El expresidente del Gobierno José María Aznar ha concentrado este miércoles todas las miradas tras protagonizar una entrevista emitida por la Cadena Ser, en la que ha analizado asuntos como el conflicto territorial en Cataluña o la presunta financiación irregular de su partido. El conservador también ha hecho balance de algunos de los acontecimientos más relevantes en la política de los últimos años, especialmente durante su mandato al frente del Ejecutivo. En este contexto entra en juego el Pacto del Tinell, acuerdo alcanzado en diciembre de 2003 entre el PSC, ERC e ICV-EUiA con el objetivo de acceder a la Generalitat de Cataluña mediante un gobierno tripartito. Tinell ha sido ahora calificado por Aznar como un pacto hecho por "el PSOE y la izquierda" que "significaba un pacto con ETA y el pacto con ETA significaba que se excluía a la mitad de España de la posibilidad de gobernar España". La banda terrorista, sin embargo, nada tiene que ver con el acuerdo alcanzado entonces en Cataluña, de modo que la afirmación del expresidente es falsa.

Las elecciones autonómicas que se celebraron en suelo catalán el 16 de noviembre de 2003 resultaron en una victoria de Convergència i Unió (CiU) que, aunque sí había ganado en número de escaños, no logró ser la lista más votada. Los socialistas catalanes superaron a los nacionalistas en porcentaje de voto con escasas décimas de diferencia: un 31,16% para el PSC frente al 30,94% de CiU. Ninguna de las formaciones que concurrieron en los comicios obtuvo mayoría absoluta, de modo que ninguna se encontraba con la posibilidad de gobernar en solitario. En este escenario, el PSC, con 42 escaños, optó por sumar fuerzas con los 23 asientos de ERC y los nueve de ICV. La llave del acuerdo estuvo en todo momento en manos de ERC, que se debatía entre formar gobierno con CiU o hacerlo con la izquierda. La decisión final se plasmó en un acuerdo, el del Tinell, entre Pasqual Maragall por el PSC, Josep-Lluís Carod-Rovira por ERC y Joan Saura por ICV, siendo el primero el president del Govern catalán después de tomar posesión en diciembre del mismo año.

Los firmantes se comprometían a rechazar todo acuerdo de gobernabilidad con el PP, tanto en la Generalitat como en el Estado, y además acordaban retirar las medidas "contrarias a la plurinacionalidad, pluriculturalidad y plurilingüismo" con el fin de impulsar "un nuevo marco que las reconozca". Fijaban, por otro lado, que la acción del Govern se basaría en la corresponsabilidad, de modo que las decisiones serían asumidas de manera "compartida, unitaria y global". Finalmente, aseguraban mediante el pacto que todos los acuerdos adoptados por el Parlament o el Govern recibirían "el apoyo explícito de sus representantes en el resto de instituciones si son objeto de votación o debate" y además cualquier consenso sería "vinculante para todos sus miembros en las negociaciones con las otras administraciones".

Las palabras de José María Aznar afirmando que el acuerdo "significaba un pacto con ETA" no se ajustan por tanto a los términos del Tinell. ETA ni fue un actor del acuerdo, ni se pactó nada en relación con el terrorismo. Fue el acuerdo de gobernabilidad que permitió que en Cataluña gobernase un dirigente socialista por primera vez desde la recuperación de la democracia.

¿Entonces por qué establece esa relación Aznar? El 3 y 4 de enero de 2004, el conseller en cap de la Generalitat, Josep-Lluís Carod-Rovira, se entrevistó en Perpiñán, sur de Francia, con miembros de la organización terrorista, lo que provocó su dimisión a finales de enero. Poco después, en febrero de 2004, ETA anunció el fin de sus "acciones armadas" en Cataluña por el "empuje importante de las fuerzas independentistas" y por la "concienciación sobre el derecho a la autodeterminación" durante los últimos años. Carod-Rovira, que negó haber firmado pacto alguno con el grupo terrorista, se presentó tras ello a las elecciones generales de marzo, obteniendo la mayor victoria para los republicanos catalanes hasta el momento. Diez años después de aquello, en 2014, el catalán señaló: "Hoy hace 10 años. Me cambió la vida, pero la violencia ha dejado de existir e interferir en el independentismo. Se tenía que hacer. Valió la pena".

Caixabank se muda a Valencia y Gas Natural a Madrid. Continúa el goteo de empresas que anuncian su marcha de Cataluña ante una posible declaración de independencia. Mientras el Gobierno de Mariano Rajoy aprueba con urgencia un decreto para facilitarles el traslado, el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, quita hierro a las salidas porque serán “temporales” y “a los Países Catalanes, no a Madrid”, y el diputado de la CUP Carles Riera pide a los catalanes que dejen de ser clientes de las empresas que abandonen la comunidad autónoma.

“Los bancos se van porque necesitan seguir teniendo acceso a las líneas de liquidez del Banco Central Europeo (BCE)”, explica Xavier Cuadras Morató, profesor de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, “y algunas de las empresas, como Gas Natural o Abertis, por su dependencia del Boletín Oficial del Estado”. Para Rosella Nicolini, profesora de Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona, las empresas buscan protegerse de la incertidumbre, del “vacío legal” que temen acompañará a la independencia catalana.

Pero ambos coinciden en descartar que la decisión de abandonar Cataluña tenga motivos políticos o suponga una declaración de afinidad política. “Sólo en el caso, por ejemplo, de Freixenet, cuyo presidente, José Luis Bonet, se ha manifestado repetidamente a favor de la permanencia de Cataluña en España, puedo pensar que su marcha obedezca a razones políticas”, aclara Xavier Cuadras, que es autor junto con Modest Guinjoan y Miquel Puig del libro Con Austria o Dinamarca (La Cataluña posible).

Rosella Nicolini recuerda además que el cambio de domicilio social es una práctica “normal” y “frecuente” en las empresas de la Unión Europea. “Van a donde les resulte fiscalmente más conveniente”, añade. Como la italiana Fiat, que en 2014 dejó Turín para trasladar su sede social a Amsterdam y la fiscal a Londres. A su juicio, la prioridad de los gestores empresariales siempre es maximizar el beneficio y repartir los mayores dividendos a sus accionistas, y para ello toman las decisiones que consideran oportunas. “Independientemente de su postura política personal”, apunta Cuadras Morató.

La diferencia entre esos cambios de sede social habituales en Europa y los que se están sucediendo ahora en Cataluña estriba, en cualquier caso, en el contexto político de estos últimos. Seat, precisa Nicolini, no se irá porque “su marco legal está claro, al tener su matriz en Alemania”, pero otras empresas necesitan “asegurarse el marco donde van a actuar”, por lo que han abandonado un territorio del que se desconoce si va a continuar en la zona euro.

Volverán

Aun así, Xavier Cuadras está convencido de que los traslados de sede son decisiones “reversibles en cualquier momento”, debido a su bajo coste. También cree que el ruido generado por estas decisiones tiene mucho de “postureo político”. Pero muy poco efecto en la economía real catalana. Según dice, no se notarán ni en el empleo, ni en la recaudación del IVA o el impuesto de sociedades. “Cuando vea que Seat desinvierte en Cataluña, empezaré a preocuparme”, avanza. Las fábricas de las empresas o los servicios centrales de los bancos continuarán físicamente donde están, indica Rosella Nicolini. Eso sí, pasarán a tributar en la comunidad donde decidan ubicarse, por lo que pagarán fuera de Cataluña distintos impuestos autonómicos –y municipales– y tendrán acceso a diferentes tipos y cuantías de incentivos o subvenciones. “No creo que el hecho de que Bankia tenga su domicilio social en Valencia perjudique a la economía de la Comunidad de Madrid”, resume el profesor de la Pompeu Fabra.

Sí piensa que el decreto del Gobierno para agilizar el cambio de sede es una “medida coercitiva, de presión” que no va a servir, sin embargo, para “desmovilizar el voto independentista”. En cambio, supone la declaración de una “guerra económica”, que no a va a ser bien recibida por los catalanes, resalta. Y que tendrá su coste de imagen para las propias empresas. “Sabadell, Caixabank o Gas Natural tendrán que contrarrestarlo”Sabadell, dando explicaciones a sus clientes. Para Cuadras Morató, el traslado es una decisión a la que se han visto “forzadas estas compañías ante la incertidumbre jurídica y la pérdida de valor de sus acciones en Bolsa”. “Han hecho sus cálculos de beneficios y pérdidas, y han concluido que era menor el coste de imagen y de clientes si sacrificaban el mercado catalán en lugar del español”, asegura. Pero se muestra convencido de que, cuando “esté claro lo que va a pasar y cambie el marco político”, tanto si se produce la independencia como si no, las empresas volverán.

Crisis empresarial

Pese a todo, Rosella Nicolini y Xavier Cuadras coinciden también en augurar que la crisis empresarial esta vez será mucho mayor que la ocasionada en 2005 por el boicot a los productos catalanes tras unas declaraciones de Josep-Lluís Carod Rovira sobre la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos.

Entonces, el boicot, que afectó sobre todo al cava catalán, estuvo muy “territorializado” –Madrid, Valencia y Andalucía– y su efecto fue casi nulo, destaca Cuadras Morató. “Además, los boicots se superan al cabo de un tiempo y no es tan fácil sustituir bienes intermedios, que constituyen la mayor parte de los intercambios comerciales entre Cataluña y España”, explica. Porque una decisión de consumo es “emocional”, pero dejar de adquirir productos necesarios para procesos productivos “por cuestiones estrictamente políticas… es mucho más complicado”. “El boicot también tiene un coste para el boicoteador”, concluye.

El secretario general de la patronal catalana de pequeñas y  medianas empresas (Pimec), Antoni Cañete, dice que existe “cierta inquietud en las empresas”. “Pero tampoco podemos decir que haya una fuerte preocupación por modificar la sede social de nuestras empresas”, matiza. David Garrofé, secretario general de otra asociación de pymes, Cecot, niega haber recibido consultas de empresas para cambiar su sede social. En su opinión, “las sedes sociales se pueden cambiar en 24 horas, no debe originar alarmas ni grandes debates”. La gran patronal catalana, Foment del Treball, ha convocado al comité ejecutivo a una reunión extraordinaria este lunes.

El exvicepresidente de la Generalitat catalana, Josep Lluis Carod Rovira, aseguró este viernes que él denunció en su día lo del "tres por ciento", en alusión al supuesto porcentaje con el que se gravaban las obras públicas en forma de comisiones para financiar CiU, y "alguien muy importante" de Convergencia le dijo que era "el cinco por ciento".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Carod Rovira aseguró que, con todo "su afecto" a Maragall, el primero que habló "del tres por ciento" en el Parlament fue él. "Unos años antes, yo hablé del tres por ciento, lo que pasa es que, por aquel entonces, ERC éramos cuatro y el gato, éramos muy pocos diputados, y nuestro peso en la sociedad catalana y en el Parlamento era más bien modesto", apuntó.

No obstante, señaló que recuerda algo que "le tocó muy directamente" y es que, cuando él denunció lo del porcentaje del tres por ciento, "unos años antes de lo que hiciera el presidente Maragall, al terminar la sesión" parlamentaria, "alguien muy importante" de CiU se acercó a él y le dijo: "Esto que has dicho es mentira, es una injuria, una infamia y esto no es cierto. No es el tres por ciento, que yo sepa es el cinco por ciento".

"Yo me quedé atónito porque lo que más me sorprendió fue la impunidad con la que se trataban estos temas. Entonces, uno se veía como un grano de arena en un desierto inmenso, como una pequeña hormiguita en un zoológico y sin medios para poder investigar ni hacer nada", añadió.

A su juicio, "esto no es solo el final político de Pujol", sino que supone "el final de la transición política española en Cataluña, el final de unos políticos incuestionables, de unos métodos utilizados a partir de mayorías absolutas que son absolutamente intocables, que confunden mayoría absoluta con impunidad absoluta, que indentifican el país y las instituciones con un partido, con una persona, con una familia, etc".

Pero, a su entender, esto va más allá, porque "se ha ido al garete el perfil de los partidos políticos de la transición, es decir, unos objetivos políticos mediocres y poco ambiciosos". "Y lo que viene de regeneración e higiene democrática es positivo", apuntó.

"Un mazazo"

Carod Rovira aseguró que el caso Jordi Pujol ha sido "un mazazo en medio de la cabeza", porque a todo el mundo le habían llegado los rumores sobre posibles "actividades irregulares, ilícitas y delictivas" de su entorno familiar y pensaban que la actitud del expresident era "mirar hacia otro lado", porque "no había ningún dato concreto".

A su juicio, esto fue "más un golpe moral que político" y destacó que Pujol "se había hecho familiar en todas partes" de la comunidad catalana y casi formaba parte "del paisaje de Cataluña". Además, recordó que "hacía gala públicamente de sus convicciones religiosas, y daba lecciones de ética y moral".

Asimismo, señaló que antes se le llamaba, con connotación positiva, "el Pujol poliédrico (con muchas caras)", algo que en este momento se hace realidad de otra forma, porque parece que "hay un aspecto" de él "que nadie conocía". También recordó que, si esto se sabía antes, se ocultó mientras el expresident "no cuestionaba la integridad territorial" del Estado español.

Claro que, Pilar Rahola no se quedó callada.

El resto fue una serie de descalificaciones e insultos al que se sumaron tuiteros partidarios de uno y otra.

Pese a todo, Terstch no se dio por vencido y siguió...

...y siguió...

...y siguió.

Incluso, muchas horas después, cuando otro tuitero le preguntó su opinión sobre la destrucción de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas, Terstch volvió a echar mano del insulto.