La ley de abdicación, la que permite que este jueves Felipe de Borbón vaya a ser proclamado rey de España en sustitución de su padre, Juan Carlos I recibió este martes el visto bueno del Senado. Al igual que en el Congreso de los Diputados, el apoyo fue mayoritario. De los 266 senadores que integran la cámara alta había presentes un total de 258 en la sesión. De estos, 233 votaron a favor, cinco en contra y 20 se abstuvieron. A diferencia de lo que ocurrió en la cámara baja, la propuesta no fue defendida por ningún miembro del Gobierno –Rajoy lo hizo la semana pasada en el pleno–. Un hecho que afearon desde gran parte de los grupos parlamentarios.

Dieron luz verde al texto PP, PSOE, UPN y Foro Asturias. En contra estuvieron IU, ICV y ERC y se abstuvieron los senadores de CiU, PNV y Coalición Canaria.

Antes de que los diferentes grupos defendieran su postura en esta votación, las formaciones que habían presentado veto hicieron uso de su turno de palabra. Los tres vetos también fueron rechazados.

Por parte del PP, el encargado de defender la posición del Grupo Parlamentario Popular fue su portavoz, José Manuel Barreiro. Al igual que con anterioridad había hecho el socialista Marcelino Iglesias, Barreiro defendió que la aprobación de la ley se enmarca en el cumplimiento de la Constitución. Y que no se trata de un debate sobre el modelo de Estado. “Vamos, en definitiva, a cumplir con la Constitución, que es lo que como senadoras y senadores del Reino de España prometimos guardar y hacer guardar”, insistió.

Además, subrayó que, tras 40 años de reinado de Juan Carlos I “podemos afirmar que en nuestro modelo de Monarquía Parlamentaria el súbdito es el Rey: sí, súbdito de las leyes, de los ciudadanos y también súbdito del país”.

Por su parte, el socialista Iglesias justificó el apoyo del Grupo Socialista a la Ley de abdicación del rey Don Juan Carlos I "como consecuencia de un republicanismo basado en el imperio de la ley y del consenso constitucional" y apostó por reformar la Carta Magna para afrontar los nuevos retos del país. Un discurso muy similar al que hizo hace una semana en el Congreso el líder de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Pese a ir de la mano del PP en las votaciones, el portavoz del principal partido de la oposición dio un tirón de orejas al Gobierno en el arranque de su intervención. Así, calificó de “muy sorprendente” que ante una Ley Orgánica de semejante envergadura, ningún miembro del Ejecutivo haya decidido presentarla en el Senado. A su juicio, la cámara alta, como representante de la soberanía nacional, merecía que esta ley fuera presentada por el Gobierno.

La representación del Gobierno en este trámite estuvo encarnada por los titulares de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón; Sanidad, Ana Mato; Educación, José Ignacio Wert y Hacienda, Fátima Báñez.

Por parte del grupo de la Entesa, el senador José Montilla, señaló que este trámite puede emplearse para poner al día "un proceso de reforma de la Constitución". Dijo que se abría "una ventana de oportunidad". Y aprovechó su intervención para demandar al Gobierno que se escuche "el clamor" de los ciudadanos de Cataluña. La demanda de la reforma constitucional fue también uno de los ejes del discurso de Jokin Bildarratz (PNV). "La Constitución Española nació con una evidente carencia de respaldo de la ciudadanía en Euskadi", sostuvo. El dirigente nacionalista vasco hizo, además, un llamamiento a que el patrimonio de la Casa del Rey sea transparente.

Al igual que ocurrió en el Congreso, desde CiU se trasladó la idea de que Cataluña lleva tiempo siendo excluida. "Cataluña se ha sentido sola", resumió el senador Josep Cleries.

Por su parte, IU, ICV y ERC defendieron la retirada del proyecto de ley que hace efectiva la abdicación de Don Juan Carlos y exigieron que se celebre un referéndum para que la ciudadanía elija.

El senador de IU José Manuel Mariscal fue encargado de abrir el debate e, igual que después sus compañeros de ICV y ERC en la defensa de sus vetos, criticó la escasa presencia de miembros del Gobierno en el hemiciclo para asistir al debate.

Mariscal reprochó que se prive al pueblo de decidir el modelo de Estado y auguró que las elecciones municipales de 2015 se convertirán en unos comicios con carácter constituyente, con el "precioso antecedente" de las celebradas el 12 de abril de 1931, que derivaron en la proclamación de la II República.

Ha recordado que el 63 por ciento del actual censo electoral no tuvo oportunidad de votar la Constitución y por eso ahora "es la hora de la democracia" y que la ciudadanía "decida su futuro".

El siguiente paso se producirá este miércoles en el Palacio Real en un acto solemne en el que el monarca sancionará la ley y la refrenderá el presidente del Gobierno. Unas 160 personas están convocadas a este acto.

El secretario general clausuró el Foro Interparlamentario Socialista, celebrado en la sede federal, en Ferraz, convocado monográficamente para discutir sobre el "recorte de derechos y libertades" operado por los conservadores. Tenía delante a más de 200 dirigentes, diputados, senadores, europarlamentarios, alcaldes y concejales de todos los puntos de España. Como viene describiendo en las últimas semanas, insistió en que el Ejecutivo centró la primera parte de la legislatura en la mutilación de los derechos sociales y laborales, y ahora ha inaugurado el segundo tramo con la amputación de libertades y derechos, con la Ley de Seguridad Ciudadana –todavía un borrador–, la Ley de Seguridad Privada –ya en el Senado– o la contrarreforma del aborto. A todos estos textos les une el interés del PP en "reconciliarse con la extrema derecha". El "hilo conductor" es, pues, la "ideología" de una derecha que pensó que había "muchos derechos y muchas libertades" y que quería poner en marcha "una segunda transición, pero hacia atrás". 

La médula espinal de la estrategia de la oposición, sin embargo, se halla en el anteproyecto de Gallardón. Rubalcaba recordó la "importante contestación" que ha desatado la ley fuera de España, ya que Europa se asombra con que "un señor quiera llevar" al país "a la cola" de los derechos civiles. "Europa entera ha mirado hacia aquí y ha dicho 'Esto no puede ser'. Este es un buen momento para decir al señor Rajoy que se aclare con qué derecha europea quiere estar, si con la derecha de la Ley de Plazos, con la derecha alemana, francesa o británica o quiere estar con [Jean-Marie] Le Pen [exlíder del Front National francés], que es el único líder europeo que ha salido a aplaudir entusiásticamente la ley. Este es un buen debate para las elecciones europeas", que se celebrarán el 25 de mayo, que aclare "con qué derecha quiere estar en materia de libertades: con [David] Cameron, con [Angela] Merkel, con [Nicolas] Sarkozy o con Le Pen. Que lo diga", apremió el líder. Ayer, la vicesecretaria general, Elena Valenciano, ya adelantó que el PSOE convertirá el rechazo a la reforma del Ejecutivo y las "libertades de las mujeres" en un eje "central" de su campaña para los comicios a la Eurocámara. 

"Dentro y fuera de las instituciones"

Rubalcaba se refirió al "lío considerable" que se ha "montado" en el PP por la contrarreforma de Gallardón, porque no se admiten tan fácilmente "retrocesos" y porque este tema no crea tensiones en la sociedad española. El secretario general volvió a pedir al presidente que retire la ley, que "la meta en el cajón y la guarde bajo siete llaves", que sólo sirve para "satisfacer" los deseos de la extrema derecha, los anhelos de una minoría que quiere "imponer su moral". "Que no haga este canje: me reconcilio con la derecha más radical a cambio de que las mujeres pierdan la libertad de decidir sobre su propia maternidad. Que no haga este canje innoble. Hay una forma más civilizada de acabar con el debate en su partido que la de prohibir a sus dirigentes que hablen: es retirar la ley. Es lo que tenemos que decir". 

Los socialistas van a intentar "por todos los medios" que no haya "retrocesos", que no se consume este "paso atrás", para lo que van a trabajar, dijo, "dentro y fuera de las instituciones". Justo antes que Rubalcaba, intervino Marcelino Iglesias, portavoz en el Senado, donde subrayó la "enseñanza útil" que, tras el rosario de recortes del PP, pueden extraer los ciudadanos –sobre todo aquellos que "se quedaron en casa" en las generales de 2011 o que, directamente, votaron a Rajoy–: que los avances en derechos "no son inamovibles". 

IU: rechazo a la cesión de los "estamentos más reaccionarios"

No sólo el PSOE considera clave la lucha contra el restrictivo texto del ministro de Justicia. También lo cree Izquierda Plural. La portavoz de la Comisión de Igualdad del grupo parlamentario de IU-ICV-CHA, Ascensión de las Heras, diputada de IU, registró este jueves una proposición no de ley para que el Congreso inste al Gobierno a retirar el borrador de la ley, en la misma línea que la iniciativa socialista presentada la pasada semana.

La propuesta de De las Heras reclama también al Ejecutivo que "no atente contra los derechos fundamentales de las mujeres” y, por lo tanto, que no se modifique “de manera restrictiva la actual Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo sin que esta pueda ser modificada si no es para garantizar y ampliar los derechos reconocidos en el texto vigente”. El decrecho de las mujeres a decidir su maternidad "es un derecho fundamental y, como tal, no puede ser objeto de intercambio con los estamentos religiosos y sociales más reaccionarios". 

"Quienes conocemos a Tomás, sabíamos que iba a llegar hasta el final. Pensar lo contrario es no conocerle". 

En efecto, Tomás Gómez llegó hasta el final. Pasmó ayer miércoles a sus compañeros del PSOE anunciando ante los medios que se marchaba del Senado. Que dejaba su escaño "por coherencia" y porque no podía apoyar una lista de vocales al nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que contuviese el nombre de Gerardo Martínez Tristán, el presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ordenó que todos los recursos contra la privatización sanitaria recayesen en él, casado con una consejera manchega del PP y al que recusó el Partido Socialista de Madrid. Pero su gesto desató un enorme malestar entre diputados y senadores, en la dirección federal o en territorios tan vitales como Andalucía, quienes le acusaban de haberse "pasado de frenada", de "egoísmo" y de haber actuado "en caliente", sin pensar en "el colectivo". Y reavivó, por descontado, las hostilidades entre Ferraz y el PSM, entre Alfredo Pérez Rubalcaba y Tomás Gómez, si es que alguna vez desaparecieron.

"Estamos en guerra total, porque quieren matar a Tomás", dictaminaba un cargo regional muy próximo al ya exsenador. En la coctelera confluyen, aparte de este nuevo enfrentamiento, las tensiones constantes por las primarias abiertas (y su fecha), la rivalidad en la Conferencia Política, las próximas candidaturas en la Comunidad y en el Ayuntamiento de Madrid... y también la raíz de todo, las elecciones internas de 2010, en las que Rubalcaba respaldó a la entonces ministra Trinidad Jiménez frente a Gómez. La rebeldía del líder de los socialistas madrileños no es, en absoluto, nueva, pero ahora el desencuentro, la pugna entre Ferraz y Callao, la sede regional, alcanza un nuevo estadio. 

Gómez no quiso vestir así su dimisión. La describió como un acto de "rebeldía contra el PP", no contra su partido, como una prueba de "coherencia", porque cualquier otra lectura sería "absolutamente equivocada". "Quiero poder seguir estando al lado de la gente, de mi gente, de los médicos, de los pacientes, de la sociedad madrileña, al lado de todas las personas que defienden nuestra sanidad, y si el precio que tengo que pagar por ello es entregar mi acta de senador, lo voy a hacer con mucho gusto –explicó ante los periodistas–. En ocasiones la coherencia tiene un precio muy alto, pero la incoherencia tiene un precio mucho más alto aún, tan alto que yo no podría pagarlo". Oyéndole y con las lágrimas en los ojos estaban los otros dos senadores del PSM, Maru Menéndez, su secretaria de Organización, y Enrique Cascallana. Ellos sí votaron el pacto. 

"Este gesto noble le convierte en un mártir"

El líder del PSM, antes de comparecer ante los medios, había reunido al núcleo duro de su dirección para trasladarle su decisión, y de ella recibió su respaldo. Ayer miércoles, pese a las críticas que llegaron de Ferraz, de parlamentarios y de las federaciones, sus compañeros madrileños le arroparon "sin fisuras" e intentaron circunscribir su dimisión, en primer término, a un movimiento más al frente "contra la privatización de la sanidad, y no tanto contra el federal". "No podemos ceder en esto, en nuestra lucha contra el desmantelamiento de la sanidad pública, porque afecta a nuestros principios. Está en juego nuestra credibilidad en Madrid. Si no llegamos a hacer esto, el PP nos hubiera dado de hostias", opinaba un alto cargo madrileño. Otro añadía en el mismo sentido: "La federación está hiperunida en torno a Tomás, más que nunca. Este gesto noble le convierte en un mártir. Sale reforzado de todo esto porque se ha visto que ha cumplido su palabra y demuestra que será un magnífico presidente de Madrid. Hemos recibido un bombardeo de llamadas de apoyo". "Coherencia" y "dignidad" eran los comodines que más circulaban. En Twitter, sus acólitos promocionaron la etiqueta #DignidadTomás. 

Fuentes cercanas a Gómez explicaron que el pacto sobre la renovación del CGPJ, cerrado el lunes, colocaba al líder del PSM en una "situación imposible", porque tenía que elegir entre "dos lealtades". O mantener su "compromiso con los ciudadanos" y la marea blanca, "sin arriar la bandera de la defensa de la sanidad pública, un eje absoluto de su política para ganar Madrid al PP", o mantener el compromiso con su partido. "Pero él no es un diputado más que pueda romper la disciplina de voto, es secretario general. Así que tenía que elegir la otra alternativa, marcharse. Ese acuerdo, que comprendía la presencia de Martínez Tristán, desacreditaba a todo el PSM", analizaban estas fuentes. Para los socialistas madrileños era "moralmente insoportable" dar cobertura a un juez como Martínez Tristán, porque es el magistrado que, a su juicio, juega en campo contrario, a favor de la externalización promovida por el Gobierno de Ignacio González. "Y Alfredo, como diputado por Madrid, ha votado a favor de este personaje", afeaban. "Si él vota esto, ¿con qué cara va luego a la marea blanca?", aducía un parlamentario.

Callao, por tanto, entiende que la primera coordenada del conflicto reside en la batalla por la sanidad pública, que considera que ha logrado capitalizar y que es la llave maestra de las elecciones autonómicas de mayo de 2015, las primeras en las que el control del PP sobre la Comunidad y el Ayuntamiento se deshilacha. Pero admiten que la pelea interna con Rubalcaba es otra derivada inevitable, aunque no buscada. "Es Ferraz la que la lanza la guerra contra Tomás al aceptar a este personaje", sostenían en el círculo de Gómez. Otro dirigente recordaba que los "tres últimos años", desde las primarias que ganó a Trinidad Jiménez, la cúpula federal ha hecho al PSM "la vida muy difícil". 

Ferraz: "Él solo se metió en su laberinto"

Ferraz, a su vez, dice que no quiere guerra. "¿Guerra total? ¿Para qué y por qué? A lo mejor Tomás la busca, pero nosotros para nada. Hemos hecho un acuerdo para renovar un órgano constitucional, por responsabilidad. La disyuntiva era tener vocales progresistas en el Consejo o no tener ninguno", indicaba molesta una persona de la máxima confianza de Rubalcaba, quien recordaba que Alberto Ruiz-Gallardón cambió la Ley Orgánica del Poder Judicial para poder renovar, sólo con sus votos, los 10 vocales que corresponde elegir al Senado. Ley recurrida por el PSOE. "Así que buscamos el acuerdo con casi todos, y dijimos que no habría vetos", que ningún partido tacharía las propuestas de los otros partidos. "A nosotros claro que no nos gusta Martínez Tristán, pero suponemos que al PP tampoco le gusta Álvaro Cuesta, que fue diputado nuestro, como también habríamos preferido que IU postulase a un fiscal y no a una secretaria judicial, pero esas eran las reglas", resaltaba esta fuente. 

La dirección federal no se esperaba el golpe en la mesa de Gómez. No se vio venir la jugada. El lunes, Rubalcaba recibió la carta que mandó el líder del PSM, en la que le acusaba de suscribir un pacto "intolerable" y en la que le advertía de que, si Martínez Tristán tenía que ser respaldado por el Senado, él dimitiría. El martes, sin embargo, el cisma parecía disolverse: Gómez se dio por enterado de que el juez iba a ser votado por el Congreso y parecía indicar que ahí se quedaba el conflicto. Ayer miércoles, la sorpresa, que Rubalcaba conoció no por Gómez, sino por Iglesias. "Él solo se metió en su laberinto. Lo que le pasó es que le pillaron con el carrito del helado. Recibió muchas críticas por el movimiento y vio que no tenía salida. Se pasó de frenada", criticaron desde el entorno más estrecho del secretario general, que no podía ocultar su indignación y cabreo. Se negaron, eso sí, a calificar la actitud de Gómez como "deslealtad", palabra que sin embargo sí salía de boca de otros parlamentarios.

"Lo que queremos es defender el buen nombre de diputados y senadores que defienden tanto como él la sanidad pública –remachó la dirección federal–. No aceptamos que se arrogue esa bandera, bajo ningún concepto. Y nos han pedido que salgamos a defenderles. No toleramos que quiera darnos lecciones de principios, que intente dejarnos en evidencia. ¿Es que Maru o Enrique son menos coherentes que él?". Tanto los portavoces de Congreso y Senado, Soraya Rodríguez y Marcelino Iglesias, como la secretaria federal de Política Social, Trinidad Jiménez, salieron en tromba para subrayar que en la lucha contra la privatización sanitaria están embarcados "todos" los socialistas pero que esta "nada tiene que ver" con la renovación del CGPJ. Es más, Ferraz cree que el hecho de que el PP haya promovido a Martínez Tristán "apuntala" la recusación del PSM contra él, porque se evidencia qué partido le respalda. 

El círculo de Rubalcaba maneja otra explicación al desafío del líder madrileño: "Él necesita confrontar con Ferraz, si no no sale en los titulares. Y ahora tenía que sacar la cabeza tras su ridículo en la Conferencia Política". El cuartel general del PSOE entiende que Gómez fracasó en el cónclave de principios de noviembre, cuando intentó promover, con otros barones críticos, un motín para que allí se alumbrase la fecha de las primarias. Rebelión desactivada decisivamente por Susana Díaz. En aquella cumbre también llegó hasta el final con su órdago: forzó una votación para que la designación del candidato presidencial se adelantase a febrero de 2014, y la perdió clamorosamente. 

Tras el órdago, difícil dar marcha atrás

"Esto en mis tiempos no se hacía. No había tanto yoísmoyoísmo", lamentaba un veterano alto cargo del partido enfrentado con Rubalcaba pero integrado en su dirección, visiblemente malhumorado por el nuevo incendio. En pasillos, abundaban las duras críticas a Gómez por eso, por su "egoísmo", por haberse dejado llevar por su estrategia "personal" y por explotar sus cuitas con Rubalcaba, sin pensar en el daño al partido. "Un error", repetían sin pestañear muchos dirigentes consultados. La reflexión compartida era que el pecado original se hallaba en la carta que remitió el lunes, porque una vez lanzado el órdago, "no hay forma de envainársela, ni de dar marcha atrás". Los menos elogiaban su "valentía", caso de la expresidenta del PSM Delia Blanco o el diputado por Gipuzkoa Odón Elorza.

Desde Andalucía, fuentes cercanas a la poderosísima presidenta de la Junta y secretaria general observaron con cierta preocupación lo sucedido, porque el afloramiento de las tensiones "no vienen bien" tras el buen cierre de la Conferencia y del congreso regional extraordinario. Mostraron su "respeto" a la decisión personal de Gómez, dijeron "entenderla" incluso, pero le reprocharon su pulso, su dimisión. "Está claro que Tomás es un tío muy firme en sus posiciones, pero a veces esa firmeza le juega malas pasadas. Debe mirar más al conjunto del partido y no tomar decisiones en caliente. Su respuesta tenía que haber sido más pausada, no así, con estridencias y alharacas. Hay decisiones colectivas de los órganos de dirección. Pensar en guerra total con Ferraz es un error. El partido no está para esto y la sociedad no está para aguantar peleítas internas". Los socialistas andaluces reivindicaron la apuesta de Díaz por la "unidad", porque la división "resta, también a Tomás". 

Si Gómez obró por "coherencia", ¿por qué no arrastró en su decisión a la diputada Delia Blanco, o a los senadores Maru Menéndez y Enrique Cascallana, que sí votaron a favor del pacto? ¿No habría sido más congruente? El propio barón madrileño explicó que su dimisión era "simbólica", como referente del partido. "Él es el secretario general. Ni Delia, ni Maru ni Enrique lo son. Ellos han acatado el pacto. Pura y dura disciplina de partido. En la actitud de Tomás estamos representados todos. Conque tome él la decisión es suficiente", justificaba un responsable de su ejecutiva. En el Senado, los ya excompañeros de grupo de Gómez arguyeron que si hubiera arrastrado a esos tres parlamentarios, la brecha con Ferraz sí habría sido mayor e ineludible. 

Empatía de García-Page

En un clima general de reproche al líder del PSM, descolló la postura más comprensiva de Emiliano García-Page, senador y secretario general de Castilla-La Mancha. Ambos presionaron en la Conferencia Política y ambos están abiertamente enfrentados a Ferraz. Ante los medios, García-Page dijo comprender que, con su dimisión, Gómez tenía "las manos libres" para seguir dando la batalla contra la privatización sanitaria. Fuentes de su entorno ampliaron esta posición: "No hay que verlo tanto en clave orgánica. Él no tenía otra salida porque es un tema clave para el PSM. Y probablemente Ferraz no podía hacer otra cosa que pactar el CGPJ. El conflicto no se podía gestionar de otra forma". 

La grieta de PSOE y PSM está indudablemente abierta. La división, por esta y otras refriegas aún dará más tumbos. Sobre todo, por la sucesión de Rubalcaba y por la batalla que ya se atisba: la confección de las candidaturas en la Comunidad y el Ayuntamiento, donde se da como más que probable que los críticos presenten aspirantes alternativos a Gómez y su señalado en el Ayuntamiento, Antonio Miguel Carmona. Ferraz dice que Gómez está cada vez más solo, pero la feligresía madrileña del barón rebelde lo niega. "No, no estamos solos. Todo lo contrario –manifestaba rotundo un dirigente–. Nosotros estamos tranquilos. Sólo defendemos a los ciudadanos". 

Órdago consumado. Tomás Gómez, el secretario general del Partido Socialista de Madrid, llevó a término su amenaza a Alfredo Pérez Rubalcaba y dimitió. Presentó su renuncia como senador en la mañana de este miércoles, de forma "simbólica", por "coherencia" y por "principios", y porque prefiere estar "del lado de la gente", con la marea blanca y contra la privatización de la sanidad pública que votar a un juez, Gerardo Martínez Tristán, que él mismo ha recusado. 

Ni Ferraz esperaba que se atreviera a dar este paso. El lunes, Gómez, el barón que más se ha enfrentado a la cara con Rubalcaba, le remitió una carta, justo después de saber que Martínez Tristán entraba en la lista de los jueces del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pactada por PSOE y PP. Y ya entonces le advirtió de que si su nombre pasaba por el Senado, donde él tiene su escaño, renunciaría de forma inmediata. Pero ese magistrado figuraba en la lista de diez vocales que tenía que refrendar el Congreso. Y así ocurrió ayer. Martínez Tristán es presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y, como informó infoLibre, ordenó que todos los recursos contra la privatización de seis hospitales públicos en la Comunidad recayesen en él. El PSM lo recusó además por estar casado con una consejera del Gobierno manchego de María Dolores de Cospedal, Marta García de la Calzada. Ahora mismo, todos los recursos están paralizados a la espera de que se resuelva precisamente esa impugnación. 

Gómez comunicó esta mañana a la Comisión Permanente del PSM su decisión –donde recibió pleno apoyo–, y después al portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Marcelino Iglesias. Pero no se lo trasladó a la dirección federal, que no tuvo más noticia de él que la carta del lunes, aunque Rubalcaba sí fue prevenido por Iglesias. Tras dejar su acta, Gómez compareció ante los medios de comunicación en los pasillos de la Cámara alta para leer su despedida, y en todo momento reivindicó que actuaba movido por "coherencia", fiel a sus "principios". Recordó que el PSM, bajo su mando, sólo había recusado, en toda su historia, a uno de entre cinco mil jueces, a Martínez Tristán, por considerar que no reunía la "neutralidad exigible", porque respondía a los "intereses del PP", porque era un "juez clave" para hacer posible la privatización sanitaria en Madrid. Así que su entrada en el CGPJ es un "evidente pago" del PP "por sus intentos de dar luz verde al desmantelamiento de sistema sanitario público". Entrar en el CGPJ no le aparta forzosamente del TSJM, porque la nueva Ley del Poder Judicial, impulsada por Alberto Ruiz-Gallardón, prescribe que sólo seis de los 20 vocales tendrán dedicación exclusiva. 

"La incoherencia tiene un precio más alto aún"

Pero si Gómez condicionó su salida a que Martínez Tristán no pasara por el Senado, ¿por qué dimite? "Podría escudarme en el tenor de mis palabras, podría cobijarme y conservar el acta de senador, pero el sentido de mis palabras era mucho más amplio que la literalidad de las mismas. Votar a la mitad de la lista, en la que no está Martínez Tristán, es contribuir a que salga la totalidad de la lista en la que sí está el juez dispuesto a facilitar la privatización". 

"Durante muchos meses, hemos estado en las mareas blancas, de la mano de los profesionales de la sanidad, de los pacientes y de los ciudadanos. Yo quiero poder seguir estando al lado de la gente, de mi gente, de los médicos, de los pacientes, de la sociedad madrileña, al lado de todas las personas que defienden nuestra sanidad, y si el precio que tengo que pagar por ello es entregar mi acta de senador, lo voy a hacer con mucho gusto –explicó ante los periodistas–. Me sentí muy orgulloso el día que fui elegido senador en esta Cámara, porque es un orgullo poder defender los ideales que tiene uno en el ámbito parlamentario. Lo voy a seguir haciendo, como lo he hecho hasta ahora, en la Cámara en la que fui elegido por el voto directo de los ciudadanos, en la Asamblea de Madrid. Desde allí seguiré luchando con todas mis fuerzas y con todo mi trabajo para garantizar la sanidad de los madrileños, y lo haré con más fuerza si cabe, con la fuerza que da la coherencia. En ocasiones la coherencia tiene un precio muy alto, pero la incoherencia tiene un precio mucho más alto aún, tan alto que yo no podría pagarlo".

Con sus palabras, Gómez parecía dejar en evidencia al PSOE, que sí ha votado a favor de Martínez Tristán. La dirección federal ha defendido en estos días que este juez no le "gusta", pero que no podía hacer otra cosa que apoyarlo, porque todos los partidos prometieron no poner "vetos" al contrario, en aras de facilitar la renovación del CGPJ y no caer en el bloqueo de la institución. 

Menéndez y Cascallana siguen y votan

El líder del PSM, no obstante, evitó lanzar críticas directas a Ferraz y Rubalcaba y revistió su decisión de un gesto de "coherencia" personal, y como jefe del partido en Madrid. Y para lanzar un mensaje "a los madrileños", para decirles que el PSM defenderá "hasta las últimas consecuencias" la sanidad pública, un objetivo que está "por encima de todo" y que se extenderá cuando llegue al Gobierno regional, momento en el que revertirá las privatizaciones. "Es un acto de rebeldía contra el PP, de rechazo contra la privatización de la sanidad pública. Otra lectura sería absolutamente equivocada y alejada de la realidad".

Gómez es el único que deja su escaño (y su sustituto aún no se ha decidido). No abandonarán la Cámara alta Maru Menéndez, secretaria de Organización del PSM –y senadora por designación de la Asamblea de Madrid, como lo era hasta hoy su jefe– y Enrique Cascallana, exalcalde de Alcorcón. Ambos, que siguieron la comparecencia emocionados, acudieron de hecho a la votación de los 10 vocales que le correspondía nombrar al Senado. Así que renuncia a su acta de forma "simbólica", por ser el líder del PSM, porque quiere ser "presidente de la Comunidad" y porque ha encabezado "todas las movilizaciones" y la recusación de Martínez Tristán. 

Ferraz confirmó que no habían recibido llamada alguna de Gómez. La portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez, sí volvió a recordarle, como hizo ayer, que la defensa de la sanidad pública "no tiene nada que ver" con la renovación del CGPJ y que en esa protesta contra la privatización sanitaria están "todos" los socialistas. "El PSOE defiende la sanidad pública, todo el PSOE, en el Congreso, todos los senadores socialistas, todos los diputados en las asambleas autonómicas y también lo hacen de forma muy clara los Gobiernos autonómicos gobernados por el PSOE. La defendemos y combatimos de forma clara las políticas que quieren acabar con la sanidad pública", remachó, informa Europa Press.

Page: tendrá las "manos libres" para seguir en la batalla de Madrid

El número dos en el Congreso, Eduardo Madina, defendió que no había "alternativa" a pactar el Consejo y subrayó que el acuerdo alcanzado es "bueno", aunque no sea "perfecto".  En la misma línea se pronunció Iglesias, quien reiteró que el compromiso de la negociación era no imponer vetos. "Es una decisión que él toma para ser coherente con su posición. La respetamos profundamente, es una decisión que le honra, pero la defensa de la sanidad pública es un compromiso del conjunto de los socialistas", rubricó. 

Habitualmente más cerca de las tesis de Gómez, Emiliano García-Page, senador y líder del PSOE en Castilla-La Mancha, interpretó que su decisión permitirá al jefe del PSM "seguir manteniendo una tensión en Madrid en la batalla por que no se privatice la sanidad pública". Page añadió que no cree que Gómez haya pensado en contradecir a Ferraz. Precisó que "en términos técnicos y jurídicos", Martínez Tristán puede formar parte del CGPJ porque "no tiene relación" con su función jurisdiccional. "Hablamos de dos planos muy distintos, difíciles de explicar a la opinión pública", concedió. "Entiendo que él quiera estar con las manos libres para explicárselo mejor a los ciudadanos de Madrid", concluyó.

Completada la designación de los 20 vocales

Con semejante tormenta, el voto de los 10 vocales hoy en el Senado casi era lo menos importante. Fueron elegidos sin sobresaltos los seis jueces de carrera y los cuatro juristas. De entre los primeros, Wenceslao Francisco Olea Godoy, magistrado de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo; Juan Manuel Fernández Martínez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra; Fernando Grande-Marlaska, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional –estos tres elegidos por el PP–; Roser Bach, magistrada de la Audiencia de Barcelona; Victoria Cinto, magistrada de la Audiencia de Gipuzkoa y exviceconsejera de Justicia del Gobierno de Patxi López, y María del Mar Cabrejas, titular del juzgado 55 de Instrucción de Madrid (las tres por el PSOE). Del cupo de juristas, fueron designados el catedrático Vicente Guilarte y la secretaria judicial María Ángeles Carmona (PP), la abogada Pilar Sepúlveda (PSOE) y la hasta ahora diputada de CiU Mercè Pigem. 

Todos recabaron 235 votos, a excepción de Grande-Marlaska, que logró 230. En la votación se registraron además cinco blancos y ningún nulo. Así se culmina la renovación de los 20 vocales del CGPJ. Sólo resta que prometan o juren su cargo ante el rey. El hombre que previsiblemente ocupará la presidencia del CGPJ y del Tribunal Supremo es el del magistrado del TS Carlos Lesmes, ex alto cargo de Justicia en los tiempos de José María Aznar. Formalmente lo elegirán los integrantes del Consejo, pero su nombre es inducido por el partido del Gobierno.