Elección tras elección, en Europa se habla de un mismo tema: el empleo. Ya sea por la creciente precariedad, ya sea por la ausencia de un futuro más prometedor, la agenda laboral está en lo más alto de las preocupaciones políticas europeas. Así ocurrió en las elecciones francesas y en el referéndum del Brexit, volvió a suceder en Alemania. Puede que la precariedad laboral no sea la causa principal, pero desempeña un papel en la Europa que se enfrenta al populismo. Y se ha ganado el protagonismo en las calles francesas, donde la reforma laboral de Macron choca con el rechazo de parte del electorado que le eligió.

El problema es tan grave como parece. La UE atraviesa por su mejor momento económico de la última década. Desde 2012 se han creado 5,5 millones de empleos. Pero cuatro de cada cinco de ellos, según revela Eurostat –la oficina estadística de la UE– son temporales o a tiempo parcial. Y, sobre todo, están mal pagados. Del lado de los trabajadores afectados, las estadísticas también son claras: dos tercios preferirían tener un puesto fijo y a tiempo completo, según revela el más reciente informe de la UE sobre el mercado laboral.

Las instituciones que hace unos pocos años defendían “reformas estructurales” de la legislación laboral están ahora preocupadas por los efectos de la precarización. El BCE, la Comisión Europea y el FMI, la antigua troika, han cambiado su discurso: la troika de 2017 critica a la troika de 2011.

Casi la mitad de los empleados con menos de 25 años tienen contratos temporales. En España son más del 70%. “Es un gran problema”, dice Marianne Thyssen, comisaria de la UE para el Empleo y Asuntos Sociales. La comisaria recibe a Investigate Europe en su despacho, en el edificio Berlaymont de Bruselas. En el mismo piso se encuentra Valdis Dombrovski, el letón que dirige el debate económico en torno al euro. Históricamente, estos dos ejes han tratado los asuntos laborales de manera muy diferente. Hoy, la comisaria Thyssen parece tener mayor autonomía. A lo largo de más de una hora de conversación, la democristiana belga no se solidariza ni por una vez con la política seguida en el pasado por la comisión que encabezaba José Manuel Durão Barroso. “No se me puede hacer responsable de una política que no es mía”, aclara.

Para Thyssen, la prioridad no es eliminar la protección de las leyes laborales, sino la precarización, que “impide a los jóvenes dejar la casa de sus padres: con contratos precarios, no pueden comprarse una casa o tomar decisiones para su futuro, y eso debilita a toda la economía”, advierte la comisaria belga. “Cuanto más precarios son los empleos, menos productiva es la economía”, afirma Thyssen.

Y no es la única. Investigate Europe se citó en Francia con Olivier Blanchard. “Todas esas formas de trabajo inseguras son extremadamente caras –tanto para los afectados como para el conjunto de la sociedad”, asegura el profesor emérito del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), quien también fue economista jefe del FMI entre 2008 y 2015.

Pero, ¿por qué razón ha alcanzado estos niveles la inseguridad en el trabajo? ¿Y qué debe ocurrir para frenar la tendencia?

El comisario que precedió a Thyssen al frente de la cartera de Empleo, el húngaro Laszlo Andor, también es claro al hacer su balance. La promesa de que vendrían mejores empleos y habría menos “segmentación” entre precarios y fijos si las leyes laborales se flexibilizaban es, “en general”, una política que “no funciona”. Para Andor, que es economista, también “hay poca relación, si es que hay alguna” entre una menor protección laboral y el deseado crecimiento económico. Es decir, según Andor, el objetivo de las políticas económicas de Durão Barroso y Olli Rehn estaba desviado. Y falló.

En Lisboa, Investigate Europe entrevistó al autor de la primera gran reforma laboral de los últimos años en Portugal, el Código de Trabajo de 2003. “No pienso lo mismo que pensaba entonces. La relación entre la desregulación de los mercados de trabajo y el crecimiento económico es un error. No existe tal relación”, explica António Bagão Félix.

El exministro de Trabajo en el primer Gobierno de Durão Barroso sigue pensando que “un cierto nivel de desregulación puede ser positivo”, pero el punto que quiere dejar claro es otro: “Tiene que haber un límite. Traspasar el límite es un riesgo porque acabamos deshumanizando el mercado de trabajo. La lógica tras la desregulación considera el mercado de trabajo como un factor negativo, un productor natural de desempleo. Y ésa es una idea superada, de los años 70 y 80. Tenía sentido en una época que ya no estamos viviendo”.

Una nueva agenda

Pero la gran desregulación laboral acabó por llegar después de 2010. A medida que la crisis financiera llevó a muchos países de la UE a la recesión y disparó la deuda y el desempleo, las reformas laborales se convirtieron en prioritarias para la Comisión Europea en la época liderada por Durão Barroso.

A Olivier Blanchard, que entonces dirigía la investigación económica del FMI, le pareció extraño… “Las reformas estructurales no fueron un gran tema hasta 2009”, recuerda. Pero, de repente, se convirtieron en “un eslogan” que se escuchaba en todas las conferencias o discursos. “Existía esa visión de que, con unos sindicatos debilitados y más flexibilidad salarial, la salida de la crisis sería más rápida y eso se expuso como un credo religioso”, recuerda Blanchard. Y, claro, “los ministros de Finanzas y los bancos centrales pasaron así la carga a otros”, ironiza.

El responsable de Economía en la Comisión, el finlandés Olli Rehn, pidió a los países afectados por la crisis formas de flexibilizar los salarios y “más incentivos para que los desempleados encuentren trabajo”. Al mismo tiempo, el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, presionaba a los gobiernos de España e Italia. Para recuperar su credibilidad, debían “reformar el sistema de negociación colectiva y aprobar convenios de empresa, a fin de adaptar los salarios y las condiciones de trabajo a sus requisitos específicos”, escribió en una carta al Gobierno de Roma. El presidente del BCE también exigió a España “medidas para rebajar los salarios en el sector privado” y contratos de trabajo “con menores indemnizaciones de despido”.

Los responsables de la Dirección General de Economía y Finanzas, que dependía de Olli Rehn, elaboraron entonces un “informe sobre el desarrollo del mercado de trabajo” donde explicaban exactamente qué reformas son “favorables al empleo”. Según el documento, de 2012, esas reformas debían “aumentar la duración máxima de los contratos temporales y el número máximo de renovaciones” y “disminuir la cobertura de la negociación colectiva o la extensión de los acuerdos colectivos”. Una de estas reglas es casi una definición ideológica. La Dirección General buscaba “una reducción global del poder de negociación de salarios por parte de los sindicatos”.

Esta agenda fue particularmente evidente en los países afectados por la crisis, como Portugal, Grecia y Rumanía. Los funcionarios de la troika designada por la Comisión Europea, el FMI y el BCE usaron estas reglas, en nombre de los acreedores, para hacer cambios radicales en las leyes laborales.

Los “memorandos de entendimiento” estipulaban que, a partir de entonces, deberían reducirse las prestaciones por desempleo. Dificultaron los acuerdos colectivos que habían sido la norma hasta entonces. Las nuevas leyes “dieron a los empleadores el poder de tomar decisiones unilaterales”, como la “transformación de contratos a tiempo completo en contratos de trabajo no estandarizados”, relatan los investigadores de la Universidad de Manchester en un estudio sobre Grecia que, irónicamente, fue financiado por la Comisión Europea. Según el estudio, muchos contratos fijos fueron transformados en contratos de trabajo temporales.

La bolsa de subempleo en España

En España, 9,95 millones de personas pueden considerarse como mano de obra infrautilizada, el 41,9% de la población activa, porque están en paro, padecen subempleo o tienen un trabajo precario. Según un estudio de los profesores de la Universidad Pablo de Olavide José Ignacio García Pérez, Manuel Hidalgo y David Troncoso Ponce, a los 4,48 millones de desempleados contabilizados en la Encuesta de Población Activa (EPA) al cierre de 2016, hay que añadir 2,81 millones de trabajadores temporales involuntarios, 1,73 millones a tiempo parcial también involuntario, así como 374.367 desanimados –no buscan trabajo porque creen que no lo van a encontrar– y otros 552.989 que buscan trabajo pero no están disponibles en el corto plazo. Toda esta bolsa de empleo precario suma en España la cifra de 5,47 millones de asalariados. Y no ha dejado de crecer desde 2012, cuando ascendía a 4,99 millones, impulsada por el aumento de los trabajadores a tiempo parcial involuntarios. Desde 2007 hay un millón más, espoleados por la crisis y por las medidas para impulsarlos que incluyó la reforma laboral. Otro tanto ha ocurrido con los desanimados, que se han duplicado desde 2007.

España lidera el ránking europeo de trabajadores a tiempo parcial involuntarios, que ha pasado del 30% en 2008 al 60% actual. También el de trabajadores con empleos temporales indeseados. Según Eurostat, el 91,4% ha firmado estos contratos porque no pudieron encontrar un puesto indefinido. A España sólo la supera Chipre, con el 92,2%. En Francia, el empleo temporal involuntario es del 61,7%; en Holanda, del 48,2%. No es de extrañar la cifra española si se tiene en cuenta que la tasa de temporalidad nacional es la más alta de Europa –26,1%– tras la polaca.

De hecho, más del 90% de los contratos que se registran cada mes en las oficinas de empleo españolas son temporales, una constante que no ha cambiado ni con la crisis ni con la reforma laboral, en principio pensada para acabar con la dualidad, la división del mercado de trabajo entre empleos indefinidos y estables, por un lado, y empleos temporales y precarios, por otro. A esa fragilidad del contrato temporal utilizado de forma abusiva, se le ha sumado ahora la del trabajo a tiempo parcial, que ha pasado del 11,7% a finales de 2006 al 15,3% a finales de 2016 y, como admite el Banco de España en un informe del pasado junio, se ha “convertido en permanente en el mercado laboral español”.

El caso portugués

Hasta 2008, cerca del 45% de los contratos de los trabajadores portugueses se basaban en convenios colectivos estatales. Seis años después, ese número es de apenas el 5%.

Según el Libro Verde sobre las Relaciones Laborales, publicado en 2016, en Portugal el 22,6% de los contratos de trabajo son temporales –muy por encima de los 14% de la media europea–. Para los jóvenes portugueses con menos de 25 años, los contratos temporales son la regla: el 67,5% –la media de la UE es del 45%–. Desde que el empleo crece, desde 2014, los contratos temporales crecen mucho más que los fijos.

De acuerdo con los datos del Fondo de Compensación del Trabajo (FCT, que paga a los trabajadores hasta el 50% de la indemnización por despido), apenas uno de cada cinco nuevos contratos de trabajo en Portugal es fijo. La misma proporción se aplica a los contratos más breves: uno de cada cinco dura menos de 60 días.

“Hemos podido desmentir la idea tantas veces expuesta de que Portugal seguía teniendo un mercado de trabajo demasiado rígido y que el aumento de la productividad tenía que pasar necesariamente por la flexibilización de las leyes laborales”, afirmó el primer ministro portugués, António Costa, en la conferencia El futuro del trabajo.

El ministro de Trabajo, José António Vieira da Silva, por su parte, relaciona los cambios en la regulación laboral con el crecimiento de la precariedad: “Entre 2011 y 2015, asistimos a un fuerte proceso de desregulación y, principalmente, de individualización de las relaciones laborales en Portugal, en detrimento del Diálogo Social, de la negociación colectiva y de las relaciones laborales equilibradas, con un aumento significativo del espacio social de la llamada precariedad”.

En Rumanía, la crisis fue el pretexto para aprobar una ley que permitió a las empresas transformar contratos a tiempo completo en contratos a tiempo parcial. Al mismo tiempo, el Gobierno abolió la negociación colectiva. El sistema vigente hasta entonces, aplicado al 90% de los funcionarios “fue prácticamente destruido”, detalla Petru Dandea, secretario general de la Confederación Sindical Rumana. Como consecuencia, los salarios cayeron un 40%. “Nos pagan como si fuéramos un país de personas no cualificadas”, protesta el sindicalista.

La Comisión Europea lo sabía. Cuando el nuevo Gobierno rumano anunció en 2012 que iba a facilitar la negociación colectiva, los funcionarios del comisario Rehn vetaron el cambio. “Instamos vivamente a las autoridades a garantizar que los convenios colectivos estatales no contengan elementos relacionados con los salarios y/o a no revertir los progresos alcanzados con el Código de Trabajo aprobado en mayo de 2011”, escribieron a Bucarest. El Gobierno rumano reculó.

En Portugal, la Comisión Europea colaboró activamente con el Gobierno. Lo demuestra el trabajo de la politóloga belga Catherine Moury. Un ministro del Gobierno de Pedro Passos Coelho aseguró a la investigadora, bajo la condición de anonimato, que en el cambio de las leyes laborales la contribución de la troika fue importante: “A veces es difícil tener la fuerza política para hacer ciertas cosas y la troika ayuda a justificarlas. Por ejemplo, ciertas medidas, como la reducción de las indemnizaciones por despido, son muy difíciles de discutir con los agentes sociales y, por eso, es útil contar con la presión de la troika para aplicarlas. Nosotros, en el Gobierno, decidimos que era necesario hacerlo, pero reconocemos las dificultades políticas”. Este testimonio es citado en el artículo de Moury Portugal, el buen alumno de la troika.

Sin embargo, la intervención de Olli Rehn y de los funcionarios de la Dirección General de Economía y Finanzas en materias laborales tan específicas puede violar el artículo 153 del Tratado de la UE, según el cual los órganos comunitarios no pueden intervenir en materia de remuneraciones”.

Rerregulación laboral

Olli Rehn, que hoy dirige el Banco Central de Finlandia,  rechazó todas las solicitudes de entrevista enviadas por Investigate Europe. El ministro de Finanzas de Holanda, Jeroen Dijsselbloem, que como presidente de la eurozona supervisó el desarrollo de las reformas estructurales en Grecia y en Portugal, tampoco aceptó ser entrevistado.

Aparentemente, pues, nadie defiende ya la política seguida en la última década. “La regulación del mercado de trabajo no tiene efectos estadísticamente significativos sobre la productividad”, confirmó el FMI en su informe anual de 2015. Los economistas de la OCDE admitieron el año pasado que, sólo siendo muy optimistas, existe “un impacto positivo limitado en los niveles de empleo” generados gracias a la desregulación laboral. Pero esa afirmación es tan válida como decir que no tiene ningún impacto, asume el mismo informe de la OCDE. Un estudio publicado en mayo por el Instituto Europeo de Sindicatos (ETUI), el grupo de reflexión de los sindicatos de la UE, examinó esta cuestión en ocho países, incluyendo España, Polonia y Alemania. Los datos revelan “un resultado muy claro”, dice Martin Myant, economista jefe del ETUI. No hay “ninguna prueba empírica de que la desregulación aumentara el empleo o lo redujera”. El ETUI demostró que a las reformas les “acompañó un aumento del empleo precario, sobre todo en los países donde hubo una desregulación laboral particularmente enérgica”, asegura Myant.

El presidente del BCE, Mario Draghi, que exhortó a España e Italia a adoptar restricciones salariales y debilitar el poder de negociación de los sindicatos, duda ahora. Porque la economía crece, pero los salarios no acompañan a ese crecimientolos salarios no acompañan a ese crecimiento. Lo que provoca un impasse económico del que Draghi alertó en un discurso histórico, por su contenido, el pasado 27 de junio: “El comportamiento salarial y de precios en el área del euro cambió durante la crisis”, afirmó Draghi. “Las reformas estructurales que aumentaron el número de convenios de empresa pueden haber tirado hacia debajo de los salarios más flexibles, pero no necesariamente hacia arriba”, criticó el presidente del BCE en Sintra (Portugal), en el discurso que abrió el Foro de los Bancos Centrales.

“La opinión económica tarda mucho en adaptarse a realidades diferentes”, advierte el exministro Bagão Félix. “Ahora sabemos que la innovación es uno de los principales motores de la productividad. Pero también que una excesiva desregulación laboral puede ser perjudicial para la productividad por introducir un factor injusto de asimetría social”. La crítica del exministro de Durão Barroso es clara: “La troika fue demasiado lejos en ese punto”.

“Los empleos precarios no deben convertirse en la norma”, es la opinión de Marianne Thyssen, que quiere marcar la diferencia en el discurso oficial europeo. Un instrumento posible contra el aumento de la precariedad, avanza, puede ser subir las cotizaciones a la Seguridad Social a los empresarios que firmen contratos temporales. Ésa es también una de las propuestas del Gobierno portugués. El empleo es, muy probablemente, el asunto que más influyó para que los partidos de la izquierda portuguesa firmaran su primer pacto de la historia. Y la “rerregulación” laboral puede ser el gran tema, de consenso o de fractura, entre el Partido Socialista, el Partido Comunista de Portugal y el Bloco de Esquerda, de la segunda mitad de la legislatura. -------------------------

Con la colaboración de Crina Boros, Elisa Simantke, Ingeborg Eliassen, Leila Miñano, Nikolas Leontopoulos, Maria Maggiore e Wojciech Ciesla.Todos ellos forman parte del proyecto ‘Investigate Europe’, un equipo de periodistas que investiga temas relevantes para Europa y comparte los resultados. Puedes conocer más sobre este proyecto en la página www.investigate-europe.eu. Crina Boros, Elisa Simantke, Ingeborg Eliassen, Leila Miñano, Nikolas Leontopoulos, Maria Maggiore e Wojciech Ciesla.

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El Partido Socialista de Portugal en el Gobierno se ha impuesto en las elecciones municipales celebradas este domingo, lo que ha elevado el porcentaje nacional de votos del partido y ha supuesto un fuerte respaldo para el primer ministro, Antonio Costa, ha informado Europa Press. "El Partido Socialista ha conseguido el mejor resultado de su historia", ha asegurado Costa.

Los socialistas se han hecho, así, con el mayor número de ayuntamientos de su historia, lo que ha significado un triunfo para el primer ministro y actual secretario general de los socialistas, que llegó al poder hace dos años junto a los comunistas de extrema izquierda y al partido Bloque de Izquierda (BE).

Desde su llegada al poder, Costa ha construido una economía cada vez más sólida en Portugal, tras la crisis financiera que sufrió el país entre 2011 y 2014. Muchas de las políticas de austeridad del Gobierno anterior han sido modificadas mediante una bajada de impuestos sobre los salarios más bajos para que los portugueses cuenten con más renta disponible. Además, los socialistas han reducido el déficit presupuestario a través de una moderación del gasto público.

El partido socialista ha ganado con un 39 por ciento de los votos, cifra que queda por encima del 32,4 por ciento conseguido en las elecciones nacionales de 2015, mientras que los socialdemócratas obtuvieron un 28 por ciento de votos el domingo.

El partido de Costa ha obtenido 158 ayuntamientos, mientras que los socialdemócratas, que se presentaron con sus aliados de derechas del Centro Democrático Social-Partido Popular (CDS-PP) en algunos ayuntamientos, han ganado unos 100.

Los socialistas formaron una coalición de Gobierno en 2015 con los comunistas y el Bloque de Izquierdas, rompiendo con la tradición política de Portugal, y utilizaron la mayoría parlamentaria para expulsar a los socialdemócratas, que en esa ocasión habían sido la lista más botada. Los expertos adviertieron de que el Gobierno podría sufrir inestabilidad a causa de la diversidad de políticas que existen con los dos partidos de corriente izquierdista.

Sin embargo, los resultados a nivel nacional que se conocieron el domingo muestran que ambos, tanto los comunistas como el Bloque de Izquierda, han sufrido una pérdida de votos, situación que ha permitido a los socialistas conseguir una mayoría sin depender de otros partidos.

La pobreza de estos resultados para los socialdemócratas podría empujar al líder del partido, Pedro Passos Coelho, a dimitir de su cargo. Passos ha asegurado que "reflexionará cuidadosamente" si presentarse o no como candidato a líder del partido a principios del próximo año.

Los portugueses están llamados de nuevo este domingo a las urnas para elegir quién será el presidente de la República durante los próximos cinco años, en un momento clave en términos políticos que, salvo sorpresas, situará de nuevo a un conservador al frente de la Jefatura de Estado, informa Europa Press.

El actual presidente, Anibal Cavaco Silva, pone fin a diez años de mandato que le han dado especial protagonismo en su parte final, a raíz de una inestabilidad política y económica que ha incluido un rescate financiero y un abrupto cambio en el signo político del Gobierno, ahora en manos de la izquierda.

Cavaco Silva, aupado por los grupos conservadores, ha intensificado en los últimos meses sus llamamientos al consenso y a la estabilidad, una consigna a la que previsiblemente tendrá que seguir agarrándose su sucesor. La figura del presidente es vista en Portugal como un mediador en caso de conflicto político.

Marcelo Rebelo de Sousa, un antiguo líder del Partido Social Demócrata (PSD) reconvertido en analista político, figura como favorito. La mayoría de las encuestas le conceden una intención de voto superior al 50 por ciento, lo que evitaría la segunda vuelta en un escenario donde el socialista António Sampaio da Nóvoa figura 'a priori' sin opciones.

Poder presidencial

El futuro presidente deberá coexistir con un Gobierno de izquierdas liderado por el Partido Socialista (PS) y respaldado por comunistas y Bloque de Izquierda. Este Ejecutivo llegó al poder en noviembre de 2015 tras tumbar en el Parlamento a la coalición que encabezaba Pedro Passos Coelho, del PSD.

El Gobierno socialista tiene ante sí el reto de demostrar que es capaz de mantenerse a pesar de sus delicadas alianzas, si bien la oposición ha aireado su temor a que no termine la legislatura. A partir del 4 de abril, seis meses después de las últimas elecciones, los portugueses podrían ser convocados de nuevo a las urnas.

El presidente tiene el poder de cesar al primer ministro, una situación límite que pocos se atreven a pronosticar, habida cuenta de la polémica que ya generó el papel de Cavaco Silva durante el convulso escenario postelectoral.

Principios de los años ochenta del siglo pasado. La lista de Antonio Costa –que entró en las Juventudes Socialistas con catorce años– perdió las elecciones de la asociación académica de la facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa. Pero él, presidente saliente, rechazó dejar las oficinas del colectivo y acabó siendo expulsado por las fuerzas del orden. Este incidente volvió a la memoria de los testigos de la época cuando, después de la severa derrota del Partido Socialista en las legislativas portuguesas del pasado cuatro de octubre, el mismo Antonio Costa se sacó del sombrero una improbable alianza de izquierdas para imponerse como primer ministro.

Mal perdedor pero, sobre todo, tenaz. O teso, el calificativo que los medios portugueses han asociado a la personalidad del antiguo alcalde de Lisboa. Y también a su Gobierno socialista en minoría, que lleva las riendas del país con el inédito apoyo parlamentario del Bloco de Esquerda y del Partido Comunista, su "enemigo íntimo" en los últimos cuarenta años. La palabra teso tiene un doble sentido, pues puede ser traducida por "duro" y por "estar sin blanca". La realidad es que el Gobierno de Costa tendrá que intentar cumplir sus promesas electorales negociando con sus nuevos aliados y sin poder poner en duda los compromisos presupuestarios con la Unión Europea.

Pero Antonio Costa no sólo es tenaz. También es un hábil negociador formado en la escuela profesional de la política contemporánea en Europa, una mezcla de saber hacer y un mucho de saber arreglárselas, donde las convicciones se aderezan con un indispensable "pragmatismo". Antonio Luis Santos da Costa es un político que ha bebido la política con biberón. Su padre, originario de Goa –la antigua capital del imperio portugués en el sur de Asia– es el escritor neorrealista Orlando da Costa, militante del PCP entre 1954 y hasta su muerte, en 2006. Fue encarcelado en varias ocasiones por la PIDE, la policía política de la dictadura salazarista. Su madre es María Antonia Palla, una periodista muy ligada a la izquierda.

La vida política de Antonio Costa se confunde con la historia de la joven democracia portuguesa. Participó en su primera campaña electoral nacional en abril de 1975 para las elecciones de la Asamblea constituyente, apenas un año después de la revolución de los claveles que echó abajo el régimen de Salazar-Caetano. Desde entonces no se ha perdido ninguna. Tras sus estudios secundarios, siguió la vía tradicional que conduce a la política profesional en Portugal: estudios de derecho y una formación de abogado. En los últimos 40 años esta profesión ha dominado escandalosamente la representación parlamentaria portuguesa. Incluso a menudo se considera que en los grandes bufetes lisboetas, donde confluyen redes y política, están los verdaderos amos del país.

Así ocurrió también en el caso de Antonio Costa, que no dejó la toga hasta mediados de los noventa, después de haber sido elegido en la asamblea municipal de Lisboa y miembro de la dirección del Partido Socialista. No obstante, es en las salas de reuniones y los pasillos de los principales partidos donde se juegan los destinos políticos, el Rato en el caso del Partido Socialista (un magnífico palacio ubicado en el centro de Lisboa, "requisado" y después adquirido en condiciones bastantes oscuras después de la revolución de abril de 1974).

Mismo perfil 

Tanto en la derecha como en la izquierda, la generación que tomó el poder después de los "históricos" descendientes de la resistencia a la dictadura, presenta el mismo perfil: un inicio de carrera en las jotas (las organizaciones de jóvenes) y después una ascensión rápida de la mano de un mentor, consagrada después por un mandato parlamentario y una resiliencia más o menos grande a las guerras internas que desgarran el aparato de los partidos, especialmente el del PS portugués.

Llegar a la cima –es decir, al puesto de secretario general– es el grial que da acceso, si los electores colaboran, a las más altas funciones del Estado, primer ministro y/o presidente de la República. Así ocurrió con Mario Soares, evidentemente, pero también con Antonio Guterres, con Jorge Sampaio y finalmente con José Sócrates. En un campo u otro, Antonio Costa ha participado en todas estas luchas sectarias desde su entrada en la política. Entre los que no recibieron el apoyo de las urnas está Vítor Constancio, actual número dos del BCE después de haber ejercido una tutela calamitosa sobre el sistema financiero; o Ferro Rodigues, apparatchik grisáceo que Costa ha colocado al frente de la Asamblea de la República (el Parlamento).

José Sócrates, el "animal feroz" al que la justicia portuguesa ha mantenido encarcelado durante once meses acusado de corrupción, fraude fiscal y blanqueamiento de capitales, se impuso por descarte en la dirección del PS después del retiro voluntario de la vida política activa de Antonio Vitorino, al que su brillante experiencia de comisario europeo auguraba un destino nacional.

La relación entre Sócrates y Costa ilumina la personalidad de este último. Número dos del primer Gobierno de Sócrates en 2005, también número dos del partido durante el reinado del "ingeniero", Costa ha estado estrechamente asociado al "socratismo" que condujo a Portugal a la quiebra y le puso bajo tutela de la troika en la primavera de 2011. Sin embargo, cuando, en noviembre de 2014, Sócrates fue detenido al bajar de un avión que llegaba de París, la reacción de Costa fue reveladora. Mientras que todo el establishment socialista –comenzando por Mario Soares– se daba empujones por visitar al prisionero número 44 de la cárcel especial de Évora, Costa se movió lo menos posible. No hizo nada más que un viaje, y con la mayor discreción posible, para visitar a su "camarada" Sócrates.

La manera bastante sucia con la que Costa venía de eliminar a Antonio José Seguro de la dirección del PS también es reveladora. Cuando Sócrates perdió las elecciones en 2011 en el mundo político y mediático se esperaba que Costa tomara el relevo en la dirección del PS. Pero él prefirió quedarse a resguardo en su Ayuntamiento lisboeta, dejando a Seguro la tarea de administrar los escombros del "socratismo", así como de ejercer un papel de oposición particularmente ingrato. En 2013 se presentó a un tercer mandato al Consistorio de la capital asegurando a los electores que lo cumpliría hasta el final.

Pero pocos meses más tarde, aprovechó la modesta victoria del PS en las elecciones europeas de junio de 2014 –que calificó con desprecio de poucochinho (un término que se le volvería en contra como un boomerang tras su doloroso fracaso en las legislativas del pasado 4 de octubre)– para pasar a la ofensiva contra Seguro. En ese tiempo empezó a mejorar el horizonte económico. La coalición de centro-derecha hizo el trabajo sucio de los recortes, no sin errores e injusticias, y el país se liberó de la tutela de la troika. Pero el coste social ya estaba siendo considerable y los sondeos prometían a los socialistas más del 40% de los votos en las siguientes legislativas. Así se despertó el apetito electoral del alcalde de Lisboa por la política nacional.

Su gestión es Lisboa

Tal y como recogió la revista Visao, fue en el Ayuntamiento de Lisboa donde Antonio Costa, "liberado del sampaísmo, del guterrismo, del ferrismo y del socratismo, pudo preparar el costismo". Pero, ¿qué es el "costismo"? Para dirigir la capital, Antonio Costa ya supo apoyarse en coaliciones de "izquierda plural" con geometría variable, incluyendo el Bloco y movimientos "independentistas". Un entrenamiento útil, porque el nuevo primer ministro deberá dedicar una gran parte de su tiempo a negociar proyecto por proyecto, texto por texto, y puede que incluso línea por línea, todas las iniciativas parlamentarias de su Gobierno minoritario con sus socios parlamentarios de "la izquierda de la izquierda".

Bastante poco innovadora, su gestión de Lisboa estuvo marcada por un nuevo orden financiero, ayudado por las subvenciones europeas y el pago de una gran indemnización del Estado por los terrenos del aeropuerto de Portela antes de su privatización. Su gestión fue más bien "austera" –recortó 2.000 funcionarios municipales– pero tiene otros hitos. Entre ellas, la decisión de abandonar la sede monumental del Ayuntamiento en la Baja pombalina –al lado del Banco de Portugal– para instalar su gabinete en Intendente, dando alas así a un movimiento de gentrificación de Mouraria, un barrio histórico con mala fama. También dejó entrever este estilo en recientes nombramientos de su Gobierno: la primera mujer negra, el primer secretario de Estado gitano, la primera invidente... pero que convivirán con otros pesos pesados fieles a José Sócrates.

La rehabilitación de la plaza del Comercio y sus inmediaciones ha sido su obra más emblemática. Sin embargo, el renacimiento visible de barrios históricos, apoyado en un boom turístico favorecido por el contexto internacional, se debe mucho más a la intervención de la troika, que impuso a la clase política portuguesa el fin de un bloqueo a los alquileres que había conducido a la ciudad a una dramática degradación de su patrimonio arquitectónico. Esta permitió un desbloqueo del mercado inmobiliario y posibilitó que inversores privados, empresas y particulares, portugueses y extranjeros, tomaran las riendas de la renovación urbana.

El municipio acompañó el movimiento, dado que no podía liderarlo dada su limitada capacidad de inversión. Desde la limpieza de las calles al estado de los equipamientos públicos, pasando por la vivienda social, el control de la circulación y del estacionamiento de automóviles, Lisboa todavía está lejos de una capital europea. En conclusión: un balance decente, pero sin más.

São José Almeida, cronista política del periódico Público (izquierda) cree que el principal desafío del Gobierno de Costa será "romper con el clientelismo". Tras el reinado de José Sócrates (siete años en la cabeza del PS, seis en el Gobierno) tiene que lograr deshacerse de la imagen de un líder que ha hecho todo para llegar al poder, incluso aliarse con partidos que han estado durante mucho tiempo en el otro lado de la barricada ideológica; así como probar que el PS no es un partido que sucumbe a las presiones y la corrupción. Esto sería, en efecto, una ruptura mucho más significativa que haber reincorporado al Bloco y PPC (con sus seguidores) en "el arco de la gobernabilidad".

Traducción: Elena Herrera

Siete semanas después de la celebración de las elecciones legislativas del 4 de octubre y 15 días más tarde de la caída del Ejecutivo, integrado por una coalición minoritaria de centroderechas, el presidente de la República Portuguesa se ha resignado a confiar la labor de formar Gobierno a Antonio Costa, secretario general de un Partido Socialista muy castigado en las urnas. Este Ejecutivo, también en minoría, cuenta con el apoyo en el Parlamento de las otras dos formaciones de izquierdas, el Bloco y el Partido Comunista. El Gobierno de Costa, que se sustenta en un andamiaje político inestable, debe hacer frente de inmediato a una ecuación presupuestaria complicada.

Aníbal Cavaco Silva, en la alocución en la que anunciaba esta semana la designación del líder de los socialistas, reconocía de forma implícita haber sopesado seriamente la posibilidad de mantener –porque así lo permite la Constitución– un “gobierno de gestión”, dirigido por Pedro Passos Coelho, hasta que su propio sucesor al frente del Estado, que resultará elegido en enero, pueda volver a convocar elecciones para sacar al país de una situación inédita desde el restablecimiento de la democracia en el país, en 1974.

“Las informaciones recabadas en las reuniones mantenidas con los interlocutores sociales, las instituciones y con miembros de la sociedad civil han puesto de manifiesto que mantener en funciones al XX Gobierno constitucional [...] no correspondía al interés nacional”, señalaba la declaración de Presidencia. De hecho, “una situación así se prologaría por un tiempo indeterminado, ante la imposibilidad constitucional, hasta el mes de abril del año próximo, de disolver el Parlamento de la República y de convocar elecciones legislativas”. Y es que las trabas institucionales eran dobles: el presidente no puede disolver el Parlamento durante el último semestre de mandato, que concluye en marzo de 2016, ni la Cámara baja puede disolverse antes de transcurridos los seis primeros meses de una legislatura. El jefe del Gobierno saliente, quien ya ha avisado de que llevará a cabo una oposición intransigente a una “troika de izquierdas” que considera fraudulenta, también era contrario a esta solución.

No obstante, antes de encargar a Antonio Costa la tarea de formar Gobierno, el jefe del Estado se interesó por una batería de propuestas, que detalló al término de la entrevista mantenida el lunes 24 de noviembre. En concreto, le preguntó por seis cuestiones, para “resolver dudas” con relación a los “acuerdos” alcanzados por separado entre el PS y sus socios de izquierdas. El objetivo era asegurarse de que el futuro Ejecutivo se mantiene en la senda de los compromisos europeos e internacionales del país. Nada de cuestionar la reducción del déficit presupuestario previo, ni de discutir el pago de la deuda pública (que representa en torno al 130% del PIB), ni de denunciar los tratados europeos, incluidos el Tratado Presupuestario y el Pacto de Estabilidad y de Crecimiento de la Unión Económica y Monetaria. Ni hablar tampoco de poner en duda la pertenencia del país a la Alianza Atlántica y a su organización militar integrada. Estos temas han enfrentado históricamente al bloco central de partidos proeuropeos de centroderecha y de centroizquierda a las formaciones situadas a la izquierda de la izquierda.

Todo hace pensar que las respuestas, que no se han dado a conocer, de Antonio Costa a las exigencias difundidas urbi et orbi fueron del agrado del jefe del Estado, ya que el líder socialista volvía al Palacio de Belem menos de 24 horas después para recibir el encargo de formar el nuevo Gobierno. Inmediatamente, tras haber tenido tiempo para reflexionar, mientras Cavaco Silva avanzaba poco a poco hacia un callejón sin salida, el líder socialista hacía pública una lista de 17 ministros. El listado lo componen una mezcla de fieles, antiguos integrantes de los gobiernos de Sócrates –que llevaron al país a la quiebra en la primavera de 2011– y rostros nuevos, como la titular de Justicia Francisca Van Dunem, una de las cuatro mujeres, y la primera de raza negra (nacida en Angola), que forma parte de un Gobierno portugués.

Un equipo considerado “muy europeo”, en el que el puesto clave –como viene siendo habitual en los Gobiernos desde que estalló la crisis financiera– es el del ministro de Finanzas, que ejercerá de mediador entre Lisboa y Bruselas/Fráncfort. Como era de prever, el cargo lo ocupa Mario Centeno, economista considerado liberal, formado en Harvard, que hizo carrera en el Banco de Portugal y coordinador del programa económico electoral del PS. De hecho, se trata de un programa bastante más próximo al de la coalición de centroderechas que a las propuestas “radicales” del Bloco y del PCP, que consagraron buena parte de la campaña a disparar contra un Partido Socialista “de derechas”. Experto en el mercado de trabajo, que cree debe funcionar como un auténtico mercado, defiende posiciones que harían atragantarse a la “izquierda de la izquierda”, como el contrato laboral único o la relación entre el salario mínimo y el desempleo entre los trabajadores no cualificados.

Mario Centeno va a tener que ponerse a elaborar con carácter de urgencia los presupuestos para 2016, que la Comisión Europea y el Eurogrupo esperan cada vez con mayor impaciencia y uno de los aspectos que Cavaco Silva quiso “aclarar” con Costa. Estos presupuestos tendrán que alcanzar un equilibrio improbable entre las 71 enmiendas al programa inicial del PS que Costa ha negociado con sus nuevos aliados y un escenario presupuestario que responde a la ortodoxia del Tratado de Maastrich. Ahora bien, la mayor parte de estas modificaciones, dirigidas a “acabar con la austeridad”, van en el mismo sentido: aumentar el gasto público o bajar los ingresos fiscales. Según el analista del diario Publico y exministro de Finanzas de centroderechas Antonio Bagao Felix, de las 25 medidas con impacto en los presupuestos, 16 suponen el aumento del gasto y hay seis relativas a la caída de los ingresos fiscales.

Contexto peligroso

Tras la inversión de las medidas de “austeridad” impuestas por la crisis financiera –algunas de las cuales, y no precisamente las menos significativas, datan del Gobierno de Sócrates, anterior a la troika– subyace la idea de una sobredemanda que ha de permitir no sólo satisfacer al electorado de los nuevos socios de Gobierno (funcionarios de Estado y de organismos locales, asalariados de empresas de transporte público o en vías de privatización, etc.), sino estimular un crecimiento económico precario y a merced de un entorno europeo e internacional volátil. En realidad, el ajuste económico que ha permitido que el país saque la cabeza, y la salida de la troika de Lisboa, ha desembocado sobre todo en una mejora de la oferta, tanto en sectores productivos tradicionales reestructurados (textiles, calzado, algunos productos agrícolas), como en la expansión turística o en la renovación urbana. Aunque los resultados sean frágiles.

Pero revertir las medidas urgentes de un programa de ajustes, cuyo objetivo prioritario está limitado tanto en el tiempo como en las ambiciones (restablecer en tres años el acceso a una financiación “normal” en los mercados de capitales), por supuesto no recoge mención alguna al trabajo a largo plazo que se debe realizar para acabar con las carencias estructurales que han llevado al país a un callejón sin salida. Precisamente, en este sentido, del saneamiento de un sistema judicial disfuncional, la reforma del Estado (y sobre todo del “Estado paralelo”), pasando por la educación y el “capital humano”, los programas electorales tanto del PS como de la coalición saliente carecían de envergadura y de imaginación. Los “acuerdos” entre el PS y sus nuevos aliados pasan de puntillas por estas cuestiones. Sin duda alguna porque las perspectivas de unos y otros son irreconciliables. El Gobierno en minoría del PS, respaldado por el Bloco y por el PCP, curiosamente se va a parecer a ese “Gobierno de gestión” que Cavaco Silva quería evitar, una comunidad temporal reducida a las ganancias del mínimo común divisor político. O, como escribe curiosamente Bagao Felix, un “Gobierno tipo piedra pómez, que como esta roca volcánica, es de baja densidad, altamente porosa y que está llena de agujeros”.

El problema es que Antonio Costa, que ha conseguido acceder al Gobierno tras una recuperación digna del funambulista más mañoso, va a tener que gobernar en un contexto peligroso. No es casualidad que Cavaco Silva haya puesto como sexta y última condición la “estabilidad del sistema financiero”. En su conjunto, los bancos portugueses dependen en buena medida del respaldo del BCE y tienen mucho peso en la posición exterior negativa del país, más deteriorada que la de Grecia. A lo que hay que añadir la bomba de efecto retardado que representa el Novo Banco.

La “buena banca” nacida de la quiebra fraudulenta del Banco Espirito Santo no pasó los tests de resistencia del nuevo regulador europeo (la BCE) y debe ser recapitalizada sin mayor dilación, por un importe no inferior a 2.000 millones de euros. Tras ser confiada al Banco de Portugal, su cesión a los inversores privados encalló en el escollo de la inyección de dinero fresco. No sólo el Estado portugués tendrá dificultades para recuperar los 4.500 millones de euros que el Tesoro debió adelantar a los Fondos de Estabilidad Bancaria para reflotar el antiguo BES, sino que es posible que tenga que volver a rascarse el bolsillo. Sin poder contar con más ingresos adicionales, ya que la “troika de izquierdas” ha llegado a un acuerdo en lo que respecta a la paralización de las privatizaciones, incluso la anulación de la cesión iniciada por el Ejecutivo saliente –pero que no se completó, como es la concesión de los transportes de Lisboa y de Porto–. He aquí algunos aspectos interesantes que deben estar presentes en la ecuación de los presupuestos de 2016 y un resbalón presupuestario abriría inmediatamente la veda a tensiones externas (con “Bruselas”), pero también internas, entre los aliados parlamentarios.

Sin embargo, los agoreros, de derechas, que ven en Portugal la nueva Grecia y que vaticinan la necesidad de tener que solicitar un segundo rescate confunden sus deseos con la realidad. A corto plazo, el equipo de Costa contará con los réditos políticos que suponen medidas que engatusan al electorado de izquierdas. Los acuerdos alcanzados entre el PS y sus nuevos aliados son suficientemente imprecisos como para ganar tiempo. Se verá en breve con el aumento del salario mínimo, previsto para la presente legislatura, aunque es una medida que requiere el apoyo de interlocutores sociales (la patronal). No es vano, se trata de otra de las condiciones impuestas el jefe del Estado. El presidente de la principal patronal, Antonio Saraiva, ya ha avisado al futuro jefe del Gobierno que hay “líneas rojas” que no se pueden cruzar.

Los electores portugueses volverán a estar llamados a las urnas el 24 de enero de 2016 para elegir al sucesor de Anibal Cavaco Silva como presidente de la República. A tenor de los sondeos, todo apunta a que le sucederá en el cargo Marcelo Rebelo de Sousa, expresidente del PSD y toda una celebridad televisiva al que todo el mundo conoce por su nombre; es el precio de la fama. Amigo íntimo de Ricardo Salgado, el malogrado “maestro de todo eso”, pero también habitual a la fiesta anual de Avante, el órgano oficial de Avante, publicación ligada al PC. Un hombre hábil, quizás demasiado, de convicciones inciertas. Y que tuvo como estudiante de Derecho Constitucional en la facultad de Derecho de Lisboa a un tal... Antonio Costa. Los portugueses, que siguen siendo un pueblo apasionado por la política, para quéquieren más. En cuanto al país...

Traducción: Mariola Moreno 

Cuarenta años después del contragolpe de Estado del 25 de noviembre de 1975, la caída del Gobierno de Passos Coelho pone punto y final a la alternancia ininterrumpida del “bloque central” de los partidos de derecha y del PS en la vida política portuguesa. Este cambio de paradigma político, del que se desconoce si será duradero, es fruto de la combinación de un momento social, de una coyuntura institucional y de una ambición personal. Por contra, en el aspecto programático, el eventual gobierno en minoría socialista, que cuenta con el apoyo parlamentario del Bloco de izquierdas y del Partido Comunista, anuncia una versión light de la “austeridad” en el respeto de los compromisos europeos del país.

El Gobierno de coalición saliente PSD-CDS ha caído, apenas 12 días después de tomar posesión, tras aprobarse la primera de las mociones de censura presentadas por la mayoría de izquierdas, en concreto la moción del PS. Tal y como señaló Pedro Passos Coelho, la “mayoría negativa” ha hablado. Para conocer en detalle el programa de la “mayoría positiva” que permita que Antonio Costa, secretario general del PS, se siente en el sillón del primer ministro, habrá que esperar. Este martes 10 de noviembre se firmaron in extremis los diferentes acuerdos que garantizan al PS el apoyo parlamentario de las formaciones de extrema izquierda, pero todavía no se han dado a conocer.

En el régimen semipresidencialista (y no parlamentario) en vigor en Portugal, la caída del Gobierno vuelve a dejar la iniciativa en manos del presidente de la República, Aníbal Cavaco Silva, que va a volver a abrir un periodo de consultas con las formaciones políticas con representación en la Asamblea de la República. Salvo sorpresas, acto seguido encargará al secretario general del PS, Antonio Costa, la formación del nuevo gobierno, al que reclamará garantías, especialmente en lo que respecta a los compromisos internacionales de Portugal, sobre todo en lo concerniente al Tratado presupuestario europeo y al Pacto de Estabilidad y de Crecimiento de la Unión Económica y Monetaria.

En este contexto, es importante tener presente que la operación politico-militar del 25 de noviembre de 1975 –relacionada con la importante movilización popular de Fonte Luminosa en julio y que se ratificó en las primeras elecciones legislativas democráticas celebradas el 25 de abril de 1976– puso fin a la tentativa de acceso al poder de los comunistas portugueses y del ala izquierda del MFA (Movimiento de las Fuerzas Armadas), lo que anunciaba el final del proceso revolucionario iniciado el 25 de abril de 1974, la futura integración de Portugal en la construcción europea y la relegación, durante cuatro décadas, del PCP del círculo de gobernación y en un papel limitado al de las protestas.

Este domingo 8 de noviembre, después de más de un mes de conciliábulos rodeados de gran hermetismo, al dar luz verde al apoyo de los parlamentarios comunistas a un Gobierno del Partido Socialista –considerado próximo a la derecha durante toda la campaña electoral–, el comité central del PCP rompía con la práctica política llevada a cabo desde 1976. El movimiento no era menos espectacular que la ruptura orquestrada por Antonio Costa. Sin el apoyo parlamentario de los comunistas, el PS, muy castigado en las urnas el 4 de octubre, no preveía la posibilidad de recuperar el gobierno, ni tan siquiera con el apoyo –más factible– del Bloco, una formación (que surgió en 1999) que aúna a diferentes fuerzas de extrema izquierdas. En el debate de investidura, antes de someter a votación la moción de censura, Antonio Costa llegó a decir que “se había acabado con el tabú, que había caído un muro”.

El momento social que ha permitido este cambio en el panorama político habitual viene motivado por el cansancio de una buena parte de los electores portugueses después de los importantes ajustes impuestos por la troika (UE-FMI-BCE), a raíz de la debacle financiera sobrevenida en 2011, con el gobierno minoritario del PS, el de José Sócrates, quien ha reaparecido recientemente tras 11 meses en prisión y en arresto domiciliario, acusado de corrupción, fraude fiscal y blanqueo de capitales.

El 4 de octubre, el 43% de los electores registrados, una cifra récord, se quedó en casa. El PS de Antonio Costa, que antes del verano soñaba con la mayoría absoluta, se desplomó. Sólo obtuvo un 32% de los sufragios y 21 diputados menos que la coalición de gobierno saliente formada por PSD-CDS. Dicha coalición alcanzó el 38% de los sufragios, pero perdió 700.000 votos con respecto a los comicios de abril de 2011, en un momento muy particular, tras el desembarco en Lisboa de la troika. Muy lejos quedaban los 116 escaños precisos para controlar la Asamblea de la República. La sorpresa llegó con el éxito del Bloco, de la mano de Catarina Martins y el resto de meninas del partido de extrema izquierda, que han duplicado el número de diputados electos, llegando a superar en un parlamentario a la CDU (coalición de izquierdas en la que se integran los comunistas y los ecologistas). Las tres formaciones de izquierda suman una mayoría de 122 escaños.

El marco institucional impide, en los seis primeros meses de la legislatur, que el presidente de la República disuelva la Asamblea y vuelva a convocar elecciones. Además, faltan menos de seis meses para que concluya su segundo mandato, en marzo de 2016, por lo que la Constitución priva a Aníbal Cavaco Silva de esta prerrogativa esencial del sistema semipresidencialista portugués. En el pasado, el país ya ha contado con gobiernos en minoría, de centroderecha o de centroizquierda, dado que la aplicación de la ley d'Hondt no facilita la obtención de una mayoría absoluta. La tradición democrática portuguesa impide que el perdedor de las elecciones dificulte gobernar al vencedor. Cavaco Silva respetó esta práctica e invitó a Pedro Passos Coelho a sucederse a sí mismo al frente del Gobierno.

Exalcalde de Lisboa

Eso sin contar con la ambición personal de Antonio Costa, el tercer término de la ecuación. El exalcalde de Lisboa, ciudad que gobernaba con una mayoría de izquierdas plural, ha logrado hacer de una derrota personal, que todo apuntaba que iba a costarle su puesto como secretario general, una victoria, al menos a corto plazo. Para algunos analistas políticos, sobre todo de izquierdas, le ha allanado el camino la “radicalización liberal” marcado por el ejercicio del poder por parte de Pedro Passos Coelho y su aliado Paulo Portas, del CDS-PP. Hacer una lectura en estos términos es olvidar demasiado rápido el estrecho margen maniobra que tenía un equipo de Gobierno que llegó al poder para poner en marcha el memorando firmado por el Gobierno de Sócrates a cambio de ayuda financiera exterior por importe de 78.000 millones de euros, con el imperativo categórico de recuperar las finanzas públicas y las cuentas públicas, tras una década de a la deriva.

El principal interrogante se cierne ahora en la respuesta finalmente positiva del PCP a la apertura del PS de Antonio Costa, tras una campaña virulenta en contra del tradicional enemigo socialista. Dado la opacidad que caracteriza el funcionamiento del que es el último partido estalinista de Europa, que ha permanecido fiel al “centralismo democrático”, los analistas políticos, poco dados a abordar esta cuestión, se limitan a hacer conjeturas. ¿Tiene su origen en el éxito del Bloco y el temor por dejarle ventaja a la hora de responder a las aspiraciones unitarias del “pueblo de izquierdas” evidenciadas durante la campaña? ¿En la esperanza de poder defender las posiciones de la CGTP, la central sindical vinculada al PCP, en las empresas públicas afectadas o amenazadas por las privatizaciones llevadas a cabo por la coalición saliente, sobre todo en la sección sindical del transporte? Sólo el futuro, es decir, la forma del actuar del PCP en esta alianza de izquierdas, quizás permita dar con la clave en este cambio de rumbo inesperado.

La portavoz del Bloco, Catarina Martins, entre otras voces de izquierdas, había manifestado que la elección de Pedro Passos Coelho para formar el Gobierno era “una pérdida de tiempo”. De hecho, las tres formaciones de izquierdas han necesitado un mes para alcanzar un acuerdo, o más bien un conjunto de acuerdos bilaterales dirigidos a permitir al Gobierno minoritario socialista de aguantar cuatro años. En lugar de programa común de legislatura, habría que hablar de un catálogo de enmiendas (71, según recoge la prensa), en el manifiesto electoral del PS.

El “rechazo de la austeridad”, dirigido a fomentar la alianza inédita entre las formaciones de izquierdas, va a beneficiar fundamentalmente a los funcionarios, mientras que el precio más alto lo han pagado los asalariados del sector privado. Baste un solo ejemplo, a la espera de la publicación de los diferentes “acuerdos” (¡y de sus anexos!): se pondrá fin a los recortes de los sueldos altos y medios (los salarios modestos no se vieron afectados) de los funcionarios, en cuatro etapas, de aquí a 2016. Se restablecerá con carácter inmediato la jornada de 35 horas en la función pública. Por el contrario, el salario mínimo no volverá a situarse en los 600 euros, reivindicación prioritaria del PCP, hasta que no acabe la legislatura. En el debate parlamentario que ha precedido a la caída del Gobierno de Passos Coelho, el ministro saliente de Asuntos Sociales, Luis Pedro Mota Soares, que recordaba que numerosas medidas “de austeridad” las había puesto en marcha un Gobierno socialista mucho antes de la llegada a Lisboa de las instituciones europeas y del FMI, ironizaba sobre la falta de ambición del programa social de la “troika de izquierdas”.

En el plano político, la formación de un Gobierno socialista en minoría, apoyado por el Bloco y el PCP, no abre de forma inmediata una era de inestabilidad política, al contrario de los temores manifestados por algunos. Los “enemigos íntimos” de la izquierda, ahora reconciliados, tienen un evidente interés en que la experiencia no quede en agua de borrajas. Los electores portugueses están llamados a las urnas de nuevo el próximo mes, para elegir a su presidente. El profesor de derecho constitucional y analista político Marcelo Rebelo de Sousa, un expresidente del PSD, es el principal favorito. El nuevo jefe del Estado no se instalará en el Palacio de Belem hasta el marzo de 2016 y hasta la primavera no podrá disolver la Asamblea de la República.

Sin embargo, el futuro gobierno debe saber que tendrá que afrontar momentos difíciles, que pondrán a prueba los acuerdos de cooperación, permitiendo la posibilidad de que los “aliados” del PS censuren al futuro ejecutivo. Dicho de otro modo, el eventual divorcio está previsto incluso en el contrato de boda. La primera cita es la votación de los presupuestos para 2016, que la Comisión Europea espera impaciente. El sistema bancario, muy frágil, puede necesitar una inyección de dinero público, que hará aumentar la presión sobre el compromiso de reducir el déficit por debajo del 3% del PIB el año próximo. Es el caso del Novo Banco, surgido de las cenizas del imperio Espirito Santo, cuya venta fracasó.

Hay cosa segura. Un Antonio Costa primer ministro, acusado por la derecha de haber desviado el sentido del voto el 4 de octubre, no podrá contar, si uno de sus aliados de izquierdas le deja, con el apoyo de la coalición ahora situada en la oposición. Durante el debate parlamentario, se enfrentaron verbalmente dos grupos de manifestantes. Unos apoyaban a Pedro Passos Coelho, los otros habían sido convocados por la CGTP. Un cordón policial mantenía separados a los asistentes, a los pies de las monumentales escaleras de São Bento, sede de la Asamblea de la República. Con todo, lucía un sol espléndido, pese a todo.

Traducción: Mariola Moreno 

La moción de rechazo contra el Gobierno de Portugal, presentada por el Partido Socialista (PS), fue aprobada este martes con 123 votos a favor y 107 votos en contra.

Tal y como ha informado el diario portugués Público, todos los partidos de izquierda y el partido animalista PAN han decidido poner fin al Ejecutivo de Passos Coelho. El socialista António Costa declaró a la salida del Parlamento que están "en condiciones de garantizar el escrupuloso cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales, pero permitiendo la recuperación de rendimiento de las familias, el crecimiento del empleo y de la economía".

Asimismo, destacó los compromisos de su programa de Gobierno y señaló que los acuerdos con el Partido Comunista Portugués (PCP), el Bloque de Izquierda (BE) y el Partido Ecologista los Verdes (PEV) "no fueron para la fotografía" y que el acuerdo con la izquierda es "serio".

Por su parte, Nuno Magalhães, líder del Centro Democrático Social-Partido Popular (CDS-PP), declaró ante los medios que "hoy es un día triste".

El primer ministro de Portugal, Pedro Passos Coelho, ha aclarado este viernes que no dimitirá como líder del Partido Social Demócrata (PSD) en caso de que su Gobierno sea reprobado la próxima semana y ha apuntado que seguirá asumiendo sus "responsabilidades" también en la oposición.

La coalición conservadora que encabeza Passos Coelho afronta la próxima semana una prueba de fuego en el Parlamento, que previsiblemente votará una moción en contra del programa de Gobierno. El éxito de esta moción, impulsada por la oposición, supondría la caída inmediata del Ejecutivo.

En declaraciones a los periodistas en la Asamblea de la República, Passos Coelho ha afirmado que seguirá "donde sea preciso", según medios locales. "No dejará de asumir mis responsabilidades", ha añadido, al confirmar que se mantendrá al frente del PSD tanto en el Gobierno –"el lugar natural para quien gana las elecciones"– como en la oposición.

No obstante, Passos Coelho no ha querido "anticipar" lo que puede ocurrir la próxima semana y ha apelado a un "ejercicio de humildad y responsabilidad" por parte de los diputados. El primer ministro ha recordado que el programa de gobierno presentado por su coalición incluye propuestas del principal grupo opositor, el Partido Socialista.

Desde las elecciones legislativas del 4 de octubre, Portugal vive sumido en una incertidumbre política marcada por la polarización entre los distintos bloques. Por un lado están el PSD y sus socios de coalición, Centro Democrático Social (CDS), y, por el otro, una alianza de izquierdas liderada por los socialistas.

Un sondeo difundido este viernes por Expresso refleja que el bloque gobernante ha subido 2,2 puntos en intención de voto desde los comicios, hasta situarse en el 40,8 por ciento. El Partido Socialista mejora una décima, hasta el 32,5 por ciento, mientras que comunistas y Bloque de Izquierdas caen tres y dos décimas, respectivamente.

En cuanto a líderes, el socialista António Costa se sitúa como el mejor valorado con un nivel de apoyo del 35,4 por ciento. Passos Coelho figura tercero –por detrás de su socio Paulo Portas–, con un 33,6 por ciento.

El primer ministro de Portugal, Pedro Passos Coelho, ha presentado este martes ante el presidente, Anibal Cavaco Silva, la composición de su nuevo gobierno, que incluye un guiño al Partido Socialista con la creación del nuevo Ministerio de Cultura e Igualdad.

La creación de este departamento fue una de las peticiones planteadas por los socialistas durante las negociaciones postelectorales. Teresa Morais se encargará de esta cartera, mientras que el abogado Rui Medeiros asumirá el otro Ministerio a estrenar, el de Reforma Administrativa.

El gabinete presentado por Passos Coelho ante Cavaco Silva mantiene la mayoría de los ministerios para el Partido Social Demócrata (PSD), líder de la coalición conservadora Portugal al Frente. De ella también forma parte la Coalición Demócrata Social-Partido Popular (CDS-PP), cuyo líder, Paulo Portas, continuará como número dos del Ejecutivo.

En términos generales, el primer ministro ha optado por la ausencia de grandes sorpresas y, de esta forma, continúan en el equipo nombres fuertes como el de Maria Luis Albuquerque, en Finanzas, o el de Rui Machete, en Exteriores.

La Presidencia ha confirmado en un comunicado que los ministros tomarán posesión de sus respectivos cargos el próximo viernes. En los diez días posteriores, el Gobierno de Passos Coelho debe presentar su programa ante el Parlamento.

La oposición tiene entonces una oportunidad para presentar una moción contra el programa que, de salir adelante, supondría la caída inmediata del Ejecutivo. El Partido Socialista, que aspiró a liderar el Gobierno, ya ha anunciado que promoverá una votación parlamentaria.

Parafraseando el título de la última novela de Javier Marías, así empieza lo anómalo. Es público y notorio (y el presidente lo sabe de primera mano) que los otros tres partidos con representación parlamentaria (el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Bloque de Izquierdas) no sólo han manifestado su firme voluntad de bloquear este acuerdo, sino que se han concertado para apoyar la investidura del candidato socialista Costa como primer ministro, tras lo que tienen la firme intención de formar un gobierno de coalición.

Cavaco podría haber tomado nota de tal acuerdo, y haber indicado que, pese a ello, era conveniente seguir la convención constitucional, y verificar que la candidatura de Passos no reunía suficientes votos, amparándose por ejemplo (aun cuando sea sustancialmente un tanto forzado) en que los diputados se deben a sus electores, y no a sus jefes de partido. En el entendido de que si Coelho no lograse la confianza, Cavaco habría sometido al parlamento la candidatura de Costa.

Pero el presidente de la República Portuguesa fue mucho más allá en su argumentación, al justificar la designación de Passos en la defensa del orden constitucional. Cavaco afirmó literalmente que la coalición de socialistas con comunistas y bloque de izquierdas se situaba fuera del ámbito constitucional. Alegó que los dos últimos (es decir, comunistas y bloque de izquierdas) no pueden acceder al gobierno, dado que ponen en cuestión “el proyecto de Unión Europea y de Eurozona” y la “OTAN”.

De este modo, el jefe de Estado luso no sólo se autoproclama como “defensor de la constitución” más allá de lo exigido por la carta magna portuguesa, sino que, y esto es lo fundamental, define de forma precisa un nuevo canon con el que habría de determinarse si un partido puede o no acceder al gobierno. Es muy interesante observar que ese canon no incluye a la constitución portuguesa, sino que, antes al contrario, está formado por un conjunto un tanto abigarrado y heteróclito de normas supranacionales: En concreto: (1) el Tratado de Lisboa (cosa con la que probablemente quería decir el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea), el Tratado (intergubernamental) de Estabilidad y Crecimiento (el llamado Fiscal Compact), la Unión Bancaria (fórmula vaga que conjeturamos incluye varios reglamentos de la Unión Europea, y especialmente el que apodera al Banco Central Europeo para actuar como supervisor prudencial de las instituciones Financieras), el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (compuesto de reglamentos y directivas de la Unión Europea) y el Tratado de la OTAN. Según Cavaco, sólo quienes no cuestionan tales normas respetan la “opción estratégica del país” por integrarse en la Unión Europea y en la OTAN, que no sólo fue “fundamental para la consolidación del régimen democrático”, sino “que continúa siendo uno de los fundamentos de nuestra democracia y del modelo de sociedad en el que los portugueses quieren vivir: una sociedad desarrollada, justa y solidaria”.

Se trata de una decisión profundamente infeliz y corta de miras desde una perspectiva política. Hay varios pasajes del discurso en los que el presidente claramente toma partido por una gran coalición entre los partidos de la derecha y el partido socialista. Dejando de lado la valoración de tal preferencia, la opción de Cavaco, lejos de favorecer tal cosa, podría conducir a la explosión del Partido Socialista, y en unas eventuales futuras elecciones, a una fuerte subida del voto a las opciones que Cavaco sitúa fuera de la “nueva” constitución.

Por otra parte si, pese al dedazo de Cavaco, Passos Coelho no logra la confianza parlamentaria, la posición del propio Cavaco se habrá vuelto insostenible. A él personalmente poco le importará, porque le quedan tres meses de mandato, pero las consecuencias serán graves para el país, a corto, medio y largo plazo ¿Hay alguna duda de que la prolongación de la situación de interregno entre el gobierno saliente y la elección de uno entrante podría tener un serio impacto sobre la evolución de la economía portuguesa? En cuyo caso ¿puede legítimamente Cavaco tomar una decisión que no es improbable desencadene la furia especulativa de los mercados y ponga al futuro gobierno contra la pared?

Pero lo que es realmente grave es que, aunque Cavaco afirma que su decisión es fundamental para evitar una “alteración radical de nuestro régimen democrático”, es Cavaco quien altera radicalmente la ley fundamental lusa con su decisión. Ni la Constitución de Portugal ni el conjunto de normas que Cavaco quiere convertir en el nuevo derecho constitucional de los portugueses le habilitan para erigirse en guardián de la pureza constitucional del Partido Comunista y del Bloque de Izquierdas, que han concurrido de forma perfectamente lícita a las elecciones.

Permítasenos por un momento ejercer de juristas: ¿En qué artículo de la Constitución Portuguesa puede fundamentarse Cavaco para hacer lo que ha hecho en su discurso del jueves? ¿Dónde se dice en la ley fundamental lusa que el presidente sea no sólo el custodio de la constitución, sino que en tales funciones pueda suplantar al Tribunal Constitucional y excluir a su libre albedrío partidos del acceso al gobierno? Si el Partido Socialista persiste en querer gobernar en coalición ¿Habrá de excluirse también al Partido Socialista de la lista de partidos que pueden gobernar? El presidente luso se ha confundido de tiempo, de lugar y de constitución. Pretende aplicar categorías propias del más rancio constitucionalismo (el del Carl Schmitt de la República de Weimar, o el constitucionalismo militante de la guerra fría) a un Estado que se define como Social y Democrático de Derecho.

Hay un grave riesgo, sin embargo, de que muchos líderes políticos y opiniones públicas europeas vean lo hecho por Cavaco como algo no sólo normal, sino saludable. Y es que la decisión de Cavaco es perfectamente coherente con la evolución del derecho constitucional de la Unión Europea y de algunos de sus Estados miembros en estos últimos ochos años. Martin Sandbu, que no es columnista de L'Humanité, o Il Manifesto, sino del Financial Times, acaba de publicar un libro (Europe's Orphan) en el que reconstruye en detalle el modo en el que tanto el Banco Central Europeo como el dúo Eurogrupo/Cumbre del Euro han hecho uso del enorme poder monetario y fiscal de la Eurozona para forzar tanto cambios de gobierno como cambios de política en los estados de la periferia de la Eurozona.

Fue el Banco Central Europeo, y no los gobiernos irlandés, portugués o griego, quien forzó que los citados países se vieran obligados a solicitar asistencia financiera de la Eurozona. La amenaza de ejercer el brutal poder que Frankfurt tiene al ser el prestamista en última instancia de todo sistema financiero en dificultades forzó literalmente la mano de gobiernos democráticamente elegidos. Fue el Eurogrupo/Cumbre del Euro quien forzó cambios de gobierno en Hungría (2008) Rumanía (2010), Italia (2011) y trató de forzarlo en Grecia este último verano, cuando estos países se situaron al borde del precipicio fiscal, valiéndose del poder explosivo que tiene al decidir si presta o no asistencia financiera (y en el interín, en función de las declaraciones varias, de desatar la furia especulativa de los mercados financieros: ¿se acuerdan del famoso spread?).

Y ha sido la presión conjunta de Banco Central Europeo y Eurogrupo/Cumbre del Euro la que condujo a escribir en las constituciones de tres Estados al borde del precipicio fiscal (España, Italia y Eslovenia) la mal llamada “regla de oro”, en realidad una regla que limita el déficit público y que, como demuestra lo sucedido en estos países, no ha contribuido a reducir la deuda pública, pero si a facilitar la aprobación de medidas de recorte del gasto público y privatizaciones alocadas y poco razonables. A diferencia del Presidente Cavaco, las decisiones de Banco Central, Eurogrupo y Cumbre del Euro se pretendieron justificaron en razones estrictamente económicas. Sin embargo, la argumentación de Cavaco se ajusta como anillo al dedo a lo que las mismas implicaron desde una perspectiva constitucional: convertir la condición de Estado miembro de la Eurozona en el primer y fundamental principio constitucional al que se subordinan todos los restantes.

Debería resultar obvio, pero desgraciadamente aún no lo es, que hacer de la pertenencia al euro el pilar último del Estado implica estar dispuestos a renunciar al modelo socio-económico, político y cultural del Estado Social y Democrático de Derecho. Como fue el caso en Portugal, pero también en España y en Italia, “salvar este euro” ha implicado repudiar elementos centrales del orden constitucional. Seguir en este euro ha exigido proceder a una devaluación interna, que es fundamentalmente una devaluación del trabajo y de los trabajadores, que exige que el Estado redistribuya recursos de los más pobres a los más ricos. Algo no sólo normativamente deplorable y socialmente explosivo, sino manifiestamente contrario al artículo 3.2 de la Constitución Italiana y 9.2 de la española. Seguir en este euro impone respetar estrictamente la “credibilidad” de las políticas públicas en relación con los tenedores de capital, a costa de renunciar a la “credibilidad” frente a los enfermos, los pensionistas y los trabajadores, tanto privados como públicos.

La grave y profunda mutación constitucional que está sacudiendo la Unión Europea y sus Estados miembros desde hace ocho años es el contexto en el que hay que situar la decisión de Cavaco. Si nos resulta especialmente difícil de aceptar no es porque sea radicalmente novedosa, sino porque con ella se hace trágicamente explícito lo que estaba implícito en los cambios y transformaciones previos: Que salvar el euro exige renunciar (o limitar drásticamente) la democracia. Si sólo hay una posible política económica, la democracia pierde toda sustancia. De ello ha levantado acta Cavaco. Su papel de notario triste no disminuye un ápice la gravedad de su decisión.

Massimo La Torre es catedrático de filosofía del derecho de la Università Magna Grecia di Catanzaro (Italia).

Agustín José Menéndez es profesor de filosofía del derecho de la Universidad de León.

El resultado de las elecciones portuguesas, celebradas el pasado 4 de octubre, hacían prever el comienzo de un periodo de inestabilidad que se acentuó este jueves cuando el presidente, Anibal Cavaco Silva, encomendó la labor de formar gobierno al conservador Pedro Passos Coelho, cuya coalición se impuso en los comicios, aunque sin lograr la mayoría absoluta. La división en el seno de los socialistas ha sido determinante a la hora de impedir la llegada al poder de una coalición alternativa del PS, respaldada por los partidos calificados de “antieuropeístas”, el bloque de izquierdas (Bloco) y el Partido Comunista Portugués. A pesar de superar en 20 escaños al PS, a la coalición de centroderecha le faltan nueve diputados para alcanzar el umbral de los 116 representantes (de los 230 de que se compone la Cámara).

La Constitución de la que se dotó el Portugal democrático, tras el Proceso Revolucionario (PREC) de los años 1974-75, establece un régimen semipresidencial que otorga un destacado papel al jefe del Estado a la hora de formar Gobierno, tal y como recordó Cavaco Silva en su alocución televisiva del jueves. “He seguido la norma que se ha impuesto siempre, repito, que se ha impuesto siempre, en nuestra democracia, el presidente de la República invita a formar gobierno al vencedor de las elecciones”. También recordó que los perdedores nunca han impedido, a la formación o a la coalición vencedora de los comicios, formar gobierno. Y se refirió al precedente de 2009, cuando el socialista saliente José Sócrates renovó mandato con una mayoría relativa de sólo 97 diputados (10 menos de los que suman en estos momentos la coalición PSD-CDS).

Pero Anibal Cavaco Silva, que dirigió diferentes gobiernos de derechas durante una década antes de ser elegido jefe del Estado, en la primera vuelta, para dos mandatos consecutivos, no se limitó a realizar este llamamiento institucional. Al lamentar la falta de acuerdo de las fuerzas proeuropeístas, PSD, CDS y PS, por las apostó públicamente antes de las elecciones, cargaba contra el Bloco y el PCP, sin mencionarlos directamente. “En 40 años de democracia, los gobiernos de Portugal no han dependido nunca del apoyo de fuerzas políticas antieuropeístas, es decir, de fuerzas políticas que, en los programas electorales defienden la revocación del Tratado de Lisboa, del Tratado Presupuestario, de la Unión Bancaria y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, así como del desmantelamiento de la OTAN, organización de la que Portugal es miembro fundador”. “Fuera de la Unión Europea y del euro, el futuro de Portugal sería catastrófico”, señaó el jefe del Estado.

En verdad, el acuerdo, en vías de negociación, pero que aún no han alcanzado ni ratificado los cuatro partidos de izquierda con presencia en el Parlamento (PS, Bloco, PCP y Verdes), dirigido a “formar” un Gobierno socialista, parece muy modesto en lo que se refiere a estos aspectos cruciales. A decir de los presentes en las numerosas reuniones “técnicas”, se trata exclusivamente de recuperar parte de las medidas de ajuste o de “austeridad” aplicadas por la coalición saliente en el marco del memorando firmado por el Gobierno de Sócrates con la troika en la primavera de 2011, a cambio de una asistencia financiera de 78.000 millones de euros.

Tal y como recoge la Constitución, como se encargó de recordar Anibal Cavaco Silva, la suerte del Gobierno depende del Parlamento: “La última palabra la tiene el Parlamento de la República o más concretamente los diputados del Parlamento de la República”. Es difícil no entender que tras estas palabras hay un llamamiento a la disidencia en las filas socialistas, contra la actuación del secretario general Antonio Costa, tal y como ha apuntado un responsable del PS. De hecho, basta con que ocho diputados se abstengan en la moción de censura que presentará el PS, en diez días, coincidiendo la presentación del programa del nuevo gobierno, para que Passos Coelho sea confirmado como primer ministro.

En la democracia portuguesa, la “maquinaria” de los partidos políticos tienen un peso muy importante y existe una fuerte tradición de disciplina parlamentaria, pero en las filas socialistas no existe unanimidad frente a la ruptura histórica con las prácticas del “bloque central”, que ha visto cómo el PS y el PSD (en coalición con el CDS, cuando ) alterna en el poder desde hace cuarenta años, mientras las otras formaciones quedaban excluidas del arco de gobierno. La idea de que el PCP diese su apoyo a un gobierno del PS era impensable, cuatro décadas después de la revolución de los claveles de abril de 1974. Socialistas y comunistas salieron del proceso revolucionario con una animosidad recíproca, nunca negada; hasta la víspera de las elecciones del 4 de octubre, la campaña del PCP se dirigía contra el PS.

Pero el ascenso de Antonio Costa, exalcalde de Lisboa, al frente del PS ha dejado cadáveres por el camino. Logró apartar al exlíder de la formación, José Antonio Seguro, del que dijo había conseguido una “victoria pequeñita” en las europeas, antes de llevar él mismo al PS a una derrota sin paliativos en unas legislativas que no podía perder, tras cuatro años de coalición de centroderechas en el poder. El pacto a la hora de elaborar las listas para las legislativas permitió reducir la presencia de seguristas, pero aún suman una veintena en el Grupo Parlamentario Socialista. El candidato derrotado frente Costa, el eurodiputado Francisco Assis está en contra de la formación de un gobierno de “izquierdas” por considerar que el objetivo del PS es ejercer de primer partido opositor frente a la centroderecha. Denuncia además la voluntad de “acceder al poder a cualquier precio”.

El periodo de inestabilidad política abierto, cualquiera que sea la solución gubernamental finalmente elegida, otorga un nuevo significado a las elecciones presidenciales previstas en el mes diciembre. El sucesor de Cavaco Silva, cuyo mandato expira en marzo de 2016, será el encargado de disolver el Parlamento de la República. Y no pueden convocarse nuevas elecciones hasta transcurridos los seis primeros meses de una legislatura. El gran favorito es el profesor de Derecho Constitucional y analista político, estrella de la televisión, Marcelo Rebelo de Sousa, expresidente del PSD. Cavaco Silva quería dejar a su sucesor una situación estable y un gobierno “sostenible” aunque ahora todo apunta a que no será así. Incluso es constitucionalmente posible, aunque políticamente muy arriesgado, que el jefe del Estado saliente confíe la dirección del país, para un periodo de seis meses, a un “ejecutivo de gestión”, con el fin de descartar una coalición de fuerzas de izquierdas “inconsistente”.

Traducción: Mariola Moreno

El presidente de la República de Portugal, Cavaco Silva, ha propuesto este jueves al conservador Passos Coelho que forme gobierno en minoría y, al mismo tiempo, pide a los diputados de la Asamblea Nacional que se abstengan en la votación de investidura para posibilitar el nombramiento, según informa el diario portugués Público.

Este llamamiento se encuentra dirigido a los diputados del Partido Socialista para que no se unan en una posible negativa en el parlamento al Bloco de Esquerda y al Partido Comunista, mostrando así una oposición frontal a la posible formación de un gobierno respaldado por partidos contrarios al euro y a la OTAN. "Los miembros de la cámara decidirán en conciencia y teniendo en cuenta los mejores intereses de Portugal. Como presidente tomo las responsabilidades constitucionales que me competen, los diputados tienen ahora la suya", comunicó Cavaco Silva.

El presidente de Portugal explicó esta decisión argumentando que "un futuro fuera del euro y de la Unión Europea sería catastrófico para Portugal". "Al que gana se le pide la elección para formar Gobierno, es la regla que siempre prevaleció en 40 años de democracia", continuó Cavaco Silva.

Aunque el problema que se plantea ahora está en un posible rechazo de la Asamblea Nacional al próximo Gobierno. Ante esta tesitura, el presidente dijo que "si el gobierno formado por la coalición ganadora no puede garantizar plenamente la estabilidad política", habrá que tener en cuenta las consecuencias "de una alternativa claramente incompatible en lo financiero, en lo económico y en lo social".

En referencia al acuerdo anunciado por socialistas, Bloco de Esquerda y Partido Comunista, Cavaco Silva concluye afirmando que "de hecho, es significativo de que si estas fuerzas políticas no se han presentado en conjunto, es que la solución no será estable, duradera ni creíble".

“Ésa es una pregunta sin respuesta”, afirma el hombre mientras sirve un par de esos cafés portugueses que vitalizan a cualquier hora. Hace apenas dos semanas que se celebraron las elecciones legislativas en Portugal, las primeras después de la intervención de la Troika en el país, y el asunto de las victorias y las derrotas, o todo lo contrario, de la cita con las urnas, despierta pocas pasiones en las calles. También en los bares y pastelerías. El resultado estimula en cambio muchas preguntas, de esas que tienen múltiples respuestas. O tal vez, de las que no la tienen. ¿Por qué fue la lista más votada la actual coalición de Gobierno, formada por conservadores y liberales, que puso en marcha la tijera de los recortes? Abre los ojos, levanta las cejas y estira los labios. “Ésa es una pregunta sin respuesta”, dice Estavão Inocêncio Cordeiro, en su bar de Campo Maior, en la región del Alentejo. La conversación se alarga unos minutos, pero con poco entusiasmo, y se aplaza a enero, cuando habrá nuevamente comicios en Portugal, esta vez para elegir al presidente de la República.

En los últimos tiempos han pasado muchas cosas en el país luso, incluso unas legislativas, pero de momento poco se ha movido el escenario. El 20 de octubre seguía sin haber una respuesta sobre quién gobernará el país, aunque al caer la noche António Costa, el líder del Partido Socialista, anunció tras visitar al presidente Cavaco Silva que el PS estaba listo para formar un gobierno estable con los dos partidos de izquierda, el Partido Comunista Portugués, y el Bloco de Esquerda.

La pregunta quizá debería ser otra: ¿Quién ganó realmente las elecciones del pasado 4 de octubre, los dos partidos del Gobierno que se presentaron coaligados, o el cambio? Y aquí sí tiene cabida una mayor discusión y debate. Ha ganado la coalición conservadora, dicen unos. “El Gobierno portugués tomó algunas medidas muy duras y, en ese sentido, es una buena noticia que un gobierno pueda aún gobernar después de tomar tales decisiones”, afirmó por ejemplo el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, al Jornal de Negócios.

Han sido derrotados, apuntaban otros. “La mayoría de los portugueses no votaron por los partidos de la coalición que gobierna el país. A partir de los resultados de las elecciones, se puede inferir que la mayoría de los portugueses quiere un cambio”, resume para CTXT Miriam Costa, investigadora del Centro de Estudios Internacionales del Instituto Universitario de Lisboa.

En realidad, ganaron los mismos, aunque fueron otros los victoriosos. Los partidos del actual Gobierno (los conservadores del Partido Social Demócrata, PSD, y la derecha del Centro Democrático y Social-Partido Popular, CDS-PP), ahora bajo el nombre de Portugal á Frente (PàF), lograron el 36,83% de los votos; o lo que es lo mismo, perdieron 800.000 votos respecto a 2011 y obtuvieron 25 diputados menos. Las cifras también dicen que Portugal á Frente obtuvo una victoria insuficiente.

Los demás partidos que han entrado en el Parlamento perdieron las elecciones, aunque en realidad ganaron peso respecto a los anteriores comicios. La gran paradoja es que el Partido Socialista, al que las encuestas de hace unas semanas pronosticaban incluso mayoría absoluta, ganó 200.000 votos y 12 diputados, pero fue el gran derrotado. Ironías de la vida, son ellos quienes tienen ahora la llave del futuro. “António Costa, a pesar de la inequívoca derrota, quedó en una posición decisiva para la definición de lo que va a ser Portugal en los próximos tiempos”, según afirmaba un editorial de la revista semanal Sábado.

Dos semanas después de su comparecencia pública, apesadumbrado en la noche electoral, Costa, exalcalde de Lisboa, no para de sonreír. Todos los partidos quieren su apoyo, reunirse con él, acercarle a su bando. No sólo la coalición que ha gobernado el país en los años de la intervención de la Troika (de 2011 a 2014, la economía lusa estuvo en manos del triunvirato formado por la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial) quiere estrechar la mano al líder socialista. También buscan su refugio desde el ala más izquierdista de la Asamblea de la República.

El Bloque de Izquierda, que obtuvo un 10,22% de los votos, logrando sus mejores resultados; y la CDU (coalición de comunistas y verdes, que logró el 8,27%) creen que el nuevo gobierno debe cambiar de signo. “La CDU creció en porcentaje de votos, pero quedó lejos de las expectativas. Esperábamos un crecimiento mayor”, reconoce a CTXT el alcalde de Évora, el comunista Carlos Pintos de Sá.

“El PCP [Partido Comunista Portugués], está mostrando una gran sensibilidad por la voluntad popular y una gran apertura, algo que sorprende a muchos. Ha dicho que va a permitir un gobierno del PS. Considero que los portugueses quieren un cambio de política, una nueva política que se preocupe por el pueblo y no por los grandes intereses económicos. Esta nueva política y este nuevo gobierno serán posible si el PS quiere unirse a la izquierda y no a la derecha”, añade el también profesor de Economía de la Universidad de Évora.

"¿Comunistas y socialistas? Imposible"

“¿Unión de comunistas y los socialistas? Imposible, nunca se han entendido en Portugal”, retoma la conversación el tabernero de Campo Maior, no sin pasotismo, no sin dejadez, con apatía.

La abstención, que llegó al 43%, también sirve para esbozar un panorama de desafección, uno de los claros titulares de las recientes elecciones que menos eco mediático ha tenido. “Aquí no se habla de política. A la gente no le interesa”, sonríe un quiosquero de la empobrecida región del Alentejo, donde la media de edad es elevada. En la más joven, aunque tenga imagen descascarillada, Lisboa la sensación es similar. “La juventud quiere que no les molesten y siguen despreciando a los políticos. Las generaciones más jóvenes siguen sin votar, pese a que tengan altos índices de formación”, reconoce a este medio un joven periodista lisboeta, Antonio Oliveira e Silva. “La tasa de abstención es la prueba del descrédito de la clase política y partidista para el pueblo portugués. Esta campaña electoral no fue esclarecedora y se centró en las grandes ciudades por lo que parte del electorado se sintió marginado”, explican desde el Diario do Sul, situado en la también ciudad alentejana de Évora.

La vida sigue y mientras el relato se transcribe las crónicas van cambiando. Porque puede que socialistas y comunistas se unan en Portugal. A pesar de que ganaron los de siempre en las elecciones, se avecinan cambios. El PCP y el Bloque de Izquierdas (BE por sus siglas en portugués) han hecho guiños al partido que tiene la mano del futuro. Y han acercado posturas tras varias reuniones.

Los últimos movimientos, calificados de “guerrilla política” por el diario Público, y también las últimas declaraciones (durante dos semanas el pulso del país ha estado en boca de quién hablaba), hacen inclinar la balanza hacia la izquierda. A pesar de que el número dos de la coalición Portugal à Frente, Paulo Portas, ha renunciado a su puesto para cedérselo al exalcalde lisboeta, Costa...

“Es incomprensible que el PS responda a las propuestas de la coalición enunciando exclusiva y exhaustivamente medidas de su propio programa electoral, sin ni siquiera jerarquizar”, ha escrito el hasta hace unos días primer ministro, Pedro Passos Coelho, a líder socialista, recordándole quién ganó las elecciones. “Nadie en el país comprende que el PS exija gobernar con el programa del PS, lo que constituye una perversión de los resultados electorales”, añadía la misiva de Passos Coelho.

Y es que el nuevo esquema político luso parece un libro juvenil de esos de ‘escoge tu propia aventura’. El final está por escribir. Y parece que va a jugarse en la comisión política de los socialistas prevista para la noche del jueves 22 de octubre.

Cavaco y las 23 coaliciones

Todo está en el aire, después de las vueltas del relato. En un principio se convirtió casi en evidente una gran coalición entre CDS-PP, PSD y PS, una gran sopa de siglas, imposible de recordar pero muy del gusto del presidente de la República. “Para alcanzar la estabilidad es frecuente en Europa que se formen gobiernos de coalición. De los 28 gobiernos de los países de la Unión Europea, 23 son coaliciones de dos o más partidos”, dijo Aníbal Cavaco Silva hace unos meses allanando el camino. De hecho, Cavaco mandó formar gobierno a la coalición que más votos obtuvo en las elecciones. Pero de poco ha servido su posicionamiento. La trama es otra.

El presidente de la República tiene toda esta semana reuniones con las formaciones políticas. Ya se ha citado con Costa, y este apuesta clara y definitivamente por un “gobierno alternativo”: “Hemos tenido contacto con el PCP y el BE. Existen las condiciones de parte del Partido Socialista para ofrecer una solución con estabilidad en la Asamblea de la República, que al mismo tiempo exprese la voluntad de los portugueses”, afirmó Costa a los periodistas tras la reunión mantenida el 20 de octubre con el presidente. “Desde nuestro punto de vista hay una solución alternativa y el país no gana nada en prolongar la situación de incertidumbre”, añadió.

António Costa, el gran derrotado de la noche electoral, parece ahora el encargado de narrar el final de una historia que, como mucho, tendrá punto y aparte. El punto final, al menos momentáneo, llegará con la aprobación del presupuesto del país para 2016. La fecha electoral hizo imposible presentarlos antes de la cita con las urnas, y Europa ya ha tirado de las orejas a Portugal por incumplir los plazos. Para consensuarlos, las formaciones políticas tendrán que limar asperezas con lápiz y calculadora.

Comunistas y bloquistas anunciaron en campaña el fin de la austeridad y de los recortes sociales, e incluso apostaban por decir adiós al euro (la publicidad del BE en las principales plazas lisboetas es clara al respecto). Los socialistas anunciaban también, en tiempo de promesas electorales, aflojar el cinturón de la austeridad; pero, sí o sí, cumplir con Bruselas. ¿Cómo conjugar ambas posturas? Difícil en un país que sigue bajo la lupa de los poderes económicos, al menos hasta que haya devuelto gran parte de los 78.000 millones de euros recibidos durante los tres años de control económico.

En la agenda urgente del nuevo gobierno hay otro contratiempo: la imposibilidad de vender el Novo Banco (la parte buena del quebrado Banco Espírito Santo) al no existir nuevas ofertas. Con este dinero se preveía contrarrestar parte del dinero público que se metió en el rescate del gran grupo financiero portugués en el verano de 2014, y que hizo elevar el déficit ese año del 4,5 al 7,2%.

“Ya veremos”, se repite constantemente cuando la pregunta es ¿quién gobernará? La respuesta es también una gran incógnita cuando se habla de presupuestos. Ojos abiertos, cejas elevadas y labios estirados. Una cosa parece clara, en enero hay elecciones para presidente de la República, seguramente con otro relato interesante. Todo parece aún por escribir. Pero, si acaba gobernando la izquierda, Portugal se unirá a Grecia en el camino, lleno de preguntas sin respuesta, contra la austeridad.

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El líder de los socialistas portugueses, Antònio Costa, admitió en la tarde de este martes que "están creadas las condiciones para un Gobierno de izquierda". Una alternativa a la derecha (que gobernó en los últimos años y volvió a ganar en las recientes elecciones) para la que contaría con el apoyo del Bloco de Esquerda y el Partido Comunista.

El Partido Social Democrático (PSD) del conservador Passos Coelho y su socio de gobierno, Centro Democrático Social-Partido Popular (CDS-PP), han tratado sin éxito de lograr el apoyo socialista para repetir mandato, después de que no lograsen una mayoría suficiente en las elecciones del 4 de octubre.

Sin embargo, han sido los socialistas quien ha sumado el respaldo parlamentario necesario gracias a los comunistas y al Bloque de Izquierdas. "Se dan las condiciones para que el PS pueda formar gobierno con un apoyo mayoritario que garantiza la estabilidad para el conjunto de la legislatura", anunció Costa tras reunirse con el presidente de Portugal, Cavaco Silva.

El líder socialista defendió que su alianza "expresa la voluntad de los portugueses", algo que ya repitió en varias ocasiones al decir que la ciudadanía había optado en las urnas por un cambio de políticas al no dar la mayoría absoluta a la candidatura de la derecha, Portugal al Frente.

Aunque la decisión final depende del presidente, a quien corresponde encargar oficialmente la formación del próximo gobierno, Costa advirtió de que es "urgente" crear una nueva administración "que pueda asegurar la estabilidad". "El país no gana nada prolongando en el tiempo una situación de incertidumbre".

En este sentido, Costa hizo un llamamiento a dejar de lado aquellas "soluciones" que "no tienen posibilidad de tener apoyo parlamentario", en una aparente alusión a la coalición conservadora, que aún no ha renunciado a seguir en el poder.

La líder del Bloque de Izquierdas, Catarina Martins, también coincidió en que la designación de Passos Coelho como primer ministro sería una "pérdida de tiempo" y anunció que el acuerdo con los socialistas quedará formalizado en cuestión de días.

   - En Portugal ha logrado un 38,5% de los votos y 104 escaños (a 12 de la mayoría absoluta) una coalición de centro derecha encabezada por el actual primer ministro Pedro Passos Coelho. Salvando las muchas distancias ideológicas, a efectos electorales sería como si aquí se presentaran ahora en coalición el PP y Ciudadanos.

   - En Portugal, los dos grupos que forman esa coalición de centro derecha (el PSD y el Centro Democrático Social-PP) sumaron por separado en las anteriores elecciones de 2011 el 50% de los votos. Es decir que juntos han caído doce puntos. Por cierto, con un nivel de abstención que en 2011 fue del 41% y este domingo subió hasta el 43%. (En España se registró una abstención del 26% en las generales de 2008 y del 28% en las de 2011).

   - En Portugal, Coelho, por lo demás, se parece a Rajoy como un huevo a una castaña. Se trata de un economista, un tecnócrata decidido a privatizar en Portugal hasta el Cabo de San Vicente aunque no se lo pida la troika, pero que a la vez deja caer la Banca Espírito Santo o liberaliza algún oligopolio para demostrar que el que manda es él y no el poder financiero o empresarial. (Casi como aquí). 

   - En Portugal las opciones fragmentadas de la izquierda han sumado 121 escaños, una mayoría absoluta clara, aunque imposible de articular como coalición de gobierno. El Partido Socialista obtiene el 32,4% de los votos (85 escaños); el Bloco de Esquerda, el 10,2% (19 escaños) y el Partido Comunista en coalición con los Verdes, el 8,3% (17 escaños). Pero el mayor enemigo de los comunistas son los socialistas, y viceversa. Los primeros quieren sacar a Portugal del euro, y los segundos tienen en la cárcel (bajo graves acusaciones de corrupción aún no juzgadas) a su anterior líder José Sócrates, que fue el primer ministro que solicitó el rescate para Portugal. Hoy por hoy, la izquierda española se parece a la portuguesa tanto como Rajoy a Passos Coelho. 

   - En Portugal el Bloco de Esquerda (la referencia en España de Podemos) triplica el número de diputados respecto a 2011. Ha expresado su voluntad de llegar a acuerdos con los socialistas, pero el líder de estos últimos y sucesor de Sócrates, António Costa, ha dejado claro que prefiere dar apoyos puntuales a Passos Coelho antes que pactar con el resto de la izquierda.

   - En Portugal parece cantado que el Partido Socialista se encamina a un congreso extraordinario en el que podría caer Costa y ser sustituido por algún dirigente más dispuesto a un giro a la izquierda que a sostener a un Gobierno conservador que ha recortado derechos sociales y servicios públicos como si se acabara el mundo. Si se confirmara ese pronóstico de algunos analistas políticos lusos, antes de un año el Gobierno de Passos Coelho podría verse forzado a convocar nuevas elecciones.

¿De qué se alegra tanto entonces el Gobierno de Rajoy? Obviamente de esa fragmentación de la izquierda que permitirá tomar posesión a Passos Coelho, pero sobre todo de un hecho que, elección tras elección, viene confirmándose en las últimas décadas: las elecciones generales las pierde el gobierno de turno, no las gana la oposición. Dicho de otra forma, quien maneja los Presupuestos Generales, el BOE, la mayoría de los medios de comunicación y la capacidad de sembrar el miedo o de tranquilizar a la población sólo perderá el poder ejecutivo si comete graves errores de última hora o afronta de mala manera cualquier tipo de catástrofe. Y ello aunque haya incurrido en contradicciones absolutas, engañado al electorado o aplicado políticas antisociales. De hecho al PP, aunque no lo exprese públicamente, tampoco le pareció tan mal la victoria en Grecia de Syriza, porque sirve también para confirmar que es muy difícil desalojar a un Gobierno en una sola legislatura, y más aún si consigue trasladar la imagen de que “no hay alternativa”, que “más vale lo malo conocido”, que “son lentejas”… y otros cuantos eslóganes muy propios del espíritu navideño.

España no es Grecia ni Portugal por la misma razón por la que no se produjo un rescate total sino bancario, es decir porque la economía española es la cuarta de la zona euro y su rescate completo supondría el fin del euro. Pero esa misma diferencia debería condicionar la valoración de una gestión de gobierno con mayoría absoluta que no ha sido capaz de frenar una sola imposición de la troika ni distribuir con un mínimo de equidad los sacrificios. (Y sin conseguir tampoco los objetivos que esos sacrificios supuestamente pretendían: controlar el déficit y reducir la deuda). 

La otra gran diferencia respecto a Grecia y Portugal es que aquí entran y salen de la cárcel o se sientan en el banquillo exvicepresidentes del Gobierno y extesoreros del partido de la mayoría absoluta sin que su máximo líder asuma la menor responsabilidad política ni se plantee siquiera renunciar al liderazgo.

Pese a no alcanzar la mayoría absoluta, la victoria de la coalición de centroderechas se veía venir. Tal vez, lo sorprendente en las elecciones legislativas del domingo 4 de octubre haya sido la magnitud de la derrota del PS, aunque paradójicamente otorga al partido de António Costa un papel clave en el Parlamento de la República, donde las formaciones de izquierda cuentan ahora con una ventaja aritmética pese a no poder gobernar juntos. De modo que, la excepción portuguesa, que ha permitido al Ejecutivo saliente sobrevivir después de cuatro años y medio de “austeridad” bajo “intervención” extranjera, no desentona en el maltrecho panorama de la socialdemocracia europea.

Según se desprende de los resultados casi definitivos del escrutinio, la coalición formada por el PSD del primer ministro Pedro Passos Coelho y el CDS de su socio de Gobierno Paulo Portas obtuvo el 38,55% de los votos, y 104 diputados, lejos de los 116 escaños que suponen la mayoría absoluta. Sin embargo, el revés del PS es tan evidente –sólo ha conseguido el 32,38% y 85 diputados– que el presidente de la República Anibal Cavaco Silva, cuyo papel se revela decisivo en el periodo de incertidumbre política que ahora se abre, en buena lógica debería instar al jefe del Gobierno saliente a formar gobierno en minoría.

Esta situación no es nueva, ya se ha dado en varias ocasiones desde que en el periodo 1974-75 se restableció la democracia. La jornada electoral del domingo estuvo marcada por una abstención récord (del 43,07%), superior incluso a la registrada en 2011, de ahí que el mandato de los “vencedores” que ahora se abre se antoja precario y, sin lugar a dudas, provisional.

Ya el mismo domingo por la noche, Pedro Passos Coelho, que aludió a su “victoria indiscutible”, hizo un llamamiento a António Costa, aludiendo al “europeísmo” del PS y al respeto “de las reglas de la zona euro” que constituyen el patrimonio común de los partidos del “bloque central” que se han alternado en el poder desde el final del proceso revolucionario. “No dejaremos nunca de ir al encuentro de los socialistas”, señaló.

Para muchos, la derrota del PS es la de su líder, quien proclamó su intención de mantenerse en el cargo, pero cuya suerte se ve claramente cuestionada. La táctica consistente en mantener un discurso de campaña radical, descartando por ejemplo el apoyo a los presupuestos de 2016, en caso de que la coalición saliente reeditase el gobierno, no permitió apelar al “voto útil” de izquierdas, tal y como puso de manifiesto el fuerte aumento del Bloco (el bloque de izquierdas) en la recta final. Un avance que los sondeos no detectaron, pese a la muy buena campaña llevada a cabo por su portavoz, Catarina Martins. Esta formación de la “izquierda de la izquierda”, que obtuvo el 10,22% de los votos emitidos, ha alcanzado un resultado “histórico”.

Por vez primera, adelanta a la CDU, formación frentista en la que se integra el Partido Comunista portugués, no solo en votos (el 8,27% que suele obtener el PCP), sino también en número de escaños (19 frente a 17), al lograr un grupo parlamentario con más del doble de diputados. Supone una humillación para el líder de los comunistas, Jeronimo de Sousa, que ha llevado a cabo una campaña muy centrada en su figura. Por el contrario, el fracaso es atronador para las numerosas pequeñas formaciones “alternativas” que se erigían en herederos lusitanos de Syriza o de Podemos. Si ha existido el llamado “voto útil”, ha estado a la izquierda de la izquierda y ha ido a parar al Bloco. El único “minipartido” que ha salido airoso, con el 1,39% de los sufragios y un diputado por Lisboa, es el PAN (Personas, Animales, Naturaleza), formación ecologista independiente, después de que los Verdes oficiales concurrieran en las filas de la CDU.

Todas las contradicciones de que ha hecho gala el PS –radicalismo verbal, pero un programa a fin de cuentas muy moderado sobre todo en lo que respecta al futuro del estado del bienestar– se ponían de manifiesto en las palabras que António Costa pronunció tras la derrota, una suerte de “ni ni”. “Que nadie cuente con nosotros para permitir a la coalición seguir con sus políticas como si fueran las nuestras, ni cuente con el PS para formar un cártel del no sin condiciones para crear una alternativa de Gobierno”. Tras las invitaciones veladas del Bloco y del PCP para derrotar a la derecha en el Parlamento, António Costa expresó su rechazo a las “mayorías negativas” e insistió en el respeto a los compromisos europeos del país. Asimismo, añadió que el PS asumía “plenamente la responsabilidad de garantizar que la voluntad de los portugueses no se pierda en la imposibilidad de gobernar, el vacío o la alienación”. Difícil de entender.

La cuestión europea divide a la izquierda portuguesa

Efectivamente, la cuestión de Europa y de la moneda única se revela un obstáculo infranqueable en las vías de cooperación entre las tres formaciones de izquierdas y que sumarán 121 diputados en la nueva Cámara. Más allá de las peticiones de principio contra la “austeridad” y en favor de la anulación o de la renegociación de la deuda pública del país (que representa el 130% del PIB), la izquierda de la izquierda o es ambigua (el PCP), o se encuentra internamente dividida (el Bloco) en lo que concierne al futuro del país en el seno de la zona euro.

A nivel institucional, la situación está clara. No es posible celebrar nuevas elecciones antes de seis meses y, en cualquier caso, el jefe del Estado no puede ejercer su derecho de disolver las Cámaras en el último semestre de su mandato, que expira en marzo. Anibal Cavaco Silva no ocultaba que a falta de mayoría absoluta en uno u otro partido del llamado “bloque central”, se mostraría partidario de una gran coalición de la centroderecha y del centro izquierda.

También habrá que tener en cuenta la presión de los mercados y de los socios europeos, sobre todo de Alemania, país que también tiene un gobierno de coalición y que prestó fondos al PS portugués, para garantizar que prosigue el esfuerzo en la recuperación de las cuentas del país. Lo que conlleva al menos que el grupo socialista se abstendrá para permitir que se adopte del programa del nuevo ejecutivo y el presupuesto para 2016, que debe alcanzar el objetivo del déficit presupuestario, por debajo del fatídico 3% del PIB.

De que en el seno del PS portugués se aclaren, entre su retórica “radical” que ha fracasado y la moderación programática que refleja el centro de gravedad del partido, se encuentra la llave de la situación política al menos hasta primavera, cuando llegue un nuevo inquilino al palacio presidencial de Belem. Y pasa probablemente por la salida de Antonio Costa. El exalcalde de Lisboa basó su toma de posesión, en detrimento de José Antonio Seguiro, en los resultados mediocres que el PS obtuvo en las últimas elecciones europeas. Desde el domingo, los seguristas piden la cabeza de Costa.

Pero por encima de las cuestiones personales, de interés limitado, la derrota del PS portugués plantea nuevamente la cuestión espacio que le queda a la socialdemocracia cuando no hay mucho más margen dado que el estado del bienestar ha quebrado de facto.

Antes de la crisis financiera de 2007-2008, la respuesta del Gobierno de José Sócrates supuso una huida hacia adelante en el gasto público y en la multiplicación de las CPP (colaboraciones publico-privadas) cuya factura se ha revelado ruinosa para las finanzas del país. Las desventuras personales del número 44 número 44(en alusión a la celda que ocupó el ex primer ministro en la cárcel especial de Évora en la que permaneció confinado durante nueve meses acusado de corrupción) garantizan que la experiencia no se olvide, lo que puede haber contribuido a la derrota del PS. Una parte del pasado a la que los socialistas portugueses también deberán hacer frente.

Traducción: Mariola Moreno 

El Gobierno de Mariano Rajoy y su partidoGobierno, el PP, se miran en el espejo de Portugal. Es lo que tienen más cerca para intentar ejemplificar uno de sus mantras, el de que los países, para seguir siendo prósperos, no deben abandonar la senda del reformismo. Este va a ser uno de los ejes de la campaña con la que el jefe del Ejecutivo quiere revalidar un segundo mandato en la Moncloa. El de 'o yo, o el caos'. Siendo él la garantía de la estabilidad y el crecimiento económico, y el caos, un Gobierno del PSOE al que también podría sumarse Ciudadanos o Podemos porque, según sus propias palabras, Pedro Sánchez está tan "radicalizado", tan preso de una "ansiedad" por gobernar que le da igual cuáles sean sus socios de viaje con tal de desalojarle del poder.

En este contexto, la noche del domingo, los dirigentes conservadores se alegraban al ver cómo la derecha portuguesa, la coalición de Pedro Passos Coelho, se convertía en la lista más votada. No había podido ser hace unas semanas cuando Syriza se convertía de nuevo en ganadora de las elecciones griegas. Ahora sí.

A priori se daban todas las circunstancias para extrapolar el escenario al caso español: gana la derecha, gana la coalición que gobierna, ganan los ejecutores de los recortes, los que se mantuvieron fieles a la troika... Hasta el punto que desde el Gobierno no se dudó en sacar pecho: la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, sostuvo que los portugueses habían reconocido "los esfuerzos tremendos" que había tenido que realizar el Ejecutivo de Passos.

Lo mismo ocurrió desde la dirección nacional del PP. "Los portugueses han entendido que la responsabilidad, la seriedad y tomar medidas eficaces no sólo es necesario sino la vía que funciona", valoró el vicesecretario de Acción Sectorial, Javier Maroto. 

Pero esto es a priori, en el trazo grueso. Porque el PP, el mismo partido que rechaza pronunciarse sobre todas las encuestas electorales en las que salen peor parados con el argumento de que se trata de una "foto fija", obvia que la noche electoral en Portugal –38,5% de los votos de la derecha, frente al 32,4% de los socialistas, segunda fuerza en votos– es también una foto fija que augura todo lo contrario de la estabilidad que Rajoy promete si los ciudadanos le dan los votos suficientes para seguir en la Moncloa.

infoLibre ha consultado con expertos en política y sociología y conocedores del contexto portugués las similitudes y diferencias entre lo que puede ocurrir en España y lo que ha ocurrido en el país vecino. Antes de entrar en materia, hay pleno de unanimidad en un asunto: el caso luso no es extrapolable al español. Y en España, un reparto de votos como el que salió de las urnas la noche del domingo no garantizaría a Rajoy la Presidencia del Gobierno.

1. La derecha no ha ganado

Todas las fuentes consultadas subrayan que es fundamental partir de una base que desprecian en el Partido Popular y en el Gobierno: la de que la verdadera ganadora en Portugal ha sido la izquierda. "En primer lugar, en Portugal la derecha ha perdido las elecciones. No las ha ganado. Esto, si ocurre aquí [la derecha] no sale tan bien parada", valora el sociólogo Fermín Bouza. "La izquierda en Portugal no es la izquierda de aquí, es una izquierda histórica, mucho más dura en un sentido clásico", añade. A su juicio, los partidos de izquierda lusos repiten un esquema que quizá en España esté "superado". "Aquí estamos a otra cosa", mantiene.

Bouza interpreta que de lo que realmente está contento el PP es de que pinta muy complicado que el Bloque de Izquierdas y la CDU se pongan de acuerdo con los socialistas para desbancar a los conservadores de Passos Coelho. 

En una línea similar, Pilar del Río, periodista y presidenta de la Fundación Saramago, recalca que "en Portugal ha ganado la izquierda". "Partiendo de la base de que ha ganado la izquierda, por cortesía parlamentaria, Coelho recibirá el encargo del presidente de la República de formar Gobierno. Pero cuando llegue al Parlamento con una ley, ¿qué va a hacer?", se pregunta introduciendo un tema que abordaremos más adelante: el de la estabilidad.

Pablo Simón, politólogo y profesor en la universidad Carlos III de Madrid, insiste en que "la coalición gobernante ha perdido 12 puntos". "El castigo a quien estaba en el Gobierno ha sido clarísimo", señala.

2. Dos izquierdas diferentes

Del apartado anterior se extrae una clara conclusión: la derecha no ha ganado, pero tiene todos los visos de gobernar pese a que enfrente tiene a una izquierda que suma más. "Son dos países distintos. La izquierda es distinta. Si en España gana la izquierda, desde luego la tradición en España es que se ponga de acuerdo y gobierne la izquierda", valora Del Río.

Para esta periodista, los grandes triunfadores en Portugal han sido tanto el Partido Comunista como el Bloque de Izquierdas. "En estos momentos están todas las cartas sobre la mesa. Si en el Gobierno de España están contentos es que no saben interpretar los datos", subraya. 

Sobre la división de la izquierda también hablan Simón y Bouza. Simón mantiene que el castigo a la coalición gobernante ha sido "clarísimo". "Eso es indudable", insiste. Pero no niega que, "como la izquierda está dividida en tres bloques separados y hay un bloque que no está dispuesto a pactar con el PS que es la CDU, los comunistas portugueses, no cabe la posibilidad de que haya una mayoría alternativa". "O es poco probable", dice.

En un escenario de pactos, este profesor de la Carlos III de Madrid subraya que, mientras que en España los socialdemócratas son capaces de llegar a acuerdos con otros partidos, el Partido Popular, el partido del Gobierno. "a nivel nacional no ha sido capaz casi nunca". "CiU y PNV ya no existen como socios potenciales", valora.

Bouza no niega que, ante un escenario parecido también pudiesen aflorar roces y divisiones en la izquierda española. Pero se muestra convencido de que aquí podría articularse una mayoría alternativa de una forma más sencilla. "Aquí es más fácil unirlos que en Portugal", añade insistiendo en que el Partido Socialista luso está "muy tocado". 

3. Partidos emergentes

El politólogo Pablo Simón pone sobre la mesa otra diferencia: "Nada tiene que ver nuestro contexto con el suyo". Por una cuestión fundamental. A su juicio, "ellos no han quebrado su sistema de partidos y nosotros, en España, sí". 

"Mientras que ellos toda la rendición de cuentas la han repartido con partidos existentes en el sistema, nosotros hemos visto que se han fracturado izquierda y derecha. Tenemos a Podemos y Ciudadanos. Y esto va a ser que el ajuste sea mayor y que la gobernabilidad vaya a ser mucho más compleja aquí que allí", añade.

En este sentido, recuerda que los nuevos partidos tendrán que "mojarse" y que, al mismo tiempo, "el tema territorial va a hacer que cambien muchas alianzas en muchos lugares". Esto, añade, a su vez, "nos cambia la agenda de la próxima legislatura". "El contexto va a ser extremadamente complicado", sentencia.

4. Estabilidad versus inestabilidad

Cuando Rajoy y los suyos relacionan su continuidad en el Gobierno con la estabilidad y, a su vez, se miran en el caso luso hay algo que chirría. Y mucho. Lo que ocultan es que el Gobierno de Passos Coelho tiene todas las papeletas de ser de todo menos estable. Esto lo comparten todos los expertos consultados. 

"Ahora el Gobierno de Coelho va a estar bajo la espada de Damocles perpetúa de una moción de censura de la izquierda. Y es que, cuando la izquierda quiera, va a poder tumbar a su Gobierno", valora Simón.

En este escenario, lo más probable es que los portugueses se vean abocados en breve a unas nuevas elecciones. "El Gobierno puede tener unos meses de vida. A ver qué pasa a la tercera ley que tenga que aprobar y no tenga con quién pactar porque todo lo que hay al otro lado es izquierda", valora Del Río.

5. Recortes

En este punto, los casos de España y Portugal son más extrapolables. Ambos Gobiernos se han abrazado a los recortes y a las políticas de austeridad como hoja de ruta para salir de la crisis. Y tanto Rajoy como Coelho han dado por sentado que no había otra alternativa. Los 12 puntos que ha perdido Coelho en esta cita electoral y la caída libre en la que está el partido del Gobierno en España dan, no obstante, una pista de que los ciudadanos empiezan a creer que sí había otras alternativas.

En España, Rajoy no tiene ninguna intención de desvincular al Gobierno de su candidatura. De hecho, en el PP consideran que es un plus que se presente como el hombre que ha hecho que en España empiece a verse la luz al final del túnel. Pero en Portugal Coelho hizo un intento de desvincular a su coalición del Gobierno. Y tampoco ha surtido efecto. Lo explica Pilar del Río: "En el Gobierno de Portugal han sido muy sutiles y han hecho la campaña no vendiéndose como Gobierno, porque saben que vendiéndose como Gobierno no llegarían a ningún sitio. Porque son el Gobierno del austericidio. Entonces, se inventaron una cosa llamada coalición y otra cosa llamada PAF (Portugal al Frente). Tú hablas con gente en la calle, a mí me ha pasado con taxistas, que no iban a votar al Gobierno. Iban a votar a la coalición".

6. El peso de la corrupción

La corrupción también ha tenido un peso importante en estas elecciones. En el caso de Portugal ha afectado al principal partido de la oposición, lo que ha "cortocircuitado" su crecimiento en las urnas a ojos de Pablo Simón. El exprimer ministro socialista José Sócrates está encarcelado. 

En España la corrupción también ha empezado a pasar factura a los políticos. Lo ha hecho de forma "más transversal", según PPablo Simón. De ahí que el nacimiento de los nuevos partidos pueda explicarse en parte como reacción a las formaciones tradicionales, incapaces de hacer frente a los escándalos o de rendir cuentas a tiempo. Pero no hay duda de que el partido más afectado ha sido el Partido Popular.

En el equipo de Rajoy lo saben y en las próximas semanas se van a volcar en trasladar la idea de que han cambiado, que ya nos son los mismos que arrancaron la legislatura y que los corruptos están fuera.

Portugal avala la gestión del actual primer ministro, Pedro Passos Coelho, en las elecciones legislativas celebradas este domingo, aunque no con mayoría absoluta. Portugal al Frente (PAF) –coalición electoral que integra al Partido Social Demócrata (PSD) y al Centro Democrático Social-Partido Popular (CDS-PP)–, encabezada por el dirigente conservador y que integra a los dos partidos que han gobernado de la mano durante la última legislatura, obtuvo el 38,5% de los votos, frente al 32,4% del Partido Socialista (PS). 

Los conservadores, por lo tanto, se alzarían, durante cuatro años más, con el Gobierno luso. Un Ejecutivo que ha tenido que hacer frente durante toda la pasada legislatura al rescate de 78.000 millones de euros, solicitado en la primavera de 2011 por el exprimer ministro socialista José Sócrates –ahora en arrestro domiciliario tras pasar por prisión acusado de corrupción, blanqueo de capitales y fraude fiscal–, sometiendo al país a duros ajustes económicos y recortes sociales –un IVA del 23% en productos básicos, un impuesto sobre la renta con una sobretasa del 3,5%– que ha llevado a jóvenes bien formados a abandonar el país en busca de un futuro fuera de sus fronteras –en los últimos años han salido del país 200.000 personas–. A pesar de que el paro ha disminuido del 17,5% en 2013 al 12,4% en la actualidad, y de que el Producto Interior Bruto (PIB) crece por encima de la media de la UE, la deuda es, tras la griega e italiana, la tercera más elevada de Europa –en torno al 128% del PIB–.

El Partido Socialista (PS), que encomendó al carismático exalcalde de Lisboa António Costas –se impuso en las primarias abiertas del partido con un 68% de los votos– el asalto al Palacio de São Bento –residencia del primer ministro luso–, mejoraría ligeramente los resultados de 2011, en los que cosecharon el 28% de los votos y 74 parlamentarios (23 escaños y casi 9 puntos menos respecto a 2009). 

Por detrás quedaron el Bloque de Izquierda (10,2 %) y la Coalición Democrática Unitaria (CDU) ecocomunista (8,3%). 

Sondeos

Horas antes de que avanzase el recuento, la Radio y Televisión Portuguesa (RTP) hizo público el sondeo elaborado por la Universidad Católica. Los datos fueron más optimistas que la realidad. Según esta proyección, la derecha se impondría en las legislativas con entre un 38 y 43% de los votos, lo que le permitiría seguir al frente de la Asamblea de la República durante los próximos cuatro años con entre 108 y 116 diputados. No obstante, ya estos datos no aseguraban que la coalición liderada por Passos Coelho obtuviese la mayoría absoluta –116 de los 230 asientos que conforman el Parlamento portugués–.

Según los sondeos a pie de urna, en tercer lugar se situaría el Bloque de Izquierda (BE, por sus siglas en portugués) que se mantendría en el Parlamento con entre un 8 y 11% de votos, una cifra con la que sumaría entre 16 y 20 escaños. Con este resultado, el partido encabezado por Catarina Martins vería reflejada en el Parlamento una mejoría respecto a los anteriores comicios legislativos, en los que logró 8 diputados y un 5,17% de los sufragios. Por su parte, el nuevo partido Livre (Libre), fundado por el disidente del Bloque y exdiputado europeo Rui Tavares, siempre según el sondeo, entraría en el hemiciclo al arrancar de las urnas un 1% de los votos, lo que le daría entre 0 y 1 escaños.

El cuarto lugar en la Asamblea de la República lo ocuparía la Coalición Democrática Unitaria (CDU), que integra al Partido Comunista Portugués (PCP) y al Partido Ecologista Os Verdes (PEV), con entre un 7 y un 9% de los votos y entre 13 y 17 escaños. Así, la coalición encabezada por Jerónimo de Sousa, empeoraría su resultado de 2011, cuando se quedó en 16 escaños tras cosechar un 7,9% de los sufragios. A pesar de que los partidos de izquierda portugueses superaron en votos y diputados a los conservadores, las diferencias existentes entre los socialistas y los comunistas lusos son irreconducibles, lo que impediría pactar para conseguir una mayoría absoluta que les diese la llave del Ejecutivo.

Gobierno en minoría

Tras los resultados, el primer ministro de Portugal, Pedro Pasos Coelho, señaló que "sería extraño" que la fuerza política con más diputados no lograra gobernar, según informó el diario portugués Público.

Coelho mostró su intención de comunicar al presidente del país su disponibilidad para gobernar en minoría, y añadió que tiene intención de alcanzar "acuerdos esenciales" con el Partido Socialista.

"En estos primeros días haremos, como nos compete, un paso indispensable para comunicar que la fuerza política más votada en las elecciones está disponible para formar gobierno", aseguró, y adelantó que se reunirá próximamente con el líder del Centro Democrático Social-Partido Popular (CDS-PP), Paulo Portas.

También reconoció que la situación a la que hará frente su coalición difiere con la que existía hace cuatro años, a causa de la pérdida de la mayoría absoluta, y explicó que intentará "alcanzar un entendimiento en torno a las reformas estructurales, con la esperanza de que, siendo un partido europeísta, estará disponible para posibilitar las reformas importantes, entre ellas la reforma social".

Alrededor de diez millones de portugueses acuden este domingo a las urnas para decidir la composición del próximo Parlamento, con el que quieren pasar página a cuatro años marcados por las dificultades económicas y en los que el primer ministro, Pedro Passos Coelho, ha hecho de la austeridad su bandera de gestión.

El primer ministro portugués en funciones y líder del Partido Social Demócrata, Pedro Passos Coelho, ha destacado a pie de urna que esta jornada de elecciones legislativas es un "día de esperanza", mientras que el líder del opositor Partido Socialista, António Costa, ha expresado su "gran confianza" en estos comicios que podrían propiciar la alternancia, tras acudir a votar.

El Partido Social Demócrata (PSD) de Passos Coelho y el Centro Democrático Social-Partido Popular (CDS-PP), que conforman actualmente una coalición de centro-derecha, aspiran a seguir en el poder a costa de un Partido Socialista que, pese a haber recuperado parte del terreno perdido en los últimos años, no ha logrado despegar, según informa Europa Press.

Los socialistas han encomendado a Antonio Costa, carismático antiguo alcalde de Lisboa, su asalto al poder. Costa ha prometido dar un giro a las políticas de austeridad y adoptar medidas para aumentar el poder adquisitivo de las familias.

Durante su último acto de campaña en Lisboa, el líder socialista llamó a la participación, consciente de que, como él mismo ha dicho, "cada voto cuenta" si quiere desbancar al centro-derecha. Los sondeos que llegaron a situar al PS al frente dibujan ahora una ventaja de la coalición Portugal al Frente del PSD y el CDS-PP.

Las encuestas coinciden en situar a la actual alianza gubernamental al frente en intención de voto, con ventajas que han llegado incluso a los doce puntos pero que vaticinan un escenario sin mayorías absolutas. El bloque de los indecisos -superior al 10 por ciento- podría terminar inclinando la balanza en uno u otro sentido.

Una encuesta difundida el viernes por el periódico luso 'Publico' cifró en el 37,2 por ciento la intención de voto para el bloque que encabeza Passos Coelho, frente al 32,9 por ciento que contemplaba para el Partido Socialista. El sondeo señalaba que los partidos progresistas Coalición Democrática Unitaria (CDU) y Bloque de Izquierda (BE) lograrían, respectivamente, un 8,8 y un 7,9 por ciento de los sufragios.

Cuestión de dinero

El primer ministro ha presentado como aval su gestión durante los últimos cuatro años, en los que ha navegado en un temporal de crisis económica que apenas comienza a vislumbrar la calma. Portugal ha vivido lastrado por el rescate que en 2011 solicitó el Gobierno de José Socrates y del que ha logrado salir a base de recortes.

Passos Coelho, fiel transmisor de las políticas de la troika, ha insistido en que la austeridad estaba justificada y ha pedido a Costa que no haga promesas que no pueda cumplir en caso de llegar al Gobierno. Para el primer ministro, el Partido Socialista equivale a "incertidumbre" y su Gobierno, en cambio, ejemplifica la "estabilidad" que el país necesita.

"Sin estabilidad no hay confianza, sin confianza no hay inversión, sin inversión no se crea empleo", dijo el jefe de Gobierno en el cierre de campaña, repitiendo una consigna que ha defendido en sus debates frente a Costa.

El presidente de Portugal, Anibal Cavaco Silva, también apeló a la "estabilidad" tras los "sacrificios" en su mensaje de convocatoria de elecciones. "Todas las elecciones son importantes, pero las próximas son especialmente importantes para el futuro de Portugal", advirtió.

El fantasma de Sócrates

José Sócrates deja su arresto domiciliario para acudir a votar. | EFE

Las elecciones llegan precedidas no sólo de convulsión económica sino también política, ya que durante la legislatura a punto de terminar los portugueses han visto cómo su anterior jefe de Gobierno, José Sócrates, terminaba cambiando la silla de primer ministro por el banquillo de los acusados.

Sócrates, bajo cuyo mando el socialismo conoció sus mejores momentos políticos, abandonó el Gobierno en julio de 2011 tras el rechazo parlamentario a su plan de austeridad, pero ahora su figura ha quedado ligada al escándalo. Tras 288 días detenido, el ex primer ministro logró abandonar la cárcel a principios de septiembre para pasar a arresto domiciliario.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recordó este lunes que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, aunque se envuelva en la bandera española, ha apoyado a "radicales" e incluso "independentistas" para al echar al PP de algunos ayuntamientos tras los comicios del pasado 24 de mayo.

En la rueda de prensa conjunta con su colega portugués, Pedro Passos Coelho, al término de la cumbre bilateral entre ambos países, Rajoy indicó que le parece "bien" que la bandera de España "la use quien estime conveniente", preguntado por la escenografía que empleó el domingo Sánchez en su mitin de proclamación como candidato a La Moncloa, en el que habló delante de una pantalla gigante que mostraba la enseña nacional.

Tras subrayar que el PP es un partido que usa en sus actos la bandera nacional "con normalidad y naturalidad", Rajoy recordó a la sociedad española que Sánchez, aunque intente ofrecer una imagen de moderación, ha dado su apoyo tras el 24-M a grupos "populistas, extremistas, radicales y en algunos casos independentistas con el único objetivo de que el PP no gobernara", a pesar de haber sido la fuerza más votada.

En concreto, citó el caso de Badalona, donde los socialistas han apoyado a la CUP, "un partido radical, extremistas e independentista", impidiendo así que gobernara en ese ayuntamiento la lista más votada, la de los conservadores.

Rajoy acusó a Sánchez de "no respetar la voluntad de la gente" en otros grandes municipios de España, como Madrid, Valencia, Zaragoza, Cádiz o A Coruña, donde, aunque fue el PP quien ganó las elecciones, los consistorios están gobernados por candidaturas de Podemos gracias al apoyo del PSOE. "Esa deriva hacia el extremismo, el radicalismo y hacia posiciones impropias de por donde va el mundo en el siglo XXI, a mí no me gustan nada", insistió Rajoy, que garantizó que el PP seguirá "apostando por la moderación, el equilibrio, la sensatez, por cumplir las regas y generar estabilidad y certidumbre".

Sin cambios

El presidente también descartó este lunes que vaya a hacer cambios en su Ejecutivo cuando quedan pocos meses para que se celebren las elecciones generales. "Cuando faltan pocos meses para la convocatoria de elecciones no va a haber ninguna... lo que se entiende por crisis" de Gobierno, afirmó Rajoy.

Rajoy, que anunció el jueves cambios en el PP que pasan por la renovación de algunas caras y por una implicación mayor de él mismo en la dirección del partido, ha asegurado que su Gobierno no va a "cambiar las políticas ahora cuando quedan varios meses (para las generales) y, sobre todo, cuando la política económica empieza a dar resultado".

Preguntado concretamente por el futuro del presidente gallego, Alberto Núñez Feijoó, ante las especulaciones que le sitúan entrando en el Ejecutivo central, recordó que el aludido ya ha dicho "cuál es su voluntad". "Yo estoy de acuerdo con él en que está aquí elegido por los gallegos para llevar adelante un programa de Gobierno", señaló.