionaje. 

Las autoridades iraníes aseguran que los acusados atacaron con armas blancas a dos agentes de seguridad en la ciudad de Qom, durante las protestas del 8 de enero. Ambos agentes murieron. También han señalado que los detenidos habrían confesado el crimen durante distintas fases del proceso judicial. 

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, afirmó que el Gobierno está evaluando medidas de emergencia, como desbloquear crudo iraní y utilizar las reservas estratégicas de petróleo. Una de las opciones más destacadas sería retirar las sanciones al petróleo iraní que ya se encuentra en tránsito, lo que permitiría una inyección inmediata de oferta al mercado global, con alrededor de 140 millones de barriles disponibles. Esta estrategia busca aliviar la presión sobre los precios del crudo.

Estas medidas coinciden con la suspensión temporal de la Ley Jones por parte de Trump, que obliga a que el transporte marítimo entre puertos de EEUU se realice en barcos de bandera estadounidense. Además, el conflicto en Oriente Medio ha intensificado las tensiones, con Irán atacando infraestructuras energéticas, como la refinería de Ras Laffan en Catar, en respuesta a los bombardeos de Israel. La situación en el Estrecho de Ormuz, clave para el suministro global de petróleo, también sigue siendo un factor de preocupación.

Por su parte, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó que el Pentágono solicitará al Congreso unos 200.000 millones de dólares adicionales para financiar la guerra contra Irán. Aunque la cifra podría variar, el objetivo es cubrir tanto las operaciones ya realizadas como las futuras, en un conflicto que ya suma veinte días. El presidente Trump respaldó la medida, calificando el gasto como “un precio pequeño” para mantener la supremacía del país.

Esta solicitud supondría un aumento cercano al 25% respecto al presupuesto militar anual, que ya ronda los 900.000 millones de dólares. Parte de los fondos se destinarán a reponer y ampliar las reservas de munición y material bélico, con la intención de superar incluso los niveles habituales. Hegseth también criticó a la anterior Administración por haber reducido el arsenal al enviar ayuda militar a Ucrania, defendiendo que ahora los recursos deben priorizar los intereses estadounidenses.

En cuanto al desarrollo del conflicto, Hegseth aseguró que EEUU ha destruido la flota de submarinos de Irán y dañado sus puertos militares, aunque evitó fijar una fecha para el fin de la guerra. El coste ya es elevado: solo en los primeros seis días se gastaron más de 11.300 millones de dólares. Además, se han utilizado armas de alta precisión muy costosas, aunque el Pentágono planea recurrir a municiones más baratas en adelante para reducir el gasto.

Madrid se prepara para salir a la calle este fin de semana y protestar contra la guerra. El sábado 21 de marzo, la Asamblea Internacionalista de Madrid ha convocado una manifestación bajo el lema “No a la guerra”, a raíz de la escalada militar en el conflicto entre EEUU, Israel e Irán. La marcha dará comienzo desde Atocha a las 18.00 horas y finalizará en la Puerta del Sol.

Tras un encuentro en el que participaron más de 200 personas, la iniciativa, impulsada por distintas organizaciones políticas, sindicales y sociales junto a activistas y personas individuales, busca “impulsar la solidaridad internacionalista contra la guerra, el militarismo y el imperialismo”. 

Los bombardeos siguen siendo la norma día tras día en Oriente Medio tras el ataque conjunto llevado a cabo por EEUU e Israel sobre la capital de Irán. La escalada bélica ha dejado ya más de mil muertos en Irán y no parece tener una solución sencilla. 

Para la asamblea, estos ataques son solo otro ejemplo más de cómo “EEUU e Israel buscan someter a los pueblos del mundo” como ya se vio “en el genocidio palestino, los bombardeos a Venezuela o el asedio contra Cuba”. Las organizaciones, durante la asamblea, subrayaron la necesidad de “construir un espacio unitario”.

La postura del Gobierno de España, a diferencia del resto de Europa, ha sido clara desde el principio: no a la guerra. Aunque para las distintas organizaciones este mensaje solo “señala la hipocresía de los discursos oficiales contra la guerra y el aumento del gasto militar, el papel de las bases militares de Rota y Morón en las operaciones militares para bombardear Irán o el envío de la fragata Cristóbal Colón al Mediterráneo”.

Otro de los focos de la movilización que se planteó en la asamblea es el “actual contexto de creciente militarización”, sobre todo en Europa, una dinámica que se refleja en el “rearme y el aumento de gasto militar” que en el caso español, señalan, “supera los 40.000 millones de euros, mientras se mantienen recortes en servicios públicos y derechos sociales”. 

Esta convocatoria, que tendrá como lema principal el “No a la guerra”, quiere ser “un primer paso para construir un amplio movimiento contra la guerra y el imperialismo”. Los organizadores buscan que se involucren especialmente la juventud, la clase trabajadora y colectivos sociales con el fin de “seguir ampliando y fortaleciendo el espacio unitario que impulse una movilización social contra la guerra". 

La pregunta más inquietante de nuestro tiempo no es si habrá otra gran guerra, sino si la sociedad reaccionará a tiempo para impedirla.

Las grandes tragedias de la historia rara vez empiezan con una explosión. Empiezan con una costumbre: la costumbre de aceptar lo inaceptable. La costumbre de escuchar hablar de guerras, de amenazas nucleares o de enemigos absolutos como si todo ello formara parte natural del paisaje político.

Ese es el momento más peligroso: cuando la sociedad se acostumbra.

Hoy el mundo vuelve a moverse en una dirección inquietante. Las tensiones entre potencias se multiplican, los conflictos regionales se expanden y el lenguaje militarista vuelve a ocupar el centro del discurso político. Lo que hace apenas unas décadas parecía impensable, una confrontación global entre grandes potencias, vuelve a insinuarse en el horizonte.

La invasión de Ucrania ordenada por Putin rompió el principio básico que había permitido mantener una relativa estabilidad en Europa desde el final de la Guerra Fría: el respeto a las fronteras y al derecho internacional. En Oriente Próximo, la política de fuerza impulsada por Netanyahu ha intensificado una espiral de violencia que amenaza con desestabilizar toda la región durante generaciones. Y desde Estados Unidos, el nacionalismo confrontativo promovido por Trump ha contribuido a erosionar alianzas, debilitar instituciones multilaterales y normalizar una política basada en la presión y la rivalidad permanentes.

Contextos distintos, líderes distintos. Pero una misma lógica: la del poder militar entendido como imposición y no como responsabilidad histórica.

La historia demuestra que esa lógica rara vez conduce a la seguridad. Con demasiada frecuencia conduce al desastre.

Las grandes guerras del siglo XX no fueron inevitables. Se hicieron inevitables cuando la política abandonó la prudencia y la ciudadanía dejó de creer que podía detener la deriva.

Por eso hoy resulta más actual que nunca el llamamiento de Stéphane Hessel en sus breves pero poderosos ensayos, ¡Indignaos! y ¡Comprometeos!: la peor actitud ante la injusticia y el peligro es la indiferencia.

Indignarse es negarse a aceptar que la guerra sea una normalidad política. Significa exigir a los gobiernos que vuelvan a situar la diplomacia, el derecho internacional y la cooperación entre pueblos en el centro de sus decisiones.

Porque la paz nunca ha sido solo obra de los gobiernos. A lo largo de la historia, los grandes avances democráticos y los movimientos por la paz nacieron de la presión de la sociedad civil: ciudadanos que se negaron a aceptar que la violencia fuera el destino inevitable de la humanidad.

Hoy esa responsabilidad vuelve a ser nuestra.

La humanidad posee recursos científicos, tecnológicos y culturales que generaciones anteriores ni siquiera podían imaginar. Podríamos estar construyendo una era de cooperación global sin precedentes. Sin embargo, corremos el riesgo de regresar a una política dominada por el miedo, el enfrentamiento y la lógica del enemigo.

Frente a esa deriva, la ciudadanía debe recuperar su papel.

Defender la paz no es ingenuidad. Es la forma más lúcida de realismo histórico.

Porque todas las guerras, incluso las que parecen inevitables, podrían haberse evitado en algún momento anterior.

Porque antes de cada guerra hubo un momento en que todavía era posible detenerla. Como cantara Raimon contra la dictadura: Digamos NO. Negaos y comprometeos para detenerla.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

Desde el origen de los tiempos, la propaganda ha sido, sin duda, una de las armas más poderosas de la guerra. También hace mucho que comprendimos que la guerra es, a su vez, una de las armas más letales de la propaganda. En realidad, los conflictos bélicos no se entienden sin su relato. Sin él la guerra no sería nada más que una carnicería. Hasta dios tuvo que recurrir a un relato que inspirara el Antiguo Testamento –la invención del pecado– para justificar esa cólera divina que le llevó a arrasar, con fuego y azufre, Sodoma y Gomorra.

Esta preponderancia de la propaganda nos obliga a poner siempre bajo sospecha las informaciones que recibimos de una guerra. Porque cuando las armas hablan, la información y el periodismo suelen ser un combatiente más. Lo vimos en Palestina. Cada vez que el Ministerio de Sanidad gazatí avanzaba un parte de bajas, los responsables israelíes y sus acólitos occidentales se apresuraban a desacreditarlos: todo era una burda propaganda de Hamas, aquellos sangrientos datos eran falsos. Hoy sabemos que estaban en lo cierto. Según una investigación de la Escuela Londinense de Higiene y Medicina Tropical, publicada en la prestigiosa revista científica The Lancet, los datos oficiales que fijaban en 46.000 el número de fallecidos en Gaza a principios de 2026, no era ciertos: en octubre de 2024 ya se había superado la barrera de los 70.000 asesinados por las bombas israelíes. Y quedaba aun mucha más muerte por llegar.

Esa primacía del relato es, precisamente, lo que explica la comodidad con que Donald Trump se sumerge, y nos sumergie, en las escaladas bélicas. De hecho, la lógica guerrera –matonismo, lo llaman algunos– impregna toda su acción política: bombardeando Irán, hundiendo lanchas en el Caribe, secuestrando a Maduro, atacando Nigeria, desplegando la ICE, acechando en Groenlandia, imponiendo aranceles, acosando a Cuba, amenazando a España. Para él todo esto no es más que un juego de relatos. Trump encarna así la cumbre del giro lingüístico que  a finales de los años 70 comenzó a invadir las ciencias sociales hasta presentar a la realidad como un simple conflicto de representaciones simbólicas, sin referente material sobre el que confirmarse. Se imponía un nuevo paradigma en el que la realidad, sencillamente, había desaparecido. En este sentido, Trump, las fakes news y las verdades alternativas son la conclusión de este largo proceso, no la causa original de nuestro desconcierto.

El presidente norteamericano nos presenta sus relatos con el mismo sarcasmo con que Groucho Marx nos mostraba sus principios: si no gustan, tiene más. No sorprende, por ello, que el mandatario norteamericano haya encontrado en Benjamin Netanyahu a su mejor aliado. Ambos son conscientes del poder propagandístico de la guerra para contrarrestar sus problemas políticos y judiciales. Y pocos mandatarios han sido tan eficaces como el israelí para generar relatos que legitimen el expansionismo sionista, recurriendo para ello a supuestos deseos divinos y al uso perverso de la memoria de la Shoah para justificar el genocidio palestino.

La guerra es el reino de los relatos. Pero la guerra, al mismo tiempo, es también la manifestación más abyecta de esa cruda realidad cuya existencia insisten en negar. Por eso, cuando algunos entonan cantos a la libertad para justificar los misiles sobre Irán, saltan sobre nuestros ojos los cuerpos destrozados de las niñas de la escuela de Minab. O el centenar de marineros asesinados por un submarino americano mientras navegaban desarmados por aguas de Sri Lanka. O los cientos de miles de personas obligados a abandonar Beirut bajo la amenaza de las bombas israelíes. La realidad, hecha de sangre y bilis, de rabia y miedo, enmudece de golpe todos los relatos. Y nos deja, como a León Felipe, hastiados de escuchar siempre los mismos cuentos.

Una realidad que, con su grosera insolencia, no deja de mostrarnos al emperador desnudo. E impotente. No en vano, Estados Unidos lleva décadas demostrando al mundo que es una máquina implacable de destrucción masiva. Pero es incapaz de construir nada desde que quedó estancado en el paralelo 38 de Corea, desde que fue humillado en Vietnam, desde que se empantanó en Irak, desde que huyó acorralado de Afganistan. Por eso a Trump siente pavor ante la posibilidad de que sus soldados pongan un pie Irán, en esa realidad física de donde ignora cuándo y cómo podrían salir. Mientras tanto sus misiles y aviones solo destruyen, no edifican nada. Ni democratizan, ni estabilizan, ni garantizan la seguridad, ni liberan mujeres. Nunca la pretendieron. Porque Trump solo puede aspirar hoy a convertir el declive del imperio americano en un espectáculo de fuegos artificiales, cuyo resplandor pirotécnico nos ciegue lo suficiente como para no ver sus miserias. Ni los restos de carne y vísceras que dejan esparcidos las deflagraciones.

La terca realidad explica así la supuesta imprevisibilidad del presidente norteamericano. De hecho, es su única alternativa. Condenado a no poder solucionar nada y a afrontar la decadencia americana como una enloquecida y destructora huida adelante, su única salida posible es un perpetuo e inverosímil giro de guion. Como en aquellas malas películas de serie B producidas por Hollywood de los años 50, de donde Trump parece sacar inspiración para bautizar sus gestas guerreras: Furia épica. Películas cutres y baratas cuya visión provocaba vergüenza ajena; pero que hoy, para perplejidad del mundo entero, parecen hacer las delicias de Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal, Friedrich Merz y Ursula von der Leyen. El emperador desnudo. Y los lacayos en pelota.

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José Manuel Rambla es periodista.

Hace poco se han cumplido cuatro años desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania y este conflicto se ha consolidado como la mayor tragedia humana y económica en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Lo que inicialmente se planteó como una operación relámpago se ha transformado en una guerra de desgaste total, con centenares de miles de personas muertas o heridas, provocando una destrucción y unas pérdidas de billones de euros y cuya recuperación tardará décadas, además de extenderse sus efectos por la economía global, reconfigurando alianzas y sumiendo a regiones enteras en la incertidumbre.

Los estudios más recientes sitúan el total de bajas militares –muertos, heridos y desaparecidos– de ambos bandos cerca de los dos millones, algo sin precedentes en Europa desde 1945. Un análisis del Center for Strategic and International Studies (CSIS) estima que Rusia habría sufrido alrededor de 1,2 millones de bajas, con hasta 325.000 soldados muertos, mientras Ucrania habría acumulado cerca de 600.000 bajas militares. 

Otras investigaciones independientes, como la del portal ruso Mediazona y la BBC, han logrado identificar por nombre a más de 200.000 rusos muertos, subrayando que 2025 fue probablemente el año más letal para el ejército ruso. La inteligencia británica señala que estas pérdidas masivas han obligado al Kremlin a depender de personal con escasa preparación, degradando la calidad de su fuerza. The Economist, mediante sus propios modelos, estima que uno de cada 25 hombres rusos en edad militar (18-49 años) ha muerto o resultado gravemente herido.

Por otra parte, las fuerzas ucranianas también han pagado un precio altísimo por la defensa de su país. El CSIS cifra las bajas ucranianas entre 500.000 y 600.000, de las cuales entre 100.000 y 140.000 serían muertes. Aunque en números absolutos es una cifra menor que la rusa, el impacto demográfico es aún más significativo para Ucrania, ya que representa aproximadamente uno de cada 16 hombres ucranianos en edad de combatir antes de la guerra.

La intensidad del combate y el uso masivo de artillería implican un flujo constante de nuevos heridos de por vida, con necesidades de prótesis, rehabilitación y apoyo psicológico que suponen una pesada carga futura para los sistemas sanitarios y de protección social de ambos países.

En lo referente a víctimas civiles: la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha verificado cerca de 15.000 muertes de civiles desde 2022, aunque advierte que la cifra real es "considerablemente mayor". Solo en 2025, se registraron más de 2.500 muertes y alrededor de 12.000 heridos entre la población civil, convirtiéndolo en el año más mortífero para los no combatientes desde 2022. La guerra ha provocado asimismo el desplazamiento interno de millones de ucranianos y la salida de otros tantos hacia países de la Unión Europea, con consecuencias demográficas muy profundas. Se estima que 4,6 millones de ucranianos están desplazados internamente y que más de 6 millones han huido al extranjero. 

En lo referente a los gigantescos costes económicos, si diferenciamos el análisis de cada uno de los países, podemos señalar, en primer lugar, que Ucrania constituye actualmente una verdadera economía de supervivencia, que ha sufrido en estos años una metamorfosis traumática, y tras una caída del 40% del PIB en 2022, el país ha logrado una estabilización precaria gracias a la ayuda externa, aunque a pesar de ello la economía sigue siendo un 20% más pequeña que antes de la guerra, y las cicatrices son profundas en muy distintos ámbitos: 

En lo referente a Rusia, cabe destacar que este país ha transformado su economía en una maquinaria de guerra, pero a un precio estructural altísimo: 

Aunque puedan considerarse en estos momentos como meras elucubraciones, dada la poca certidumbre actual de la llegada de la paz a este conflicto, vamos a recoger algunas consideraciones y estimaciones respecto a ese posible escenario futuro. Así, según la evaluación conjunta de febrero de 2026 realizada por el Banco Mundial, la Unión Europea y la ONU, el coste estimado de dicha reconstrucción ascendería a 588.000 millones de dólares (más de 500.000 millones de euros) durante los próximos diez años, cifra que equivale a casi tres veces el PIB anual ucraniano, y de los que cerca de 200.000 millones corresponden a infraestructuras físicas: viviendas (14% del parque inmobiliario dañado), puentes, carreteras y plantas industriales.

En cuanto a las vías de financiación de estos gigantescos costes, la comunidad internacional busca mecanismos para cubrir este vacío financiero masivo, tales como: 

En conclusión, cuatro años después, la guerra de Ucrania se ha cobrado un precio insoportable en vidas y ha originado la destrucción económica en dos naciones. Para Ucrania, el camino será una larga y penosa reconstrucción. Para Rusia, el conflicto representa un lastre que hipoteca su futuro y la degrada como potencia. En definitiva, la paz, si llega, no significará solo un final del enorme sufrimiento, sino el inicio de otra dura batalla: la de la recuperación.

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Jesús Lizcano Álvarez es académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, cofundador y expresidente de Transparencia Internacional España y director de la revista 'Encuentros Multidisciplinares'.

Gravísimas. Así califica una fuente parlamentaria las palabras de Ursula von der Leyen ante los embajadores extranjeros en Bruselas, un discurso en el que aseguró que “Europa ya no puede ser la guardiana del viejo orden mundial, de un mundo que se ha ido y no volverá”, alejándose de la defensa del derecho internacional, el respeto a los derechos humanos o a la soberanía territorial de los países al tiempo que legitimaba con sus palabras las intervenciones militares de las grandes potencias contra terceros.

“Hay quien se está ganando una moción de censura a pulso”, publicó por redes sociales el socialista Jonás Fernández, eurodiputado veterano que se mostró muy crítico con la presidenta de la Comisión. El comentario tuvo un importante eco entre sus colegas de bancada y muestra el importante malestar entre el grupo de los Socialistas y Demócratas, segunda fuerza de la Eurocámara y segunda pata de la coalición que refrendó la actual Comisión.

Este martes, los ánimos siguieron igual de caldeados en el Parlamento Europeo. La española Iratxe García, jefa de toda la bancada socialista, le exigió que “pueda clarificar esas declaraciones” porque “desde mi punto de vista y desde el punto de vista de mi grupo han causado y generado sorpresa y descontento”. Sus críticas van al fondo también de ese discurso por “poner en duda la necesidad de defender el orden internacional”, una postura “no asumible” por los socialdemócratas europeos ni que se pueda “plantear que el orden viejo internacional y el derecho internacional fuera algo naif”. “La música” de la actual presidenta de la Comisión Europea “no suena bien” a los oídos de su sostenedor en el Eurocámara, si es que el PP europeo no quiere dar ya un volantazo definitivo y abrazar lo que queda de legislatura comunitaria de la mano de los tres grupos de extrema derecha.

Las sucesivas crisis y guerras en las fronteras de la UE están resquebrajando la coalición parlamentaria que sustenta a Von der Leyen, como ya había puesto de relieve la diferente posición de Bruselas entre la guerra de Ucrania y el genocidio en Gaza. Los liberales dudan y evitan desafiar a la Comisión. Su líder parlamentaria, Valérie Hayer, calificó el análisis de la alemana sobre el orden mundial como “un hecho, desafortunadamente” y lejos de criticarlo sólo pidió que “como europeos sigamos defendiendo el derecho internacional, no porque seamos naif sino porque es nuestro interés” o “qué diríamos mañana a Donald Trump si quiere atacar Groenlandia”.

Las aguas bajan revueltas entre las filas socialistas. La reacción del eurodiputado Jonás Fernández contaría con el respaldo implícito de la dirección del grupo, de ahí que pocas horas después Iratxe García desde Estrasburgo fuese crítica con Von der Leyen y exigiese explicaciones. Otra de sus eurodiputadas, Hana Jalloul, vicepresidenta del Comité de Asuntos Exteriores, insiste que Bruselas debe “defender el derecho internacional, porque es lo que somos, sino no creemos en la Unión Europea y esto es algo muy peligroso”

La bancada socialista empieza a asumir las críticas que hasta hace poco tiempo sólo salían de La Izquierda o Los Verdes. Contactado por infoLibre, el eurodiputado Mounir Satouri califica como “profundamente preocupante” el discurso de Von der Leyen porque “supone un giro peligroso en cómo la Unión Europea ve el derecho internacional y el orden global”. El ecologista francés reprocha a la presidenta de la Comisión que sobre Irán primero no realice una demanda clara en favor del derecho internacional y que, además, diga defender el orden internacional basado en reglas al tiempo que asume que ya no es válido. “En otras palabras”, denuncia Satouri, miembro del Comité de Asuntos Exteriores y presidente del Subcomité de Derecho Humanos, “las normas internacionales son válidas siempre que nos sirvan, pero se volverán secundarias en cuanto limiten nuestras decisiones”.

En el grupo de La Izquierda sitúan las palabras de Von der Leyen delante de los embajadores extranjeros como un paso más en la deriva vivida tras “su silencio cómplice ante el genocidio en Gaza o cuando se doblegó ante Trump en un campo de golf en Escocia”. Así lo explica a este medio la eurodiputada Estrella Galán, quien no acepta que ahora la alemana “ha escalado aún más y propone que la UE opere sin seguir el derecho internacional”, algo que la también representante del Comité de Asuntos Exteriores, considera “inadmisible”. Según las fuentes consultadas, socialistas, verdes e izquierda preparaban durante el martes su estrategia para cargar con dureza contra Von der Leyen en el debate que mantendrán con ella este miércoles en la Eurocámara.

La autonomía creciente asumida por la líder de la Comisión en cuestiones de política internacional también está generando un malestar dentro el Consejo. Un día después de las palabras de Von der Leyen, el presidente de esta segunda institución, António Costa, realizó una enmienda a esa visión sobre el orden internacional en el mismo foro ante el cuerpo diplomático.

“Un mundo multipolar requiere de soluciones multipolares”, pronunció el luso, descartando las intervenciones unilaterales de grandes potencias como las emprendidas por los Estados Unidos de Donald Trump, “sin esferas de influencia, donde las políticas de poder reemplazan a las leyes internacionales”. A la pregunta de cuál es la misión de la Unión Europea, Costa cree que “debemos defender el orden internacional basado en reglas” y “defender los principios consagrados en la carta de las Naciones Unidas y destacados en nuestros Tratados”.

La posición del presidente del Consejo contradice a la de la Comisión, quien este miércoles deberá dar explicaciones en la Eurocámara y ha visto como su número dos, la vicepresidenta Teresa Ribera, también discrepaba, insistiendo en la importancia de “recordar que el respeto al derecho internacional es una premisa básica” y consideraba “muy peligroso entrar en un debate en el que parece cuestionarse”.

Fuentes del Gobierno español evitan entrar en una polémica pública con Von der Leyen, pero sí insisten que “hay un orden internacional sujeto en reglas”. El titular de Exteriores, José Manuel Albares, mostró su identificación con las palabras de Costa porque “la alternativa al orden internacional es el desorden”. Albares contrapuso entre “optar entre el derecho o la alternativa que es la fuerza, o la paz y las relaciones pacíficas entre estados o el uso de la guerra como instrumento de política exterior”.

El malestar viene de lejos, porque hace sólo unas semanas la presidenta de la Comisión tomó la decisión de enviar unilateralmente y sin mandato de los 27 Estados Miembros a la responsable para el Mediterráneo, Dubravka Suica, a la reunión de la Junta de Paz para Gaza de Donald Trump, con la excusa de que Washington había invitado personalmente a Von der Leyen. España como Francia o Bélgica reprocharon entonces esa decisión.

Además de las aristas con Costa y Ribera, dos de las más altas autoridades en la capital comunitaria, de fondo también está el enfrentamiento entre Von der Leyen y la Alta Representante Exterior, Kaja Kallas, la política escogida por los 27 para dirigir y coordinar entre las capitales las relaciones internacionales de la UE. Las dos llevan tiempo chocando y la alemana con su agenda y reuniones con líderes extranjeros, la presencia en Cumbres y un refuerzo continuado de las unidades de la Comisión centradas en las relaciones internacionales ha ido laminando a la estonia.

Lo que hace apenas unas semanas era un escenario hipotético o una escalada contenida se ha convertido en realidad. La acción militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra instalaciones estratégicas en Irán —incluidas zonas vinculadas a su programa nuclear y complejos logísticos clave— ha marcado una nueva fase en la geopolítica mundial. No estamos ante una simple reactivación del enfrentamiento de décadas entre Teherán y las potencias occidentales, sino ante un punto de inflexión que refleja, con toda claridad, la competencia estratégica más amplia entre Washington y Pekín.

Esa competencia es la clave para entender por qué este ataque no es solo un choque regional, sino un movimiento en un tablero global donde la prioridad de las grandes potencias ya no es únicamente el control de territorios o recursos, sino la configuración de un orden internacional que determine a largo plazo quién marca las reglas del sistema.

Desde el principio, la administración estadounidense ha justificado la acción con argumentos de seguridad: neutralizar una amenaza nuclear, responder a provocaciones, terminar con el régimen iraní y garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz. Todo eso es cierto en términos tácticos. Pero la decisión de llevar a cabo una operación de tal envergadura en las semanas en que la competencia con China domina las prioridades estratégicas de Washington no puede leerse sin esa dimensión más amplia.

Irán no es un actor aislado en el sistema internacional. Su régimen, su masa crítica militar, su ubicación geográfica y su integración en redes comerciales y energéticas le otorgan una importancia que trasciende Oriente Medio. El estrecho de Ormuz sigue siendo un punto de paso esencial para una proporción significativa del petróleo global. La paralización de su tráfico, aunque temporal, desestabiliza mercados y confirma que la seguridad energética mundial está lejos de estar resuelta.

Pero más allá de la energía, Irán representa para China un nodo estratégico de largo plazo. Pekín ha cultivado con Teherán una relación que, aunque no formalmente militar, es sustancial en lo económico y geoestratégico. El acuerdo de cooperación de 25 años entre ambos países —cuyas inversiones incluyen energía, infraestructura y tecnologías de transporte— forma parte de una visión china más amplia de conectividad euroasiática. Esa cooperación contribuye a crear un contrapunto a la influencia occidental, ofreciendo a países sancionados un espacio de interacción e intercambio que no depende exclusivamente del dólar o de las instituciones financieras occidentales.

El ataque de Estados Unidos e Israel, visto desde Pekín, no es solo una advertencia a Irán. Es una señal dirigida también a China donde el acceso a recursos, mercados y socios estratégicos no está libre de riesgo cuando Estados Unidos decide reafirmar su influencia militar. Esta es la lectura que emerge con toda claridad en los círculos estratégicos de Asia y Europa, la política de seguridad estadounidense sigue incluyendo la opción militar como instrumento de primer orden, incluso en un contexto donde la rivalidad con China exige contención, enfoque tecnológico y competencia económica.

China, por su parte, no ha respondido militarmente —ni lo hará— pero ha actuado con rapidez en la esfera diplomática y mediática. Pekín ha condenado el ataque, apelado al respeto a la soberanía nacional y urgido a la desescalada, al tiempo que ha reafirmado su apoyo comercial y político a Irán. Más allá de las palabras, China ha acelerado ya mecanismos financieros alternativos y ampliado acuerdos bilaterales con países que buscan escapar de la lógica de sanciones occidentales, reforzando una red de influencia que no depende de alianzas militares explícitas.

Este conflicto ha vuelto a poner sobre la mesa un fenómeno que llevaba años gestándose, el de la fragmentación del orden económico internacional. Las sanciones masivas, la creación de sistemas financieros que operan fuera del sistema dominado por el dólar, el uso de monedas locales en transacciones energéticas… todos son signos de que el orden liberal, tal como fue concebido tras la Segunda Guerra Mundial, está evolucionando hacia un sistema más multipolar y menos cohesionado. El ataque a Irán, si bien responde a consideraciones inmediatas de seguridad, alimenta indirectamente esa lógica de bloques interconectados pero no uniformes.

Europa se encuentra atrapada en medio de esta dinámica. La Unión Europea, que ha abogado por el multilateralismo y por la preservación de acuerdos como el Plan de Acción Integral Conjunto, ahora observa cómo sus esfuerzos diplomáticos se ven superados por decisiones unilaterales de gran calado estratégico. La repercusión económica —especialmente en términos energéticos y de inflación— ya se siente en los mercados y lo hará también en la vida cotidiana de millones de ciudadanos europeos. La capacidad europea para actuar como actor autónomo en política exterior sigue siendo limitada, supeditada a decisiones que provienen de Washington o, indirectamente, de Pekín.

Mirar a Irán sin considerar a China sería una simplificación peligrosa. El epicentro del conflicto puede estar en el Golfo, pero su significado estratégico se proyecta mucho más lejos, hasta los corredores comerciales de Asia y los debates sobre el liderazgo global. La rivalidad entre Estados Unidos y China no se libra únicamente en el Indo-Pacífico ni en los corredores tecnológicos que dominan los semiconductores o la inteligencia artificial. Está presente en cada región donde confluyen intereses de poder, seguridad y modelos de desarrollo divergentes. Lo vimos en Venezuela, lo volvemos a ver en el Golfo.

Un ataque contra Irán, ya en marcha, no es solo un capítulo más de la larga historia de tensiones en Oriente Medio. Es un síntoma de un mundo donde las reglas de la convivencia internacional se están reescribiendo. En esa reescritura, la homogeneidad del orden anterior cede paso a un sistema más fragmentado, competido e incierto. La paz, la estabilidad y la seguridad global nunca han sido bienes automáticos; se construyen y se sostienen con alianzas estratégicas claras, no con reacciones pasivas.

Observar el conflicto en Irán con la mirada puesta en China no es un ejercicio académico, sino la única forma de comprender el alcance real de esta guerra. Quien no lo entienda corre el riesgo de interpretar mal no solo este conflicto, sino todo lo que está por venir en las próximas décadas de tensión estratégica global.

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Ruth Ferrero-Turrión es doctora internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.

La última edición de la Conferencia de Seguridad de Múnich ha dejado al descubierto algo más profundo que las habituales declaraciones diplomáticas o los rituales de reafirmación atlántica. Lo que se ha escenificado en Múnich es la constatación de que Europa atraviesa un momento de inflexión estratégica sin precedentes desde el final de la Guerra Fría. El seísmo geopolítico provocado por la invasión rusa de Ucrania y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca han terminado de desordenar un marco de seguridad que ya estaba tensionado. Sin embargo, más allá del diagnóstico compartido, lo que emerge es una Unión Europea que sigue debatiéndose entre la conciencia del cambio estructural y una respuesta política aún tímida, fragmentada y crecientemente conservadora.

La invasión a gran escala de Ucrania supuso la ruptura definitiva de la arquitectura de seguridad europea construida tras 1989. La confianza en la interdependencia como garantía de estabilidad se evaporó con los tanques rusos cruzando la frontera. La autonomía estratégica —hasta entonces un concepto debatido en círculos académicos y diplomáticos— pasó a convertirse en una urgencia. Ahora la sensación es que la UE ha reaccionado más por acumulación de decisiones coyunturales que por un rediseño estratégico coherente.

La Conferencia de Múnich ha confirmado esta paradoja. Por un lado, la narrativa europea insiste en la unidad frente a Moscú y en el compromiso con Ucrania, al tiempo que la realidad sobre el terreno empieza a tener ecos que ya aparecen y que plantean la necesidad de abrir los cauces de diálogo con Moscú si los europeos quieren tener algo que decir en un futuro plan de paz. Por otro, la realidad política interna muestra fracturas cada vez más visibles. La derechización institucional y social que recorre buena parte del continente condiciona las prioridades. La agenda securitaria gana peso, mientras que la agenda social y verde retrocede o se redefine en términos más pragmáticos y menos transformadores.

De este modo la UE se enfrenta a un triple desafío. Primero, un retroceso geopolítico relativo frente a potencias como Estados Unidos y China. Segundo, una indefinición estratégica que oscila entre el atlantismo clásico y la aspiración a una autonomía difícil de materializar. Tercero, la necesidad urgente de avanzar hacia un modelo de economía productiva capaz de sostener su competitividad en un entorno de rivalidad sistémica.

La llegada de Trump introduce un elemento adicional de incertidumbre. Su visión transaccional de las alianzas y su cuestionamiento recurrente del compromiso estadounidense con la seguridad europea obligan a los Estados miembros a contemplar escenarios hasta hace poco impensables. Pero la respuesta europea no está siendo una profundización automática de la integración, sino, por el momento, un refuerzo de lo intergubernamental.

En este sentido, Alemania ocupa un lugar central. El giro hacia políticas de corte neokeynesiano —con mayor inversión pública, especialmente en defensa e infraestructuras— marca una ruptura respecto a la ortodoxia fiscal que caracterizó su liderazgo durante la crisis del euro. Sin embargo, este impulso inversor viene acompañado de una propuesta desregulatoria que apunta a flexibilizar normas ambientales y de competencia para favorecer la reindustrialización. El resultado es una combinación ambivalente donde entramos más Estado en términos de inversión, pero donde se busca menos regulación en ámbitos sociales y verdes.

La llamada “pausa” en la agenda climática no es anecdótica. Refleja un cambio de prioridades en un contexto donde la seguridad energética, la defensa y la competitividad industrial se imponen sobre los compromisos de transición ecológica. La Conferencia de Múnich ha mostrado hasta qué punto el discurso sobre la resiliencia europea se articula ahora en clave de poder duro y capacidad industrial, más que en términos de liderazgo normativo o transformación sostenible.

Pero el verdadero debate subyacente es institucional. Lo intergubernamental gana terreno como método preferido para avanzar en el proceso reindustrializador y en la política de defensa. Las decisiones clave se toman en el Consejo Europeo, con protagonismo de las grandes capitales, mientras que la Comisión y el Parlamento ven limitado su margen de iniciativa. Esta dinámica responde a la urgencia y a la sensibilidad soberanista de muchos gobiernos, pero también profundiza las asimetrías internas.

Frente a esta vía, resurgen las voces que abogan por una respuesta más integracionista a través de la emisión de eurobonos como instrumento para financiar la transición industrial y tecnológica de forma solidaria. La experiencia del Next Generation EU ha demostrado que la mutualización parcial de deuda es políticamente posible en situaciones excepcionales. La cuestión es si el actual contexto —marcado por la guerra y la rivalidad global— no constituye precisamente una de esas situaciones.

El debate no es meramente técnico. Se trata de definir qué tipo de Unión Europea se quiere construir. Una UE basada en coaliciones flexibles de Estados que avanzan según intereses nacionales convergentes, o una UE que profundiza en la integración fiscal y política para reforzar su posición global. La primera opción ofrece rapidez y control nacional; la segunda, mayor cohesión y potencial estructural.

Sin embargo, cualquier estrategia que aspire a reforzar la posición europea debe abordar también la dimensión social. La derechización del espacio político no es solo el resultado de dinámicas externas, sino de malestares internos acumulados sostenidos sobre desigualdad, precarización, percepción de pérdida de control. Si la respuesta al seísmo geopolítico se limita a la securitización y a la competitividad, sin un proyecto social inclusivo, el riesgo es alimentar aún más las fracturas que debilitan a la Unión desde dentro.

La Conferencia de Múnich ha puesto sobre la mesa la necesidad de asumir que el mundo post-2022 es estructuralmente distinto y que esa tendencia se profundiza con el segundo mandato de Trump. La guerra en Ucrania fue solo el primero de una serie de episodios de un orden internacional en transformación. La pregunta es si Europa quiere ser sujeto o objeto de esa transformación.

Reforzar la posición de la UE en el actual contexto implica, en primer lugar, claridad estratégica. Eso exige definir prioridades realistas: defensa común, autonomía tecnológica, seguridad energética. Pero también implica coherencia entre discurso y recursos. Sin instrumentos financieros adecuados, la retórica sobre autonomía queda vacía. En segundo lugar, requiere superar las fracturas internas mediante mecanismos de solidaridad efectiva. La integración fiscal —incluida la posibilidad de eurobonos— no es solo una cuestión económica sino política, ya que simboliza la voluntad de compartir riesgos y destino. Y, en tercer lugar, demanda reequilibrar la agenda para que la competitividad no se construya a costa del contrato social europeo. La fortaleza geopolítica no puede desligarse de la legitimidad interna.

El debate está abierto. Múnich ha sido un espejo incómodo en el que Europa se ha visto tal y como es, consciente del cambio de era, pero aún indecisa sobre cómo responder. Entre el repliegue nacional y el salto integrador, entre la desregulación competitiva y la inversión solidaria, entre la seguridad y la cohesión social, la Unión Europea se juega algo más que su influencia externa, se juega su propia razón de ser.

La pregunta, por tanto, no es solo cuál es la mejor manera de reforzar la posición de la UE en el contexto actual. La pregunta es si los europeos están dispuestos a asumir el coste político de una integración más profunda que les permita no solo resistir el seísmo geopolítico, sino redefinir su lugar en el mundo.

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Ruth Ferrero-Turrión es doctora internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.

Durante décadas, el acceso a los medicamentos se entendió como una cuestión principalmente clínica y económica. Hoy, sin embargo, se ha convertido también en un asunto geopolítico. Las tensiones internacionales, la concentración industrial y las estrategias de poder de los Estados influyen cada vez más en qué tratamientos llegan antes, a qué precio y para quién. Los fármacos agonistas del receptor GLP-1, utilizados en la diabetes y la obesidad (y cuya marca más conocida es Ozempic), ilustran con claridad esta transformación.

La pandemia de covid-19 marcó un punto de inflexión. Las vacunas evidenciaron hasta qué punto la salud depende de decisiones tomadas fuera del ámbito sanitario: control de patentes, capacidad industrial, diplomacia internacional y política comercial. Desde entonces, conceptos como “soberanía sanitaria”, “autonomía estratégica” o “seguridad del suministro” han entrado de lleno en la agenda pública. Ya no se trata solo de innovar, sino de garantizar el acceso en un mundo más fragmentado e incierto.

Este cambio de contexto afecta a todas las tecnologías sanitarias, pero es especialmente visible en los medicamentos. La innovación farmacéutica se concentra en pocos países y empresas, generando una asimetría estructural: quienes controlan la investigación, la producción y la propiedad intelectual tienen también mayor capacidad para fijar las condiciones de acceso.

En este escenario, los sistemas sanitarios se ven obligados a negociar no solo precios, sino también volúmenes, calendarios de suministro y prioridades terapéuticas. Incluso la evaluación de tecnologías sanitarias –tradicionalmente centrada en eficacia y eficiencia– se enfrenta hoy a nuevas dimensiones, como la capacidad de respuesta de las cadenas de suministro o la equidad territorial.

Los medicamentos GLP-1, que imitan el funcionamiento de una hormona natural para controlar el azúcar en sangre, nacieron como tratamiento para la diabetes tipo 2, pero su eficacia en la pérdida de peso los ha convertido en un fenómeno global.

La demanda se ha disparado en pocos años, impulsada por la evidencia clínica, la cobertura mediática y las redes sociales. Este rápido crecimiento también ha generado riesgos de sobreutilización y expectativas poco realistas, mientras los sistemas sanitarios tratan de equilibrar innovación, seguridad y sostenibilidad.

Esta situación ha puesto de relieve un problema estructural: la innovación avanza más rápido que la capacidad de garantizar el acceso al producto. La fabricación de estos fármacos es compleja, está concentrada en pocas plantas de producción y protegida por patentes que limitan la competencia. Cuando la demanda crece de forma abrupta, el mercado no responde con la rapidez necesaria.

Las consecuencias son visibles: escasez, retrasos en el suministro y priorización de determinados mercados. Pacientes con diabetes han visto interrumpidos tratamientos, mientras que personas con obesidad encuentran barreras económicas y administrativas para acceder a esta terapia.

Aquí es donde la geopolítica se vuelve decisiva. Los países con mayor poder económico y capacidad de negociación aseguran contratos preferentes; otros quedan relegados a la espera. Se reproduce así un patrón ya observado con las vacunas: el acceso depende tanto de la necesidad clínica como de la posición en el sistema internacional.

En Europa, el debate sobre la autonomía estratégica en medicamentos esenciales ha ganado fuerza. Sin embargo, gran parte de la producción y del control tecnológico siguen concentrados fuera del ámbito de decisión de muchos Estados, lo que limita la capacidad para garantizar suministros estables.

Al mismo tiempo, los medicamentos innovadores se han convertido en instrumentos de política industrial. Donde se instalan plantas de producción o centros de investigación, se generan empleo, ingresos fiscales y poder de negociación. La frontera entre política sanitaria y política económica es cada vez más difusa.

El caso de los GLP-1 plantea una cuestión de fondo: ¿qué ocurre cuando una innovación con alto potencial en salud pública se distribuye de forma desigual y se utiliza sin una adecuada priorización clínica? Si estos fármacos consolidan su papel en la lucha contra la obesidad –uno de los grandes desafíos sanitarios del siglo XXI–, pero solo son accesibles para quienes pueden pagarlos o viven en países con mayor capacidad de negociación, el resultado puede ser un aumento de las desigualdades en salud. A ello se suma un riesgo adicional: cuando el acceso se amplía sin criterios claros, la eficacia poblacional puede verse limitada por problemas de adherencia (el seguimiento del tratamiento prescrito por parte del paciente), efectos secundarios o usos inapropiados.

Este dilema adquiere una dimensión aún mayor en un contexto de fragmentación geopolítica. Conflictos, sanciones económicas y tensiones comerciales afectan directamente a las cadenas de suministro farmacéutico, con impactos especialmente graves en los países de ingresos bajos y medios.

La experiencia reciente muestra que confiar exclusivamente en la lógica del mercado no garantiza ni eficiencia ni equidad (recordemos los precios de las mascarillas al principio de la pandemia). La pregunta clave ya no es solo cómo financiar la innovación, sino cómo gobernarla. Esto implica explorar mecanismos de compra conjunta, acuerdos de precios basados en valor, incentivos a la producción local y una visión más amplia de la evaluación de tecnologías sanitarias, que incorpore dimensiones sociales y geopolíticas.

Los GLP-1 son, en este sentido, un caso paradigmático. Anticipan los retos que traerán otras terapias avanzadas: medicamentos personalizados, terapias génicas o soluciones digitales basadas en datos. Todas ellas dependerán de infraestructuras globales y de decisiones que se toman más allá del ámbito clínico.

La gran lección es clara: el acceso a la innovación sanitaria ya no puede pensarse al margen de la geopolítica. Si no se incorporan estas dinámicas a la planificación sanitaria, corremos el riesgo de construir sistemas cada vez más sofisticados, pero también más desiguales.

En última instancia, el debate sobre los GLP-1 no es solo farmacológico. Es un debate sobre qué modelo de salud queremos en un mundo interdependiente pero fragmentado, y sobre si los avances científicos llegarán realmente a toda la población.

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Marta Trapero Bertran es profesora agregada Serra Hunter e investigadora en Economía de la Salud en la Universitat de Lleida. Este artículo se publicó originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

Sin duda alguna, la única fuerza que puede obligar a Donald Trump a cambiar de postura y limitar su embriaguez de poder son los mercados. Pero, a diferencia del Liberation Day —ese día de abril en el que el presidente estadounidense lanzó su guerra comercial mundial—, los mercados parecen indiferentes a la creciente inestabilidad mundial en este comienzo de año. Pero las tensiones geopolíticas y financieras han alcanzado una intensidad sin precedentes.

En menos de tres semanas, la presidencia de Trump ha golpeado en todos los frentes, adoptando casi tantas medidas agresivas como durante todo su primer año de mandato: secuestro y detención de Nicolás Maduro, incautación de la producción petrolera de Venezuela, apertura de un procedimiento judicial contra el presidente de la Fed, Jerome Powell, y, por último, proyecto de acaparamiento de Groenlandia con amenazas de aranceles suplementarios para todos los países europeos —oficialmente aliados— que se opongan a las opiniones del presidente estadounidense.

En cada ocasión, los mercados no han reaccionado, dando la impresión de que daban carta blanca a todas las iniciativas de la administración Trump, incluidas las más peligrosas. Pero esa complacencia parece haber llegado a su fin el 20 de enero.

Todos los mercados se hundieron en números rojos, pero en Estados Unidos aún más que en otros lugares. En Wall Street, los principales índices bursátiles borraron todas las ganancias registradas desde principios de año. El Dow Jones bajó un 1,8 %, el S&P 500 un 2,1 % y el Nasdaq un 2,4 %. Las sanciones fueron mucho más severas para los grupos de alta tecnología y digitales. El gigante mundial de los chips, Nvidia, retrocedió un 4,3 %, Apple un 3,46 % y la empresa informática Dell perdió más del 7 %.

La verdadera advertencia se produjo en otro ámbito, el de los bonos del Tesoro estadounidense. El tipo de interés de los bonos estadounidenses a treinta años superó el 4,95 %, y el de los bonos del Tesoro a diez años se situó por encima del 4,3 %. Establecidos por los mercados en función de la oferta y la demanda —a diferencia de los tipos a corto plazo fijados por la Reserva Federal—, indican un nivel de desconfianza palpable: los tipos estadounidenses se encuentran ahora entre los más altos de los países occidentales.

Al mismo tiempo, el dólar ha seguido depreciándose frente a otras divisas —ahora vale 1,17 euros—, mientras que el oro continúa su ascenso vertiginoso: la onza cuesta más de 4.864 dólares. Hace apenas un año, costaba 2.770 dólares.

El anuncio de Donald Trump, en su esperado discurso en Davos el 21 de enero, de que Estados Unidos no recurriría “a la fuerza”, sino que quería iniciar negociaciones “de inmediato” para hacerse con Groenlandia, apenas ha invertido la tendencia. Al abrir Wall Street, el S&P 500 subía un 0,3 %, el Nasdaq un 0,2 % y el oro seguía subiendo.

La administración Trump se niega a verlo como una señal, y mucho menos como una advertencia del mundo financiero. En Davos, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, desestimó todas las críticas e incluso el cuestionamiento de las políticas de Donald Trump, sus pretensiones de apoderarse de Groenlandia y las dudas sobre la OTAN. Todo es sublime, necesariamente sublime. Para Bessent, la caída de los bonos del Tesoro estadounidense no está en absoluto relacionada con las decisiones de la Casa Blanca, sino con las enormes ventas que se han producido en el mercado japonés.

Pero los observadores y analistas lo ven de otra manera. “Creo que cuando miremos atrás, consideraremos que este momento marcó un punto de inflexión”, confiesa al Wall Street Journal Adam Posen, presidente del Instituto Peterson.

El dominio monetario, financiero y económico de Estados Unidos, durante mucho tiempo indiscutible, ya no se da por sentado. China, a través de los BRICS en particular, lleva varios años cuestionando la supremacía del dólar. Pero nadie esperaba que un presidente estadounidense asestara los golpes más duros y peligrosos a este dominio financiero y económico.

Desde el regreso de Donald Trump se ha producido una verdadera crisis de confianza. El inicio de guerras comerciales con sus antiguos aliados, sus decisiones unilaterales de extorsión y apropiación, el cuestionamiento de las alianzas pasadas, empezando por la OTAN, más allá de los disturbios provocados, crean una sensación de malestar: Estados Unidos ya no es tan seguro como antes. La lenta caída de los bonos del Tesoro estadounidense desde hace un año, considerados hasta entonces como el activo más seguro del mundo, así como la disminución de las reservas en dólares en los bancos centrales, ilustran esta creciente desconfianza.

“Vender Estados Unidos” se ha convertido incluso en el lema de algunos analistas. Aunque el dinero de todo el mundo sigue afluyendo a los mercados estadounidenses, se observa una cierta ralentización en todos los sectores. Y esto se ve  aún más en el comercio, donde se está desmoronando el dominio del dólar como única moneda de reserva. “Existen canales prácticos y eficaces que no se limitan a los canales del dólar estadounidense”, señaló en Davos el director general de Standard Chartered, Bill Winters, justificando la necesidad de diversificación por el surgimiento de un mundo multipolar.

El aumento de las tensiones con la Unión Europea (UE) podría acelerar aún más este movimiento. El 18 de enero, un analista del Deutsche Bank publicó una nota en respuesta a los anuncios de subidas de los aranceles impuestos a Dinamarca, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Finlandia, Suecia y Noruega para castigarles por oponerse a los deseos de Trump de apoderarse de Groenlandia.

Según él, los europeos podrían utilizar sus activos en Estados Unidos como medida de represalia. “En un contexto en el que la estabilidad geoeconómica de la alianza occidental se ve sometida a una dura prueba, no se entiende muy bien por qué los europeos estarían tan dispuestos” a invertir en Estados Unidos.

El temor se materializó el 20 de enero. Un fondo de pensiones danés anunció que vendería toda su cartera de bonos estadounidenses, teniendo en cuenta “las débiles perspectivas económicas de Estados Unidos”. El secretario del Tesoro estadounidense respondió: “No tiene importancia”.

Las sumas comprometidas por el fondo de pensiones danés representan una gota en el océano de las inversiones europeas: apenas 100 millones de dólares. Pero si el ejemplo danés se extendiera, sería otra historia. Europa posee más de 8 billones de dólares en acciones y bonos estadounidenses, el doble de todas las inversiones que poseen los inversores extranjeros en todo el mundo.

Ahora que el Gobierno estadounidense necesita más que nunca dinero para financiar sus déficits e inversiones, la amenaza de una retirada de los ahorros europeos sería una catástrofe para la administración Trump. El secretario del Tesoro estadounidense descarta de antemano este escenario. “No me preocupa en absoluto. Veo nuestras subastas. Estamos registrando inversiones extranjeras récord”, declaró, antes de afirmar que el presidente del Deutsche Bank se había desmarcado de la nota de su analista.

Los observadores son mucho menos categóricos. Si bien todos descartan una liquidación rápida de los activos europeos, contemplan perfectamente una desconexión más o menos rápida, ya que el dominio estadounidense se ha convertido en una amenaza para todos los aliados. “Estamos en medio de una ruptura, no de una transición”, insistió el primer ministro canadiense —y exgobernador del Banco de Inglaterra— Mark Carney, ovacionado al final de su discurso el martes en Davos.

Para Estados Unidos, esta ruptura puede ser igual de grave que para sus aliados. Durante décadas, a cambio de estabilidad económica y financiera, estos últimos aceptaron aportar sus ahorros, invertir en Estados Unidos, financiar los déficits estadounidenses y apoyar el dólar. Ningún país había disfrutado nunca de tales privilegios. Aunque el estatus de Estados Unidos se estaba erosionando con la emergencia de un mundo multipolar, seguía teniendo una gran importancia. Desde hace un año, Donald Trump se lo está cargando todo.

¿Está la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, viviendo su momento Liz Truss, cuando los mercados obligaron a la primera ministra británica a dimitir? Tras la decisión del banco central japonés de subir los tipos de interés en diciembre, el anuncio de elecciones legislativas anticipadas se consideró una nueva amenaza para el equilibrio financiero del país, ya muy endeudado (más del 250 % del PIB). La primera ministra tiene la intención de impulsar una amplia reactivación presupuestaria, con recortes fiscales y gastos militares, con el fin de apoyar el crecimiento y responder a las amenazas geopolíticas de la región.

La reacción de los mercados financieros fue brutal e inmediata. El mercado de bonos japonés registró una caída tan fuerte como cuando el Banco de Japón rompió sin previo aviso con décadas de política monetaria acomodaticia y de apoyo a los mercados. Los tipos japoneses a diez años se sitúan ahora por encima del 3 %, lo que sigue siendo bastante soportable, teniendo en cuenta la inflación. Pero los inversores, acostumbrados a tipos cero durante décadas, están en shock.

Estos movimientos han tenido repercusiones en todos los mercados financieros mundiales. El mercado de bonos japonés es uno de los más importantes del mundo, no solo por la magnitud de la deuda del país, sino también por la política monetaria aplicada. Atraídos por ese dinero gratis, los inversores de todo el mundo han pedido préstamos en yenes a diestro y siniestro durante casi treinta años y se han apresurado a convertir esos créditos en otras divisas mucho más rentables, especialmente en dólares, embolsándose la diferencia.

Esas transacciones financieras representan cantidades gigantescas: más de 15 billones de dólares, según las estimaciones. Cualquier desviación supone una amenaza. ¿Por qué los bancos centrales, encargados de velar por la estabilidad del sistema financiero mundial, han permitido que se acumulen tales riesgos sin intervenir? Es un misterio.

Tradución de Miguel López

*A última hora de este miércoles, la Casa Blanca anunció un acuerdo con la OTAN sobre Groenlandia y retiró su amenaza arancelaria a los países que anunciaron su apoyo a la isla danesa.

“Paz mediante la fuerza” es la consigna de Donald Trump para plantarse en el Foro de Davos, la nota al pie de su particular "América First". Ha sido Canadá, no Europa, quien le ha hablado de frente y por todos antes de llegar. El dique moral y el puño en la mesa que el megalómano geopolítico necesita escuchar. De todo un discurso lleno de amenazas, mentiras y coacciones se ha echado atrás en la vía militar para tomar Groenlandia. Ni siquiera el argumento de la seguridad tiene sentido. Puede aumentar la presencia militar, las bases, haberse sentado a negociar con Dinamarca, Groenlandia y la UE. “Europa no va en la dirección correcta”, dice, cuando es Trump quien va en un túnel en dirección contraria contra todos. El peligro es real porque se ha evidenciado este enero de 2026 y es estructural. Una estrategia de fondo en la visión de poder del más fuerte. Siempre ha sido así. La diferencia está en convertir en enemigos a sus aliados. Ir a por ellos. Suave con China y Rusia, duro contra quienes han sostenido los tratados y la propia OTAN que tanto han servido de paraguas de seguridad para los intereses de EEUU y Europa. Que Estrasburgo active sin complejos el mecanismo anticoerción frente a las amenazas comerciales de Estados Unidos ha sido una buena noticia. Los "aranceles cero" a Trump no han servido para contenerle. La congelación al menos es una contestación firme, más útil que la primera posición.

Hoy hay más dictaduras, autocracias e imperialistas que democracias liberales. Y el estado de bienestar que levantó Europa como estado social después de la Segunda Guerra Mundial ha desaparecido de las agendas. Este es el doble reto europeo. Defender el mayor conglomerado de democracias que quedan en pie en el continente y evita un desmantelamiento progresivo que rompe cualquier sociedad. 

Europa se lo juega todo cediendo a la barbarie. Ya tiene a la bestia dentro como para girar la cara a la amenaza real. Aunque frene su voracidad con Groenlandia, la estrategia de fondo de Trump empequeñecerá y dividirá aún más a Europa. La diplomacia de las instituciones comunitarias y sus portavoces se está utilizando a favor del vasallaje americano. En el Pleno de Estrasburgo han coincidido el discurso de Ursula Von Der Leyen y el rey en el 40 aniversario de la adhesión de España. Comparados ambos discursos, el de la presidencia de la Comisión podía haberse escrito con ChatGPT bajo las instrucciones de ‘no molestar’. Europa tiene que señalar a Trump. Hablarle de frente como el primer ministro Mark Carney. Cómo será de vacío el discurso de la presidenta de la Comisión que hasta las limitaciones de Felipe VI  lo han superado. Sostiene el rey que “la fuerza sin principios equivale a la barbarie”. Y más importante: “Los principios sin acciones que los respalden conducen a la frustración y al desencanto”, en clara alusión a las embestidas de Trump y la respuesta europea. 

El discurso del primer ministro canadiense es importante porque, hasta ahora, quienes han hablado y han sido entendidas con mensajes que la sociedad quiere escuchar han sido Marine Le Pen y Meloni. La OTAN no es nada sin Estados Unidos. “Perfecto. Entonces Europa cerrará las bases estadounidenses, romperá los acuerdos comerciales preferenciales y, para que el mensaje llegue, también boicoteará a McDonald's”.

Mark Carney ha definido el momento actual con precisión. “El mundo está en medio de una ruptura, no de una transición." Si lo traemos a la arena nacional, esa ruptura también es propia. El péndulo del malestar ha caído hacia las distintas fórmulas de ultraderecha e impulsos no democráticos. Aquí no hay sociedad, sólo oscuridad. Trump fuerza la sensación de incertidumbre, peligro e inestabilidad con el único fin de paralizar al contrario. Pensar que por su inercia no hay nada que hacer es asumir la entrega a esa barbarie.

La política de apaciguamiento no está funcionando. ¿Cuál es entonces el lenguaje de poder de Europa? 

Trump y la geopolítica tóxica de los tres bloques ya son política doméstica. Como ilustró El Roto en una viñeta durante la guerra de Irak: “Lo llamáis efecto colateral porque no estalla en vuestras malditas cocinas”. Esos misiles ya están aquí. 

Desde el blitz de Venezuela, la escena política europea se ha convertido en un extraño ring donde los líderes políticos europeos parecen practicar boxeo sobre hielo. Ninguno puede pegar demasiado fuerte a los EEUU sin riesgo de perder el equilibrio, ninguno puede permanecer demasiado rígido sobre la pista sin riesgo de quedarse petrificado y caer después noqueado. Macron ha definido, desde la cumbre de Davos, el juego de piernas de la UE como lento y previsible, fundado sobre el Estado de derecho, “lo cual es una ventaja en estos tiempos”.

La UE prefiere el Estado de derecho a la brutalidad de los hechos, pero el orden internacional ha cambiado tras la reelección de Donald Trump. Las relaciones internacionales se juegan desde el poder de los actos antes que desde la eficacia de los tratados. Es la época del poder duro y la influencia, de las capacidades militares y tecnológicas, de la fortaleza económica, de la estrategia política nítida y acelerada, de los dioses fuertes con suficientes reflejos como para ser capaces de esquivar un golpe, aunque el firme de las relaciones internacionales sea tan resbaladizo como una pista de hielo. Parece que la UE carece de todo esto y mira con nostalgia las viejas reglas de boxeo del Maques de Queensberry antes que las habilidades de Sugar Ray Robinson.

Quien golpea primero, golpea dos veces. El 14 de febrero de 1951 es una fecha icónica en la historia del boxeo. Sugar Ray Robinson le arrebataba a Jake LaMotta el cinturón de campeón mundial de peso medio en el Chicago Stadium de Illinois. Fue la sexta y última vez que se enfrentaron dos leyendas del ring. La pelea fue extremadamente intensa y brutal. Robinson, conocido por su estilo elegante, superó a LaMotta en los últimos asaltos, castigándolo severamente, aunque LaMotta se negó a caer a la lona.

Sánchez, Costa y, ahora también, Macron, parecen haber comprendido que respetar el orden internacional no equivale a boxear con un puño atado a la espalda. Como Robinson, se puede golpear con pulcritud, aunque uno sea un peso medio. Es por eso que Von der Leyen ya prepara medidas anticoercitivas ante la próxima guerra arancelaria que se avecina contra EEUU y la isla de Groenlandia de fondo. La Comisión contempla represalias valoradas en 93.000 millones de euros que fueron preparadas en primavera. Lo llaman el “bazuca comercial”, un botón nuclear para evitar que terceros países utilicen el chantaje como método para forzar a los Estados miembros a tomar decisiones contra sus intereses.

Las ballenas lentas de la ideología han llegado a las costas de Groenlandia. Aunque EEUU tiene bases militares en la isla desde 1951, es China quien tiene el monopolio de las tierras raras y las fórmulas necesarias para separar los diecisiete elementos que necesitan las baterías de los coches híbridos o los superimanes de las turbinas eólicas. Las ballenas americanas anuncian también desde Groenlandia una pelea ideológica contra las élites occidentales y contra Europa. Si EEUU se decide a aumentar los aranceles sobre la UE, habrá declarado una guerra y ocupado un lugar resbaladizo que puede ser, al mismo tiempo, su propia trampa.

Trump está dispuesto a boxear sobre el hielo de Groenlandia para hacerse con sus recursos minerales y reforzar su posición geopolítica en el Gran Norte. Es la Guerra Blanca que firmó Marzio G. Mian. El presidente de los EEUU está convencido de que la UE nació para dañar a su país tanto como en otro tiempo lo pensaron de la vieja URSS. En realidad, la UE que conocemos es fruto de la acción sostenida de Washington para garantizarse un mercado y un bloque de países aliados frente a la URSS, mediante la integración de todos ellos en el Tratado de la OTAN. La mayor ventaja de Trump, tal y como explica su Estrategia Nacional de Seguridad, es que puede golpear a la UE desde fuera con la misma fuerza que desde dentro, apoyado en los Patriotas por Europa o ECR en el Europarlamento o en los partidos ultraderechistas que han iniciado el reemplazo de la vieja derecha, el seno de sus estados. Trump quiere debilitar Bruselas y potenciar la relación bilateral con cada país europeo. El César del imperio y del emporio necesita dividir para vencer.

La falta de estrategia política produce jirones en los trajes políticos de Europa, El combate contra Jake LaMotta del 14 de febrero de 1951, conocido como la "Masacre de San Valentín", se decidió por nokout técnico (TKO) a favor de Sugar Ray Robinson en el 13.º asalto. Robinson utilizó sus habilidades boxísticas, jabs a distancia y contragolpes para desgastar a LaMotta, especialmente a partir del octavo asalto. El 2026 acaba de comenzar con la sensación de que cada día es un año y que cada mes es una vida. El tiempo se acelera y se delata. Todo parece más intenso y más largo. En esta situación ¿Qué haría Sugar Ray Robinson? La política, como el boxeo, no sólo es fuerza física, sino también elegancia e intuición, velocidad y potencia y, sobre todo, inteligencia.

La humanidad, la biodiversidad y el planeta Tierra enfrentan múltiples crisis de manera simultánea. La matriz energética mundial sigue siendo mayormente fósil –en más de 80%– y el consumo creciente y desigual de energía y materiales constituye la causa principal de la responsabilidad climática diferenciada entre países.

Producto de la distribución desigual de la riqueza, se estima que el 10% de la población más acomodada es responsable del 77% de las emisiones globales asociadas a la propiedad privada de capital. El 40,7% de la población más pobre, que accede a sólo 0,6% de la riqueza global, figura en cambio entre la más vulnerable, y no sólo a los impactos del cambio climático.

Más allá del binomio energía-clima, la persistencia de formas de producción poco sostenibles y la extracción y consumo creciente de recursos están degradando la base material de la reproducción de la vida debido a la pérdida de la biodiversidad, la degradación y desertificación, así como la contaminación de aire, suelos, agua dulce, océanos y costas.

La transgresión de las fronteras planetarias es tal que ha puesto en riesgo la viabilidad de la vida, al menos tal y como la conocemos. No solo la biodiversidad y los ecosistemas están en crisis, la salud del planeta (y evidentemente la nuestra) también se encuentra bajo amenaza debido a la generación y exposición a una gran diversidad de contaminantes persistentes y tóxicos, incluyendo los plásticos que prácticamente ya se encuentran en todas las cadenas alimenticias.

En este contexto de agudización del cambio climático e impactos cada vez más severos y potencialmente irreversibles, la ciencia para la toma de decisiones en materia ambiental y climática está perdiendo fuerza y relevancia, sobre todo en lo que respecta a la cooperación internacional.

En sentido opuesto a lo que recomienda la ciencia, algunos gobiernos relajan sus compromisos y medidas o bien han hecho valer políticamente el negacionismo climático (caso, por ejemplo, de Argentina y Estados Unidos).

Otros han ampliado los marcos temporales de sus metas. Es el caso de la prohibición de la venta de vehículos de gasolina y diésel en Europa para 2035, un objetivo que ahora se propone sea solo del 90% para ese año.

Más grave aún, algunos gobiernos están repetidamente negociando los hallazgos de la ciencia. Esto genera condiciones adecuadas para afianzar el status quo, priorizar el corto plazo, apalancar los privilegios de algunos e hipotecar el futuro de la vida humana y de otras formas de existencia.

Se implementaron medidas para evitar cualquier consenso tanto en las negociaciones para un acuerdo internacional sobre la contaminación plástica en agosto de 2025 como en la eventual aprobación del resumen para tomadores de decisiones de la séptima edición del informe Perspectiva del Medio Ambiente Mundial (GEO-7), el pasado noviembre.

En ambos casos se cuestionaron los mecanismos procedimentales, se criticaron los argumentos científicos, muchas veces sin contar con evidencias, y se buscó la imposición de narrativas como condicionante para otorgar el refrendo de dichos documentos. Estas prácticas, que pareciera se están convirtiendo en la norma, han permitido a países como Estados Unidos, Arabia Saudita, Irán y Rusia agotar los tiempos de negociación, crear puntos muertos y bloquear tanto la movilización de evidencias y de información como la construcción de consensos.

El caso del GEO-7 establece un precedente indeseable al no haber logrado un consenso en torno al resumen para tomadores de decisiones. Desgraciadamente, existe el riesgo de que se repitan situaciones similares en informes como los del Panel Internacional de Cambio Climático (IPCC) o la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES).

A la situación por la que cruza la ciencia para la toma de decisiones, se suma la notable erosión del financiamiento, resultado de las actuales condiciones económicas en muchos países y de las tensiones geopolíticas en curso que gradualmente se traducen en el redireccionamiento de la inversión pública hacia el gasto en seguridad y defensa.

El propio sistema de Naciones Unidas, que depende de las donaciones de los países miembro, recortó un 17% su presupuesto y un 18% su personal en 2025, con riesgo de terminar el año con déficit. Para 2026, los recortes ascenderán al 20%, 3.700 millones de dólares.

La asistencia y cooperación internacional está asimismo disminuyendo y, con ello, los recursos para, por ejemplo, atender cuestiones humanitarias, de cambio climático y el medio ambiente.

En el caso de los dos principales donadores, Estados Unidos y Alemania, se constatan ajustes importantes. A principios de 2025, el Gobierno federal del primer país rescindió 4.000 millones de financiamiento al fondo verde climático (GCF), a la vez que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) terminó con el 98,3% del financiamiento a la acción climática. Alemania redujo un 8% el presupuesto de 2025 del Ministerio para la Cooperación Económica y el Desarrollo de Alemania (BMZ), mientras que aumentó el gasto en defensa en 20%.

La tendencia para 2026 no parece que vaya a cambiar pues, además del retiro de todo financiamiento al GCF por parte de EUA, la lista de otros casos similares continua, incluyendo Argentina en América Latina, que ya recortó el 80% del presupuesto climático-ambiental. Otros países como Canadá, Francia y Reino Unido han planteado contracciones al presupuesto de ayuda internacional, aunque todavía mantienen su apoyo a la agenda climática.

China es, hasta ahora la excepción, lo cual sugiere que estamos ante una situación de reajustes geoeconómicos y geopolíticos. Al contrario que Occidente, en 2025 el país asiático mantuvo sin cambios su gasto en defensa, pero aumentó 8,4% el financiamiento a la ayuda internacional, por ejemplo, al impulsar proyectos que propicien el desarrollo sostenible.

Debido al ascenso de China en diversos ámbitos, incluyendo el primer lugar en publicación de artículos científicos en las más prestigiosas revistas del mundo, las tensiones que protagoniza con Estados Unidos no deben sorprender, así como tampoco el refrendo de la doctrina Monroe, calificada en la actualidad como “corolario de Trump”.

En su más reciente Estrategia de Seguridad Nacional, Estados Unidos reafirma que América es para los estadounidenses y llama a Europa a sumarse a defender la identidad de Occidente. También se detiene a expresar su rechazo a “…las ideologías desastrosas de cambio climático y del cero neto que tanto han dañado a Europa, amenazado a Estados Unidos y subsidiado a nuestros adversarios (sic)”.

La situación en la que nos encontramos, tanto en términos políticos, económicos y sociales, pero también culturales y discursivos, desgraciadamente plantea condiciones adecuadas para dirigirnos aceleradamente hacia un escenario de transgresión de las fronteras planetarias. Contexto en el que la politización de la ciencia ha llegado al extremo de la falacia ad hominem, es decir, un error lógico derivado de atacar y desacreditar a un actor en lugar de refutar su argumento.

El “error lógico”, dígase de la Casa Blanca, es sin embargo funcional para alejarse de los acuerdos internacionales, desestimando a la ciencia y calificándola de ideología. Hace sólo unos días, Donald Trump decidió retirar a Estados Unidos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y de otros 65 grupos multilaterales de la ONU, principalmente vinculados al medio ambiente, las energías renovables, el desarrollo, la educación y la promoción de la democracia y los derechos humanos.

De cara al avance de múltiples crisis, el papel de la ciencia para la política debería ser fortalecido entendida no sólo como aquella que busca informar el proceso de toma de decisiones de los gobiernos, sino como la que además se dirige a informar, empoderar y movilizar a todos los actores sociales con la finalidad de generar soluciones basadas en alianzas, colaboraciones y diálogo.

La ciencia para la política significa poco si no apuesta por la vida, la justicia y la construcción sistémica de soluciones plurales, sensibles a los contextos locales y con visión a largo plazo.

La transformación a fondo de los factores o causas de las múltiples crisis en curso es obligada y el tiempo para hacerlo, y hacerlo de manera justa e incluyente, se reduce.

En un escenario de desequilibrios hacia el que nos dirigimos, los límites de la adaptación harán en algún momento obsoleto el mecanismo de “pérdidas y daños” propuesto en el marco de las negociaciones climáticas con el fin de compensar a países vulnerables por impactos climáticos inevitables. Lo cual implica que los mayores afectados seguirán siendo los más pobres.

Para el Sur Global esto reafirma que la acción climática es en gran medida una cuestión de política de desarrollo y justicia social donde no sólo la velocidad y el alcance de los cambios es importante, sino también qué es lo que se está transformando, cómo y en beneficio de quién.

Esta cuestión abre sin duda la interrogante de qué tipo de gobernanza multilateral, nacional y subnacional puede realmente responder a la urgencia y complejidad que plantea el avance de múltiples crisis y cuáles son los actores que a esas distintas escalas podrían impulsarla de manera exitosa y coordinada a pesar de las adversidades imperantes.

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Gian Carlo Delgado Ramos es profesor e investigador en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Puedes leerlo aquí.

Tras doce meses del segundo mandato de Donald Trump, el resultado es una demolición controlada de los contrapesos democráticos y del orden internacional. Tras convertirse en su primera legislatura en el primer presidente desde Jimmy Carter en no involucrar a Estados Unidos en ningún conflicto bélico nuevo, Trump ha perfeccionado su perfil de “pacificador comercial”: presume de no iniciar guerras mientras rentabiliza los escombros de las existentes. 

En 2025 la paz global, más que una meta, ha sido un producto de mercado que Trump trata de comprar con concesiones territoriales, impunidad para los crímenes de guerra y proyectos inmobiliarios sobre las ruinas de un exterminio. Mientras, en en el plano nacional, consolida su poder con el refuerzo de las estructuras afines y la demolición —a veces literal—  de las que le molestan. Sin que haya llegado aún el ecuador de su legislatura, los expertos ya debaten si será capaz de retorcer la ley para presentarse a un tercer mandato en 2028. 

La captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero para juzgarle en Estados Unidos y el anuncio de su intención de gobernar Venezuela durante la transición política, acompañados de advertencias a Colombia, Cuba e incluso Groenlandia, ponen la guinda a un 2025 en el que Trump ha abandonado por completo el aislacionismo que caracterizó su primera legislatura.

El frente interno ha sido el laboratorio de una transformación autoritaria sin precedentes. Bajo la cobertura del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por el magnate Elon Musk, la administración ha ejecutado un vaciamiento del aparato administrativo del Estado para sustituirlo por una lealtad pretoriana. 

El hito más alarmante ha sido la financiación masiva de ICE, que ha recibido una inyección de 170.000 millones de dólares para crear, de facto, una policía federal a su servicio con capacidad de actuar en suelo estadounidense por encima de las autoridades locales. Este despliegue, junto con el de la Guardia Nacional, no solo busca las deportaciones masivas de inmigrantes, sino también establecer un control físico sobre los estados demócratas, bajo la justificación de la “emergencia nacional permanente”.

Esta militarización de la gestión pública ha tenido también su reflejo en el disciplinamiento de la esfera cultural y mediática. 2025 será recordado como el año en que la Casa Blanca domesticó a los gigantes del entretenimiento. La suspensión temporal de programas críticos, como el de Jimmy Kimmel, tras presiones directas y amenazas de revocar licencias de emisión han demostrado su disposición y su capacidad de controlar a la prensa disidente.  

Como remate a este control del flujo informativo, Trump ha utilizado los archivos de Jeffrey Epstein como el arma de distracción definitiva. Tras firmar la Epstein Files Transparency Act para proyectar una imagen de transparencia, la administración ha gestionado la liberación de documentos en este mes de diciembre como una herramienta de extorsión selectiva contra sus enemigos. 

Sin embargo, la maniobra se le ha vuelto en contra: los registros publicados el 24 de diciembre contienen múltiples referencias a Trump y revelan qie voló en el avión de Epstein “muchas más veces” de las que eran públicas —ocho entre 1993 y 1996—, según un correo interno de la Fiscalía Federal, obligando al Departamento de Justicia a emitir comunicados inéditos defendiendo al presidente frente a lo que han calificado como “afirmaciones sensacionalistas e infundadas” contenidas en los archivos que ellos mismos liberaron.

La agresividad territorial de Trump ha tenido a Sudamérica como principal escenario, y alcanzó su cénit ya comenzado el año 2026 con la captura y extradición de Maduro. Durante 2025, la soberanía de las aguas territoriales ya había dejado de existir para EEUU, que ha normalizado el uso de drones para ejecutar ataques contra supuestas narcolanchas en jurisdicciones extranjeras sin previo aviso, en una supuesta guerra contra el fentanilo que servía, en realidad, como pretexto para un control hegemónico del Caribe. La apropiación de las aguas extranjeras y los bombardeos indiscriminados sobre población civil —justificados con la retórica de “guerra contra el narcotráfico”— fueron sido el telón de fondo para despliegues militares sin precedentes cerca del territorio de Venezuela, que han culminado con una operación militar para derrocar a Maduro y juzgarlo en Estados Unidos mientras controla la transición política y abre paso a las empresas estadounidenses al mercado petrolífero de Venezuela.

Mientras tanto, sus vecinos inmediatos, México y Canadá, también han experimentado en 2025 lo que significa vivir junto a una potencia que ha recuperado la retórica que mira a sus territorios adyacentes como casi propios . El decreto para renombrar el Golfo de México como el “Golfo de América” fue el prólogo de una ofensiva económica que arrancó en abril con la imposición de aranceles universales del 25%. Esta medida ha puesto contra las cuerdas, entre otros, al gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum, a quien Trump también ha extorsionado permanentemente con la amenaza de incursiones militares para combatir el narcotráfico.

Todo ello coronado por un gesto simbólico de una agresividad terminológica inaudita: el renombramiento del Departamento de Defensa como Departamento de Guerra el pasado septiembre, una declaración de intenciones —sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial—  que liquida décadas de retórica defensiva. Pero la ofensiva de Trump no se ha quedado en la semántica. A la provocación del lenguaje le ha seguido la contundencia de los hechos con la reanudación de los ensayos nucleares en el desierto de Nevada, rompiendo una moratoria de más de tres décadas. 

Más allá de Sudamérica, el frente internacional de Trump 2025  tuvo uno de sus episodios más importantes hace apenas unos días. A finales de año, Trump recibió a Zelensky en Mar-a-Lago en una cumbre de tres horas sin resultados tangibles, precedida de una inesperada llamada con Putin —similar a la que anunció en octubre— descrita por Trump como “productiva”. En unas negociaciones marcadas por la constante amenaza de Trump de retirar completamente el apoyo estadounidense, el presidente impulsó una hoja de ruta que plantea la cesión de soberanía sobre las zonas ocupadas y presiona a Kiev para aceptar compromisos territoriales a cambio de unas garantías de seguridad temporales que dejan a Ucrania fuera de la protección de la OTAN.

En Oriente Próximo, Trump ha mantenido su apoyo incondicional a Israel, pero ha tenido también que mantener un delicado equilibrio cuando el conflicto ha involucrado a Catar, otro de sus aliados estratégicos. El punto de máxima tensión fue el ataque israelí en Doha del pasado 9 de septiembre, que se saldó con seis muertos y puso en jaque la relación de Washington con el emirato. La resolución de la crisis fue de nuevo puramente transaccional: el pasado septiembre, Trump forzó una histórica llamada de disculpas de Netanyahu al homólogo catarí para salvar la mediación regional. Solo dos días después, el 1 de octubre, el presidente selló el triángulo firmando una orden ejecutiva —sin debate parlamentario— por la que EEEUU se compromete a defender militarmente a Qatar ante cualquier agresión externa. 

Como guinda de esta defensa férrea de la impunidad, el pasado 18 de noviembre Trump recibió con honores en la Casa Blanca al príncipe saudí Mohamed Bin Salman. En un ejercicio de cinismo diplomático, el presidente exoneró oficialmente al saudí por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi —directamente ordenado por Bin Salman según la propia inteligencia estadounidense— , despachando el crimen como un asunto sin importancia. “Son cosas que pasan. De todas formas a mucha gente no le caía bien”, sentenció Trump sobre el periodista asesinado y descuartizado en una embajada saudí, yendo aún más lejos que el propio Bin Salman, que sí condenó el hecho y lo calificó de “enorme error” y “muy doloroso”. 

La obsesión del presidente por el reconocimiento internacional ha dado lugar a situaciones que rozan el esperpento. Trump ha pasado 2025 persiguiendo el Premio Nobel de la Paz, vendiendo como éxitos históricos acuerdos que no son más que particiones territoriales forzosas. En Gaza, su apoyo a Israel se convirtió en febrero en una propuesta inmobiliaria: la reconstrucción de la Franja como un resort de lujo gestionado por capital emiratí y estadounidense —acompañada de un esperpéntico vídeo generado por IA—, una limpieza por la vía del ladrillo que ignora la soberanía palestina y capitaliza la ocupación ilegal de Israel. Lo mismo ha ocurrido en el Sáhara Occidental, donde el respaldo total al plan de soberanía de Marruecos ha cerrado de momento la puerta a cualquier solución negociada, premiando de nuevo al ocupante más fuerte.

Sin embargo, su diplomacia del chantaje ha encontrado límites. El intento fallido de mediar entre Tailandia y Camboya en un conflicto fronterizo terminó en fracaso cuando ambos países prefirieron la mediación china ante la agresividad de las amenazas comerciales de Washington. 

Ante la falta de un Nobel que se le resiste, Trump se ha tenido que conformar con el “Premio FIFA de la Paz”, una distinción inventada a medida por su aliado Gianni Infantino para alimentar su ego antes del Mundial 2026 que acogerá junto a México y Canadá. Es el cierre perfecto para un año donde la política mundial se ha convertido en un circo transaccional: si no puedes conseguir el reconocimiento de la historia, siempre puedes comprar el de una organización deportiva bajo sospecha.