La Comisión Europea lleva meses inmersa en una carrera por desregular cada uno de los sectores estratégicos de los 27 países, con más de una decena de proyectos ómnibus en marcha para defensa, tecnología, medioambiente, finanzas… Este martes era el turno de la agricultura, con la presentación de un paquete enfocado en ahorrar costes y agilizar permisos para pesticidas que abre la puerta al empleo no supervisado de químicos tóxicos e incluso cancerígenos. Los daños los sufrirán primero los agricultores que los manipulan, aunque estos químicos se detectan a menudo en los alimentos que llegan a los hogares.

Los expertos advierten de que se trata del cambio más importante en la política de pesticidas desde 2009. La propuesta más sonada es que aquellos productos que ya están autorizados no tengan que someterse a revisiones periódicas, sino que su empleo quede blindado indefinidamente. Hasta ahora, un fertilizante autorizado en el campo debe ser reevaluado cada 10 o 15 años aprovechando los avances científicos, una medida que ha permitido sacar del mercado productos muy peligrosos para la salud, pero la Comisión entiende que esto supone un bache para la industria química y un gasto desproporcionado en investigación.

El texto de la Comisión forma parte de un paquete ómnibus agrícola más grande que modifica también los niveles máximos de residuo en los alimentos o los organismos genéticamente modificados. Ahora debe negociarse con el Parlamento Europeo y la Comisión, un proceso que puede demorarse meses.

Kistiñe García, especialista en tóxicos de Ecologistas en Acción, subraya el papel indispensable que juegan ahora los controles rutinarios sobre pesticidas y alerta del peligro de desmontar esta normativa. "Gracias a las comprobaciones obligatorias se han eliminado 162 sustancias dañinas, diez de ellas cancerígenas y diez disruptores endocrinos. Por ejemplo, una revisión de 2019 sacó de la lista al clorpirifós, el insecticida con mayor presencia en los vegetales españoles, porque causaba daños en el cerebro infantil", afirma García.

PAN Europe, una ONG especializada en pesticidas, calcula que el agujero legal que prepara Bruselas dejaría libre de exámenes al 90% de las sustancias activas que en este momento utiliza la agricultura, aunque la Comisión sí va a mantener el sistema actual de reevaluación para una serie de pesticidas peligrosos. Del gran bloque que va a ser desregulado, no todas las sustancias son potencialmente peligrosas. Una porción son biocidas naturales (como feromonas o microorganismos) que tienen un impacto menor en la naturaleza.

En una versión anterior de la propuesta, que se filtró el mes pasado, Bruselas daba vía libre a todos los pesticidas, pero la presión que han ejercido en las últimas semanas el mundo científico y las organizaciones civiles ha obligado a mantener una mínima red de seguridad. El 10% de las sustancias que seguirán estando sometidas a revisión son las llamadas sustancias candidatas a sustitución, aquellas que tienen evidencias de toxicidad, pero no tantas como para ser prohibidas inmediatamente. En su caso se revisan cada siete años por su elevado riesgo.

También se mantendrán los controles regulares actuales sobre sustancias específicas "cuando existan razones científicas para ello", según el texto de Bruselas, y sobre las que hayan suscitado incertidumbres sobre sus daños en el examen anterior, aunque estas excepciones tendrán que concretarse en las negociaciones futuras.

Angeliki Lysimachou, directora de Ciencia y Política en PAN Europe, explica a infoLibre que el sector de los pesticidas no se puede desregular porque es extremadamente común que con el tiempo se detecten riesgos sanitarios en productos hasta ahora aceptados. "Los pesticidas sintéticos se diseñan específicamente para dañar a los organismos vivos. Los avances científicos nos permiten averiguar si no solo atacan a los organismos objetivo, sino también a humanos y otros seres vivos", aclara.

El glisofato, el polémico y más común herbicida del mundo, es uno de los productos que en principio podrían beneficiarse del nuevo agujero legal porque a finales de 2023 recibió una extensión de uso de 10 años, aunque la controversia que rodea a este producto podría forzar a Bruselas a introducirlo en la lista negra de los que se sometan a examen.

El glisofato se utiliza para matar pastizales o evitar que crezcan hierbajos en los márgenes de las carreteras, entre muchos otros usos. Estudios independientes lo han relacionado con desarrollo de cáncer, daños cerebrales, alteración endocrina e impacto sobre insectos y anfibios, pero el estudio que realizó la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) no encontró "ningún aspecto extremadamente preocupante que impida renovar la autorización", ni relación con el desarrollo de cáncer ni con la disrupción endocrina.

"No sabemos qué pasará con el glisofato, pero es que creemos que ni la Comisión lo sabe", añade Lysimachou. "Han corrido tanto en hacer la normativa que ni ellos tienen claro a lo que se refieren", añade. La Comisión anunció en octubre que iba a elaborar un paquete ómnibus de alimentos y piensos, y en solo dos meses han elaborado la propuesta para reformar una ley que tiene 16 años.  

La industria agrícola europea lleva años quejándose de las trabas burocráticas que suponen estos exámenes porque obligan al sector a buscar alternativas a esos productos tóxicos y a gastar millones de euros en investigación y estudios sanitarios. La Comisión calcula que esta nueva legislación, si entra en vigor, ahorrará "más de 428 millones anuales para las empresas de la UE y 661 millones anuales para las administraciones nacionales". Cada evaluación de una única sustancia supone revisar cientos de estudios, y una vez que es aprobado en la UE, cada estado miembro debe llevar a cabo su propia evaluación y autorización en un proceso que puede demorarse hasta una década.

Precisamente este último punto también está a punto de cambiar, según el texto publicado por la Comisión Europea. Hasta ahora, cada país debe realizar por su cuenta un análisis "independiente y objetivo" de cada sustancia para que se pueda usar en sus fronteras, por mucho que tenga el visto bueno de Bruselas, pero la nueva propuesta aclara que ahora tendrán que basarse en el estudio científico previo de la EFSA, no en sus propios análisis. Otro cambio sustancial es que hasta ahora, cuando una sustancia se prohíbe por su toxicidad, el sector químico tiene seis meses para retirarla del mercado, pero el nuevo documento sugiere que se pueda vender durante los siguientes 12 meses.

Expertos y activistas denuncian que la idea original de la reforma era facilitar la entrada de nuevos biocidas en la Unión Europea para que los agricultores tengan más opciones para combatir las plagas y no recurran a la respuesta química, pero la Comisión ha aprovechado para acelerar la aprobación de sustancias sintéticas. "La industria se quejaba de que no podía poner biocidas en el mercado, pero lo que se ha hecho es facilitar que todos puedan comercializarse, también los químicos", se queja Lysimachou.

Vivimos inmersos en un mundo y en una lógica donde la velocidad, la disponibilidad constante, la hiperconectividad no sólo se valoran, se premian. Marcan lo que debemos ser y cómo debemos actuar. El tiempo se ha convertido en un recurso que se exprime y el cuerpo en una herramienta que se ajusta a demanda. El individualismo y la conexión permanente se han normalizado y, con ellas, el agotamiento y la frustración.

Este modelo de sobreexigencia no solo afecta a nuestra salud física, sino también a nuestra salud mental. La presión constante por hacer más, tener más y ser más genera un desgaste emocional que nos desconecta de aquello que nos da autonomía, dignidad y sentido colectivo. 

En esta época que vivimos bajo la dictadura del clic, desacelerar no es simplemente descansar: es cuestionar un modelo que nos empuja a producir sin pausa, consumir sin conciencia y desplazarnos sin mirar alrededor. 

En medio de este ruido digital y de la presión por estar siempre actualizados y siempre a la última, elegir un ritmo más pausado implica recuperar la capacidad de atención, de vínculo, de cuidado. No se trata de romantizar la lentitud, sino de reconocer que hay formas de vida que no caben en el algoritmo.

No todo acto ecológico busca salvar el planeta con soluciones grandiosas; muchas veces, es en lo pequeño donde se desafía la lógica extractivista que organiza nuestras ciudades, nuestros cuerpos, nuestro tiempo y nuestros vínculos. Elegir lo local, lo justo, lo sostenible no es una moda ni una nostalgia: es una forma de resistir la homogeneización que impone el mercado.

Hay decisiones que, aunque parezcan mínimas, tienen implicaciones profundas. Porque en un sistema que convierte todo en mercancía, parar es una forma de posicionarse. No para escapar del mundo, sino para transformarlo desde adentro.

En la cultura actual se valora a las personas por su capacidad de trabajar sin parar. Esta presión constante no solo nos agota, también nos hace perder el sentido de quiénes somos. 

Los datos son preocupantes, el último informe sobre desconexión digital realizado por Infojobs dice, por ejemplo, que el 73 % de los y las trabajadoras españolas no logra desconectar del trabajo fuera del horario laboral, y un 28% permanece conectado siempre que es necesario. Datos parecidos maneja desde hace tiempo UGT, su último informe sobre el tema habla de que más de 7,7 millones de trabajadores y trabajadoras en España tienen acceso remoto a su trabajo en cualquier momento, o que el 40% de las personas trabajadoras están conectadas a las seis de la mañana revisando su correo, o que uno de cada tres vuelve a mirar el email a las 22:00 horas, o que el uso del correo durante el fin de semana ha crecido un 20%. En 2024, UGT Madrid, en el estudio sobre Nuevos riesgos laborales y riesgos emergentes en la Comunidad de Madrid, ya ponía el foco en los efectos que están teniendo en la salud de los trabajadores y trabajadoras el modelo laboral actual, marcado por la digitalización acelerada y la presión por mantener altos niveles de productividad.

La digitalización y el acceso remoto permanente están desdibujando los límites entre trabajo y vida personal. Esta disponibilidad constante no es solo una cuestión técnica: revela una transformación profunda en la forma en que se concibe el tiempo, el descanso y el valor del cuerpo. La conexión ininterrumpida se ha convertido en norma, y con ella se instala una forma de exigencia que no da tregua. Los espacios entre ocio y empleo están cada vez menos diferenciados, y la saturación tecnológica se ha convertido en una realidad impuesta que atraviesa lo laboral, lo emocional y lo cotidiano.

Más allá de los beneficios tecnológicos, se evidencian fenómenos como el tecnoestrés, el aislamiento derivado del teletrabajo y la dificultad para separar lo profesional de lo personal. Priorizar la eficiencia sin pausa y la disponibilidad absoluta, no solo transforma el modo en que se trabaja, sino que introduce una carga emocional que afecta el equilibrio psicosocial. Lo preocupante no es solo la fatiga, sino la pérdida de espacios propios, de pausas reales y de vínculos que no pasen por una pantalla.

En este escenario el contacto con la naturaleza o la participación en iniciativas comunitarias pueden ofrecer un contrapeso real. No como evasión, sino como forma de reconfigurar la relación entre trabajo, salud y entorno. Frente a una cultura que exige estar siempre conectados, lo eco supone una forma distinta de presencia: más situada, más consciente, más habitable.

Tenemos que ser conscientes que la vorágine tecnológica en la que vivimos no solo organiza nuestras rutinas, las devora. Cada clic, cada notificación, cada correo revisado fuera de horario construye una arquitectura invisible que nos mantiene ocupados, pero desligados de los afectos. Corremos el riesgo de que un día, sin previo aviso, nos despertemos y descubramos que llevamos una década mirando pantallas, respondiendo correos, gestionando tareas, sin haber tocado lo que realmente nos hace humanos: el vínculo, el cuerpo, el silencio, la presencia. Hemos confundido disponibilidad con compromiso, productividad con valor, conexión con relación. Y mientras tanto, lo esencial —lo que no se mide ni se monetiza— se va erosionando. No es que la tecnología sea el problema, sino el modo en que nos ha enseñado a vivir sin pausa, sin contacto, sin tiempo. Resistir no es apagarlo todo, sino volver a encender lo que importa.

Resistir desde lo eco implica redefinir nuestras prioridades y adoptar un enfoque más consciente y sostenible en nuestra vida diaria.

Optar por caminar, comprar menos, consumir con conciencia o sembrar lo que comemos no son modas ni manías: son estrategias vitales y las experiencias a pie de calle demuestran desde hace tiempo que tomarse la vida con más calma y optar por modelos de vida más sostenibles y más justos es posible incluso en entornos hiperurbanos.

Apagar notificaciones, resistirse al algoritmo, rechazar la obsolescencia emocional y material: cada gesto cotidiano puede convertirse en una forma de desacato más que necesario.

Vivir a contratiempo es salirse un poco del guión y entender que no podemos vivir cronometrando cada minuto, sino para ocupar el tiempo con sentido y cuidando de nosotras y de nuestro bienestar. 

Un artículo publicado por Ana Egea-Ronda y María del Campo-Giménez en la Revista Clínica de Medicina familiar en 2023, apuntaba datos interesantes sobre cómo el contacto con la naturaleza tiene una relación directa sobre nuestra salud. Estas dos especialistas en medicina familiar y comunitaria apuntan que cuando tenemos contacto con la naturaleza o realizamos deporte en espacios verdes, mejora el manejo del estrés, los marcadores endocrinos relacionados con el estrés caen o la presión arterial vuelve a los valores basales más rápidamente que cuando se realiza en espacios urbanos.

Así que no se trata de convencer a nadie, ni de imponer nada. Se trata de abrir espacios a otra forma de actuar y de colocarse en el mundo. Se trata de que defender la naturaleza, los cuidados, lo común y lo lento es también defender lo justo. Cuidar no es una tarea menor, es una forma de plantar cara a modelos que agotan cuerpos y territorios. Sembrar tiempo, conectar con otras personas, sostener redes: ahí se trama una transformación que no salva por sí sola el planeta, colabora, pero sí puede salvarnos del ruido, del cansancio y de la desconexión. Eso ya es un cambio enorme.

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Estefanía Suárez es experta en Sostenibilidad Ambiental y colaboradora de la Fundación Alternativas.

La corriente ecológica en el mundo agrícola no termina de despegar. La inflación, la guerra de Ucrania y el auge del populismo han extendido la idea en Europa de que la revolución verde supone pérdidas para el agricultor y el ganadero, y a diferencia de otros sectores económicos, el campo rehúsa de subirse a ese tren. La Comisión Europea estableció que en 2030 el 25% de las tierras cultivadas en la Unión se trabajasen bajo las técnicas de la agricultura ecológica, pero a cierre de 2022 solo se empleaban en el 10,5% del territorio. En España, el segundo país más importante para la agricultura europea, el porcentaje solo es ligeramente mayor, del 10,8%, según publicó la semana pasada Eurostat.

El sello de agricultor ecológico se concede a quienes no usan herbicidas o plaguicidas para mantener sanos los cultivos, ni semillas transgénicas o fertilizantes para acelerar su crecimiento. En el caso de los ganaderos, para aquellos que prescinden de hormonas de engorde y que usan medicamentos solo en casos extremos. En su lugar, la agricultura ecológica propone emplear métodos tradicionales como la rotación de cultivos, el fijado natural del nitrógeno y el uso de variedades de semillas óptimas en esa región. Mientras que las granjas deben usar piensos 100% ecológicos y los animales se deben cuidar con estrictas normas de bienestar con superficies mínimas para reducir el estrés del animal.

El crecimiento de la superficie de agricultura orgánica ha sido sostenido durante la última década, pero se queda muy lejos de lo necesario para cumplir con la meta de 2030. En 2021 la Comisión presentó su plan de acción para mejorar la situación, pero no ha surtido efecto y solo algunos países van en la buena dirección, como Austria (27%), Estonia (23%) y Suecia (20%). Los porcentajes más bajos se dan en Malta (menos del 1%), Bulgaria e Irlanda (ambos con un 2%). España se encuentra cerca de la media de la UE, y tiene una cuota similar a otros gigantes del sector primario como Francia (10%) y Alemania (9,8%). Ante este panorama, la Agencia Europea de Medioambiente señaló en un informe publicado en diciembre que es "muy improbable" que se alcance el objetivo de 2030. "Cumplir el objetivo requiere al menos duplicar el nivel de incremento de la década pasada. Las políticas actuales incrementarán su porcentaje, pero no lo suficiente", se lee en el análisis. 

Los grandes productores de alimentos tienen problemas para desarrollar la agricultura ecológica, principalmente de precios, ya que sustituir los abonos, pesticidas y antibióticos —en el caso de la ganadería— en grandes explotaciones supone un trabajo de años, de ensayo y error, y de pérdidas que solo están dispuestos a realizar unos pocos. También depende del tipo de cultivo que tenga el profesional porque que la agricultura intensiva de la fresa o las verduras es mucho más sensible y necesita más cuidados, por lo que es más difícil deshacerse de los químicos. En las granjas ocurre lo mismo, ya que el cerdo precisa mucho más medicamentos que una vaca o una oveja.

Además de las cuestiones prácticas, tampoco ayuda la guerra que libran algunas organizaciones agrarias contra las medidas agroecológicas, que las consideran una amenaza para la supervivencia del sector. Asaja, y en menor medida Coag, las dos mayores agrupaciones del sector en España, han declarado una oposición frontal a la Estrategia del Campo a la Mesa, el plan de la Comisión Europa que incluye, entre otras medidas, el objetivo de alcanzar un 25% de agricultura ecológica. La derecha europea también ha aprovechado la ola de descontento para agitar el campo y tanto los conservadores del Partido Popular como la extrema derecha han hecho campaña contra las medidas verdes.

Aunque la transición hacia la agricultura ecológica no es sencilla, los profesionales que se dedican a ella en España explican que es falso que no sea económicamente viable. Gerónimo Sánchez es director de la Fundación Agroecosistema y defiende que muchos cultivos con grandísimas extensiones en España se pueden hacer completamente orgánicos. "Los cultivos leñosos de secano pueden ser igual de rentables que en la agricultura tradicional, o incluso más, porque son cultivos donde los pesticidas y los fertilizantes no te dan grandes ventajas y sí suponen mucho gasto. Por ejemplo, en el olivar, el almendro o el castaño", señala. "El gran reto que tenemos es dar a conocer entre los agricultores que la agricultura ecológica es viable", añade. Además, las medidas agroecológicas garantizan cobrar el 100% de la Política Agraria Común (PAC), puesto que las ayudas europeas están ligadas a las buenas prácticas ambientales, unas obligatorias y otras optativas.

La Fundación Agroecosistema se dedica a asesorar a profesionales que quieren transformar sus parcelas en cultivos orgánicos, puesto que supone cambiar por completo la forma de trabajar la tierra. Sánchez relata que "en lugar de tratar las plagas, tienes que prevenirlas, porque curarlas de forma natural es más difícil". Para proteger el suelo y el cultivo de manera orgánica hay que conservar los microorganismos, los insectos y los animales para que el ecosistema se autorregule, relata este ingeniero.

Aunque España tenga apenas un 11% de su territorio bajo un modelo ecológico, es el segundo país después de Francia que más superficie tiene de la Unión Europea. Celsa Peiteado, responsable del Programa de Alimentos de WWF, recuerda que la península tiene mucha experiencia en sistemas agrarios orgánicos porque se aplica en todo tipo de cultivos, desde invernaderos a cítricos, pasando por pastizales. "Es una buena noticia, pero estamos lejos de alcanzar el objetivo del 25%. Nos hacen falta más herramientas", expone. Entre ellas, destaca la reorientación de la PAC para que premie todavía más a los productores que apuestan por sistemas ecológicos mediante ayudas directas. Además, pide un programa estatal de asesoramiento para que los profesionales que quieran adentrarse en estas prácticas tengan mentores que ya conozcan el sector. Por último, propone una reforma fiscal en Europa "que haga pagar más impuestos a la industria agrícola contaminante y reduzca la carga a quienes ayudan a conservar el suelo y el ecosistema".

Vuelve la realidad de la situación de la agricultura y los efectos del cambio climático, que incluso ha logrado imponerse a la polarización política y al ambiente de ruido generalizado de la amnistía, tanto dentro como fuera de España.

En fechas recientes, las reivindicaciones del sector agrario europeo han pasado a primer plano comenzando por Francia, y no por casualidad, en el contexto de unas elecciones europeas, con el temor a un incremento de la representación y de la influencia de la ultraderecha, cosa que ya se ha producido en las regiones, en los países y en algunos gobiernos a lo largo y ancho de Europa.

En las reivindicaciones de un sector tan complejo y contradictorio como el agropecuario no es extraño que se mezclen el agua y el aceite, los distintos intereses, a veces contrapuestos, y las causas con las consecuencias. Porque no es lo mismo la agricultura familiar que la agricultura y ganadería intensiva de latifundios y macrogranjas. Tampoco las explotaciones familiares, las cooperativas y por otra parte las grandes empresas y las multinacionales agrarias. Como no son lo mismo los distintos sindicatos agrarios, que representan desde empresarios a agricultores de explotaciones familiares y en consecuencia sus intereses, muchas veces contrapuestos. Como no son para nada lo mismo la política agraria común y las nuevas leyes europeas para la transición ecológica.

Tampoco es nuevo que a río revuelto haya quien pretenda sendas ganancias cuestionando la representatividad sindical actual, como antes lo hicieran en el transporte, en aras de una supuesta democracia de WhatsApp. O quien se suba al carro para la manipulación política del malestar del sector agrario y del medio rural, como se pretende desde los partidos de la ultraderecha.

Lo cierto es que hay causas objetivas para el malestar, para la movilización y para la reivindicación ante situaciones que ya estaban al límite de supervivencia y que ahora se agravan. Otra cosa es cómo se representa el malestar, de forma más o menos organizada o más o menos violenta, y cuáles se consideran las causas de la situación y sus posibles soluciones. Lo malo es que se coincida en apuntar en contra de la Unión Europea y de la ecología o frente al aumento del salario mínimo y contra los inmigrantes. Los mantras conocidos de los empresarios agrícolas, de la ultraderecha y por desgracia de una parte cada vez mayor de la derecha española y europea, con Manfred Weber a la cabeza.

Sin embargo, no cabe duda de que tenemos más de un problema con la cadena alimentaria y también con las importaciones, ya que la ley recientemente aprobada y sus limitadas inspecciones y sanciones todavía no han podido evitar ni la venta a pérdidas ni mucho menos paliar los márgenes abusivos entre los productores, la distribución y la comercialización. Un debate que ya hemos tenido ante el rebrote inflacionista causado por la ocupación y guerra de Ucrania y que no se ha resuelto.

También es cierto que las importaciones, la burocracia y la digitalización recaen sobre unas explotaciones que en muchos casos además se ven desbordadas. En todos estos temas, no cabe duda de que hay bastante margen de mejora. Como lo hay en la orientación mayoritaria a la agricultura intensiva de las actuales ayudas europeas de una PAC de rasgos neoliberales.

Algo muy diferente es introducir un debate falso sobre la agenda 2030, sobre la Unión Europea y sobre un supuesto ecologismo radical que no se sostiene, cuando los responsables de agricultura de la Comisión Europea han sido y son los representantes del partido conservador y del liberal de la Unión Europea. 

Tampoco es de recibo la pretensión de acabar al tiempo con la burocracia de Bruselas y con la agenda 2030 y la transición ambiental europea e internacional. Y no es aceptable por razones objetivas: no hay más que ver los efectos del cambio climático sobre la sequía y los fenómenos climatológicos extremos y por tanto sobre la agroganadería. Tampoco es lógico, cuando un tercio del presupuesto comunitario tiene como destino la agricultura, en forma de subvenciones, y que tal volumen de subvenciones para proteger a nuestro sector agrario frente a otros tiene como principales argumentos el garantizar la calidad, la seguridad de los alimentos y también la protección del medio ambiente. Si no fuese así, no habría más razón que el mero proteccionismo, y en consecuencia la competencia desleal y la agricultura dopada sería la nuestra. Bien diferente es que la transición ambiental deba ser justa también con los agricultores.

De hecho, un debate que no aparece es que la distribución de las ayudas europeas dista de ser equitativa, ya que beneficia mayoritariamente a las grandes explotaciones intensivas, cuando por razones sociales y ambientales estamos abocados a un cambio rápido hacia una agricultura menos intensiva, con un consumo más racional y con un menor impacto ambiental.

En vano se pretende que aparezca como algo diferenciado la realidad del cambio climático con una ola de calor que no cesa, de los efectos palpables sobre la agricultura como es la sequía y, en consecuencia, la urgente necesidad del consumo racional de agua y la perspectiva de su racionamiento en próximas fechas.

Por eso es un error que el primer mensaje de las autoridades europeas ante las movilizaciones de la agroganadería consista en paralizar la agenda de sostenibilidad ambiental de la Unión Europea. Dando por buena la acusación de "dogmatismo ambiental" de la ultraderecha.

Aunque lo peor es que todo esto suponga el precedente del final de la alianza plural que ha permitido el origen y desarrollo federal de la UE, mediante la cohabitación en las instituciones europeas, para sustituirlo por una mayoría conservadora que dé cabida a la ultraderecha.

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Gaspar Llamazares es fundador de Actúa.

Agricultores y ganaderos colapsan este martes con sus tractores las principales carreteras y vías comarcales de España para exigir precios justos para sus producciones, reciprocidad en las importaciones respecto a terceros países y una menor burocracia que está asfixiando al medio rural. En concreto, los agricultores de toda España han planteado protestas para este martes en diversos puntos del país, incluidas tractoradas, tras las movilizaciones impulsadas por el sector agrario en Francia, Alemania, Bélgica y Portugal, según recoge Europa Press.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha afirmado este martes que "hay que acompañar al campo" y ser "enormemente solidarios y empáticos" con los agricultores, pero ha negado que la Agenda Verde esté teniendo un impacto negativo sobre el sector.

El mapa no muestra los incidentes en las carreteras de Cataluña ya que la Generalitat tiene las competencias transferidas y no dependen de la DGT.

En Andalucía, las protestas causan desde primera hora retenciones en la autovía A-4 a la altura de Écija (Sevilla) y en la A-92 en diversos puntos de la provincia de Granada, así como en Málaga capital, donde los accesos de San Andrés y Alameda de Colón al Puerto de Málaga han sido bloqueados. La Policía Local se ha visto obligada a cortar el tráfico en el eje litoral y Alameda de Colón y solo el Paseo del Parque continúa abierto.

La circulación se encuentra en nivel rojo por una tractorada entre los kilómetros 452 al 458 a la altura de Écija (Sevilla), en el kilómetro 203 en la A-92 en Venta Nueva (Granada) y en la A-92G a la altura de Santa Fe y Moraleda de Zafayona, también en la provincia de Granada.

Agricultores y Ganaderos a pie y con vehículos han cortado la A-4 (Madrid-Cadiz) a su paso por La Carolina (Jaén) para reivindicar soluciones al sector agrario. A ello se le suman otros cortes de carreteras jiennenses, en Huelma y Alcalá la Real. Según recoge la Dirección General de Tráfico, la A-401, en el kilómetros 50,5 en Huelma, también permanece cortada en ambos sentidos, al igual que la N-432, en el kilómetro 390, en Alcalá la Real.

En la comarca del Campo de Gibraltar a las 8,45 horas han salido de Jimena en dirección a Algeciras unos diez tractores, a los que se le han unido más, llegando a la veintena de ellos y provocando el tráfico lento en la zona, según Subdelegación. El tráfico en la A-7 a su paso por Los Cortijillos, en el término municipal de Los Barrios, se encuentra cortado en ambos sentidos en el kilómetro 1.113,31, como informa la web de la DGT. Otro punto afectado en la provincia de Cádiz se da en la carretera de Bornos, en la A-384 desde el kilómetro 17 y en sentido decreciente de la kilometración hacia Villamartín.

Las movilizaciones de los agricultores han llegado hasta los accesos de Mercazaragoza que se han visto colapsados en la entrada por la avenida Pirineos durante esta madrugada, pero no ha afectado a la distribución de productos. Desde las 03.00 hasta las 08.00 horas los tractores han ido llegando de forma progresiva y se han ido concentrando en torno a Mercazaragoza desde el acceso por carretera desde la autovía en dirección Barcelona y Madrid y han ocasionado retenciones sobre las 05.00 horas. No obstante, a partir de las 08.00 horas han comenzando a marcharse desde la Unidad Alimentaria por la Z-30 y se ha despejado el acceso por carretera a Mercazaragoza.

Desde las 7.45 horas, una manifestación interrumpe la circulación en la autovía A-4 que une Madrid con Córdoba, concretamente a la altura del kilómetro 119 en la localidad de Madridejos y en sentido Madrid.

En el caso de la A-42, a la altura del kilómetro 35, en la frontera con Madrid, la manifestación, según indica la Dirección General de Tráfico, afecta en el término municipal de Veredilla, con circulación interrumpida en sentido decreciente sentido Madrid.

En Toledo capital, donde la protesta llamaba a los agricultores a "colapsar" el Polígono Industrial, ya ha conseguido su propósito en la conexión entre Santa Bárbara y este barrio a las afueras de la ciudad, el más poblado y donde se encuentra el hospital. Algunos autobuses que completaban ese tránsito, con pacientes en camino de Urgencias, han tenido que dar la vuelta para buscar un itinerario alternativo.

En Tomelloso, decenas de tractores ya están preparados con la intención de marchar hacia Manzanares; mientras que en Cuenca, varias columnas convocadas a las 10.00 en el centro comercial de la avenida de Madrid en las afueras de la ciudad ya se dirigen hacia el punto de encuentro, como la que ha pasado cerca de las 8.30 por Carboneras de Guadazaón. La A-5 en Maqueda, donde también se había convocado la afluencia de tractores, también presenta según la DGT "desorden público" por la gran cantidad de agricultores dando forma a la protesta.

Las protestas del campo en Guadalajara han sacado a los agricultores y ganaderos no solo desde la zona de Molina de Aragón y Sigüenza hasta Alcolea del Pinar sino al polígono del Henares, entre Guadalajara capital y Marchamalo, donde se han reunido unos cuarenta trabajadores del sector con sus tractores y furgonetas, en el caso de los ganaderos, para exigir mejoras y protestar por la situación que atraviesan. No han cortados carreteras pero sí están ralentizado la circulación por la carretera de Yunquera de Henares y a la altura de la Ronda Norte y en el trayecto hacia Guadalajara.

En Castilla y León, una tractorada está dificultando la entrada en Valladolid a los accesos al polígono de San Cristóbal y a Mercaolid. Desde del Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 advierten de que se prevén problemas de circulación en muchos puntos de la región por las manifestaciones de los tractores e informan de atascos a primeras horas en la N-601, A-62, N-630, A-231 y A-6.

La DGT ha informa por su parte de la situación de nivel negro en la A-62 a la altura del punto kilométrico 148 creciente en Tordesillas y en el 170 de la A-6 en Rueda, ambos en Valladolid, por manifestación y en la A-6 en el punto kilométrico 257 en Paradores de Castrogonzalo (Zamora).

Los tractores han llegado a la capital desde diversos puntos de la provincia y se reparten por las localidades más importantes de Zamora. Hay atascos en las inmediaciones de Benavente, tráfico lento en la carretera ZA-610 y circulación condicionada en la CL-527. También hay tráfico lento en la N-630 en Corrales del Vino y en la N-525 cerca de Benavente.

Los tractores concentrados en el corte de la vía A-2 a su paso por Fondarella (Lleida) han aumentado hasta superar los 1.500 sobre las 11.45 horas. Los agricultores también han cifrado en más de 2.500 las personas congregadas en la zona, quienes participarán en una asamblea prevista para las 12 horas.Los agricultores también se están concentrando en las rotondas de Vila-rodona y Montblanc (Tarragona) desde donde esperan cortar la AP-2 y la carretera nacional, una acción prevista para las 9 horas.

Las protestas se han iniciado sobre las 7.45 horas con los cortes de la C-252 en Torroella de Fluvià y la G1-634 en Verges (Girona). Los agricultores han cifrado en unos 500 los tractores concentrados ante la delegación de la Generalitat en Girona sobre las 11.30 horas de este martes, donde han tirado unos 200 kilos de paja y han regalado media tonelada de manzanas.

Agricultores y ganaderos han provocado este martes complicaciones en el tráfico en las carreteras de la Comunidad de Madrid M-600 y M-209 para exigir precios justos para sus producciones, reciprocidad en las importaciones respecto a terceros países y una menor burocracia que está asfixiando al medio rural y han provocado cortes en los principales accesos a la región en la A-3, A-4, A-5 y A-42.

Así, las únicas carreteras de la región que sufren complicaciones son la M-600, en Sevilla La Nueva hacia la M-501, debido a una tractorada que arrancó a primera hora de la mañana, y la M-209 en Campo Real.

En cuanto a las vías de acceso a la Comunidad, se encuentran cortadas la A-4 en Toledo a pocos kilómetros del madrileño municipio de Aranjuez, la A-3 cerca de Villarejo de Salvanés; la A-4 en Seseña y Madridejos (Toledo); la A-5 en Maqueda (Toledo) y la A-42 en Illescas.

Las protestas convocadas por agricultores están provocando cortes de carreteras en la autovía A-66, a la altura de Almendralejo, y en otras tres carreteras de la comunidad, así como están ralentizando la circulación en al menos otras cuatro. En concreto, se encuentran cortadas la N-523, en La Roca de la Sierra; la N-430, en Santa Amalia; y en la N-432, en el cruce de Entrín Bajo, según los datos que facilita la Dirección General de Tráfico y el 112 de Extremadura.

Asimismo, las diferentes tractoradas convocadas por todo el territorio regional están provocando retenciones o circulación lenta en la Ex-328, en Montijo y Lobón; en la Ex-114, en Talayuela; en la Ex-108, en Moraleja; y en la N-630, en La Granja y en Zarza de Granadilla.

La Ronda Norte de València, la A-3, la CV-30 está sufriendo cortes así como la CV-50 con numerosos atascos en la capital del Turia y desvíos en líneas de autobuses. Ninguna de las movilizaciones agrarias que tienen lugar este martes se había comunicado a la Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana, que ha informado de que se han movilizado efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local, para garantizar la seguridad.

En concreto, las protestas han cortado la entrada a València desde la CV-30 y la salida por la Ronda Norte desde el Camino de Moncada. Lo que sí estaba permitida era la salida desde Joan XXIII hacia la CV-30, según ha informado Tránsit València. Además, la protesta ha provocado el colapso de las vías transversales a estas carreteras y la ronda de tránsitos, han indicado las mismas fuentes.

Con datos de poco antes de las 11.00 horas, se ha cortado la A-3 en ambos sentidos, a la altura de Utiel, en el kilómetro 275, ambos sentidos, y el tráfico se ha desviado por la antigua N-III. A la altura de Chiva, la circulación es lenta con varios carriles cortados.En la A-35, a la altura de Montesa en sentido Valencia, se han registrado unos tres kilómetros de circulación lenta, a medida que iban avanzando los tractores.

La movilización de tractores convocada por agricultores navarros para reclamar mejoras en el sector está provocando desde primera hora de este martes incidencias, retenciones y cortes puntuales en distintas vías de Navarra, según han informado desde la Policía Foral.

En concreto, la tractorada está teniendo especial incidencia en puntos como la PA-30 (Ronda de Pamplona), las rotondas de Talluntxe, Berriozar, Itaroa, Olaz, y Artica, y en los accesos a Tafalla, Lumbier y Estella.

Esta marcha ha sido convocada por los propios agricultores, al margen de sindicatos y organizaciones agrarias, si bien entidades como UCAN o UAGN han mostrado su "respeto" hacia la movilización.

Desde el cuerpo policial han recomendado adelantar los desplazamientos previstos y tomar vías alternativas por la red secundaria, además de "tener paciencia y comprensión" ante posibles retenciones motivadas por la circulación lenta de vehículos agrícolas y cortes puntuales en vías de red principal.

Las movilizaciones de los agricultores han provocado el corte de la carretera CT-34 en el acceso a Alumbres, en Cartagena, y están provocando retenciones kilométricas del tráfico en la autovía A-30, especialmente en el Puerto de la Cadena, así como en la RM-19 y en los accesos a la ciudad de Murcia, según han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil. Las movilizaciones han provocado el corte de la circulación en la carretera CT-34 en el acceso a Alumbres; y el tráfico es muy complicado en la A-30 y RM-19 en Los Martínez del Puerto. En el caso de la CT-34, está cortada a la altura del kilómetro 6.2 en Barranco en ambos sentidos hacia Escombreras y ALumbres.

En este sentido, la DGT señala en su página web que hay nivel rojo de tráfico -que significa circulación difícil- con una retención por orden público en la A-30 desde el kilómetro 164, a la altura de Lo Jurado, hasta el kilómetro 153,35 en Zeneta (Murcia), en sentido de la decreciente de la kilometración hacia Murcia. Asimismo, el nivel es rojo con circulación difícil en la carretera A-30 a la altura del kilómetro 165 en Los Martínez del Puerto (Murcia) en sentido de la decreciente de la kilometración.

También hay nivel amarillo -que significa circulación difícil- en la carretera RM-19 debido a la manifestación de los agricultores a la altura del kilómetro 7 en Los Martínez del Puerto (Murcia) en sentido de la decreciente de la kilometración. El nivel también es amarillo en la RM-19 desde el kilómetro 4 en Los Martínez del Puerto hasta el kilómetro 0 en Baños y Mendigo, también en sentido decreciente de la kilometración hacia Murcia. En la RM-15, la manifestación también ha provocado nivel amarillo en el kilómetro 4 hasta el 1 en Cañada Hermosa, en Murcia, en sentido decreciente de la kilometración.

En el País Vasco, una caravana de tractores, convocada por el sindicato UAGA, está recorriendo distintos puntos de la red viaria alavesa para concentrarse en el polígono industrial de Jundiz, en las afueras de Vitoria-Gasteiz, con el fin de reclamar cambios normativos y burocráticos que garanticen el futuro del sector.

La protesta, que continuará este miércoles frente a la sede central del Gobierno Vasco en la capital alavesa, está integrada por ganaderos de han partido de las localidades de Agurain, Bernedo, Armiñón, Kanpezu, Samaniego y Condado de Treviño.

Si pudiera medirse la cantidad de información per cápita publicada sobre cada municipio de toda España, es muy probable, casi seguro, que Marinaleda, con sus poco más de 2.500 habitantes, se colocaría en la parte alta de la clasificación. No sólo la prensa de Sevilla se ocupa desde hace ya va camino de medio siglo de este pueblo de la cuenca del Genil, 25 kilómetros cuadrados a algo más de 100 kilómetros de la capital, una hora larga en coche. Ni tampoco se limita la atención a los medios nacionales, que le han dedicado reportajes y reportajes. La fama de Marinaleda ha atraído durante décadas a reporteros de todo el mundo, desde The New York Times para abajo, fuera para prensa, radio o televisión, fascinados por la singularidad de su historia. Porque Marinaleda ofrece el tipo de aliciente que sólo pueden brindar las excepciones. Trabajo para todos y sin hipoteca en un pueblo español, titulaba el rotativo neoyorquino una de sus últimas piezas, en 2009. Eran, o lo parecían, los buenos tiempos. Y eso que estábamos en plena crisis.

Ahora en Marinaleda, aunque su singular modelo de acceso al trabajo agrícola sigue en pie, cunde el temor a que haya malas noticias esperando a la vuelta de la esquina.

Antes de explicar por qué, hagamos un poco de historia. ¿A qué tanto interés en ese pueblo que tiene como lema "una utopía hacia la paz"? Para entenderlo, hay que citar un nombre. La historia del pueblo va unida a quien todavía hoy resulta raro no llamar alcalde, porque parecía que lo iba a ser siempre: el líder jornalero Juan Manuel Sánchez Gordillo. Nacido en 1949, este sindicalista agrario, "rojo", "comunista" y "comunitarista", conquistó la vara de mando en las primeras municipales, en 1979, y no lo soltó hasta el pasado mayo, cuando decidió no presentarse, ya mermada su salud, y dejar paso a uno de sus más próximos, que ha revalidado su mayoría absoluta.

Si Gordillo no ha sido un alcalde cualquiera, tampoco su pueblo ha sido un pueblo más. Y eso que en los albores de la democracia parecía una de las muchas poblaciones de la Andalucía interior castigadas por el endémico desequilibrio en el reparto de la tierra. Es decir, por la pobreza y el paro y la falta de oportunidades. ¿Qué hizo diferente a Marinaleda? Que Gordillo, ejerciendo como líder, casi como mesías, empujó a su pueblo a una larga sucesión de ocupaciones de tierras con una finca entre ceja y ceja: El Humoso. Y logró convertirla en todo un símbolo de la lucha de los jornaleros sin tierra.

La historia era irresistible: aquel barbudo de verbo encendido al frente de una pequeña legión de braceros de piel tostada marchando al grito de "pan y tierra" y asentándose, sin pedir por favor ni perdón, en los dominios del Duque del Infantado, desde donde desafiaban a los desconcertados agentes de al Guardia Civil. Aquello lo tenía todo: era expresión de pura desigualdad, sí, pero también de la rebeldía atávica de los desposeídos, que pedían a la democracia algo más que derechos en un papel, que no querían ser de otra vez, como en al Segunda República, la asignatura pendiente. "Gordillo, con su relato de señoritos y jornaleros, hablando de reforma agraria, ofrecía justo la imagen de Andalucía que el PSOE quería evitar. Era un tío, más que peligroso, incómodo", resume a infoLibre un exparlamentario, ya apartado de la política, que explica así que al final, erre que erre, el hombre del palestino al cuello se saliera con la suya.

Las cooperativas de Marinaleda lograron, entre 1991 y 1995 la cesión para su uso, no la propiedad, de unas 1.200 hectáreas agrícolas que la Junta había comprado al duque. Su entrega permitía que las tierras fueran explotadas por la red de cooperativas del pueblo, encarnación del sueño "comunitarista" de Gordillo. "La tierra para el que la trabaja", era la frase de la época. Los reportajes de estética miserabilista de los años 80 empezaron desde entonces a añadir pinceladas coloristas, de final feliz. El Humoso, tras años de lucha, era del pueblo. Se salían con la suya, por una vez, los desharrapados. "Oasis comunista", llegó llamar el Times a Marinaleda, tan propicia para el tópico.

Gordillo presumía de un desempleo en su fortín por debajo del resto de Andalucía. Todavía hoy su sucesor, Sergio Gómez, lo cifra entre el 8% y el 10%, y eso en un mal año agrícola, cuando en Andalucía está más cerca cerca del 20% que del 15%. El alcalde que se decía "como Cristo, Ghandi y Marx" se convirtió, una vez conquistado El Humoso, en un mito, con su nombre ya ligado para siempre a una mitología hecha de marchas, ocupaciones, insubordinaciones, desafíos, declaraciones incendiarias y hasta huelgas de hambre, a menudo junto a su compañero Diego Cañamero, los dos tan impulsivos en apariencia como estratégicos al aprovechar los periodos de bajón informativo –julio y agosto eran su fuerte– para conseguir atención con sus acciones, fueran ocupaciones de fincas o "expropiaciones" de carros del supermercado.

El alcalde/jornalero hizo conocidos en toda España el Sindicato de Obreros del Campo (SOC), el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y su pequeño partido, el Colectivo Unitario de Trabajadores (CUT), una de las organizaciones fundadoras de IU en Andalucía. Parlamentario andaluz por primera vez a mediados de los 90, quebradero de cabeza para la dirección de IU, Gordillo –figura venerada por el independentismo vasco y catalán de izquierdas– era el recordatorio de que las políticas de subsidio, el famoso PER, habían paliado pero no resuelto el problema del campo andaluz. Y se presentaba él mismo como prueba de que había otro camino. Mientras tanto, en su feudo, arrasaba, mayoría absoluta tras mayoría absoluta, mientras sus rivales se conformaban con acusarlo de practicar un autoritario conmigo o contra mí.

Lo cierto es que la historia de El Humoso, más allá de los neones, nunca fue idílica. A lo largo de los años las cooperativas han tenido problemas de deudas, impagos del canon a la Junta –de unos 160.000 euros el año, según la cooperativa– y discrepancias en el seno de la comunidad agrícola. A todo ello se suma la falta de certidumbre formal en que se encuentran las cooperativas al menos desde 2017. Pero todos los conflictos quedaban opacados por la figura del carismático líder. "El PSOE nunca se atrevió con él", afirma el citado exparlamentario. "Pero a todos los problemas se le iban a dando largas".

Los problemas que ahora son ya inocultables empezaron a incubarse en 2011, cuando la Junta –aún con el PSOE en San Telmo– lanzó un proceso para vender las tierras cedidas a los cooperativistas tras la extinción de lo que fue el IARA, el Instituto Andaluz de Reforma Agraria. Los jornaleros tenían de plazo hasta el cierre de 2015 para solicitar el acceso. Desde un año después, 1 de enero de 2017, están en El Humoso sin cobertura legal, según una fuente conocedora del curso administrativo de la finca. Ya enfilando 2024, las tierras aún siguen sin ser de los cooperativistas. Y ese no es el mayor problema: Hay un proceso de desalojo abierto por la Junta. Su final es incierto. La propia cooperativa da casi por segura una derrota en los tribunales y pide una solución política.

A la hora de explicar los motivos por los que se ha llegado a esta situación, la parte de los cooperativistas alude a uno de los requisitos, considerado "absurdo" para el caso de Marinaleda, que impone la norma de 2011. ¿Cuál? Que el número de socios debe ser igual al existente cuando las tierras fueron cedidas. Eso supondría 95 socios, según explica la propia cooperativa. Es "inviable", coinciden Juan Prieto, presidente de Marinaleda Sociedad Cooperativa Andaluza; Óscar García Jurado, especialista en economía social que los asesora durante el proceso; y Jesús Sendra, el abogado que les lleva el caso y que afirma que este requisito parte de "una visión trasnochada" del cooperativismo, según la cual el número de socios es espejo del empleo generado. "En Marinaleda la productividad es óptima y se genera mucho empleo", señala. García Jurado completa: "Llegar hasta 95 cooperativistas [ahora hay en torno a 50, dice] supondría una subida de costes enorme, que habría que sostener haya o no haya ingresos. Eso nos llevaría a una esclavitud ante los bancos, a un endeudamiento muy peligroso, cuando ahora hemos conseguido un equilibrio basado en el reparto del trabajo. Endeudarse no tiene nada de revolucionario", señala.

Pero es Juan Prieto el que más se explaya en la explicación. A sus 67 años, es presidente de la cooperativa de segundo grado Marinaleda SCA y gerente de las ocho cooperativas de primer grado integradas en la misma: Los Jornaleros; Tierra, Trabajo y Libertad; Domingos Rojos; Los Moledores; El Ciervo; Hierbabuena; Camilo Cienfuegos; y Los Compañeros. "En un pueblo de menos de 3.000 habitantes, aquí [en El Humoso] hay 60 personas trabajando todos los días, y picos de 400 personas durante la recolección. Todos, sean cooperativistas, fijos o eventuales, cobran 1.367 euros al mes. Nadie trabaja para hacerse rico, sino para vivir", dice. Y añade: "Tráete al economista que sea, al más listo, y a ver qué opina. El modelo funciona". García Jurado tercia: "Aquí se busca el reparto del empleo, no de los beneficios. Es un modelo único". Prieto y García Jurado afirman que subir a 95 cooperativistas rompería el "modelo". "Es absurdo", coinciden. Reclaman diálogo a la Junta, pero afirman que están encontrando evasivas.

infoLibre trató recabar información y posicionamiento de la Consejería de Agricultura para este artículo, sin respuesta.

Una cuestión tensa a tanto a Prieto como a García Jurado: el comentario, extendido entre quienes conocen la intrahistoria de El Humoso, de que Gordillo, en su última fase como alcalde, desaprovechó la ocasión de comprar la finca cuando la Junta le ofreció la posibilidad, es decir, después de 2011. Así lo recoge la propia resolución de 2021 de la Consejería de Agricultura, ya con el PP, que acaba con la orden de "desalojo" de las tierras y que ha sido recurrida por los cooperativistas. Ante la pregunta del periodista sobre el proceder del anterior alcalde, ni una crítica a Gordillo. Prieto sólo tiene agradecimiento para el exalcalde, al que recuerda como la "mente pensante" y el "líder" las "luchas" de los 80 y 90. Las nombra en plural: "luchas". Primero, por el agua para riego, tras la ocupación del pantano de la Cordobilla. Después, por la cesión de tierras. En medio, innumerables marchas y ocupaciones.

El resultado de todas aquellas "luchas" está hoy envasado a su espalda, durante la conversación con infoLibre en la fábrica de la cooperativa: aceitunas, aceite, alcachofas, habas, pimientos del piquillo... Un sistema cooperativo "productivo y que da empleo", recalca Prieto, que cree que el Gobierno andaluz (PP) está represaliando a Marinaleda. Ahí es donde inserta el posible desalojo. "Nos quieren quitar todo por lo que hemos luchado. Desde que Juan Manuel [Sánchez Gordillo] no genera el problema político, ellos [la Junta] se están tomando la revancha de todo lo que han tenido que tragar", afirma.

Prieto admite que, con la ley en la mano, los cooperativistas tienen las de perder en el litigio contra la Junta, aunque confía en que la orden de desalojo no se ejecutará. Y no sólo porque una hipotética sentencia en contra del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sería recurrida, sino porque "el pueblo no lo permitiría". Ahora bien, advierte de que el daño a la cooperativa ya está hecho con la imagen de incertidumbre que planea sobre ella. Una de las peores hipótesis que maneja se pierdan las ayudas de la PAC, unos 500.000 euros al año, según Prieto. "Por ahí nos podrían hacer muchísimo daño", se preocupa.

¿Solución? "Nosotros siempre hemos dicho que no queremos la propiedad", pone Prieto por delante, alineándose con la tesis histórica de Gordillo. Ahora bien, si hay que hacerse con la finca, hay dos opciones, detalla. La primera, que compren la finca las propias cooperativas, que la cederían a una fundación, que "ya está lista". La segunda, que la compre el Ayuntamiento. ¿El coste? En torno a 6 millones, según la resolución de 2021 de la Junta, aunque la cifra podría reducirse a entre 4 y 5 millones al descontar las inversiones realizadas por la cooperativa a o largo de los años, según García Jurado, que cree que el descuento del que podría beneficiarse el Ayuntamiento sería menor.

La conversación con García Jurado y con Prieto se prolonga durante más de una hora en la fábrica de la cooperativa, a las afueras del pueblo. Después hay cita con el alcalde, Sergio Gómez, en su despacho en el Ayuntamiento. Profesor de Historia de Secundaria de 37 años, le ha tocado el desafío de sustituir al histórico Gordillo, que finalmente en mayo de 2023, tras 44 años, dio paso a un nuevo candidato, no sin resistencias de última hora. A Gómez no le ha ido mal: de 11 concejales, sacó siete. Mayoría absoluta. Pero la tarea que tiene por delante no es ninguna perita en dulce. Hay que lidiar con el problema de El Humoso.

Ni un reproche para la gestión de Gordillo sale de la boca de Gómez. Su malestar se dirige hacia la Consejería de Agricultura (PP), que –denuncia– no está atendiendo sus solicitudes de búsqueda de solución con la excusa de que hay que esperar a que haya una sentencia, que se prevé para antes de final de año. Pero él pide una solución "política". ¿Cuál? El regidor se inclina por la compra municipal de la finca, aunque sabe que 6 millones es mucho para un ayuntamiento con un presupuesto que cifra en 4,5. "Es un precio desorbitado. Pagarlo significa más desempleo, cuando tenemos un paro por debajo del 10% y hemos sido siempre el pueblo de la provincia de Sevilla de menos de 10.000 habitantes con menos paro", relata el regidor, para quien la compra de las cooperativas y su traspaso a la fundación sería un "plan B". Lo que sí tiene claro el alcalde es que no hay opción C. Dice: "No vamos a consentir que la Junta nos quite 1.200 hectáreas de tierra, que son uno de los mayores triunfos de la historia reciente de la clase jornalera en Andalucía".

Le hacemos dos preguntas. La primera es si cree que, ahora que no está el volcánico Gordillo, la Junta se comporta de forma más dura con Marinaleda. "No creo", responde. "Ellos saben que Marinaleda, en caso de que tuviera que luchar por la tierra, lucharía, porque la semilla de la lucha está ahí". La segunda es si hay, como piensa Prieto, un represalia contra el pueblo. Más que represalia, describe un escarmiento: "A la derecha no le gusta que haya un modelo, como el cooperativismo económico social de Marinaleda, que se muestre como una alternativa al capitalismo. Van a intentar derrocarlo por todos los medios".

Lo anterior es el palo en el discurso del alcalde, que también trae una zanahoria para mostrarse abierto al diálogo y convencido de que no habrá desalojo, incluso si se pierde el caso judicial. La Junta negociará, señala. Lo que ni se le pasa por la cabeza es que haya "un tercer comprador", por ejemplo un fondo de inversión. "Tenemos una opción preferente y la usaremos. Perder El Humoso sería amputarle el corazón a Marinaleda". Prieto coincide: "Si la Junta lo permite, obviamente aparecería otro comprador. No estoy dispuesto. No llevo más de 30 años dejándome los cuernos aquí para eso".

Una red negra se extiende sobre el manzanal que bordea el campo donde Günther Wallnöfer lleva a sus vacas de vuelta al establo todas las tardes. "Sirve para proteger las manzanas, pero también para evitar la deriva de los pesticidas", explica Wallnöfer, ganadero de leche ecológica y cultivador de hortalizas en el municipio italiano de Malles Venosta. A pesar de las redes, Wallnöfer siempre se pone nervioso cuando analiza muestras de alimentos cultivados junto a los manzanales. Las sustancias venenosas acaban en los prados, en el agua, en las cumbres de las montañas circundantes, como ha constatado un estudio realizado por la Universidad de Milán-Bicocca.

Malles Venosta es un municipio de 5.200 habitantes en la provincia autónoma italiana de Bolzano, en Tirol del Sur, una región en la que se recogen cada año unas 950.000 toneladas de manzanas, el 50% de la producción total de Italia y el 10% de la de Europa. La provincia ostenta desde hace tiempo el récord italiano de uso de productos químicos en la agricultura.

Aunque no se dispone de muchos datos sobre el uso exacto de plaguicidas, estudios como el realizado por la Sociedad Internacional de Médicos por el Medio Ambiente apuntan a un uso de pesticidas por hectárea decenas de veces superior a la media italiana. En 71 parques infantiles analizados se encontraron residuos de doce plaguicidas, según un estudio realizado por la Red de Acción contra los Plaguicidas de Europa (PAN).

En 2014, tres cuartas partes de los habitantes de Malles Venosta votaron en un referéndum local a favor de prohibir el uso de fertilizantes y pesticidas en su municipio. Se produjo un acalorado debate y se inició también una disputa legal. Cientos de agricultores de la zona recurrieron la votación de Malles Venosta, argumentando que no era competencia del municipio celebrar dicho referéndum. El tribunal administrativo local suspendió la prohibición un mes después de la votación. La decisión se encuentra ahora pendiente del Consejo de Estado, que debe dictar la sentencia definitiva, un fallo que probablemente llegará a finales de año.

Este reportaje forma parte de una amplia investigación sobre el tema de los plaguicidas realizada por Investigate Europe, en la que infoLibre participa como único medio español.

Mientras tanto, el debate continúa en el palacio provincial de Bolzano. Arnold Schuler, consejero de agricultura, silvicultura, turismo y protección civil del Partido Popular del Tirol del Sur (SVP, por sus siglas en alemán), afirma: "Nos enfrentamos a retos que queremos abordar. La cuestión es sólo con qué estrategias". A principios de septiembre, durante las jornadas de sostenibilidad del Tirol del Sur, se presentará un plan de acción para encontrar soluciones para los sectores de la leche, el vino y la fruta en la región. “Uno de los pasos más importantes será la recopilación de nuevos datos y herramientas para un amplio diálogo con los habitantes", asegura Schuler, quien también recolecta manzanas. En 8,5 hectáreas utiliza un enfoque integral y en 3,5 hectáreas cosecha manzanas ecológicas.

“Malles Venosta ha llevado el tema de los pesticidas a lo más alto de la agenda", afirma Hanspeter Staffler, concejal del Partido Verde de Bolzano, quien destaca que el referéndum ha atraído la atención de los científicos, haciendo hincapié en la cuestión del medio ambiente y de la salud de las personas. Su partido está trabajando en tres temas principales: un aumento del apoyo a la agricultura ecológica, la introducción de normas de distancia entre las zonas en las que se utilizan pesticidas y las explotaciones ecológicas o las áreas especialmente protegidas, y el cumplimiento de los objetivos en las zonas de compensación ecológica, como los setos, los grandes árboles o las tierras no cultivadas. Para Staffler, el argumento de la necesidad de recopilar datos es válido, pero también se utiliza como excusa para retrasar reformas muy necesarias: “Trabajé en una propuesta detallada para el control sistemático de los plaguicidas, pero fue rechazada por el SVP en comisión", explica.

La Comisión Europea acaba de proponer un Reglamento que obligará a reducir el uso de pesticidas a la mitad para 2030. Los productores de manzanas del Tirol del Sur se preguntan cómo se puede conseguir esto sin reducir la producción. "Ya estamos en un nivel en el que será difícil para la mayoría de los agricultores si se prohíbe otro 50% de las sustancias. En los últimos años, muchas sustancias ya se han quedado sin autorización y tenemos una oferta limitada de productos fitosanitarios", explica Harald Weis, presidente de la cooperativa Roen, que cuenta con 660 socios y 54 millones de kilos de manzanas recolectadas en 2021. La aplicación de la propuesta de la Comisión tendría un impacto negativo en los volúmenes de producción, explica Weis, quien cree que hay demasiado alarmismo sobre los plaguicidas porque ahora, gracias a la tecnología, se puede contener la dispersión de plaguicidas en el campo: "Lo que es un residuo en la hierba a pocos metros del árbol no es nada que deba preocupar a la gente. El glifosato es un producto que casi no tiene efectos negativos en el suelo. Afecta al cáncer de las personas, pero en el suelo es el producto ideal". Además del cultivo tradicional de manzanas, la cooperativa Roen también comercializa manzanas ecológicas (el 10% de la producción). "Pero los costes de la producción ecológica son más altos y el mercado es limitado", sostiene Weis.

El problema de la escasa demanda también lo aborda Martina Hellrigl, de la cooperativa social Vinterra, también en Malles Venosta. En Vinterra cultivan hortalizas y cereales en 4,5 hectáreas y gestionan un restaurante. Donde sus tierras lindan con un manzanal tradicional, plantan sobre todo espelta y hortalizas que crecen bajo tierra. "Vender nuestras verduras es difícil porque tenemos que acostumbrar a la gente a redescubrir la calidad de los alimentos sanos. Sería más fácil vender cerca de una ciudad más grande. Pero estamos notando que la demanda aumenta".

Raimund Prugger cultiva manzanas ecológicas en una pequeña parcela rodeada de campos donde crecen manzanas de forma convencional. Antes, utilizaba pesticidas en su explotación agrícola, pero una de sus hijas, que estudió agricultura ecológica en Viena, convenció a sus hermanas y al resto de la familia para que se pasaran a la agricultura ecológica. Raimund Prugger no se arrepiente de su elección, y está convencido de que en el futuro "la producción ecológica puede ser un argumento de venta adicional". Lo que lamenta es que, a pesar de que los agricultores del Tirol del Sur están dispuestos a considerar la agricultura ecológica, el movimiento es lento. "Esto se debe a que no hay ningún empuje por parte de los compradores de las manzanas (las cooperativas) para destinar un mayor porcentaje al cultivo ecológico, sino que la iniciativa sólo proviene del pensamiento de agricultores que están cansados de envenenar sus tierras”.

Aunque el referéndum sobre los plaguicidas en Malles Venosta fuera declarado inválido en última instancia, sus impulsores ya han conseguido importantes logros. La acción de Malles Venosta marcó la pauta para otros referendos en las cercanías, que, aunque no apoyaron la prohibición, llevaron el tema de los pesticidas al centro del debate público. Tal fue el caso de la consulta celebrada en Suiza en junio de 2021, en el que casi el 61% de los ciudadanos rechazaron dos iniciativas que habrían impuesto una prohibición a nivel estatal de los plaguicidas en un plazo de 10 años y prohibido la importación de alimentos producidos con esas sustancias. Pero también el referéndum sobre la creación de un biodistrito en Trentino, celebrado en septiembre de 2021, cuyo objetivo, según explicó el portavoz del comité promotor, Fabio Giuliani, "era elevar el cultivo ecológico en la región de Trentino hasta el 50% de las tierras agrícolas, frente al 6% actual y a una media italiana del 15%". “Lamentablemente, en parte por culpa de Covid, no pudimos implicar plenamente a la población y alcanzar así el quórum necesario para que el referéndum fuera válido", indica Giuliani.

Para Malles Venosta, el referéndum generó en la comunidad una fuerte conciencia sobre la necesidad de ir hacia una forma diferente de producir alimentos, como la de la cooperativa Vinterra y otras iniciativas similares en el municipio, experimentando con métodos alternativos a los pesticidas. Por otro lado, se han frenado los cambios estructurales. "Antes del referéndum, los recolectores de manzanas de fuera del municipio mostraban cada vez más interés por las zonas aún disponibles en Malles Venosta, que ahora se destinan a la ganadería", destaca Wallnöfer.

Los pequeños agricultores y ganaderos perdían cada vez más tierras porque no podían pagar tanto por ellas como los grandes productores de manzanas (unos 700.000 euros por hectárea). Pero con el referéndum y la incertidumbre sobre la posibilidad de utilizar pesticidas, este proceso se ha paralizado, añade. “Mis abuelos ya tenían vacas y queremos seguir así", indica Wallnöfer, mientras conduce sus 20 vacas hacia el establo.

Entonces, señala unas mariposas que descansan en las flores del prado. "Hace cuatro o cinco años sólo las teníamos a mayor altura. Ahora están volviendo a bajar", señala. No existen investigaciones definitivas sobre el motivo por el que las mariposas han regresado, pero Wallnöfer tiene la esperanza de que efectivamente se ha reducido la exposición a los pesticidas: “Nuestro trabajo está empezando a dar sus frutos. El regreso de las mariposas a los prados, el apoyo desde otras regiones, incluso los debates en Bruselas... todo esto es un incentivo para continuar".

La agricultura actual depende en gran medida de los pesticidas. Esto conducirá a un colapso ecológico, advierten los científicos. La ciencia demuestra que ya hemos entrado en una fase de extinción masiva de determinadas especies animales que sólo podrá detenerse si el mundo se vuelve más ecológico y encuentra formas más sostenibles de alimentar a la población. Los políticos europeos se pelean ahora por lo estrictas que deben ser las nuevas normas.

Este artículo forma parte de una amplia investigación sobre el tema realizada por Investigate Europe, en la que infoLibre participa como único medio español. Busca dar respuesta a las preguntas clave sobre el uso de pesticidas, la pérdida de biodiversidad, la seguridad alimentaria y el poder de los grupos de presión.

Las plantas alimenticias siempre han necesitado estar protegidas contra las enfermedades, las plagas y los organismos nocivos: insectos, malas hierbas, hongos, bacterias y otros. Históricamente, los agricultores utilizaban ingredientes naturales para combatirlos. Pero con el crecimiento de la población mundial y el auge de la agricultura a escala industrial, las sustancias que podían repeler las plagas, regular el crecimiento y producir altos rendimientos se hicieron cada vez más indispensables. Los pesticidas químicos y sintéticos ofrecían una solución fácil.

Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), entre el 20% y el 40% de los cultivos se pierden cada año por culpa de las malas hierbas, las plagas y las enfermedades de las plantas. Los gigantes de la industria afirman que sin productos fitosanitarios –plaguicidas– sería "el doble".

En 20 años, el mercado internacional de plaguicidas agrícolas se ha duplicado, hasta alcanzar unos 52.000 millones de euros en 2019. Los 12.000 millones de euros de ventas de plaguicidas en Europa ese mismo año suponen casi una cuarta parte. A medida que las plantas y las plagas desarrollan resistencia a los plaguicidas, muchos agricultores aumentan su uso para asegurar la misma producción. Presionados por los precios industriales y las subvenciones agrícolas de la UE diseñadas para la producción en masa, muchos de ellos dependen de los herbicidas, insecticidas, rodenticidas y fungicidas. Se encuentran atrapados, como explica la organización Foodwatch en su reciente informe sobre cómo el actual sistema agrícola mantiene a los agricultores en patrones económica y ambientalmente insostenibles.

Sufrimos una crisis de biodiversidad. Las especies se extinguen a un ritmo alarmante, más rápido de lo que lo han hecho en 65 millones de años, desde que el meteorito acabó con los dinosaurios. El sistema alimentario mundial tiene una parte de la culpa. Este sistema promueve los monocultivos y depende de los fertilizantes y pesticidas, que contaminan el suelo, la vegetación y pueden permanecer en las fuentes de agua durante mucho tiempo o para siempre.

Además de matar insectos, malas hierbas y roedores, los pesticidas pueden ser tóxicos para muchos organismos huéspedes, como los insectos polinizadores y del suelo, las aves y los peces. Sin polinizadores, advierten los científicos, la agricultura moderna es extremadamente vulnerable a la crisis climática. Hasta el 75% de los 115 principales cultivos alimentarios dependen de la polinización animal, incluidos los alimentos ricos en nutrientes. El círculo vicioso continúa, ya que la agricultura intensiva es en sí misma una fuente importante de emisiones contaminantes del clima, ya que representa un tercio de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.

También existe una controversia permanente sobre los peligros que los plaguicidas suponen para la salud humana, ejemplificada sobre todo por el caso de un herbicida llamado glifosato. Este herbicida, uno de los más utilizados en Europa y en todo el mundo, ha sido declarado "probablemente" cancerígeno por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, organismo dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta conclusión la rechazan tanto la industria como diversas agencias de la Unión Europea.

Los plaguicidas están diseñados para ser tóxicos para todos los organismos que no sean el cultivo, incluidos los insectos y polinizadores. Un estudio publicado en 2017 sobre áreas protegidas en Alemania documentó una pérdida del 75% en la población de insectos en 27 años. En el Reino Unido, los cálculos estiman  un 58% de disminución en 17 años.

Las abejas, al recoger el néctar o el polen y el agua, pueden absorber residuos de pesticidas. Los apicultores han observado pérdidas masivas de colmenas y un debilitamiento inusual del número de abejas en los últimos 15 años, especialmente en los países de Europa Occidental: Francia, Bélgica, Suiza, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Italia y España. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) cita la agricultura intensiva y el uso de plaguicidas como dos probables factores causantes de este hecho.

El uso de insecticidas también afecta a las poblaciones de aves de toda Europa, alterando sus cadenas alimentarias y su capacidad para alimentar a las crías. Las aves de tierras agrícolas son las que más están disminuyendo. Las poblaciones de aves de granja en la UE disminuyeron un 17,4% entre 2005 y 2020. Las mismas especies se encuentran mucho mejor cuando viven en las ciudades, explicó a Investigate Europe Ariel Brunner, de Bird Life International. "Esto nos demuestra que es indiscutible que son nuestros sistemas agrícolas los que las matan. Las tierras agrícolas se están convirtiendo en páramos ecológicos".

La respuesta no es blanco o negro. Algunos estudios (en parte financiados por la industria) predicen una reducción significativa del rendimiento de los cultivos –entre un 10 y un 20%– tras la reducción en el uso de plaguicidas prevista por la UE para 2030. Llevan a la conclusión de que la producción de alimentos no puede arriesgarse a tales reformas.

Pero muchos otros actores subrayan que la capacidad de producción agrícola y ganadera ya está al límite, y sólo empeora debido a la resistencia a las plagas, la degradación del suelo y la pérdida de biodiversidad. A largo plazo, los pesticidas parecen poner en peligro la seguridad alimentaria, en lugar de garantizarla.

Científicos y ecologistas piden que se eliminen los plaguicidas por completo o al menos en un 80% en los próximos años. La propuesta de Reglamento de la UE no consiste en abolir totalmente los pesticidas, sino en reducir su uso en un 50% para 2030. En dos estudios diferentes (los puedes consultar aquí y aquí), científicos franceses han descubierto que es completamente posible reducir drásticamente la pulverización química de los cultivos sin perder rendimiento.

Además, según explica Dave Goulson, de la británica Universidad de Sussex, "cultivamos tres veces más calorías, aproximadamente, de las que necesitamos para alimentar a todo el planeta. Pero un tercio de esos alimentos se desperdicia, y otro tercio se destina a los animales". Por tanto, no se trata tanto de un problema de cantidad y de cultivos disponibles, como de la cuestión del comportamiento de los consumidores, del precio y de la distribución, Problemas que existen en Europa, pero también en otras regiones del mundo más vulnerables a la escasez de alimentos.

De hecho, la agricultura industrial como tal nunca ha garantizado el acceso a alimentos para todos a nivel mundial. Aunque la producción de los principales cultivos se ha triplicado con creces desde la década de 1960 –en parte gracias a los pesticidas y fertilizantes–, una de cada nueve personas pasó hambre en 2019. Al mismo tiempo, el sobrepeso y la obesidad se han convertido en emergencias de salud pública en muchos países. Casi 40 millones de niños menores de cinco años declararon tener sobrepeso ese mismo año.

5) ¿Cuál es el debate en la política europea sobre el problema de pesticidas?

El 22 de junio de 2022, la Comisión de la UE presentó una esperada propuesta de Reglamento –una norma vinculante– para reducir el uso de plaguicidas en un 50% para 2030. Es conocida como SUR, siglas en inglés de "Sustainable Use of pesticide Regulation" (la denominación en español es Reglamento de uso sostenible de productos fitosanitarios). Sin embargo, es sólo una propuesta, que corre el riesgo de chocar contra un muro de rechazo cuando los 27 Gobiernos estatales y los eurodiputados debatan sobre ella en los próximos meses.

Esta propuesta legal es continuación de una decisión relacionada con los pesticidas, adoptada el pasado 2 de junio y que fue un verdadero logro político: los Gobiernos de la UE acordaron comenzar a registrar e informar públicamente sobre el uso real de plaguicidas en Europa mediante un sistema de estadísticas sobre insumos y producción agrícola (llamado SAIO, por sus siglas en inglés). Hasta ahora, no existe un sistema armonizado para ello, ni la posibilidad de medir realmente si el uso disminuye o aumenta. Ahora, por primera vez en la UE, será obligatorio que los Estados presenten datos sobre el uso de plaguicidas. Pero la propuesta original se ha suavizado. Las estadísticas sólo se publicarán a partir de 2028, no mucho antes de la fecha límite de reducción fijada por la UE para 2030.

El primer intento comunitario de abordar los riesgos e impactos del uso de plaguicidas se remonta a 2009, cuando se aprobó la directiva sobre el uso sostenible de productos fitosanitarios (SUD). No tuvo éxito porque no era vinculante y porque carecía de herramientas para medir el impacto.

La nueva estrategia de la Comisión Europea para hacer más ecológica la agricultura europea (llamada De la granja a la mesa), y las nuevas normas buscan romper el estancamiento. La presentación del Reglamento estaba prevista inicialmente para el pasado 23 de marzo. Pero para entonces, la invasión rusa de Ucrania había cambiado el escenario. Ante el aumento de los precios y la guerra entre dos de los principales proveedores de trigo del mundo, el lobby de la agroindustria pudo replantear la cuestión y presentar el Reglamento como una amenaza para la seguridad alimentaria. Muchos políticos siguieron su ejemplo.

La propia Comisión Europea ha tenido problemas internos para lograr una posición unitaria sobre el objetivo de reducción de pesticidas. El vicepresidente encargado del Pacto Verde, Frans Timmermans, presionó para que se reduzcan considerablemente los plaguicidas. En una entrevista con Investigate Europe, Timmermans calificó los problemas para transportar el grano ucraniano a los mercados como "consideraciones a corto plazo" que no deben utilizarse para cancelar el programa De la granja a la mesa, que busca "la salud y la supervivencia a largo plazo” del sector agrícola.

El comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, tiene una opinión diferente. Sostiene que, si bien hoy no existe una amenaza para la seguridad alimentaria en Europa, nadie sabe cómo evolucionará la situación, por lo que es importante producir más alimentos ahora.

Al menos 15 Gobiernos de la UE han expresado públicamente su oposición a los objetivos vinculantes de reducción, basándose en diferentes intereses nacionales, los logros anteriores, el riesgo de que se reduzcan los rendimientos agrícolas y el temor a la competencia desleal provocada por las importaciones de países con normas menos estrictas. Si uno de los mayores países agrícolas –Francia, España o Italia– se une a este rechazo, el texto propuesto no sobrevivirá.

 En la UE no, pero es muy probable que la guerra afecte a otras regiones del mundo.

Ya antes de la guerra, los precios internacionales de los alimentos habían alcanzado un máximo histórico. Esto se debía sobre todo a las condiciones del mercado, pero también a los altos precios de la energía, los fertilizantes y otros servicios agrícolas. La invasión rusa de Ucrania no hizo sino agravar una situación ya difícil.

Los dos países se encuentran entre los tres primeros exportadores mundiales de trigo, maíz, colza, semillas de girasol y aceite de girasol. Rusia es también uno de los mayores proveedores de fertilizantes del mundo. Las alteraciones de las cosechas ucranianas, combinadas con la amenaza de restricciones comerciales a los alimentos procedentes de Rusia, podrían tener graves consecuencias para países de África, Oriente Medio y la región de Asia-Pacífico que ya son vulnerables a la inseguridad alimentaria. Casi 50 países de todo el mundo dependen actualmente de Rusia y Ucrania para al menos el 30% de sus importaciones de trigo. Para ocho Estados esta cifra se eleva al 80%, mientras que para Eritrea son el único proveedor. Ningún país de la UE se encuentra en esa lista de países más dependientes del trigo de los dos países en guerra.

Cuatro empresas agroquímicas poseen más de dos tercios del mercado mundial de pesticidas y casi el 60% del mercado de semillas agrícolas: Syngenta (china, de propiedad estatal), Bayer Crop Science (alemana), Corteva (estadounidense) y BASF (alemana). Aliados bajo el nombre de Crop Life, y con el apoyo de la organización europea de agricultores Copa-Cogeca, operan lo que se ha definido como "una máquina de presión casi perfecta". Destinan casi 10 millones de euros al año a sus esfuerzos por bloquear cualquier objetivo vinculante sobre el uso de plaguicidas en Europa, más de lo que gasta la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para regular los productos fitosanitarios. Entre las tácticas de cabildeo se encuentran las peticiones de "estudios de impacto" destinados a posponer cualquier acción, así como la movilización de apoyos desde Estados Unidos para presionar a la UE, como demuestra una presentación de la estrategia de Crop Life filtrada en las redes sociales en septiembre de 2021.

Cuando se prohíbe un plaguicida, suele haber ya una alternativa en el mercado. En la actualidad, se ha aprobado el uso de 452 sustancias activas de plaguicidas en Europa. La UE presume de tener "las leyes sobre plaguicidas más estrictas del mundo", y 937 sustancias han sido prohibidas, según una base de datos comunitaria.

Sin embargo, el modelo de negocio de la industria podría verse amenazado si la normativa se endurece.

Poco a poco, las cuatro grandes están perdiendo cuota de mercado en favor de China e India, cuyos pesticidas genéricos son cuatro veces más baratos que los productos patentados. La ONG francesa Le Basic estima que la facturación combinada de las cuatro principales multinacionales se redujo en casi 6.000 millones de dólares (unos 5.680 millones de euros al cambio actual) entre 2014 y 2020.

En definitiva, parece que el objetivo de la industria no es detener las reformas para siempre, sino hasta que haya alternativas que garanticen la supervivencia de sus negocios. La industria y las organizaciones de agricultores abogan por los sistemas robóticos y la agricultura de precisión, soluciones tecnológicas poco controvertidas, pero que conllevan el riesgo de acrecentar en nuevas formas la dependencia económica de los agricultores. Además, la industria promueve las Nuevas Técnicas para los Cultivos, un nuevo concepto para referirse a los organismos genéticamente modificados (OGM), que están ampliamente prohibidos en Europa pero que se utilizan mucho en Estados Unidos y en otros países. Se trata de un asunto repleto de explosivas consideraciones éticas y políticas.

Podría serlo, pero cultivar sin pesticidas es sólo una parte de la historia. Si los agricultores quieren cultivar sus tierras con menos veneno, también tienen que cambiar sus métodos. Por ejemplo, utilizando rotaciones de cultivos más largas, menos fertilizantes minerales o potenciando el control natural de plagas. 

La agricultura ecológica suele implicar un menor rendimiento. Pero la reducción que supone sería sólo una fracción de lo que actualmente se dedica a alimentar el ganado. Sólo la reducción del consumo de carne mitigaría considerablemente el problema de los plaguicidas.

¿Menos producción significa menos beneficios para los agricultores? No necesariamente. Un estudio global realizado durante 40 años sobre 55 cultivos ecológicos en los cinco continentes descubrió que, a pesar de una menor producción, la agricultura ecológica proporcionaba entre un 22 y un 35% más de beneficios que la convencional. ¿La explicación? Los agricultores fueron capaces de captar mercados de alto valor y lograr ratios de coste/beneficio entre un 20% y un 24% superiores a los de la agricultura tradicional.

También hay estudios que apuntan a un camino intermedio. Muestran que los objetivos de reducción de pesticidas propuestos por la Comisión son alcanzables con poca pérdida de productividad y rentabilidad. En 2017, científicos franceses concluyeron un informe sobre más de 900 explotaciones comerciales: "No pudimos detectar ningún conflicto entre el bajo uso de plaguicidas y una alta productividad y rentabilidad en el 77% de las explotaciones" investigadas.

Sí y no. El uso de plaguicidas y sus efectos nocivos para la biodiversidad es un tema que ha movilizado a los consumidores. En dos ocasiones en cuatro años, la sociedad civil ha conseguido recoger más de un millón de firmas de ciudadanos de toda la UE que se han sumado a sus llamamientos para prohibir los pesticidas. 

Un millón de voces verificadas bajo la llamada Iniciativa Ciudadana Europea es lo que se necesita para llevar las demandas a la agenda de la UE. Esto sucedió primero en 2017, con una audiencia en el Parlamento Europeo, gracias a la petición "Prohibir el glifosato" que también exigía "reformar el procedimiento de autorización de los plaguicidas y establecer objetivos vinculantes en toda la UE para la reducción del uso de pesticidas". Hasta ahora no se ha decidido la prohibición del polémico herbicida, pero, sin embargo, la petición tuvo efecto: la Comisión Europea nombró expresamente la iniciativa como motivo para proponer objetivos de reducción jurídicamente vinculantes. La segunda vez fue en 2021, gracias a la campaña "Salvemos a las abejas y a los agricultores", que pedía la prohibición total de los pesticidas. Cuando se hayan validado todas las firmas, el Parlamento Europeo tendrá que organizar de nuevo una audiencia pública sobre las demandas de los ciudadanos, probablemente en otoño de este año.  

La lucha contra los pesticidas continúa también a escala local. Un ejemplo es el referéndum celebrado en Malles Venosta, en el Tirol del Sur (Italia). Los ciudadanos decidieron prohibir el uso de pesticidas en su zona. La decisión fue apelada ante la justicia por diversos agricultores. Un tribunal regional dejó en suspenso la prohibición, pero la última palabra la tiene el más alto tribunal administrativo de Roma.

La Unión Europea pretende reducir los plaguicidas a la mitad en sólo ocho años. Al mismo tiempo, hoy no existen datos normalizados sobre su uso. Una nueva normativa debería cambiar esta situación, de forma que los objetivos más estrictos vayan acompañados de obligaciones de mayor transparencia. Pero el acuerdo final alcanzado establece que los datos sólo se recopilarán con periodicidad anual a partir de 2028, apenas dos años antes del objetivo de reducción fijado para 2030.

Tras un intenso debate de más de un año, los negociadores de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo (los Gobiernos de la UE) llegaron el 2 de junio a un “acuerdo provisional” respecto al Reglamento relativo a las estadísticas sobre insumos y producción agrícola (conocido como SAIO, por sus siglas en inglés).

Este reportaje, que forma parte de una amplia investigación sobre el tema realizada por Investigate Europe, se centra en analizar la importancia de superar la laguna estadística actual para lograr los objetivos de reducción de uso de pesticidas. infoLibre participa como único medio español en esta investigación.

El Reglamento trata de lograr la racionalización de la recogida de datos sobre la agricultura –incluyendo el tipo y el volumen de plaguicidas utilizados por los agricultores–, pero evitando al mismo tiempo imponer una carga demasiado pesada a la industria y a las autoridades nacionales.

A día de hoy no existen estadísticas creíbles a nivel europeo sobre el uso de pesticidas, sólo sobre las ventas de los mismos. En 2020 se vendieron 346.000 toneladas en la UE, un volumen que se ha mantenido más o menos estable en la última década, con un ligero descenso en los últimos años.

Pero estos datos de ventas no son suficientes para medir y controlar la reducción del 50% del uso de plaguicidas para 2030, un objetivo acordado en principio por los Gobiernos de la UE en la estrategia llamada De la granja a la mesa, que forma parte del Pacto Verde. El 22 de junio, la Comisión Europea propuso objetivos vinculantes en el Reglamento sobre el uso sostenible de productos fitosanitarios.

El Reglamento de la UE sobre estadísticas agrícolas se considera una herramienta crucial para lograr esta reducción del uso de plaguicidas. Como es lógico, los planes han sido objeto de acalorados debates entre activistas medioambientales, grupos de presión, agricultores y gobiernos.

"Se puede hablar todo lo que se quiera sobre la reducción de los pesticidas, los fertilizantes, sobre lo ecológico... Pero si no hay datos, nada se mueve", advierte Petros Kokkalis, eurodiputado griego del Grupo de la Izquierda, que impulsó la norma sobre estadísticas en el Parlamento Europeo.

Un aspecto crucial es la frecuencia de la recogida de datos y a partir de cuándo se lleva a cabo. 

En su propuesta del año pasado, la Comisión planteó que los datos deberían recogerse anualmente a partir de 2025. Pero el mandato que salió del Consejo proponía que los Estados miembros sólo recopilasen los datos cada cinco años. Y también eliminó la obligación de los agricultores de conservar y enviar los datos por vía electrónica.

Los gobiernos que impulsaron estos cambios en el Consejo fueron Austria, República Checa, Dinamarca, Alemania, Hungría, Irlanda, Países Bajos, Polonia, Eslovenia y España. Así lo revelaron las ONG Pesticide Action Network (PAN) y Amigos de la Tierra al analizar las declaraciones de los gobiernos estatales en las negociaciones del Consejo.

PAN denunció que los gobiernos "diluyeron la propuesta de la SAIO de una manera que hace que el objetivo de reducción del 50% de los plaguicidas sea imposible de medir y, por tanto, inútil". No obstante, el acuerdo final alcanzado entre las tres principales instituciones de la UE se acerca más a la posición del Parlamento Europeo en lo que se refiere a la recogida anual de datos y a los datos electrónicos estandarizados.

En todo caso, la recogida anual de datos no empezará hasta 2028, dos años antes de que los agricultores de la UE deban haber reducido su uso de plaguicidas en un 50%.

A preguntas de Investigate Europe, una portavoz del Ministerio de Agricultura español indicó que era “incorrecto” afirmar que España formase parte de ese grupo del que habla PAN: “España hizo alegaciones técnicas al Reglamento, no se opuso en ningún caso”.

Una vez que entre en vigor, el Reglamento de estadísticas llenará un vacío entre dos leyes comunitarias existentes. En la actualidad, los agricultores están obligados a mantener registros (nombre del plaguicida, fecha, dosis, superficie y cultivo) durante al menos tres años, pero sólo los entregan a las autoridades nacionales cuando se les solicita. Los datos pueden aportarse en cualquier formato: una hoja de Excel, un cuaderno o simplemente un papel suelto. Es habitual que los registros sólo se recojan esporádicamente entre una muestra de explotaciones, de forma que las autoridades puedan estimar así el uso de plaguicidas.

Cuando las autoridades nacionales recogen los datos, están obligadas, en virtud de otra ley comunitaria vigente, a compartirlos con Eurostat, la agencia de estadística de la UE.

Las estadísticas comunitarias son irregulares, ya que cada Estado miembro elige los cultivos y los años en los que se analizan. "Sin una mayor armonización, Eurostat no ha encontrado ninguna posibilidad de difundir datos significativos", admite un documento de 2019 de la agencia estadística.

Según el acuerdo de junio, los datos sobre plaguicidas deben ser recogidos por las autoridades nacionales anualmente, de forma digital y en un formato estandarizado, así como compartidos a nivel europeo.

"Los datos existen, pero no son homogéneos, no son los mismos en todos los países y no se publican. Nuestro esfuerzo es hacer que todos los países de la UE recojan los datos de la misma manera y al mismo tiempo", afirma el eurodiputado Petros Kokkalis.

El principal argumento en contra de las nuevas normas estadísticas es el posible aumento de los costes para los agricultores.

"Es importante recoger los mismos datos una sola vez, para evitar una carga administrativa excesiva. La mayoría de los agricultores son microempresas, ni siquiera pymes, por lo que esto podría ocuparles una parte considerable de su tiempo", afirma Pekka Pesonen, secretario general de la federación europea de asociaciones agrícolas, Copa-Cogeca.

Algunos agricultores también desconfían de la confidencialidad de los datos sobre las explotaciones, por miedo a un posible acoso en sus comunidades locales, sostiene Pesonen.

Otros temen que los requisitos y los objetivos obligatorios de reducción de pesticidas reduzcan su competitividad frente a los agricultores de fuera de la UE.

Ildefonso Cabanillas Corchado, que cultiva tomates en Extremadura, explica que él ya lleva un "libro sobre cultivos" obligatorio que identifica todos los productos químicos que utiliza. Esto, al igual que otras "normas de trazabilidad", es injusto para los agricultores de la UE, denuncia Cabanillas: "¿Dónde está la trazabilidad de las sandías que vienen de Marruecos? ¿Es tan justa y controlada como la que tenemos nosotros? Resulta que las sandías de Marruecos son cinco céntimos más baratas que las que traigo de Sevilla".

Está previsto que el acuerdo de la UE sobre el Reglamento de estadísticas se apruebe en el Parlamento Europeo en noviembre. Todavía no hay fecha para la aprobación en el Consejo. Cuando ambas instituciones lo respalden formalmente, se convertirá en ley.

Ríos tóxicos. Ese es el título del informe publicado recientemente por Ecologistas en Acción, en el que se analiza la contaminación química de ríos y aguas subterráneas en España. La principal conclusión es que todas las cuencas hidrográficas presentan contaminación con sustancias tóxicas en sus aguas superficiales (ríos, embalses, lagos) y subterráneas. “Los tóxicos detectados tienen múltiples orígenes y características, desde sustancias de la industria petroquímica hasta plaguicidas de uso agrario pero también disruptores endocrinos”, se denuncia en el informe.

Uno de los coatoures de dicho estudio es Koldo Hernández, a quien Investigate Europe ha entrevistado en el marco de la investigación sobre los efectos del uso de pesticidas en la agricultura. Un proyecto en el que infoLibre colabora como único medio español. 

P.- Una de las cuestiones que plantea el informe de Ecologistas en Acción es que la calidad de los datos es muy mala y que, debido a ello, los Gobiernos no pueden adoptar decisiones políticas.

R.- Los datos son muy malos por varias razones. Para que los responsables de los ríos puedan analizar, si quisieran, el uso de pesticidas de forma adecuada, lo primero que tendrían que saber es qué se está utilizando. Y no se sabe. No se sabe porque las estadísticas de uso se realizan cada cinco años, y además cada Estado miembro de la UE decide sobre qué pesticidas y sobre qué cultivos realiza las estadísticas.

Las únicas estadísticas anuales que existen no son de consumo, sino de comercialización. Estas estadísticas, por ejemplo, indican que España consume 13 millones de toneladas de glifosato. Y ya está. Nosotros llevamos dos o tres años peleando en España por el acceso a datos desagregados, pero nos hemos topado con lo que se llama el secreto estadístico. Hemos denunciado el tema ante los Defensores del Pueblo español y europeo, y hemos ganado, ambos han dicho que nos tienen que dar esos datos. Pero no los dan, y la Comisión Europea apoya que no los den.

Los datos de Eurostat sostienen que España fue en 2020 el primer consumidor de productos fitosanitarios de Europa, con 69.000 toneladas. Pero en la la web del Ministerio de Agricultura aseguran que han sido 76.000 toneladas. Esas 7.000 de diferencia son secreto estadístico. Por tanto, ya se parte de que un 10% de los datos no están disponibles, ni para el público ni para las Administraciones responsables de los ríos.

A ello hay que sumar que los datos no son reales, sino obtenidos a través de encuestas que contesta la industria. Son datos sesgados porque los da la propia industria y hay un número de fabricantes que ni siquiera contestan.

La directiva marco del agua obliga a analizar una serie de sustancias prioritarias, pero también obliga a analizar aquello que es susceptible de estar contaminando los cauces. Tampoco se tiene esa información. Esa directiva tiene además un enfoque muy dirigido a sustancias prioritarias, pero no a los contaminantes en uso. La mayoría de las sustancias prioritarias están prohibidas desde hace mucho tiempo.

¿Eso es una señal de que se siguen utilizando aunque estén prohibidas?

Puede ser. Hay evidencias de que puede ser, porque todos los años Europol hace redadas de plaguicidas ilegales. Y la cantidad que se decomisa cada vez es mayor. Así que se sabe que hay un mercado de pesticidas prohibidos. Eso sí, yo nunca he logrado saber qué es lo que se decomisa porque me han negado la información, tanto en Europol como en España.

La mayoría de estas sustancias prioritarias están ahí porque son permanentes. Van a estar ahí durante décadas. Pero falta un enfoque directo que se centre en los plaguicidas en uso.

¿Todo esto qué es lo que produce? Que no hay una serie de criterios armonizados de análisis. Entonces cada cuenca en España analiza una serie de pesticidas diferentes, que pueden cambiar cada año. Pero el titular es claro: no se analizan pesticidas en uso, se analizan pesticidas históricos, y hasta estos se analizan mal.

Otra cuestión a tener en cuenta es que muchos de los compuestos en estos plaguicidas no son solubles en agua, son solubles en grasa y en materia orgánica. En España todo el esfuerzo analítico está centrado en el agua. Entonces, cuando por ejemplo se detecta algo de lindano, que es un pesticida prohibido, vete a saber lo que hay por debajo, porque para que se detecte en agua una sustancia tan poco soluble como el lindano...

Y si esto ocurre en aguas superficiales, en las subterráneas multiplica lo mismo por dos o por tres porque se analiza todavía muchísimo menos.

En la UE se ha alcanzado precisamente un acuerdo este mismo mes respecto a las normas sobre estadísticas de plaguicidas, conocidas como SAIO por sus siglas en inglés. ¿Será suficiente para paliar esa mala calidad de los datos que denuncia?

El actual Reglamento establece dos tipos de estadísticas sobre plaguicidas. La anual de comercialización, cuyos datos tienen una calidad dudosa como he explicado, y la quinquenal sobre uso, que de hacerse de manera adecuada y veraz proporciona datos útiles sobre las cantidades de plaguicidas usadas en determinados cultivos y las zonas donde se utilizaron. Las organizaciones ambientalistas, como Ecologistas en Acción, hemos focalizado sobre esta última estadística los esfuerzos de influencia en el proceso de elaboración de la propuesta SAIO.

Nuestra propuesta era que esta encuesta pasase a tener una periodicidad anual y obligatoriamente los datos fueran obtenidos a través de registros electrónicos a completar por los usuarios de los plaguicidas. Si bien muchos Estados miembro defendían con vehemencia que esta encuesta siguiese siendo quinquenal, finalmente se ha aprobado que sea anual, pero a partir de 2028. Dado que el objetivo de reducción en el uso de pesticidas debe plasmarse en 2030, existe el peligro de que al tener para entonces datos de un número muy limitado de años, puedan ser insuficientes como herramienta eficaz para valorar si se cumple el objetivo.

De los estudios realizados por Ecologistas en Acción, ¿se puede concluir que la peor situación se da en la cuenca del Guadiana?

Nosotros no valoramos esto, precisamente porque los datos no son de buena calidad. Ese tipo de análisis llevaría además a conclusiones que son injustas. Por ejemplo, los resultados en los ríos del País Vasco son muy malos, pero porque es donde más se analiza. Casi la mitad de los análisis de España se hacen en el País Vasco. En el tema del glifosato, la segunda cuenca más grande de España, que es la del Ebro, no lo ha analizado nunca.

¿El nivel de uso de plaguicidas es mayor en el cultivo de frutas y cereales?

Pues tampoco lo sabemos con seguridad. Se puede intuir que sí, pero como no hay datos, no lo sabemos.

Hay Gobiernos que tienen discursos públicos ambientalistas, pero luego no siempre son consecuentes cuando se toman decisiones a puerta cerrada. ¿Dónde situaría al Gobierno español?

El discurso de España sobre los pesticidas está totalmente dominado por el Ministerio de Agricultura. De hecho, es el único órgano competente en materia de plaguicidas. El Ministerio de Agricultura siempre ha tenido un perfil muy pro-industria. De hecho, independientemente de quién haya estado en el Gobierno, lo que son los funcionarios principales del Ministerio no han cambiado. En otros ministerios, los directores generales cambian con cada gobierno, pero en Agricultura y en el tema de los pesticidas, son siempre los mismos. Dentro de la UE, España es tradicionalmente un defensor acérrimo del uso de pesticidas, aunque a veces lo haga de manera dulcificada en las formas.

España no deja de ser una potencia agrícola europea. Es el segundo país con mayor superficie agrícola de Europa después de Francia, y es un país muy dependiente del uso de los plaguicidas. Los datos así lo avalan, así que es complicado.

¿Y cómo se pueden liberar los agricultores de esa dependencia del uso de pesticidas?

Reducir el uso de pesticidas en España va a ser como separar a una madre de su bebé recién nacido. Hay incluso que entenderlo porque el agricultor se ha educado con el plaguicida. Han tenido sus mayores producciones con el plaguicida. Y no hay cultura de no usarlos.

Va a ser un proceso muy complicado, que desde mi punto de vista sólo se podrá imponer de forma vertical, de arriba hacia abajo, porque lo que son procesos de formación y cambio de conciencia no se dan en pocos años. Es imposible conseguir la reducción que plantea el Reglamento de la Comisión para 2030 solo con medidas de formación.

Y también es muy fuerte el lobby de los fabricantes de pesticidas, que pronostica caídas de hasta el 50% de la producción agrícola si se dejan de utilizar

Este tipo de números siempre los difunde la industria ante cualquier tipo de regulación química que se haya planteado, no solo con el tema de los pesticidas. Lo que nunca dicen es que las consecuencias del desastre las pagamos todos.

Pero la ciencia también demuestra que el nivel de producción agrícola bajará si no se introducen cambios porque el modelo actual es insostenible.

El uso de los agrotóxicos actuales, si lo miras a largo plazo, es insostenible. En 2011, se comercializaron en España aproximadamente siete millones de litros de glifosato, mientras que en 2020 se comercializaron 13,5 millones. En un periodo de nueve años, el consumo de glifosato en España aumentó más del 90%. Desde la mera lógica, esa cifra no es consecuente con el aumento de la producción agraria, que no ha sido del 90%. Y aunque parte de lo comercializado vaya a las Administraciones locales, que lo usan con profusión, tampoco se alcanza ese porcentaje. Ello significa que este herbicida se está utilizando en zonas y en cultivos que antes no se utilizaban. Por ejemplo, yo vivo en La Rioja, y hace 10 años las viñas estaban llenas de vegetación y ahora una viña parece la luna, está sin ningún tipo de vegetación a excepción de la vid.

Los agricultores están cada vez utilizando más pesticidas, para conseguir los mismos resultados. La sostenibilidad de este modelo, ¿dónde está?

Y luego está el tema de la competencia por precios en la agricultura del sur de Europa. El uso de los pesticidas se supone que abarata los costes. Pero siempre va a haber países que tengan costes más baratos que Europa. Al final, las verduras y frutas que llenan nuestras estanterías son producidos cada vez más en Marruecos, Sudáfrica o Chile. ¿Por qué? Porque es más barato. Como sigamos así, una elevadísima parte de los alimentos que se consumen en Europa no se van a producir aquí porque no va a ser rentable.

¿Cómo valora Ecologistas en Acción la propuesta de Reglamento finalmente planteada por la Comisión? ¿Cuáles son los principales avances y las mayores lagunas?

Reconozco que cuando pudimos leer la propuesta de la Comisión nos alegramos y emocionamos, porque ver plasmado en este tipo de documentos la obligación de la UE de reducción del uso y riesgo de los plaguicidas del 50% nos parecía una utopía.

Además de ser el Reglamento vinculante, destacamos la prohibición del uso de plaguicidas en las denominadas “zonas sensibles”, entre otras los espacios de uso público como parques y jardines, aquellos otros que puedan ocuparse por personas vulnerables y zonas que gozan de protección ambiental. Tan solo por esto la propuesta de la Comisión merece un aplauso.

Por el contrario y, como no podía ser de otra manera, la propuesta tiene aspectos negativos como su apuesta por la agricultura de precisión sobre la base de que el uso de nuevas tecnologías conllevará una mayor eficacia de los plaguicidas y de su reducción. Este tipo de respuestas tecnológicas ya se ha constatado como ineficaz en otros ámbitos.

El Reglamento plantea un esfuerzo de reducción de plaguicidas diferente para cada Estado, dependiendo de la utilización que hayan realizado de estos productos entre 2015 y 2017. Habrá tres grupos, con una reducción del 35, 50 o 65 por ciento. ¿Sabe Ecologistas en Acción en qué grupo se encuadrará España?

– Lo desconocemos, pero en nuestra opinión debería ser superior a la media porque España no sólo es el país con mayor comercialización de plaguicidas de la UE, sino porque en ningún caso los datos avalan que se haya producido un descenso en los últimos años.

Pocos europeos habrían creído, hace unos meses, que la Unión Europea se vería inmersa en un drama político sobre la regulación de los plaguicidas parecido a House of Cards. Pero esa es la situación en Bruselas desde marzo, cuando la Comisión decidió posponer la presentación del Reglamento sobre uso sostenible de productos fitosanitarios, que busca reducir a la mitad su utilización. La Comisión desveló finalmente sus planes el pasado 22 de junio, pero la partida aún no ha terminado.

El aplazamiento se produjo en plena campaña de relaciones públicas de la gran industria química, que cuenta con una fuerte maquinaria de presión, apoyada por la poderosa federación europea de asociaciones de agricultores, denominada Copa-Cogeca.

Este reportaje, que forma parte de una amplia investigación sobre el tema realizada por Investigate Europe, se centra en analizar la actuación de las empresas y grandes organizaciones del sector. infoLibre participa como único medio español en esta investigación.

El asunto es serio y delicado. Esto quedó claro cuando Investigate Europe entrevistó al vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, responsable de conducir Europa hacia una transformación verde. El Pacto Verde de la UE tiene su propia estrategia para transitar hacia una agricultura ecológica, denominada De la granja a la mesa. El Reglamento sobre productos fitosanitarios es el primer intento de plasmar esa estrategia en una ley. "Por supuesto, el complejo agroindustrial se moviliza, y tenemos un debate muy, muy enfrentado, como siempre parece que tengo con ellos", confesó Timmermans [puedes leer aquí la entrevista].

El lobby de los pesticidas en Bruselas no es parco en gastos. Según datos de la UE, la multinacional alemana Bayer es el fabricante de pesticidas con mayor presupuesto, más de 4,25 millones de euros al año. Sólo Google, Facebook y Microsoft destinan más dinero anual a labores de cabildeo.

Bayer, BASF, Corteva y Syngenta son las mayores empresas de pesticidas del mundo. Aunque son competidoras, las compañías aúnan esfuerzos a la hora de hacer lobby, de forma que impulsan y financian la actividad del grupo de presión Crop Life. Esta organización financió un estudio académico de la Universidad de Wageningen, publicado en 2022, en el que se concluía que las políticas de reducción de plaguicidas en Europa "darán lugar a una disminución de los volúmenes producidos por cultivo en toda la UE de una media del 10 al 20%".

Las empresas competidoras están presionando en Bruselas de forma unida, según Nina Holland, investigadora de Corporate Europe Observatory, una ONG que ha publicado varios informes sobre la industria de los pesticidas y los lobbies. "Todos presionan para que se apliquen las mismas normas favorables a las empresas en materia de evaluación de riesgos o para que se pospongan determinadas medidas. Si se observan estas organizaciones, se puede ver que Bayer, BASF, Corteva y Syngenta ejercen su liderazgo", sostiene Holland.

Copa-Cogeca también ejerce presión contra el Reglamento. Su secretario general, Pekka Pesonen, declaró a Investigate Europe que su organización "apoya los principios" de la reducción de pesticidas. Pero, en septiembre de 2021, compartió con sus miembros una campaña de relaciones públicas montada para sembrar la incertidumbre entre los eurodiputados sobre los efectos de la nueva legislación. Copa-Cogeca identificó varios estudios realizados por agrónomos que defendían posiciones cercanas a las de la industria, así como un análisis crítico del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Copa-Cogeca se ha reunido en 26 ocasiones desde 2019 con los comisarios europeos o su equipo para tratar estos temas. Crop Life Europe ha mantenido 12 reuniones. Bayer, BASF, Syngenta y Corteva tuvieron en total 69 reuniones, una media de dos por mes. La UE no guarda registros de las reuniones con funcionarios de menor nivel.

"Creemos que los objetivos obligatorios, como tales, no son realistas, son objetivos que van a ser muy difíciles de alcanzar. Y podrían tener consecuencias negativas no deseadas", advierte Anika Gatt Seretny, portavoz de Croplife Europe.

Investigate Europe solicitó entrevistas con los cuatro gigantes de los pesticidas: Bayer, BASF, Syngenta y Corteva. Los dos últimos no respondieron a la solicitud, mientras que Bayer y BASF declinaron las entrevistas. Bayer envió una declaración genérica y BASF aceptó responder a preguntas escritas.

BASF reconoce el deseo de la sociedad de reducir la dependencia de los plaguicidas, y entiende por qué la Comisión de la UE quiere una reducción del 50% en el uso y el riesgo de los plaguicidas para 2030, asegura Holger Kapp, del departamento de relaciones con los medios. Pero añade: "La cuestión clave es cómo se hará esto. Estos ambiciosos objetivos por sí solos no reducirán la necesidad de protección de los cultivos en un 50%, así que habrá que hacer algo en su lugar. No vemos sentido cuestionar el Pacto Verde o la estrategia De la granja a la mesa, pero sí vemos la necesidad de encontrar formas que hagan que la agricultura sea más sostenible y respetuosa con el clima mientras el suministro de alimentos en Europa y otras partes del mundo sigue asegurado".

Los Gobiernos tendrán la última palabra sobre el Reglamento de plaguicidas en el Consejo de la UE y, a nivel estatal, los intereses de las asociaciones de agricultores y de la industria de los plaguicidas también son notorios. En Francia, el ministro de Agricultura del primer gobierno de Macron estaba tan cerca de la federación nacional de agricultores, que el jefe de esa federación lo elogió públicamente en Twitter como un "buen portavoz de la causa". El antiguo jefe de gabinete del ministro de Agricultura, Marc Fresneau, se incorporó recientemente al lobby nacional de fabricantes de pesticidas como jefe de relaciones públicas.

El negocio también es grande. En 2019, el mercado de los plaguicidas facturó 52.000 millones de euros, de los que 12.000 millones se comercializaron en Europa. Las cuatro grandes empresas controlan dos tercios del mercado total. La mayor de ellas es Bayer, cuyo negocio global de "protección de cultivos" registró unos ingresos de más de 20.000 millones el año pasado. Luego vienen Syngenta, con sede en Suiza pero comprada por una empresa estatal china; Corteva, fundada por DuPont y Dow en Estados Unidos, y otro gigante químico alemán, BASF.

Bayer, BASF y Corteva son en parte propiedad de cinco fondos de inversión estadounidenses: Blackrock, Vanguard, State Street, Capital Group y Fidelity. Estos también poseen entre el 10% y el 30% de las principales empresas alimentarias mundiales, como Unilever, Nestlé, Mondelez, Kellogg, Coca-Cola y PepsiCo.

Sin embargo, la facturación combinada de los cuatro principales fabricantes de pesticidas cayó de 46.000 millones de dólares en 2014 a 40.000 millones en 2020. Esto se debió principalmente al aumento de las ventas desde China de productos químicos genéricos, según estudios de mercado.

Las multinacionales han respondido a la pérdida de cuota de mercado centrándose en parte en la comercialización de semillas transgénicas, modificadas genéticamente para que sean inmunes a los pesticidas.

Aunque un pesticida químico esté prohibido en la UE, ello no impide que pueda producirse y exportarse. Así que los venenos prohibidos en la UE, y las semillas tratadas con ellos, pueden venderse a países donde todavía están autorizados. Y puede tratarse de países que también exportan productos agrícolas a la UE. Esta es una queja de casi todos los agricultores con los que habló Investigate Europe: la UE debería aplicar las mismas normas europeas a los productos agrícolas importados de Brasil, Chile, Marruecos o cualquier otro lugar.

No es de extrañar que los cambios en la agricultura sean tan discutidos en Bruselas: la Política Agrícola Común (PAC) es la mayor partida del presupuesto de la UE. Representa el 31% del presupuesto total en 2022, lo que equivale a 53.100 millones de euros. Sin embargo, los principales Estados miembros de la UE han experimentado un importante descenso de la renta agraria bruta media –sin contar las subvenciones–, que oscila entre una bajada del 6% en Alemania y un descenso del 33% en Bélgica. La única excepción es España, donde la renta bruta por hectárea aumentó ligeramente un 3%.

La estrategia De la granja a la mesa quiere que todos los países aumenten la agricultura ecológica hasta alcanzar una cuarta parte de las tierras cultivadas en 2030. Hoy en día, la agricultura sin pesticidas químicos ocupa sólo una parte muy pequeña de la tierra que produce nuestros alimentos. Representa el 8,5% de media en la UE. Sólo en Austria se acerca a la cuarta parte (24%) de la producción agrícola total. En España está en el 10%.

En los próximos meses, la primera propuesta legal de ese plan –el objetivo de reducción de plaguicidas– va a ser objeto de batalla política.

Los grupos de presión contrarios a la estrategia señalan en particular los riesgos que una política restrictiva en el uso de pesticidas conlleva para la seguridad del abastecimiento alimentario en Europa. Los críticos con el Reglamento sobre productos fitosanitarios hablan de una posible crisis alimentaria, principalmente con el argumento de que la invasión rusa de Ucrania creó un problema de abastecimiento de grano.

Este argumento ha llegado a varios despachos de parlamentarios europeos y funcionarios de Bruselas, a pesar de que la UE es un exportador neto de alimentos. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), ningún Estado de la UE se encuentra entre los 50 países más dependientes de las importaciones rusas y ucranianas de trigo.

Los intereses de determinados grupos buscan asustar a los agricultores haciéndoles creer que las políticas De la granja a la mesa les costarán su sustento, denuncia el vicepresidente de la UE Frans Timmermans. "Pero estoy profundamente convencido de que si no hacemos lo que proponemos, dentro de 10 o 15 años el problema de la biodiversidad será tan grave que la agricultura no será sostenible en Europa. Y entonces sí que tendremos una crisis alimentaria en Europa.", replica.

Mientras el lobby de los pesticidas sigue extendiendo su alcance a todos los rincones del sector agrícola y de la vida política europea, muchos agricultores de a pie se sienten atrapados. Dependientes de los plaguicidas para mantener los niveles de producción, aunque con rendimientos cada vez más escasos, confían en que lleguen soluciones que les saquen del laberinto. Esperan noticias de Bruselas.

Desde el comienzo de la guerra de Ucrania, la revisión de las normas de la Unión Europea sobre plaguicidas, así como otras medidas de protección de la biodiversidad, han sido pospuestas o cuestionadas por el temor a una inminente crisis alimentaria.

Pekka Pesonen es el secretario general de Copa-Cogeca, una organización que agrupa a los agricultores europeos, que a menudo se presenta como un grupo de presión capaz de dar forma a la política agrícola de la UE.

Investigate Europe ha entrevistado a Pesonen en el marco de la investigación sobre los efectos del uso de pesticidas en la agricultura. Un proyecto en el que infoLibre colabora como único medio español. 

Como parte del Pacto Verde, los países de la UE adoptaron la estrategia "De la granja a la mesa", una serie de medidas destinadas a hacer más ecológico el sector agrícola, entre ellas la reducción drástica en el uso de pesticidas. ¿Cuál es la posición de Copa-Cogeca al respecto?

Apoyamos el Pacto Verde en general porque reconocemos la necesidad de producir alimentos de forma más sostenible. Pero para llegar a una reducción a la mitad del uso de los pesticidas, necesitamos alternativas y más actuaciones de la UE en el ámbito de las tecnologías.

Dentro de la iniciativa "De la granja a la mesa", la Comisión ha propuesto reducir los plaguicidas, los antibióticos y los fertilizantes. Nuestra postura es: vale, hablemos de ello. No hemos dicho que sea malo o inaceptable. Pero, ¿cómo podemos alcanzar este objetivo? Especialmente ahora, cuando se supone que debemos producir más.

Con la reciente crisis [bloqueo de las exportaciones de trigo de Ucrania por la guerra de Rusia], tenemos que asegurar el suministro de alimentos en Europa. En Europa no tenemos platos vacíos, aquí se trata más bien del precio. Cuanto más volátiles son los precios de los alimentos, más insatisfecha está la gente.

El mayor impacto se producirá en terceros países: cuando suban los precios de algunos productos básicos como el trigo, ¿en países como Egipto podrán permitírselo? ¿Y cuál será la consecuencia política?

La última vez que ocurrió esto, tuvimos la Primavera Árabe. Recuerde que en 2015 llegaron 1,5 millones de refugiados a Europa, principalmente del norte de África y de Siria, y se convirtió en una gran crisis existencial para la Unión.

La propuesta de Reglamento sobre el uso sostenible de productos fitosanitarios, con los objetivos vinculantes de reducción de plaguicidas, debía presentarse en marzo, pero la Comisión lo pospuso hasta junio. ¿Presionó Copa-Cogeca para ello?

Estábamos más interesados en el tema en sí, que en el calendario. No creo que hayamos pedido el aplazamiento, no, nunca lo hemos hecho. Pero entendemos las razones de la Comisión para aplazarlo, fue una buena decisión. La situación política es complicada, con la guerra, la fluctuación de los precios, la inflación... Hay que tener en cuenta el mensaje político: la Comisión puede parecer fuera de la realidad de los ciudadanos normales si impulsa una agenda progresista en un momento de crisis.

Uno de los principales argumentos contra el nuevo Reglamento es que provocará un aumento de los precios de los alimentos. ¿Hay una correlación clara?

No siempre, pero yo diría que el 90% de las veces. Cuando se reducen los pesticidas, los rendimientos de las cosechas suelen bajar. Y, en consecuencia, el coste medio por unidad aumenta. Por eso necesitamos precios más altos para los productos ecológicos.

Esta lógica es muy difícil de transmitir a la mayoría de los responsables de la toma de decisiones, pues simplemente piensan que podemos eliminar el uso de los plaguicidas y seguir felices para siempre.

Hemos pedido una evaluación de impacto exhaustiva sobre toda la estrategia De la granja a la mesa. ¿Cuáles son las consecuencias para la producción, cómo afectará a la competitividad y a los ingresos agrícolas? La Comisión se ha negado. La Comisión se ha negado a hacerlo, y ha optado por una táctica del salami, con una evaluación de impacto sobre los pesticidas, otra sobre los antibióticos y otra sobre los fertilizantes.

Según los informes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, algunos científicos en Europa y también un estudio que nosotros financiamos, los ingresos y la producción bajarán, en comparación con nuestros competidores. No nos gusta.

¿Está de acuerdo con la premisa de que la agricultura sostenible conlleva reducir los pesticidas?

No usamos pesticidas por usarlos, suelen ser muy caros. Nuestro lema es "tanto como sea necesario, tan poco como sea posible". Lo importante es que no se puede prohibir un producto si no hay una solución alternativa.

Si se demuestra que un plaguicida es peligroso para la salud humana, hay que prescindir de él y punto. Es muy sencillo, blanco y negro. Las pruebas científicas son cruciales, especialmente el papel de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que hemos apoyado todo el tiempo.

La ONG Corporate Europe Observatory (CEO) ha escrito varios informes sobre Copa-Cogeca, en los que critica su acceso privilegiado a la Comisión Europea y su agresiva labor de presión en el Parlamento Europeo. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Esto es una absoluta tontería. CEO es un grupo de presión. Y si no trataran de influir en los eurodiputados, no estarían haciendo un buen trabajo. Sus informes sobre Copa-Cogeca también son acciones de lobby, intentan influir en los eurodiputados del mismo modo que nosotros lo hacemos con nuestras cartas.

Por supuesto, desde su perspectiva, nosotros siempre tenemos demasiado acceso. Si hablamos con un solo eurodiputado, dicen que eso es demasiado.

La mayoría de estas ONG, como Greenpeace, tienen más recursos que nosotros. Además, no recibimos ninguna ayuda de la UE, cosa que sí hacen algunas ONG. Nos financiamos a través de las organizaciones que forman parte de Copa-Cogeca.

La Comisión Europea tiene un problema a la hora de cuantificar y medir los avances de su acción climática; y, específicamente, con la agricultura y la ganadería. Es lo que desprende de la última auditoría del Tribunal de Cuentas europeo sobre los gastos climáticos del club comunitario, que representa prácticamente una enmienda a la totalidad de los cálculos de la Unión Europea. Lo que viene a decir el órgano fiscalizador es que Bruselas no ha gastado el 20% de su presupuesto en luchar contra el cambio climático como proclama, porque muchas de las acciones no han reducido las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). La brecha sobre lo que se ha vendido y lo que realmente ha aportado, dentro de las cuentas, es de 72.000 millones de euros entre 2014 y 2020.

Dentro de este cálculo, el Tribunal de Cuentas europeo carga –sin rodeos ni embellecedores– contra la gestión de la Comisión Europea del impacto climático de la agricultura y la ganadería de los 27. No solo considera que se han vendido partidas como reductoras de las emisiones cuando no está demostrado que hayan aportado, sino que las políticas no han funcionado. "La mitad del gasto en clima de la UE está relacionado con la agricultura y la ganadería", explica el organismo, pero "las emisiones de GEI procedentes de la agricultura en la UE no han disminuido desde 2010". ¿Qué está pasando?

Por un lado, hay gastos en el sector primario que se incluyen dentro del presupuesto climático, que contabilizan como la "acción climática" de Bruselas, que no están realmente reduciendo emisiones; y, por otro lado, hay prácticas y acciones que se entiende que generalmente ayudan en la lucha que están aportando poco o incluso son contraproducentes.

El Tribunal de Cuentas distingue entre la agricultura ecológica y las prácticas no consideradas "ecológicas" pero que, en criterio de la Comisión Europea, aportan a la mitigación del calentamiento global. En cuanto a lo primero, al presupuesto dedicado específicamente a reverdecer o a ecologizar (greening, en inglés) las prácticas agrícolas, el impacto es "muy incierto, pero probablemente bajo", porque los requisitos que se exigen para recibir el dinero son coincidentes con las prácticas que ya se llevan a cabo. En cuanto a otras medidas que reciben dinero europeo, o bien no se persigue su incumplimiento, o bien su contribución es "insignificante"; se calcula el nivel de sobreestimación en 17.500 millones de euros en los últimos cinco años.

El Tribunal de Cuentas relata una incongruencia que es inherente a cualquier política climática destinada a cambiarlo todo para que todo siga igual. Los pagos directos a agricultores y ganaderos a través de los diversos mecanismos habilitados al respecto, que consumen casi la mitad de los recursos del bloque comunitario (como los de la Política Agraria Común, PAC) incentivan la producción y por tanto las emisiones.

"Sin los pagos directos, las emisiones de GEI de la UE procedentes de la agricultura y la ganadería serían entre un 2,5% y un 4,2% menores", explica el informe, porque simplemente se reduciría el músculo del sector; sin embargo, tampoco es la solución perfecta, porque los estudios estiman que lo que se dejaría de emitir aquí se emitiría en otras latitudes, si no cambia la demanda del mercado con respecto a su alimentación.

El órgano fiscalizador critica que la Comisión Europea mezcla continuamente la mitigación del cambio climático (la acción para reducir emisiones) con la adaptación al cambio climático, las políticas destinadas a que los efectos inevitables del fenómeno causen el menor daño posible. En cuanto a lo segundo, muchos expertos vienen años advirtiendo de que la agricultura, y en especial los imperios intensivos del sur y el Levante español, consumen más agua de la que van a tener, por lo que hay que reestructurar el sector. Es decir, adaptarlo al nuevo escenario.

En ese sentido, el Tribunal de Cuentas europeo critica que si bien las ayudas de la Unión Europea "aumentan la capacidad de las explotaciones para hacer frente a choques negativos del cambio climático", esos mismos pagos directos puede hacer que se mantengan las que son "inviables", frenando "los cambios estructurales que podrían ser necesarios para la adaptación". El órgano fiscalizador, en base a la literatura científica, entiende que adaptarse al cambio climático implicará reducir el tamaño y el número de estos negocios; no subvencionarlos en base a unos presupuestos que, además, son calificados por Bruselas como "climáticos" y "verdes".

La lógica de la Comisión Europea que critica la auditoría es parecida a la que, por el momento, está siguiendo España. El Gobierno plantea una reducción del 52% de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector primario en 2050 pero sin restringir el número de instalaciones, como se cuenta aquí. En cuanto a la ganadería, a partir de 2013, explica el Gobierno en su último informe sobre las emisiones, "se observa un cambio de tendencia al alza ligado al aumento en el uso de fertilizantes inorgánicos y al incremento de la cabaña ganadera, siendo las emisiones del sector en 2019 un +8,0% más altas que en 1990". Transición Ecológica asume que es un sector de difícil mitigación y no aspira a descarbonizarlo por completo.

Por otro lado, los impactos de la agricultura y la ganadería en España son cada vez más evidentes, así como la ausencia de un plan concreto para atajarlos y abordar esos "cambios estructurales" que pide el Tribunal de Cuentas. Algunos planes hidrológicos, como el del Ebro, calculan un aumento de las hectáreas de regadío pese a la evidencia de la disminución paulatina de los recursos hídricos en el país y de las advertencias del IPCC, el panel de expertos de la ONU: el sur de Europa será inevitablemente golpeado por la falta de agua.

En la Región de Murcia, los efectos de la agricultura y la ganadería intensivas están en el origen del nuevo episodio de anoxia del Mar Menor, estabilizado en las últimas semanas pero que anticipa un verano complicado; y los regantes, impulsados por los políticos de la zona, piden más agua para sus cultivos mientras el Gobierno admite su retraso a la hora de sacar adelante su estrategia de transición. En Doñana (Huelva), otro ecosistema único está en cuidados intensivos por la presión hídrica de los cultivos que extraen el valioso recurso de los acuíferos, y la derecha ha aprobado recientemente una nueva norma para regularizar hectáreas que se quedaron fuera de la anterior ordenación.

Y, por otro lado, como demuestran los datos más recientes de la Comisión Europea, la alimentación es el ámbito de consumo que acumula más de la mitad de todos los impactos ambientales del lado de la demanda. En cuanto al cambio climático, una sustitución del 25% de proteínas animales por vegetales ayudaría a la acción climática un 15%, calcula el estudio presentado hace unas semanas por Alberto Garzón.

En España no hay una transición ni del agua, ni del regadío, ni de la agricultura, ni de la ganadería, denuncian los activistas que llevan fiscalizando años la gestión hídrica y ecológica del país. A juicio del Tribunal de Cuentas europeo, esos cambios "estructurales" deberían abordarse para que el sector primario reduzca una huella que, por el momento, no ha conseguido reducir.

El nuevo ministro de Agricultura alemán, Cem Özdemir, ha abierto un debate en Alemania sobre el consumo de carne. El político ecologista ha asegurado en una entrevista en el diario Bild que quiere acabar con los “precios basura” que ofertan cadenas de supermercados alemanes, como Aldi o Lidl, y que perjudican a agricultores y ganaderos.

A pesar de que la anterior Administración de Angela Merkel estuviera en contra de la “carne barata”, Özdemir considera que esto no ha mejorado la situación de los productores de alimentos. Los reducidos precios "llevan a las granjas a la ruina, impiden más bienestar animal, promueven la extinción de especies y contaminan el clima", ha asegurado en la entrevista con el diario alemán. Estas palabras han provocado un enfrentamiento con las grandes cadenas del país como Lidl, Aldi, Kaufland, Rewe o Edeka, las cuales justifican que los precios económicos de sus productos se deben a la fuerte competencia en el sector y a su poder de compra.

Entre los propósitos de su Ministerio se encuentran “mejorar las condiciones de los animales y la protección del medioambiente y el cambio climático”. Para lograrlo, propone “monitorear el trabajo en los mataderos” a través de videovigilancia y hacer cumplir “las penas más altas” por crueldad animal. Además, quiere aumentar la superficie de los campos cultivados ecológicamente del 10% actual hasta el 30% para 2030.

Asimismo, también se ha propuesto proporcionar “buenos ingresos” para los agricultores y ganaderos y “una alimentación sana para todos”. El ministro, vegetariano desde hace años, se muestra preocupado por la alimentación de la población alemana. Asegura que “más del 50% de los adultos tienen sobrepeso”, y aunque varios políticos han tratado de solucionar este problema no han conseguido que la industria reduzca el exceso de azúcar, sal o grasa. “Conmigo habrá objetivos de reducción vinculantes”, ha afirmado el ministro.

Estas declaraciones se han producido en la misma semana de la polémica en España tras declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre una parte de la industria ganadera. El propio ministro se encargó de subir a sus redes sociales la transcripción literal de sus declaraciones al diario británico The Guardian. En ellas, Garzón sostenía que la ganadería extensiva sí es “sostenible, lo que no es en ningún momento sostenible son las macrogranjas”, a lo que añadió que en ese caso “es una carne de peor calidad, es un maltrato animal además lo que se produce y es un impacto ecológico descomunal y desproporcional”.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado que los productos certificados como ecológicos o bajo la denominación eco o bio cuestan, de media, tres veces más (+216%), que sus equivalentes de marca blanca y casi el doble, un 77% más, que los de marca líder, según los datos de una encuesta realizada por la organización.

En concreto, los resultados, publicados en la revista Compra Maestra de noviembre y recogidos por Europa Press, revelan que las mayores diferencias de precio se dieron en productos de higiene y cuidado personal, como los geles de ducha y los jabones en pastilla, pero también en algunos de alimentación como los yogures o el arroz.

De esta forma, las diferencias de precio también dependen de la tienda donde se adquieran. Así, los productos ecológicos de Lidl, Aldi y Carrefour son un 50% más baratos, de media, que los que venden Merkabio y Herbolario Navarro, dos tiendas especializadas que a cambio ofrecen una mayor variedad de marcas.

Dentro de las cadenas ecológicas destaca Véritas por su amplia oferta a precios más ajustados, mientras que dos de las mayores cadenas de España, Mercadona y Dia, apenas ofrecen productos ecológicos, por lo que no se ha podido valorar sus precios.

De esta forma y para promover un consumo más ético y sostenible, la organización solicita un IVA superreducido del 4% para los productos ecológicos, por cuanto favorecen la biodiversidad, limitan la contaminación de los ríos y acuíferos con fertilizantes y pesticidas, al tiempo que promueven el empleo local.

Además, también ha solicitado un nuevo etiquetado europeo de sostenibilidad que indique el grado de compromiso ecológico, social y económico de cada producto.

Reducir a la mitad el uso de plaguicidas, disminuir el uso de fertilizantes químicos en un 20% y conseguir que una cuarta parte de la superficie agrícola europea sea agricultura ecológica (frente al 8,5% actual). Esos son los principales objetivos de la Comisión Europea para 2030.

Este martes 19 de octubre, el Parlamento Europeo sometía a votación esta estrategia, bautizada como De la granja a la mesa (Farm to fork), llamada a poner a la agricultura europea en la senda a la transición ecológica. Se trata de uno de los principales capítulos del Pacto Verde lanzado por la presidenta Ursula von der Leyen desde que tomó las riendas del Ejecutivo europeo a finales de 2019. La iniciativa finalmente salió adelante por 452 votos a favor, 170 en contra y 76 abstenciones.

Para la producción de alimentos del continente, que hasta ahora ha estado dominada por el uso de la química sintética, semejante perspectiva sería una pequeña revolución. Pero eso sin contar con el intenso trabajo de lobby que realizan los defensores del modelo existente: los lobbies de la carne, de los agroquímicos y los cereales... y Copa-Cogeca, que incluye a la poderosa federación sindical francesa FNSEA.

El Copa-Cogeca es la unión, en el ámbito europeo, del Comité de Organizaciones Profesionales Agrarias (es decir, las agrupaciones de agricultores) y del Comité General de Cooperación Agraria (es decir, las cooperativas). Y es la presidenta de la FNSEA, Christiane Lambert, quien dirige el Copa.

Mediapart, socio editorial de infoLibre, en colaboración con el consorcio de periodistas europeos Lighthouse Reports, aborda en estas líneas cómo, desde hace varias semanas, esta organización y otros lobbies europeos vienen haciendo lo posible por hundir las ambiciones de la Comisión Europea y mitigar sus objetivoslobbies. Su principal herramienta es la manipulación del conocimiento científico en torno a esta hoja de ruta, cuyo objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la agricultura europea y frenar el hundimiento de la biodiversidad.

Incluso el ministro francés de Agricultura, Julien Denormandie, ha hecho suyos los argumentos esgrimidos por los lobbies, que defienden los intereses de la agroindustria en Bruselas.

Sin embargo, lo que se esconde detrás de este lobby es una determinada visión de la producción animal: un modelo basado en la ganadería industrial, ultradependiente de las importaciones de maíz y soja procedentes del continente americano, oponiéndose a cualquier cambio en la dieta europea, y que no busca en absoluto favorecer a los agricultores.

Comunicación sesgada

La ofensiva comenzó el 9 de septiembre. Ese día se publicó un estudio financiado por el Grain Club, una organización alemana del agrobusiness en el sector de los cereales y de los piensos, y realizado por un equipo de investigadores de la Universidad de Kiel (Alemania).

En él se dice que la aplicación de los objetivos de la estrategia “De la granja a la mesa” provocaría un descenso de la producción agrícola europea, un aumento de los precios y una mayor dependencia de las importaciones en el suministro de alimentos del continente.

El problema es que la comunicación del Copa-Cogeca sobre el estudio no menciona otro resultado importante: los ingresos y el bienestar de los agricultores podrían mejorar mucho.

Preguntado por Lighthouse Reports, el científico Christian Henning, autor del estudio, está de acuerdo. “La aplicación del Pacto Verde en la agricultura coincide con un aumento significativo de los servicios ecosistémicos y puede aumentar simultáneamente los ingresos de las explotaciones”.

Los servicios medioambientales prestados por los agricultores no sólo se remuneran con determinadas subvenciones de la PAC (Política Agrícola Común), sino que además los productos ecológicos son mejor valorados en el mercado.

Según el trabajo del investigador, el beneficio obtenido por una explotación que pase de convencional a agroecológica podría multiplicarse por más de 2,5. “El Pacto Verde es potencialmente una situación en la que toda la sociedad sale ganando, ya que sus beneficios compensan con creces las pérdidas debidas a la reducción de la producción agrícola convencional”, continúa. Pero no es esto lo que cala.

Unas semanas más tarde, otra publicación, esta vez de la Universidad de Wageningen (Países Bajos), destacaba el descenso de la producción. Encargada por CropLife Europe (el lobby de los fabricantes de pesticidas), por el Copa-Cogeca y otras organizaciones agroalimentarias, se hacía pública una semana antes de la votación de este martes en el Parlamento Europeo.

Concluye que si se aplica la estrategia “Del campo a la mesa” en el continente europeo, los precios subirán, la producción ganadera caerá un 10-15% y la producción agrícola un 10-20%.

Con 48 horas de diferencia, el informe se presentaba en una conferencia patrocinada por CropLife en el medio de comunicación europeo Euractiv –que ha acogido siete debates sobre “Del campo a la mesa”desde febrero de 2020, seis de los cuales patrocinados por organizaciones de la industria alimentaria– y, a continuación, en un acto especial organizado por Livestock Voice, una asociación que representa los intereses del sector ganadero.

A esta segunda presentación asistieron uno de los coautores del estudio de Wageningen, el investigador de Kiel, y también la eurodiputada conservadora Anne Sander, miembro de los republicanos y hermana del responsable de la organización de productores de remolacha franceses, otro de los actores clave que el año pasado consiguió la reintroducción de los neonicotinoides [insecticidas] en el cultivo de la remolacha.

El problema también es que, según Johan Bremmer, uno de los investigadores de la Universidad de Wageningen que participó en la conferencia con Euractiv, su trabajo no aborda “el impacto positivo sobre el cambio climático de la estrategia ‘De la granja a la mesa’”. Pese a que es el principal objetivo de la hoja de ruta...

Uno de los objetivos de la estrategia “De la granja a la mesa” es que el 25% de la producción agrícola europea sea ecológica. © Infografía Simon Toupet / Mediapart

El Copa-Cogeca y otros defensores de la agricultura productivista también destacan otros estudios realizados con anterioridad durante esta semana en la que la burbuja de Bruselas se encuentra alterada ante la votación de la hoja de ruta. Uno de ellos, elaborado por los propios servicios científicos de la Comisión, el CCI (Centro Común de Investigación), y publicado a finales de julio, indica que la aplicación de la estrategia supondría una reducción de la producción europea de entre el 10 y el 15%, según el sector, y un descenso de alrededor del 20% de los GEI emitidos por la agricultura del continente de aquí a 2030, pero también, por otro lado, un aumento de las emisiones en el resto del mundo debido al incremento de las importaciones.

El otro informe que ha salido del cajón es el primer análisis del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) sobre la estrategia “De la granja a la mesa”, elaborado hace casi un año. Sesgado a todas luces por una lectura geopolítica con intereses divergentes de los europeos, este estudio del otro lado del Atlántico concluye, entre otras cosas, que la producción agrícola europea caerá un 12% y los precios subirán un 17%.

Un cambio sistémico

En realidad, todos estos informes son similares porque se basan en el mismo tipo de modelo, el del equilibrio del mercado basado en un parámetro: la reducción de los insumos químicos. Además, la mayoría de los cálculos de rendimiento se basan en la agricultura convencional, y no en la agricultura ecológica, que se espera que se desarrolle rápidamente. Célia Nyssens, responsable de agricultura de la Oficina Europea de Medio Ambiente, una federación de ONG de Bruselas, denunció “una campaña de desinformación masiva”, en la que “el lobby agroalimentario industrial” ha escogido los resultados de los estudios que se adaptan mejor a su agenda.

Por su parte, el Copa-Cogeca, contactado por Mediapart, se defiende. “El Copa-Cogeca no seleccionó ninguna información”, explica su secretario general, Pekka Pesonen, por correo electrónico. “Y, en contra de la caricatura realizada por algunas ONG, no hemos hablado de ‘estudio de impacto’ al comentar los comunicados de los distintos estudios y siempre hemos recordado que todos estos estudios no sustituirían el trabajo que la Comisión podría/debería realizar sobre este tema”.

La estrategia “De la granja a la mesa” va mucho más allá de cambiar un solo parámetro. Lo que propone es un cambio sistémico, que abarca no sólo una reducción masiva del desperdicio de alimentos, sino también la promoción de prácticas agronómicas más virtuosas en las granjas y un cambio en nuestra dieta que incluya un menor consumo de carne.

Por lo tanto, la disminución de la producción de carne resultante puede no tener un efecto negativo en el mercado europeo. Sin embargo, la evaluación de estas consecuencias es especialmente compleja. El estudio del CCI recoge claramente estas limitaciones metodológicas, señalando que su modelización no tiene en cuenta “las sinergias positivas” que podría aportar “un mejor entorno”.

“Las herramientas tradicionales, bien adaptadas al estudio de los cambios marginales, son inadecuadas para evaluar esta estrategia sistémica”, escriben los agrónomos Xavier Poux y Pierre-Marie Aubert en una nota publicada la semana pasada por el Iddri (Instituto para el Desarrollo Sostenible y las Relaciones Internacionales), en respuesta a los estudios esgrimidos en Bruselas por los lobbies productivistas.

Para los dos investigadores franceses, que han modelizado la transición agroecológica del continente europeo desde 2018 –el escenario “Tyfa”– y que han publicado recientemente este trabajo en un libro titulado Demain, une Europe agroécologique [Mañana, una Europa agroecológica], “una vegetalización de las dietas, en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, podría compensar totalmente el efecto sobre los volúmenes de una reducción del uso de insumos químicos en Europa”.

En lugar de adoptar esta perspectiva sistémica, el ministro francés de Agricultura, Julien Denormandie, sólo acepta el análisis monoparamétrico del CCI. Preguntado por Mediapart sobre la estrategia “De la granja a la mesa”, una semana antes de la votación en el Parlamento Europeo, el ministro francés no se mostraba partidario de esta política europea. Al contrario.

“El estudio del CCI, que indica que la agricultura europea se reducirá en casi un 15%, debería preocuparnos a todos”, respondió durante una rueda de prensa. “Además, dos tercios de la disminución prevista de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la agricultura se verán compensados por un aumento equivalente en el resto del mundo con importaciones no comunitarias”.

El ministro es especialmente crítico con la agricultura más respetuosa con los ecosistemas. “La agroecología no es un proyecto político [...]. No es una visión nueva en el mundo agrícola. Va demasiado en detrimento de los agricultores, de los objetivos de producción, de nuestra soberanía agrícola”, afirma.

La posición del Gobierno francés coincide con la de la agroindustria europea. Sin embargo, Julien Denormandie es uno de los negociadores de la estrategia “De la granja a la mesa”; tras el voto de los eurodiputados, el debate continuará en el Consejo de los Estados miembros, y en particular entre los ministros de Agricultura. Este largo proceso se conoce en Europa como “diálogo a tres bandas”, ya que los textos los elaboran conjuntamente la Comisión, el Parlamento y el Consejo para convertirse en reglamentos y, eventualmente, en normas vinculantes.

Mientras, el primer borrador del Parlamento, del martes, será decisivo para determinar los objetivos de las reformas que se llevarán a cabo en el sector agrícola. Cuanto más ambiciosos sean, más posibilidades tiene de serlo el resultado final. Cuanto más pequeños sean los objetivos, menor será el proyecto final. También en este caso, el lobby agrícola ha hecho todo lo posible, desde el principio, a la hora de influir en el texto a favor de sus intereses y del mantenimiento de una agricultura predominantemente productivista, con las menores obligaciones posibles para el sector ganadero.

El 27 de septiembre, el Copa-Cegeca organizó una gran reunión con sus representantes nacionales. Mediapart pudo tener acceso a los materiales de comunicación distribuidos en esta ocasión. Muestra la maniobra de la confederación sindical para echar abajo la estrategia “De la granja a la mesa”. Afirma, entre otras cosas, que algunas enmiendas sobrepasan la “línea roja” del Copa-Cogeca y que es “necesario hacer presión para modificar las enmiendas [...]”.

Las líneas de acción esbozadas para conseguirlo se hacen eco de lo que decíamos más arriba: “Necesidad de presionar a nivel nacional” (cf. la posición de Julien Denormandie), “organizar conferencias sobre los estudios” (cf. los actos de Euractiv y Livestock Voice)... pero también “necesidad de contactar con el mayor número posible de eurodiputados”.

La organización insta a sus miembros –entre ellos, en Francia, la FNSEA– a ponerse en contacto con sus eurodiputados nacionales para pedir un aplazamiento de la votación y nuevas enmiendas, con un “foco” en los diputados electos de Renovar Europa y en los de las filas socialdemócratas.

Unos diez días antes de la votación en el hemiciclo, muchos miembros electos de la mayoría (derecha, socialdemócratas, liberales), pero también miembros de la extrema derecha o del grupo conservador, recibieron recomendaciones de voto del Copa-Cogeca.

Eliminar palabras

En estos documentos, a los que han tenido acceso Mediapart y Lighthouse Reports –así como algunos otros medios de comunicación europeos–, la confederación europea proponía a los eurodiputados modificar seis enmiendas, indicando precisamente las frases que le gustarían ver suprimidas.

Cada uno de los breves cambios solicitados es significativo. Por ejemplo, la palabra “vinculante” en una de las primeras enmiendas, que detalla los objetivos de la estrategia De la granja a la mesa, se suprime sistemáticamente del texto, al igual que la mención de que “estos objetivos son muy razonables”, que deben cuantificarse en cada Estado miembro, y que deben “plasmarse en la legislación”, “incluso mediante la revisión de la Directiva sobre el uso sostenible de los plaguicidas”.

La revisión de esta directiva europea, que data de 2009, es precisamente una cuestión clave para todos los que intentan combatir el uso de estas sustancias químicas, devastadoras para los ecosistemas y la salud humana...

La confederación sindical también expresa su hostilidad a las propuestas sobre etiquetado, trazabilidad y rotulación; entre otros cambios, suprime la petición de información, para todos los productos de origen animal, sobre “el método de producción, los indicadores de bienestar animal, el lugar de nacimiento, de cría y de sacrificio”.

Por último, el diablo está en los detalles; una de las enmiendas propone un IVA cero para los productos sanos y “sostenibles”, como la fruta y la verdura, y un IVA más alto para los productos insalubres o de “alta huella ambiental”, como la carne. Si se siguen las recomendaciones del Copa-Cogeca, estas pocas líneas deberían eliminarse.

A pesar de esta metódica incursión en el trabajo parlamentario, era poco probable que el Copa-Cogeca consiguiese salirse esta vez con la suya. Las enmiendas, votadas el pasado 19 de octubre, son el resultado de un compromiso alcanzado el 10 de septiembre en las dos comisiones de Agricultura y Medio Ambiente del Parlamento Europeo entre los distintos partidos políticos que las componen.

Sería cuanto menos sorprendente que los ponentes del texto, el italiano Herbert Dorfmann (PPE, derecha) y la holandesa Anja Hazekamp (GUE, izquierda), hubieran dado marcha atrás, sobre todo porque el primero forma parte de la mayoría del Parlamento: en el bando conservador ya se han hecho concesiones sobre el texto.

¿Por qué entonces enviaron estas solicitudes de cambio? “Porque desde que se aprobaron estas enmiendas de compromiso en las comisiones de agricultura y medio ambiente, la situación ha cambiado en varios aspectos, tanto a nivel europeo como internacional”, declaró a Mediapart Pekka Pesonen, secretario general del Copa-Cogeca. “Varios estudios, aunque con sus limitaciones, han evaluado el impacto potencial de los objetivos e ‘De la granja a la mesa’ y muestran claramente que estos objetivos tendrán un efecto significativo”. Por eso, cree que la posición de los eurodiputados sobre las enmiendas “puede cambiar a la luz de los resultados de los estudios”.

De hecho, Herbert Dorfmann no hizo oídos sordos a las sirenas del Copa-Cogeca; junto con otros 140 eurodiputados del PPE y de Renovar Europa, añadió una enmienda la semana pasada, en el último momento, pidiendo un “estudio de impacto preliminar sólido y científico” sobre la estrategia “De la granja a la mesa”, una de las demandas reiteradas de la confederación sindical desde el comienzo de su ofensiva.

Esta táctica, que se repite en cada votación importante sobre temas agrícolas –el Copa-Cogeca también envió sus instrucciones durante la primera votación de la nueva PAC el año pasado–, es una forma de ejercer una presión continua. “Como hacemos con cualquier tema relacionado con la agricultura, hemos enviado nuestras presentaciones y posiciones y estamos debatiendo con el mayor número posible de eurodiputados”, señala Pekka Pesonen. El principal lobby agrícola europeo ha estado trasteando en torno a la estrategia “De la granja a la mesa” para alterarla. Y no va a parar.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Durante mucho tiempo, el credo de la agricultura productivista fue que había que alimentar al planeta. El uso creciente de insumos químicos, la expansión de las explotaciones, el desarrollo de maquinaria cada vez más eficiente, etc.: todo ello se justificaba por la necesidad de aumentar los rendimientos, destinados a una población infraalimentada. Al menos esto es lo que subyace a la revolución de la producción agrícola en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y también a muchas políticas de desarrollo en todo el mundo.

Sin embargo, este credo está cambiando. Una agricultura sin productos químicos, más respetuosa con la vida y los paisajes, podría alimentar a la población a gran escala. En el mundo de la investigación, son muchos los que trabajan en este tipo de escenarios: la agricultura ecológica no debe limitarse a la horticultura en pequeñas parcelas, a circuitos cortos en torno a un pueblo o un valle; puede afectar a toda la cadena agroalimentaria.

Desde la pasada primavera, varias publicaciones –ensayos, trabajos científicos– vienen a corroborar esta hipótesis; es posible que el continente europeo dé la espalda a los productos fitosanitarios y produzca masivamente según métodos agroecológicos.

¿El principio? Poner la ecología en el centro de la actividad agrícola. Dicho de otro modo, no centrarse únicamente en el objetivo de la producción, sino combinarlo con los requisitos medioambientales. No para estandarizar el mundo viviente, como hace la agricultura convencional al desarrollar sólo unas pocas variedades, sino para mantener la diversidad de las especies cultivadas.

Se trata también de “restablecer los vínculos entre los agricultores y los consumidores de alimentos, basándose en valores de equidad, justicia, participación y democracia”, explica el agrónomo Alain Olivier, cuyo libro La Révolution agroécologique. Nourrir tous les humains sans détruire la planète [La revolución agrícola. Alimentar a todos los seres humanos sin destruir el planeta], publicado en Francia el pasado mes de marzo, aboga por una transición global a este modo de producción.

Su libro nos recuerda, con buen criterio, que la agroecología, lejos de ser un invento de iluminados o de “ecologistas urbanitas” del siglo XXI, es “probablemente tan antigua como la propia agricultura”: “Un análisis minucioso de los sistemas tradicionales de producción agrícola, en particular en varios países del Sur global, ha permitido sacar a la luz una gran cantidad de conocimientos y saberes campesinos que indican una fina comprensión de los equilibrios naturales y una gestión de la parcela agrícola estrechamente vinculada al mantenimiento de dichos equilibrios”.

Entre este conjunto de prácticas ecológicas, se encuentra la agroforestería, es decir, una mezcla de cultivos en el suelo y el uso de árboles, que tienen, entre otras virtudes, la capacidad de secuestrar carbono en el suelo, una forma de contribuir a la lucha contra el cambio climático. “De hecho, las prácticas agroecológicas son una de las pocas herramientas que pueden tanto mitigar como adaptarse al cambio climático”, escribe Alain Olivier.

Sin embargo, hoy en día, la agroecología que defiende este profesor de la Universidad de Laval sigue siendo minoritaria. Sólo el 8,5% de las tierras agrícolas europeas son ecológicas (el 9,5% en Francia, por detrás de Austria, Estonia, Suecia, Italia, etc.), y el objetivo declarado por la Comisión Europea es alcanzar el 25% en 2030. ¿Cómo llegamos al 100%? ¿A costa de qué transformaciones, de qué opciones políticas?

En su libro Demain, une Europe agroécologique [Mañana, una Europa agroecológica], los investigadores e ingenieros agrónomos Xavier Poux y Pierre-Marie Aubert describen con detalle el escenario en el que trabajan desde 2018: Tyfa (de “Ten Years For Agroecology”). Según sus cálculos, la agroecología podría alimentar a los 530 millones de personas que seremos en la Unión Europea en 2050, un modelo “no sólo deseable, sino sobre todo perfectamente factible a escala europea”, siempre que “acompañe los cambios alimentarios hacia una mayor sostenibilidad y, digamos, sobriedad”. Porque prescindir de los plaguicidas y los fertilizantes sintéticos supone, a primera vista, un descenso de los rendimientos...

El principio, para hacer frente a este descenso sin tener que aumentar la superficie de las tierras agrícolas, es reducir drásticamente la producción animal, lo que a su vez permite reducir las cosechas y las importaciones de cereales (una caída del 30% de la producción vegetal con respecto a 2010) y limitar las emisiones de gases de efecto invernadero (una caída del 36%). La alimentación del ganado ocupa tres cuartas partes de la superficie agrícola europea. En el modelo de los dos autores, el volumen de la ganadería se reduce así en un 45%, con las aves de corral y los cerdos a la cabeza, con una reducción del 70%.

No se trata de acabar con la ganadería: los animales, en pastos al aire libre bien gestionados, son un componente esencial del equilibrio de los ecosistemas y del mantenimiento de los paisajes. Se trata más bien de poner fin a la ganadería industrial y redistribuir las prácticas extensivas.

En este escenario, los prados y la vegetación natural, reserva de biodiversidad, ocupan un lugar privilegiado: setos, árboles, pantanos, etc. La buena salud del suelo se restablece mediante el uso de estiércol o compost, allí donde se utilizaban fertilizantes nitrogenados. Y para recuperar de forma natural el nitrógeno, un nutriente esencial para el crecimiento de las plantas, se están introduciendo más leguminosas (trébol, alfalfa, esparceta, etc.) en las rotaciones de cultivos, porque tienen la particularidad de fijar en el suelo el nitrógeno que se encuentra en el aire, entre otras cosas. También permiten alimentar al ganado, proporcionar proteínas a los seres humanos y servir de base para el abono verde.

El corolario de este cambio de modelo agrícola es que la alimentación de los europeos debe evolucionar hacia una dieta menos cárnica, menos rica en productos lácteos y más orientada a las proteínas vegetales. Las cifras del escenario Tyfa sobre lo que debería llenar nuestros platos en 2050 hablan por sí solas: una reducción del 40% en la cantidad de productos lácteos (en comparación con el consumo de 2010), y una reducción a la mitad de la cantidad de carne. En el caso de la población francesa, la tendencia ya está en marcha: el consumo de carne cayó un 12% entre 2007 y 2016, según el Crédoc (Centro de Investigación para el Estudio y la Observación de las Condiciones de Vida).

Para lograr esta transición agroecológica, los dos investigadores también cuestionan la ultraespecialización a la que ha llegado la agricultura convencional en la actualidad. Lo que hace falta, escriben, es restablecer el policultivo, es decir, explotaciones con actividades diversificadas, en las que la parte de producción animal alimenta la parte de cultivo, y viceversa. Circuitos cortos que reducen, al mismo tiempo, las emisiones de carbono debidas al transporte, pero también los riesgos en caso de interrupción del suministro.

Sin caer en el localismo, que consideran inadecuado para pensar en la agroecología a escala del continente europeo, los dos autores subrayan que hay que volver sobre todo a los territorios diversificados, frente a una trayectoria como la de Bretaña [norte de Francia], por ejemplo, marcada por la concentración de animales, o la de la región de Beauce [norte], cuyos paisajes han sido destruidos por la agricultura intensiva de cereales.

En definitiva, Xavier Poux y Pierre-Marie Aubert instan a una revolución de nuestro modelo agrícola: “La historia sugiere que es posible. Los agricultores pudieron llevar a cabo una revolución agroquímica entre 1950 y 1980; lo que Tyfa propone es una revolución agroecológica de aquí a 2050”.

Esta revolución, sin embargo, no se logrará simplemente con cambios en los hábitos de consumo y conversiones individuales de los agricultores. Detener las inversiones en la producción intensiva de animales, desconcentrar los mataderos, reestructurar la gran distribución, permitir que la agricultura ecológica se imponga a gran escala: todo esto no sucederá sin voluntad política.

Esto es también lo que se desprende de un artículo científico publicado el pasado mes de junio en la revista One Earth. Un equipo de investigadores europeos presenta un escenario europeo de agroecología para el año 2050. A grandes rasgos, podemos ver algunas de las líneas defendidas por los dos autores: reducción del número de cabezas de ganado, eliminación de las importaciones para la alimentación animal, cambios en la dieta, uso de estiércol e introducción de legumbres en las rotaciones de cultivos para evitar los fertilizantes químicos.

Pero este estudio científico, dirigido por el bioquímico Gilles Billen, cuyo objetivo es controlar el ciclo del nitrógeno para reducir los gases de efecto invernadero y la contaminación de los ecosistemas, añade un nuevo parámetro: el reciclaje de los excrementos humanos. Según las proyecciones del artículo, el 70% de los excrementos de los 600 millones de habitantes del continente europeo que seremos en 2050 podrían utilizarse para compensar la desaparición de los abonos químicos en la fertilización del suelo. Eso sí, siempre que “se levante la actual prohibición de los excrementos humanos en la agricultura ecológica europea”.

Al igual que en el modelo anterior, este escenario permite mantener una superficie agrícola constante a pesar del aumento de la población, y prescindir de las importaciones que provocan una deforestación masiva y altas emisiones de gases de efecto invernadero (actualmente, el 19% de las raciones de alimentos para animales en el continente europeo dependen del maíz y la soja procedentes de Estados Unidos y Sudamérica).

Hay que reducir el tamaño de las explotaciones para poder alimentar a los animales localmente. El artículo utiliza como referencia la década de 1960, cuando el número de cabezas de ganado era casi la mitad del actual, “un periodo considerado aquí, a falta de otros datos, como referencia del estado tradicional de la agricultura”. En definitiva, en 2050 llegaríamos a un equivalente de 0,37 vacas lecheras por hectárea a nivel europeo –frente a las 0,68 actuales– y a unos excedentes anuales de nitrógeno en el suelo de 30 kg por hectárea, frente a los 63 actuales.

Desintensificación, compartir tierras, búsqueda de autonomía; este artículo describe, punto por punto, cómo podría ser nuestra agricultura y nuestra alimentación en 2050 si los 27 países decidieran hacer un cambio sistémico. En las explotaciones, el ganado y los cultivos volverían a estar interconectados para promover circuitos locales virtuosos entre el ganado, el estiércol, los cultivos y la alimentación animal y humana. Un sistema que a la postre se asemejaría más a la agricultura de los años 50 y 60, con la incorporación de máquinas y conocimientos científicos...

En cuanto a la alimentación, nuestra dieta sería más sana y frugal. Sin embargo, no hay privaciones. Entre 2009 y 2013, el 55% de la dieta europea consistía en productos animales (carne, leche, queso, huevos, etc.), mientras que esta proporción era solo del 45% 50 años antes. Y la plataforma científica internacional EAT-Lancet, citada en el artículo de One Earth, incluye sólo un 33% de productos animales en su dieta saludable de referencia.

El escenario planteado por los investigadores propone limitar los productos animales al 25% de nuestra dieta. Le seguirían el 45% de cereales (frente al 29% en 2009-2013 en Europa), el 10% de legumbres (frente al 0,8%), el 15% de frutas y hortalizas (frente al 9,2%) y el 5% de pescado y marisco (frente al 6%).

Otros ejercicios de modelización para el año 2050, citados en el libro La Faim dans le monde [El hambre en el mundo], se basan también en la reducción de las proteínas animales en nuestra dieta. Esto es especialmente cierto en el caso del escenario Agrimonde, que pretende reducir las asimetrías en el acceso a los alimentos en el mundo sin depender del aumento de la productividad. En este caso, un enfoque nutricional guía la previsión: prevé la aparición de prácticas de consumo asociadas a prescripciones de salud pública.

Sin embargo, hay mucha resistencia a este cambio de modelo. Este es el contrapunto que aporta este libro, escrito bajo la dirección de los sociólogos Delphine Thivet y Antoine Bernard de Raymond. La cuestión de la seguridad alimentaria sigue dominada por el paradigma productivista y el del libre comercio, cada uno de ellos promovido a su manera por diferentes organizaciones internacionales como la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) o la OMC (Organización Mundial del Comercio).

Los defensores de este enfoque confían en las nuevas tecnologías agrícolas para seguir aumentando los rendimientos del planeta, al tiempo que reducen el impacto de la agricultura en el medio ambiente y la adaptan al cambio climático, cuyos efectos ya son reales para el sector. Una de las vías promovidas por este pensamiento solucionista son los transgénicos.

“Dado que estas instituciones son también las que, en gran medida, asignan la financiación más importante a los Estados, contribuyen a mantener una concepción reduccionista del problema de la seguridad alimentaria, vinculada a la necesidad de aumentar las inversiones agrícolas”, se lee en el libro, que reúne el trabajo de varios investigadores.

La defensa de la agroecología, aunque minoritaria, ha cobrado fuerza en los últimos quince años; cada vez cuenta con más apoyo de los movimientos campesinos que reafirman el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas alimentarias y a alimentarse. “Es aquí donde los grupos sociales directamente afectados por el hambre pretenden expresar y hacer valer sus demandas”, escriben los autores. Lo hemos visto recientemente en torno a la cumbre de la ONU sobre sistemas alimentarios: muchas organizaciones campesinas africanas decidieron boicotearla, para oponerse a la creciente influencia de la agricultura industrial en el continente.

Alain Olivier también señala en La révolution agroécologique que la mayoría de las personas que pasan hambre en el mundo viven en zonas rurales. Sin embargo, algunos de ellos trabajan en la agricultura, pero sin un acceso seguro a la tierra propia. “Muy a menudo, la agricultura industrial no sirve, o sirve muy poco, para alimentar a la población del territorio en el que se encuentra: tiene como objetivo un mercado de exportación que, además, no siempre se destina al consumo humano, sino también a otros usos, especialmente industriales”.

Este es también el mérito de todas estas lecturas: romper algunas ideas preconcebidas. Algunos afirman que sólo los productos agroquímicos, con su alto rendimiento, pueden satisfacer la demanda mundial de alimentos. Un monde sans faim muestra, por el contrario, que la agricultura industrial ha fracasado en la alimentación del planeta. La infraalimentación afecta a todos los continentes (821 millones de personas en 2017 según la FAO) y ha aumentado tras la crisis financiera de 2008, que fue un año récord en cuanto a producción agrícola. Está claro que el reto de alimentar a 9.000 millones de personas en 2050 no se resolverá con la agricultura de producción.

El pasado mes de junio, una reseña publicada (en inglés) por la revista científica Global Food Security se pronunció al respecto. Un equipo de investigadores de Francia y Estados Unidos cribó más de 11.700 estudios sobre agroecología publicados entre 1998 y 2019. De ellos, seleccionaron 56 artículos científicos que cumplían una serie de criterios y protocolos experimentales. Descubrieron que el 78% de estos trabajos muestran que las prácticas agroecológicas mejoran la seguridad alimentaria y la nutrición de los hogares en los países menos desarrollados.

Otra idea muy arraigada entre los que defienden el productivismo: a quienes temen por la vocación de Europa de alimentar al mundo, Xavier Poux y Pierre-Marie Aubert les responden que la Unión Europea sólo dedica un 2% de su superficie agrícola a la exportación de cereales. Sobre todo, hasta ahora, depende de las importaciones para la alimentación animal...

Sin embargo, el marco productivista sigue dominando el campo de la investigación. En Demain, une Europe agroécologique [Mañana, una Europa ecológica], leemos que “sólo el 7% del presupuesto de investigación de la Unión Europea puede considerarse que beneficia a la agricultura ecológica”.

En Francia, sin embargo, el INRAE (Instituto Nacional de Investigación para la Agricultura, la Alimentación y el Medio Ambiente, por sus siglas en francés), que durante mucho tiempo ha favorecido la agricultura convencional, se vuelca cada vez más en la experimentación de prácticas alternativas y empieza a pensar en un cambio de escala. En febrero de 2020, el instituto anunció un programa de investigación europeo que coordina a 24 organizaciones de todo el continente para trabajar en la agricultura sin pesticidas.

A principios de septiembre, también anunció un amplio programa interdisciplinario que reúne varios proyectos de investigación sobre el cambio de escala para satisfacer la demanda social de más agricultura ecológica. Este programa, explica el instituto, “explora la hipótesis de que la oferta nacional de productos ecológicos sea mayoritaria [...]. Una agricultura mundial que se convirtiera en un 50%, o más, en ecológica, a medio plazo requeriría un cambio radical en toda la cadena agroalimentaria”.

Algunos ejemplos de los temas estudiados por los investigadores del INRAE: la experimentación de un insecticida natural a base de aceite esencial de clavo, cáscara de naranja y menta verde, la investigación sobre los sistemas de cría de cerdos ecológicos, la adaptación de las cooperativas de recolección al creciente número de productos ecológicos en Occitania [sur], la evaluación de las necesidades de estiércol y nitrógeno para alimentar una superficie creciente de tierras cultivadas ecológicamente, etc.

Algunas de las conclusiones a las que llegaron los investigadores coinciden con los trabajos mencionados anteriormente: el aumento del cultivo de leguminosas y la reubicación de los rumiantes lo más cerca posible de las zonas cultivadas pueden proporcionar el nitrógeno necesario para ampliar la agricultura ecológica.

“Lejos de la hiperespecialización que ha sido la norma en la agricultura durante las últimas décadas, la palabra clave para la transición es ‘diversidad’, y esto a todos los niveles; en las explotaciones, los paisajes y los territorios, pero también en cuanto a la trayectoria de los agricultores, los sistemas y los mercados”, concluye el INRAE.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Son un centenar largo los congregados el pasado jueves por la mañana frente a la sede nacional del servicio francés de Empleo, en Seine-Saint-Denis (región de París). Agricultores llegados de distintos puntos de Francia han respondido a la convocatoria lanzada por la Confédération Paysanne para denunciar una PAC (Política Agrícola Común) productivista y destructora de empleo. “No es posible volver a la misma PAC de hace siete años”, denuncia Nicolas Girod, portavoz del sindicato. “Queremos una PAC con fines alimentarios, sociales y ecológicos”, prosigue.

Antes de que la Policía rociara a los allí presentes con gases lacrimógenos y los agrediera –las fuerzas del orden empujaron con violencia a dos diputados, entre otros–, los manifestantes dieron a conocer una faceta del mundo agrícola actual: la de las prácticas virtuosas que no se benefician de los grandes cheques de la PAC. Como el trabajo de Thomas Gibert, un treintañero que desempeña su labor en una granja colectiva en Alto Vienne [centro del país]. Se dedica a la horticultura ecológica, de circuito corto, en un terreno de 3,5 hectáreas. En la parcela trabajan cuatro personas, en lo que equivaldría a cuatro jornadas a tiempo completo, a cambio del salario mínimo. ¿A cuánto ascienden las ayudas de la PAC que recibe esta parte de la explotación? Sólo 4.000 euros al año. “Estamos perdiendo una importante batalla. Todo lo que reivindicamos y que apoya la sociedad civil se ha rechazado”, señala no sin temor.

Porque en la nueva PAC que se perfila para el periodo 2023-2027, el apoyo a las explotaciones muy pequeñas, a las prácticas agroecológicas, al empleo agrario no es en absoluto prioritario. En este presupuesto, que asciende a 270.000 millones de euros, se mantiene el sistema de ayudas por hectárea, que favorece las grandes explotaciones y el sistema agroindustrial, mientras que el apoyo a las medidas medioambientales sigue siendo un aspecto secundario.

Las negociaciones sobre la nueva PAC entre las instituciones de la UE en forma de “diálogo a tres bandas” (Parlamento, Consejo y Comisión) se iniciaron en octubre, cuando los eurodiputados votaron un primer texto. Se esperaba que las últimas reuniones, celebradas esta semana, permitieran alcanzar un acuerdo. Sin embargo, el diálogo tripartito no lo logró, aplazándose las negociaciones a una nueva sesión en junio.

Uno de los puntos de mayor fricción son los llamados “ecoesquemas”, basados en prácticas agrícolas beneficiosas para el medio ambiente. En el texto votado en octubre, el Parlamento quería que lo que se conoce como el primer pilar de la PAC alcanzase el 30%, es decir, las ayudas directas que se pagan a las explotaciones agrícolas (lo que supondría una dotación de unos 11.500 millones de euros anuales). El Consejo quería limitarlo al 20%. En las últimas negociaciones, algunos Estados miembros incluso propusieron empezar con un 18%, para luego modificarlo durante la legislatura. Sin embargo, el Parlamento se negó a rebajar tanto la cifra.

Otro punto de desacuerdo fue el deseo del Parlamento de introducir un reglamento que impida la importación de productos que contengan residuos de plaguicidas prohibidos en la UE. Según las informaciones a las que hemos tenido acceso, el Consejo lo rechazó, a pesar de que lo aprobó la mayoría de la Cámara, incluidos los conservadores, proponiendo en su lugar una declaración de intenciones.

La decepción fue grande entre los eurodiputados en la mañana del viernes, tras la última noche de negociaciones. “El objetivo de la PAC es satisfacer las expectativas de los 12 millones de agricultores europeos y responder a los problemas que preocupan a la sociedad en términos de salud humana, biodiversidad y cambio climático”, declaraba el eurodiputado socialista Eric Andrieu, uno de los tres ponentes del Parlamento en este diálogo a tres bandas. “No podemos no alcanzar un objetivo ambicioso para la PAC. La cuestión no es si el Consejo o el Parlamento tienen más poder [...]. Se trata de la evolución de un modelo de agricultura. Creo que el Parlamento lo ha entendido mejor que el Consejo en esta negociación”.

Más allá de la guerra de cifras y del intento de salvar los pocos avances en los que el Parlamento había encontrado una mayoría, esta nueva PAC en negociación apenas responde a los desafíos ecológicos del momento. Antes del diálogo a tres bandas, ONG europeas y defensores de la agroecología ya habían expresado su malestar por lo que denunciaban como inmovilismo. El ganadero belga Kurt Sannen, miembro de la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Ecológica (IFOAM), lamentaba la semana pasada: “Es una gran decepción. Seguirá el business as usual. Sin embargo, podría haber sido diferente, si hubiéramos cambiado un poco lo que había. Pero con una PAC como ésta no se alcanzarán los objetivos climáticos y de biodiversidad fijados por la Comisión”.

Tras la toma de posesión de la Comisión von der Leyen y los primeros anuncios del Pacto Verde a finales de 2019, el Ejecutivo comunitario se marcó el año pasado importantes objetivos para 2030: al menos un 55% de reducción de los gases de efecto invernadero con respecto a los niveles de 1990 (la agricultura es responsable del 15% de estas emisiones en el continente), un 50% de reducción de los pesticidas (estrategia sobre “Biodiversidad”), y un 25% de la superficie agrícola cultivada de forma ecológica frente al 8,5% actual (estrategia “De la granja a la mesa”).

Sin embargo, la base de negociación de la nueva PAC seguía siendo la hoja de ruta fijada en 2018 por la Comisión saliente, presidida por Jean-Claude Juncker, antes, por tanto, del mandato de la actual Comisión y de su declarada ambición de ecologizar la política europea. La arquitectura general, con la mayoría de las ayudas por superficie en el primer pilar y la minoría de las ayudas indirectas en el segundo pilar (que incluye el apoyo a la agricultura ecológica y al desarrollo regional), no se ha revisado.

En octubre, durante la sesión parlamentaria dedicada a la PAC, muchos diputados intentaron mejorar el texto, presentando buen número de enmiendas. Pero la mayoría de la Cámara –una alianza de liberales, conservadores y socialdemócratas, más partidarios del statu quo– no permitió ir muy lejos. En resumen, al final el texto votado resultó ser ligeramente más ambicioso que la posición del Consejo, que reúne a los ejecutivos de los 27 Estados miembros de la UE.

“Desgraciadamente, a pesar del trabajo del Parlamento, son los ministros de agricultura los que tienen la última palabra. Sin embargo, representan a un determinado tipo de agricultores, los de la agricultura convencional. Si no se incluyen otros tipos de producción en los debates, nunca alcanzaremos los objetivos medioambientales que se ha fijado la Comisión”, lamenta Marco Contier, responsable en Bruselas de asuntos agrícolas de Greenpeace.

De hecho, en estas reuniones, los ministros de agricultura europeos van acompañados de la Copa-Cogeca, la única organización profesional agraria autorizada a participar en estos debates. Esta confederación, que reúne a varios sindicatos del continente europeo como la FNSEA, favorece los intereses de la agroindustria. Otras organizaciones, más orientadas al mundo agrícola y a la ecología, como Vía Campesina, a la que pertenece la Confédération Paysanne, no estaban invitadas a estas reuniones.

“La lógica del chantaje financiero”

En los siete meses de negociaciones desde la votación en el Parlamento, muy pocos Estados miembros se han mostrado progresistas en esta materia. Los Países Bajos parecen estar entre los que más han apoyado una transición agroecológica de la PAC. Sin embargo, la mayoría de los 27 Estados miembros echaron el freno, encabezados por el grupo de Visegrado (Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia), muy partidario de mantener las subvenciones por superficie que favorecen a las grandes explotaciones y que se opone a establecer topes a la recepción de estas ayudas.

Alemania, uno de los pesos pesados de la UE, apoyó el statu quo, según Konstantin Kreiser, de la asociación ecologista alemana Nabu, que lamenta que el lobby de los agricultores convencionales sea “extremadamente fuerte” en Alemanialobby. “Los conservadores en el poder, que intentan tener en cuenta las crecientes expectativas de la sociedad en materia de medio ambiente, han terminado finalmente por ceder al peso de la agroindustria. La proximidad de las elecciones parlamentarias [en septiembre] también impone un calendario que ignora los hallazgos científicos sobre el clima y la biodiversidad”.

Y en los últimos días, los ministros de los 27 Estados miembro se han unido, según nuestras informaciones, y no van a ceder a la presión del Parlamento. Como si hubieran olvidado que la Cámara es la colegisladora de los textos europeos.

Para el eurodiputado Benoît Biteau, que asistió a las negociaciones a tres bandas en nombre de los Verdes en el Parlamento Europeo, el Consejo estaba atrapado en “una lógica de chantaje financiero”. “Cada Estado miembro, al poner dinero sobre la mesa, se aferra a sus propias políticas y defiende sus logros. Así es como dominan las lógicas conservadoras y liberales. Acabamos con negociaciones de mercachifles, que se ponen de acuerdo en el mínimo común denominador. El resultado es una PAC en la que seguimos sometiendo apoyando prácticas agrícolas que son exactamente lo contrario de la agricultura ecológica”, explica a Mediapart (socio editorial de infoLibre).

Esta preeminencia del Consejo, que lleva sistemáticamente, en los diálogos a tres, a posiciones más prudentes que las votadas por el Parlamento, sólo podrá borrarse cuando la UE “tenga su propio presupuesto, que deje de depender de los Estados”, considera el eurodiputado. “Si bien de momento nuestra capacidad de introducir variaciones como parlamentarios es muy limitada, nuestro papel sigue siendo necesario. Durante las negociaciones de los últimos meses, hemos sido nosotros los que hemos recordado regularmente que la PAC debe ser coherente con el Pacto Verde y las estrategias ‘Biodiversidad’ y ‘De la granja a la mesa’”.

En cuanto a Francia, a pesar de lo que dijo en París el ministro de Agricultura, Julien Denormandie, que se jactó la semana pasada de haber obtenido “una victoria” sobre la PAC, apenas se destacó en el Consejo en materia de medio ambiente. “Hay muchas posturas y las palabras no siempre van acompañadas de los hechos”, dice desde Bruselas una fuente cercana a las negociaciones. “El ministro francés dice que está a favor del medio ambiente, pero nunca se compromete a cumplir un plazo. En cuanto a los ecoesquemas, Francia no defendía la posición más ambiciosa del Parlamento”.

Es precisamente en la cuestión medioambiental donde Julien Denormandie choca con la Confédération paysanne y las ONG francesas. Estas últimas abandonaron abruptamente la mesa de debate a finales de la semana pasada, cuando el ministro desveló los primeros arbitrajes de la versión francesa de la PAC europea (el “plan estratégico nacional”). Le reprochan en particular, en lo que se refiere a la agricultura ecológica, la supresión de las ayudas al mantenimiento en favor de las ayudas a la reconversión, necesarias pero no suficientes, en su opinión.

“En una democracia, es fácil no tener en cuenta las limitaciones de los demás”, replicó el ministro en una rueda de prensa celebrada tras esta impactante salida. Según él, la versión francesa de la PAC va en la buena dirección: la dotación de la “agricultura ecológica” pasa de 240 millones de euros al año a 340 millones.

En sus arbitrajes, el ministro francés también decidió apoyar decididamente al sector de las proteínas vegetales para reducir la dependencia francesa de las importaciones, así como consolidar la ICHN (indemnización compensatoria por desventajas naturales, una subvención especialmente apreciada en las zonas de montaña) completando las ayudas de la PAC con una línea en los presupuestos del Estado.

Pero también ha decidido incluir la certificación de nivel 3 “Alto Valor Medioambiental” (HVE, por sus siglas en francés) en los criterios de concesión de los regímenes ecológicos, del mismo modo que la etiqueta ecológica. Esto significa que las explotaciones con la etiqueta HVE podrán recibir las mismas ayudas que las explotaciones ecológicas, aunque utilicen pesticidas.

La HVE es en realidad un cuaderno de puntos, del que el agricultor puede escoger para construir su “cesta” de buenas prácticas, sin que una u otra sean obligatorias. Esta etiqueta está recibiendo críticas desde todos los frentes; en una publicación del pasado mes de marzo, el Iddri (Instituto para el Desarrollo Sostenible y las Relaciones Internacionales, por sus siglas en francés) concluye que “esta certificación no puede pretender acompañar un verdadero proceso de transición agroecológica”. Y según una nota de la Oficina Francesa de la Biodiversidad, revelada el martes por Le Monde, este sistema no tiene ningún beneficio medioambiental.

“El ecoesquema debe ser un elemento inclusivo y sencillo”, se defiende el ministro. “El 79% de los grandes cultivos de campo tendrán acceso a ella”. Pero hacer que estas ayudas sean lo más accesibles posible no es en absoluto del agrado de las asociaciones ecologistas y de la Confédération Paysanne, que consideran que es ante todo la aplicación de un mínimo de restricciones lo que permitirá la transición de la agricultura hacia un modelo de producción más ecológico y resistente al cambio climático. Además, no es seguro que la Comisión dé el visto bueno a esta elección francesa, ya que aquélla debe ratificar las versiones nacionales de la PAC.

“El hecho de que la agricultura HVE se financie de la misma manera que la agricultura ecológica es inaceptable”, protesta Marie-Catherine Schulz Vannaxay, de France Nature Environnement. “Los arbitrajes del Ministerio son una continuación del statu quo y son incompatibles con los objetivos declarados de transición agroecológica y soberanía alimentaria”. En torno a la mesa de esta negociación sobre el “plan estratégico nacional”, estaba también Arnaud Gauffier, de WWF, igualmente decepcionado. “Estamos actuando como si tuviéramos una PAC en la que todo está bien. Pero la biodiversidad se está hundiendo y no hay nada en esta nueva PAC que pueda poner a los agricultores en el camino del cambio climático. Una vez más, sólo estamos abordando los síntomas”.

En un informe publicado en febrero de 2020, el Tribunal Europeo de Cuentas denunció una PAC ineficaz para frenar el declive de la biodiversidad en las tierras agrícolas y criticó el sistema de pagos por superficie. El Consejo Europeo, que esta semana trató de recortar al máximo la propuesta del Parlamento, claramente no tuvo en cuenta esta opinión.

Sin embargo, los eurodiputados seguirán teniendo la palabra: son ellos los que deben validar en última instancia el texto resultante del diálogo a tres bandas. En octubre, el primer texto recibió 425 votos de 705 eurodiputados. No está claro que el próximo vaya a obtener el mismo apoyo.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Los gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han constatado este viernes por la mañana que sus diferencias hacen imposible alcanzar un acuerdo sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), a pesar del maratón de cuatro días que llevan negociando, y se han emplazado a seguir negociando para intentar el pacto a finales de junio.

Las diferencias entre ambas partes han resultado insalvables a pesar de que los equipos negociadores llevan con contactos desde el pasado martes. La arquitectura verde de la PAC a partir de 2023 y el dinero mínimo que se tendrá que dedicar a los nuevos regímenes ecológicos o ecoesquemas han sido el principal escollo.

También persisten las discrepancias sobre el cumplimiento de las condiciones laborales en el campo que los eurodiputados quieren introducir como condición para cobrar las ayudas o el mecanismo para conseguir dirigir más pagos a las pequeñas y medianas explotaciones.

"Queremos cerrar un acuerdo, pero no queremos cerrarlo a cualquier precio", ha escrito en su perfil de Twitter, la ministra de Agricultura de Portugal, Maria do Céu Antunes, que ha negociado en nombre de los Veintisiete en calidad de presidenta de turno de la UE.

"Estuvimos cerca de lograr un acuerdo esta semana", ha lamentado el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, en la misma red social, en la que también se ha mostrado esperanzado sobre la posibilidad de que Estados miembros y Eurocámara puedan desbloquear la situación antes de que acabe junio.

En una rueda de prensa, el negociador del Parlamento Europeo para el reglamento sobre los planes estratégicos de la PAC, Peter Jahr, ha explicado que las diferencias entre ambas partes han estado en la "letra pequeña" con respecto a los llamados ecoesquemas.

La letra pequeña de los ecoesquemas

Según el conservador alemán, los Veintisiete y los eurodiputados habían encontrado un punto intermedio de acuerdo para que la partida mínima dedicada a estos regímenes ecológicos fuera el 25% de los pagos directos, pero la letra pequeña permitía a los países en la práctica "hacer lo que quieran".

La crítica se refiere a la cláusula de flexibilidad que los Estados miembros exigen para poder gastar parte del dinero reservado para los ecoesquemas en otras ayudas. Como estos regímenes ecológicos serán voluntarios para agricultores y ganaderos, puede que no se acojan a ellos y el dinero se pierda.

Por eso, las capitales quieren margen de maniobra para poder gastarlo en otros pagos de la PAC, pero la Eurocámara quiere que esta flexibilidad sea menor y además esté limitada en el tiempo (valoran un "periodo de aprendizaje" de dos años)

Otro aspecto que todavía divide a Eurocámara y países es el mecanismo para lograr que las ayudas de la PAC lleguen a todos los productores y no se concentren únicamente en las grandes explotaciones, como ocurre actualmente.

Descartada la posibilidad de fijar un techo obligatorio de 100.000 euros por explotación, rechazada por los Estados miembros, los eurodiputados intentan conseguir que se establezca una dotación mínima para pequeños y medianos agricultores. Al principio reclamaban un 12%, pero ahora aceptarían un 10%.

Biolíbere se convirtió el pasado septiembre en el primer supermercado cooperativo de la Comunidad de Madrid tras seis años como asociación, un crowdfunding y el trabajo de más de 100 socios. Durante el mes de diciembre, La Osa empezaba su andadura en el distrito de Tetuán tras un año de obras y puesta a punto, y así se convertía en el segundo supermercado cooperativo de la capital. Y este nuevo año Supercoop espera abrir en el barrio de Lavapiés. Gracias a estas iniciativas Madrid se sumaría a otras ciudades europeas que ya contaban con este tipo de comercios.

Un proyecto similar lleva ya tiempo funcionando en Brooklyn, Nueva York, donde se encuentra el Park Slope Food Coop, un supermercado cooperativo que fue abierto en los años 60 y que cuenta con más de 15.000 socios.

Otros países europeos como Francia se inspiraron en la iniciativa neoyoquina. Así, apareció, por ejemplo, La Louve en París. Esta experiencia, junto a una iniciativa promovida por proyecto MARES, en la que se dieron sesiones formativas para intentar conocer otras experiencias de consumo responsable, fue el empujón que necesitaban algunas de las personas que estaban implicadas en grupos de consumo en la capital madrileña para decidirse a intentar llevar a cabo este proyecto. Además, también desde MARES propiciaron que algunos pudieran viajar a París para conocer cómo se organizaba La Louve. Una de estas personas fue Emilio Lázaro, uno de los socios fundadores de Biolíbere: “Estuvimos allí una semana viendo cómo funcionaba todo” y tras ese viaje “quisimos lanzarnos a hacer algo más grande de lo que estábamos acostumbrados”.

Dueñas, socios y clientes

Los supermercados cooperativos están formados por socios y socias que son al mismo tiempo consumidoras, trabajadoras y propietarias. Las personas asociadas pagan una cuota anual y deben hacer unas horas mínimas de voluntariado por unidad familiar, esto depende de cada supermercado pero suele rondar entre las 2 o 3 horas mensuales que pueden ser cubiertas por cualquier persona de la unidad familiar, con lo que se pretende “animar a las personas jóvenes a implicarse en el proyecto”, cuenta Emilio Lázaro.

El funcionamiento de estos supermercados se basa en la combinación de una parte profesional con una parte de voluntariado. La primera se encarga de garantizar la continuidad del proyecto y de las labores que requieren un mayor conocimiento como por ejemplo ponerse en contacto con los productores o hacer los pedidos. Suelen ser un par de personas que están contratadas por la asociación. Por otro lado, la parte de voluntariado es la que se encargan de llevar a cabo los socios y consiste en completar esas horas de trabajo para el supermercado realizando todo tipo de labores, desde reposición hasta limpieza pero pasando también por edición de vídeos para redes sociales.

Los supermercados cooperativos como alternativa

Este tipo de iniciativas tiene como objetivo crear una alternativa de consumo que sea “racional, colaborativa y sostenible”. Lourdes López, socia fundadora y trabajadora de Biolíbere, explica también que comer productos ecológicos es según su experiencia “bueno para la salud” y a la larga tanto ella como Lázaro afirman que “se nota que lo que comemos no lleva tantos productos químicos”. Sin embargo, lamenta que la gente “no está suficientemente concienciada” porque en muchos casos “no tenemos información de todo lo que supone la agricultura productiva, basada en mucho químico”. Jernej, agricultor del huerto El Cerro de Getafe y proveedor de BioLíbere, explica: “En mis cultivos yo no utilizo nada excepto azufre, porque creo que no es necesario”.

Desde estos supermercados intentan, en definitiva, ofrecer una alternativa a la cesta de la compra habitual: “Buscamos algo diferente, que tenga una serie de características: que respete el medioambiente, que sea de calidad, que respete también los derechos laborales y que sea lo más cercano posible”, afirma Emilio Lázaro.

Proveedores de cercanía para luchar contra la huella ecológica

Jernej, al igual que Pilar Rodríguez, de la granja de huevos El Majadal, son dos de los proveedores que suministran a Biolíber. Afirman tener "un contacto muy cercano con los trabajadores y socios", de hecho Pilar cuenta que un día "Emilio y Lourdes vinieron junto a otros socios y socias a ver mi granja". Ese contacto estrecho parece que no es la excepción ya que Emilio Lázaro sabe exactamente de dónde viene cada producto de la tienda, es más, conoce la mayoría de los proyectos que hay detrás de cada uno de ellos, como el de Josenea, una de las marcas de té e infusiones que ofrecen, y que es, además, un proyecto navarro nacido en una asociación que trabaja con jóvenes en riesgo de exclusión social.

Otro de los motivos por los que se busca productos de este tipo es en parte para dejar una menor huella ecológica, evitando adquirir material de otros países cuando se podrían conseguir en España. Este tipo de comercios nace también con el objetivo de apoyar a marcas locales de emprendedores cercanos, a los que a veces han llegado a visitar antes de la pandemia del covid-19, cuando todavía no se habían convertido en un supermercado cooperativo pero funcionaban como economato.

Democratizando la cesta de la compra

Biolíbere, al igual que otros proyectos similares como A vecinal en Zaragoza o La Ortiga en Sevilla, se gestiona dependiendo de las decisiones que toman sus socios en las asambleas. Son proyectos democráticos que tratan de implicar a las personas, no solo en lo que consumen sino también en el tipo de producto que pueden encontrar en el supermercado. Son las personas asociadas quienes deciden, por ejemplo, si se vende al público o solamente a socios. Lázaro explica que en el caso de Biolíbere se decidió “que aquellas personas que no son socias puedan comprar para que de esa manera puedan conocernos más y atraer a más gente al proyecto”.

Otra de las decisiones que se tomaron en Biolíbere fue por ejemplo no tener productos de grandes multinacionales como Coca-Cola ya que “esto es un trabajo voluntario en el que las personas asociadas invierten tiempo y decidimos que no queríamos contribuir a que grandes multinacionales, que además no comparten nuestros valores, se enriqueciesen”. Uno de los valores de los que habla Lázaro y que marcas como la citada no comparten, según el punto de vista de los socios de este espacio, es el deseo de reducir los envases, “nos gustaría llevar a cabo poco a poco un sistema de devolución de cristal como se hacía antiguamente, pero es algo complicado por ahora”. Sin embargo, “la gran mayoría de nuestros productos los puedes comprar a granel, incluso los productos de limpieza”.

Comprar y "hacer barrio"

Los supermercados cooperativos “no son solo la parte de alimentación”, según Lázaro, en su caso se organizan actividades como la excursión citada anteriormente, coloquios, encuentros con los productores, talleres de cocina o pequeñas reuniones en alguno de los huertos urbanos que hay en Getafe y en los que la asociación que impulsó Biolíbere participa como el Huerto Plántate en el barrio de El Bercial.

Este espacio no es solo un lugar en el que adquieres productos, según Gema, socia de Biolíbere. “Conoces a la gente con la que coincides en las actividades o en los turnos de voluntariado”. Esto convierte a este tipo de espacios en un lugar en el que “se crean redes vecinales” y cuando llegan situaciones complicadas como la vivida durante la pandemia “la solidaridad de los socios sale a la luz”. Emilio cuenta que "es una manera de hacer barrio y eso se ha dejado ver estos últimos meses ”.