El Gobierno de Ruanda ha apuntado que no reembolsará a Reino Unido los más de 240 millones de libras esterlinas (cerca de 284 millones de euros) entregados a Kigali por Londres desde 2022 en el marco del controvertido acuerdo para la deportación de solicitantes de asilo que habrían entrado al país europeo de forma irregular.

El viceportavoz del Gobierno de Ruanda, Alain Mukuralinda, ha indicado que las autoridades del país africano no procederán al reembolso de estos fondos en caso de cancelación del acuerdo y ha recalcado que Kigali ha cumplido con su parte, incluidos los aspectos financieros relacionados con los preparativos para la recepción de estas personas, según informa Europa Press.

Así, ha detallado que "el contrato no contempla una devolución del dinero", después de que el nuevo primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, haya anunciado que dará carpetazo al controvertido acuerdo, impulsado por su predecesor, Rishi Sunak, según ha recogido la ruandesa RBA. "Teníamos un acuerdo. Ambas partes lo firmaron. Se convirtió en un acuerdo internacional. Empezamos a aplicarlo. Si después de eso, quieres salirte, buena suerte", ha recalcado Mukuralinda, quien ha reiterado que Kigali ha cumplido hasta la fecha con todas las cláusulas del pacto.

Reino Unido habría dado a Ruanda al menos 240 millones de libras como parte del acuerdo, según un documento publicado por el Gobierno británico en abril de este año. Sin embargo, Starmer afirmó el sábado durante su primera rueda de prensa tras la victoria laborista en las urnas que el polémico plan "está muerto y enterrado".

"El plan de Ruanda estaba muerto y enterrado antes de comenzar. Nunca ha sido un elemento disuasorio", dijo, antes de recalcar que "no está preparado para proseguir con ardides que no sirven para disuadir a nadie". Sunak defendió que el plan de deportaciones haría cambiar de opinión a los cientos de migrantes que intentan entrar en Reino Unido, sobre todo a través de la peligrosa ruta del Canal de la Mancha.

Reino Unido y Ruanda firmaron en diciembre de 2023 un tratado con el que Sunak aspiraba a resolver las dudas que llevaron a que el Tribunal Supremo británico anulase el plan previo de deportaciones, una de las grandes promesas tories para combatir el repunte migratorio, ante el aumento de las llegadas durante este 2024.

El campamento de refugiados de Gashora, a las afueras de la pequeña ciudad del mismo nombre, se encuentra a una hora en coche al sur de Kigali, la capital ruandesa. Tras una gran verja, no hay tiendas de campaña con el tristemente famoso logotipo azul del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), sino pequeños edificios azules y blancos que albergan desde 2019 a solicitantes de asilo de toda África. 

Todos ellos han sido evacuados desde Libia. Este «mecanismo de tránsito de emergencia» es fruto de un acuerdo entre ACNUR, el gobierno ruandés y la Unión Africana. El programa está financiado íntegramente por la Unión Europea: de 21,8 millones de euros para el periodo 2019-2022, el presupuesto ha pasado a 25 millones de euros para el periodo 2022-2026. 

El funcionamiento de este acuerdo es similar al de migración y desarrollo económico que pronto se pondrá en marcha entre Gran Bretaña y Ruanda, aunque los actores no son los mismos y algunos aspectos son ligeramente diferentes. 

El texto, que fue propuesto por el ex primer ministro Boris Johnson, negociado durante dos años, rechazado por el Tribunal Supremo británico en noviembre de 2023, enmendado por el primer ministro Rishi Sunak y denunciado por la oposición y numerosas organizaciones de defensa de los derechos humanos, prevé la deportación a Ruanda de los solicitantes de asilo llegados ilegalmente a suelo británico. Tras otro ejercicio de ping-pong entre las dos Cámaras del Parlamento, ha sido finalmente aprobado a última hora de la noche del lunes 22 de abril. 

Los refugiados deportados a Ruanda serán alojados en hoteles de Kigali, donde se habían habilitado cuatro hoteles para este fin. «Para los propietarios, es una garantía de que su establecimiento tendrá una ocupación permanente», explica Alain Mukuralinda, portavoz adjunto del gobierno ruandés. Ante la marcha atrás británica, los hoteles privados ya habían vuelto a abrir sus puertas a los turistas. Otros, gestionados por el Estado, han sido renovados a la espera de sus futuros «clientes» procedentes de Londres. 

En un plazo de seis meses se examinará la situación administrativa de los refugiados, que tendrán dos opciones: solicitar asilo en un tercer país (incluido Gran Bretaña) o instalarse en Ruanda mediante un programa específico de integración. Según la nueva versión del acuerdo, los refugiados no podrán ser devueltos a su país de origen. Si deciden quedarse en el país de las mil colinas, todos sus gastos (alojamiento, formación o estudios, apoyo financiero, etc.) serán sufragados por Londres hasta un total de 3.000 libras (unos 3.480 euros) al mes. Si ninguna de estas soluciones tiene éxito, el interesado será «libre de solicitar asilo en Ruanda para poder viajar legalmente y abandonar el país», explica el portavoz adjunto.

Tras una reunión entre Rishi Sunak y el presidente ruandés, Paul Kagame, el 9 de abril en Londres, Downing Street declaró en un comunicado que «ambos dirigentes esperan con impaciencia los vuelos a Ruanda en primavera». Los conservadores quieren que los primeros aviones despeguen antes de las elecciones parlamentarias, previstas para el segundo semestre del año, para demostrar que cumplen sus promesas sobre el control de la inmigración ilegal, en un momento en que las travesías del Canal de la Mancha han aumentado un 40% en un año. Un naufragio causó el lunes por la noche la muerte de cinco inmigrantes, entre ellos una niña. 

Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), del que depende Gran Bretaña, podría a su vez bloquear esas deportaciones. Y los laboristas han anunciado que retirarán la ley si ganan.  

Volvamos al campo de Gashora, donde esperan una solución 538 refugiados. Según Dhananjaya Bhattarai, responsable de la oficina local de ACNUR, desde 2019 «han sido reasentados legalmente en países de Europa o Norteamérica 1.569 refugiados» . Las opciones que tienen aquí los solicitantes de asilo son ligeramente diferentes a las del acuerdo con Londres: si no se encuentra destino y la persona no quiere asentarse en Ruanda –nadie ha querido hasta ahora–, puede regresar a Libia o a su país de procedencia. 

Awa no regresará a Somalilandia, el país que abandonó en 2020. Esta joven de 26 años, madre de un niño nacido en julio de 2023 en el campamento de Gashora, acababa de obtener asilo en Estados Unidos cuando Mediapart habló con ella. Nos recibe en su habitación, modestamente acondicionada en un pequeño bloque de planta baja con cuatro alojamientos. Las familias tienen una casita con dos dormitorios. Las personas solas se alojan en otro bloque un poco más alejado. 

Los baños están en el exterior y un comedor ofrece tres comidas al día para llevar. El campamento también cuenta con un campo de deportes y una escuela, así como talleres de idiomas, costura e informática para adultos. Una clínica con 32 camas, una sala de partos y un laboratorio proporcionan atención básica.

«Me fui sin saber lo que me esperaba», dice Awa con voz monótona, mirando fijamente a la intérprete con sus ojos grandes y claros. «Algunas personas me dijeron que podían hacerme llegar a Libia [vía Etiopía y Sudán - ndr], donde trabajaría para pagar a mis guías, antes de seguir a Europa. Pero una vez en Libia, me tomaron como rehén, me redujeron a la esclavitud, y tuve que pedir a mi familia que pagara por mi liberación", explica. 

Su calvario es el de muchos otros africanos que han pasado por ese país. Se calcula que aún hay 30.000 atrapados en Libia, sumida en un conflicto desde la caída de Muamar Gadafi en 2011. «Cuando me liberaron, me acerqué a ACNUR, que me ofreció la posibilidad de ir a Ruanda». Como todos los refugiados entrevistados ese día por Mediapart, ninguno sabía nada de este pequeño país del este de África sin salida al mar antes de aterrizar allí. «No tenía ningún destino en particular. Lo único que quiero es vivir en un lugar donde me sienta segura y donde pueda estudiar. Quiero ser médico». 

El campamento de Gashora es un escaparate para Ruanda. A través de él, el país quiere demostrar que ofrece un remanso de paz a estos hombres y mujeres que han tenido que abandonar su país de origen en condiciones dramáticas. La historia reciente es que los ruandeses han vivido en el exilio y en campos de refugiados desde 1959, con los primeros pogromos contra los tutsis, hasta el final del genocidio contra ellos que mató a casi un millón de personas entre el 7 de abril y el 15 de julio de 1994. 

También hay referencias a la hospitalidad «tradicional» de la Ruanda precolonial, un periodo que sirvió para mitigar la etnización heredada del colonialismo y unificar el país en torno a una historia común y una identidad única. Según la Organización Internacional para las Migraciones, es uno de los países que acogen más refugiados del mundo respecto a su población: actualmente 135.000 (principalmente de la República Democrática del Congo y Burundi) para una población de unos 14 millones de habitantes. Además, la mayoría de estos campamentos están deteriorados por falta de financiación. 

La narrativa ruandesa y el testimonio de los refugiados «salvados» por Ruanda no convencieron al Tribunal Supremo británico, que dictaminó en noviembre de 2023 que el texto era contrario a la legislación británica e internacional porque había razones «serias» para creer que Ruanda no podía considerarse segura para los refugiados, pues los solicitantes de asilo se arriesgaban a ser «devueltos» a su país de origen, donde podían ser objeto de violencia o malos tratos. Ese dictamen dio lugar a una nueva redacción del texto, que ahora garantiza que los solicitantes de asilo no pueden ser devueltos a su país de origen. 

Una comisión parlamentaria británica consideró que el proyecto era «básicamente incompatible» con las obligaciones del país en materia de derechos humanos. Y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, afirmó que «los efectos combinados de este proyecto de ley, que pretende proteger la actuación del gobierno del control legal habitual, van directamente en contra de los principios fundamentales de los derechos humanos».

Aunque el tema no es tan controvertido en Ruanda como en Europa o en Naciones Unidas, que han pedido a Londres que «reconsidere su plan», no cuenta con un apoyo unánime. Frank Habineza, líder del Partido Democrático Verde de Ruanda, candidato a las elecciones presidenciales del próximo julio contra el presidente Paul Kagame, que se presenta por cuarta vez, se muestra muy crítico. Declaró a Mediapart que su partido «está a favor de la acogida de refugiados que han elegido Ruanda como primer destino», pero no a los procedentes de Londres. En su opinión, «los países ricos, incluido el Reino Unido, no deberían eludir su obligación internacional de acoger refugiados y trasladarlos a terceros países simplemente porque tienen dinero para imponer su voluntad». 

Las autoridades ruandesas parecen no estar interesadas por las disputas de Londres. «La polémica es de los británicos», explicó el jefe de Estado a Jeune Afrique el 25 de marzo.« Es asunto suyo. Estamos ofreciendo nuestra ayuda, y no tenemos que llevar la carga de nadie más». Pero, ¿qué beneficios obtendrá Ruanda con este acuerdo? Según la Oficina Nacional de Auditoría del Reino Unido, la acogida de los primeros 300 solicitantes de asilo costará a Londres unos 541 millones de libras (unos 627 millones de euros), de las cuales ya se han transferido 220 millones al Fondo de Integración y Desarrollo Económico creado para supervisar esta ayuda. «No hay que avergonzarse por hablar de dinero», dice Alain Mukuralinda. «Cada gasto es transparente, cada céntimo está destinado al acuerdo, pero sí, parte de ese dinero beneficiará a la economía ruandesa». 

En Gahanga, a unos treinta minutos de Kigali, en el distrito de Kicukiro, se han construido por ejemplo viviendas para acoger a los recién llegados, «lo que beneficia a las empresas locales», subraya el portavoz adjunto. Según el periódico digital Open Democracy, la construcción de esos alojamientos, cuyo primer ladrillo fue puesto en 2023 por la ex ministra de Interior Suella Braverman, ha sido suspendida por falta de liquidez. Otras viviendas visitadas por la ministra estaban destinadas, de hecho, a ser vendidas a ruandeses. 

Aunque el aspecto financiero es importante, como admite el propio gobierno de Kigali, otros lo ven también como una oportunidad diplomática: con este acuerdo, Ruanda se asegura el apoyo incondicional del Reino Unido en caso de que se critique su pasado en materia de derechos humanos o, por ejemplo, su apoyo al grupo armado M23 en el este de la República Democrática del Congo, denunciado por la ONU. «Los exiliados se convierten así en moneda de cambio: se negocia a sus espaldas, violando sus derechos», advertía ya en 2022 Brigitte Espuche, coordinadora de la red Migreurop.

Caja negra

El reportaje en el Centro de Tránsito de Emergencia de Gashora tuvo lugar el 8 de marzo de 2024.

Los refugiados entrevistados autorizaron por escrito ser citados.

Se contactó con la Oficina del Portavoz del Gobierno para que comentara la aprobación de la ley en el Reino Unido, pero no ha respondido en el momento de publicar este artículo.

Traducción de Miguel López

El Parlamento de Reino Unido ha aprobado este martes de madrugada el plan del Gobierno para deportar a solicitantes de asilo a Ruanda tras reconocer al país africano como un destino seguro después de meses de debates y críticas por parte de la oposición. Tras la introducción de una serie de enmiendas, la Cámara de los Lores ha votado finalmente a favor del plan, que pasará a ser ley después de que el rey Carlos III otorgue el consentimiento real, según ha publicado la cadena de televisión británica BBC y recoge Europa Press.

"La aprobación de esta legislación histórica no es solo un paso adelante, sino un cambio fundamental en la ecuación global de la migración", ha destacado el primer ministro del país, Rishi Sunak, según un comunicado de su Oficina.

Sunak ha explicado que el proyecto de ley está encaminado a "disuadir a los migrantes vulnerables de hacer travesías peligrosas y romper el modelo de negocio de las bandas criminales que los explotan", destacando que no podrán quedarse en el país aquellos que lleguen "de forma ilegal". "Nuestra atención se centra ahora en hacer despegar los vuelos, y tengo claro que nada se interpondrá en nuestro camino para conseguirlo y salvar vidas", ha añadido.

Por su parte, el ministro de Interior de Reino Unido, James Cleverly, ha asegurado que se trata de un "momento histórico" para detener las llegadas de migrantes irregulares a través del Canal de la Mancha. "La ley impedirá que se abuse de la justicia utilizando falsas alegaciones de Derechos Humanos para bloquear las deportaciones", ha añadido en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

Asimismo, ha destacado que el Parlamento británico ha demostrado ser "soberano" al rechazar las medidas provisionales impuestas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que paralizó in extremis la entrada en vigor del proyecto de ley en junio. "Prometí hacer lo necesario para despejar el camino para el primer vuelo y eso es lo que hemos hecho. Ahora trabajamos día a día para que los vuelos despeguen", ha añadido.

Unas horas antes, el primer ministro británico, Rishi Sunak, había aseverado que los vuelos de deportaciones comenzarían en menos de tres meses "pase lo que pase".

Reino Unido y Ruanda firmaron en diciembre de 2023 un tratado con el que Sunak aspiraba a resolver las dudas que llevaron a que el Tribunal Supremo británico anulase el plan previo de deportaciones, una de las grandes promesas tories para combatir el repunte migratorio y disuadir las llegadas a través del Canal de la Mancha.

Por su parte, la ONU ha expresado en varias ocasiones su preocupación por el alcance de la medida y este mismo lunes un grupo de relatores de Naciones Unidas ha cuestionado el papel de las aerolíneas y de las administraciones de aviación civil, advirtiendo de que podrían ser consideradas "cómplices" de violar el Derecho Internacional si facilitan de alguna manera las deportaciones.

Sin embargo, Sunak se ha mostrado "confiado" sobre la legalidad del nuevo plan, incidiendo en que respeta las obligaciones internacionales de Reino Unido, pero ha deslizado de nuevo la posibilidad de desligarse del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) si adopta algún tipo de decisión al respecto.

Este mismo martes, Naciones Unidas ha alertado del "impacto dañino" sobre los Derechos Humanos y la protección a los refugiados de la aprobación. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, han pedido a las autoridades británicas que "reconsideren" este plan y que adopten "medidas prácticas" para abordar los "flujos irregulares de refugiados y migrantes", a partir de "la cooperación internacional y el respeto al Derecho Internacional Humanitario".

"La nueva legislación supone un paso más en el distanciamiento de Reino Unido de su larga tradición de dar refugio a aquellos que lo necesitan, violando la Convención sobre los Refugiados", ha dicho Grandi, quien ha recalcado que "proteger a los refugiados requiere que todos los países, no sólo los vecinos en zonas de crisis, cumplan con sus obligaciones". Así, ha afirmado que el plan británico "busca derivar la responsabilidad en la protección a los refugiados, socavando la cooperación internacional y sentando un preocupante precedente a nivel global".

En este sentido, Turk ha sostenido que "esta nueva legislación socava gravemente el Estado de Derecho en Reino Unido y sienta un peligroso precedente a nivel global" debido a que "deriva su responsabilidad ante los refugiados, reduce la capacidad de los tribunales británicos para analizar las decisiones de expulsión, limita el acceso a soluciones legales en Reino Unido y restringe el alcance de las protecciones de Derechos Humanos a nivel nacional e internacional para un grupo específico de personas".

En la misma línea se ha expresado el Consejo de Europa que ha mostrado su preocupación y ha emplazado a las autoridades británicas a no llevar a cabo expulsión alguna, ante la posibilidad de que implique violaciones de Derechos Humanos y en materia de Estado de derecho. El comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O'Flaherty, ha reconocido en un comunicado que la gestión de los flujos migratorios es "complejo" para cualquier Estado, pero ha subrayado que cualquier medida debe respetar los estándares internacionales.

Teme que, tal y como está redactada la ley, puedan ser expulsados de Reino Unido migrantes que requieran protección y sin una evaluación previa de su solicitad de asilo, al tiempo que ha cuestionado que se restrinja el margen de las personas afectadas de solicitar reparaciones o de la justicia para realizar exámenes "independientes". En este sentido, ha recordado que la Convención Europea de Derechos Humanos, firmada por Reino Unido, garantiza el principio de no devolución y el examen de posibles abusos.

Presunto inocente para siempre ante los tribunales, pero culpable para siempre a los ojos del mundo. En los días en que está lúcido, en su prisión de la ONU en La Haya (Países Bajos), Félicien Kabuga, que ahora tiene 90 años, debe cavilar sobre esta paradoja que ilumina el crepúsculo de su vida. 

Su historia pertenece al campo de los verdugos. Detenido el 16 de mayo de 2020 en Asnières-sur-Seine por gendarmes de la Oficina central de lucha contra los crímenes contra la humanidad y los delitos de odio (OCLCH) tras veintiséis años huido, se ha convertido en un caso de manual en la historia del genocidio tutsi, que se cobró cerca de un millón de vidas en los cien días siguientes al 7 de abril de 1994. 

En teoría, este ex empresario está en libertad desde el verano de 2023, ya que el Mecanismo Residual del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (órgano que sustituyó al Tribunal Penal Internacional para Ruanda, TPIR) lo consideró no apto para ser juzgado por motivos de salud. 

Durante los primeros meses de las vistas, este hombre menudo, que a menudo se oculta tras unas gruesas gafas, apenas podía seguir el procesamiento durante dos horas por videoconferencia desde su celda. Ahora está teóricamente en libertad, pero sigue entre rejas, porque ningún país está dispuesto a acoger al hombre acusado de financiar la máquina de matar que se cobró un millón de vidas en sólo tres meses, en la primavera de 1994. 

Bélgica y los Países Bajos se han negado. Francia vacila sin haber dado aún una respuesta oficial. Ruanda, candidata a acogerlo, no parece cumplir todas las condiciones establecidas por el TPIR, en particular la obligación del Estado de acogida de remitir al acusado a la jurisdicción internacional si su estado de salud lo permite. "Es una patata caliente", resume una persona familiarizada con el caso. 

Pero la verdadera bomba de relojería del asunto Kabuga es el botín amasado por este autodidacta, que en los años 90, bajo el régimen genocida del general Habyarimana, se convirtió en la principal fortuna del país. Una fortuna que sirvió en parte para crear la maquinaria de exterminio de los tutsis, en la que este especialista en importación y exportación desempeñó un papel destacado. 

Esa fortuna, en manos de su clan y valorada por Mediapart en más de 20 millones de dólares (unos 18,5 millones de euros), se plantea ahora la cuestión de quién se la quedará finalmente: ¿su legítimo propietario, sospechoso de ser uno de los peores verdugos del siglo XX, o sus víctimas? Para averiguarlo, veamos primero los hechos. 

Kabuga, como miembro de Akazu ("Casita"), una red clandestina de extremistas formada en torno a la primera dama del país, Agathe Habyarimana, estuvo al frente de varias operaciones clave en el periodo previo al genocidio. La primera tuvo lugar en la primavera de 1993 con la creación de la Radio Television Libre de las Mil Colinas (RTLM), conocida como "radio muerte". El objetivo de esta emisora "libre" era preparar a la población para las masacres y convencerla de que la única solución para los hutus era matar al "enemigo" tutsi, al que en antena se referían como inyenzi (cucaracha). 

El éxito estaba garantizado para la propaganda extremista gracias a un flujo constante de música congoleña de moda. La creación de esta radio privada costó mucho dinero: el equivalente a un millón de euros. Para reunir semejante suma, Félicien Kabuga organizó una mesa redonda con sus amigos de Akazu, la flor y nata de los radicales del Hutu Power, unos cincuenta oficiales, altos funcionarios y grandes empresarios. En la conferencia de prensa de lanzamiento de la RTLM, el propietario fue muy claro sobre la línea editorial: había que defender una "idea preconcebida", la de los futuros genocidas.  

Otro episodio. En pleno genocidio, el 25 de abril de 1994, en Gisenyi, a orillas del lago Kivu, Félicien Kabuga presidió una reunión de grandes comerciantes e industriales, preocupados por sus negocios tras las derrotas infligidas a las Fuerzas Armadas ruandesas por los rebeldes tutsis del Frente Patriótico Ruandés. Para ayudar al gobierno, propuso la creación de un Fondo de Defensa Nacional al que pudieran contribuir todos los ciudadanos y empresas. 

Kabuga preside este fondo, lo gestiona e incluso es el titular de la cuenta bancaria abierta en el Banco Nacional de Ruanda. Esa cuenta servirá para comprar armas y municiones para el ejército derrotado. Al igual que otros empresarios, a partir de 1992 Félicien Kabuga también ayudó a financiar la formación de los Interahamwe (literalmente, "los que trabajan juntos"), esos milicianos tan eficaces en los puestos de control, donde apaleaban hasta la muerte a sus víctimas. 

Kabuga proporcionó también ayuda directa a los asesinos ejecutores del genocidio, un mes antes de que comenzaran las masacres. En marzo de 1994, la empresa compró y almacenó un lote de 50.000 machetes chinos, que se distribuyeron rápidamente entre los milicianos. 

Con todas esas alegaciones, la acusación dirigida por el fiscal belga Serge Brammertz tenía toda la intención de probarlo todo ante los jueces de la ex-TPIR a través de cuatro cargos. Hechos contrastados por una multitud de fuentes, que identifican el papel desempeñado por el presunto genocida, llevarían a una condena que finalmente nunca se pronunciará. 

Salvo milagro médico que permita al acusado volver al banquillo, ya es demasiado tarde. A sus 90 años, Félicien Kabuga, confinado en una silla de ruedas e incontinente, padece un síndrome neurodegenerativo de tipo Alzheimer. Necesita asistencia médica las 24 horas del día. “Algunos días", dice uno de sus visitantes, "ya ni siquiera sabe cómo se llama". 

Así pues, jurídicamente, nada impide a Kabuga recuperar sus activos, congelados desde hace más de veinte años por el TPIR. Para poner fin a su huida, la fiscal suiza Carla Del Ponte tuvo la idea de vaciar financieramente el clan del patriarca bloqueando sus cuentas bancarias y las de sus hijos. 

En Francia, según la información recogida por Mediapart, se trata de una serie de cuentas a su nombre y al de tres de sus trece hijos, repartidas entre dos bancos: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CA-CIB) y BNP Paribas. En total, estos activos franceses ascienden a 2.198.000 dólares y 332.600 euros, respectivamente. Esta suculenta suma es sólo la punta del iceberg. 

Además de su patrimonio financiero, Kabuga también poseía propiedades, como ese piso de 105 m2 en el distrito 13 de París, comprado en los años 80 y que aún ocupan sus hijos y nietos. Lo mismo ocurre en los barrios acomodados de Nairobi (Kenia), donde un piso de una residencia de lujo fue embargado por la justicia hace más de quince años. Por no hablar de Ruanda, donde su patrimonio familiar no está claro: algunos edificios han sido confiscados por las autoridades públicas, otros han sido vendidos a inversores privados y otros siguen ocupados por miembros de la familia. 

Todos estos procedimientos, iniciados por el TPIR en Bélgica, Francia, Kenia y Ruanda, han llevado a la escribanía del tribunal a estimar la fortuna del clan en unos 20 millones de dólares. 

Antes de saber a qué bolsillo irán a parar esos millones, la escribanía quiere recuperar hasta el último céntimo. Puede parecer sorprendente, pero la ONU ha estado pagando sus honorarios de defensa durante los últimos tres años. Félicien Kabuga no tenía ingresos propios en el momento de su detención y se le concedió el estatuto de "indigente". Por ello, ya ha pagado al letrado Emmanuel Altit y a su equipo de investigadores una factura de 1.184.500 dólares (honorarios calculados sobre la base de un baremo judicial fijo), para la que quiere una garantía de reembolso. 

Lejos de ser anecdótico, ese dineral ha despertado numerosos apetitos y ha terminado por constituir una trampa maquiavélica: en derecho, el TPIR no dispone de ninguna vía de acción para recuperarlo, ya que sus estatutos no prevén un procedimiento de reparación civil. Pero si esos haberes fueran devueltos a su propietario, el gesto sería visto como una última afrenta a la memoria de las víctimas. Un símbolo político con el que el tribunal no quiere cargar de ninguna manera. 

Por ello, de manera informal, se ha puesto en contacto con las autoridades ruandesas y con varias ONG de supervivientes, como Ibuka, para animarles a iniciar procedimientos de indemnización civil, al menos en los cuatro países (Bélgica, Francia, Kenia y Ruanda) donde se han localizado y congelado los bienes del clan. El objetivo es recuperar esos fondos y entregarlos a los 400.000 supervivientes identificados. 

En principio, todas las ONG contactadas por Mediapart son favorables a esta iniciativa. Incluso si a veces, como Survie, se niegan a ponerse en el lugar de los propios supervivientes. Dado que Kabuga sigue gozando de la presunción de inocencia, las asociaciones cuestionan la viabilidad jurídica de tal procedimiento. “Si las ONG dan ese paso", afirma Simon Foreman, abogado del Colectivo de las partes civiles para Ruanda (CPCR), "les permitirá garantizar que los bienes van a seguir congelados mientras dure el proceso". 

Sin embargo, no están seguros de salir airosos de ese reto jurídico, ya que la obtención de una indemnización civil está sujeta a una serie de condiciones estrictas según la jurisprudencia actual: el demandante debe haber sido condenado por un delito penal, hay que demostrar un nexo causal entre esa condena y la situación del demandante y establecer la materialidad de los hechos que constituyen la indemnización del perjuicio sufrido. 

“Sin embargo", señala William Bourdon, abogado especializado en derecho internacional y fundador de la ONG Sherpa, "el derecho francés prevé la posibilidad de iniciar un procedimiento civil en caso de demencia, aunque se haya suspendido la acción pública". Así lo establece el artículo 10 del Código Procesal Penal. Hay una condición: como el concepto de jurisdicción universal no existe en materia civil, los tribunales franceses deben ser competentes. ¿Es éste el caso en el asunto Kabuga? “Como está detenido en los Países Bajos", prosigue William Bourdon, "ése es su lugar de residencia. Si está domiciliado en los Países Bajos", añade Simon Foreman, "entonces los competentes son los tribunales neerlandeses". 

Sin embargo, los Países Bajos ya se han negado a aceptar al futuro hombre libre en su territorio. "Los tribunales competentes también podrían estar donde tiene familia o donde fue detenido", estima Simon Foreman. “Si hay una víctima de nacionalidad francesa", añade William Bourdon, "también se puede invocar la competencia de un tribunal francés". 

En este caso, el tribunal penal de Nanterre sería competente porque Asnières-sur-Seine, donde se produjo la detención, forma parte de su jurisdicción. “Se trata de un caso sin precedentes", afirma Bourdon, "y, en este sentido, la formación de una coalición de ONG para dirigir este proceso sería la mejor manera de responder a lo que debemos a las víctimas de este genocidio". Además, dado que la mitad de los hijos de Kabuga que pueden asistirle a diario viven en Francia, a París le costará esquivar la "patata caliente". 

Treinta años después del genocidio, el caso Kabuga marcará sin duda una nueva etapa en el largo proceso de reconstrucción de los supervivientes, cuya vida cotidiana es a veces trágica. “No se puede imaginar la miseria de algunos de los supervivientes que encontramos", explica Alain Gauthier, Presidente del CPCR (Colectivo de Partes Civiles por Ruanda). “Por ejemplo, esa anciana de las colinas que hoy nos pregunta que cuándo van a reparar el tejado de su casa. Muchas personas viven en la pobreza. Por no hablar de la miseria mental y psicológica. Las necesidades son enormes.” 

A finales de los años 90, el gobierno ruandés creó el Fondo de Ayuda a los Supervivientes del Genocidio (FARG), que ayuda a los estudiantes, construye viviendas y concede becas a jóvenes y mayores. Sin embargo, con un coste de entre 5 y 30 euros al mes, esta ayuda se queda muy corta. 

Aunque la FARG se financia mediante una tasa sobre el presupuesto del Estado, "sólo" ha recaudado 239 millones de euros en sus veinte años de existencia. Alain Gauthier añade: "Tenemos una demanda constante y no podemos responder. Necesitaríamos la fortuna de Kabuga para cubrir nuestras necesidades.” La fortuna de un inocente con los bolsillos llenos. 

Félicien Kabuga, como muchas personas cercanas al régimen del general Habyarimana, ha sido desde hace tiempo un protegido de Francia. Nada más comenzar la matanza, el 7 de abril de 1994, se refugió en la embajada de Francia en Kigali con su mujer y sus once hijos; fue uno de los pocos ruandeses evacuados por la aviación militar francesa en el marco de la operación Amaryllis. 

Un telegrama diplomático del embajador Jean-Michel Marlaud, fechado el 9 de abril, enumera las personalidades presentes en la embajada aquel día. Kabuga era la última persona de la lista, descrita como poseedora de "vínculos comerciales en Francia". Además de un piso en París y varias cuentas en bancos franceses, el empresario dispone, a través de su yerno Augustin Ngirabatware, ministro de Planificación, de una verdadera red internacional en Europa. 

Esta red explica sin duda por qué pudo pasar la mitad de su tiempo fugado en la región parisina sin ser detectado. De 2007 a 2020, vivió en París y alrededores (Clamart, Asnières-sur-Seine), cambiando de piso cada dos o tres años, sin que nadie sospechara que era el financiero del genocidio.

Caja negra

Ninguna de las partes (el TPIR o la defensa de Félicien Kabuga) con las que nos hemos puesto en contacto ha querido hacer comentarios sobre el proceso. Lo mismo puede decirse de la parte ruandesa, donde el Fiscal General de Kigali no respondió a nuestras preguntas.

Traducción de Miguel López

Ruanda, Cuba o Nicaragua son tres dictaduras que sorprendentemente encabezan la lista de mujeres dedicadas a la política. Estos nombramientos nada tienen que ver con los derechos de las mujeres conseguidos a través de procesos democráticos, sino por puro marketing.

Así lo afirma la Unión Inter-Parlamentaria, una organización fundada a finales del siglo XIX que publica periódicamente los listados de los parlamentos de todo el mundo.

El cuarto lugar lo ocupa México y el sexto, Emiratos Árabes. Parece una broma, pero no lo es. Y la pregunta que deberemos hacernos es si dictadura conjuga bien con derechos de las mujeres. Rotundamente no.

Los países nórdicos, siempre líderes en este tema, no los encontramos hasta el puesto número 10. Y España, en el 22. Es de esperar que con la promesa del presidente del Gobierno y con su nuevo proyecto de ley sobre la paridad en listas electorales y consejos de administración, podamos escalar puestos.

Pero por qué ocurre esto: Ruanda es un caso a estudiar. En el genocidio de 1994, donde se intentó exterminar a la población tutsi por parte del gobierno hegemónico hutu de Ruanda, se asesinó al 70 por ciento de los tutsis —o lo que es lo mismo, a un millón de personas— y la violencia sexual como arma de guerra fue generalizada. Se calcula que alrededor de 500 mil mujeres fueron violadas.

Al finalizar el conflicto, el general Paul Kagame, presuntamente muy vinculado a estas matanzas, quiso lavar su imagen. Las mujeres fueron las protagonistas del proceso de paz, de las comisiones de la verdad. En resumen, el postconflicto fue protagonizado por ellas.

En un país fracturado y dolorido, alrededor de 4 millones de personas tuvieron que refugiarse en países limítrofes. La mayoría de supervivientes eran mujeres. Mientras tanto, la comunidad internacional quedó paralizada. No hicieron nada por frenar la matanza.

En este contexto, Kagame supo aprovechar las circunstancias para imponer listas electorales paritarias.

Ahora, casi 30 años después del genocidio, Ruanda quiere limpiar su imagen y ha firmado un polémico acuerdo migratorio con Reino Unido para acoger a refugiados que llegan a Reino Unido (todos ellos procedentes de África) mientras que todavía hay hombres y mujeres que no han podido volver a su país desde el final del genocidio.

Amnistía Internacional sigue denunciando constantemente “las violaciones del derecho a un juicio justo, a la libertad de expresión y a la privacidad, así como las desapariciones forzadas, las denuncias de tortura y el uso excesivo de la fuerza”. Después de tantos años, Ruanda no disfruta de un régimen democrático.

En 2008, 40 militares del entorno de Paul Kagame fueron procesados en España por el juez Fernando Andreu, de la Audiencia Nacional, por crímenes de genocidio, de guerra, de lesa humanidad y de terrorismo. El presidente Paul Kagame, a pesar de los indicios en su contra, no fue incluido en dicho proceso al gozar del beneficio de inmunidad soberana como jefe de Estado.

El juez español los acusó de la muerte de más de tres millones de personas (ruandeses, congoleses, nueve españoles, canadienses, etc.) en Ruanda y en la República Democrática del Congo entre 1994 y 2000. En 2015, la causa abierta en España fue archivada a consecuencia de las reformas en la normativa aplicable para las causas de justicia universal.

España fue un país pionero en la aplicación de la justicia universal. Sin embargo, su éxito, en lo que respecta a proporcionar un recurso efectivo a las víctimas de violaciones de los derechos humanos de crímenes internacionales, se convirtió en una amenaza para políticos nacionales y para las relaciones internacionales.

El viaje de Mariano Rajoy a Pekín propició el final de la justicia universal para no enfrentarse al presidente chino. La Audiencia quería investigar el presunto genocidio en Tibet.

Con la ley de paridad lanzada por Kagame, no había otra verdad que querer ganarse al 70 por ciento de la población, las mujeres, de cara a poder gobernar en el país sin apenas oposición.

En el caso de Cuba y Nicaragua, la utilización de las mujeres en política responde igualmente a una manipulación para mantenerse en el poder. Lo que significa que un derecho democrático puede ser manipulado y utilizado para otros fines.

En Nicaragua “son mujeres que solamente están ahí porque las puso el partido de Gobierno. Son mujeres simbólicas que sirven para enmascarar y dar la cara de que aquí hay paridad en la participación de las mujeres y para esconder o querer mostrar una supuesta voluntad democrática de parte del Gobierno”, apunta la socióloga Sofía Montenegro, de la Cátedra Unesco.

Por el contrario, en Cuba el artículo 43 de su Constitución establece: “La mujer y el hombre tienen iguales derechos y responsabilidades en lo económico, político, cultural, laboral, social, familiar y en cualquier otro ámbito. El Estado garantiza que se ofrezcan a ambos las mismas oportunidades y posibilidades. Pero sin un sistema político de libertades.

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Mercè Rivas Torres es editora, periodista y autora de 'Los sueños de Nassima' y de 'Vidas en la galera'.

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha alertado de que aquellos ucranianos que lleguen al país de forma ilegal podrán ser sujetos a deportaciones y ser enviados a Ruanda en plena polémica por el acuerdo entre los dos países, que se ha topado además con la negativa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), según informa Europa Press.

Johnson había aclarado en anteriores ocasiones que los ciudadanos ucranianos no se verían afectados por el acuerdo, que permite en principio a las autoridades británicas enviar al país africano a los solicitantes de asilo que crucen el Canal de la Mancha.

"Las únicas circunstancias en las que se podrá enviar a solicitantes de asilo a Ruanda es si llegan a Reino Unido de forma ilegal, lo que socava la seguridad y las rutas legales que tenemos. Estamos dando unos 130.000 visados a los ucranianos y tienen al menos dos buenas rutas para llegar al país", ha explicado.

Sin embargo, ha matizado que "si vienen de forma ilegal, pasan por encima de todos aquellos que lo hacen legalmente", por lo que, "en teoría, podrían ser deportados". "De todas formas, creo que esto es muy improbable", ha dicho, según informaciones del diario The Guardian.

Johnson viajó el jueves a Ruanda, donde se ha reunido con las autoridades del país y ha instado a la OTAN y los países del G7 a evitar pactar una "paz mala" para Ucrania. En este sentido, ha matizado que es importante que el fin de la guerra no implique "ceder territorio" ucraniano a Rusia.

El primer vuelo con solicitantes de asilo hacia Ruanda, en el marco de las quejas de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, no ha despegado finalmente en la noche de este martes debido a una orden emitida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para impedir la deportación de los migrantes, ha informado Europa Press.

El Ministerio del Interior ha confirmado a la cadena británica BBC que el avión, un Boeing 767-300, emplazado en una pista del Ministerio de Defensa en Boscombe Down, en Amesbury, no ha despegado en la noche de este martes.

Minutos antes, la organización benéfica Care4Calais ha dicho en su perfil oficial de Twitter, tras un baile de cifras y confusión por el número de personas dentro del aparato, que se estimaba en siete, que había solo un pasajero en el vuelo.

Según han recogido distintos medios británicos, un juez "fuera de horario" ha examinado la media docena de casos restantes tras la orden del tribunal europeo. Finalmente, la ONG Stop Deportations ha señalado que ningún migrante será deportado.

En este momento no existe una vía para que el Ministerio del Interior de Reino Unido apele la decisión del juez, quien ha anulado todos los fallos de las autoridades británicas, tal y como ha recogido la agencia de noticias DPA.

En concreto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha emitido una orden para detener la deportación de un solicitante de asilo de nacionalidad iraquí que dejó su país en abril de 2022 e hizo una parada en Turquía antes de viajar en barco, a través del Canal de la Mancha, a Europa. Alegando estar en peligro, solicitó asilo a su llegada a Reino Unido el pasado 17 de mayo.

"El Tribunal Europeo ha indicado al Gobierno de Reino Unido que el solicitante no debe ser expulsado a Ruanda hasta tres semanas después de la entrega de la decisión interna final en su juicio judicial en curso", ha indicado en un comunicado, una orden que, finalmente, ha acabado afectando a los demás solicitantes.

Uno de los primeros en reaccionar a la cancelación ha sido el alcalde de Londres, Sadiq Jan, quien ha dicho en su perfil oficial de Twitter que "la deportación inhumana de solicitantes de asilo a Ruanda de esta noche ha sido detenida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos". "Enviar a personas que huían de la violencia a un país a miles de kilómetros de distancia ya era cruel e insensible. Ahora también es potencialmente ilegal", ha agregado el alcalde de Londres, del Partido Laborista británico.

Por su parte, el exlíder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, ha calificado de "devastadores" los planes "inhumanos" del Gobierno británico. "Gracias a los muchos brillantes activistas que han luchado incansablemente por los derechos de los refugiados", ha subrayado en su perfil oficial de Twitter.

Entre los que han criticado la polémica medida impulsada por el Ejecutivo del primer ministro, Boris Johnson, se encuentra el arzobispo de Gales, Andrew John, quien ha condenado enérgicamente la política del Ejecutivo de Boris Johnson, calificándola de inmoral e ineficaz, según ha recogido la cadena BBC.

Asimismo, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, y el arzobispo de York, Stephen Cottrell, han señalado que la política "debería avergonzar" a Reino Unido. "El plan se presenta como una respuesta humanitaria para combatir la trata y el tráfico de personas, pero el resultado agravará el sufrimiento de quienes ya son víctimas", han dicho, según recoge la página web de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales.

La ministra del Interior de Reino Unido, Priti Patel, ha indicado que estaba decepcionada por el hecho de que el vuelo a Ruanda no pudiera salir, pero que no se "disuadiría de hacer lo correcto".

Así, ha asegurado que su equipo legal "está revisando cada decisión tomada en este vuelo y la preparación para el próximo comienza ahora".

A su juicio, "esto ayudará a acabar con el modelo de negocio de los traficantes de personas y a evitar la pérdida de vidas, al tiempo que se garantiza la protección de las personas realmente vulnerables", tal y como ha recogido The Guardian.

Por su parte, el director del Consejo de Refugiados, Enver Solomon, ha dicho: "Aunque nos alivia saber que el vuelo a Ruanda no ha despegado como estaba previsto esta noche, está claro que el Gobierno sigue decidido a seguir adelante con este acuerdo, dejándonos que sigamos siendo testigos del sufrimiento humano, la angustia y el caos que la amenaza de expulsión provocará, con consecuencias de gran alcance para personas desesperadas que simplemente necesitan seguridad".

"El Consejo para los Refugiados también ha tenido que intervenir directamente para impedir que se expulse a jóvenes a Ruanda porque se les consideró adultos sin serlo", ha agregado solomon.

Asimismo, James Wilson, subdirector de la organización de Derechos Humanos 'Detention Action', ha declarado que esta noche es "para los libros de historia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se fundó a raíz del Holocausto, ha hecho lo que se estableció".

"Rara vez interviene en los asuntos jurídicos de los países miembros. Que lo haya hecho ahora demuestra lo potencialmente peligrosa que es la política de expulsiones de Ruanda del Gobierno", ha señalado.

El acuerdo con Ruanda permite a las autoridades británicas enviar al país africano a los solicitantes de asilo que crucen el Canal de la Mancha. Dicha inicitiva está dotada con 120 millones de libras —144 millones de euros— y se centrará sobre todo en hombres sin cargas familiares que lleguen a Reino Unido a través de embarcaciones o camiones.

Por su parte, la portavoz del Ejecutivo ruandés, Yolande Makolo, ha expuesto ante la prensa que su Gobierno está ofreciendo a los migrantes que llegaron a territorio británico tras cruzar el canal de la Mancha una "nueva vida". Así, ha explicado que se les brindará todo tipo de apoyo, incluido alojamiento, y que aunque Ruanda rechace su petición formal de asilo podrán solicitar la residencia legal.

Makolo ha apuntado también que las autoridades de Ruanda están dispuestas a apoyar la vuelta de estos migrantes a su país de origen o a un tercer país. "Esperamos que elijan quedarse con nosotros", ha declarado, alegando que es necesario no caer en estereotipos a la hora de hablar de África. Así, ha afirmado que "Ruanda está preparada para recibir a los migrantes cuando lleguen y ofrecerles seguridad y oportunidades".

La aerolínea que estaba encargada de operar ese vuelo es Privilege Style, una empresa española con sede en Palma de Mallorca especializada en vuelos chárter.

Downing Street ha justificado que el enfoque actual sobre migración le cuesta a Reino Unido 1.500 millones de libras esterlinas (1.700 millones de euros) cada año, con casi 5 millones de libras al día alojando a los solicitantes de asilo en hoteles.

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha anunciado este jueves un acuerdo con Ruanda en virtud del cual los solicitantes de asilo que crucen el Canal de la Mancha serán enviados al país africano. El acuerdo está dotado con 120 millones de libras -144 millones de euros- y se centrará sobre todo en hombres sin cargas familiares que lleguen a Reino Unido a través de embarcaciones o camiones, según recoge Europa Press.

Los detalles precisos del plan deben ser aún confirmados, pero, bajo la propuesta, Ruanda se responsabilizaría de las personas que hayan hecho un viaje de más de 6.400 kilómetros, que comenzarían allí el proceso de solicitud de asilo. Si al final este sale bien, podrán instalarse permanentemente en Ruanda. El Gobierno de Ruanda ha precisado que los migrantes "disfrutarán de protección completa bajo la ley ruandesa, un acceso equitativo al empleo y derecho a disfrutar de los servicios sanitarios".

Según ha indicado Johnson en la presentación del plan, el acuerdo "salvará incontables vidas" de ser objeto del tráfico de personas. El premier ha considerado necesario "detener a los viles traficantes" que convierten el mar en un "cementerio acuático".

Así, ha calificado su plan de "humano y compasivo" y ha incidido en que busca romper este modelo de negocio, según ha recogido la BBC. "No podemos sostener un sistema paralelo ilegal", ha justificado, remarcando que la "compasión" de Londres puede ser "infinita" pero su "capacidad para ayudar" a las personas "no lo es".

En 2021, 28.526 personas cruzaron el Canal de la Mancha en pequeños botes hasta Reino Unido, según datos oficiales. En 2020 fueron 8.404. El miércoles llegaron al país europeo unas 600 personas, que podrían ser mil diarias dentro de unas semanas, según el mandatario.

La ministra del Interior británica, Priti Patel, ha viajado a la capital ruandesa, Kigali, para firmar el acuerdo. Ha resaltado que es el primero de este tipo a nivel global y "cambiará la manera en la que colectivamente" se aborda la inmigración ilegal.

Organizaciones que trabajan con refugiados ya han expresado su preocupación por el acuerdo, destacando el historial del Gobierno de Ruanda y su presidente, Paul Kagame, en cuanto a protección de los Derechos Humanos se refiere. El año pasado, el Gobierno británico expresó su preocupación por las "continuadas restricciones a los derechos civiles y políticos y a la libertad de prensa" en Ruanda, en una intervención ante Naciones Unidas. No obstante, Johnson ha dicho de Ruanda que es uno de los países más seguros del mundo.

La orden política de dejar escapar a los principales miembros del gobierno responsable del genocidio tutsi en Ruanda, en el verano de 1994, cuando su detención era posible e incluso solicitada, la dio directamente el Ejecutivo francés, según un documento inédito del Ministerio de Asuntos Exteriores.

La masacre de los tutsis en Ruanda, el último genocidio del siglo XX, provocó casi un millón de muertos en cien días, entre abril y julio de 1994.

El documento, al que Mediapart (socio editorial de infoLibre) ha tenido acceso, parece ser, 25 años después de los hechos, la pieza que faltaba en uno de los episodios más oscuros de la responsabilidad francesa en la tragedia ruandesa.

Lo ha obtenido el investigador François Graner, autor de varios libros sobre Ruanda y miembro de la asociación Survie, que recientemente accedió a archivos no explorados de la presidencia de Mitterrand gracias a una decisión del Consejo de Estado. El pasado mes de junio, el tribunal superior de lo administrativo de Francia puso fin a años de trabas orquestadas por los guardianes de la memoria del antiguo jefe de Estado y de la política de Francia durante el genocidio tutsi.

El documento en cuestión es un telegrama de “confidentiel diplomatie”, del 15 de julio de 1994, procedente del gabinete del entonces ministro de Asuntos Exteriores, Alain Juppé, hoy miembro del Consejo Constitucional, y dirigido al embajador Yannick Gérard, en aquel momento representante de Exteriores ante los militares franceses enviados a Ruanda en el marco de la operación Turquesa.

Ese mismo día, el embajador Gérard pidió “instrucciones claras” al gobierno (para él y para el Ejército francés) con el fin de detener a las autoridades del lugar, que, según escribió en un telegrama, “tienen una gran responsabilidad en el genocidio”. Lo cierto es que los principales miembros del gobierno genocida, sobre todo su presidente, Théodore Sindikubwabo, se encontraban entonces en una zona totalmente controlada por el Ejército francés, cerca de Zaire (actual República Democrática del Congo), país limítrofe con Ruanda.

“No tenemos otra elección, sean cuales sean las dificultades, que arrestarlos o ponerlos inmediatamente bajo arresto domiciliario hasta que las instancias judiciales internacionales competentes se pronuncien sobre su caso”, subrayaba el alto funcionario, consciente de tener a su alcance a los genocidas.

Sin embargo, la respuesta del gobierno francés fue exactamente la contraria a la petición del embajador Gérard. En el telegrama del 15 de julio, escrito a las 18:22 horas y dirigido “sólo a Yannick Gérard”, el gabinete del ministro Juppé ordenaba a las autoridades genocidas “transmitir nuestro deseo de que abandonen” la zona controlada por las Fuerzas Armadas francesas.

El mensaje que se debía transmitir parece tan delicado que el gabinete Juppé pide a su embajador que no se involucre personalmente con los genocidas. “No obstante, puede utilizar todos los canales indirectos y en particular sus contactos africanos, sin exponerse directamente”, puede leerse en el telegrama, que además lleva por título: “El departamento le autoriza a transmitir nuestro mensaje indirectamente”.

“Insistirá en que la comunidad internacional y en particular Naciones Unidas deberían determinar muy pronto las acciones que se deben seguir con respecto a estas supuestas autoridades”, añadía el telegrama, que, insistiendo así en una futura decisión de la comunidad internacional, ofrece entonces un salvoconducto al gobierno genocida para que abandone el territorio bajo control francés sin el menor contratiempo. Y pasar a Zaire.

El documento lleva la firma “EMIE”. Lo firma Bernard Émié, actual director de la Dirección General de Seguridad Exterior (DGSE), uno de los principales servicios secretos franceses, que en su momento fue asesor de Alain Juppé en el Ministerio de Asuntos Exteriores, antes de llegar al Elíseo bajo la presidencia de Jacques Chirac.

Contactado por Mediapart, Alain Juppé no ha querido contestar a nuestras preguntas. Por su parte, Bernard Émié no ha respondido.

Un cuarto de siglo después de la tragedia ruandesa, hoy no cabe duda de que Francia sabía quiénes eran los organizadores y ordenantes del genocidio y dónde se encontraban. Así que el gobierno y el Elíseo los dejaron irse a sabiendas.

Innumerables documentos y testimonios, obtenidos a lo largo de los años por historiadores, periodistas y jueces, ya han documentado ampliamente que Francia era consciente de que se estaba preparando un genocidio antes de que tuviera lugar y que mantuvo un apoyo inquebrantable a las autoridades implicadas cuando empezó lo peor.

Tanto es así que el gobierno genocida, formado tras el atentado que mató al presidente Habyarimana, considerado demasiado moderado por la franja más radical del poder hutu, se constituyó el 8 de abril de 1994, en los mismos locales de la embajada francesa en Kigali, con el nombre de “Gobierno Interino de Ruanda” (GIR).

Será un tal Théodore Sindikubwabo, expresidente de la Asamblea Nacional, el elegido para dirigir el país antes de quedar sumido en las tinieblas. Pediatra de formación, Sindikubwabo está considerado como uno de los instigadores del genocidio, sospechoso de haber incitado personalmente a las masacres –sobre todo durante un discurso emitido en Radio Ruanda el 19 de abril– y de haber despedido a prefectos y autoridades que no mataban lo suficiente.

Sindikubwabo es uno de los líderes políticos del genocidio que pudo llegar a Zaire en julio de 1994 con el apoyo del gobierno francés. Murió en 1998 en circunstancias poco conocidas y sin haber sido juzgado nunca por sus crímenes.

La orden de Juppé, la sombra de Vedrine

En los archivos disponibles hay un rastro de un contacto, en mayo de 1994, entre Sindikubwabo y el general Christian Quesnot, el jefe de personal especial del presidente de la República. En una nota del 6 de mayo, a la atención de François Mitterrand, tras su intercambio con el nuevo jefe de Estado genocida –las masacres habían comenzado un mes antes–, el militar afirma que el dignatario ruandés le “agradece” todo lo que ha “hecho por Ruanda”.

En sus comentarios personales al final del documento, el general Quesnot aboga entonces por apoyar, incluso a costa de una “estrategia indirecta”, al gobierno ruandés en sus relaciones con las fuerzas armadas tutsis. En efecto, el general Quesnot dice que temía la instauración de una “Tutsiland”, todo ello “con la ayuda anglosajona y la complicidad objetiva de nuestros notables falsos intelectuales que son los intermediarios de un lobby tutsi al que también es sensible una parte de nuestro aparato estatal”. En el documento, del puño y letra del secretario general de la Presidencia de la República, Hubert Védrine, figura una palabra: “Denunciado”.

Sin embargo, sobre el terreno, la diplomacia y los servicios de inteligencia franceses no dejan de recabar información sobre la responsabilidad del gobierno interino en el genocidio.

Un telegrama de “confidentiel diplomatie”, fechado el 10 de julio de 1994, del embajador Gérard, también descubierto por el investigador François Graner gracias a la decisión del Consejo de Estado del pasado mes de junio, alude incluso a “un testimonio fiable que confirma la responsabilidad colectiva y personal de las autoridades de Gisenyi [el gobierno genocida] en las masacres”. El diplomático añadió que, según otros testimonios “directos y concordantes”, el presidente Sindikubwabo pidió personalmente en varias ocasiones la “eliminación total de los tutsis” y que uno de sus ministros solicitó, en particular, la masacre de “mujeres y niños”.

Por ello, cinco días después, el embajador Gerard pidió a sabiendas “instrucciones claras” al gobierno para detener o al menos poner bajo arresto domiciliario a los genocidas.

En vano.

Sin embargo, en París, la cuestión de la detención de los miembros del gobierno genocida fue fuente de confusión en la cúpula del Estado, como demuestran otros documentos.

En los archivos del Palacio del Elíseo, por ejemplo, hay una copia de un despacho emitido desde París a última hora de la mañana del 15 de julio por la agencia de noticias Reuters con el elocuente título: “París, lista para detener a los miembros del gobierno”. “Los miembros del gobierno interino ruandés [...] serán detenidos si caen en manos de los soldados franceses en la zona humanitaria protegida por la operación Turquesa”, afirmó la agencia internacional de noticias, que dijo obtener su información de una “fuente autorizada en París”.

Pero he aquí que una anotación manuscrita, escrita por Hubert Védrine en el margen del despacho impreso por los servicios del Elíseo, demuestra que, en realidad, no era nada de eso. “Lectura del Presidente: esto no es lo que se dijo en dependencias del primer ministro”, escribió el secretario general del Elíseo.

El documento del gabinete Juppé sobre la orden de dejar escapar a los genocidas, fechado también el 15 de julio, refuerza hoy la sospecha de un ministro de Asuntos Exteriores, Alain Juppé, en línea con la política del Elíseo, aunque pertenece a un gobierno de cohabitación dirigido por Édouard Balladur. En 1998, Balladur señaló que, en opinión de Mitterrand, “no se podía castigar a los autores hutus del genocidio”. Y añadió que “no se trataba de que mi gente permitiese que estos se refugiasen en Zaire”.

Y sin embargo, eso es exactamente lo que ocurrió, por orden de su propio ministro, Alain Juppé. Sobre el terreno, la salida fue dirigida por el teniente coronel Jacques Hogard, que comandaba el grupo Sur-Turquesa en Ruanda, formado por tropas de la Legión Extranjera.

En un suplemento especial dedicado a las operaciones en Ruanda, como revelará Le Figaro, la revista militar Képi blanc resumió la situación en octubre de 1994 con un estilo de rigidez militar que no se va por las ramas: "El EMT [Estado Mayor Táctico] provocó y organizó la evacuación del gobierno de transición ruandés al Zaire”.

El propio teniente coronel Hogard confirmó los hechos en varias ocasiones, especialmente al periodista David Servenay y al académico Gabriel Périès, autores del libro Une guerre noire (Una guerra negra). En este libro, el militar cuenta cómo fue a ver a su homólogo zaireño para hablarle de los genocidas que iba a dejar marchar: "No cierre las fronteras, déjelas porosas, no quiero que impida la salida de esta gente, Zaire es grande, es lo único que tienen para salir”.

El 16 de julio, al día siguiente del telegrama enviado por el gabinete Juppé, el teniente coronel Hogard se reunió con el jefe de Estado ruandés para informarle de que él y sus hombres debían –y podían– marcharse en 24 horas. Y así, Francia escolta a Ruanda hasta la frontera con Zaire como uno de los principales responsables políticos del genocidio.

Un soldado de la operación Turquesa, Guillaume Ancel, contó años después en un libro (Rwanda, la fin du silence) que vio al teniente coronel Hogard un tiempo después de esta escena. “Está convencido de que nuestro papel no es hacer Justicia, sino acompañar educadamente a los responsables de las masacres, que tienen responsabilidades terribles y la ‘sangre hasta el cuello’ le atormenta. Podría haberlos detenido, incluso podría haberlos neutralizado, pero sus órdenes no le dejaron otra opción”, declaró.

Un documento desclasificado del Estado Mayor del Ejército francés confirma que los miembros del gobierno genocida “cruzaron la frontera ruandesa-zaireña” el 17 de julio a última hora, “siendo la opción claramente establecida la de retirar también el resto de las FAR [fuerzas armadas gubernamentales] con sus armas al Zaire, para continuar la resistencia desde ese país”.

En definitiva, que se ponga a salvo a los genocidas para que siga corriendo la sangre.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Casi veinte años después de la comisión Lumumba, Bélgica acaba de crear una “comisión especial” para examinar su pasado colonial en el Congo, Ruanda y Burundi, pero también “sus consecuencias y la medidas que proceda adoptar”, según el título oficial de su misión. Se espera que el trabajo de dicha comisión concluya un año después de su creación, antes del 16 de julio de 2021.

“Se trata de una oportunidad para dejar atrás 60 años de ambigüedades en nuestro discurso oficial sobre la era colonial, para poner en marcha una serie de buenas prácticas para los antiguos países colonizadores”, según explica el presidente de la comisión Wouter De Vriendt a Mediapart (socio editorial de infoLibre). Este diputado ecologista flamenco (Groen) no parece especialmente preocupado por la magnitud de la tarea: “Disculpas o no, compensaciones, restitución de obras de arte, estatuas, transmisión a través de los libros escolares... Bélgica necesita saber lo que dice de su pasado colonial”.

Serán 17 los diputados belgas encargados de estudiar tres experiencias históricas controvertidas: la presencia belga en el Congo –la actual República Democrática del Congo– como Estado independiente del Congo (1885-1908), propiedad personal del Rey Leopoldo II, entonces una administración colonial de Bélgica (1908-1960), pero también la colonización de Ruanda y Burundi, desde su transferencia bajo la entidad Ruanda-Urundi de Alemania a Bélgica en 1919, hasta su independencia en 1962.

“Si los debates son realmente públicos, tal y como se ha comprometido la Cámara, será algo muy bueno”, advierte Romain Landmeters, historiador de la Universidad de Saint-Louis-Bruselas. “Ya no basta con debatir el pasado en la prensa escrita con la ayuda de historiadores y expertos. Se ha hecho necesario objetivar las cosas dentro de una asamblea oficial, y hacer más compleja la comprensión de las consecuencias de este pasado en la Bélgica contemporánea”.

El principio de esta comisión de “verdad y reconciliación” era validado en junio por todos los partidos políticos belgas, con la excepción de la extrema derecha flamenca Vlaams Belang (que cuenta con 18 diputados de los 150 que integran el Parlamento federal). Las formaciones, hasta entonces reacias, se vieron obligadas a ceder ante la presión de los movimientos sociales, al tiempo que en Bélgica se multiplicaban las concentraciones multitudinarias a raíz de la muerte de George Floyd en Estados Unidos en primavera.

El 7 de junio, alrededor de 10.000 personas se reunían en Bruselas en apoyo al movimiento Black Lives Matter. Las estatuas de Leopoldo II y sus generales sufrieron daños en varias ciudades de Bélgica, incluidas Bruselas y Amberes. El 30 de junio, con ocasión del 60º aniversario de la independencia del Congo, el rey Felipe Leopoldo manifestaba a las autoridades congoleñas “su más profundo pesar por las heridas del pasado”, pero ni rastro alguno de una disculpa formal.

“La muerte de George Floyd fue el detonante, pero no quiero que el inmenso trabajo realizado por las asociaciones durante más de diez años se reduzca al suceso de Floyd”, apunta Kalvin Soiresse Njall. Este diputado electo de la comunidad francófona de Bélgica, cofundador en 2012 del colectivo Memoria colonial y lucha contra la discriminación, recuerda las dos resoluciones presentadas en 2014 y 2017 por el partido ecologista para crear una comisión sobre el Congo, que fueron rechazadas en su momento. La cuestión de la descolonización aparece también, por primera vez, en el acuerdo de gobierno alcanzado el año pasado en Valonia (la región francófona de Bélgica) entre socialistas, ecologistas y liberales del Movimiento Reformador.

Sin remontarse a la comisión sobre el asesinato de Patrice Lumumba y las responsabilidades del Estado belga (2000-2001), los debates sobre el legado del pasado colonial de Bélgica son recurrentes y candentes. En 2014, la publicación del libro de Assumani Budagwa, un congoleño nacionalizado belga, daba a conocer la existencia de “mestizos supuestamente abandonados”, nacidos de padre belga y madre congoleña durante la colonización, internados a la fuerza en orfanatos de las misiones católicas, y luego repatriados a Bélgica en el momento de la independencia.

En 2019, el jefe del Gobierno belga, Charles Michel, se disculpó en nombre de Bélgica “por las injusticias y el sufrimiento” infligidos a estos niños. Y más recientemente, en junio, cinco mujeres mestizas nacidas en el Congo belga, en los años 40, y separadas por la fuerza de sus madres, presentaron una denuncia contra el Estado belga por crímenes contra la humanidad. Este juicio también podría tener influencia, a distancia, en el trabajo parlamentario.

Más allá de la rapidez con la que se creó, la especificidad de esta nueva comisión es la inmensidad de su alcance. Los diputados deben trabajar sobre el ayer (colonial) y el hoy (poscolonial). Deben examinar, si se atienen a las especificaciones de la misión, al papel y al “impacto estructural” de las autoridades belgas, pero también de los “actores no estatales” (la monarquía, la Iglesia, los “explotadores de las economías coloniales”, etc.). Es aquí donde el asunto podría complicarse rápidamente, ya que la cuestión del enriquecimiento de ciertas familias belgas gracias a las colonias sigue siendo tabú.

“La cuestión económica asusta a muchas partes”, confirma Romain Landmeters, doctorando en historia contemporánea en el FNRS. El CD&V, el partido demócratacristiano flamenco, considerado el más cercano a la monarquía, está a la defensiva. Los independentistas flamencos N-VA se sienten más cómodos criticando el papel del rey y de Bélgica durante la colonización –Bart de Wever, su líder, pidió en 2019 una disculpa del rey–, pero también deberían hacer todo lo posible para frenar las investigaciones sobre el papel de las empresas y el enriquecimiento de los dirigentes económicos, al igual que los Belang (extrema derecha) y los liberales del MR.

Deshacerse del problema

Las deficiencias de la “partitocracia” belga –es decir, el poder exacerbado que tienen los partidos políticos en la vida política del país– pronto dieron lugar a una de las primeras controversias vinculadas a la comisión. Con el fin de preparar la labor de los diputados, en julio se nombró a diez expertos para que redactaran un informe preliminar en el que se definiera con precisión el alcance de la futura labor, que se espera para el 1º de octubre y que probablemente ya se habrá aplazado.

Una batalla en la que cada partido instaba a “su” especialista, con criterios más políticos que relacionados con la experiencia. Si bien algunos tienen autoridad, como la historiadora Elikia M'Bokolo (EHESS, Kinshasa), la presencia de Laure Uwase, presentada como especialista de origen ruandés de la región de los Grandes Lagos, causó controversia. Su vinculación a una asociación, Jambo, integrada por miembros de la diáspora ruandesa que llegaron a Bélgica en los años posteriores al genocidio, y que según una asociación de supervivientes del genocidio tutsi, Ibuka Mémoire et Justice, transmite una ideología de negación del genocidio (algo que Jambo niega).

Preguntado sobre este punto, el presidente de la comisión, Wouter De Vriendt, se compromete a consultar a muchas más organizaciones en los próximos meses: “Algunos representantes de asociaciones tienen opiniones contundentes, es normal, pero pedimos les pedimos a todas apertura de miras. Nuestra intención es escuchar una amplia variedad de opiniones y organizaciones, también en lo que respecta a Ruanda. Hay muchas agendas e intereses en juego, y no nos dejaremos influenciar por ello”.

Más allá de eso, hubo algunas ausencias sorprendentes en la lista, lo que limita desde el principio la autoridad del trabajo que se va a llevar a cabo. Nadia Nsayi, figura del antirracismo en Flandes, autora de una biografía de éxito, y comisaria de una exposición sobre el Congo que podrá verse a partir de octubre en el MAS de Amberes, se negó a asistir, al igual que Olivia Rutazibwa, de la Universidad de Portsmouth, que hizo pública su carta de rechazo.

Otra historiadora teóricamente imprescindible a la hora de abordar estos temas, Amandine Lauro, de la Universidad Libre de Bruselas, codirectora de un libro de referencia publicado en junio sobre el Congo colonial, también se negó a participar. Lauro explica a Mediapart su decisión: “Mi negativa a participar no se corresponde, como algunos han dicho, a un deseo de permanecer en una torre de marfil, o a un desprecio por la demanda de la sociedad”.

El lugar –vago– que se otorga a las asociaciones de la diáspora y a la sociedad civil suponía un problema para ella: “En el momento en que me contactaron, no había representantes del mundo asociativo [en la actualidad hay dos]. Los parlamentarios no habían llegado a un consenso sobre esta cuestión y se inhibieron de su responsabilidad política al transferirla al grupo de ‘expertos’ encargado de ‘establecer contacto’ con una serie de actores”, denuncia.

Esta profesora universitaria subraya otro punto controvertido: “Por supuesto que los políticos belgas deben actualizar su discurso sobre el pasado colonial rompiendo con la visión paternalista o complaciente que prevalecía, pero la idea de establecer una verdad ‘oficial’ y ‘definitiva’ me molesta. Sobre todo porque el grupo de expertos se constituyó conforme a criterios, no sólo de mérito científico, sino también de equilibrio político”. Lauro sigue esperando “avances innovadores” relacionados con su trabajo y no descarta intervenir en una audiencia, más adelante, ante los diputados.

Otro conocido especialista, Benoît Henriet, de la VUB, tampoco acudió: “Por haber decidido no participar no voy a criticar la decisión de algunos de mis colegas de ir: hay valor en el ejercicio de estar presente. [Pero] no encaja con la forma con que funciona la investigación en historia. No trabajamos en la búsqueda de la verdad histórica”.

Los testimonios de unos y otros coinciden en las mismas críticas y preocupaciones: el hecho de que se trate de proceso político desarrollado precipitadamente y apartado de la sociedad civil –probablemente para evitar señalar con el dedo a algunos de los partidos que apoyaron inicialmente la iniciativa–. “Alcanzar coaliciones, como la legitimidad democrática, lleva tiempo”, escribe la académica Olivia Rutazibwa para justificar su negativa, lamentando sobre todo la ausencia de un llamamiento previo a todas las asociaciones, tanto en Bélgica como en África, para participar en ella.

Apenas constituida la comisión, ésta se ha enfrentado a un gran número de colectivos, requiriendo la elaboración de una nota de trabajo al Museo Real de África Central en Tervuren, cerca de Bruselas. Esta institución lucha, a pesar de su reapertura en 2018 después de cinco años de obras, por descolonizar sus colecciones y sigue siendo un símbolo controvertido del período colonial. El papel del Museo de Tervuren en el progreso del trabajo parlamentario se ha replanteado (a la baja) desde entonces, pero el asunto ha dejado su huella.

A la cabeza de Bamko-Cran, una asociación belga de lucha contra el racismo, Mireille-Tsheusi Robert se muestra encantada, en principio, con la existencia de esta comisión. Pero lamenta la opacidad de los criterios de elección de los expertos, el lugar que se concede a las asociaciones de la diáspora –“deciden consultar a las asociaciones cuando y si quieren”– y el apretadísimo calendario de un año: “Se han saltado una reflexión fundamental sobre la metodología. Da la impresión de que Bélgica quiere deshacerse de este problema lo antes posible”.

Para esta activista, el concepto mismo de una comisión de la verdad y la reconciliación es problemático: “En Bélgica han aparecido importantes fisuras después de la muerte de George Floyd. Quieren la pacificación, que se arregle el problema de una vez por todas. ¡Pero nosotros no exigimos tanto paz como justicia! Además de que, ¿cómo se puede lograr la paz si no hay justicia?”. Wouter de Vriendt, preguntado sobre la cuestión de las reparaciones, se refiere a los detalles de la comisión, que hace alusión al respecto, y promete debatir el asunto.

Paralelamente a la comisión, Bamko ha puesto en marcha unas “reuniones descoloniales”, subtituladas “Historia, memoria, verdad, justicia y reparación”. Según Mireille-Tsheusi Robert, esta “verdadera asamblea consultiva” se basará en una veintena de comisiones temáticas que definirán el impacto de la colonización en la educación, la salud y el medio ambiente en la actualidad. Uno de los abogados de la familia Lumumba, Christophe Marchand, será el encargado de pronunciar una conferencia inaugural a principios de octubre en una iniciativa que surge de la sociedad civil.

En este punto, sigue existiendo una incógnita importante para la comisión de investigación parlamentaria: puede que no sobreviva si los partidos belgas no forman gobierno tras las elecciones legislativas de mayo de 2019, si se hace necesario volver a las urnas.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) concede este jueves los Premios Derechos Humanos 2019, que este año reconocen el trabajo de Jorge del Cura Antón, Victoire Ingabire, Nora Morales y Pascual Serrano. Desde la entidad han expresado su deseo de “felicitar a todas las personas y organizaciones que han participado en la convocatoria de los Premios Derechos Humanos 2019, por su gran labor en la defensa y promoción de los derechos humanos”. La entrega de los premios tendrá lugar durante un acto-homenaje que se celebrará este jueves en el Instituto Cervantes, en Madrid a las 18.30 horas. Intervendrán en el acto el presidente de la APDHE, Carlos Castresana, y el director del Instituto CervantesInstituto Cervantes, Luis García Montero, y será conducido por Jesús Maraña, director editorial de infoLibre.

El premio en la categoría nacional recae sobre Jorge del Cura Antón, activista por la erradicación de la tortura en España. Del Cura inició en la década de los 80 la recogida diaria de información sobre prácticas de tortura en los calabozos policiales y judiciales mientras desempeñaba su trabajo como funcionario de la Administración de Justicia. Asimismo, conformó y presidió la Asociación contra la Tortura, que, desde mediados de los noventa, se personó como acusación popular en procedimientos judiciales clave, como el caso GAL, el caso Nani o el caso Lasa y Zabala, entre otros.

El galardón internacional lo comparten Victoire Ingabire Umuhoza y Nora Morales de Cortiñas. Ingabire nació en Ruanda en 1968, es economista y desde 2006 lidera el partido de la oposición a la dictadura de su país de origen. Conocida como la Mandela ruandesa, permaneció exiliada desde 1994 hasta 2010, y, tras su regreso, pidió a los autores de las masacres que rindieran cuentas ante los tribunales. Fue acusada de traición y encarcelada después de un juicio sin garantías. Su caso fue visto en la Corte Africana de los Derechos Humanos, que en noviembre de 2017 reconoció que Ingabire no había tenido un juicio justo en Ruanda y exigió al gobierno ruandés que la liberase y reparara el daño causado a su persona. 

Nora Morales, por su parte, es integrante de las Madres de la Plaza de Mayo desde 1977, año en que desapareció su hijo Carlos Gustavo, que pertenecía al movimiento peronista, bajo el régimen dictatorial de Jorge Rafael Videla. Hasta el día de hoy se la puede encontrar todos los jueves de 15,30h a 16h haciendo la ronda de las Madres en la Plaza de Mayo de Buenos Aires. Morales ha participado en diferentes movimientos sociales defendiendo los derechos de las mujeres, de las personas migrantes y también contra la deuda externa, la corrupción, la impunidad y la crisis económica.

Por último, el periodista y ensayista valenciano Pascual Serrano recibe este año el Premio Periodismo de la APDHE. En 1996, Serrano fundó junto con un grupo de periodistas la publicación digital Rebelión, que hoy funciona como diario alternativo en Internet. A principios de los 2000 fue asesor editorial de Telesur, un canal de televisión promovido por Venezuela con la participación de Cuba, Argentina, Uruguay y Bolivia, que pretende ser un modelo de comunicación contrapuesto a los medios dominantes del primer mundo. En la actualidad dirige la colección de libros A Fondo, sobre temas de actualidad, en la editorial Akal, es miembro del Consejo de redacción de la revista satírica El Jueves ycolabora habitualmente en una decena de publicaciones españolas y latinoamericanas sobre temas de comunicación y política internacional.

Hace 25 años que el mundo asistió impávido a la matanza de 800.000 tutsis y hutus moderados en tan solo tres meses. El "fracaso" de la comunidad internacional sirvió para extraer lecciones que permitieron dar un salto cualitativo en materia de prevención y castigo. Hoy, algunas parecen haberse olvidado y las alarmas se han activado en ciertos países, lo que aboca a "seguir contando víctimas".

La historia de rivalidad entre tutsis y hutus, que bebía en parte de una organización colonial que favoreció el ascenso en el escalafón social de los primeros, había provocado enfrentamientos y se extendía ya a los países vecinos a golpe de refugiados, hacía prever que algo así podía pasar. "Se podría haber evitado. Esta es una de las principales lecciones. Las señales de alarma eran claras, pero no hubo un compromiso claro por parte de los actores internacionales relevantes para adoptar las medidas necesarias", ha dicho Adama Dieng, relator especial de Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio, en una entrevista concedida a Europa Press.

Dieng ha indicado que "la comunidad internacional no reaccionó a tiempo debido a la falta de voluntad y a la falta de recursos". La primera "afectó a la toma de decisiones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas" y la segunda, a la misión de la ONU en Ruanda, que "era pequeña, carecía de tropas bien entrenadas y de material funcional". "La investigación independiente (...) concluyó que el sistema de Naciones Unidas en su conjunto fracasó", pero de aquello surgió una reforma en la organización internacional que, por ejemplo, llevó a la creación del cargo de relator especial para la Prevención del Genocidio, ha recordado el jurista senegalés.

Dieng ha subrayado que el genocidio no es algo que ocurra de la noche a la mañana, que pueda sorprender, sino que "es resultado de un proceso que requiere tiempo, planificación y recursos con factores desencadenantes que puedan permitir su comisión". En el caso de Ruanda, el detonante fue el derribo del avión en el que el presidente ruandés, Juvénal Habyarimana, regresaba junto a su homólogo de Burundi, Cyprien Ntaryamira, a Kigali el 6 de abril de 1994. Los hutus culparon al Frente Patriótico de Ruandés (FPR), una milicia formada por tutsis exiliados, y la matanza comenzó horas después.

El hecho de que sea un proceso "proporciona muchas vías de entrada a la prevención antes de que la situación escale". "Hay un amplio rango de opciones de política estructural para abordar los factores de riesgo que incluyen el desarrollo o fortalecimiento de mecanismos nacionales y regionales para garantizar la buena gobernanza, los Derechos Humanos y el Estado de Derecho", ha mencionado Dieng. Entre estas opciones, el experto de la ONU ha destacado la creación de sistemas de alerta temprana, análisis y respuesta, la rendición de cuentas por "los crímenes del pasado" y medidas que ayuden a generar confianza entre las comunidades, amplíen la participación en el proceso de toma de decisiones y prevengan la proliferación de armas pequeñas o ligeras.

La reconciliación

Rachel Nicholson, investigadora de Amnistía Internacional (AI) para África Oriental, ha valorado, en declaraciones a Europa Press, que "construir unidad y trabajar en la reconciliación ha sido una gran prioridad en Ruanda desde el genocidio de 1994".

En materia de Justicia, se creó el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), el primero en dictar una sentencia por el crimen de genocidio; los tribunales nacionales ventilaron más de 10.000 casos y las cortes Gacaca, una tradición comunitaria recuperada 'ex profeso', casi dos millones. Actualmente, el país africano cuenta con una Cámara para Crímenes Internacionales que ha heredado este cometido. También se ha tipificado la "ideología genocida" para disuadir y castigar los discursos de odio, se ha prohibido hablar de tutsis y hutus como grupos enfrentados y la teoría del "doble genocidio", que pretende equiparar la masacre de tutsis con los crímenes del FPR contra los hutus. Además, el Gobierno de Paul Kagame ha promovido pueblos donde unos y otros conviven en armonía.

Como contrapartida, las ONG denuncian que Kagame, el máximo dirigente del FPR que acabó gobernando Ruanda, ha aprovechado para reducir la libertad de expresión de sus críticos. "Amnistía Internacional urge al Gobierno a dar pasos concretos para favorecer un clima en el que todos los ruandeses puedan expresar sus legítimas opiniones", ha reclamado Nicholson.

"Señales preocupantes"

"Es evidente que, colectivamente, estamos dando pasos en la buena dirección", ha estimado Dieng. Sin embargo, al mismo tiempo ha considerado que "debemos ser humildes y reconocer que, en lo que se refiere a intentar aprender las lecciones del pasado, hemos sido muy lentos para poner en marcha políticas eficaces de prevención". La prueba es que "se siguen cometiendo crímenes atroces en muchos lugares de todo el mundo, sin que haya un claro compromiso por parte de las autoridades relevantes para actuar a tiempo, cuando aparecen las primeras señales preocupantes".

Dieng ha precisado que "en estos momentos, desafortunadamente, hay señales preocupantes en varios países", apuntando a Siria y Birmania, por los crímenes de Estado Islámico y la persecución a roghingyas, respectivamente, o República Centroafricana, donde "desde 2013 la población sufre una violencia basada en cuestiones identitarias". Más recientemente, Malí se ha sumado a este grupo de países en ámbar. "La estigmatización de toda la comunidad fulani como terroristas" ha derivado en ataques en su contra por parte de los bambara y dogón que han dejado cientos de muertos y miles de desplazados. "Es urgente abordar y responder a esta situación si queremos prevenir una escalada de la violencia", ha instado.

Incluso Ruanda, a pesar de los kilómetros recorridos, "sigue siendo una fuerza desestabilizadora en la región", según ha contado a Europa Press Lewis Mudge, director de Human Rights Watch (HRW) para África Central, que se ha referido al apoyo al M23 en República Democrática del Congo y a "los continuos rumores" sobre su respaldo a otros grupos armados en Uganda y Burundi.

Responsabilidad de todos

El relator especial ha enfatizado que su papel "no es calificar una situación de genocidio -eso ya lo harán los tribunales-, sino enviar un mensaje de alerta", porque "la prevención de los crímenes atroces es una responsabilidad que recae sobre todos nosotros".

Se ha mostrado convencido de que evitar sucesos como los ocurridos en Ruanda hace un cuarto de siglo es imposible "sin una contribución activa de todo el mundo: los estados miembro (de la ONU), las organizaciones internacionales y regionales, la sociedad civil y los individuos". "Todos tenemos un rol que jugar. Todos y cada uno de nosotros podemos marcar la diferencia. Y, si realmente queremos que sea así, debemos someter a nuestras instituciones al mismo grado de escrutinio al que nos sometemos nosotros mismos. Podemos y debemos hacerlo mejor", ha sostenido.

Dieng, que ejerció de registrador del TPIR, ha advertido de que, hasta que no se priorice la prevención sobre la respuesta a estos crímenes internacionales, "me temo que seguiremos contando víctimas".

El secretario general de la ONU clama contra la intolerancia actual 

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha pedido a todos los líderes políticos, religiosos y de la sociedad civil que aprovechen la conmemoración de los 25 años del genocidio en Ruanda para rechazar cualquier discurso de odio y discriminación dentro de sus propias fronteras. "Es una afrenta a nuestros valores, que amenaza a los derechos humanos, la estabilidad social y la paz. Les pido trabajen enérgicamente para enfrentarse a ellos y mitiguen las causas fundamentales que socavan la cohesión social y crean condiciones para el odio y la intolerancia", ha manifestado Guterres.

"Este aniversario es una oportunidad para honrar a quienes fueron asesinados y reflexionar sobre el sufrimiento y la resistencia de quienes sobrevivieron", ha añadido el secretario general, antes de que el país africano comience con los eventos de conmemoración de un episodio que se encuentra entre las grandes tragedias modernas.

Francia declara el 7 de abril día como día de conmemoración

El presidente francés, Emmanuel Macron, declarará a partir de ahora el 7 de abril como conmemoración anual en su país del genocidio de Ruanda, entre las críticas recibidas por haber declinado la invitación de las autoridades ruandesas a participar en el evento que tiene lugar este domingo en el país africano. "En este día que conmemora el 25 aniversario del genocidio de los tutsis en Ruanda, el Presidente de la República expresa su solidaridad con el pueblo ruandés y su compasión por las víctimas y sus familias. El Presidente de la República saluda el trabajo de memoria liderado por los supervivientes y desea que la fecha del 7 de abril sea ahora un día de conmemoración del genocidio", reza una breve nota del Elíseo.

El presidente francés ha decidido enviar a Ruanda como representante al diputado franco-ruandés Hervé Berville, dada la tensión existente con el Gobierno del país africano, que exige a Francia que asuma su responsabilidad, activa o pasiva, a la hora de facilitar la matanza. Al evento, además del presidente ruandés, Paul Kagame, acuden, entre otros, el primer ministro de Bélgica, Charles Michel; el presidente de Benin, Patrice Talon; el presidente de Djibouti, Ismail Omar Guelleh; el líder maliense Ibrahim Boubacar Keita; el presidente de Níger, Mahamadou Issoufou, o el presidente de Chad, Idriss Deby Itno. También se espera la presencia del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

Francia ha reconocido parte de su importancia en la situación que desembocó en el genocidio, pero ha rechazado las acusaciones más graves, como aquellas que la señalaron como responsable de entrenar a parte de las milicias que perpetraron la masacre.

Asimismo, Macron ha anunciado la apertura de una investigación para esclarecer exactamente el papel jugado por París; un grupo de ocho investigadores e historiadores que "tendrá la tarea de consultar todos los archivos de Francia relacionados con el genocidio para (...) analizar el papel de Francia durante ese período", según el Elíseo.

Más de 800.000 tutsis y hutus moderados murieron en los cien días transcurridos entre el 6 de abril de 1994, cuando el avión del presidente ruandés, Juvenal Habyarimana, fue derribado sobre Kigali sin dejar supervivientes, y el 4 de julio, cuando el Frente Patriótico Ruandés (FPR) tomó el control del país. La Justicia, en cambio, se ha hecho esperar décadas y aún hoy hay al menos tres grandes criminales a la fuga, según informa Europa Press.

El horror vivido en Ruanda en esos tres meses de 1994 dio lugar a que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas creara el 8 de noviembre de ese mismo año el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) con el mandato de "procesar a las personas responsables del genocidio y de otras graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario" cometidas en la nación africana.

Era la segunda vez que el Consejo de Seguridad hacía uso de los amplios poderes que le otorga la Carta de la ONU para crear cortes ad hoc de alcance internacional. Ya lo había hecho el 25 de mayo de 1993 para no dejar impunes los crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia, los peores vividos en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El único precedente eran los procesos de Nuremberg y Tokio.

En sus 20 años de historia (1995-2015), el TPIR imputó a 93 personas, de las cuales 62 fueron condenadas –incluidos el primer ministro interino de Ruanda en esa época, Jean Kambanda; el ministro de Defensa, Théoneste Bagosora; y el jefe de las Fuerzas Armadas, Augustin Bizimungu–, 14 fueron absueltas, diez fueron remitidas a tribunales nacionales, dos murieron antes de ser juzgadas, dos fueron desimputadas y tres permanecen prófugas.

El TPIR se enfrentó al enorme reto de ser el primer tribunal en interpretar el crimen de genocidio definido en la Convención de 1948, siendo uno de los más difíciles de juzgar porque no basta con acreditar la masacre sino que es necesario probar "la intención de destruir totalmente o en parte un grupo nacional, étnico, racial o religioso". A pesar de la complejidad jurídica, se adentró de lleno y alumbró algunos hitos judiciales.

Sentencias icónicas

Basándose en el único precedente de la condena a Julius Streicher en Nuremberg por llamar al exterminio de los judíos en el semanario alemán Der Sturmer, juzgó a Jean Bosco Barayagwiza y Ferdinand Nahimana, fundadores de la Radio Televisión Libre de las Mil Colinas (RTLM), y a Hassan Ngeze, fundador del periódico Kangura, por "incitar directa y públicamente" a la matanza de tutsis.

Los acusados trataron de ampararse en la libertad de expresión, si bien el TPIR aclaró que nada tiene que ver con "difundir mensajes de odio o incitar a actos atroces contra otros". El daño, argumentó, se causó no tanto por las palabras como por la realidad adulterada que dibujaban con "estereotipos étnicos" en los que describían a los tutsis como "cucarachas" que acaparaban "todo el dinero".

El TPIR destacó el papel de la emisora ruandesa, apodada Radio Machete, en el alzamiento popular que se produjo el 7 de abril. La RTLM atribuyó el derribo del avión presidencial a un ataque del FPR –integrado por tutsis exiliados– y las fuerzas de paz de la ONU y llamó a acabar con "las cucarachas". Horas después, la primera ministra, Agathe Uwilingiyimana, y los diez cascos azules belgas que la protegían eran asesinados.

La corte de Arusha también fue pionera al establecer que la violencia sexual constituye un acto de genocidio en la medida en que, tal y como ocurrió en Ruanda, donde más de 250.000 niñas y mujeres tutsis fueron violadas, es utilizada con la intención de erradicar a un grupo determinado.

Marceline tenía 17 años cuando comenzó la carnicería. Los interahamwe, una milicia hutu, llegaron a su barrio el 9 de abril. "Fui la única que quedó viva", dice en declaraciones a la fundación de supervivientes SURF. Fue entregada a un hombre que "hizo todo lo que quiso" con ella. "Decidí suicidarme en una letrina", relata. Finalmente, consiguió huir y fue encontrada y auxiliada por el FPR.

Soluciones "creativas"

El TPIR ventiló los casos más importantes pero no era suficiente para procesar a las 120.000 personas que en los años siguientes al genocidio fueron detenidas por su presunta implicación. Adama Dieng, el relator especial de Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio, que fue el registrador del TPIR, reconoce a Europa Press que no pudo ser exhaustivo.

Así, el sistema judicial de Ruanda, que sufrió una gran reforma para alcanzar los estándares internacionales, se ocupó de los acusados de planear el genocidio y de cometer atrocidades, entre ellas la violación. En la primera década había juzgado 10.000 sospechosos.

Los casos seguían acumulándose y el Gobierno de Paul Kagame decidió recuperar las cortes Gacaca para juzgar todos los crímenes, excepto el de planear el genocidio. En este sistema de justicia tradicional cada comunidad establece su tribunal seleccionando los jueces entre los vecinos. En diez años (2002-2012), resolvieron casi dos millones de causas.

Las cortes Gacaca han sido criticadas como mecanismo de administración de justicia porque se basaban en las confesiones premiadas de los acusados, que recibieron penas menores, como trabajos comunitarios, para favorecer la reconciliación nacional en un país absolutamente dividido.

Hubo muchos "juicios injustos mancillados por la intimidación, la corrupción y los errores en la toma de decisiones", denuncia Lewis Mudge, director de Human Rights Watch (HRW) para África Central, a Europa Press. "No cumplieron los estándares internacionales", afirma, Rachel Nicholson, investigadora de Amnistía Internacional para África Oriental.

Dieng, en cambio, aplaude la "creatividad" del Gobierno de Ruanda por resucitar las cortes Gacaca. "Lidiar con la astronómica cifra de sospechosos" a través de la justicia ordinaria "habría llevado más de un siglo", subraya el relator especial de la ONU.

"Se ha hecho justicia"

"También abogué por que las instituciones judiciales nacionales en todo el mundo llevaran ante la Justicia a los sospechosos que vivían en su territorio", recuerda el jurista senegalés.

En un principio, los países optaron por juzgarlos en sus propios tribunales "bajo el principio de jurisdicción universal", apunta Nicholson. Por ejemplo, el matrimonio formado por Alain y Dafroza Gauthier ha sido clave para identificar a algunos de los cien genocidas ruandeses que calculan que se ocultan en Francia.

No fue hasta 2007, una vez que Ruanda abolió la pena de muerte y emprendió la segunda reforma de su sistema judicial, cuando los países empezaron a confiar en los tribunales ruandeses. Desde entonces, numerosos gobiernos africanos y europeos, principalmente Francia y Bélgica, así como Canadá, han extraditado a los sospechosos detenidos.

A pesar de todos estos esfuerzos, aún hay tareas pendientes. "Una frustración que tengo es la falta de respuesta de la comunidad internacional, específicamente del Consejo de Seguridad, para abordar la cuestión de la compensación y reparación a las víctimas", confiesa Dieng.

HRW reprocha además que las otras víctimas de la violencia vivida en esos tres meses, los decenas de miles de civiles que murieron a manos del FPR en su avance hacia Kigali, han sido olvidadas. "Estos crímenes no son equivalentes ni comparables al genocidio, pero constituyen crímenes de guerra y lesa humanidad y las víctimas y sus familias tienen derecho a que se haga Justicia", defiende Mudge.

Sin embargo, sostiene el experto de Naciones Unidas, "uno puede decir que a nivel global se ha hecho Justicia" por lo que "será recordado como uno de los más aberrantes hechos del siglo XXI: Ruandeses matando a ruandeses, diezmando brutalmente a la población tutsi".

Ha dudado mucho antes de hablar. ¿Es por el tiempo que ha pasado? ¿Por las horas interminables pensando en una cama de hospital tras un accidente de montaña? ¿Incluso por la inquietud por dejar a sus allegados los recuerdos de un hombre fiel a sus convicciones? En cualquier caso, es la primera vez que un alto oficial, el teniente general Jean Varret, hace un balance tan severo sobre la acción llevada a cabo por Francia en Ruanda desde octubre de 1990 hasta el genocidio de 1994.

El militar de 84 años relata para Mediapart y el grupo de investigación de Radio Francia los orígenes de un fiasco político y militar que, según él, podría haber sido evitado. Este fracaso es el último genocidio del siglo XX que, en cien días, causó un millón de muertos en Ruanda en la primavera de 1994. La décima parte de la población de un país del tamaño de Gran Bretaña en medio de la región de los Grandes Lagos. Desde hace ahora veinticinco años Francia se debate entre acusaciones de implicaciones múltiples con el régimen genocida antes, durante y después de las masacres en masa en las que la minoría tutsi fue la víctima principal.

Para el general Varret era una tragedia anunciada. Una parte del Ejército francés y la Presidencia de François Mitterrand fueron “cegados” por el ala extremista del régimen ruandés. Un cuarto de siglo después de los hechos, el militar habla de una “falta” cometida por la cúpula de las instituciones políticas y militares francesas que han “conducido a un genocidio”.

La primera advertencia tuvo lugar en noviembre de 1990, justo cuando él acababa de hacerse cargo de la Jefatura de la Misión Militar de Cooperación (MMC). El general Varret estaba en Kigali para hacer un balance con sus homólogos ruandeses que presentían lo que denominaban su “lista de la compra”. El régimen hutu se encontraba acorralado por la rebelión del Frente Patriótico Ruandés (FPR), llegado un mes antes a las puertas de la capital para tomar el poder. Aunque se sentían provisionalmente protegidos por dos compañías de paracaidistas enviadas por El Elíseo, los altos mandos de las Fuerzas Armadas Ruandesas (FAR), en el poder, eran conscientes de su debilidad.

El coronel Pierre-Celestin Rwagafilita, jefe  del Estado Mayor de la Gendarmería, pidió al general Varret los máximos medios: ametralladoras y morteros para el mantenimiento del orden. "¡Ni hablar!", dijo el oficial francés. “Ante mi negativa tajante, recuerda, el jefe de la Gendarmería dijo: 'Señores, pueden salir, me quedo con el general'. Entonces él me dijo: 'Estamos a solas, entre militares, vamos a hablar claramente… Le pido ese armamento porque voy a ayudar al Ejército a liquidar el problema. Y el problema es muy sencillo: los tutsis no son muchos y vamos a liquidarlos…”

Cuatro años antes del genocidio un oficial ruandés reveló en detalle las intenciones asesinas del régimen a su homólogo francés. Un mensaje que hay que tomar en serio porque Pierre-Celestin Rwagafilita es un hombre situado en el primer círculo del presidente ruandés en ejercicio, Juvenal Habyarimana.

De regreso a París, el general Varret rindió cuentas, sin ambigüedades, del riesgo que había para los civiles en apoyar un régimen obsesionado por la amenaza de una “quinta columna” tutsi. Sus informes fueron leídos en el Ministerio de Cooperación pero también en el de Defensa, del que dependía orgánicamente. Lo leyeron pero nadie le escuchaba, en particular los que “ocupan puestos clave”.

Jean Varret conocía personalmente a los jefes militares que rodeaban a François Mitterrand: el general Christian Quesnot, jefe del gabinete militar del presidente, y su adjunto el coronel Jean-Pierre Huchon, o el almirante Jacques Lanxade, jefe del Estado Mayor de la Defensa.

El oficial de caballería, salido de la Academia de Saint-Cyr, sabe que se enfrenta a una facción muy influyente en el Ejército de Tierra: el de la infantería de marina, siempre muy activa y presente en los teatros de operaciones en el exterior, especialmente en África. Sus compañeros de academia no han digerido nunca su nombramiento como jefe de la Misión Militar de Cooperación, que pensaba que era su coto de caza privado. Es más, ¿quien se atrevería, en este cenáculo, a ir contra la opinión del presidente de la República?

El general Jean Varret.

Las acusaciones de Jean Varret, muy graves, son totalmente rechazadas por el almirante Jacques Lanxade, a quien Mediapart ha entrevistado largo y tendido para esta investigación. Este marino fue muy cercano a François Mitterrand, con el que se codeaba en la cumbre del Estado, primero como jefe de su gabinete militar (1989-1991) y luego como Jefe del Estado Mayor de la Defensa.

Su desmentido se basa en el argumento de la elección política hecha por el presidente de la República desde el comienzo de la crisis, en octubre de 1990: “Nuestro papel era que eso [el genocidio] no ocurriera. Nosotros no queríamos la desestabilización de Ruanda. Hicimos pues tres cosas: una acción política sobre Habyarimana para que aceptara democratizar el país, lo que comenzó a hacer, y después negociamos y nos implicamos en los acuerdos de paz de Arusha, además de apoyar al Ejército regular de ese país para que el FPR no entrara y la desestabilización no apareciera”.

“Cuando aparecen informaciones como las del general Varret –dice el almirante Lanxade–, entonces se justifica nuestra presencia. Varret ha tenido sus razones para decir lo que ha dicho pero de ahí no puede extraerse que hemos sido imprudentes”. Por el contrario, para el ex jefe de los Ejércitos franceses, este mensaje refuerza la opción política del Jefe del Estado: “¿Qué podríamos haber hecho en aquel momento?”, añade el almirante. No íbamos a retirarnos. Estábamos allí justo para impedir lo que Varret pensaba que sería una posibilidad, por una cooperación técnica con la Gendarmería y con las FAR. Nuestra intervención trataba de evitar que el Gobierno cayera y empezara una guerra civil. ¿Qué deberíamos haber hecho? ¿Marcharnos? Eso hubiera significado la guerra civil inmediata”.

Poco a poco, en París, se van a configurar dos facciones alrededor del conflicto ruandés. Por un lado, las “palomas” tratan de dar la señal de alarma sobre los excesos de la política africana del Elíseo. Por otro lado, los “halcones” presionan, con cada ofensiva del FPR, hacia un refuerzo de la ayuda al Ejército ruandés, lo que tiene como efecto el endurecimiento del clan de los extremistas de la clase política ruandesa. Pierre Joxe, ministro de Defensa, fue uno de los primeros responsables políticos franceses en alertar a François Mitterrand de los peligros que implicaría apoyar demasiado firmemente al régimen del presidente Habyarimana.

En un informe para el presidente, de fecha 26 de febrero de 1995, Joxe puso en guardia al Elíseo: “Pienso que el único medio de presión algo fuerte que nos queda –intervención directa excluida– es la eventualidad de nuestro repliegue” . Su director de gabinete adjunto, Louis Gauthier, fue más preciso cuando le entrevistamos en 2014: “Pierre Joxe era muy reticente respecto al grupo africano del Elíseo y del general Quesnot. Existía un grupo paralelo con el que Joxe esperaba romper”. Él no sería seguido.

Fuertes desacuerdos en los servicios secretos

Cuando Francia se hallaba, tras las legislativas de marzo de 1993, en plena cohabitación entre un presidente socialista y un Gobierno de derechas (RPR), Matignon [la oficina del primer ministro] se convierte en la fortaleza de las “palomas”. Edouard Balladur, su inquilino, trata de limitar la intervención francesa sin conseguir el apoyo del Elíseo. El jefe de los Ejércitos sigue siendo el presidente de la República, incluso en los consejos de defensa restringidos donde se contrastan las posiciones más vivas.

La misma escisión se da en los Servicios de Inteligencia, donde una de las principales reformas deseadas por Pierre Joxe estaba basada, paradójicamente, en el reforzamiento del clan de los “halcones”. En base a las lecciones aprendidas sobre los fallos de la Guerra del Golfo en materia de inteligencia, el ministro de Defensa creó nuevas estructuras en 1992. El Mando de Operaciones Especiales (COS) apunta a agrupar bajo una misma entidad a las fuerzas especiales de todos los Ejércitos, mientras que la Dirección de Inteligencia Militar (DRM) debía ser los ojos y los oídos del Estado Mayor, también con un enfoque conjunto.

Puesto que la DRM elabora sus análisis con la red de tropas desplegadas en Ruanda, en el marco de la cooperación militar, va entonces a tener una visión cercana a la de los oficiales de la cooperación militar, que se unen a las tesis extremistas del régimen de Habyarimana. Es en este punto donde la Dirección General de Seguridad Exterior (DGSE) trata, en sus informes, de advertir del peligro de radicalización del conflicto.

El segundo aviso al general Varret tuvo lugar a principios de 1993. Esta época supone un giro en la política francesa, que a va a hundirse irremediablemente en una posición radical. Una vez más, la mecánica del genocidio sube de nivel. A primeros de enero, una comisión de investigación de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) reunió numerosas pruebas de las masacres étnicas cometidas los meses precedentes.

Cuando la comisión se fue serían perpetradas nuevas masacres por los extremistas del Hutu Power, ligados al partido del presidente Habyarimana, el MRND. Hubo 300 muertos en el norte del país. Como reacción, el 8 de febrero el FPR lanza una ofensiva hacia Ruhengeri y Byumba, dos feudos del presidente. Los rebeldes rompen las líneas contrarias y avanzan hasta llegar a 30 kilómetros de la capital. Un millón de refugiados se amontona alrededor de Kigali, atrapados entre los dos Ejércitos. Los franceses refuerzan su dispositivo y envían un nuevo destacamento del 1º RPIMa, mandado por el teniente coronel Didier Tauzin, para respaldar al Ejército ruandés. Todo un éxito: en quince días los marsopas detienen el avance de los rebeldes.

Es en este período en el que el general Varret va a ser desaprobado de nuevo: “Un día, en el parque de la Akagera, paso revista al Destacamento de Asistencia Militar y de Instrucción (DAMI) del 1º RPIMa, que estaba bajo mis órdenes, cuando me doy cuenta de que hacían intervenciones que yo no aprobaba, entre otras que habían estado en Uganda, tras las líneas enemigas, para tratar de conseguir información sobre el FPR”.  El acto era grave porque las tropas francesas tienen la prohibición absoluta de implicarse directamente en el conflicto. Una línea roja que no hay que sobrepasar. “Entonces me entero de eso –continúa Varret–, seguro de la información, y les echo una bronca. Regreso a París y tres días más tarde me encuentro con un mensaje que dice: 'Las unidades DAMI ya no están a sus órdenes'". Jean Varret no sabrá nunca de donde vino ese desaire.

“Me lo tomé como una desautorización”, analiza hoy. “Me puse en contacto hace poco por teléfono con el almirante Lanxade y le pregunté: '¿Por qué me retiraron del mando del DAMI?'. Su respuesta fue: 'Acabábamos de crear el COS y el 1º RPIMa pasaba a sus órdenes'. Puede ser, perfectamente, que esa falta de confianza se basara en el hecho de que el COD hubiera tomado el mando de las unidades, incluidas las presentes en Ruanda”. Ante la duda, Jean Varret prefiere quedarse con esta versión. Él ya sabía que sus días estaban contados.

Quien le comunicaría la mala noticia, unas semanas más tarde, en abril de 1995, sería Michel Roussin, el flamante ministro de Cooperación, chiraquiano, gendarme y miembro de la DGSE. Jean Varret no sería mantenido durante un año como jefe de la MMC, como deseaba. "El lobby militar –explica–, es una connivencia entre ciertos militares, que no son mayoritarios, pero que están en puestos clave: el Estado Mayor privado, la DRM, el Estado Mayor de la Defensa…  Este grupo, del que conozco a algunos elementos, presionaba para apartarme de mis responsabilidades".

¿Forzaron estos militares demasiado para implicar a Francia en Ruanda? “Yo pienso que sí. No la institución sino algunos militares de puestos clave han ido demasiado lejos porque no han querido tener en cuenta los riesgos de las políticas de apoyo a Habyarimana. De apoyo efectivo, es decir, que hubo forzosamente incumplimientos. La cooperación tenía por misión ayudar a formar y equipar, pero en absoluto combatir. Creo que ese lobby militar era más propenso a ayudar al combate”

Jean Varret sabe de lo que habla cuando se refiere a esta tensión en la cúpula del Estado. Salió de Saint-Cyr [escuela de oficiales de élite] en 1959, comenzó su carrera como oficial en Argelia con su boina roja de paracaidista y estuvo dos años en las montañas batallando contra los rebeldes del FLN. Rechazaba el uso de la tortura pero, por el contrario, no dudó mucho en pasarse al grupo de oficiales golpistas contra el general de Gaulle, en abril de 1961. “El golpe de Estado fue una estupidez, dice hoy. De esta experiencia he quedado convencido de que cuando un militar se mete en política se equivoca. Nosotros somos técnicos y no debemos utilizar nuestra técnica, que es muy particular –el derecho de la guerra– en provecho de los políticos. ¿Golpes de Estado?. Nunca más.”

Ahora bien, su relato sobre la política llevada a cabo por Francia en Ruanda tiene todo de un golpe de Estado interno, donde los militares se adelantaron a los políticos. ¿Por qué? La cuestión no para de plantearse. ¿Por qué Ruanda ha sido objeto de tal tenacidad política en el Elíseo? A esta pregunta, Jean Varret responde con evasivas: “Habría que estar en la cabeza del presidente y de los responsables de la época”.

En primera línea de estos “responsables” figura el secretario General del Elíseo. Hubert Védrine era la torre de control del Elíseo, el que filtraba los informes dirigidos al presidente. Para el general Varret, el ex alto funcionario debería dar explicaciones sobre los “errores políticos y los errores militares” cometidos. Hubert Védrine no ha respondido a las peticiones de entrevista con Mediapart.

Jean Varret no verá el fin de la historia. Cesado en su puesto en la primavera de 1993, rechazó una jubilación dorada que le propuso el Elíseo y dejó el Ejército. En perspectiva, fue una oportunidad porque no habría asumido jamás la obligación de ser solidario con el lobby militar en la crisis que estalló el 6 de abril de 1994, con el atentado contra el Falcon del presidente Habyarimana, derribado por dos misiles tierra-aire a su llegada a Kigali.

Sobre cómo calificar este fiasco político, el general de cuatro estrellas no lo duda: “Desgraciadamente –dice–, la historia ha probado que era una falta, más que un error, puesto que eso desembocó en un genocidio”. En toda lógica, estima que “algunos” tienen “una responsabilidad” ligada a esa “falta”. “Ha habido a pesar de todo una ceguera. Es decir, que ningún civil o militar habría deseado el genocidio. Ninguno. Sin embargo, algunos no tomaron en serio el riesgo”.

Cuando se desencadenó el genocidio este “riesgo” fue tan subestimado que el primer gesto del Ejército tricolor, el 9 de abril de 1994, consistió en aterrizar con un avión Transal en plena noche repleto de armas destinadas a las FAR, cuando se trataba –oficial y únicamente– de evacuar a los ciudadanos europeos del atolladero ruandés.

El doble juego continúa, como si el genocidio no hubiera comenzado.

  David Servenay, que está escribiendo aquí su primer artículo para Mediapart, es un periodista independiente. Trabajó durante varios años para Radio France Internationale (RFI), Rue89 y La Revue dessinée. También colabora con el diario Le Monde. David es uno de los mejores especialistas franceses en el genocidio en Ruanda, a quien ha dedicado dos libros publicados por La Découverte: Au nom de la France (con Benoît Collombat) y Une guerre noire, enquête sur les origines du génocide rwandais 1959-1994 (con Gabriel Périès).

Precisión: En una primera versión de este artículo se indicaba que Jean Varret era un general de división. Su función exacta era la de general del cuerpo de Ejército.

  Traducción de Miguel López

Puedes leer el artículo completo en francés aquí:  

La Cámara Baja del Parlamento de Ruada contará con un 67,5 por ciento de mujeres entre sus integrantes en virtud del resultado de las elecciones celebradas en el país esta semana, según los resultados recogidos por el diario 'The New Times'.

La Constitución ruandesa estipula que 24 de los 80 escaños que componen la Cámara Baja están reservados para mujeres, que además pueden conseguir escaños por la vía de las listas electorales de sus partidos en el voto directo. Así, tras las últimas elecciones, 54 de los escaños estarán ocupados por mujeres, según el diario.

Con esta cifra, Ruanda seguirá a la cabeza como el país con mayor número de mujeres parlamentarias. En la anterior legislatura, las mujeres representaban el 64 por ciento, con 51 escaños.

Según los datos de ONU Mujeres, en los años 1990, durante los que se produjo en genocidio, las mujeres suponían el 18 por ciento de las parlamentarias, una cifra que pasó al 56 por ciento tras las elecciones de 2008 y subió hasta el 64 por ciento en las de 2013. En comparación, la media a nivel mundial era del 23,8 por ciento a fecha del pasado junio.

En cuanto al resultado propiamente dicho de las elecciones, el partido gobernante RPF del presidente, Paul Kagame, ha sido como se esperaba la fuerza más votada. Así, según los datos provisionales desvelados el martes por la Comisión Nacional Electoral le atribuyen un total de 40 escaños, tras obtener el 74 por ciento de los votos en la votación directa.

Del total de 40 escaños que ha obtenido la coalición que lidera el RFP, 24 estarán ocupados por mujeres. Por su parte, el Partido Social Demócrata (PSD) y el Partido Liberal (PL) contribuirán con dos parlamentarias cada uno.

La antigua presidenta de la Cámara de Diputados Donatille Mukabalisa ha celebrado el aumento del número de mujeres parlamentarias. "Es bueno que sigamos viendo un incremento de las mujeres en la cámara; eso significa que estamos promoviendo el desarrollo para las mujeres", ha resaltado en declaraciones a 'The New Times'. "Esto significa que nos desarrollaremos más", ha añadido.

Según la comisión electoral, la tasa de participación en estas elecciones ha sido del 93 por ciento de los 7,2 millones de ruandeses llamados a las urnas.

El Gobierno de Ruanda tildó de "inadecuada" la disculpa emitida recientemente por obispos de la Iglesia Católica del país por el genocidio de 1994, resaltando que "dada la escala de los crímenes, estaría justificada una disculpa de Vaticano".

El domingo, obispos católicos de Ruanda publicaron una carta de disculpa por el papel de miembros de la Iglesia en la planificación y ejecución del genocidio, que se saldó con 800.000 muertos.Los tribunales de Ruanda y el tribunal especial de Naciones Unidas juzgaron a numerosos sacerdotes por su papel durante las matanzas.

Por ello, el Gobierno ruandés dijo que "apunta la reciente iniciativa de nueve obispos católicos de disculparse, de forma general, por algunos de los actos cometidos por miembros de la Iglesia durante el genocidio".

"Este paso es bienvenido, como expresión individual de remordimiento. Sin embargo, es profundamente inadecuado y sólo sirve para recalcar lo lejos que está la Iglesia de reconocer total y honestamente sus responsabilidades morales y legales", añadió.

En este sentido, argumentó que "al disculparse en nombre de unos pocos individuos, los obispos parecen dar el paso de exonerar a la Iglesia Católica en su conjunto", según informó el diario ruandés KTPress y recoge Europa Press.

Por ello, recalcó "la importancia de combatir la ideología del genocidio", asegurando que "continuará participando en un diálogo franco y abierto con líderes de la Iglesia para que haga frente a su pasado sin excusas ni miedo".

El genocidio

El 6 de abril de 1994 el avión en que viajaba el presidente de Ruanda Juvénal Habyarimana (miembro de la mayoría hutu) fue derribado por un misil. El incidente fue el inicio de un genocidio en el que murieron más de 800.000 personas, la mayoría de ellas miembros de la minoría tutsi y hutus moderados.

La masacre se extendió durante cien días ante la retirada del país de la misión de Naciones Unidas (UNAMIR), que retiró del país a la mayoría de efectivos después de que diez cascos azules belgas fueran asesinados el 7 de abril.

Ante la desprotección internacional, las matanzas se cobraron en tres meses la vida de al menos 800.000 personas, en su mayoría asesinados con machetes y otras armas blancas. En este mismo periodo se cometieron entre 250.000 y 500.000 violaciones, según la ONU.

(Los diarios infoLibre, Público.es, eldiario.es y ElPlural.com publican conjuntamente este artículo y este vídeo con motivo del primer aniversario de la reforma de la jurisdicción universal). infoLibre

“La soberanía nacional reside en el pueblo español”, lo dice nuestra Constitución. También señala que de éste, del pueblo, emanan todos los poderes del Estado. Resulta que la jurisdicción, entendida como facultad o potestad de juzgar, es una de las expresiones de la soberanía nacional. Por eso cuando esta se limita lo tiene que ser por razones de imperiosa necesidad y además precisa de un amplio consenso entre los representantes del pueblo, y requiere de una transparente explicación.

En 1985 se aprobó una ley por la que se ampliaba el ámbito de la jurisdicción española a base del principio de persecución universal para determinados delitos de extraordinaria gravedad (crímenes de genocidio, guerra, contra la humanidad y delitos referidos al núcleo duro de la delincuencia organizada transnacional como el terrorismo y el narcotráfico) porque, tal como dice la jurisprudencia española, era necesario su reconocimiento “para la protección de bienes esenciales para la humanidad, reconocidos por todas las naciones civilizadas, con independencia de la nacionalidad de los partícipes y del lugar de comisión, en cuanto, en esencia, atiende al conocimiento de los delitos propiamente internacionales”.

Fue, precisamente, esa ley la que permitió que se iniciaran en nuestro país los procedimientos penales para investigar crímenes de genocidio, torturas, lesa humanidad y de guerra en defensa de miles de víctimas y contra quienes desde el poder habían violentado la confianza de sus ciudadanos y habían quebrantando el mandato constitucional de protegerlos en sus países de origen. Crímenes masivos perpetrados por los represores argentinos y chilenos durante la dictadura de las Juntas Militares y Pinochet, respectivamente; crímenes impunes por las leyes de perdón y obediencia debida que habían dejado miles de hombres y mujeres desaparecidos, muertos, torturados sin medida, niños robados y decenas de miles de exiliados con la aquiescencia de países como Estados Unidos de Norteamérica, bajo el mantos de la doctrina de la llamada “seguridad nacional” propagada por la Escuela de las Américas.

Fueron las decisiones de jueces comprometidos y valientes los que en 1998 decidieron que la jurisdicción española no podía permanecer silente ante tanto atropello e indiferencia; fueron momentos en los que el Tribunal Constitucional dio la talla al acoger el principio de jurisdicción universal puro, como mecanismo imprescindible para luchar contra la impunidad y ofrecer una protección integral a las víctimas.

Los llamados “juicios de Madrid” impactaron al mundo del derecho y de los derechos humanos. Por fin, la Justicia escribía su historia con letras mayúsculas, por encima de intereses políticos, diplomáticos y económicos. El Poder Judicial se elevó al nivel constitucional que tiene encomendado, enfrentándose al poder arbitrario y criminal de quienes masacraron a miles de víctimas. Estas, encontraron en la justicia la reparación tantas veces negada por las instituciones. Parecía que la civilización se imponía frente a la barbarie. Esta situación se extendió y prendió en muchos países y, sobre todo, transmitió un contundente mensaje frente a quienes no ponían más límite que el de su voluntad en el ejercicio de la violencia y el poder.

También, y al amparo de esa jurisdicción universal,  España persiguió a miles de narcotraficantes y terroristas, contribuyendo a una efectiva cooperación judicial para evitar los espacios de impunidad que con tanta facilidad se dibujaban y aun se confeccionen para proteger a quienes perpetraban, financiaban o se aprovechaban de este tipo de crímenes masivos.

Pero el camino iniciado en la segunda mitad de los noventa, se anduvo con dificultad, pero superando los obstáculos y las trampas de quienes no querían ni deseaban su consolidación. Para ellos, este principio y la interpretación progresiva que se le daba, era un auténtico “riesgo”, como lo eran quienes lo aplicaban. El “riesgo” de inestabilidad política era proclamado con argumentos tan pueriles como falsos. Bajo la excusa de la territorialidad y la soberanía nacional, se escondían puros intereses económicos y políticos. Nuevamente, se trataba de proteger a los más poderosos abandonando a las víctimas a su suerte. Afortunadamente, el esfuerzo realizado había prendido en varios países, de ahí que el primer golpe de mano dado arteramente a la Jurisdicción Universal en España, no produjera los resultados que esperaban quienes lo propiciaran.

En el año 2009 y fruto del acuerdo de los dos principales partidos políticos, PSOE y PP, por razones no explicadas pero por todos conocidas y relacionadas con algunos casos especialmente llamativos de crímenes presuntamente cometidos por militares israelíes en Gaza y las torturas imputables a altas autoridades estadounidenses en el centro de detención de Guantánamo, se cercenó el ejercicio de esa jurisdicción al exigir una conexión nacional o vínculo de España con el hecho perseguido. No obstante, al existir una posibilidad de interpretación proactiva y en beneficio de la investigación, muchas víctimas siguieron mirando a España con esperanza y muchos de los mandatarios sospechosos de actos criminales lo hacían con temor.

El abandono del liderazgo español en la aplicación de la Jurisdicción Universal, se consumó abruptamente, después de que las autoridades chinas pusieran en cuestión a los jueces españoles por emitir órdenes de detención internacionales contra altas autoridades chinas, supuestamente relacionadas con el genocidio tibetano, investigado por la Audiencia nacional. El 13 de marzo de 2014, a propuesta del Partido Popular y siguiendo un procedimiento “exprés” de tramitación, que evitaba informes que en otro caso se hubieran precisado, el partido en el Gobierno impuso su mayoría absoluta, como lo hiciera en 2003 para entrar en la ilegal guerra de Irak, y consumó legalmente el “crimen” contra toda la ciudadanía española y contra todas las víctimas de los peores crímenes diseñados por la mente humana, que a partir del día siguiente gozarán con altas probabilidades de impunidad. La doctrina que la justicia española impartió y extendió durante 15 años en todo el mundo y que ha sido seguida por otros sistemas legales y judiciales, quedó pulverizada, consumando con ello la inverosímil decisión del Tribunal Supremo que dos años antes había sepultado definitivamente toda posibilidad judicial de investigación, sanción y reparación de los crímenes franquistas.

La orden de archivo de todos los procedimientos de justicia universal, recogida en su disposición adicional, invadía claramente competencias exclusivas de los jueces. No obstante, algunos de ellos se rebelaron y apelaron a la interpretación propositiva de los convenios internacionales vinculantes para España y a la doctrina constitucional vigente desde 2005 y mantuvieron abiertos los procedimientos, consiguiendo que la debacle no fuera absoluta. No obstante, de nuevo el Tribunal Supremo, poco proclive, desde siempre, al ejercicio real de la jurisdicción universal, la restringió en lo referido a los crímenes de genocidio, lesa humanidad y de guerra, y amparando al legislador, dio una interpretación favorable a la jurisdicción española en los casos de narcotráfico, después de que varios jueces de la Audiencia Nacional pusieran en libertad a múltiples imputados que claramente resultaban impunes con la nueva ley. De nuevo, la discriminación en detrimento de los más débiles y en beneficio de unas instituciones (legislativas y ejecutiva) que no estuvieron a la altura para proteger a las víctimas, se unió a la torpeza de quienes por razones poco éticas, emplearon un mecanismo que generó más dificultades que beneficios. Inercia a la que no escaparía el terrorismo y el combate de las organizaciones internacionales que lo practican. La nueva ley, se desentiende de miles de víctimas que buscaban justicia y ha cedido espacios a la impunidad.

El Tribunal Supremo, ha puesto “de manifiesto lo confuso de tal regulación, lo que ha originado que las líneas interpretativas en esta materia, tan sensible en el ámbito internacional, no se hayan producido con la deseable claridad” (STS 23-7-2014).

Y, en este contexto, ¿qué ha pasado con los casos abiertos por crímenes contra la humanidad en la Audiencia Nacional? ¿Cuál es el balance tras un año de desesperanza?

En el caso del genocidio de Ruanda, que se había iniciado para investigar el asesinato de nueve ciudadanos españoles que se encontraban desplegando su actividad como misioneros y cooperantes, el objeto de la investigación hacía también referencia al “exterminio de forma sistemática y jerarquizada de cerca de 4.000.000 seres humanos, tanto personas refugiadas hutus ruandeses como población civil congolesa, en su mayoría hutus. En aplicación de la nueva normativa y tras avatares jurídicos se acordó el archivo definitivo respecto de todos los procesados por los delitos de genocidio, lesa humanidad y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado.

En el caso de El Salvador, el procedimiento, que se había iniciado para investigar el asesinato de los sacerdotes jesuitas de origen español y salvadoreños a manos de miembros del ejercito salvadoreño con la motivación política de que se trataba de defensores de los derechos humanos, se encuentra paralizado para saber si se cumple o no con esa nueva norma.

En el caso de Guatemala, hubo más de 250.000 víctimas y muchas de ellas, antes de morir, fueron objeto de graves torturas. De ellas, más de 45.000 siguen desaparecidas. Cerca de un millón y medio de desplazados internos y unos 150.000 que buscaron refugio en México, también fueron torturados. Unas 430 aldeas fueron borradas del mapa y se han contabilizado unas 667 masacres. El 93% fue perpetrado por agentes del Estado guatemalteco. El 83% de las víctimas eran mayas, el 17% ladinos. En su conjunto, pese al tiempo transcurrido, tales hechos no han sido investigados por las autoridades guatemaltecas, hallándose paralizado el juicio contra el general Ríos Mont, que ejerce una evidente coacción a la justicia. El procedimiento en España se encuentra parado a la espera de conocer aspectos procesales que quizá nunca lleguen.

En el caso de Carmelo Soria, los hechos que se investigaban se referían al asesinato en 1976 de Carmelo Soria, de nacionalidad española, que trabajaba como personal diplomático para las Naciones Unidas en el CEPAL (Comisión Económica para América Latina), a manos de miembros de la D.I.N.A. de Chile, algunos de ellos integrantes de la Brigada Mulchen. Los hechos fueron considerados como un delito de genocidio, un delito de asesinato y un delito de detención ilegal. Actualmente, el procedimiento se halla archivado y pendiente de que surja alguna cuestión procesal que pueda otorgar la competencia para poder concluir la investigación que estaba en su fase final.

En el caso del Sahara, la querella se presentó denunciando la represión ejercitada desde el año 1975 hasta el año 1990 por el Ejército y Policía marroquíes contra el pueblo saharaui en el territorio del Sahara Occidental. Desde la ocupación por Marruecos del Sahara Occidental, hasta 1991 (fecha del alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario), se produjeron, de una manera generalizada por parte de las fuerzas militares y policiales marroquíes, bombardeos contra campamentos de población civil, desplazamientos forzados de población civil, asesinatos, detenciones y desapariciones de personas de origen saharaui y en base precisamente a dicho origen. Además de las detenciones, se produjeron encarcelamientos prolongados sin juicio y torturas a personas saharauis por parte de funcionarios militares y policiales marroquíes en diversos centros de detención ubicados tanto en territorio del Sahara Occidental como en Marruecos. En este caso, a partir de la consideración del Sahara como territorio español de iure, aunque no de facto, y que sigue siendo la potencia administradora, y como tal, hasta que finalice el periodo de la descolonización tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas, se puede continuar la investigación.

En relación al caso de Guantánamo, se ha preguntado a las autoridades estadounidenses si en aquel país se sigue algún procedimiento. El caso está paralizado, a pesar de que una de las víctimas de torturas sistemáticas es española

En el caso Couso, se sigue el procedimiento contra tres militares norteamericanos supuestamente responsables de la muerte del cámara José Couso: el teniente coronel Philip de Camp, el capitán Philip Wolford y el sargento Thomas Gibson, al ordenar y disparar el cañón de 120 mm del vehículo tanque Abrams M1 contra la planta 15 del Hotel Palestina de Bagdad, ocupado por la prensa internacional que cubría la invasión de Irak por las fuerzas internacionales. A consecuencia del impacto, el periodista español José Couso Permuy fue alcanzado por la metralla falleciendo varias horas después en el hospital Ibn Nafis. También falleció el reportero de la agencia Reuters Taras Protsyuk y resultaron heridos otros tres periodistas: Samia Najl, Paul Pasquale y Faleh Kheiber. De momento se ha permitido la continuación del procedimiento hasta que la Audiencia Nacional decida si España es competente para investigar los hechos.

En el caso del Tíbet, los hechos se referían a los crímenes cometidos como consecuencia de la dominación de la República Popular de China en el Tíbet y su ocupación militar, entre el período comprendido entre 1950 y 1979. Como consecuencia de la ocupación y de la imposición de la ideología comunista (transformación comunista de una sociedad eminentemente entregada a la fe budista), se produjeron hechos constatados por la Comisión Internacional de Juristas tales como la pretensión de destruir el grupo budista existente en el Tíbet a fin de eliminar la práctica de su religión, empleando métodos como dar muerte a sus dirigentes más representativos, en especial los lamas. La campaña comunista en el Tíbet tuvo efectos devastadores según el Comité Preparatorio de la Región Autónoma de Tíbet, que refleja la amenaza a la existencia del pueblo tibetano y al budismo, denunciando que miles de tibetanos murieron por la campaña ideológica de la supresión de la rebelión tibetana desde 1959. Desde la ocupación del país por la República Popular China y hasta el año 1979 se sucedieron los crímenes genocidas, asesinatos, muertes ocasionadas por la práctica sistemática de la tortura en prisión y centros de detención, purgas o sesiones públicas de degradación, crímenes desapariciones forzosas, ejecuciones arbitrarias y otros crímenes de lesa humanidad; continuándose produciendo estos hechos en los años sucesivos a 1979. A consecuencia de la nueva ley, el procedimiento es archivado definitivamente. Los representantes de las víctimas han recurrido esa decisión.

En el caso de Mauthausen, se investigaban los graves hechos criminales constitutivos de delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad, cometidos en los campos de concentración de Mauthausen, Sachsenhausen y Flossenburg bajo el régimen nazi. En dichos campos prestaron servicios como guardias armados pertenecientes a las SS Totenkopf, dos de los individuos identificados serían residentes en Estados Unidos. Se acordó el sobreseimiento y archivo de la causa al faltar los presupuestos para el ejercicio de la jurisdicción por nuestros Tribunales previstos en la nueva regulación del art. 23.4 LOPJ.

El caso Falun Gong también ha corrido la misma suerte. Se trataba de investigar la actuación de los mandatarios chinos decididos a erradicar a los practicantes de Falun Gong. Se trata de una práctica centenaria basada en las libres creencias espirituales muy popularizada. Se creó por el Gobierno chino una oficina de control para erradicarlos con el pretexto de su orientación política subversiva y contraria a los principios del régimen comunista. Para ello no se duda en someter a torturas a sus practicantes para acabar con ella. La consecuencia de ello son doscientos muertos tras torturas, pérdida de empleo al que no renuncia, internamiento en campos de trabajos forzados; y se culmina con el asesinato de unas tres mil personas. Después de años aportando testimonios y pruebas sobre tales terribles y atroces hechos, el 15 de Julio del 2014 del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó el archivo del procedimiento por falta de jurisdicción sobrevenida tras la reforma operada por la ley orgánica 1/2014.

En el caso de los vuelos de la CIA, se investigaban las posibles detenciones ilegales cometidas en nuestro país en esos vuelos. Se trataría de las detenciones al margen de cualquier ordenamiento legal efectuadas por agentes estadounidenses de la CIA y los traslados a centros de detención y las escalas de los vuelos en territorio nacional. En fecha 3 de septiembre del 2014 se acordó el sobreseimiento y archivo de las actuaciones y la causa se encuentra pendiente de recurso de casación.

Mientras tanto, la justicia federal argentina nos ofrece una lección muy dura para España. Ante la renuncia a investigar los crímenes franquistas y el desamparo de mas de 150.000 víctimas, se abrió en 2011 procedimiento en averiguación de los autores de esos crímenes y se han emitido diversas órdenes de detención que España ha rechazado. No obstante, y siguiendo las guías marcadas por los organismos de Naciones Unidas que señalan la impunidad española, el procedimiento continúa y en algún momento podrá quizás acontecer lo que sucedió con los represores argentinos, en su momento

Los espacios de impunidad en España se han ampliado sin saber bien a cambio de qué; pero el combate contra los mismos sigue, una vez más, de la mano de las victimas que siguen mostrándonos el camino con la dignidad que les falta a quienes deberían defenderlas.

Este esfuerzo de verdad, que ningún otro país llevó a cabo de una manera tan profunda, permitió restituir toda la complejidad de los factores que condujeron a la tragedia de 1994. La misión parlamentaria concluyó que "Francia no apreció en su justo valor la deriva política del régimen ruandés" pero que "Francia fue también el país más activo para tratar de prevenir la tragedia de 1994 y el único que tomó la iniciativa de movilizar a la comunidad internacional para ayudar a las víctimas del genocidio".