Los electores que pidan el voto por correo para las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo ya no podrán entregar el sobre certificado en el que deben introducir su papeleta al cartero que se desplace a su domicilio para entregarle la documentación electoral, como se hizo durante la pandemia de coronavirus, sino que tendrán que hacer entrega del mismo en la oficina de Correos, como se venía haciendo antes de la crisis del covid-19, según ha informado Europa Press.

Así lo ha establecido la Junta Electoral Central (JEC) en un acuerdo con el que da respuesta a la consulta que realizó la Dirección de Relaciones Institucionales y Coordinación de Correos para saber si se podía mantener la fórmula que se implantó durante la pandemia.

El organismo arbitral recuerda que esa práctica se utilizó para los procesos electorales que tuvieron lugar "en tanto se mantenían los riesgos de contagio inherentes a la pandemia", pero que no es posible alargarla en el tiempo porque no está regulada en la ley.

"No concurre en este momento la situación de crisis epidemiológica que justificaba la medida descrita, medida a la que, por consiguiente, no es posible dar continuidad en ausencia de previsión legal expresa que la regule", explica el organismo arbitral.

Así las cosas, quien opte por el voto postal para los comicios de mayo tendrá que hacer entrega del sobre certificado con su papeleta en una oficina de Correos, como se hacía siempre antes de 2020. Y lo mismo sucederá con los comicios siguientes mientras no haya una modificación legislativa para contemplar otras fórmulas.

Los partidos políticos se gastaron casi 49 millones de euros en la campaña para las elecciones generales de noviembre de 2019 y otros 45,8 millones más en las municipales de mayo de ese mismo año. En cada una de ellas, incluyeron como gastos electorales casi un millón de euros –931.046 y 967.069 euros, respectivamente– que el Tribunal de Cuentas ha considerado que no tenían esa naturaleza, que no están legalmente permitidos, se realizaron fuera de plazo o no fueron justificados. Pero sólo a uno de ellos propone al Ministerio del Interior, el órgano encargado de hacer la liquidación, que le recorte la subvención electoral por haber incurrido en un gasto no autorizado: Vox.

El partido ultraderechista contrató anuncios electorales en emisoras de televisión privadas por importe de 36.600 euros para las generales de noviembre de 2019. Así que el Tribunal de Cuentas plantea que se le reduzca la subvención en el doble de esa cuantía, tal y como marca la ley: 72.600 euros. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) prohíbe a los partidos contratar espacios de publicidad electoral tanto en medios públicos como privados. Sí tienen derecho a disfrutar de espacios gratuitos en los medios públicos de radio y televisión.

El resto de las incorrecciones descubiertas por el órgano de control al fiscalizar las cuentas de los partidos en esa convocatoria, pese a su cuantía, no llevan aparejadas sanciones, de acuerdo con los informes que presentó este martes en el Congreso su presidenta, María José de la Fuente.

En el caso de las municipales de mayo, en cambio, el Tribunal de Cuentas ha elevado propuestas para recortar subvenciones electorales a 20 partidos políticos, aunque por un importe menor, 45.224 euros. Y propuestas de no adjudicación de subvenciones a nada menos que 1.189 formaciones por no haber siquiera presentado la contabilidad electoral al Tribunal.

Se trata, en muchos casos, de formaciones locales muy pequeñas y con escasos recursos: se presentaron un total de 1.664 partidos, de los que sólo 195 superaron los 2.000 euros de presupuesto electoral.

Por el contrario, en los informes destaca otro incumplidor, e impenitente, ante el Tribunal de Cuentas, pero que, a diferencia de las atomizadas candidaturas municipales, es una de las principales y más poderosas compañías del mundo. Facebook Ireland Limited niega al máximo órgano de control español la información que como proveedor de los partidos políticos éste le exige en cada convocatoria electoral. No se la ha remitido ni en las generales de noviembre ni en las municipales  y europeas de mayo, como tampoco la había enviado en las generales de abril.

O al menos no ha facilitado las facturas de los servicios que le contrataron Unidas Podemos, Más País y ERC en las de noviembre, así como Compromís, En Comú Guanyem y ERC en las municipales. En las de abril, tampoco dio dato alguno de su relación comercial con En Comú Podem-Guanyem, ERC, PSC y Unidas Podemos. En las europeas, calló sobre Ahora Repúblicas –ERC, EH Bildu, BNG, Ahora Canarias, Andecha Astur y Puyalón de Cuchas– y Unidas Podemos.

Además, las cantidades que los partidos contrataron con la compañía de Mark Zuckerberg no son despreciables. El que más dinero invirtió en publicitarse en Facebook fue Unidas Podemos, que en las elecciones del 28 de abril de 2019 pagó anuncios por valor de 931.384 euros y en las de noviembre, 752.727 euros. En las europeas de mayo bajó a 56.252 euros. En total, 1,74 millones de euros en un año.

A través de la filial en Irlanda

Aunque el resto de las facturas tampoco son pequeñas. Más País le pagó 41.032 euros en la campaña de noviembre. ERC suma 21.780 euros en esa misma convocatoria a los 60.337 euros de las municipales y otros 11.082 en abril: 93.198 euros. En Comú Guanyem facturó con Facebook 29.890 euros en las municipales y 10.511 euros en las generales de abril. Compromís, 10.858 euros en las municipales. Y el PSC, 25.951 euros el 28A. En resumen, Facebook ha facturado a los partidos de la izquierda española 1,95 millones de euros en cuatro convocatorias electorales a lo largo de sólo un año. Y los cobra la filial de Facebook en Irlanda –un país con un régimen fiscal tan laxo que los críticos lo consideran un paraíso fiscal dentro de la UE–, no a través de Facebook Spain, tal y como consta en el informe del Tribunal de Cuentas.

Según publicó El País el pasado diciembre, Facebook Spain ingresó 261,6 millones de euros en España en 2019, más del doble que el año anterior, cuando facturó 112,6 millones de euros. La filial española dividió en dos partidas su volumen de negocio: 11,1 millones de euros por dar soporte de ventas al grupo y 250,5 millones por “ingresos propios”, por espacios publicitarios de clientes directos españoles previamente contratados a la filial irlandesa. Por esos ingresos pagó tres millones de euros en concepto de impuesto de sociedades.

En cualquier caso, no es el único proveedor que ha eludido su deber de informar al Tribunal de Cuentas. Además de un buen número de pequeñas empresas de todo tipo, destacan Ifema – 33.767 euros a Podemos en las generales de noviembre–, el Abc de SevillaAbc –12.705 euros a Ciudadanos en las municipales–, y la Cadena Ser –15.371 euros en las municipales y 11.418 euros en las de noviembre al PSOE–.

Actuaciones musicales, estilismo, problemas de tesorería

En las últimas elecciones generales, los partidos intentan colar como electorales gastos de índole muy similar. Tanto el PSOE como el PP clasificaron como tales el alquiler de salas para la noche electoral y el gasto en actuaciones musicales. O PSOE, Vox y Podemos la contratación de espacios publicitarios antes del inicio de la campaña. En el caso de Podemos, se gastó 239.462 euros en publicidad en medios de comunicación antes de que fuera legal; el PSOE, 71.195 euros; Vox, 30.203. El Tribunal de Cuentas también rechazó a Podemos la consideración de gasto electoral subvencionable los servicios de estilismo de sus dirigentes para la grabación de los anuncios electorales. El PSC remitió como gasto electoral lo que le costó fletar autobuses para llevar a ciudadanos a sus mítines. Ciudadanos empleó 74.367 euros en operaciones ordinarias que clasificó como electorales. Tanto PSOE como PP intentaron engordar los intereses de los créditos que tuvieron que pedir hasta el cobro anticipado de las subvenciones. El Tribunal se los corrigió a la baja.

Algunos partidos quedaron exhaustos, y sin tesorería, tras las campañas. En Vox sólo tenían en la caja 4,41 euros, indica el Tribunal de Cuentas, por lo que tuvieron que pagar las últimas facturas a través de “cuentas corrientes de la actividad ordinaria”, lo que significa que esos pagos quedan fuera del ámbito de fiscalización del Tribunal e incumplen la LOREG. Otro tanto les ocurrió a Podemos, Junts Per Catalunya y PSC.

En las municipales de mayo, las pequeñas formaciones políticas también tuvieron problemas con las cuentas bancarias, pero de otro tipo. En lugar de abrirlas con el NIF del partido político, lo hicieron con el de los administradores electorales, lo que, “además de incumplir lo dispuesto en la legislación electoral, dificulta la obtención de información a través de las entidades financieras al corresponder la titularidad a personas físicas no sujetas al ámbito subjetivo de la presente fiscalización”, lamenta el Tribunal de Cuentas. Incluso nueve partidos “de escasa implantación territorial”, precisa el informe, no abrieron cuentas bancarias específicas para la campaña electoral. Otros ocho consignaron como aportaciones del partido recursos ingresados por los correspondientes grupos políticos en los ayuntamientos. En las generales de noviembre, Más País incluyó en sus cuentas electorales 62.994 euros que procedían del grupo parlamentario de Más Madrid en la Asamblea regional.

El más rico, el PP; C's casi tanto como el PSOE

Para hacerse una idea de las fuentes de financiación de los partidos para las campañas electorales basta con acudir al desglose efectuado por el Tribunal de Cuentas. Del total de 48,99 millones de euros gastados en las generales de noviembre de 2019, sólo 38.300 euros procedían de aportaciones privadas, 21,52 millones de créditos bancarios, 13,56 millones de los adelantos de subvenciones electorales y 13,86 millones de aportaciones realizadas por los respectivos partidos.

El que más dinero se gastó fue el PP, con casi 12,5 millones de euros, seguido del PSOE, con 10,7 millones, y Ciudadanos, con 10,14 millones. Unidas Podemos tenía un presupuesto de 5,5 millones y Vox contaba con 2,8 millones, más que el PSC –1,74 millones euros–, y nueve veces más que Junts per Catalunya –sólo 322.199 euros–y más que el triple que el PNV –788.112–. En las municipales celebradas seis meses antes, su presupuesto era de 434.240 euros, por lo que la ultraderecha multiplicó sus recursos por más de seis de una convocatoria a la siguiente.

Podemos ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid un escrito en el que plantea la citación como testigos de una decena de trabajadores del partido para tratar de acreditar que la consultora Neurona realizó los trabajos de campaña para los que fue contratada de cara a las elecciones generales del 28 de abril de 2019. También explica que ha aportado documentación que probaría que una veintena de empleados de la compañía estuvieron en España realizando las citadas labores de consultoría en las fechas que se investigan.

El partido morado, que está imputado como persona jurídica, aporta en el escrito, al que ha tenido acceso infoLibre, "un listado de diez testigos que integraban los equipos de trabajo de Podemos que, en coordinación con el equipo de Neurona, han cubierto todas las áreas de la campaña electoral, incluyendo a sus coordinadores; prensa, redes sociales, audiovisuales (fotografía, eventos y vídeos), argumentario o diseño gráfico, entre otros". "Todas estas personas pueden ofrecer el testimonio directo de la experiencia del trabajo llevado a cabo por Neurona junto con el equipo de campaña de Podemos, así como la modalidad en la que se ejecutaban los trabajos, con quiénes compartían espacio y trabajo y cómo se distribuían las correspondientes tareas en la campaña electoral", apunta.

De igual modo, la formación morada adjunta los "datos personales, laborales y de fechas de llegada y salida de España de veintiuna personas integrantes del equipo de Neurona que vinieron a desarrollar presencialmente trabajos para la campaña electoral del año 2019", con objeto de lograr "el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación". "Por supuesto, acreditaremos su presencia en España con sus correspondientes billetes de avión, así como con un listado del hospedaje en cada apartamento que fue alquilado para la estancia en España para la prestación de los servicios", añade.

Aparte de esta documentación que ofrece Podemos, también incluye otro anexo en el que se incluyen "fotografías en las que aparecen varios integrantes de Neurona" en el local de la calle Maudes de Madrid donde se estableció el cuartel general de campaña para el 28-A "y en actos electorales", así como "vídeos donde aparecen los integrantes de Neurona realizando trabajos de campaña en el local de Maudes y en actos electorales".

Con este material, la representación letrada del partido que dirige Pablo Iglesias considera que "podrá confirmarse la efectiva presencia y la prestación de los servicios de los integrantes de Neurona en el local de Maudes, donde tenían un espacio habilitado a tal efecto, y su coordinación con el equipo de campaña de Podemos", además de "la presencia de los integrantes de Neurona en los actos electorales".

Niega un nexo entre la contratación de Neurona y la investigación a Monedero

Esta documentación que ha presentado la formación morada a la causa en la que se le investiga desde el verano pasado se une a los vídeos y otros trabajos –1.400, según Podemos– que entregó al juez Juan José Escalonilla el otoño pasado para justificar los trabajos realizados por la consultora y demostrar que no se trató de un contrato simulado, como sospecha el instructor. Estos productos están siendo analizados por la policía judicial.

"Hemos colaborado en todo momento con la investigación proporcionando abundante documentación e información a lo largo de la instrucción, teniendo en cuenta además que la aportación, dada la naturaleza reservada y estratégica de dichos documentos, situaba a mi representada en una difícil encrucijada por motivos de confidencialidad", afirma la representación letrada de Podemos, refiriéndose a la pieza secreta en la que durante cinco meses el juez ha venido investigando el vínculo entre Neurona y el cofundador del partido morado Juan Carlos Monedero.

Sobre este asunto también se pronuncia la formación en su escrito. Además de solicitar al magistrado la testifical de esa decena de testigos y la incorporación a la causa de la documentación, denuncia "indefensión" en la investigación secreta, al tiempo que asegura que no existe "nexo alguno" entre la contratación de la empresa por parte de Podemos para trabajos electorales en la primavera de 2019 y el pago a Monedero, también imputado, unos meses antes.

Podemos entiende que el secreto de las actuaciones carecía de la "motivación suficiente" y "ha limitado innecesariamente el derecho de defensa de las personas investigadas, generando indefensión". "Entendemos que la limitación del derecho de defensa de las personas investigadas que se ha impuesto no se compadece ni con la entidad de los hechos investigados ni con la trascendencia de las diligencias de investigación interesadas; limitación que además ha resultado innecesaria dado que, como ya hemos dicho y es de público conocimiento, es prácticamente imposible manipular o interferir datos que tienen ya un rastro imborrable", subraya el partido, personado en la causa al seguir investigado como persona jurídica.

La UDEF cree que es una factura falsa

Por otro lado, la formación morada considera que la investigación a Monedero y las conclusiones que ha hecho la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional no tienen relación con el objeto de investigación que ha mantenido el juez desde el verano pasado sobre los contratos que suscribió Podemos con Neurona. Monedero fue imputado después de que los investigadores indicaran en un informe del pasado 3 de noviembre que el cofundador del partido cobró 26.200,31 euros de Neurona Consulting –la matriz mexicana de Neurona Comunidad– por supuestos servicios de consultoría política que no habría prestado, dado que los investigadores apuntan que la única justificación de este pago sería una "factura falsa".

Según la UDEF, el dinero se recibió el 25 de enero de 2019, pero el banco bloqueó provisionalmente la cuenta corriente de Monedero, a la espera de que acreditara tal ingreso, para lo cual el cofundador de Podemos entregó una factura con fecha de 30 de diciembre de 2018 por valor de 30.000 dólares bajo el concepto de "300 horas de consultoría presencial Buenos Aires, México y Colombia". La UDEF cree que "habría sido elaborada 'ad hoc'" porque "reúne suficientes indicios que hacen pensar que se trata de una factura falsa".

El magistrado cree que el pago a Monedero "tuvo relación con la posterior fundación o constitución de la sociedad mercantil Neurona Comunidad y con la presunta contratación a ésta por parte de la coalición electoral Unidas Podemos". Es decir, considera que pudo ser una comisión por la contratación de la empresa que después se produjo por parte del partido. Sin embargo, Podemos replica en su escrito que el día que se emitió la factura, el 30 de diciembre de 2018, "era materialmente imposible asegurar que fuera a producirse una convocatoria de elecciones generales en los meses siguientes", pues aún se estaba tramitando el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que finalmente no fue aprobado, lo que llevó al Gobierno de Pedro Sánchez a convocar los comicios para el 28 de abril de 2019.

Además, la formación considera que en el curso de la instrucción de este procedimiento "ha quedado descartado que la constitución" de Neurona Comunidad fuera 'ad hoc' para la campaña electoral del 28 de abril, sino que "ya consta acreditado que la entidad siguió prestando dichos servicios en el marco de otros contratos posteriores".

Por otra parte, el partido morado solicita amparo en su escrito y reclama al juez que tome "medidas correctivas o disciplinarias" en relación con las "interesadas filtraciones que se han ido sucediendo" en relación con la pieza sobre Monedero. Tras citar algunas de las noticias que, en su opinión, se filtraron cuando la investigación estaba bajo secreto de sumario, apunta directamente a las "autoridades públicas" como posible origen de estos hechos, ya que en un procedimiento de estas características sólo tienen acceso el instructor, la Fiscalía y la policía judicial encargada de la investigación.

El juzgado de instrucción número 42 de Madrid ha solicitado a Triodos Bank que le informe sobre todas las transferencias realizadas a la consultora política Neurona desde una cuenta de Podemos en la que su portavoz en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, figura como apoderado, en el marco de las pesquisas por las presuntas irregularidades en las finanzas del partido, según informa Europa Press. 

"Remítase oficio a Triodos Bank, a los efectos de que por parte de dicha entidad bancaria informe sobre la totalidad de transferencias efectuadas desde la cuenta bancaria ES06 1491 0001 21 2147116822, titularidad del partido político Podemos, a la mercantil Neurona Comunidad S.L. durante los ejercicios 2019 y 2020", ha ordenado el juez Juan José Escalonilla en un auto dictado el 27 de noviembre al que ha tenido acceso Europa Press.

Esta cuenta bancaria es una de las identificadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) como origen de los pagos efectuados por Podemos a Neurona por el contrato suscrito para las elecciones generales y autonómicas de abril y mayo de 2019. En total, la UDEF señaló al juez cinco cuentas en distintos bancos, titularidad tanto de la formación 'morada' como de la coalición electoral Unidas Podemos desde las que se pagaron más de 425.000 euros a la consultora política.

El grueso de ese dinero corresponde al pago del contrato para las elecciones generales del 28 de abril de 2019, por 363.000 euros. La última transferencia, de acuerdo con el informe de la UDEF, se realizó el pasado 28 de enero desde la cuenta de Triodos Bank en la que aparece Echenique por un valor de 2.420 euros y que ordenó efectuar la diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid Carolina Alonso.

Escalonilla ha accedido así a las diligencias de investigación solicitadas por la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege, que ejerce de acusación popular, para determinar si ha habido más transferencias desde esa cuenta bancaria a Neurona.

En estos momentos, la cuestión electoral constituye el núcleo de la investigación dirigida por Escalonilla, que ve "indicios racionales" acreditativos de que los cobros efectuados por Neurona a Unidas Podemos "no tuvieron como finalidad el pago de servicio alguno prestado", sino que habrían sido contratos simulados para ocultar "una distracción de dinero" de las cuentas del partido constitutiva de un delito electoral, según ha expuesto en autos anteriores.

Nuevo testigo 

El juez también ha accedido a tomar declaración como testigo a Tirso Nohales Escribano, al que Pro Lege identifica como el cámara que grababa para Podemos las campañas electorales y cuyo trabajo se habría solapado con el contratado con Neurona, para que aclare este extremo. Escalonilla lo ha citado para el próximo 21 de diciembre a las 10.00 horas.

Pro Lege había pedido igualmente que se tomara declaración a Eric Alberto Guerrero, alias 'El Colibrí', un mexicano vinculado a Neurona Consulting –la matriz mexicana de Neurona Comunidad–porque asegura que fue contratado por Podemos a través de Juan Carlos Monedero y estima que puede esclarecer el hecho controvertido de las presuntas comisiones. En este caso, el juez ha reclamado a Pro Lege que "aclare y acredite la información determinante de su proposición como testigo", tras lo cual decidirá si le llama a declarar.

Escalonilla ha rechazado las otras dilgencias solicitadas por esta acusación popular el pasado 18 de noviembre, entre ellas que se tomara declaración a Denis Thomas Maguire como responsable financiero de Podemos que supervisaba las donaciones del partido a la Caja de Solidaridad, algo a lo que no da lugar porque el juez ya ha archivado la causa en lo tocante a la llamada 'Caja B'.

Las obras de Galapagar 

Pro Lege había solicitado asimismo a Escalonilla que interrogara como testigo a Nuria Julbe Linares, la arquitecta que reformó la vivienda familiar del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el municipio madrileño de Galapagar.

La Asociación de Jurista Europeos lo consideraba necesario porque tanto José Manuel Calvente como Mónica Carmona, ambos ex abogados de Podemos, aseguran que fueron despedidos por investigar estas supuestas irregularidades, han afirmado –el primero como denunciante y la segunda como testigo– que Julbe Linares fue quien propuso al arquitecto Manuel Campos García para encargarse de la obra de la nueva sede nacional del partido.

Calvente y Carmona han advertido sobre posibles irregularidades en la concesión de los contratos para las obras de la sede, indicando que se licitaron por 649.000 euros y se adjudicaron por más de 1,3 millones de euros. El juez ya ha tomado declaración al arquitecto y a seis empresas contratistas en calidad de testigos.

Sobre la citación de Julbe Linares, Escalonilla no la ha visto necesaria "al haber resultado suficientes las declaraciones prestadas por los representantes legales de las diversas mercantiles contratadas por Podemos para la ejecución de la obra de rehabilitación de su sede sita en la calle Francisco Villaespesa nº 18 de Madrid", resuelve el auto.

Pro Lege pretendía además que el juzgado de instrucción 42 requiriera tanto a Podemos como a Iglesias información sobre las empresas que trabajaron en las dos obras para confirmar si son las mismas o si tienen relación entre ellas, pero Escalonilla la ha denegado al resultar "ajeno" a la causa las obras en la vivienda, siendo lo "determinante" comprobar que las obras que se hicieron en la sede equivalen al importe pagado por el partido.

El fiscal del Tribunal de Cuentas ve indicios de delito en la contabilidad de la campaña electoral de Unidas Podemos para las elecciones generales del 28 de abril de 2019, lo que le llevaría a pedir a la justicia ordinaria que revise este asunto. Las irregularidades detectadas tienen que ver con la facturación de servicios de Neurona Consulting, con la que se contrató para dicha campaña.

El Ministerio Público, según informa la Cadena Ser y recoge Europa Press, apunta dos tipos de delitos, fraude electoral y falsedad en documento mercantil, en un informe interno que ha remitido a la Sección de Fiscalización de partidos políticos del órgano contable. Apunta a los servicios facturados a Neurona Consulting, una sociedad creada en marzo de 2019, al no estar suficientemente acreditada su elaboración por parte del proveedor.

Fuentes fiscales apuntan que se ha producido una petición de documentación al órgano fiscalizador a raíz de lo señalado por éste en su Informe de Fiscalización sobre las contabilidades de las elecciones generales del 28-A, conocido a principios de este mes. De ver delito, el fiscal del tribunal de cuentas no podría investigar, ya que debe hacerlo la justicia ordinaria. Para el fiscal, según la información dada por la citada emisora, los 290.000 euros facturados a Neurona analizados durante la fiscalización de los comicios del 28-A "no tienen consideración de gasto electoral" y por ello no han sido admitidos como "susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales", apuntando a un posible contrato simulado.

"Peros" en el informe de fiscalización

En su informe de fiscalización el Tribunal de Cuentas ya señalaba sobre Neurona que Unidas Podemos aportó en sus alegaciones a este órgano vídeos y diseños publicitarios, si bien no había quedado "suficientemente acreditada su efectiva elaboración por parte del proveedor". Durante la fiscalización se solicitó a la coalición sucesiva información en relación con el gasto en concreto, que debía aportar un presupuesto detallado en el que se desglosaran los distintos servicios a prestar, y se valorará económicamente cada uno de los conceptos de facturación.

"Ante dicha solicitud, la formación envió un contrato de prestación de servicios por importe de 363.000 euros, firmado electrónicamente por las partes contratantes el 6 de mayo de 2019, habiendo sido emitida la factura correspondiente a dicho contrato el 5 de abril de 2019; en el contrato se recogen los mismos conceptos que se hacen constar en la factura presentada, sin valoración económica individualizada de lo contratado", apuntaba el informe del Tribunal de Cuentas. De la información disponible resulta que la empresa proveedora fue objeto de inscripción constitutiva en el registro mercantil el 19 de marzo de 2019, "no coincidiendo su objeto social con la presentaciones contratadas", según el Tribunal de Cuentas.

La denuncia de Calvente

Las dudas sobre la actividad de Neurona también aparecen en la denuncia del exabogado de la formación, José Manuel Calvente, que ha dado lugar al inicio de una instrucción penal sobre la financiación del partido en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid. Calvente habla en su denuncia de "graves irregularidades financieras de Podemos principalmente mediante la contratación de servicios de las campañas electorales tanto directa como mediante empresas interpuestas con la empresa mexicana Neurona Consulting y con su presunta filial española Neurona Comunidad S.L., la cual podría estar vinculada a operaciones fraudulentas y de corrupción en algunos países latinoamericanos".

En su denuncia también dice que el tesorero de la formación, Daniel de Frutoso, anunció que ya en el ejercicio 2018 no se había procedido a realizar una auditoría externa debido al solapamiento de comicios electorales  (Elecciones Generales del 28 de abril de 2019 y las Elecciones Autonómicas, Municipales y Europeas de mayo de 2019) durante el primer semestre del año 2019. Añadió que la experiencia en relación a la fiscalización de partidos, tras cuatro años contratando servicios privados de auditoría, demuestra que el equipo técnico del Tribunal de Cuentas realiza un trabajo óptimo que cubre este proceso, según el denunciante.

Las empresas contratadas por los partidos políticos para prestar servicios en época de campaña electoral tienen la obligación de presentar estas facturas ante el Tribunal de Cuentas cuando el importe supere los 10.000 euros. Este viernes, el órgano fiscalizador hizo público el informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones a Cortes Generales de 28 de abril de 2019 y una de las conclusiones es que 49 de estas empresas contratadas no han cumplido con el organismo. El saldo resultante de esas facturas no declaradas es de 2.902.323,05 euros.

Según la información facilitada por el organismo fiscalizador, lideran el ranking de incumplidoras las firmas contradadas por el PP, por un importe de 1.092.311,51 euros, y Unidas Podemos con facturas que suman 931.384,02, casi el total correspondiente a Facebook Ireland Limited.

En el caso del Partido Popular, son once los proveedores que no han informado al Tribunal de Cuentas. Las cantidades van desde los 10.125,82 no consignados por Litografía imprenta Arteara S.L a los 538.232,41 de Loginser, SL, especializada en el transporte urgente. 

En el caso de Unidas Podemos, a los 912.152,54 euros no informados por Facebook hay que sumar 19.231, 48 a Víctor Lasa Ruiz.

De los grandes partidos con representación en el Congreso, el siguiente partido en volumen de proveedores que no han informado a la entidad fiscalizadora es Vox, con facturas por 324.701,62 de doce proveedores. Es el mismo número de empresas contratadas por el PSOE y que no han presentado sus facturas. Suman 195.602,08.

"Sería conveniente que las formaciones políticas indicaran a las empresas que les hayan facturado un importe superior a 10.000 euros por operaciones de campaña electoral que aporten al Tribunal de Cuentas la información que deben facilitarle, dentro del plazo límite del que disponen dichas formaciones para presentar la contabilidad electoral, de forma que se garantice su disponibilidad en tiempo oportuno para la fiscalización", puede leerse en el apartado de recomendaciones a los partidos en este informe de fiscalización.

Gastos de naturaleza no electoral

Otra de las deficiencias detectadas tiene que ver con las restricciones legales en materia de gastos electorales. El Tribunal de Cuentas ha observado que gastos por importe de 701.883,94 euros no tienen naturaleza electoral al no corresponder a ninguno de los conceptos comprendidos en el artículo 130 de la LOREG. Del total, 72.036,93 euros se refieren a gastos no permitidos por el artículo 53 de la LOREG, 22.461,50 euros a gastos realizados fuera del plazo establecido y 153.181,19 euros a gastos con justificación insuficiente. Estos gastos no han sido admitidos como susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales.

¿De qué tipo de gastos estamos hablando? La galería es muy variada desde alquileres de locales para la noche electoral a material de oficina pasado por actuaciones musicales.

El partido que más gastos de naturaleza no electoral ha declarado, según el Tribunal de Cuentas es Unidas Podemos (290.727,41 euros). Le sigue Vox (112.488,95), PSOE (67.354,74), Ciudadanos (59.555,37) y Partido Popular (50.463).

El "maquillaje" de Ciudadanos

Uno de los gastos de naturaleza no electoral de Cs al que alude el informe es el de "servicios de maquillaje a los candidatos de campaña". El Tribunal de Cuentas responde a las alegaciones del partido que ahora lidera Inés Arrimadas que "su falta de realización no afecta al normal funcionamiento de las oficinas o servicios requeridos en el proceso electoral".

En el caso del Partido Popular, el órgano fiscalizador les responde que los gastos de "mantelería" de un "acto-cena" no son susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales. Lo mismo sostiene sobre "parques infantiles hinchables" o "gastos de formación de portavoces del candidato".

Unidas Podemos, por su parte, ha alegado, contrariamente a criterio del tribunal, que la creación y difusión de mensajes electorales a través de servicios de mensajería instantánea pueden considerarse gastos electorales. Lo mismo señalan con "gastos de asesoramiento" o con los derivados de la colocación y retirada de pancartas con el lema "Vota Izquierda Unida Guadalajara". "No se consideran electorales aquellos gastos que no hagan referencia expresa a la denominación de la formación que los realiza, en este caso, la coalición electoral, con independencia de que la factura sí se hubiera emitido a nombre de la coalición", sostiene el Tribunal de Cuentas.

En cuanto a la regularidad de los ingresos y gastos electorales, el informe señala que las formaciones políticas han declarado recursos por un total de 58,90 millones de euros, de los que un 40% procedía de endeudamiento bancario, un 39% de adelantos de subvenciones electorales, un 21% de aportaciones de la propia formación política y el resto de aportaciones privadas.

Los gastos regulares que han sido considerados justificados por el Tribunal de Cuentas, tras efectuarse las correspondientes comprobaciones y ajustes, han ascendido a 60,05 millones de euros, de los que 34,86 millones corresponden a operaciones electorales ordinarias y 25,19 millones al envío directo y personal de propaganda electoral.

Recomendación al Gobierno

Entre las recomendaciones que el Tribunal de Cuentas hace al Gobierno, el organismo recuerda  la moción relativa a la modificación de la normativa sobre financiación y fiscalización de los partidos políticos, aprobada por el Pleno de la institución el 30 de octubre de 2001, "algo que se viene reiterando en sucesivos informes". "Sería conveniente evaluar la eficiencia material y económica de los envíos directos y personales a los electores de sobres y papeletas o de propaganda electoral tal y como se realizan en la actualidad, teniendo en cuenta que la disponibilidad de estos está garantizada en las mesas electorales, así como la posibilidad de diseñar e implantar un nuevo procedimiento, más acorde con el actual desarrollo de los medios y técnicas de información, que ofrezca mayores garantías en su ejecución y permita reducir los fondos públicos destinados a su financiación", subraya.

El voto por correo cae un 26,73% para las elecciones generales de este domingo, con 980.696 solicitudes de voto por correo aceptadas, según ha informado el Gobierno este sábado en la presentación del dispositivo electoral, informa Europa Press.

En rueda de prensa, la subsecretaria del Ministerio del Interior, Isabel Goicoechea, ha explicado que la Oficina del Censo ha aceptado el 99,42% de las solicitudes de voto tramitadas, que ascendieron a 986.446. Estas cifras suponen una caída con respecto al voto por correo registrado en las generales de hace seis meses, cuando Correos gestionó 1.222.937 votos.

Goicoechea ha informado de que Correos ya tiene en custodia en las oficinas postales de destino un total de 738.653 sobres electorales.

Que las cosas sean lo que parecen es un problema cuando, desde el principio, ya tenían tan mala pinta que sólo cabía esperar de ellas que fuesen de mal en peor. Y resulta que en lo que se refiere al presumible acuerdo de izquierdas para gobernar España, siempre me pareció que por ahí iban los tiros. No se trata de ponerse medallas, pero al día siguiente de las últimas elecciones pronostiqué que, a la luz de los resultados, habría que repetirlas. Hubo quien me miró por encima del hombro, desde la torre de los politólogos, y sin embargo, miren dónde estamos. Si estaba tan seguro, era porque el pacto del PSOE y Unidas Podemos me parecía muy improbable. ¿Por qué? Por la misma razón que el 82% de los españoles que acaba de responder a una encuesta sobre la calidad de nuestra democracia considera que aquí los políticos “dedican más atención a sus propios intereses que a los de la sociedad”. Ellos dirán que a los intereses del partido, en realidad, pero el matiz se queda en la superficie, no cambia el fondo del asunto.

Unidas Podemos nació contra el PSOE igual que contra el PP, para luchar contra el bipartidismo, y por lo tanto ya desde sus orígenes fue una formación enemiga, como lo han sido otras a la izquierda de la calle Ferraz, el Partido Comunista o Izquierda Unida, con las que, sin duda, los ejecutivos de Felipe González o José Luis Rodríguez Zapatero se podían llegar a entender en cuestiones sociales, pero siempre y cuando aceptaran que el liderazgo lo llevaban ellos. La desconfianza, por lo tanto, siempre ha sido mutua, y ahora también. Y no es un buen punto de partida, en eso tienen razón tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias. Lo que ha ocurrido o está a punto de ocurrir es la historia de siempre, amplificada por los nuevos tiempos, tan llenos de altavoces, cámaras y pantallas.

Pero hay algo muy distinto, y es que esta vez el PSOE mira más que nunca a una derecha que también lo es más que nunca, y eso ha hecho todavía más complicado el entendimiento, como es lógico. Tal vez es porque en una cosa sí que coincidía con Ciudadanos, y era en el auténtico rival a batir, aunque fuese por causas distintas, que no es otro que UP. En cuanto parece que ha surgido la oportunidad de echarlos a un lado, como hace siempre la formación naranja al situarlos entre las fuerzas anticonstitucionalistas, Albert Rivera, que da más giros de ciento ochenta grados que un campeón de patinaje artístico, se ha vuelto a poner el traje de estadista y le ha ofrecido al PSOE abstenerse en la investidura y dejarle permanecer en la Moncloa pero en libertad condicional. Según él, cuenta con el apoyo de Pablo Casado, que está dispuesto a escuchar la oferta, y para quien piense que resultaría sorprendente que aceptase un papel de adjunto a Rivera, al que no sólo aventajó en los últimos comicios sino que también le saca dos cabezas en todos los sondeos, él mismo ya se ha adelantado a los acontecimientos, asegurando que esas propuestas son suyas, letra a letra.

¿Cuáles son esas tres reglas que le ponen Rivera y Casado a Sánchez? Que rompa su pacto en Navarra, corte con Bildu y se alíe con la marca de los conservadores en esa región; que se planifique y deje listo para su aplicación un nuevo artículo 155 en Cataluña, en el caso de que los líderes independentistas desobedezcan una posible condena a los encausados del procés, y que se comprometa por escrito a no indultarlos y que se firme una renuncia a subir los impuestos. Mal empieza la cosa, si resulta que las tres condiciones, de entrada, son cuatro, pero el presidente ya ha declarado que no la ve de imposible cumplimiento, ni que puedan ser “obstáculos reales para que PP y Cs se abstengan.” ¿Y por qué? Pues exactamente por lo mismo que dice Casado, porque son suyas. O sea, que si los tres son el padre de la criatura, seguro que la cosa sale adelante.

La cuestión moral y la práctica son evidentes. La primera es que muchos se preguntarán si un candidato socialista puede ser presidente de la mano de los mismos que van abrazados a la ultraderecha. La segunda es lo que pasará a partir del día siguiente, cuando los mismos que hayan propiciado la investidura, embistan, porque lo harán, no son compañeros de viaje sino la oposición, y su tarea no es afianzar a los socialistas, sino desbancarlos. Así que en esto, como en casi todo, la pregunta no es sólo qué vas a conseguir, sino quién te lo va a dar y si merece la pena aceptar la ayuda de quien te tira un salvavidas que está deseando agujerear. El tiempo lo dirá, y será pronto.

La peor coalición posible es esa en la que ninguna de las partes que la forman sea de fiar, porque entonces no es una alianza sino un anillo que oculta un veneno, como los que se usan para envenenar a los reyes de las obras de Shakespeare. Y en la historia del pacto de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos sólo hay dos opciones: que mienta uno de ellos o ambos. Por ejemplo, si es verdad que el PSOE le ofreció hace dos meses a Unidas Podemos una vicepresidencia y tres ministerios, los de Sanidad y Consumo, Vivienda e Igualdad, y Pablo Iglesias no lo aceptó, es que el partido morado, en aquellos instantes, había perdido el norte; y si ahora Pedro Sánchez se niega a repetir la misma oferta, es que era falsa, que en realidad nunca pensaron cumplirla y que el documento filtrado a bombo y platillo no era más que humo para los ojos de los periodistas y un canto de sirena para atraer a los supuestos socios hacia las rocas.

Esa canción sería un bolero, sin duda, titulada Ven conmigo pero sin ti, y ha sonado mucho este verano. Pero ahora llega la hora de la verdad a todos los relojes y la cuenta atrás ya está en marcha, o se entienden o rompen y habrá que celebrar unas nuevas elecciones. Mientras se deciden, por las ventanas de la calle Ferraz empiezan a entrar aviones de papel: los mandan las y los barones del partido, que en esta obra hacen el papel de apuntadores, y lo que parecen sugerir es que como no hay ideas habrá que tener alguna ocurrencia. La suya, por ahora, es que se firme con Unidas Podemos a medio plazo, es decir, que no entren ahora en el Ejecutivo, sino a mitad de la legislatura. La música es otra, pero la letra dice lo mismo: fíate de mí, confía en mi palabra, dámelo todo que ya te lo devolveré. ¿Y si luego cambia el disco y hay un cambio de parejas? Porque en UP siguen pensando que el PSOE baila con ellos, pero mirándolos por encima del hombro, porque son más altos y también para no quitarle ojo a Ciudadanos, que les gusta más cuanto menos caso les hace. Hay amores fatales, donde cada abrazo es una llave de lucha grecorromana, y a alguna gente le gusta, qué le vamos a hacer, es una opción tan respetable como cualquier otra. El problema es que Rivera y los suyos ya tienen dos novias, el PP y Vox.

El caso es que, después de tantos discursos, mítines y ruedas de prensa; tras cruzarse mil y un mensajes como quien cruza sus espadas, a través de los medios de comunicación, y dar a conocer propuestas y contraofertas de una y otra parte, todavía no han explicado ni por qué no se aceptaron la famosa vicepresidencia y los tres ministerios, que quizá no sean de los que se ha dado en llamar “de Estado”, quién sabe por qué, pero que tampoco son las cenicientas de la película; ni por qué, en la otra orilla, no se puede ya repetir el ofrecimiento. ¿Lo que era bueno en julio es malo en septiembre?

Me temo que aquí estamos hablando de una cuestión personal, del famoso factor humano. Porque si las comprensibles dudas que siempre van a existir entre dos que compiten por el mismo título, en este caso el de fuerza dominante de la izquierda, ya se habían salvado hasta donde era posible hacerlo en el territorio político, es difícil entender que ahora todos los saltos sean hacia atrás, porque así es mucho más fácil tropezar con las vallas y caer. Y esto es como todas las carreras: mientras el que va delante y el que le sigue se ponen zancadillas, gana el tercero.

El cronómetro sigue avanzando y el tiempo que mide continúa retrocediendo. Si nadie lo detiene, llegará a cero y volverán a ponerse las urnas. Y a partir de ahí, quién sabe, porque a votar se va o no se va tanto para darle la confianza a un candidato como para castigarlo, y la pregunta en esta ocasión, si llega a producirse, es esa: ¿a quién culpará la ciudadanía de la repetición de los comicios y de no haberlos evitado? Y de cualquier manera, si llegamos a ese punto será un fracaso y ya sabemos que no ganará el mejor, sino sólo el menos malo. Y eso es inquietante, cuando estamos hablando de gente que va a tener en sus manos el destino del país.

Es muy difícil establecer puentes o vías de entendimiento en estos momentos. Las suspicacias están en sus niveles máximos. De ahí que, en lugar de entrar en una argumentación plenamente política (tiempo habrá para ello), me limite en este artículo a señalar errores de planteamiento e irresponsabilidades varias que no tienen que ver con las posiciones ideológicas de los actores. Empezaré por el PSOE y Pedro Sánchez, pues es Sánchez quien tiene la obligación de intentar formar un gobierno.

1. En un país que lleva con gobiernos provisionales o precarios desde las elecciones de diciembre de 2015 y que continúa con los presupuestos generales que presentó el gobierno de Mariano Rajoy en 2018, es un sinsentido que el presidente del Gobierno en funciones se tome meses sin apenas hacer nada ni tomar iniciativa alguna para negociar con los grupos parlamentarios. Resulta verdaderamente escandaloso que en los casi cinco meses desde que se celebraron las elecciones de abril apenas haya habido movimientos. Sánchez tendría que haber constituido grupos de trabajo desde la semana misma posterior a las elecciones, para ir tejiendo lazos de confianza entre los dirigentes de dos partidos con culturas muy distintas y para ir avanzando en un programa común de gobierno. Pero en lugar de eso ha preferido jugar a apurar los plazos y a intentar arrancar el apoyo de Podemos en el último instante y bajo la máxima presión. Ahora está de nuevo en lo mismo: ha dejado pasar el mes de agosto entero en la pura inacción, disimulando con unas reuniones un tanto surrealistas con la sociedad civil (que tendrían todo el sentido del mundo para elaborar un programa electoral, pero no para obtener un acuerdo con Podemos). Y los plazos temporales vuelven a apretar, con lo que nos dirigimos a otro ciclo de vértigo en el que no se podrán estudiar ni intercambiar los puntos de vista con la calma necesaria.

2. Resulta insólito concluir que porque unas negociaciones sobre formación de gobierno fracasaron, ya no puede volver a intentarse. Si el PSOE no quería una coalición, sino tan sólo aparentar que la quería para hacer recaer sobre Podemos la ausencia de acuerdo, fue una frivolidad pedir al secretario general de Podemos que se retirara y al partido que renunciase a sus posiciones sobre Cataluña. Después de haber puesto esas exigencias y haber conseguido que Podemos las asumiera, ¿es serio que un desacuerdo sobre el reparto de puestos en el ejecutivo se transforme en el punto final? ¿Cuántas negociaciones requieren varias rondas, con sus lógicas tensiones, hasta que se alcanza un acuerdo aceptable para todas las partes? ¿Cuántas veces hemos visto que eran necesarias varias rondas de negociaciones entre los líderes europeos hasta que se llega a un acuerdo? ¿Cuántos conflictos laborales ha habido en los que se produce un juego de ofertas y contraofertas con huelgas y otras formas de presión por medio? ¿Por qué nada de lo que se planteó a finales de julio es recuperable? ¿De dónde sale la idea de que si Podemos dejó pasar la oportunidad, ya no tiene otra? Si el PSOE pensaba en julio que la coalición podía ser una solución, ¿cómo puede defender unas semanas después que la coalición ya no es la solución?

3. Si de verdad el PSOE tiene voluntad de negociar con Podemos, no parece muy apropiado enviar las 370 medidas a los medios del grupo PRISA antes que a tus “socios preferentes”, como tampoco ayuda que, en la investidura de julio, Sánchez pidiera los apoyos al PP y a Ciudadanos y sólo como opción residual mencionara a Podemos. Todas esas humillaciones y mezquindades parecen no tener más propósito que desquiciar a los dirigentes de Podemos.

Sigo con Pablo Iglesias y con Podemos:

1. Si Podemos de verdad quiere entrar en un gobierno con el PSOE, ¿por qué viene diciendo desde el primer día que los socialistas no son de fiar, que dicen una cosa y hacen la contraria? ¿De verdad que no hay motivos más constructivos para defender la necesidad de una coalición de izquierdas? ¿Tan limitado es el discurso político que puede elaborar Podemos? Es lógico que los dirigentes socialistas se revuelvan y vean a los políticos de Podemos no como socios, sino como severos vigilantes que quieren fiscalizar la acción de gobierno.

2. Fue un error que Iglesias anunciara desde el primer instante que la única opción aceptable era la coalición. Al hacerlo así, Iglesias se estaba atando las manos e introducía una rigidez tremenda en el intercambio de posiciones, pues cualquier cosa por debajo de la coalición será vista por sus seguidores como una renuncia y una humillación. De hecho, Iglesias recurre constantemente al lenguaje de la humillación, que es el menos adecuado para negociar nada, pues en cuanto se introducen sentimientos morales, hay poco que hacer.

3. Podemos fabricó una interpretación absurda de la oferta de puestos que le presentó el PSOE, midiendo la influencia de los ministerios por el volumen de gasto público que manejan. Este criterio no tiene defensa posible: la regulación (como subir el salario mínimo) puede ser tan o más eficaz que el gasto. Da la impresión de que Iglesias ha asumido el error que cometió rechazando la oferta de una vicepresidencia y tres ministerios, pues ha pedido volver a ella. Esto revela la falta de capacidad política de Iglesias, bien aprovechada por los socialistas, que han sido mucho más hábiles en el proceso negociador.

4. De la misma manera que el PSOE debería huir de los gestos de ninguneo hacia Podemos, los dirigentes de Podemos harían bien en evitar provocaciones ridículas como llamar “Calvini” a Carmen Calvo.

En fin, tras todas estas torpezas, espero que seamos muchos los votantes progresistas que castiguemos en las urnas a Sánchez e Iglesias si finalmente fracasan y no hay gobierno. Los errores que están cometiendo son imperdonables.

¿Qué piensan realmente los dirigentes de ambas formaciones? Estoy rotundamente convencido de que las cúpulas de UP y PSOE no quieren elecciones como su primera opción. El problema principal es que los dos partidos están absolutamente convencidos también de que el otro quiere elecciones, como única alternativa, si no obtiene lo que pretende imponer. Que existe un gravísimo problema de desconfianza es conocido de todos.

Razones de una y otra parte sobran en sus explicaciones. Ahora bien, en contra de lo que pudiera parecer cuando los escuchas, hay que dejar claro que la desconfianza no es una enfermedad intratable. Es dolorosa y puede agudizarse si no se le pone remedio, pero también puede vencerse. Necesita tratamiento y, sobre todo, requiere la firme voluntad del paciente en seguir las indicaciones para su curación. La desconfianza se alivia con transparencia, con moderación en el trato y con acercamientos amistosos que vayan debilitando la barrera del rechazo. Tampoco es muy grave, si sólo existe ese problema. La preocupación seria surge cuando la enfermedad coincide con otros males que pueden crear complicaciones que acaben por generar un proceso de deterioro irreversible.

Esta es la amenaza real que sobrevuela las tensas relaciones entre PSOE y UP. Además de la manifiesta desconfianza mutua, existen dos brotes de conflicto a los que se presta poca atención mediática. El primero tiene que ver con elementos puramente irracionales. Los dirigentes de los dos partidos no tienen la más mínima duda sobre que su adversario anida sentimientos de rencor profundos hacia ellos. Los líderes de UP se quejan de que los socialistas les tratan con total displicencia y que pretenden humillarles públicamente. Los del PSOE jurarían con rotundidad que en Podemos subsiste un desprecio absoluto por ellos y una profunda obsesión por destruirles. Esta recíproca tensión emocional se fundamenta en la justificación de que actúan siempre en defensa propia, sin reconocer jamás agresividad alguna en su propio comportamiento inicial. Todo el lenguaje descalificador o insultante se entiende siempre como reacción defensiva ante un ataque supuestamente sufrido con anterioridad. Bajo esta lógica, el problema nunca tendrá solución. Los dos se atacarán eternamente porque sienten que se defienden de los golpes previos de su rival. A estas alturas resulta imposible y absolutamente inútil descubrir cómo empezó este círculo vicioso.

Un segundo problema impide aplicar medidas que contribuyan a la mejora del estado de salud. Se trata de la incomunicación. Es llamativo que, en una época en la que la información circula con mayor intensidad de lo que nunca antes hubiera sido posible, dos organizaciones políticas carezcan de una vía directa, fiable y conciliadora de intercomunicación. Todos los puentes están rotos. Las personas que intentan establecer vías de contacto acaban siendo utilizadas como simples mensajeros de la furia desatada que no se atreven a hacer pública. Casi todos los voluntariosos enlaces acaban dimitiendo de la tortuosa misión. Cuando alguien intenta abrir alguna vía de conexión suele ser tildado de agente enemigo que intenta infiltrarse y se le aísla para evitar posibles contaminaciones.

Con este panorama, todo lo que sucede contribuye a deteriorar aún más las relaciones. Los medios de comunicación tienden a dar encantados amplia cobertura a cualquier atisbo de conflicto. La bronca siempre vende. Para los medios conservadores, esta abierta gresca tiene además un valor añadido en tanto que ayuda a enterrar cualquier posibilidad de recuperación. Las redes sociales y los nuevos modelos propagandísticos han demostrado desde su reciente auge su impresionante capacidad para servir de potenciador del descrédito, la difamación y la ofensa. La que más destaca siempre es la voz más ruidosa.

La desconfianza no es incurable, pero si se complica con la sinrazón pasional y la incomunicación puede convertirse en una enfermedad irreversible.

Si algo he detectado en la gente con la que he hablado a lo largo de junio, julio y agosto es un gran asqueo con los políticos profesionales españoles. En Gijón y en Granada, en Madrid y en Valencia, allí donde he recalado en el último trimestre, mis interlocutores criticaban que diputados y ministros siguieran cobrando sus sueldos sin legislar ni gobernar; se incendiaban cuando veían en la tele que fulano o mengano se había ido de vacaciones sin hacer sus deberes, y se subían por las paredes cuando los medios les contaban que lo más probable es que fueran convocados de nuevo a las urnas a mediados de otoño.

El rechazo a que esos comicios sean sufragados con sus impuestos era agravado tanto por el sentimiento de que las clases populares y medias pagan aquí demasiado como por la constatación de que el dinero quemado en nuevas elecciones bien podría servir para solucionar unos cuantos cientos o miles de situaciones angustiosas de compatriotas. Y la necesidad de estas elecciones era cuestionada unánimemente. Progresistas o conservadores, la mayoría de los españoles piensa que hizo sus deberes en los comicios del 28 de abril y que estos arrojaron un claro posible gobierno: el surgido del entendimiento entre PSOE y Unidas Podemos, que debiera ser tan natural como el conseguido por los tres partidos de derechas en ayuntamientos y autonomías. Un entendimiento que, ni al más tonto se le escapa, sería bendecido por un puñado suficiente de diputados nacionalistas vascos y catalanes.

La cosa es alarmante. No había visto tanta hostilidad hacia la clase política desde los momentos más duros de la crisis abierta por la caída de Lehman Brothers y, antes de eso, desde el desencanto que siguió a la transición y los últimos tiempos de Felipe González. Ni tanto hastío con el sistema democrático realmente existente (no el ideal democrático hacia el que deberíamos caminar). Y, desde luego, hacía mucho que no escuchaba a tantos progresistas anunciar que se abstendrían si se repitieran las elecciones, que a ellos ya no van a volver a estafarles, ni siquiera agitando otra vez la posibilidad de que gane el Trifachito.

Las malas noticias para Pedro Sánchez comienzan cuando la mayoría de los españoles le responsabilizaría de la indeseada y probable repetición de las elecciones, según una encuesta publicada el domingo en El Mundo. Coinciden los datos de esa encuesta con mis conversaciones veraniegas. Salvo los hooligans del PSOE, la gente con la que he hablado, progresista o conservadora, no se ha tragado el relato de que el único malvado es Pablo Iglesias. Un relato tan tosco que llevó a la vicepresidenta Carmen Calvo a decir el 25 de julio: “La ambición de Podemos era el Gobierno entero”. Nadie ha visto a Podemos pedir el Gobierno entero, pero sí a Sánchez, Calvo, Ábalos y compañía reclamar todo el patio de butacas del Consejo de Ministros con el 28% de los votos y 123 diputados.

Lo que ha resultado evidente desde la pasada primavera es que Sánchez no quiere gobernar junto a Unidas Podemos por las razones que sean (presión de los poderes fácticos, odio a Pablo Iglesias y a cualquiera que intente liderar una alternativa de izquierdas al PSOE, grandes diferencias políticas e ideológicas con la coalición morada, desconfianza sobre su fidelidad en caso de acuerdo matrimonial…). Y también que ha habido quien le ha dicho a Sánchez que la repetición de elecciones podría resultarle ventajosa porque el PSOE obtendría más escaños que ahora y Unidas Podemos menos. Y que a partir de ahí, y girando de nuevo hacia la derecha en la cuestión catalana y otros asuntos, quizá pudiera recabar con más posibilidad la abstención de parte de la derecha en la posterior investidura.

¿El cuento de la lechera? Por supuestísimo. Amén de que mucha gente de izquierdas (socialistas, podemitas o mediopensionistas) puede abstenerse la próxima vez, ¿es que nadie le ha dicho a Sánchez que la economía española está en plena desaceleración y durante el otoño se moverá en un marco económico global que hasta puede ser de recesión?

Bajan en España las ventas de pisos y coches, los turistas británicos y alemanes van disminuyendo, los despidos han sido masivos a finales de agosto, la deuda está por las nubes… Y esto sin que millones de españoles hayan recuperado la situación socioeconómica que tenían antes de la caída de Lehman Brothers. ¿De veras le dicen a Sánchez sus gurús que en esas circunstancias arrasaría en unas elecciones otoñales? ¿Y si, como suele ocurrir, muchos ciudadanos responsabilizan de la crisis al que está en el Gobierno? Tendría guasa que a Sánchez le pasara lo que le pasó a Susana Díaz en las últimas elecciones andaluzas.

Recogeré para terminar los consejos a Sánchez e Iglesias que más he escuchando este último trimestre. Al primero, que no siga jugando a la ruleta rusa, que negocie con Iglesias un Gobierno de coalición y tire millas. Tiempo tendrá luego para despedir a los ministros podemitas si la cosa no funciona, como hizo Mitterrand con los comunistas en su tiempo. Al segundo, que sea más astuto tácticamente, que no descarte en su cabeza la posibilidad de votar sí gratuitamente a una investidura de Sánchez en septiembre, anunciando a la par que los suyos harán una dura oposición progresista al Gobierno monocolor socialista. Se evitaría así la nueva satanización en la que el PSOE lleva trabajando desde junio y puede que hasta recuperara credibilidad entre la mucha gente cabreada.

​La investidura de la próxima semana está en el aire y ya no se entiende muy bien a qué se ha jugado en esos salones a los que ni a ti ni a mí nos van a invitar nunca, qué miedos contra qué ideas, qué ideas contra qué planes, qué renuncias contra qué victorias, qué coalición contra qué cooperación. Sin pureza, sin partidos, sin nuestro ego político mediante (el nuestro, no solo el suyo): ¿de verdad van a tirar la misma baza de nuevo? Esta larga espera nos ha metido en un mes de julio que duerme ansioso por acabar de cerrar los libros y tirar todos los papeles del viejo curso. Ya ven, los que vivimos bajo el árbol de las dudas y no bajo el de las certezas, hoy no entendemos nada y estamos inquietos.

​Desde aquí fuera, donde el verano sigue su curso en desgobierno, parece que los dos políticos, Sánchez e Iglesias, en ningún caso quieran entenderse y la salida no llega por la puerta de mejorar un país, de mantenerlo alejado de la extrema derecha (que recordemos que existe, que es dura y que está aquí) y de no abocarlo al riesgo de repetir el Gobierno de su capital, sino de que los cálculos partidistas parecen propiciar de nuevo la ruptura y la desconfianza. ¿Tan difícil sería escuchar la necesidad de un país por dejar de presenciar una bronca permanente y polarizada y empezar a construir de nuevo? ¿Cuánto puede costar que PSOE y UP den un paso hacia el encuentro?

​A lo mejor es que ese PSOE y ese UP que podrían entenderse, en realidad, hace tiempo no existen.

​Si no hay acuerdo, si es verdad que hasta aquí llegaron las negociaciones como dice uno e ignora el otro o no hay abstención de los grupos necesarios después, entiendo la sensación de absurdo y el sentimiento de inutilidad de todos aquellos que votamos el 28 de abril. Y la desmovilización que va a seguir a esto. Mucha gente no va a volver a ir a las urnas para repetir el mismo voto a unos mismos candidatos con unas mismas propuestas y unas mismas ganas de no comprenderse. Unas nuevas elecciones serían la evidencia política de un nuevo fracaso de la representación de izquierdas. De la representación, no lo olviden. Pero no señalen así, evidentemente, el desajuste entre la gente y sus políticas.

​La politóloga Cristina Monge lo advertía el lunes en este periódico: una de las consecuencias de este desgaste será el descrédito de la política y la falta de confianza de la ciudadanía en sus representantes.

Y lo que es peor, la extrema derecha no está decepcionada. Porque ellos no se decepcionan. Y van a votar. Así que, pónganse de acuerdo, siéntense otra vez, comiencen a hablar y cierren de una vez esta página. Nuestros deberes ciudadanos se quieren ir de vacaciones en paz.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no quiere prolongar sine díe la negociación de los apoyos para su investidura y mantiene la determinación de presentarse a la investidura en el mes de julio, tenga o no tenga amarrados para entonces los votos necesarios para que prospere, según informa Europa Press.

Así lo han confirmado este martes fuentes de su equipo en Moncloa, que apuntan a que el debate de investidura podrá programarse a partir de la segunda semana de julio, descartando ya la primera.

Sánchez pondrá rumbo este miércoles a Osaka (Japón) para participar en la cumbre del G-20 y desde ahí deberá desplazarse a Bruselas para la cumbre extraordinaria sobre el reparto de cargos institucionales en la UE.

La agenda internacional del presidente le impedirá por tanto intensificar los contactos en estos próximos días sobre su investidura.

En Moncloa siguen esperando la respuesta de Podemos a su oferta para que miembros de la formación morada ocupen cargos intermedios en la Administración, pero fuera del Consejo de Ministros.

Y se mantienen expectantes ante la evolución que pueda tener la crisis interna en Ciudadanos tras las dimisiones de dirigentes críticos con el giro a la derecha de la formación naranja.

Así las cosas, en el entorno del presidente no descartan nada, ni siquiera que esta situación de bloqueo, de no revertirse, pueda llevar a una repetición electoral que la ciudadanía, están convencidos en Moncloa, no desea bajo ningún concepto.

Jamás unas elecciones solucionaron problemas de fondo ni fueron capaces por sí solas de dar giros trascendentales a las cuestiones fundamentales de un país. El hecho electoral debería entenderse más bien como la toma de una fotografía, una instantánea que nos muestra el estado de opinión, y sobre todo de ánimo, de un país. Nada más y nada menos. Cosa distinta es lo que se hace después, a lo largo de todo el mandato.

Si se aplica esto a la actualidad, podrá entenderse el momento presente de constitución de ayuntamientos,  comunidades autónomas y el propio gobierno nacional como una descripción de ese estado de ánimo de la sociedad española. Ahora bien, ¿cuánto dura dicho instante? Probablemente lo que dura el flash. En tiempos de turbopolítica como los que vivimos, los estados de ánimo y de opinión se mueven a velocidad de vértigo.

¿Y esa foto es la misma en todas las convocatorias electorales? La evidencia nos dice que no, que cada imagen corresponde al caso concreto para el que es tomada. No hay más que ver la diferencia de resultados obtenidos por las diferentes fuerzas políticas y en todo el territorio entre las elecciones generales, municipales, autonómicas y europeas. Por lo tanto, el resultado electoral hay que verlo como una fotografía de la sociedad en un espacio y un tiempo concreto.

Con la obtención del retrato empieza el juego político de los pactos, que en sistemas multipartidistas como el nuestro es imprescindible. En su desarrollo, dos son los riesgos que corren cada uno de los partidos y el sistema en su conjunto. El primero y fundamental, la traición de la voluntad democrática. En buen número de ocasiones las matemáticas pueden conseguir extrañas combinaciones que den lugar a mayorías aritméticas ajenas al sentir general. Es cierto que esta voluntad es difícil de interpretar y más complicada aún de plasmar en políticas concretas, pero de su referente no deben alejarse los partidos si no quieren traicionar el espíritu democrático. De lo contrario se podrán dar situaciones como las que se están viendo en algunos municipios, en los que la diferencia entre el bloque de derechas y el de izquierdas es mínima, pero donde, al gobernar los conservadores con el apoyo de Vox, dicho partido puede imponer su ideario neofranquista y contaminar al resto, violando así una voluntad mayoritaria contraria a los valores de la extrema derecha. Cabe pensar que, si esto es así, será castigado en las urnas posteriormente, pero tal consecuencia no está garantizada, ya que el voto recoge una pluralidad de componentes que hace difícil esta traslación, aunque se trate de una perversión de la voluntad mayoritaria.

El segundo gran riesgo es la inestabilidad. Apenas unos minutos después de haber terminado los plenos de constitución de los Ayuntamientos, el Partido Popular anunciaba dos mociones de censura, en Huesca y Burgos, al haberse incumplido los acuerdos que tenían con Ciudadanos y Vox, lo que dio la alcaldía de Huesca al socialista Luis Felipe y la de Burgos al también socialista Daniel de la Rosa. Más allá de que las mociones lleguen a prosperar –lo cual es realmente complicado tal como están diseñadas–, los hechos nos dan idea de la precariedad de estos acuerdos. Pactos rozando el alero, prácticamente en el tiempo de descuento, y con buena parte de los contenidos sin concretar. El débil equilibrio puede saltar por los aires en cualquier momento cambiando el sentido de las mayorías establecidas hace apenas unos días.

No deja de ser paradójico que cuando más se incide en la necesidad de poner en marcha grandes políticas que aborden los retos inaplazables y urgentes que tiene la sociedad, más difícil vaya a ser conseguir las mayorías y la estabilidad imprescindibles.

Los límites de las democracias liberales representativas van a volver a sufrir tensiones. Para gestionarlas es importante pensar en herramientas que permitan afinar en la interpretación de la voluntad de la sociedad para plasmarla en acuerdos y que posibiliten la necesaria estabilidad. Se empieza a hablar de segunda vuelta, con sus ventajas en la estabilidad y sus desventajas por el deterioro de la pluralidad. Existen más sistemas a tener en cuenta; pero, mientras tanto, es importante tener presentes los riesgos y cómo pueden cuestionar al conjunto del sistema institucional.

En esta vorágine electoral de meses encadenados hemos obtenido una foto de la sociedad en cada municipio y en ese instante concreto, pero esto por sí mismo no soluciona nada, máxime si no atinamos a interpretar la voluntad de lo expresado en las urnas.

Como recoge Europa Press, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado este lunes que el apoyo de Unidas Podemos para que Pedro Sánchez sea investido pasará por que la formación 'morada' esté en un Gobierno de coalición ocupando carteras que tengan que ver "con la aplicación de derechos sociales". Además, ha indicado que él se presentó a las elecciones para gobernar y espera que al igual que ellos "no podrán vetos a nombres propuestos por el PSOE", éste tampoco los ponga a los que Podemos proponga.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Iglesias ha apuntado que no exigirán carteras de Estado sino aquellas que les permitan realizar "un diseño competencial" que asegure que determinadas medidas se aplican. En concreto, se ha referido a dos elementos: que en España se acabe con la temporalidad y que haya justicia fiscal.

Para nombrar a esas personas que asumirían esas carteras sociales, Iglesias exige al PSOE que no ponga vetos, y ha añadido que cuando "uno se presenta a las elecciones se presenta para gobernar". "Si alguien que encabeza una lista está dispuesto a quitarse de en medio, esa persona no debe ser nunca candidato. Me parecería una locura que Pedro Sánchez dijera que presenta a otro candidato a la presidencia que no fuera él", ha apostillado.

Es tan peligroso el culto al caudillismo cuando se articula una opción política revolucionaria como caer en la tentación de personalizar todos los errores en ese supuesto caudillo cuando las cosas se tuercen. Hubiera necesitado Iglesias más gente crítica alrededor cuando tuvo la ocurrencia de consultar a las bases una decisión tan personal como hipotecarse de por vida para comprar un chalé (ver aquí). Hoy das una patada y aparecen setenta voces críticas y otros tantos lectores de urnas. Calma. Lo importante ahora es conformar gobiernos cuya prioridad sea reducir la desigualdad y combatir la “secesión de los ricos” a la hora de defender el interés común. De cortoplacismos, aduladores y audaces prescriptores del pasado vamos, efectivamente, muy sobrados.

Las elecciones generales, autonómicas, municipales y europeas celebradas en los dos últimos meses no solo han cambiado de arriba a abajo el escenario político español, sino que también han afectado a las arcas de los partidos. Las formaciones que han obtenido representación en cada uno de los parlamentos tienen derecho a percibir subvenciones por el número de votos recibidos y también por los escaños conseguidos, y tras los comicios del 28A y los del 26M, PP y Unidas Podemos (o Podemos e IU por separado, según la comunidad) son los que más pierden en comparación con el anterior ciclo electoral: las subvenciones de los conservadores serán 9,6 millones de euros más bajas, y las de la alianza morada, 5,4 millones menos.

El propósito de estas subvenciones, según explica la ley, es ayudar a sufragar el coste de las "actividades electorales" de los partidos, fundamentalmente la realización de la campaña. Las cuantías varían según el parlamento que las otorgue, pero estas ayudas se entregan en todo tipo de comicios. El mecanismo para calcular la cantidad que corresponde a cada formación es siempre el mismo: se ofrece una suma de unos cuantos miles de euros por cada parlamentario obtenido y otra más de unos céntimos de euro por cada voto sumado.

El método de cálculo de la cuantía de cada subvención es sencillo. En el caso de las generales, las formaciones perciben 21.167,64 euros por cada escaño obtenido en el Congreso o el Senado, y además 0,81 euros por cada uno de los votos conseguidos para el Congreso y otros 32 céntimos de euros por cada voto conseguido para los candidatos que hayan obtenido acta de senador. No obstante, aún se desconoce el número de votos concretos obtenido por cada parlamentario de la Cámara Alta, por lo que se ha excluido esta cifra del cálculo ofrecido por infoLibre.

En las europeas corresponde a cada partido una subvención de 32.508,74 euros por cada escaño obtenido, y además se les compensa con 1,08 euros por cada voto siempre que hayan sacado representación. Las cifras de las locales son más modestas: 270,9 euros por concejal electo y 0,54 euros por cada voto conseguido a candidaturas que hayan obtenido representación. Y en el caso de las autonómicas, cada comunidad fija sus propias cuantías: mientras en la Comunidad de Madrid se ingresan 19.981,18 euros por escaño y 1,01 por voto, en Castilla y León esa cifra solo es de 10.205,2 euros por procurador y 40 céntimos de euro por papeleta.

Además, en todas las elecciones se reparten subvenciones para sufragar los gastos del envío de propaganda electoral por correo. No obstante, para el cálculo solo se ha tenido en cuenta esta subvención en el caso de las elecciones generales y las europeas, ya que a nivel local solo se entrega dicha ayuda cuando "la candidatura de referencia hubiese presentado listas en el 50% de los municipios de más de 10.000 habitantes de la provincia correspondiente y haya obtenido, al menos, representación en el 50% de los mismos".

Así las cosas, los cinco grandes partidos estatales –PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox– se embolsarán conjuntamente algo más de 94 millones de euros. La administración estatal es la que más dinero va a tener que entregar a estas cinco grandes formaciones: las subvenciones le van a costar 78,5 millones de euros por europeas, generales y locales, mientras que las 12 comunidades autónomas que celebraron elecciones en mayo abonarán los 15,5 millones de euros restantes.

PSOE

El PSOE, como ganador de las elecciones locales, europeas, generales y buena parte de las autonómicas, es el partido más beneficiado: sus arcas van a ingresar un total de 38,4 millones de euros. Y la sensible mejora de sus resultados electorales se deja notar en la cuantía de las subvenciones, que es casi 11 millones de euros mayor que la que percibió en las elecciones europeas, autonómicas y generales que se celebraron en 2014, 2015 y 2016, respectivamente. En esas citas –y teniendo solo en cuenta para el cálculo las 12 comunidades donde se celebraron autonómicas el pasado 26 de mayo–, el PSOE adquirió derecho a ingresar 27,4 millones de euros.

Solo por su resultado en las generales, en las que obtuvieron 123 escaños y casi siete millones y medio de votos, los socialistas van a tener derecho a percibir 12,8 millones de euros, cuatro más que hace tres años. A esa cantidad se suman los 9,6 millones –950.000 euros más que hace cuatro años– que les corresponden por sus resultados en las elecciones municipales, en las que consiguieron 22.335 concejales y más de 6,66 millones de votos. Y el PSOE ingresará 9,7 millones de euros –un aumento de 4,7 millones con respecto a 2014– por los 20 eurodiputados que consiguió el 26M con 7,3 millones de votos.

Por otra parte, a los socialistas les corresponden 6,2 millones de euros por sus resultados en las elecciones autonómicas que tuvieron lugar en 12 comunidades. Son 1,2 millones más que hace cuatro años en esos territorios, y las arcas de la Comunidad de Madrid son las que más aportan a esta cuantía: 1,6 millones. En el extremo contrario se encuentra Cantabria, donde el PSOE ha obtenido uno de sus resultados más pobres del 26M y donde solo percibirá 118.239 euros.

PP

El PP se encuentra justo en la situación inversa al PSOE, ya que su enorme batacazo de las elecciones generales y sus igualmente malos resultados del 26M le han hecho perder un buen pellizco de las subvenciones electorales de las que disfrutó en el anterior ciclo electoral. Si en los comicios que tuvieron lugar entre 2014 y 2016 los conservadores ingresaron 35,5 millones de euros, sus resultados en las citas de abril y mayo se van a traducir en solo 25,8 millones de euros en subvenciones: 9,6 millones menos.

A diferencia de lo que ocurre con los socialistas, cuyos ingresos proceden mayoritariamente de las generales, son los comicios locales los que mejor ayudan a las arcas del PP a amortiguar el golpe. Sus 20.336 concejales y los poco más de cinco millones de votos que logró reunir el pasado 26M a nivel municipal le han reportado 8,2 millones de euros en subvenciones electorales, una cantidad que supone una reducción de casi 1,2 millones de euros con respecto a hace cuatro años –en las elecciones de 2015 el PP ingresó 9,4 millones– pero que es la más elevada de todos los comicios analizados.

La gran caída de ingresos del PP por subvenciones electorales se produce en las elecciones generales, donde pasar de 137 escaños a solo 66 ha tenido un efecto prácticamente proporcional en la cuantía a percibir: si en 2016 los conservadores se llevaron 14,5 millones de euros por sus resultados, ahora se embolsarán apenas siete millones. En las europeas, por el contrario, la partida crece ligeramente hasta los 5,9 millones de euros –350.000 más que hace cinco años–, un aumento producto del aumento de la participación y, por ende, del número absoluto de votos del PP.

A nivel autonómico el batacazo se reproduce, aunque no con la misma intensidad que en las generales. El PP suma subvenciones por un valor de 4,6 millones de euros frente a los más de 5,9 millones que ingresó tras los comicios de 2015, y eso incluyendo en su contabilidad los más de 355.000 euros obtenidos por Navarra Suma –la coalición de UPN, PP y Ciudadanos– en la Comunidad Foral. En regiones como Madrid la caída de ingresos es muy sensible y alcanza prácticamente los 750.000 euros para quedarse en 1,3 millones, mientras en comunidades como Asturias, Canarias o La Rioja la variación es mínima con respecto a hace cuatro años.

Ciudadanos

El partido de Albert Rivera va a ver reflejado en sus cuentas bancarias su salto adelante a nivel de resultados: si en el ciclo electoral anterior sumó subvenciones por valor de 7,3 millones de euros, estas elecciones generales, autonómicas, locales y europeas le van a reportar 13,5 millones. El salto más evidente se produce en las europeas, donde Ciudadanos pasa de dos eurodiputados y menos de medio millón de votos a siete europarlamentarios y 2,7 millones de papeletas, lo que le reportará 3,4 millones de euros de subvención frente a los 615.000 euros de 2014.

Por su parte, los resultados de la formación en los comicios locales supondrán que se embolse un total de 1,7 millones de euros por los 2.789 concejales y los 1,87 millones de votos conseguidos, lo que supone casi 600.000 euros más que en 2015. Y en las generales, Ciudadanos pasa de ingresar 4,2 millones de euros a tener una subvención de más de cinco millones y medio al haber pasado de 32 escaños a 57 y de 3,1 a 4,1 millones de votos.

En las 12 comunidades en las que se celebraron elecciones autonómicas, los resultados del partido naranja se traducirán en unas subvenciones por actos electorales de 2,8 millones de euros –incluyendo los más de 355.000 euros de Navarra Suma–, frente a los 1,3 millones que correspondieron a Ciudadanos en 2015 en estos territorios. De nuevo, la Comunidad de Madrid es la que reporta más dinero al partido (1,1 millones de euros), mientras Cantabria es la que menos: apenas 56.808 euros, correspondientes a sus tres actas y sus 25.952 votos.

Unidas Podemos

La tendencia de Unidas Podemos es la contraria a la de Ciudadanos: sus resultados del 28A y el 26M le han hecho perder más de 5,4 millones de euros en subvenciones con respecto al anterior ciclo electoral, lo que implica que se embolsará 9,9 millones frente a los 15,3 que ingresaron entre 2014 y 2016 Podemos e IU –que concurrieron por separado a las europeas y las autonómicas– y Unidos Podemos en las generales.

Como Podemos no se presentó con su marca a las elecciones municipales de 2015 y solo apoyó cientos de candidaturas municipalistas, solo se ha incluido en el recuento de subvenciones de los pasados comicios locales las conseguidas por IU en aquellos lugares donde sí concurrió con sus siglas. Eso explica que este proceso electoral sea el único donde Podemos e IU –o Unidas Podemos, dependiendo del caso– mejoran sus números con respecto a 2015: ingresarán en subvenciones 1,4 millones de euros, frente al poco más de un millón que se embolsó la federación de izquierdas hace cuatro años.

En el resto de elecciones, el mal resultado se deja sentir en las arcas moradas. En las generales, por ejemplo, Unidas Podemos tendrá derecho a cobrar una subvención de 4,5 millones de euros, tres millones menos que en 2016. Para las europeas, la subvención será de 2,9 millones frente a los 3,6 que ingresaron Podemos e IU por separado en el año 2014. Y a nivel autonómico, a ambas formaciones (o su coalición en algunas comunidades) les corresponderán subvenciones por valor de 1,1 millones de euros, por los 3,1 millones de euros que obtuvieron Podemos e IU por separado en 2015.

Vox

La ultraderecha es, sin ninguna duda, la más beneficiada económicamente tras las elecciones del 28A y el 26. Al haber conseguido representación en ayuntamientos y en buena parte de las comunidades autónomas, así como a nivel estatal, Vox tiene derecho a cobrar subvenciones por un valor total de casi 6,4 millones de euros, de los cuáles más de la mitad corresponden a sus resultados de las generales. Sus 24 escaños en el Congreso y sus más de dos millones y medio de votos le van a reportar al partido dirigido por Santiago Abascal 3,3 millones de euros. En el anterior ciclo electoral, Vox apenas había ingresado unos miles de euros por sus resultados en las municipales, ya que en el resto de comicios no obtuvo representación.

A esa cifra hay que sumar los 1,7 millones de euros que se embolsará Vox por haber conseguido tres eurodiputados y 1,38 millones de votos en las elecciones europeas, así como otro medio millón de euros por sus 529 nuevos concejales en los ayuntamientos españoles. Y, de siete de las 12 comunidades que celebraron elecciones autonómicas el 26M –no obtuvo representación en Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Navarra–, Vox cobrará 868.000 euros más.

Lejos de cerrarse, la crisis interna abierta en el Partido Popular por los resultados de las elecciones generales del pasado 28 de abril se acentúa. Y lo hace en un momento en el que a Pablo Casado Pablo Casadono le interesa mucho ruido porque la prioridad de la formación conservadora es ir cerrando acuerdos de gobierno en comunidades y ayuntamientos tras los resultados del 26 de mayo. 

Si la semana pasada los protagonistas fueron el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que se encararon a Casado en un almuerzo a cuenta del pretendido "giro al centro" del partido, esta semana los problemas se le siguen acumulando.

Núñez Feijóo sigue estando entre los protagonistas y Alfonso Alonso, presidente del PP vasco, también ha acaparado parte de los focos convocando, para el mes de septiembre, una convención ideológica de la formación que preside en la que pretende marcar un perfil propio. Fuentes de la dirección nacional del partido aseguran que no tuvieron conocimiento de esta convocatoria hasta el momento en el que Alonso, que apoyó a Soraya Sáenz de Santamaría en el congreso extraordinario de sucesión de Mariano Rajoy, lo comunicó el lunes en una rueda de prensa.

Las fuentes consultadas por infoLibre coinciden en que el golpe más duro propiciado a Casado en los últimos días llega directamente desde Galicia. Si la semana pasada afeó al jefe de los conservadores que negase que el giro al centro estaba tras la mejora en los resultados del 26M, este mismo martes lanzaba un dardo directo contra la estrategia de su partido a la hora de negociar los pactos.

En una entrevista concedida a la Cadena Cope, el presidente de la Xunta de Galicia hacía una defensa cerrada de que gobierne la lista más votada, algo que, de aplicarse, dejaría al PP de Casado sin opciones tras el 26M en muchas comunidades y ayuntamientos. "No puede ser que el partido ganador se convierta en perdedor, y el que pierda se convierta en gobierno", dijo Núñez Feijóo. Sus palabras fueron pronunciadas a horas de que el Partido Popular arranque de forma oficial las conversaciones con Ciudadanos, por un lado, y Vox, por otro, para acordar pactos.

Una propuesta del pasado que fue desechada

Feijóo no se estaba sacando de la manga una propuesta que no encaje en el ideario conservador. Es más, en los años de Gobierno de Mariano Rajoy, el partido hizo bandera de una reforma electoral para que gobernara la lista más votada, para evitar lo que llamaban "pactos oscuros en los despachos". Pero fue desechada tras ver que no generaba consenso. El Partido Socialista no estuvo por la labor y Rajoy, ni teniendo mayoría absoluta, quiso tocar la ley electoral sin, al menos, el apoyo del que en su momento era el principal partido de la oposición.

Lo que sorprendió en amplios círculos conservadores fue el momento elegido por Feijóo para resucitar el debate: justo cuando los rivales políticos del PP intentan sacar al partido los colores por haber pedido tanto en el pasado que gobernase la lista más votada y parecer que ahora se han olvidado de ello.

"No puede ocurrir como en Galicia, donde el PP ha ganado en tres diputaciones y vamos a ver si gobernamos en alguna", subrayó Feijóo en Cope, lamentando que se vea a los socialistas como ganadores del 26M en Galicia al vencer en tres de las principales ciudades gallegas, habiendo obtenido los mismos resultados que el PP.

"No puede ser que en España se manipule hasta el lenguaje, cuando el PP gana pero no saca la mayoría absoluta se dice que pierde", recalcó.

El caso gallego

El encargado de responder a Feijóo por parte de la dirección nacional fue el responsable de Organización, Javier Maroto, en una entrevista concedida a TVE. El número tres de los conservadores enmarcó esta petición de Feijóo en la situación de su comunidad porque es "muy grave" que el PP, que ha ganado en varias diputaciones, no vaya a gobernar ninguna y lo mismo pase en otras ciudades.

Además, añadió que todos coinciden en que la ley electoral no se puede cambiar "ni con mayoría absoluta ni por un capricho" y que deben regir unas "reglas de juego pactadas". Llegado este punto, recordó que el PP presentó tres veces la iniciativa de que gobierne la lista más votada pero los demás partidos, incluso el PSOE, votó en contra, informa Europa Press.

También aprovechó para recordar que en su día el PP ya dijo que si no prosperaba esa iniciativa también jugarían "con las reglas de juego de los demás". El matiz vino cuando añadió que el propio presidente de la Xunta explica "perfectamente" que sería necesario la modificación de la ley. Se trata de una cuestión muy debatida en la formación conservadora en los últimos años.

En un momento en el que Vox dice que no se conformará, como en Andalucía, con dar su apoyo a PP y Ciudadanos, Feijóo aprovechó para dar su opinión sobre el partido de ultraderecha liderado por Santiago Abascal. "No soy partidario de que Vox entre en los gobiernos, pero he de respetar las necesidades y estratégicas de cada territorio", dijo.

El problema vasco

Precisamente de respetar las necesidades de cada territorio va, según el PP de Euskadi, la convocatoria de una convención de la formación territorial convocada por Alfonso Alonso para mediados del mes de septiembre. Una cita que pretender revertir el batacazo de los conservadores vascos en las urnas. Pese a que Alonso ha negado el "ánimo cismático" de la agenda marcada, su iniciativa no ha sido recibida por igual en todos los sectores de la formación que lidera Pablo Casado.

En una entrevista concedida a RNE Alfonso Alonso definió a la formación regional que preside como "radicalmente de centro". Y consideró que el nuevo PP de Casado "ha sido percibido" como alejado de la centralidad. "Yo no he cambiado, sigo pensando y ofreciendo lo mismo, pero, sin duda, hemos sido percibidos como que nos hemos escorado", mantuvo.

"Para la dirección nacional, es muy importante que respete también cada una de las organizaciones territoriales, su manera de hacer política, su acento propio, su manera de entender la vida de la gente en cada sitio. En el País Vasco la gente tiene unas preocupaciones que son un poco específicas y creo que el PP siempre ha sido un partido que es capaz de amoldarse, adaptarse, de hacerse de la tierra, y de tener su acento propio", dijo al tiempo que dejaba otro recado a Casado. A su juicio, debe "respetar a ese PP, sentirse orgulloso y hacer una dirección de liderazgo desde esa humildad".

El PP vasco no vive su mejor etapa en las urnas. En las generales no logró un solo escaño en el Congreso de los Diputados por ninguna de las tres circunscripciones. Ni si quiera el de Javier Maroto, que fue de número uno por Álava.

En las municipales, sólo mejoró los resultados en el Ayuntamiento de San Sebastián. La candidatura encabezada por Borja Sémper logró subir en votos respecto a 2015 y mantener los tres ediles con una campaña en la que una de las notas dominantes fue la independencia respecto a Génova. El golpe se ha sentido especialmente en el consitorio de Vitoria, donde el PP ha pasado de ser primera a cuarta fuerza en sólo cuatro años.

Los datos del declive del PP vasco no son de hoy. En las municipales de 2015, los conservadores de Euskadi se hicieron con un total de 79 concejales, frente a los 55 del pasado 26M.

Por territorios, Álava pasa de 46 a 36 actas; Gipuzkoa de siete a cuatro y Bizkaia de 26 a 15.

Pese a la evidencia de los datos, en el PP de Euskadi no ocultan su malestar con algunos puntos de la estrategia de Casado. "Es verdad que, a veces, se emiten discursos desde Madrid que resultan muy alejados cuando uno los ve desde Vitoria o desde Bilbao", señaló Alonso en RNE.

"Para la dirección nacional, es muy importante que respete también cada una de las organizaciones territoriales, su manera de hacer política, su acento propio, su manera de entender la vida de la gente en cada sitio. En el País Vasco la gente tiene unas preocupaciones que son un poco específicas y creo que el PP siempre ha sido un partido que es capaz de amoldarse, adaptarse, de hacerse de la tierra, y de tener su acento propio", añadió.  

La idea es que el PP vasco ocupe un lugar similar en Euskadi al que ocupa Unión del Pueblo Navarro (UPN) en Navarra, comunidad en la que los conservadores han concurrido en coalición con UPN y Vox el pasado 26M. Alonso pretende que de la convención de septiembre salga una propuesta de PP vasco "más cercana y que haya una voz firme del constitucionalismo en el País Vasco, pero desde un compromiso profundamente foral con nuestra tierra".

Al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, le está costando convertirse en profeta en su tierra. El partido naranja registró un importante crecimiento tanto en las últimas elecciones generales de abril como en las municipales que tuvieron lugar el pasado domingo 26 de mayo, pero aunque subió en porcentaje de voto en prácticamente todas las comunidades, en Cataluña parece estancado. Si el 28A Ciudadanos mejoró 2,8 puntos sus resultados de media, en la comunidad donde nació el partido esa mejora apenas fue de algo más de medio punto. Y lo mismo ocurrió en las locales: el partido naranja ganó casi 2,2 puntos a escala nacional, pero en Cataluña la subida no llegó siquiera a un punto porcentual.

En 2017, Ciudadanos hizo historia al convertirse en el primer partido marcadamente antinacionalista catalán que se imponía en las elecciones autonómicas en Cataluña, que hasta ese año habían sido vencidas en todas las ocasiones por CiU -y en 2015, por la coalición de Convergència y ERC- salvo en 1999 y 2003, donde el vencedor fue el PSC. La lista que lideró Inés Arrimadas, ahora portavoz parlamentaria de Ciudadanos en el Congreso, obtuvo 1.109.732 votos (el 25,35% del total).

Obviamente, ese resultado no puede compararse con el obtenido en las elecciones generales y municipales, que son elecciones diferentes y que, en Cataluña, siempre han registrado un comportamiento muy distinto de los votantes. Pero lo cierto es que, en términos absolutos, Ciudadanos consiguió en la comunidad en torno a 632.000 apoyos menos que en 2017 en los comicios de abril y cerca de 818.000 menos que en las autonómicas en las elecciones locales de mayo.

No obstante, la comparación es mucho más rigurosa y justa si se ponen en los dos lados de la balanza comicios del mismo tipo. Y la conclusión es que Ciudadanos crece de manera generalizada, pero en Cataluña su aumento es sensiblemente inferior al del resto de España. En las generales de abril, la candidatura de Rivera fue la elegida por 4,13 millones de electores, lo que supuso un aumento de casi un millón de votantes desde los comicios de 2016 y que Ciudadanos pasase del 13,06% al 15,86% de los votos. La formación naranja creció en todas las comunidades autónomas a excepción del País Vasco, donde perdió 777 votos y 0,39 puntos con con respecto a hace tres años.

Pero ese crecimiento no fue igual en todas las comunidades, y, con la excepción vasca, Cataluña fue el territorio donde el resultado de Ciudadanos menos mejoró: pasó del 10,94% de 2016 (un total de 380.497 votos) al 11,55% de abril (con 477.096 papeletas), apenas seis décimas y 96.600 sufragios de diferencia. A excepción de Cantabria, en todo el resto de  comunidades la mejora del resultado de Ciudadanos fue de más de dos puntos porcentuales, y superó los cuatro puntos en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Extremadura fue la autonomía donde más se dejó notar este incremento de apoyos: el partido pasó de un 10,54% en 2016 a un 17,96% en 2019, 7,4 puntos más.

Ni un punto de aumento en las locales

La misma dinámica siguió el voto de Ciudadanos en las municipales del 26M, unas elecciones donde Ciudadanos reunió 1,99 millones de votos en toda España frente a los 1,47 millones que consiguió en 2015: más de medio millón de papeletas y 2,17 puntos porcentuales (del 6,55% al 8,72%) de mejora. El partido naranja mejoró sus resultados en todas las comunidades a excepción de la Región de Murcia, donde perdió más de dos puntos pasando del 11,83% al 9,67%. Además, el resultado de Ciudadanos en el País Vasco es una incógnita: no obtuvo ni un solo concejal y su número de votos fue tan discreto que el Ministerio del Interior ni siquiera ha ofrecido aún sus datos por separado y los ha englobado con los del "resto" de pequeños partidos.

Sin embargo, como ocurrió en las generales, la mejora de Ciudadanos varía mucho según la comunidad autónoma. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, la formación de Albert Rivera consiguió un fuerte crecimiento de 6,38 puntos porcentuales, pasando de un 10,54% en 2015 a un 16,92% el 26M. Cifras similares se registraron en Asturias, donde el partido pasó del 4,77% al 10,87%, 6,1 puntos más. En Aragón el aumento fue de cinco puntos porcentuales; en Extremadura, de 4,4 puntos; y en Baleares, Cantabria y Andalucía superó los tres puntos. Pero en Cataluña, por el contrario, Ciudadanos solo pudo pasar de un 7,43% de los votos hace cuatro años a un 8,35% el domingo pasado: poco más de nueve décimas de aumento, apenas 60.000 votos.

Un voto solapado con el del PSC

¿A qué se debe este estancamiento? Los politólogos consultados por infoLibre ofrecen varias explicaciones, aunque coinciden en una: en Cataluña, "el hecho de que el PSOE esté bien y crezca perjudica a Ciudadanos", porque en esa comunidad, a diferencia de lo que ocurre en el resto de España, el partido naranja sigue siendo capaz de competir con los socialistas por una parte de su electorado porque se vota mucho más en clave independentista que teniendo en cuenta el eje izquierda-derecha.

Así lo explica Berta Barbet, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), que afirma que "el contexto actual, en el que el Gobierno de la Generalitat lleva varios meses sin hacer gran cosa y en el que el PSOE parece estar abriendo cierto hueco, en Cataluña deja a Ciudadanos menos espacio para crecer". Esa realidad, plantea la politóloga, es característica de la comunidad, y no impide a la formación naranja "crecer fuera de Cataluña" porque "su espacio natural es otro", claramente escorado hacia el bloque conservador y en competencia directa con el PP.

Con Barbet coincide Ignacio Lago, profesor de Ciencias Políticas en la Universitat Pompeu Fabra (UPF). "Mucha gente que votó a Ciudadanos en las autonómicas" y que podía ser potencial votante naranja en locales y generales era de un perfil del que se ha nutrido tradicionalmente el PSC, compuesto por "personas que no son catalanas, o que no hablan catalán, o que son hijos de inmigrantes", ejemplifica Lago. Y la recuperación del PSC habría restado espacio al partido de Rivera en el bloque no independentista, señala.

El "efecto techo"

Pero, además, Barbet plantea otra posible circunstancia que habría afectado a Ciudadanos y habría hecho que su crecimiento en Cataluña se estancase: que allí ya consiguió un gran resultado, el de las autonómicas de 2017, por lo que ya se le percibía como un partido grande y tenía poco margen de mejora. "Ciudadanos ha sufrido un efecto techo, tuvo su gran crecimiento en las últimas autonómicas y tenía menos espacio para crecer, y en otros sitios hasta estas elecciones no se le ha percibido como un partido viable" con opciones de obtener representación, sostiene.

Lago, por su parte, plantea que la salida de Inés Arrimadas para ocupar un puesto en el Congreso también ha podido perjudicar a Ciudadanos. "Da la sensación de que Cataluña no es especialmente relevante para ellos", reflexiona el politólogo, que apunta, además, que a la formación "le ha perjudicado el hecho de que la victoria de Arrimadas en las autonómicas de 2017 no ha provocado que Ciudadanos haya tenido una posición con especial repercusión en el Parlament". "Eso genera una sensación de que votarles no ha valido para gran cosa", afirma.