Durante décadas, el acceso a los medicamentos se entendió como una cuestión principalmente clínica y económica. Hoy, sin embargo, se ha convertido también en un asunto geopolítico. Las tensiones internacionales, la concentración industrial y las estrategias de poder de los Estados influyen cada vez más en qué tratamientos llegan antes, a qué precio y para quién. Los fármacos agonistas del receptor GLP-1, utilizados en la diabetes y la obesidad (y cuya marca más conocida es Ozempic), ilustran con claridad esta transformación.

La pandemia de covid-19 marcó un punto de inflexión. Las vacunas evidenciaron hasta qué punto la salud depende de decisiones tomadas fuera del ámbito sanitario: control de patentes, capacidad industrial, diplomacia internacional y política comercial. Desde entonces, conceptos como “soberanía sanitaria”, “autonomía estratégica” o “seguridad del suministro” han entrado de lleno en la agenda pública. Ya no se trata solo de innovar, sino de garantizar el acceso en un mundo más fragmentado e incierto.

Este cambio de contexto afecta a todas las tecnologías sanitarias, pero es especialmente visible en los medicamentos. La innovación farmacéutica se concentra en pocos países y empresas, generando una asimetría estructural: quienes controlan la investigación, la producción y la propiedad intelectual tienen también mayor capacidad para fijar las condiciones de acceso.

En este escenario, los sistemas sanitarios se ven obligados a negociar no solo precios, sino también volúmenes, calendarios de suministro y prioridades terapéuticas. Incluso la evaluación de tecnologías sanitarias –tradicionalmente centrada en eficacia y eficiencia– se enfrenta hoy a nuevas dimensiones, como la capacidad de respuesta de las cadenas de suministro o la equidad territorial.

Los medicamentos GLP-1, que imitan el funcionamiento de una hormona natural para controlar el azúcar en sangre, nacieron como tratamiento para la diabetes tipo 2, pero su eficacia en la pérdida de peso los ha convertido en un fenómeno global.

La demanda se ha disparado en pocos años, impulsada por la evidencia clínica, la cobertura mediática y las redes sociales. Este rápido crecimiento también ha generado riesgos de sobreutilización y expectativas poco realistas, mientras los sistemas sanitarios tratan de equilibrar innovación, seguridad y sostenibilidad.

Esta situación ha puesto de relieve un problema estructural: la innovación avanza más rápido que la capacidad de garantizar el acceso al producto. La fabricación de estos fármacos es compleja, está concentrada en pocas plantas de producción y protegida por patentes que limitan la competencia. Cuando la demanda crece de forma abrupta, el mercado no responde con la rapidez necesaria.

Las consecuencias son visibles: escasez, retrasos en el suministro y priorización de determinados mercados. Pacientes con diabetes han visto interrumpidos tratamientos, mientras que personas con obesidad encuentran barreras económicas y administrativas para acceder a esta terapia.

Aquí es donde la geopolítica se vuelve decisiva. Los países con mayor poder económico y capacidad de negociación aseguran contratos preferentes; otros quedan relegados a la espera. Se reproduce así un patrón ya observado con las vacunas: el acceso depende tanto de la necesidad clínica como de la posición en el sistema internacional.

En Europa, el debate sobre la autonomía estratégica en medicamentos esenciales ha ganado fuerza. Sin embargo, gran parte de la producción y del control tecnológico siguen concentrados fuera del ámbito de decisión de muchos Estados, lo que limita la capacidad para garantizar suministros estables.

Al mismo tiempo, los medicamentos innovadores se han convertido en instrumentos de política industrial. Donde se instalan plantas de producción o centros de investigación, se generan empleo, ingresos fiscales y poder de negociación. La frontera entre política sanitaria y política económica es cada vez más difusa.

El caso de los GLP-1 plantea una cuestión de fondo: ¿qué ocurre cuando una innovación con alto potencial en salud pública se distribuye de forma desigual y se utiliza sin una adecuada priorización clínica? Si estos fármacos consolidan su papel en la lucha contra la obesidad –uno de los grandes desafíos sanitarios del siglo XXI–, pero solo son accesibles para quienes pueden pagarlos o viven en países con mayor capacidad de negociación, el resultado puede ser un aumento de las desigualdades en salud. A ello se suma un riesgo adicional: cuando el acceso se amplía sin criterios claros, la eficacia poblacional puede verse limitada por problemas de adherencia (el seguimiento del tratamiento prescrito por parte del paciente), efectos secundarios o usos inapropiados.

Este dilema adquiere una dimensión aún mayor en un contexto de fragmentación geopolítica. Conflictos, sanciones económicas y tensiones comerciales afectan directamente a las cadenas de suministro farmacéutico, con impactos especialmente graves en los países de ingresos bajos y medios.

La experiencia reciente muestra que confiar exclusivamente en la lógica del mercado no garantiza ni eficiencia ni equidad (recordemos los precios de las mascarillas al principio de la pandemia). La pregunta clave ya no es solo cómo financiar la innovación, sino cómo gobernarla. Esto implica explorar mecanismos de compra conjunta, acuerdos de precios basados en valor, incentivos a la producción local y una visión más amplia de la evaluación de tecnologías sanitarias, que incorpore dimensiones sociales y geopolíticas.

Los GLP-1 son, en este sentido, un caso paradigmático. Anticipan los retos que traerán otras terapias avanzadas: medicamentos personalizados, terapias génicas o soluciones digitales basadas en datos. Todas ellas dependerán de infraestructuras globales y de decisiones que se toman más allá del ámbito clínico.

La gran lección es clara: el acceso a la innovación sanitaria ya no puede pensarse al margen de la geopolítica. Si no se incorporan estas dinámicas a la planificación sanitaria, corremos el riesgo de construir sistemas cada vez más sofisticados, pero también más desiguales.

En última instancia, el debate sobre los GLP-1 no es solo farmacológico. Es un debate sobre qué modelo de salud queremos en un mundo interdependiente pero fragmentado, y sobre si los avances científicos llegarán realmente a toda la población.

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Marta Trapero Bertran es profesora agregada Serra Hunter e investigadora en Economía de la Salud en la Universitat de Lleida. Este artículo se publicó originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

Dos pacientes oncológicos del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) han fallecido como consecuencia de un fallo en el preparado de un tratamiento, que ha afectado también a otros tres enfermos, uno de los cuales está ingresado en la UCI, han confirmado a EFE fuentes del hospital, que aseguran que se ha tratado de un error humano y que Sanidad de Castilla y León (Sacyl) lo asume como propio, según recoge EFE.

Los hechos ocurrieron durante las fiestas de Navidad y se han debido a un fallo en la preparación de un medicamento, en concreto, en la disolución del fármaco administrado a un número concreto de pacientes, por lo que no existe riesgo para otros, han insistido desde el hospital.

Han asegurado que se ha tratado de un fallo humano, que la gerencia hospitalaria asume como propio del hospital, sin señalar a nadie de la plantilla como responsable, y ha afectado a un total de cinco pacientes: dos han fallecido, otro está en la UCI, un cuarto ya en planta y el quinto ha sido dado de alta.

El gerente del HUBU, Carlos Cartón, ha explicado en rueda de prensa que el error se ha detectado en la ficha del fármaco, un 'patrón' que guía la preparación del medicamento, y en concreto el número de la disolución del vial, que "no se hizo cómo debía haberse hecho". Desde el hospital de Burgos han indicado que, en cuanto tuvieron conocimiento de la situación, se abrió una investigación interna para esclarecer lo ocurrido, y que se han revisado los protocolos de actuación para que no haya más riesgos y se minimicen las posibilidades de errores humanos.

También han afirmado que han estado en contacto con las familias y los pacientes en todo momento y que han sido transparentes con ellos al ofrecerles información y las explicaciones oportunas, además de poner a su disposición los recursos del centro y sus servicio jurídicos.

Cartón ha insistido en que se ha tratado de un fallo humano, que ha afectado a un exceso de concentración del fármaco administrado y que no tiene que ver con el tratamiento o la dosis prescrita, aunque los cinco pacientes afectados recibieron el mismo fármaco preparado del mismo modo pero en días distintos.

El reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de los fármacos adelgazantes como "esenciales" para combatir la obesidad ha reabierto un debate largamente postergado. La OMS calcula que esta enfermedad causó 3,7 millones de muertes en 2024 y su decisión vuelve a subrayar la urgencia de tratarla como una patología crónica que requiere financiación, seguimiento y una estrategia pública sostenida.

Tras revisar los estudios disponibles y concluir que existe evidencia suficiente de su eficacia y seguridad, el organismo ha incluido medicamentos de enorme popularidad (y elevadísimo precio) —como Ozempic, Wegovy o Mounjaro— en su lista modelo de fármacos esenciales, integrada actualmente por 532 productos. Con ello, insta a los sistemas públicos de salud a garantizar que estos tratamientos sean "universalmente accesibles" y "asequibles", aunque advierte de que aún persisten las dudas sobre sus efectos a largo plazo.

En contraste con el impulso de Naciones Unidas, el Ministerio de Sanidad mantiene una postura mucho más restrictiva. La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos ha rechazado financiar Mounjaro —indicado para diabetes y control del peso— y ha descartado también sufragar nuevas versiones de Ozempic, debido al elevado impacto presupuestario que tendría para el Sistema Nacional de Salud. Ambos fármacos continuarán cubiertos únicamente para los usos contra la diabetes ya autorizados, mientras se aplaza su incorporación como tratamientos más amplios contra la obesidad.

Pese a las decisiones del Ministerio, los datos disponibles muestran que España sigue por encima de la media europea en prevalencia de obesidad. El estudio de Vigilancia del Crecimiento, Alimentación, Actividad Física, Desarrollo Infantil y Obesidad (ALADINO) sitúa al país como el sexto de la Unión Europea con mayor proporción de población con exceso de peso y el séptimo en obesidad. El problema es especialmente acusado en la infancia, ya que cerca del 36% de los niños entre seis y nueve años presentan exceso de peso, una de las cifras más elevadas del continente.

A pesar de ello —y aunque la OMS define la obesidad como una "enfermedad crónica compleja"—, España no la reconoce oficialmente como patología. Para Alicia del Llano, directora de proyectos de la Fundación Gaspar Casal, "esta falta de reconocimiento dificulta combatir el estigma, garantizar una atención continuada y financiar los medicamentos adelgazantes como se hace con la diabetes tipo 2".

En la misma línea, Inka Miñambres, miembro del Área de Obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), recuerda que "la obesidad cumple todos los criterios para ser considerada una enfermedad". "Tiene una base fisiopatológica conocida, alteraciones biológicas claras, signos y síntomas definidos, técnicas diagnósticas disponibles y un tratamiento establecido", detalla. Pese a ello, España sigue sin dar el paso. Italia, en cambio, se convirtió en octubre en el primer país europeo en reconocerla por ley como "enfermedad crónica", destinando 2,7 millones de euros a su prevención y tratamiento.

Otro de los argumentos centrales del Ministerio para no financiar estos fármacos es su coste. Fuentes de Sanidad explican a infoLibre que no se ha alcanzado un acuerdo con las farmacéuticas para una rebaja significativa de precios, lo que haría viable asumir su financiación generalizada sin comprometer otros tratamientos esenciales.

Sin embargo, el impacto económico de la obesidad sobre el sistema público también es considerable. Un análisis de estudios realizado por Jaume Puig-Junoy, profesor de la Universidad Pompeu Fabra, estima que el gasto sanitario asociado a la obesidad y el sobrepeso pudo alcanzar los 25.700 millones de euros anuales en 2022. Miñambres insiste en que dotar al sistema de medios para abordar la enfermedad reduciría las listas de espera y el riesgo de patologías cardiometabólicas, digestivas, respiratorias, neurológicas, musculoesqueléticas, infecciosas e incluso varios tipos de cáncer.

Aunque una caja de Ozempic ronda los 128,15 euros y el Mounjaro puede superar los 358 euros, Del Llano sostiene que una financiación selectiva sería eficaz. "La evidencia muestra que tiene sentido financiarlo por tramos, sobre todo, para los colectivos más vulnerables que carecen de acceso a una nutrición de calidad y a estos medicamentos", añade. El último informe ALADINO confirma la brecha: en hogares con menos de 18.000 euros anuales, la obesidad y el sobrepeso infantil alcanzan el 23,4% y 23,1%, respectivamente, frente al 10,9% y 18,3% de las familias que superan los 30.000 euros. Una diferencia que ilustra hasta qué punto las condiciones económicas determinan la salud infantil.

Aunque los tratamientos como Ozempic ganaron impulso tras ser utilizados por figuras como Elon Musk o Kim Kardashian, los especialistas insisten en que no son "una solución mágica" y requieren supervisión médica. "Son fármacos seguros si se integran en un tratamiento integral de la obesidad y se prescriben dentro de un programa de seguimiento continuado", explica Miñambres.

No obstante, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha alertado de un uso ilegal creciente que ha provocado problemas de suministro. En 2024 se registraron 116,8 millones de unidades de falta de stock de Ozempic, un 41,7% menos que el año anterior, pero aún cifras muy elevadas.

En cualquier caso, Del Llano insiste en que ningún avance será suficiente sin una estrategia nacional de prevención. Recuerda que los medicamentos solo funcionan cuando se enmarcan en un plan amplio que fomente la actividad física, la alimentación saludable y cambios de hábitos mantenidos en el tiempo. "El verdadero punto de inflexión no vendrá de un medicamento, sino de políticas públicas que faciliten entornos saludables y permitan a la población moverse, comer mejor y prevenir la enfermedad", concluye.

El teléfono repiqueteaba: en la pantalla, uno de esos números larguísimos de centralita. «¿Diga?». Del otro lado, una doctora se disponía a cantarme el resultado de una prueba rutinaria. Tras las preguntas de rigor y las recomendaciones sabidas, la doña (imagino que con tremendo sobresalto) reparó en el peso y la altura que figuran en mi ficha y quiso saber si me había visto un endocrino. Le dije que no (me hago muchos análisis y sé que mis glándulas están en perfecto orden de revista) y ella, extrañada, se ofreció a derivarme. «Si lo prefieres, puedo recetarte unas inyecciones para bajar peso. Son caras, pero te ahorras pedir cita con el especialista».

—¿Cómo dice?

—Es una medicación que te hace perder el apetito.

—¿Y por qué demonios iba a querer yo eso?

Mi interlocutora calló unos segundos. Me dijo que debía pedir una cita con mi médico de cabecera para la derivación y que me mandaría por correo el informe. Yo le dije que prefería cambiar de médico. Me dijo que, si quería, me daba el alta para facilitar el trámite. A los dos días, un sobre, con chispeante membrete hospitalario, aguardaba en mi buzón. Leí los papeles. En la firma, doña mengana de tal, residente de segundo año.

Ser gordo e ir al médico es una experiencia fascinante: hay galenos convencidos de que la conjuntivitis la causa el michelín. A mí, como les he contado en alguna ocasión, la orondez no me ha traído más que alegrías; y nunca me he hecho un chequeo en el que me quedase algo para septiembre. Y aunque no esté en disposición de discutir si los males achacados al sobrepeso son tantos como los pintan, algo me dice que recomendar fármacos milagrosos con tropecientos efectos secundarios (el brebaje se utiliza para tratar la diabetes, lo del adelgazamiento es colateral) a un tipo al que nunca has visto ni examinado y que fue a consulta para mirarse una cosa del cerebro y no de la barriga… quizás computa como mala praxis.

Si me hubiese preguntado, podría haberle contado que llevo meses sin dar más de dos pasos porque al ritmo al que suben los precios y al precio al que nos pagan la página, retirarme diez minutos del escritorio podría llevarme al desahucio. El estrés crónico creo que tampoco te hace tipín, pero chico, inyéctate este remedio fabuloso y si revienta por algún lado ya te diremos que la culpa es tuya por no haberte puesto a dieta a tiempo.

Ignoro (y paso de perder el tiempo estudiándolo) cómo funciona el puñetero Ozempic o qué le pasa a la gente cuando deja de tomárselo (intuyo que el efecto rebote debe de ser de aúpa), pero me preocupa que los médicos de la sanidad pública (si los residentes andan así, imagínense los jefes de servicio) consideren recetar tan alegremente fármacos peligrosos que, en el mejor de los casos, tratan el síntoma (miren si no lo que pasa con los ansiolíticos y los antidepresivos, que los regalan en los ambulatorios).

La bata blanca impone mucho, pero que un neurólogo te quiera poner a dieta no es muy distinto a que el cartero te llame narizotas. Un insulto, vamos. Los gordos tendremos fama de risueños y bonachones, pero podemos ser enemigos formidables: con el cabreo he empezado a redactar un minucioso recetario cuyo ingrediente principal es la carne de médico entrometido. El kilo, contando los años de facultad y especialización, sale más barato que el dichoso medicamento, que se vende a ciento cincuenta machacantes al mes. He googleado sus efectos y la gente se queda en la sombra de lo que fue. Quita, quita. Encomendémonos, hermanos de contorno generoso, al feliz John Falstaff, que supo que adelgazar era diluirse y que, enflaquecido, nadie lo amaría. También en mi barriga un millar de lenguas claman mi nombre («Falstaff inmenso, enorme Falstaff»). Este es mi reino y lo haré crecer.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado este lunes del riesgo que medicamentos como Ozempic, Rybelsus y Wegovy, utilizados para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad, tienen de causar pérdidas de visión repentinas, un efecto que solo se da en el 0,01% de los casos.

Esto se debe a la emaglutida, principio activo de dichos medicamentos, que puede provocar neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NOIANA).

El Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia (PRAC) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) evaluó los datos de ensayos clínicos y preclínicos, así como notificaciones de sospechas de reacciones adversas y bibliografía científica, concluyendo que el tratamiento con semaglutida se asocia con un riesgo de desarrollar esta afección.

Sin embargo, la frecuencia de aparición es muy rara, pudiendo afectar a 1 de cada 10.000 personas de acuerdo con los datos de los ensayos clínicos.

Las conclusiones de la evaluación realizada por el PRAC deberán ser ratificadas ahora por el Comité de Medicamentos de Uso Humano de la EMA, del que forman parte todas las agencias de medicamentos europeas.

Una vez sean ratificadas por el CHMP, se actualizarán la ficha técnica y el prospecto de estos medicamentos para reflejar esta nueva información.

El magnate Elon Musk consumió ketamina, éxtasis y hongos psicodélicos mientras participaba en la campaña electoral de Donald Trump, según publica esta viernes The New York Times (NYT), según informa EFE.

El rotativo indica que el consumo de drogas del director ejecutivo de Tesla "iba mucho más allá del ocasional" y que Musk tomó tanta ketamina -un potente anestésico con propiedades psicodélicas que puede causar disociación de la realidad-, que afectó a su vejiga, un efecto conocido del consumo crónico, según el medio.

En Estados Unidos, la ketamina está aprobada solo como anestésico en procedimientos médicos y puede ser recetada para trastornos psiquiátricos como la depresión o la ansiedad. 

Musk dijo en un post de 2017 que había tenido "grandes altibajos, terribles bajones y un estrés constante" y anotó en una entrevista posterior en 2024, que tomaba "una pequeña cantidad" de ketamina, aproximadamente una vez cada dos semanas, como tratamiento recetado para la depresión.

Los riesgos de este medicamento se volvieron muy evidentes en el país norteamericano tras la muerte del actor Matthew Perry, conocido por su papel en la serie 'Friends'.

El NYT, además, destaca que Musk viajaba con una caja de medicación que contenía unas 20 pastillas, incluyendo algunas con la marca Adderall - estimulante que se usa para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad-. 

No obstante, el rotativo señala que "no está claro" si Musk, de 53 años, continuó con este consumo de estupefacientes una vez que Trump llegó a la Casa Blanca y le nombró como una figura de su gabinete con la tarea de 'adelgazar' la administración.

Esta semana, Musk anunció su salida del Gobierno tras expresar "decepción" por el megaproyecto fiscal y presupuestario del republicano, que consideró que "socava" su trabajo como asesor de eficiencia.

"Ahora que mi tiempo programado como Empleado gubernamental especial llega a su fin, quiero dar las gracias al presidente Donald Trump por la oportunidad de reducir el gasto despilfarrador", dijo Musk en un breve mensaje en su cuenta de X el miércoles por la noche.

Y agregó que la misión del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), una iniciativa hecha a su medida para reducir la burocracia y el gasto federal, "se fortalecerá con el tiempo, a medida que se convierte en un modo de vida en todo el gobierno.

Adoptó el apodo de la droga de Hollywood. Y la empresa que lo empezó a comercializar lo convirtió en su santo grial. Hoy ya no queda prácticamente nadie que no lo conozca. Ozempic, un medicamento desarrollado en 2012 por la danesa Novo Nordisk, dejó hace tiempo de ser un tratamiento para diabéticos para convertirse en el milagro de quienes querían perder peso sin esfuerzo. O así al menos lo vendieron en redes sociales quienes lo habían consumido con este objetivo. Tras ese fármaco llegaron otros tantos. Y estos sí exclusivos para tratar el sobrepeso o la obesidad. Pero eso sí, puntualizan todos los expertos: sólo la que requiere un abordaje médico, no la construida desde una presión estética que sufren, sobre todo, las mujeres. "Esto no es bótox, no puede convertirse en un tratamiento estético", explica Cristóbal Morales, médico endocrino de la junta directiva de la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO). El problema es que eso ha provocado inevitablemente que el debate de su financiación gire, también, en torno a esto. Y que no haya terminado.

Lo popularizaron nombres como el de Elon Musk o Kim Kardashian. El dueño de X (antiguo Twitter) llegó a decir que el fármaco había sido su "motivación para hacer ejercicio" y "comer más sano". Las fotos que mostraban la efectividad hicieron el resto. Tanto, que el Centro de Información sobre Suministro de Medicamentos gestionado por el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos denunció que el medicamento escaseó en las farmacias durante todo 2024. Y todo 2023. En concreto, el organismo registró 116,8 millones de falta de suministro de Ozempic el año pasado, un 41,7% menos que el anterior. La Agencia Española del Medicamento (AEMPS) también se hizo eco del problema y alertó de que ocurría porque se estaba suministrando, en muchos casos, de forma ilegal.

Se refería a quienes lo compraban siguiendo los consejos y el ejemplo de Musk o Kardashian. Según detectó el organismo, estaba habiendo casos de prescripción "para indicaciones no incluidas en su ficha técnica" y eso estaba provocando que los pacientes con diabetes tipo 2 se vieran afectados por la falta de suministro. Es decir: Ozempic estaba siendo comprado como milagro adelgazante con una receta dispensada de forma irregular o, directamente, sin ella. "Ha habido intrusismo, o directamente una mala praxis de algunos facultatitovs, pero es cierto que se ha creado todo un mercado negro en torno a este fármaco", lamenta desde el otro lado del teléfono Carlos Miranda, responsable del grupo de trabajo de diabetes de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

La consecuencia directa es evidente: la farmacéutica multiplica sus beneficios. Lleva años ocurriendo así, de hecho. Novo Nordisk obtuvo en 2023 un beneficio neto de 11.225 millones de euros, una cifra un 51% superior a la de un año antes. En 2024 fue todavía mayor: el beneficio superó los 13.000 millones, un 20,7% más. La particularidad es que ese año entró en escena también Wegovy, un medicamento similar pero indicado, este sí, para tratar el sobrepeso y la obesidad. Según indica su prospecto, "Wegovy es un medicamento para perder peso y mantenerlo que contiene el principio activo semaglutida". Igual que el Ozempic. ¿La diferencia? Que este no está financiado. Y que tiene un precio todavía más elevado.

Según lo fijado por la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos, el Ozempic se vende a 128,15 euros la caja, un importe que en otros países como Alemania se reduce más de un 50%, hasta los 52,7. Wegovy, por su parte, asciende hasta, como mínimo, los 179,89 euros, una cantidad que puede incluso llegar a los 292 euros al mes. Y que en otros países vuelve a ser mucho menor: en Alemania se vende a 125 euros y en Reino Unido a 82,3.

El incontestable éxito —sobre todo el económico— del fármaco llevó a que otras farmacéuticas quisieran replicar el uso de la semaglutida y rompieran, de ese modo, el monopolio que tenía Novo Nordisk. Entró de este modo en escena el laboratorio estadounidense Eli Lilly, que comercializó el medicamento Mounjaro y consiguió, con él, duplicar sus beneficios. En concreto, y según informó la propia compañía, en 2024 ingresó un beneficio neto de 10.214 millones de euros, un 102% más que lo contabilizado doce meses atrás. El fármaco resultó ser una perfecta combinación entre Ozempic y Wegoby. "Mounjaro contiene un principio activo llamado tirzepatida y se utiliza para tratar adultos con diabetes mellitus tipo 2. También se utiliza para tratar a adultos con obesidad o sobrepeso", detalla su prospecto.

Este medicamento llegó a las farmacias de nuestro país el pasado verano y lo hizo, también, sin financiación. Y con un precio muchísimo más elevado. Según la OCU, oscila entre los 271,35 euros y los 358,71 euros al mes, en función de la dosis. Ahora bien, según la organización de consumidores, la requerida para mantenerse es la más elevada y la que requiere, por tanto, el mayor desembolso.

Y por eso surge el debate: ¿debería financiarse? ¿Y Wegovy? Los expertos creen que, como mínimo, hay que discutirlo. Y Pablo Caballero, farmacéutico del área de divulgación científica del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos se atreve a aventurar, incluso, que terminará ocurriendo. "La financiación terminará llegando. Son medicamentos eficaces y seguros", señala en conversación con infoLibre.

La afirmación tan tajante tiene un matiz. Básicamente, el que presenta cualquier fármaco: es eficaz y es seguro siempre y cuando se use para lo que indica el prospecto y bajo supervisión médica. Fuentes del Ministerio de Sanidad confirman que actualmente se negocia una posible financiación de estos medicamentos y cómo llevarla a cabo. Porque el problema radica en que estos tratamientos no pueden emplearse para bajar de peso por un mero deseo o malestar con la apariencia física. No pueden tener, resume Morales, "un uso frívolo". "Su prescripción debe abordarse, siempre, desde la salud", especifica. Es decir: actuando sobre las consecuencias que puede provocar el sobrepeso o la obesidad.

En este sentido, un estudio reciente ha demostrado que la semoglutida, además de un éxito incontestable en el tratamiento de la diabetes tipo 2, reduce hasta un 57% el riesgo de infarto de miocardio, de ictus o incluso de muerte por causas cardiovasculares en pacientes que tienen problemas de peso graves. Por eso los expertos abogan por facilitar la adquisición de estos fármacos. "Queremos que se usen para adelgazar en quienes tienen riesgo de sufrir un problema grave derivado de un exceso de peso", recalca Morales.

Lo contrario no sólo puede derivar en un desabastecimiento para quien de verdad lo necesita, sino en complicaciones de salud. De hecho, una investigación publicada en Nature Medicine concluyó que el consumo de sustancias como Ozempic puede derivar en desmayos por hipotensión, problemas del sueño, dolores de cabeza, artritis, dolencias gastrointestinales, renales y pancreáticas. Por eso el acceso a estos fármacos debe hacerse siempre bajo control médico y nunca "fuera del circuito", como señala Miranda.

En cualquier caso, si hay algo que explica el boom de este último uso —y que ha derivado de hecho en el desabastecimiento— es la violencia estética que históricamente han sufrido —y, de hecho, sufren— las mujeres. Sobre todo las más jóvenes. Según un informe publicado en 2019 por la UNESCO, el aspecto físico es la principal causa de acoso escolar entre los más jóvenes. Uno de cada cuatro alumnos europeos víctimas de acoso, afirma que la violencia se ha producido alrededor de su aspecto físico. Según el mismo informe, las niñas son más propensas que sus compañeros a ser juzgadas por su físico.

En España, la Fundación ANAR reveló que efectivamente el motivo más frecuente de burla hacia los escolares es su aspecto físico: ocurre así en el 56,5% de los casos. Otro reciente estudio, elaborado por investigadores de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), concluyó que la apariencia de los personajes de los videojuegos influye en la insatisfacción de las niñas con su imagen, algo que no ocurre cuando se trata de varones.

La exsecretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género Ángela Rodríguez Pam contó hace unos días en un artículo publicado en este periódico que sucumbió a inyectarse esta sustancia por la presión que sentía sobre su cuerpo. "Sufrir por ser delgada, tratar mal nuestros cuerpos por encajar en no sé qué estándares es algo contra lo que demasiadas mujeres vamos a luchar cada día del resto de nuestras vidas", explicó. Como explica Guillermo Fouce, de Psicología Sin Fronteras, la visión distorsionada de uno mismo puede derivar en un consumo de cualquier sustancia sin importar las consecuencias. Y siempre desde la percepción de que el problema no existe. Hasta que deriva en algo peor.

El anteproyecto de ley de medicamentos y productos sanitarios aprobado este martes por el Gobierno aspira a mejorar el acceso a los fármacos con un nuevo sistema de precios que impulsará a los genéricos y biosimilares y otras medidas como la prescripción enfermera y fisioterapeuta o la sustitución farmacéutica.

El gasto público en farmacia bate cada año máximos en España y sólo en 2023 superó los 27.700 millones de euros; con esta norma que actualizará la política farmacéutica en nuestro país, el Ministerio de Sanidad calcula un ahorro de más de 1.300 millones de euros anuales, ello sin contar con otros 150 millones derivados de la reforma del copago que acometerá más adelante.

Sus principales medidas son:

El SPR fija la cuantía máxima financiada por la sanidad pública por presentaciones de medicamentos incluidas en agrupaciones homogéneas, que contienen como mínimo dos fármacos con el mismo principio activo y dosis.

Con el actual modelo se igualan los precios de medicamentos equivalentes al del precio más bajo, lo que termina haciendo que los precios coincidan aunque no siempre sean los más bajos.

Ahora se creará una horquilla para que los que estén fuera del precio de referencia no queden excluidos de la financiación, permitiendo a las empresas que presenten ofertas cada seis meses.

Se mejora así la competitividad haciendo más ágil la incorporación de genéricos y biosimilares y permitiendo además a los que estén por encima del precio de referencia a tener una financiación parcial. También habilita la posibilidad de excluir los medicamentos estratégicos y de revisar al alza el precio de algunos cuando se ponga en riesgo el suministro.

Para fomentar el uso racional de medicamentos, las recetas se harán por Denominación Oficial Española (DOE) -o Denominación Común Internacional (DCI)- del principio activo, aunque podrá hacerse por denominación comercial siempre que vaya acompañada de él.

La AEMPS establecerá las agrupaciones homogéneas de medicamentos equivalentes entre sí y el paciente podrá elegir entre ellos. Es decir: cuando vaya a la farmacia a por su medicamento, si no existen otros igualmente dispensables, se le dará el prescrito.

Si los hay y el paciente no tiene preferencias, el farmacéutico deberá darle el de precio más bajo; si quiere uno diferente que esté dentro de la horquilla de precios seleccionados, se le dará sin cobrarle la diferencia; y si opta por uno que esté fuera de esa horquilla, deberá abonar la diferencia con el de menor precio de la agrupación homogénea.

Un ejemplo claro es el paracetamol; si se prefiere el gelocatil, deberá pagarse la diferencia respecto al que tenga el precio más bajo de la horquilla.

Quedarán excluidos los medicamentos en procesos crónicos, pacientes vulnerables o con problemas de adherencia y fármacos no sustituibles.

El farmacéutico podrá dispensar un medicamento sustituible al prescrito cuando haya una falta puntual de la presentación recetada, por ejemplo, a dar sobres en lugar de comprimidos si no los tiene en ese momento. En situaciones de desabastecimiento, la Aemps establecerá los medicamentos sustituibles por el que falta.

Podrán prescribir determinados medicamentos en el ámbito de sus competencias, como hacen ya odontólogos y podólogos.

Serán aquellos establecidos por la Aemps sujetos "a una primera prescripción tras un diagnóstico que, por la naturaleza recurrente, de aparición episódica y clínica reconocible de la condición que tratan, puede ser dispensado al paciente en sucesivas ocasiones sin prescripciones adicionales durante un periodo de tiempo determinado bajo el consejo profesional farmacéutico".

Las personas con migraña, por ejemplo, ya tendrán sus triptanes para siempre en su receta sin tener que ir a por una nueva cuando se le presente una crisis.

El prescriptor tendrá en tiempo real la información sobre el precio del medicamento y su impacto medioambiental, que nunca primará sobre la salud.

Se incorpora como un criterio a tener en cuenta en los procedimientos de decisión de precio y financiación.

La innovación incremental son mejoras en los medicamentos que, manteniendo el principio activo ya autorizado, suponen modificaciones en la posología, la formulación o la forma de administración, o bien la combinación de fármacos, que mejoran la efectividad, seguridad, tolerancia y propiedades farmacocinéticas, así como en la adherencia.

El anteproyecto introduce una serie de medidas regulatorias para reforzar la necesidad de que los laboratorios cuenten con planes de prevención de problemas de suministro o escasez de sus medicamentos y la obligación de que informen a la Aemps ante posibles problemas de calidad o de fabricación que afecten al suministro.

Se definen los "medicamentos estratégicos", contemplando la posibilidad de que el Gobierno adopte medidas extraordinarias para garantizar el acceso a estos fármacos en situaciones de emergencia, como una crisis sanitaria a nivel europeo.

Asimismo, se faculta al Ministerio a establecer modalidades de compra conjunta a nivel nacional o europeo en situaciones en las que esta opción sea preferible a la compra desagregada.

Una política de salud pública inusual en Gales puede haber producido la evidencia más sólida hasta la fecha de que una vacuna reduciría el riesgo de demencia. En un nuevo estudio dirigido por Stanford Medicine (EEUU), los investigadores que analizaron los registros de salud de adultos mayores galeses descubrieron que aquellos que recibieron la vacuna contra el herpes zóster tenían un 20% menos de probabilidades de desarrollar demencia en los siguientes siete años en comparación con aquellos que no recibieron la vacuna.

Los resultados apoyan una teoría emergente de que los virus que afectan el sistema nervioso pueden aumentar el riesgo de demencia. Si se confirman, los nuevos hallazgos sugieren que una intervención preventiva para la demencia ya está disponible, señala Stanford en un comunicado.

El herpes zóster​ es una enfermedad producida por una reactivación del virus latente varicela-zóster, que afecta a los nervios periféricos —neuropatía gangliorradicular—​ y a la piel, donde puede producir pequeñas ampollas dolorosas en forma de anillo agrupadas a lo largo de un dermatoma. Se conoce popularmente como culebrilla. Después de que las personas contraen la varicela, generalmente en la infancia, el virus permanece latente en las células nerviosas de por vida. En personas mayores o con sistemas inmunitarios debilitados, el virus latente puede reactivarse y causar herpes zóster.

La demencia afecta a más de 55 millones de personas en todo el mundo, con aproximadamente 10 millones de nuevos casos cada año. Décadas de investigación se han centrado en gran medida en la acumulación de placas y ovillos en los cerebros de personas con alzhéimer, la forma más común de demencia. Pero sin avances en la prevención o el tratamiento, algunos científicos están explorando otras vías, incluido el papel de ciertas infecciones virales.

Estudios previos basados en registros de salud han vinculado la vacuna contra el herpes zóster con tasas más bajas de demencia, pero no pudieron tener en cuenta una fuente importante de sesgo: las personas que se vacunan también tienden a ser más conscientes de su salud de muchas maneras difíciles de medir. Comportamientos como la dieta y el ejercicio, por ejemplo, se sabe que influyen en las tasas de demencia, pero no se incluyen en los registros de salud.

“Todos estos estudios asociativos sufren del problema básico de que las personas que se vacunan tienen comportamientos de salud diferentes a los que no lo hacen”, dijo Pascal Geldsetzer, profesor asistente de medicina y autor principal del nuevo estudio. “En general, no se consideran pruebas suficientemente sólidas para hacer recomendaciones”.

Pero hace dos años, Geldsetzer reconoció un experimento ‘natural’ afortunado en la implementación de la vacuna contra el herpes zóster en Gales que parecía evitar el sesgo. La vacuna utilizada en ese momento contenía una forma atenuada, o debilitada, del virus.

El programa de vacunación, que comenzó el 1 de septiembre de 2013, especificaba que cualquier persona que tuviera 79 años en esa fecha era elegible para la vacuna durante un año. (Las personas que tenían 78 años se volverían elegibles el año siguiente durante un año, y así sucesivamente). Las personas que tenían 80 años o más el 1 de septiembre de 2013 no tenían suerte: nunca serían elegibles para la vacuna.

Estas reglas, diseñadas para racionar el suministro limitado de la vacuna, también significaban que la pequeña diferencia de edad entre los de 79 y 80 años marcaba toda la diferencia en quién tenía acceso a la vacuna. Al comparar a las personas que cumplieron 80 años justo antes del 1 de septiembre de 2013 con las personas que cumplieron 80 años justo después, los investigadores pudieron aislar el efecto de ser elegible para la vacuna.

Las circunstancias, bien documentadas en los registros de salud del país, eran lo más parecido a un ensayo controlado aleatorio que se podía obtener sin realizar uno, dice Geldsetzer.

Los investigadores examinaron los registros de salud de más de 280.000 adultos mayores que tenían entre 71 y 88 años y no tenían demencia al inicio del programa de vacunación. Se centraron en su análisis en aquellos más cercanos a cualquiera de los lados del umbral de elegibilidad, comparando a las personas que cumplieron 80 años en la semana anterior con las que cumplieron 80 años en la semana posterior.

 “Sabemos que, si tomas a mil personas al azar nacidas en una semana y a mil personas al azar nacidas una semana después, no debería haber nada diferente entre ellas en promedio”, indica Geldsetzer. “Son similares entre sí aparte de esta pequeña diferencia de edad”.

La misma proporción de ambos grupos probablemente habría querido recibir la vacuna, pero solo la mitad, los casi 80, pudieron hacerlo debido a las reglas de elegibilidad.

“Lo que hace que el estudio sea tan poderoso es que es esencialmente como un ensayo aleatorio con un grupo de control, aquellos un poco demasiado mayores para ser elegibles para la vacuna, y un grupo de intervención, aquellos lo suficientemente jóvenes para ser elegibles”, explica.

Durante los siguientes siete años, los investigadores compararon los resultados de salud de las personas más cercanas en edad que eran elegibles e inelegibles para recibir la vacuna. Al tener en cuenta las tasas reales de vacunación, aproximadamente la mitad de la población elegible recibió la vacuna, en comparación con casi ninguna de las personas inelegibles, pudieron derivar los efectos de recibir la vacuna.

Como se esperaba, la vacuna redujo la ocurrencia de herpes zóster en aproximadamente un 37% durante ese período de siete años para las personas que recibieron la vacuna, similar a lo que se había encontrado en ensayos clínicos de la vacuna. (La efectividad de la vacuna atenuada disminuye con el tiempo).

Para 2020, uno de cada ocho adultos mayores, que para entonces tenían 86 y 87 años, había sido diagnosticado con demencia. Pero aquellos que recibieron la vacuna contra el herpes zóster tenían un 20% menos de probabilidades de desarrollar demencia que los no vacunados.

“Fue un hallazgo realmente sorprendente”, destaca Geldsetzer. "Esta enorme señal protectora estaba allí, de cualquier manera que se mirara los datos."

Los científicos buscaron por todas partes otras variables que pudieran haber influido en el riesgo de demencia, pero encontraron que los dos grupos eran indistinguibles en todas las características. No había diferencia en el nivel de educación entre las personas elegibles e inelegibles, por ejemplo.

Los elegibles no eran más propensos a recibir otras vacunas o tratamientos preventivos, ni eran menos propensos a ser diagnosticados con otras condiciones de salud comunes, como diabetes, enfermedades cardíacas y cáncer. La única diferencia fue la disminución en los diagnósticos de demencia. “Debido a la forma única en que se implementó la vacuna, el sesgo en el análisis es mucho menos probable de lo que suele ser el caso”, según Geldsetzer.

No obstante, su equipo analizó los datos de maneras alternativas, utilizando diferentes rangos de edad o considerando solo las muertes atribuidas a la demencia, por ejemplo, pero el vínculo entre la vacunación y las tasas más bajas de demencia permaneció. “La señal en nuestros datos era tan fuerte, tan clara y tan persistente”, señala.

En un hallazgo adicional, el estudio mostró que la protección contra la demencia era mucho más pronunciada en mujeres que en hombres. Esto podría deberse a diferencias sexuales en la respuesta inmunitaria o en la forma en que se desarrolla la demencia, dice Geldsetzer. Las mujeres, en promedio, tienen respuestas de anticuerpos más altas a la vacunación, por ejemplo, y el herpes zóster es más común en mujeres que en hombres.

Si la vacuna protege contra la demencia al estimular el sistema inmunitario en general, al reducir específicamente las reactivaciones del virus o por algún otro mecanismo, aún se desconoce.

También se desconoce si una versión más nueva de la vacuna, que contiene solo ciertas proteínas del virus y es más efectiva para prevenir el herpes zóster, puede tener un impacto similar o incluso mayor en la demencia.

Geldsetzer espera que los nuevos hallazgos inspiren más financiación para esta línea de investigación. “Invertir al menos una parte de nuestros recursos en investigar estas vías podría llevar a avances en términos de tratamiento y prevención”.

En los últimos dos años, su equipo ha replicado los hallazgos de Gales en registros de salud de otros países, incluidos Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, que tuvieron implementaciones similares de la vacuna.

En un artículo de opinión adicional en Nature, Anupam Jena, de la Universidad de Harvard, destaca la importancia de estos hallazgos. “Aunque todavía no comprendemos con precisión cómo la vacunación contra el herpes zóster reduce el riesgo de demencia, las implicaciones del estudio son profundas”, afirma Jena. “La vacuna podría representar una intervención rentable con beneficios en salud pública que van más allá de su propósito original”.

Los autores enfatizan que es necesario realizar ensayos clínicos aleatorizados para confirmar el efecto de la vacunación en la demencia y evaluar su impacto en la función cognitiva.

Este artículo fue publicado originalmente en la Agencia SINC, la agencia de noticias científicas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

Las pastillas de la artista canadiense Dana Wyse obran milagros. Irónicas, provocadoras, profundamente irreverentes, prometen, en un único comprimido, la solución instantánea a incurables males. Vienen, cada una de ellas, dentro de bolsas transparentes que simulan envoltorios farmacéuticos y, en el lugar donde debiera leerse el nombre del medicamento o la marca del laboratorio, se encuentra un cartoncito con su mensaje: “acepta que te estás convirtiendo en tu madre”, “sobrevive a las reuniones familiares”, “acepta que estás más solo que la una”, “da con el sentido de la vida”, “sé un artista famoso ¡sin necesidad de leer!”, “elimina tu pasado”, “acepta que eres homosexual, ¡aunque en algunos lugares pueda costarte la vida!” o “haz que a tu amor secreto también le gustes tú”. 

A todas estas frases les sigue un adverbio: instantáneamente escrito así, en cursiva, remarcando que la magia ocurre de inmediato. Todas estas pastillas forman parte de The pills, un proyecto que continúa en expansión: cada año, Wyse formula hipotéticos fármacos para quiméricas e inexistentes dolencias. No requieren de prescripción médica, claro está, pero sí de una mínima dosis de humor –y humor negro, además– porque algunas, hilarantes, son incorrectísimas políticamente hablando. Eso sí, todas ellas, ya sean más o menos inocuas, comparten un común denominador, ese adverbio que es el santo grial de nuestros días, el instantáneamente. La inmediatez.

Me acordé de la gran Dana Wyse en una consulta de urgencias médicas. Fue hace unos años, después de regresar de Sierra Leona, donde había estado un tiempo trabajando. Era la cuarta vez que acudía a urgencias en un plazo de tiempo muy corto debido a un agudo malestar intestinal. A las repetidas consultas de urgencia sumaba varias visitas con distintos especialistas que no habían mejorado la situación: seguía encontrándome mal. Apenas comía, nada me sentaba bien, me encontraba irritable, mohína. Me habían prescrito varios remedios y tres dietas distintas, sin que ninguna de ellas funcionara. Después de todo aquel periplo decidí probar suerte una vez más en urgencias. Le relaté al médico de guardia aquellas semanas incómodas y él, cordial, aparentemente atento, fijándose, imagino, en las ojeras y en mi estado de nerviosismo y agotamiento –tampoco dormía– me preguntó, dando por zanjada la visita y por su puesto mi explicación, si vivía sola. Intrigada, sin entender a qué venía la pregunta, respondí afirmativamente y movió la cabeza. Ajá, pareció decir. Entonces me preguntó qué pensaba acerca de tener gatos, si había pensado en adoptar uno porque “hacen mucha compañía”. Mientras hablaba, tomó el recetario y anotó algo rápidamente: Alprazolam 1 mg. Me lo entregó con una sonrisa cargada de condescendencia y, dulcemente, me dijo: “No pierdas más tiempo. Tómate esto y muy pronto te encontrarás bien”.

Que la realidad supera la ficción es un lugar común mil veces repetido, aunque nunca deja de sorprenderme lo cierto que resulta. El médico adivino tenía razón, al menos, en uno de sus vaticinios: mejoré. Fue, eso sí, sin el gato y el Alprazolam –qué buena etiqueta de Dana Wyse saldría de la combinación “sé feliz con un gato y un Alprazolam instantáneamente”– porque afortunadamente, a los pocos días, en un concienzudo análisis de sangre me encontraron por fin tres tipos distintos de parásitos que eran los que me provocaban todo aquel desaguisado intestinal. Permaneció en mí, permanece aún años después, la perplejidad ante ese diagnóstico peregrino y la asunción directa, por parte del médico cordial, de que lo que me ocurría, más que hablarlo, había que medicarlo. No es este el lugar para entrar a valorar si, además, siendo mujer, hubo una dosis extra de paternalismo, que la hubo, y de mala praxis, que también. Pero con lo que me quedé es con una agria sensación. Pongamos que él, aunque erróneamente, imaginó que yo pasaba por una depresión o por un periodo de ansiedad. Pongamos que no hizo ni siquiera una simple pregunta, un cómo estás, te ha ocurrido algo. Tampoco ninguna recomendación acerca de que visitara a un especialista sino directamente apareció la pastilla y el gato de regalo. Si sufría o no de una depresión más valía no averiguarlo, la medicación iba a curarme. 

No hace falta detallar lo que todos sabemos. En los últimos años ha crecido la tendencia a medicalizar una serie de emociones que anteriormente no se consideraban enfermedades: nerviosismo, tristeza, cansancio extremo, ansiedad o el duelo por la pérdida de un ser querido. Sin necesidad de viajar muy lejos en el tiempo, tres décadas atrás, estos sentimientos no eran vistos ni clasificados como patologías, y quienes pasaban por ellos no se autopercibían ni eran percibidos como enfermos. Se trataba, más bien, de parte de la experiencia humana. Rara vez se recurría a tratamientos farmacológicos como solución y ante la llegada de estos episodios, de estos malos tragos, no quedaba más remedio que elaborarlos con nuestras propias capacidades (o incapacidades). Es cierto que las redes ayudaban: no me refiero a las sociales sino a los amigos, la familia, el barrio, estructuras comunitarias que cada vez se han ido difuminando más en detrimento de la terapia, del medicamento.

Abel Novoa, médico de familia especializado en Bioética, señalaba en una entrevista que cada vez con mayor frecuencia se afirma que las enfermedades mentales tienen un origen biológico relacionado con desequilibrios en los neurotransmisores. Novoa, a quien leo a menudo, interesada por sus aproximaciones a la medicalización del malestar, recalca que este enfoque lleva a tratar las afecciones mentales como si fueran enfermedades físicas, comparándolas incluso con problemas como la neumonía. Aunque no niega que, en ciertos casos, este enfoque pueda ser el adecuado, lo que critica abiertamente es la tendencia generalizada a asumirlo como norma, ya que esta visión minimiza la responsabilidad personal. El malestar pasa a ser visto como algo que surge de forma fortuita o innecesaria, desvinculado de las circunstancias personales del individuo o de las decisiones que pueda haber tomado. Resulta interesantísimo el dato de la despersonalización, de la desaparición de la responsabilidad. Quizás, el concepto de enfermedad mental sea en exceso acomodaticio, y si el advenimiento del mal no depende de mí, tampoco depende de mí la cura. En lugar de abordar su verdadero sentido y las causas subyacentes, el malestar se aborda solo con fármacos o con asfixiantes y poco rigurosos diagnósticos.

Ocurre ahora que, en ocasiones, la palabra trauma sustituye a la de problema, la ansiedad a los nervios, y no decimos que estamos tristes sino directamente deprimidos. Esto que pudiera parecer anecdótico, o una inofensiva y casi cómica manera de hablar, no lo es, porque revestida de vocabulario terapéutico, la realidad se torna más amarga, más pesada, y solo puede ser atravesada de la mano de un diagnóstico que al fin nos alivie, nos ampare y, sobre todo, nos quite responsabilidad ante lo experimentado. 

Medicados cuando no haría falta y sobrediagnosticados, atravesamos el dolor y el sufrimiento con banderas que avalan lo que sentimos, que nos reconfortan y, sobre todo, que eliminan el sufrimiento añadido de pensar que está en nuestras manos hacer algo para poder modificar el curso de los acontecimientos. La enfermedad se ha convertido casi en un concepto objetivo, lo que ha generado una ansiedad colectiva por encontrar soluciones rápidas a través de psicofármacos y diagnósticos, como si estos fueran respuestas inmediatas y definitivas a los problemas emocionales. Esta tendencia desvía la atención de las causas subyacentes que realmente importan, como los factores sociales, familiares o ambientales, que podrían ser mucho más relevantes en algunos casos. Por poner un ejemplo, el estrés relacionado con una situación de vida difícil –falta de recursos económicos, una ruptura traumática, un trabajo inestable– puede ser diagnosticado erróneamente como un trastorno de ansiedad, lo que impide ahondar en la causa profunda del problema e imposibilita que el individuo, despojado de sus propias herramientas, pueda tomar las riendas de la situación, abocado a buscar consejo e intervención profesional para temas que bien podrían ser resueltos de otro modo. Porque también la terapia puede resultar perjudicial e incapacitante cuando se prescribe en exceso y se presenta como la solución universal para todos los males.

Contaba Andrea Kohler en su fabuloso ensayo El tiempo regalado que “esperar es hacerse amigo de la paradoja”, y, en última instancia, lo que las píldoras mágicas de Dana Wyse prometen no es más que un cuantioso y definitivo ahorro de tiempo, la desaparición de la espera, ese limbo que no sirve para nada, que no es útil productivamente hablando, que es el que sirve para reflexionar, para parar, para atravesar la incertidumbre. Si nos ofrecen distintas velocidades de reproducción para una película o una serie, ¿cómo no vamos a querer nosotros darle a la máxima opción de velocidad para salir del atolladero del desamor, del duelo, de la soledad, de la sensación terrible de fracaso? ¿Cómo no vamos a querer que desaparezca aquello que no sabemos abordar? 

No es cierto que el tiempo todo lo cura, pero la vida sería distinta y, tal vez más amable, si en vez de recetas, diagnósticos y terapias apresuradas y sobreprescritas recetáramos tiempo. Presencia. Hay un libro al que invariablemente regreso, ese clásico que fue el primer libro que leí al llegar a la universidad, y me sigue contando todo lo que sé con respecto al sufrimiento. Es, claro, El hombre en busca de sentido, donde Viktor Frankl recuerda que el dolor es una parte inherente de la vida humana, y que sanar emocionalmente no pasa por eliminar ese sufrimiento de inmediato, sino por darle un significado. Somos, todos nosotros, buscadores de sentido, solo mediante el relato dotamos de dirección y coherencia —cuando la tiene– a lo que nos ocurre, sin él estamos a oscuras abocados a la repetición de lo que ignoramos y a la vez tememos. 

Duerme, en cada uno de nosotros, un comprensible deseo de alejar el sufrimiento. Y hay que reconocer que, en algún momento, en muchos, de hecho, todos hemos querido una receta de Alprazolam, con o sin el gato. Sin embargo, el camino fácil al que nos lleva la medicalización, al sobrediagnóstico, o esa excesiva terapización de la vida no es otro que a la creación de una sociedad aterrada, que teme más que a nada a ese sufrimiento que, como no conoce, no sabe ni nombrar y solo esconde. Y así, en silencio, abandonada a las prisas habituales, en ese constante no tener tiempo para nada, pero sobre todo para estar mal, vive la sociedad recostada sobre un dolor oculto e invisible, entregada a una permanente sensación de impotencia, a una tenebrosa minoría de edad en cuanto a salud mental se refiere. Somos prisioneros de la incertidumbre y la paradoja. Somos, en definitiva, los que soñamos con las pastillas de Dana Wyse: muchos a escondidas nos tomaríamos cada uno de esos comprimidos, aunque sospecho que nunca lo confesaríamos.

*Laura Ferrero ha sido coguionista con Isabel Coixet de ‘El techo amarillo’ y ‘Un amor’, y autora de la novela ‘Los astronautas’ (Alfaguara, 2023).

JESÚS MARAÑA.- Empezamos por los datos sin abrumar a nadie, pero un 23% de la población española dice haber atravesado o atraviesa problemas de salud mental y un 75% cree que estamos peor en salud mental, que hemos ido empeorando. Eso dicen algunos de los estudios que conocemos. ¿Somos los más sensibles del planeta?, ¿hay causas materiales y sociales que explican estos datos?, ¿qué está fallando, ministra?.

MÓNICA GARCÍA.- Yo creo que no somos los más sensibles del planeta, creo que tenemos varias cosas que juegan a nuestro favor y en contra. Hay una parte que tiene que ver con la acumulación de crisis y que tiene que ver con la falta de expectativas, con la incertidumbre. Yo creo que no hay nada más devastador que la incertidumbre para la salud mental. Por otro lado, hay una tendencia creciente a contarlo, a visibilizarlo y a hablar abiertamente.

JM.- No es que quizás antes estuviéramos mucho mejor, sino que entonces no se hablaba.

MG.- Creo que ahora hay una tendencia a visibilizar, siempre con el riesgo de patologizar malestares cotidianos, y también es verdad que cuando nos vamos a los datos que tenemos de ese aumento de benzodiacepinas, un aumento de consumo de ansiolíticos, está claro. Nos encontramos también con que tenemos un sistema sanitario que es perfectamente accesible, donde tenemos 24 horas abierto un Centro de Salud, donde tenemos un médico accesible, con lo cual, esa sintomatología, que puede ser patológica o no, podemos expresarla en un sitio de manera libre.

JM.- Yo te he escuchado decir alguna vez, por ejemplo, que la angustia de no poder pagar la casa es un factor que influye decisivamente en provocar trastornos de salud mental.

MG.- Eso está claro, por eso estamos intentando poner el foco en lo que se llaman los determinantes sociales de la salud y sobre todo en la vivienda. El 38% sufre angustia para poder tener una vivienda. Antropológicamente la vivienda es tu nido, es tu lugar, es el hogar. El tema lo hemos llevado al mundo de la especulación, pero es que la vivienda, yo que he hecho ocho mudanzas, puedo decir que cada vez que cambias, que te mudas, tienes una ansiedad, una angustia y una ruptura.

JM.- Esto nos llevaría a pensar que mientras no se solucionen los factores sociales principales, pues estaremos siempre con la solución, digamos, puntual de la medicación.

JOSÉ ÁNGEL MAÑAS.- A mí me agrada que habléis de la faceta social y un poco en la definición que hace la OMS de la salud, como el “bienestar físico, mental y social”. Creo que no se puede obviar de ninguna manera esa parte social y también que es que justamente ahora la tensión, o sea las sociedades en las que estamos, son una especie de ollas a presión donde hay un montón de cosas que están incidiendo, donde tenemos a nivel global esa espada de Damocles que es el calentamiento global, el advenimiento de los nuevos fascismos, esa nueva guerra, en Israel, en Ucrania, igual podemos tener alguna en Groenlandia dentro de poco... Tenemos un sistema que sí, por una parte, creo que es inigualable a nivel de la capacidad que tiene de extracción de riquezas, pero a nivel de redistribución de esa riqueza deja mucho que desear, y además tiene una ideología que responsabiliza, quizás en exceso, a los individuos. Da la impresión de que si no somos millonarios es porque no queremos y no podemos. Y luego ha habido una pandemia. Entonces, claro, todo eso incide desde luego en la salud, es una presión sobre la salud mental y yo creo que explica un poco el aumento que ha habido de manera planetaria. Causas culturales yo no las veo, si acaso son más antropológicas: por ejemplo, un chaval joven puede ir a comer todos los fines de semana a casa con sus padres y a lo mejor en Inglaterra, pongo por caso, pues va una vez al año. Yo diría que el problema es más el estrés del sistema sanitario. Ya que hablaba de Inglaterra, tengo un amigo psiquiatra que lleva 20 años ejerciendo allí, y dice que al principio las benzodiacepinas prácticamente no se recetaban, se consideraba mala praxis, pero se ha empezado a estresar el sistema y gente que estaba más bien en contra ha empezado a recetarlas. Yo lo equiparo un poco con estos fármacos, voy bastante al dermatólogo por cuestiones personales, con las cremas, y las cremas con corticoides te las dan casi de entrada porque están muy saturados también los dermatólogos. Yo creo que con esos fármacos hay algo parecido y con en un sistema estresado.

JM.-Hay una sobremedicación.

MG.- Sí.

JM.-Hay datos que lo demuestran.

MG.- Pero por las dos cosas. Porque estamos patologizando malestares de la vida cotidiana; un problema, una pastilla. Hay una parte de facilidad que se explica en eso. Es lo de “dame una solución rápida”… Ojalá los médicos y médicas pudieran recetar buenas nóminas, que no tengas estrés a final de mes, que no tengas que mudarte diez veces de casa.

JM.- Alquileres asequibles…

MG.- ¡Ojalá se pudiera recetar eso! Por otro lado, como parte positiva, tenemos tanto acceso a nuestro sistema sanitario que tú cuando tienes un malestar, dices, “voy a ir a ver a mi médico”. Y, por otra parte, un Sistema Nacional de Salud en algunos lugares muy saturado como puede ser la atención primaria en la que no se te puede dedicar tiempo y la gente demanda soluciones también rápidas. Pero yo estoy de acuerdo en tu observación, José Ángel, y me ha gustado cuando lo has relacionado con los auges de los fascismos, porque supone más incertidumbre. Todo este mundo en el que estamos viviendo de miedo al futuro, de futurofobia, no sabemos lo que nos va a traer, y creo que la incertidumbre, la falta de certeza y la falta de garantías, nos están minando en la salud mental.

JM.- José Ángel, has mencionado la pandemia, en ese sentido la pandemia es una fisura, una fractura respecto a todo lo que puede significar salud mental, convivencia y problemas que llegan y demuestran que todo es frágil, que todos somos frágiles. ¿Hasta qué punto la pandemia ha significado, también respecto a la salud mental, un cambio, una profundización, una aceleración?.

JÁM.- Es verdad que somos más frágiles. Siempre decimos los jóvenes en esta generación de cristal, se ha hablado mucho, y es verdad que tengo tendencia a comparar a la gente de mi edad con estos chavales y tengo la sensación de que sí son más frágiles. Entonces ahí buscas causas y yo siempre digo que nosotros a lo mejor éramos menos virtuales, a lo mejor éramos más callejeros, la educación una parte la hacías en el barrio, en los parques, otra parte la hacías en los bares, que eran el espacio donde generas amistades, relaciones sentimentales, porque hay una parte de educación estética, la música entraba a través de los bares, aprendías la manera de comportarte, la estética, la manera de vestir también. A lo mejor éramos más ignorantes entonces, evidentemente no teníamos toda la información del planeta al alcance de un clic, pero parece que necesitábamos menos ir al psicólogo. Yo ahí sí que percibo una diferencia.

JM.- No sé si éramos más fuertes o nos conocíamos menos.

JÁM.- Ese es otro factor distinto.

MG.- Yo creo que éramos menos conscientes de nuestra vulnerabilidad y de lo que significaban esos malestares. Los malestares no han cambiado y creo que ahora somos más capaces de expresarlos y de exigir que el mundo alrededor no nos produzca ese malestar.

JM.- Yo no me imagino explicándole a mi padre o a mi madre en su día, cuando era joven, “me siento angustiado”, era una conversación…

MG.- Que no existía.

JÁM.- Uno de los elementos cuando comparo generaciones es que cuando decía los barrios, los bares, es que en ellos estás fuera del control parental. Ahora los chavales jóvenes están en casa y todo el rato bajo el radar. Y existen esos padres un poco cañeros que tienen unas exigencias que transmiten a los hijos. Algunos, que tienen medios evidentemente, les ponen unas actividades extraescolares que parecen la agenda de un político. En todo caso, una de las cosas que me sorprende es oír –quizás lo mismo que tú dices de la angustia– es cuando dicen los chavales, “estoy estresado”, eso era un vocablo de adulto, por tanto, yo creo que también hay mucha presión sobre esta gente joven de ahora mismo.

MG.- Bueno, es la patologización, tú hablabas de lo que nosotros podíamos hablar con nuestros padres y, sin embargo, nuestros hijos hablan en términos patológicos: tengo un TOC, tengo ansiedad o estoy deprimido; han incorporado un diagnóstico a malestares normales. “No, hijo, lo que tienes es un examen y tienes la angustia, la ansiedad propia, ni siquiera la ansiedad”.

JÁM.- Aplican las palabras y no saben muy bien el significado.

MG.- Da igual que no lo sepan porque ya le han dado un significado patológico. Y hablabas de la pandemia. Yo creo que la pandemia incidió en dos sentidos: uno la incertidumbre y otro la socialización de la vulnerabilidad. Porque en este mundo en el que nos han contado la meritocracia, “si tú lo haces todo bien, te va a ir todo bien”, de repente nos encontramos una pandemia, en la que aquí, como en todas las enfermedades y como en todo el sistema de salud, aquí no hay méritos, aquí te toca y te ha tocado.

JM.- La vulnerabilidad es de todos.

MG.- Pasamos de un individualismo a de repente la apertura, a mirar fuera, es decir: o es que está bien toda la sociedad o yo no voy a estar bien, o está bien mi vecino o yo no voy a estar bien. Eso es una ruptura del modelo ideológico imperante, que es el individualismo, el sálvese quien pueda, el te lo mereces…

JM.- Es una ruptura o lo debería haber sido. Es decir, ¿hemos aprendido eso, nos hemos dado cuenta del valor de lo común?.

MG.- Bueno, la gente de derechas hizo todo lo posible para que esa ventana de la sociabilidad se cerrará lo antes posible. Y se identificara, por ejemplo, con ir a un bar. Socializar con ir a un bar. Es verdad que hay una parte que tiene que ver también con el perder el contacto con el rebaño, que es muy angustiante y, de hecho, es muy benéfico ese contacto social para la salud mental. Es verdad que, de repente, nos aislamos aunque estaba la comunicación virtual, pero está claro que todo eso tuvo una incidencia, el miedo a quedarte fuera, a no poder volver a recuperar esa sociabilidad.

JM.- Si se pudiera recetar la amistad…

MG.- O si se pudiera recetar ir a una biblioteca, a un centro cultural, no solo a un bar, sino a los lugares de sociabilidad que se han ido reduciendo cada vez más.

JM.- ¿Hay diferencias de género?

MG.- Hay diferencias. Nosotros lo estamos viendo, por ejemplo, en cuanto al consumo de benzodiacepinas, de ansiolíticos, y hay una clara preeminencia de las mujeres y sobre todo de las mujeres adolescentes. Esto tiene que ver también con una mayor exigencia, con unas expectativas también atravesadas por esta vida digital que no se corresponde realmente con la vida real y también con una cosa que lleva pasando muchos años en los sistemas de salud que es ese sobrediagnóstico de las mujeres de “bueno, lo que te pasa es que tendrás ansiedad o estrés” y que siempre se atribuye a las mujeres y menos a los hombres.

JM.- O sea, el propio sistema ya establece una diferencia de género a la hora de tratar o de diagnosticar. ¿Contribuye el mundo internet, el mundo digital y las “soluciones milagrosas” que circulan por ahí, eso ha empeorado el tratamiento de las adversidades y de los disgustos?

JÁM.- Las “soluciones milagrosas”, no entiendo muy bien a qué te refieres.

JM.- Circulan mucho por internet las recetas “milagrosas” para salud mental.

JÁM.- Ahí veo varias cosas, por una parte es verdad que hay mucha información y una información que es verdad está ahí y es fantástica, pero que te cuesta mucho gestionar. Durante la pandemia, nos pusimos todos a navegar, a buscar información, a procurar entender lo que podíamos de vacunas, etc. Yo acabé mareado, acabé confuso y al final opté por fiarme de lo que me dice mi Gobierno.

MG.- Esa es muy buena receta.

JM.- Confianza en lo institucional.

JÁM.- Ves que en gobiernos que nunca se ponen de acuerdo en este tema sí se pusieron todos de acuerdo y en una línea que podría ser muy afín a los intereses de las farmacéuticas, entonces empiezas a dudar. Pero esa esa fue mi solución.

JM.- Suele haber un negocio.

JÁM.- Está claro. En uno de mis últimos libros me interesé por todas estas plataformas de venta de drogas ilegales online en la red profunda, algo que fue un escándalo en Estados Unidos y fue un chavalito de veintitantos años que lo montó y a toda la gente que estuvo involucrada la metieron en la cárcel, por eso sí que me daba algo de recelo…

JM.- Lo que hacían era, para resumir, facilitar drogas vía internet y llevarlo a las casas.

JÁM.- Era un “Amazon de las drogas”, tenías un catálogo de todo tipo de drogas y llegaban cantidades mínimas que, desde Correos, no podían de ninguna manera interceptar. Siguen funcionando estos mercados. Entonces es curioso porque todo esto abría un debate a nivel de salud pública porque mucha gente lo consideraba en ciertos ámbitos una revolución y sostenían que a nivel de salud pública era muy beneficioso porque, primero, eran sustancias testadas por los comentarios de los propios usuarios y que, por otra parte, te evitaba ir a las tres de la madrugada a un sitio extraño con cierto riesgo para tu seguridad. Por ejemplo, está la metadona que en sitios como Rusia había heroinómanos que no podían tener acceso y que utilizaban estas plataformas. Lo que quiero decir es que en internet hay muchísimas cosas donde evidentemente hay estafas, pero este caso, esta metadona para un heroinómano que quería desintoxicarse sí que era una solución “milagrosa”.

MG.- Lo que pasa es que las soluciones milagrosas…

JÁM.- Son estafas.

MG.- La metadona no es una “solución milagrosa” de todos modos.

JÁM.- Para este hombre sí fue “milagrosa”.

MG.- En Rusia puede, pero es la ciencia la que avala la necesidad.

JÁM.- Y hay que saber usarla y la información también.

MG.- La puerta de lo digital es lo que ha abierto la desconfianza en la ciencia, en la política, en las instituciones. Decías que me hacía gracia, lo de “yo me tuve que fiar de mi Gobierno”, hombre claro.

JM.- Además, lo has dicho por saturación.

MG.- Existen algunos puntos de protección de nuestra salud mental. Uno es la confianza y es que cuando tienes a grupos políticos que están minando la confianza y la minan en todos los aspectos, negacionistas de los científicos, de lo político, de lo institucional, del sistema, antisistemas, que tienen que tirar todos los naipes, no solamente el Gobierno no funciona, el Gobierno no funciona ¿por qué?, porque hay intereses ocultos y ahí entra la ciencia y todo el negacionismo que hubo durante la pandemia con respecto a la ciencia. Eso lo que hace es generar todavía más incertidumbre y desconfianza.

JM.- Esto está relacionado con la velocidad a la que vivimos en estos tiempos digitales en los que cada media hora se acaba el mundo o se soluciona, más bien lo primero. ¿Qué incidencia tiene esto en la salud mental de la población?.

JÁM.- Negativa. Claramente vivimos unos tiempos extremadamente acelerados, exagerados en todo. Yo pienso, por ejemplo, en la sensibilidad woke en los últimos diez años. Yo juzgaré por mis hijos en la manera en la que les ha afectado a su manera relacionarse, la sensibilidad con el feminismo, con las minorías, con el racismo, loeficaz que ha sido además de que hemos conseguido que un estadio de fútbol deje de insultar a un jugador. Esa misma revolución a nivel de mentalidad a lo mejor en otro tiempo habría tardado 50 o 60 años y aquí lo hemos hecho en diez años. El tema de WhatsApp, por ejemplo, si alguien no te contesta ya en dos o tres horas casi te sientes ofendido. Mi mujer que es profesora de inglés ahora está utilizando ChatGPT para preparar ejercicios de clase. Esos ejercicios, que hubiera podido hacer antes en un mes, ahora los hace en una semana. Entonces, suma y sigue, eso es mucha velocidad y al final, claro, nos afecta, nos perturba y nos cuesta adaptarnos. A mí hay una definición que es muy bonita, que me gusta de la ICD (International Classification of Diseases), la clasificación internacional de enfermedades y relaciona la salud con la capacidad de adaptación, lo que vale para diferentes individuos, para diferentes sociedades, incluso para distintos momentos históricos.

JM.- La definición clásica de que la felicidad es tu capacidad para adaptarte a la realidad.

JÁM.- La salud es eso, si te adaptas a una circunstancia estás sano, si no te has adaptado es que estás enfermo, pero puede ser que mañana haya un golpe de Estado y cambia el régimen, pues oye, los que se adaptan son sanos y los que no, pues o enferman o se les considera enfermos, pero es verdad que es una noción muy útil. Y cuando analizamos esta velocidad que ha generado tanto desconcierto vemos que hay gente que nos estamos adaptando a todo y que más o menos somos sanos y quienes no consiguen adaptarse y están enfermando.

MG.- Yo no sé si quiero adaptarme tampoco a esta voracidad, a este frenesí, a esta cosa siempre vinculada a la producción, tanto es así que cuando te coges una baja de maternidad casi te sientes un poco culpable de pasear a tu crío por el parque.

JM.- Culpable por tener tiempo para tí.

MG.- Porque sabes que vas a perder un tren, un tren profesional, porque vas a perder el tren económico, una serie de cosas… Estamos en un mundo neoliberal y de hiperproductividad, de hiperansiedad en el que no somos capaces ni siquiera de pararnos a pensar. Estamos viendo imágenes de Gaza constantemente en esa hipervoracidad también informativa y no somos capaces tampoco de pararnos a decir: qué significa esto, vemos niños masacrados y no vamos más allá del decir, “ay, madre mía, esto hay que pararlo, vaya masacre”, no somos capaces.

JM.- La clave es cómo gestionamos esta realidad, la sobreexposición en redes sociales de qué manera nos está también trastornando. Pero la cuestión es cómo gestionar porque una posibilidad es ausentarse, pero eso también es, por un lado, dejar todo el terreno libre a lo que estás definiendo, a la ultraderecha, a las conspiraciones.

MG.- En el debate de si hay que estar o no hay que estar en las redes, creo que hay que estar. Yo tengo una discusión siempre con una amiga que me dice: “No, yo es que no quiero ver los telediarios, yo no quiero ver las noticias, me dañan”.

JM.- Las encuestas dicen que está subiendo el porcentaje de gente que dice: quiero alejarme.

MG.- Y yo le respondo: da igual que lo veas o no lo veas porque va a seguir ocurriendo.

JM.- La realidad está ahí.

MG.- Quiero decir, tú puedes subirte a una realidad virtual y ponerte tus gafas virtuales de “aquí no está pasando lo que está pasando” y a lo mejor tú eres más feliz, pero no va a dejar de pasar. Y ahí sí que estoy de acuerdo, tendrás que, con conocimiento porque a lo que estamos renunciando es a la información y al conocimiento, tener tus herramientas para que eso te afecte lo menos posible, pero no por el desconocimiento de la realidad, porque es que el desconocimiento de la realidad es un campo para las fake news, para los bulos, para las mentiras, y esa es otra realidad paralela que te instalan si tú no vives en la realidad.

JM.- Entonces la cuestión es cómo lo usas.

JÁM.- Creo que la palabra es que son herramientas estas redes sociales y evidentemente, tienen cosas positivas y cosas negativas. Yo es verdad que tengo tendencias un tanto tecnofóbicas, tecnoescépticas, evidentemente soy de Letras, pero bueno, sí que ves, yo vivo en un pueblo la Comunidad de Madrid y veo chavales que a lo mejor crecían ahí y que sentían una enorme frustración, pero que ahora en Instagram ven de repente a sus ídolos, a sus raperos y sus futboleros y tienen mansiones y están con sus Ferrari y todo el rato de vacaciones, claro esa exposición antes no se veía y eso genera una frustración que tienes que asimilar. Luego, por ejemplo, a nivel de acoso escolar, pues claro, es que del acoso escolar antes a lo mejor se enteraban cuatro o cinco, no lo sé, y de repente ahora puede tener una exposición planetaria. Es como poner una AK-47 en manos de indocumentados, estos chavales que a lo mejor no saben que si tú filmas a un chico o una chica en un cuarto de baño eso no puedes publicitarlo, es ilegal, es un delito, pero no losaben. Entonces yo creo que son herramientas que hay que domesticar y yo creo que hemos domesticado otras, la televisión en su época, os acordáis, estaba siempre presente mientras cenabas o comías, ahora hemos aprendido que eso no se puede o el móvil mirándolo cuando conversas con una persona… Las redes sociales hay que aprender a usarlas correctamente, pero tienen por el momento algo más negativo que positivo.

JM.- Esa imagen en un restaurante de ver a una familia, a los padres, los hijos y todos con su móvil sin hablar entre ellos para mí esdemasiado frecuente.

MG.- En los niños pequeños, sobre todo.

JM.- Es especialmente preocupante en la adolescencia esto que estás apuntando, los trastornos de salud mental en la adolescencia ¿El sistema público tiene capacidad de asumir y de gestionar ese problema?

MG.- El mundo digital es un multiplicador. Los jóvenes y los adolescentes están formando sus herramientas. En esa forma de formar sus herramientas de repente tienes un multiplicador, por ejemplo, el miedo a la exposición pública o al juicio público, que lo hemos tenido todos de adolescentes e incluso cuando eres más mayor, eso está multiplicado exponencialmente en las redes sociales. Entonces tienen una herramienta que ni siquiera son capaces de utilizar en su mínima expresión y que es básicamente afrontar que estás en un momento madurativo en el que no todas las críticas son asumibles. Si entráis en mis redes eso es una fiesta que no os podéis imaginar, es un rosario de insultos. No me preocupa tanto por mí, porque ya me considero una persona de 51 años cumplidos hoy.

JM.- Esta grabación, sea dicho, coincide con el cumpleaños de Mónica García, felicidades.

MG.- Lo celebro aquí en TintaLibre. Quería decir que me considero ya con las herramientas de madurez como para poder gestionar eso. Me preocupa más que lo vean mis hijos, que vean que en mis redes sociales hay todo un desarrollo que no es real, porque, y esto lo decimos muchas de las personas que estamos expuestas, luego vas por la calle y eso no es real.

JM.- Hay una desproporción absoluta.

MG.- Pues eso mismo les pasa a ellos en el instituto, en el cole, con su imagen física, con lo que han hecho, con lo que no han hecho, con sus novias sus novios y no tienen todavía las herramientas ¿Cómo les podemos ayudar? Pues sí, con mucha pedagogía, con mucha paciencia, con algunos filtros y algunos límites.

JM.- Puede tener esto que ver más con la educación que con la gestión sanitaria del asunto por decirlo así.

JÁM.- Los adolescentes están en un periodo muy peculiar. La adolescencia, casi casi es una enfermedad per se, exagerando un poco. Es un momento en el que hay unos cambios tan bestiales concentrados en tan poco tiempo que no necesitan drogas exteriores, que es un festival de hormonas; por tanto hay conductas de riesgo. Si estás hablando de salud mental y lo relacionas con adolescentes lógicamente hay que conocer las circunstancias. Por ejemplo, un adolescente que no te atiende y dices, “está empanado”, es que está empanado porque están pasado tantas cosas en su cerebro que es normal. Esas cosas hay que tenerlas en mente y también que no están preparados para las redes sociales.

JM.- Mi compañero y codirector de ‘TintaLibre’, Jordi Gracia, mete un apunte muy interesante que a mí no se me había ocurrido y es el desprestigio de las Humanidades, de la formación humanística, ¿tiene alguna responsabilidad en esta hipermedicación social, en lo que estamos hablando sobre la salud mental?.

JÁM.- Desde Aristóteles sabemos que la catarsis puede tener una incidencia positiva, Freud ya hablaba de que la civilización frustra tus instintos y genera neurosis y el arte puede ser una manera subliminal... A lo mejor se están perdiendo esas herramientas, pero lo mismo se puede decir del fútbol: el deporte te ayuda a la salud mental. Volvemos a la imagen de la olla a presión, son válvulas de escape, son cosas que pueden sustituir o aliviar males, pero quizás nos vamos un poquito de la problemática principal.

MG.- Es un protector.

JM.- A mí sí me lo parece.

MG.- Y creo que requiere unos tiempos que ahora no son los tiempos que se nos requieren a nosotros. Requiere cierta pausa, ciertos elementos cognitivos a la hora de entenderlo, de alguna manera de dejar de pisar el acelerador, ni siquiera el freno.

JM.- Mirar por encima de la inmediatez.

MG.- Y eso ahora mismo choca con este mundo voraz, neoliberal, rápido, productivo… ¿Es productivo leer filosofía? No, no es productivo. Como pasear a tu hijo por el parque…

JM.- En términos de consumismo puro no, en transformar a la persona en consumidor, tampoco.

MG.- En esta sociedad neoliberal todo son aceleradores de posibles malestares y trastornos de salud mental.

JÁM.- Yo hablo de Humanidades y de Ciencias y en ello hay una impresión al final de que las ciencias están más con el sistema.

MG.- La buena ciencia requiere también una pausa. Los investigadores utilizan años y años de su vida para llegar a una molécula, yo ahí también lo incluyo, pero se la identifica con una cierta productividad mientras que el pensamiento no. Yo una de las cosas que echo de menos es poder pararme a pensar y cuando lo hago, a tí te pasará seguramente lo mismo cuando te pones a escribir, tienes que pararte a pensar que es un tiempo que va en contra casi de la sociedad del futuro, tienes que aislarte, tienes que utilizar unas herramientas que ahora no son las que están en el mercado.

JM.- Estamos tratando la salud mental más con medicación que con terapia, me da la impresión, eso indican los datos ¿por qué nos fiamos más de un psicoterapeuta al que no conoces de nada que de un amigo que conoces de toda la vida?.

JÁM.- Porque tiene las herramientas para ayudarte: yo voy a pintar mi casa y llamo a un pintor profesional, no a mi amiguete. Yo entiendo que habrá muchos psiquiatras que digan, “joder, estoy recetando a este tío benzodiacepinas o diazepam o lo que sea, y a lo mejor este hombre si tuviera un entorno mejor y una pareja pues a lo mejor no necesitaba este tratamiento”. Siempre la terapia será mejor que el tratamiento, pero es que muchas veces no hay tiempo para ella.

JM.- El sistema no puede atender con terapias.

JÁM.- Ese es el problema.

MG.- No son excluyentes: puedes para determinados momentos necesitar un psicoterapeuta, para otros necesitar un psiquiatra y para todos los momentos necesitar un entorno familiar y social estable. Necesitas ese colchón, aun teniendo ese entorno familiar estable, tú puedes tener trastornos de salud mental. Y de esto no se libra nadie. Esto tiene un poco que ver con la pandemia, cuando hablamos de salud mental hablamos de la socialización de la vulnerabilidad. Aquí no se libra nadie, ni los que tienen más dinero, ni los que tienen más fama, ni los que tienen más recursos, porque va por otras vías. Sí que es verdad que hay aceleradores, y los determinantes sociales de la salud ya se ha demostrado que, si no te puedes pagar la casa, si no puedes llegar a fin de mes, si tienes un trabajo indigno, si tienes condiciones laborales que no te permiten desarrollarte, si tienes que ver más a tu jefe que a

tus hijos, si pasan todas estas cosas, eso funciona como un acelerador.

JM.- ¿Estamos avanzando? Es decir, sigue habiendo una estigmatización, una frivolización sobre los trastornos de salud mental o nos estamos ya tomando en serio todo esto.

JÁM.- Sigue habiendo, pero yo creo que a nivel de terapia psicológica menos, ya el psiquiatra es otra cosa, pero todavía hay estigma. Pero creo que sí avanzamos. De alguna manera hay algo profundamente perturbador y es que al final todos creemos tener control de nuestra vida y nos da miedo ver gente que ha perdido el control. Entonces siempre será inquietante y yo creo que el estigma no podremos levantarlo totalmente, pero considero que sí que la terapia psicológica hoy ya es una es una cosa muy habitual.

MG.- Esta visibilización ha levantado efectivamente un poquito el estigma, sigue habiendo mucho, por ejemplo, con los trastornos mentales graves a los que siempre se les identifica con conductas agresivas y no es para nada así. Estadísticamente no es verdad que la gente que tenga un trastorno mental grave sea más agresiva, no es verdad. Ese estigma sigue existiendo y claro, luego lleva también a la frivolización, o sea, que por un lado estamos hablando más de ello, lo cual no significa que entendamos la salud mental y entendamos, a mí me encantan los testimonios en primera persona, cuando te habla alguien desde dentro de su depresión, de su trastorno obsesivo compulsivo, desde su esquizofrenia, entonces dices: “Ah, vale, ahora lo entiendo, ahora entiendo qué te pasa y ahora entiendo, además, que eres una persona perfectamente funcional, perfectamente normal, excepto cuando tienes este tipo de enfermedad”. En cambio a alguien que tiene una pierna rota no le dices ponte a andar, pues a alguien que tiene una depresión, no le puedes decir, anímate.

JM.- Me estás facilitando, Mónica, lo que quería plantearos como cierre de la conversación, que es ese testimonio personal, es decir, si habéis vivido directamente vosotros o en vuestros entornos algún caso de trastorno que ha necesitado medicación, ansiolíticos y cómo lo habéis vivido.

JÁM.- Yo sí he tenido un caso cercano, un familiar cuyo hijo tenía una enfermedad mental grave, que planteaba problemas de comportamiento y es verdad que lo primero que sientes es incomprensión. Yo veía el chaval con mi hija y lo primero vas a la madre y dices: “Educa mejor a tu hijo, que está pasando esto”, después, cuando sabes de qué se trata, ya le pones una etiqueta y tú empiezas a entender su comportamiento y más tarde, claro, llega la medicación y la medicación en este caso eran antipsicóticos. Resulta incómodo porque por una parte dices, bueno, es verdad que el niño ya es más funcional, pero por otra parte estás metiendo a su organismo un chute, una química que no sabes las consecuencias que va a tener para su organismo, que no las veremos, no, pero que te hacen sentir un poco culpable. Estamos continuamente conviviendo con este tipo de casos, yo creo.

JM.- Hay una impotencia a la hora de manejar, de gestionar.

JÁM.- La cuestión al final es que cada uno es como es y él ya es funcional; en este caso es verdad que esa medicación es muy dura, pero ha conseguido que este chico sea funcional.

MG.- Yo soy hija de psiquiatras, con lo cual siempre tengo los trastornos de salud mental metidos en casa.

JM.- Aunque no hubieras querido…

MG.- Claro. Hija de psiquiatras, he estudiado Medicina, he hecho prácticas de psiquiatría, he conocido la psiquiatría, la he estudiado, la he visto en mi casa y aun así, no he entendido lo que es una depresión hasta que una amiga mía escribió un libro sobre la depresión. Esa amiga mía, que se llama Ana Rivera, escribió sobre la depresión en primera persona. Yo estuve en todo su proceso depresivo ayudándola como puedes, porque hay una parte que no entiendes, que tiene que ver con “¿te ha pasado algo, ha habido un detonante, un factor?” y no tiene por qué haber ningún factor. Y luego, te planteas: si en los estándares ideales tienes todo para ser feliz, ¿por qué estás en ese hoyo tan profundo? Leyendo su libro lo entiendes todo, entiendes cómo desde dentro se ve una amiga mía, divertida, alegre, feliz, etc. que cayó en lo más profundo. Y hasta que no lo entiendes…

JM.- Siempre hay ese factor que decíais como de una especie de culpabilización. Cuando dices, pero si tienes prácticamente todo en comparación con… .

MG.- Es incomprensión, bueno no, es desconocimiento de lo que le está pasando a esa persona. Ella lo cuenta de una manera tipo “yo no podía salir a comprar a la calle” y empieza el libro narrando el primer día que no tuvo pánico al salir a la calle. Es una amiga mía muy cercana a la que yo le dije: “mira, tú no estás triste, tú lo que tienes es un trastorno, tienes que ir a un psiquiatra”. Incluso ayudándola en el diagnóstico no he sido capaz de comprenderlo y con esto te hablo pues de todas las personas que tienen esquizofrenia, un trastorno obsesivo compulsivo, un trastorno límite de la personalidad, cualquier cosa, y que necesitamos que ellos mismos nos cuenten.

JM.- O sea que es importante en esa divulgación de casos personales donde hay ensayos, hay varios libros de gente conocida que está contando sus trastornos mentales y eso ayuda mucho a entender.

MG.- A entender, a ser conscientes de lo que le está pasando y también a poder ayudar desde los lugares desde donde podemos ayudar.

JM.- Os agradezco mucho que hayáis dedicado un rato a pensar sin la velocidad de los tiempos digitales y os animo a que sigáis, tú peleando por la salud pública, y tú escribiendo sobre historias, sobre humanidades, sobre la vida.

Se ha hablado de ellos como medicamentos milagro: frente a los abundantes remedios y suplementos que no cumplen lo que prometen, los análogos o agonistas de GLP-1 realmente sirven para adelgazar. El sueño hecho realidad de perder peso sin esfuerzo ha convertido el Ozempic y otras marcas de estos fármacos en productos tan codiciados que en las farmacias han llegado a faltar para su uso original, tratar la diabetes de tipo 2.

Según una reciente encuesta en EEUU, uno de cada ocho adultos los toma o los ha probado. Pero su explosivo crecimiento ha dejado de lado los posibles efectos adversos. Ahora, un nuevo y extenso estudio publicado esta semana en Nature Medicine concluye que estos riesgos, aunque raros, existen y pueden llegar a ser graves.

El descubrimiento del Péptido Similar al Glucagón de tipo 1 (GLP-1, por sus siglas en inglés) fue un camino emprendido en las décadas de 1970 y 80 por numerosos científicos; se trata de una de tres hormonas producidas en el intestino a partir de un mismo gen.

Tras la caracterización del GLP-1 por la química Svetlana Mojsov en el Hospital General de Massachusetts, este péptido —una proteína de pequeño tamaño— fue identificado como un estimulador de la producción de insulina en el páncreas en respuesta a la ingesta de azúcar. Así, GLP-1 surgía como un posible tratamiento contra la diabetes de tipo 2, cuando la insulina que produce el cuerpo pierde efectividad y los niveles de glucosa en sangre se elevan.

Dado que GLP-1 se degrada en la sangre en minutos, fue un trabajo de décadas diseñar moléculas análogas de acción más prolongada. Y durante los estudios salió a la luz un hallazgo que valía millones: estos medicamentos reducen el apetito y ralentizan la digestión, aumentando la sensación de saciedad.

Desde que en 2005 empezó a comercializarse el primero de estos fármacos, bajo la marca Byetta, su poder adelgazante comenzó a disparar su popularidad, mientras se multiplicaban los derivados y las marcas comerciales. Posiblemente el más conocido sea Ozempic, aprobado en EEUU en 2017, en 2018 en la UE y después en otros países, pero existen diversas marcas como Wegovy, Rybelsus, Mounjaro y otras.

El impacto de estos fármacos ha sido tal que en 2023 la revista Science los destacó como el avance científico más importante del año, y Nature eligió a Mojsov, cuyo trabajo no fue inicialmente reconocido, como una de las 10 personas más relevantes de la ciencia durante el mismo año.

Pero como ya ocurrió años atrás con la Viagra, el revuelo causado por los análogos de GLP-1 también ha tenido derivaciones más turbias: la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha detectado la venta sin receta en las farmacias, en las que ha llegado a faltar el suministro para los pacientes con prescripción, y la Organización Mundial de la Salud ha alertado de la venta de medicamentos falsos; la firma de ciberseguridad BrandShield contabilizó más de 250 páginas web que vendían estos productos falsificados, según Reuters.

Pese a esta “explosión del uso de GLP-1”, como la califica el médico y epidemiólogo Ziyad Al-Aly, de la Universidad de Washington en San Luis (EEUU), “nadie había investigado extensivamente la efectividad y los riesgos” de estos fármacos en todos los aspectos de la salud, dice este experto, que también dirige el Centro de Epidemiología Clínica del Sistema de Salud para Veteranos de San Luis.

Al-Aly recurrió a los registros de salud de veteranos para construir una gran base de datos anónimos con los que analizar 175 resultados de salud —“todos los posibles resultados de salud que pueden imaginarse”, en sus palabras— comparando a 215.970 pacientes diabéticos que han tomado GLP-1 con más de dos millones que consumen otras medicaciones tradicionales contra la hiperglucemia y la diabetes, sumando una muestra total de más de 2,4 millones, en tratamiento de 2017 a 2023.

El nuevo estudio de Al-Aly y sus colaboradores muestra que, además de la reducción del riesgo cardiovascular y de tromboembolismos (taponamiento de vasos sanguíneos por coágulos), los análogos de GLP-1 se asocian con otra serie de beneficios.

Se observa una disminución de la adicción a sustancias, de ciertos trastornos mentales como la esquizofrenia y de la tendencia al suicidio, así como de episodios convulsivos, infecciones y sus complicaciones —un resultado que ha sorprendido particularmente a Al-Aly—, y de enfermedades neurocognitivas como el alzhéimer y otras demencias. Los autores aclaran que estos efectos no son espectaculares, ya que alcanzan entre un 10 y un 20% de descenso del riesgo, un 12% en el caso del alzhéimer.

Aunque Al-Aly puntualiza que el trabajo no demuestra una relación causa-efecto, sino solo una correlación estadística, existe un posible mecanismo que explicaría la acción de los fármacos en el cerebro: “Actúan en receptores que se expresan en áreas cerebrales y están implicados en el control de los impulsos, la recompensa y la adicción”, apunta el investigador.

“Estos fármacos también reducen la inflamación en el cerebro y provocan pérdida de peso; dichos factores pueden mejorar la salud cerebral y explicar la reducción del riesgo de enfermedades como el alzhéimer y las demencias”. Al-Aly subraya que, si la obesidad de por sí afecta a otros problemas de salud, es probable que adelgazar aporte mejorías.

Pero este perfil beneficioso tiene también un reverso oscuro. Los investigadores encontraron un aumento en el riesgo de desmayos por hipotensión, problemas del sueño, dolores de cabeza, artritis, dolencias gastrointestinales —las náuseas, vómitos y diarreas ya se habían observado anteriormente, a lo que se unen síntomas como la parálisis estomacal y otros—, renales y pancreáticas.

Estas dos últimas se revelan por primera vez en el presente estudio y, aunque se trata de efectos adversos poco comunes, pueden ser muy graves; Al-Aly y sus colaboradores advierten sobre la necesidad de vigilar posibles signos de pancreatitis o de piedras en el riñón en los pacientes bajo medicación con análogos de GLP-1.

En total, el trabajo ha detectado un descenso del riesgo para 42 resultados de salud y un aumento para otros 19. Pero Al-Aly admite que su trabajo tiene limitaciones: además de que el colectivo de veteranos en el que se basa es mayoritariamente masculino y de edad avanzada, el propósito de esta investigación era mapear un atlas completo de beneficios y riesgos sin relacionarlos con subgrupos concretos ni con dosificaciones específicas de la medicación, por lo que aún no es posible particularizar situaciones de mayor riesgo.

“Nuestros resultados enfatizan la posibilidad de mayores aplicaciones para estos fármacos, pero también destacan riesgos importantes que deberían monitorizarse cuidadosamente en las personas que los toman”, concluye Al-Aly.

Este artículo fue publicado originalmente en la Agencia SINC, la agencia de noticias científicas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

Ahora vemos cómo las aseguradoras, y especialmente Adeslas (Segur-Caixa), mantienen en jaque al recién llegado Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, con un presunto chantaje: o me das lo que te pido o provocamos un colapso en la Sanidad Pública y de paso ponemos en peligro la salud de cientos de miles de personas que se verán afectadas. Otro intento de atacar para deteriorar nuestra joya de la corona: la Sanidad Pública

La Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) suele acordar mediante conciertos con las aseguradoras Adeslas, DKV y Asisa la asistencia médica de los empleados públicos en activo o jubilados y sus familiares, más o menos 1,5 millones de personas.

Toca firmar el nuevo concierto (accesible en el BOE) y el Estado pretende incrementar un 14% la asignación establecida por persona/año frente al 40% que exige Adeslas, que ha encabezado la reivindicación. Hablamos de la desdeñable cantidad de 984€ actuales (según la fundación IDIS) frente a 1.378€ por cada mutualista y año que pretende Adeslas, lo que supondría una asignación mensual por persona de más o menos 115€. A mi amigo Ricardo (mutualista jubilado) no le salen las cuentas porque su hija paga en Adeslas la prima de 41€/mes sin copago. Mi amigo es un poco RARO (como su acrónimo) y se pregunta: si esa cuota de 41€/mes le produce a la aseguradora beneficio por qué exige al Estado 114€/mes por mutualista?

Pueden acceder a sus calculadoras para comprobar el resultado final del concierto que se pretende obligar a firmar: DOS MIL SESENTA Y SIETE millones de euros.

La amenaza presunta, claro, radica en no presentarse a la licitación y dejar que 1,5 millones de empleados públicos se incorporen a la Seguridad Social y la colapsen del todo. Un millón y medio de asegurados con una tecnología burocrática arcaica que se incorporarían sin historial médico, con sus respectivos talonarios de recetas, al sistema público de salud. Me explico porque aquí radica el peligro. Estas 1,5 millones de personas no disponen de recetas electrónicas con tarjeta para que la farmacia le dispense cualquier medicación, ha de ir con su talonario al médico de medicina general (de libre elección) para que le firme cada vez que necesita medicarse. Las recetas manuales caducan a los 10 días. Los jubilados pagan igual que los que aún prestan servicio a los ciudadanos. En este sistema de salud, además, no existe el "historial clínico" centralizado en una base de datos como en el sistema público. El historial lo tiene el paciente si ha tenido el cuidado de ir confeccionándolo. Ni MUFACE ni la Aseguradora disponen de esos datos especialmente protegidos por las Leyes de Protección de Datos. Como se ha podido elegir médico y especialista en sus consultas privadas, al igual que clínica u hospital, cada uno de ellos dispone de información médica concreta sobre el motivo concreto de su consulta. Imaginemos por un momento lo que supondría para los enfermos crónicos (de entre esos 1,5 millones) tener que renovar sus respectivos fármacos al tener un médico de cabecera nuevo asignado (de la noche a la mañana) en un sistema público de por sí colapsado sin un historial médico que le pudiera facultar el poder recetarle. Imaginemos, por favor, una urgencia hospitalaria y que el facultativo no disponga de esa información vital como ofrece el historial clínico.

Para la reivindicación de incrementar el 40% la asignación, las aseguradoras utilizan la argumentación torticera de comparar cifras imposibles de emparejar. Se dice que 984€ es irrisorio con lo que se supone el coste (supuesto) del paciente/año en la sistema sanitario público: unos 1.608€, sin valorar varios aspectos que se me antojan importantes. Por ejemplo: los profesionales de la sanidad pública están mejor preparados que los privados, han pasado por diversos sistemas de selección y aunque sus sueldos por convenios aún no alcanzan lo deseado, están muy por encima de lo que se cobra en el sector privado. Por tanto en materia de personal los costes no se pueden comparar. De igual forma los costes de mantenimiento en infraestructuras y en equipos de diagnóstico, etc, tampoco son comparables.

Si se investigara lo que paga Adeslas, DKV o Asisa por consulta privada y hospitalaria en clínicas privadas nos daría la risa. Si a esto le añadimos que en el "negocio de la salud" todo vale, puede que esas clínicas en manos de grandes tenedores ahora (léase Vithas, Quirón, etc) para "sacar tajada" se podrían ver en la "obligación" de prescribir pruebas diagnósticas, digamos, con asiduidad para subir la minuta. Podríamos (supuestamente, claro) encontrarnos con que el chollo que tenían Adeslas, Asisa o DKV ya no es tanto y, como deben incrementar beneficios (lo contrario lo llaman pérdidas), le aprietan las clavijas a papá Estado y lo hacen de esta forma, con aliados políticos (léase CSIF) que amenazan con convocar huelgas si no incrementan la asignación.

Se me ocurre en síntesis una argumentación neocon: las multinacionales aprietan a sus correligionarias aseguradoras para que éstas lo hagan al Gobierno con un objetivo: la Sanidad Pública. Poniendo en peligro, jugando con la salud de millones de personas.

Ya se sabe que para ellos el fin económico justifica los medios.

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Joaquín Navas Cabezas es socio de infoLibre.

La Comisión Interministerial del Precio del Medicamento (CIPM) ha aprobado este jueves la financiación de los fármacos Enhertu y Trodelvy destinados a pacientes con cáncer de mama metastásico, recomendados por Europa y que han demostrado su eficacia y un promedio de 23 meses de supervivencia, han informado fuentes de la reunión.

Con la autorización de estos fármacos se da respuesta a una reivindicación histórica de estas pacientes que vieron como la CIPM rechazaba hasta en cuatro ocasiones (tres este mismo año) la propuesta de financiación de los fármacos alegando criterios económicos. Por ello, las pacientes emprendieron un movimiento espontáneo para visibilizar la necesidad de estos tratamientos, que se resumió en un lema que hicieron viral en un vídeo: "Sin tratamiento, nos morimos". Además, este movimiento de pacientes inició una campaña en Change.org que suma ya más de 150.000 firmas.

La aprobación de la financiación pública de los fármacos se ha conseguido tras aceptar la empresa comercializadora la propuesta del Ministerio de Sanidad y recibir el visto bueno de la CIPM integrada por cuatro ministerios (Sanidad, Industria, Hacienda y Economía) y las comunidades autónomas, que se van turnando cada seis meses y solo tres tienen voto (en esta ocasión están Castilla-La Mancha, Murcia y Aragón).

Con la aprobación de la financiación de estos fármacos, las pacientes podrán recibir la administración de los mismos sin tener que asumir un coste que puede llegar a los 5.500 euros por 21 días de ciclo.

Esta semana, tres pacientes con cáncer de mama metastásico (Victoria, Rosa y Raquel) comparecieron en el Senado para trasladar a los senadores su reivindicación, y obtuvieron de la Comisión de Sanidad de la Cámara Alta el compromiso de los grupos políticos.

En España, 18 mujeres mueren cada día por cáncer de mama metastásico y 6.500 fallecen al año. Nuevos medicamentos, como Enhertu y Trodelvy, ofrecen buenas perspectivas y años de supervivencia, pero la Sanidad española, hasta ahora, no los financiaba. En lo que va de 2024 se han diagnosticado 34.000 nuevos casos de cáncer de mama, el 5 % ha debutado como cáncer de mama metastásico y el 30 % evolucionará a metástasis. 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado este martes la prohibición de comercialización y retirada del mercado del complemento alimenticio Max Ero Plus, por contener la sustancia sildenafilo, un principio activo de la viagra, que no declara en el etiquetado, según informa EFE.

En un comunicado, la Aemps ha explicado que la presencia del sildenafilo confiere al producto la condición de medicamento, pero esta sustancia se oculta al consumidor pese a que puede causar daños graves para la salud.

La Aemps, que ha tenido conocimiento de esto a través del Grupo de Consumo de la Policía Judicial, ha analizado el producto en el laboratorio y ha constatado que tiene sidenafilo "indicado para restaurar la función eréctil deteriorada mediante un aumento de flujo sanguíneo del pene por inhibición selectiva de la enzima fosfodiesterasa 5 (PDE-5)".

Según la Aemps, "los inhibidores de PDE-5 están contraindicados en pacientes con infarto agudo de miocardio, angina inestable, angina de esfuerzo, insuficiencia cardiaca, arritmias incontroladas, hipotensión, hipertensión arterial no controlada, historia de accidente isquémico cerebral, pacientes con insuficiencia hepática grave y personas con antecedentes de neuropatía óptica isquémica o trastornos hereditarios degenerativos de la retina".

Además, presenta interacciones con otros medicamentos y puede provocar reacciones adversas de diversa gravedad como las cardiovasculares, ya que su consumo se ha asociado a infarto agudo de miocardio, arritmia, palpitaciones, taquicardia, accidente cerebrovascular e incluso muerte súbita cardiaca.

Las organizaciones de pacientes son importantes defensoras de los enfermos. Sus redes de apoyo son esenciales. Sus campañas para mejorar el acceso a nuevos medicamentos tienen peso. Sin embargo, estas actividades dependen a menudo de los actores más poderosos de la industria: las grandes farmacéuticas.

Las principales farmacéuticas invirtieron 110 millones de euros en 2022 en organizaciones de pacientes de la UE, Noruega, Suiza y el Reino Unido, según revela una investigación realizada por el consorcio periodístico Investigate Europe. Compañías como Pfizer, Novo Nordisk y AstraZeneca financian desde actividades de sensibilización hasta campañas mediáticas y podcasts, lo que reaviva la preocupación por la influencia de la industria en el conjunto del sector.

Algunas entidades paneuropeas están financiadas mayoritariamente por las empresas y otras defienden medicamentos de gran éxito, como el adelgazante Wegovy, mientras reciben decenas de miles de euros de su fabricante.

"Las empresas farmacéuticas utilizan esta financiación como vehículo para alcanzar sus objetivos", afirma Margaret McCartney, médica británica que lleva años estudiando los conflictos de intereses en el sector. "Existe un riesgo enorme para la independencia de estos grupos de pacientes", sostiene.

Esta información forma parte de un proyecto sobre el negocio de las grandes farmacéuticas en el que participaron más de 20 medios europeos. infoLibre publica en exclusiva en España la investigación completa. [Puedes consultar aquí todos los artículos de la serie].

Las 33 empresas que forman parte de la patronal europea –la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas (Efpia, por sus siglas en inglés)– publican anualmente lo que se denominan “transferencias de valor”, el dinero con el que financian actividades de médicos, de sociedades científicas y de organizaciones de pacientes. En el año 2022, esos laboratorios declararon más de 11.000 pagos a asociaciones de pacientes de los treinta países analizados por los periodistas. Pese a que en su compromiso de transparencia Efpia indica que las compañías deben detallar a qué se destinaron los fondos, en cientos de casos no ocurre así.

La patronal europea considera que “ha liderado el camino hacia una mayor transparencia”, pero admite que el panorama de la divulgación de los datos está “fragmentado”. Esa “fragmentación” dificulta obtener la información en determinados lugares, como Países Bajos, por lo que el total de pagos realmente realizados superará ligeramente los 11.000 indicados.

La multinacional estadounidense Gilead fue la mayor donante, con 12,8 millones de euros, seguida de Novartis, Pfizer, Roche, Sanofi y Johnson & Johnson. En conjunto, estas seis empresas aportaron más de la mitad de la financiación total.

Más de 3.000 organizaciones de pacientes aceptaron dinero de la industria. De ellas, 487 recibieron más de 50.000 euros y 24 superaron el medio millón. Algunos grupos de pacientes admiten que dependen «demasiado» del dinero de las farmacéuticas, pero varios señalaron que las fuentes de ingresos alternativas son escasas.

En el otro extremo están entidades más pequeñas y que reciben, por tanto, cantidades menores. En concreto, 2.046 grupos obtuvieron menos de 20.000 euros.

En el caso de España, las empresas de Efpia pagaron en 2022 actividades de 349 organizaciones de pacientes, de las que 21 recibieron más de 100.000 euros. La Plataforma de Organizaciones de Pacientes, con 310.000 euros, fue la que más dinero aceptó. [Puedes leer aquí una información específica con todos los datos relevantes de España].

Una parte significativa del dinero fue a parar a entidades de pacientes con enfermedades crónicas o raras y a áreas donde las empresas comercializan tratamientos nuevos o caros. Con diferencia, la mayor parte de la financiación correspondió a los grupos de lucha contra el cáncer, que percibieron casi un 25% del total. Por el contrario, sólo alrededor del 2% se destinó a apoyar a quienes trabajan en temas de adicción o salud mental.

“El panorama viene dictado por el destino de los fondos. Es una decisión comercial de las empresas sobre lo que se considera una buena inversión”, critica McCartney.

La Federación Internacional de Asociaciones de Psoriasis (IFPA), que apoya a las personas que padecen esta enfermedad crónica de la piel, recibió más de un millón de euros. El análisis de sus cuentas revela que la IFPA, con sede en Estocolmo, está financiada casi en su totalidad por empresas farmacéuticas.

Su directora ejecutiva, Frida Dunger, indicó a preguntas de los periodistas que la IFPA aplica una estricta política ética y “se guía únicamente por su misión de mejorar la vida de las personas” que padecen la enfermedad. El grupo está intentando diversificar su financiación y ha contratado a un gestor de captación de fondos, explicó Dunger, quien añadió que la transparencia es importante para la organización: “Nuestro sitio web se está actualizando a fondo para simplificar la navegación”.

Los grupos que trabajan en hemofilia y otras enfermedades de la sangre recibieron más de 3,3 millones de euros. Estas enfermedades afectan a menos del 0,03% de la población de la UE, según el Consorcio Europeo de Hemofilia (EHC), que recibió más de 600.000 euros de CSL Behring, Sanofi, Roche y otros.

Los medicamentos para estas enfermedades son caros. Hemgenix, la terapia génica para la hemofilia B de CSL Behring, tiene un precio millonario. Su uso se aprobó en Europa el año pasado. Hemlibra de Roche, para la hemofilia A, es otro ejemplo de medicamento con un precio elevado.

“Las empresas patrocinan enfermedades crónicas en las que también hay intervenciones costosas”, indica Claudia Wild, directora general del Instituto Austriaco de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. “Si las empresas fueran tan altruistas, podrían pagar a un fondo central sin saber a qué grupo de pacientes se destina el dinero. Pero no es así. Se trata de gestionar las relaciones”, apunta.

Olivia Romero Lux, directora ejecutiva del Consorcio Europeo de Hemofilia, afirma que la entidad “depende principalmente” del dinero de la industria porque los fondos públicos se destinan habitualmente a enfermedades más comunes. Romero Lux añade que el grupo busca financiación diversa, pero al mismo tiempo confiesa: “Sin las contribuciones empresariales, no podríamos cumplir nuestra misión, que es mejorar el acceso al diagnóstico, la atención y el tratamiento de las personas con trastornos hemorrágicos”.

Los países con notable influencia pública y política, y los mayores mercados, recibieron casi todos los fondos. Los grupos del Reino Unido aceptaron 20,7 millones de euros, seguidos de Bélgica, Francia, Italia, Alemania y España. La posición de Bélgica se explica por el hecho de que muchas organizaciones paneuropeas tienen su sede en Bruselas. En cambio, las entidades de Malta recibieron menos de 10.000 euros en su conjunto durante todo el 2022.

“La promoción, el compromiso público y los grupos de presión son las causas clave que el sector quiere financiar. Se trata de una influencia a nivel estructural”, analiza Piotr Ozieranski, profesor de la Universidad de Bath que ha estudiado la financiación en el Reino Unido y Europa.

La empresa suiza Novartis donó en 2022 más de 180.000 euros a Heart UK. Previamente, la organización benéfica presentó pruebas al organismo regulador británico en apoyo de la autorización de Inclisirán, un fármaco de Novartis para reducir el colesterol. Tras su aprobación en septiembre de 2021, la Asociación Médica Británica expresó su preocupación por la falta de datos sobre la seguridad a largo plazo y los posibles efectos secundarios futuros desconocidos del medicamento. De acuerdo con los datos publicados por Novartis en 2023, el fármaco ha demostrado ser seguro y eficaz. Heart UK no respondió a la solicitud de los periodistas de conocer su versión.

Millones de euros pagados por la industria se destinaron a marketing y patrocinio de conferencias organizadas por asociaciones de pacientes. «Existe una relación directa y lineal», considera Wild, quien destaca que “los grupos de pacientes son mejores gestores de marketing que las farmacéuticas porque se les considera neutrales u objetivos”.

Esto es especialmente evidente en el caso de Novo Nordisk, que fabrica Wegovy, el medicamento contra la obesidad más vendido. La corporación danesa donó más de 300.000 euros a grupos europeos contra la obesidad en 2022. Entre ellos, 46.000 euros a la organización británica All About Obesity para ayudar a lanzar su sitio web. En los medios de comunicación, su fundadora, Sarah Le Brocq, que también forma parte de un grupo de expertos de Novo Nordisk, se ha deshecho en elogios hacia el tratamiento. All About Obesity mantiene que Novo Nordisk no tiene “ninguna influencia” en el sitio web y que conserva todo el control editorial.

El codiciado medicamento no está exento de polémica. “Wegovy lleva aparejados muchos problemas. Uno de ellos es que, cuando se deja de tomar, el peso suele volver a aumentar”, explica la doctora McCartney. “Los grupos de pacientes financiados por las farmacéuticas están ayudando a crear un mercado y una dependencia de este tipo de medicación”, critica.

Eli Lilly dio a All About Obesity 29.000 euros en concepto de "suscripción corporativa". Su medicamento, Mounjaro, fue aprobado para la pérdida de peso en el Reino Unido el año pasado y en la Unión Europea este mes de abril. La organización de pacientes presentó una declaración de apoyo al fármaco ante el organismo regulador británico antes de la aprobación del fármaco.

Tras ser contactada por Investigate Europe, la entidad británica actualizó su sitio web. “Hemos decidido que añadir una sección de declaración de intereses en la página web permite una total transparencia», indicó Le Brocq. En todo caso, destacó que no existían conflictos de intereses con los financiadores y añadió que “a medida que la medicina de la obesidad sea más conocida y los tratamientos estén más disponibles, se parecerá mucho más a otras áreas como la diabetes, las cardiopatías y el asma, donde es habitual contar con el patrocinio farmacéutico para eventos de aprendizaje. Que esto se considere aceptable es algo que deberá decidir la profesión médica en su conjunto”.

Hay cientos de ejemplos de empresas que financian actividades de marketing y medios de comunicación. En Italia, Roche dio unos 140.000 euros al grupo de relaciones públicas Omnicom. El dinero se destinó a organizar una serie de charlas y actos para pacientes sobre el futuro de los medicamentos. Roche incluyó a Omnicom en sus datos sobre financiación de organizaciones de pacientes.

La British Skin Foundation (Fundación Británica de la Piel) se benefició de un pago de 29.000 euros de Sanofi para una serie de televisión. Sanofi declaró que “había comprado un segmento del programa Ages of Our Skin de ITN Productions, lo que refleja una contribución no financiera en especie para apoyar la participación de la British Skin Foundation». A preguntas de los periodistas, Sanofi respondió que no tenía “ningún control editorial” sobre la emisión.

La organización benéfica también mantiene que Sanofi no tuvo “ninguna influencia" en su contribución al programa y que sin esa financiación no podrían haberla realizado. «Utilizamos estos segmentos para hablar de nuestro trabajo y/o destacar temas importantes y de actualidad sobre la salud de la piel», indicó un portavoz.

"A menudo se trata de socializar a los grupos de pacientes para que piensen sobre cuestiones políticas de formas que son coherentes con la manera en que las compañías farmacéuticas las enfocarían. Se trata de influir en cómo se perciben las cosas y cómo se habla de ellas", cree Ozieranski.

La investigación periodística revela los fuertes lazos que la industria mantiene con grupos que operan en los círculos de poder de la UE, con cerca de 10 millones de euros destinados a influyentes organizaciones de pacientes en Bruselas.

La Federación Europea de Asociaciones de Pacientes con Alergia y Enfermedades Respiratorias (EFA, por sus siglas en inglés) recibió casi 640.000 euros. Forma parte de un grupo de trabajo en la Agencia Europea de Medicamentos, el regulador de la UE, y de un grupo de interés en el Parlamento Europeo. En 2022, aproximadamente dos tercios de sus ingresos procedieron de la industria, según la entidad.

La EFA cuenta con "alianzas corporativas sostenibles" y depende del apoyo de varias empresas, según su directora general, Susanna Palkonen. Además, resalta que cambios introducidos en los programas de financiación de la UE conllevaron que la organización ya no pudiera optar a determinados fondos públicos.

Otro beneficiario en Bruselas fue la Federación Internacional de Diabetes (IDF), la entidad que más dinero recibió de la industria en 2022. De acuerdo con las declaraciones de las empresas, IDF obtuvo 1,6 millones de euros. IDF Global aseguró a los periodistas que había percibido 1,45 millones y que el resto había ido a otra entidad jurídicamente diferente, IDF Europe, quien a su vez reconoce haber recibido 460.000 euros de las compañías que forman parte de Efpia. Ninguna de las dos organizaciones quiso aclarar por qué la suma sobrepasa en varios cientos miles de euros el importe de los pagos declarados por las farmacéuticas.

IDF Global admitió que la mitad de sus ingresos en 2022 procedían de las grandes farmacéuticas: “Creemos que los laboratorios pueden ser socios valiosos en la comunidad de la diabetes. Por lo tanto, nos involucramos en alianzas con empresas y fundaciones responsables para promover nuestra misión”.

Las declaraciones públicas con las transferencias de valor realizadas por las empresas se introdujeron en 2015, cuando la patronal Efpia lanzó una iniciativa que obligaba a sus miembros a publicar el apoyo prestado a médicos, a sociedades científicas y a grupos de pacientes. De acuerdo con este plan de transparencia deben ser públicos todos los datos de los tres últimos años.

“El Código Efpia establece una norma mínima para Europa, pero cada país tiene la opción de ir más allá en función de sus requisitos locales y actitudes culturales hacia la transparencia”, declaró un portavoz de la patronal europea.

Existe una falta de coherencia en la forma de publicar la información. Algunas empresas dificultan el examen de los datos o impiden totalmente las descargas desde sus páginas web.

“El propio sector establece las normas y vigila su cumplimiento”, indica Ozieranski, quien opina que Efpia debería crear una base de datos central con toda la información publicada. En Estados Unidos, por ejemplo, la base de datos federal Open Payments recopila las declaraciones de las empresas farmacéuticas de manera fácilmente accesible. “La transparencia de las empresas farmacéuticas es una caja de Pandora... incluso cuando se publica la financiación, varía, se clasifica de forma diferente, carece de coherencia y las cifras pueden estar muy agregadas”, resume Ozieranski.

Un portavoz de Efpia defiende, en cambio, que “la autorregulación ofrece mayor eficacia y adaptabilidad. Puede responder mucho más rápidamente a los cambios en el funcionamiento del mercado o a las expectativas de la sociedad que los enfoques jurídicos más burocráticos y costosos, cuya aplicación puede llevar años”.

El trabajo de Investigate Europe deja claro lo dependientes que son algunos grupos de pacientes del dinero de las farmacéuticas. Muchos no sobrevivirían sin esos pagos.

De las 24 entidades más financiadas por la industria, trece desvelaron qué porcentaje representaron esos ingresos sobre el total en 2022. En tres casos el dinero de las farmacéuticas supuso más del 90% de sus ingresos y en otros seis, más del 50%.

Mujeres contra el Cáncer de Pulmón en Europa aceptó más de 430.000 euros de múltiples donantes, lo que supuso el 75% del presupuesto de la organización benéfica italiana. Su secretaria, Stefania Vallone, destaca que son autónomos, pero admite que dependen “demasiado” del dinero corporativo.

“He pedido financiación a empresas que no tienen nada que ver con la industria farmacéutica, pero a menudo no obtengo ningún resultado: muchas no quieren poner su nombre junto al de pacientes con cáncer de pulmón, porque sigue habiendo un estigma asociado a una enfermedad que en el pasado se asociaba principalmente a los fumadores”, explica Vallone. “Así que al final recurro a las empresas farmacéuticas porque es más fácil conseguir el dinero de ellas”.

El Foro Europeo de Pacientes, un grupo que agrupa a asociaciones de toda Europa, recibió en 2022 de la industria dos tercios de sus ingresos totales, aunque la entidad resalta que ningún financiador privado acaparó más del 5% de su presupuesto.

Su directora ejecutiva, Anca Toma, señala que se necesita “una financiación pública mayor y sostenible”, pero añade: “Las empresas farmacéuticas y las asociaciones de pacientes tienen a veces intereses comunes y es natural que cooperen o financien áreas en las que están especializadas. Según mi experiencia, las farmacéuticas que nos financian no piden nada a cambio”.

La importancia que tienen estos ingresos para las asociaciones de pacientes se comprueba también con otro hecho: son muy pocas las que rechazan recibir dinero corporativo. Aunque alguna hay. Por ejemplo, Salud Mental España o YoungMinds en Reino Unido, que también trabaja en el área de la salud mental, en su caso centrada en personas jóvenes.

Nel González, presidente de Salud Mental España, explica que la confederación acordó ya en 2018 rechazar el dinero de la industria. “Las personas que en un momento dado están tomando un tratamiento no tienen ningún control sobre lo que les da el psiquiatra. Esas personas suelen defender la mayor independencia posible de las farmacéuticas”, explica.

Tom Madders, el director de campañas de YoungMinds, explica que ellos prestan apoyo a través de asesores de salud mental y jóvenes que tienen experiencia con la enfermedad. "Es crucial que esta información sea imparcial y que la gente sienta que puede confiar en nosotros. No aceptamos donaciones ni trabajamos en alianza con empresas que fabrican productos farmacéuticos, ya que creemos que esto puede socavar nuestra imparcialidad percibida".

Investigate Europe contactó con las 33 empresas de la patronal Efpia para recabar sus comentarios. De las 24 que respondieron, diez dieron versiones total o parcialmente idénticas. Todas negaron haber influido en las organizaciones de pacientes.

La versión más larga señala: “Las organizaciones de pacientes son entidades muy profesionales acostumbradas a gestionar múltiples partes interesadas e intereses, al tiempo que conservan su independencia. Como todos los profesionales sanitarios, creemos que los pacientes deben estar en el centro de la toma de decisiones. Esto significa garantizar un diálogo abierto y transparente con los representantes y las organizaciones de pacientes a lo largo de todo el ciclo de vida de un medicamento. Es la independencia de las organizaciones de pacientes en estos debates lo que se valora tanto y, a su vez, esa independencia es uno de los principios de Efpia para la relación entre las organizaciones de pacientes y la industria farmacéutica”.

Si tienes interés en saber la metodología utilizada para el análisis de los datos, puedes consultar este documento.

Las grandes farmacéuticas financian a todos los actores relevantes del sector: pagan actividades de formación a miles de profesionales sanitarios, patrocinan a sociedades científicas y asociaciones médicas, y también subvencionan a organizaciones de pacientes. Estos pagos se llaman en el argot de la industria “transferencias de valor”, pero más allá de la denominación, se trata de dinero que sale de los enormes beneficios de las farmacéuticas para apoyar a quienes luego prescriben sus medicamentos o los necesitan para curarse.

La financiación de las organizaciones de pacientes es la menos conocida y también la menos cuantiosa. Pero alcanza volúmenes considerables. Las grandes farmacéuticas invirtieron 110 millones de euros en 2022 en organizaciones de pacientes de la UE, Noruega, Suiza y el Reino Unido, según revela una investigación realizada por el consorcio periodístico Investigate Europe.

En España, esas empresas abonaron en total 7,88 millones de euros, que se repartieron entre 349 entidades diferentes. No obstante, uno de los datos más llamativos es la importante concentración de esas ayudas en pocas manos. Únicamente hay 21 organizaciones que recibieron más de cien mil euros y, en conjunto, se llevaron 3,93 millones, lo que supone la mitad del total.

Otras 70 asociaciones lograron de la industria entre 20.000 y 100.000 euros, mientras que las 258 restantes obtuvieron menos de 20.000 euros. Es decir, el 74% del total se quedó por debajo de esta última cantidad.

Esta información forma parte de un proyecto sobre el negocio de las grandes farmacéuticas en el que participaron más de 20 medios europeos. infoLibre publica en exclusiva en España la investigación completa. [Puedes consultar aquí todos los artículos de la serie].

Los periodistas analizaron todos los pagos realizados en 2022 por las 33 empresas que forman parte de la patronal europea, la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas (Efpia, por sus siglas en inglés), que agrupa a las grandes compañías del sector. En 2015, Efpia aprobó un código ético que obliga a las empresas de esta patronal a publicar anualmente los datos sobre la financiación que aportan a profesionales médicos, a sociedades científicas y a grupos de pacientes. El objetivo de la industria era mostrar mayor transparencia para contrarrestar las críticas de quienes sostienen que esos pagos restan independencia a los actores que los reciben, que se pueden convertir de forma consciente o involuntaria en defensores de los intereses comerciales de las empresas.

Las farmacéuticas de Efpia declararon en total más de 11.000 pagos a organizaciones europeas de pacientes. De ellos, 1.611 se produjeron en España.

Las entidades españolas son las sextas que más dinero recibieron, después de las de Reino Unido, Bélgica, Francia, Italia y Alemania. El puesto de Bélgica se explica por el hecho de que muchas organizaciones paneuropeas, que reciben una cuantiosa financiación, tienen su sede en Bruselas. Descontando a Bélgica, la posición de España se corresponde con el peso de su población, ya que es el quinto país de los 30 analizados con mayor número de habitantes.

Si se analiza la financiación según las patologías en las que están especializadas las asociaciones, el panorama en España también es muy similar al resto de Europa. Trece de las veintiún organizaciones que más dinero recibieron trabajan en seis áreas: cáncer, esclerosis múltiple, VIH/sida, diabetes, enfermedades raras y dolencias cardiacas. Ninguna se ocupa de la demencia, que afecta a unas 900.000 personas en España, siendo la causa más común la enfermedad de Alzheimer.

La Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) es la entidad española que más dinero recibió en 2022 de las empresas que forman parte de Efpia: 310.569 euros. La Plataforma es una organización paraguas integrada por 41 organizaciones diferentes, que abarcan todo tipo de patologías y que tienen sus propios ingresos de la industria.

Pedro Carrascal, director de la Plataforma, defiende la total independencia de la entidad en su actuación. Y destaca la importancia de la transparencia sobre los patrocinadores a la hora de explicarse ante la sociedad. “La transparencia no afecta solo a los fondos que vienen del sector privado, sino también al dinero público que recibimos. Con cualquier financiación, salvo la de los socios, nos podemos ver interpelados públicamente. Así que la transparencia es imprescindible precisamente para que haya luz y claridad sobre cómo nos financiamos”, indica.

Además, la Plataforma tiene un código ético para marcar determinados límites frente a sus financiadores. Por ejemplo, no puede participar en la presentación de productos.

El 68% de todos los ingresos de la Plataforma provienen de la industria. Sin embargo, Carrascal cree que ese dato no es demasiado significativo y resalta que ninguna empresa individual llega al 8% de su presupuesto: “La industria farmacéutica no funciona como si fuera una única persona que se sienta en una silla. Son múltiples compañías, que a veces tienen sus conflictos de intereses entre ellos. Es como la financiación pública: si una organización de pacientes recibe financiación de dieciséis ayuntamientos, todo es dinero público, pero no podemos dar por sentado que los dieciséis tienen los mismos intereses”.

Investigate Europe preguntó a las 21 organizaciones más financiadas qué porcentaje representó en 2022 el dinero de los laboratorios sobre el total de su presupuesto. Además de la POP, solo respondieron otras tres: Cardioalianza, que ingresó de las farmacéuticas 146.336 euros, lo que supuso el 97% del total; Apoyo Positivo, que recibió 170.247 euros, equivalentes al 21% de su presupuesto, y la Federación Española de Enfermedades Raras, que obtuvo 195.025 euros, lo que representó el 9%.

Pedro Carrascal cree que tampoco sería positivo un escenario hipotético donde toda la financiación de las organizaciones de pacientes fuese pública y defiende la necesidad de contar con un marco jurídico que estructure y regule estas entidades. Carrascal termina con una confesión: “Yo llevo más de veinte años trabajando en el sector y no he tenido jamás presiones de un laboratorio”.

Soledad Cabezón preside la Asociación Acceso Justo al Medicamento, una entidad que lucha para que los fármacos tengan un precio justo. Entre 2014 y 2019 fue eurodiputada socialista y en esa etapa fue ponente de un informe del Parlamento Europeo que buscaba poner ciertos límites al poder de la industria farmacéutica. Han pasado siete años desde entonces y la Unión Europea aún sigue negociando una legislación para el sector, que en su propuesta actual más que reducir puede consolidar el poder de las empresas.

Soledad Cabezón reconoce que las organizaciones de pacientes “realizan una tarea fundamental ya que cubren una serie de servicios de los que no se encarga la sanidad pública: de prestaciones a los pacientes, de sensibilización, de otorgar visibilidad a las enfermedades”. Al mismo tiempo, añade, “tienen una gran capacidad de influencia en temas muy sensibles para la industria, como la decisión de financiar públicamente un medicamento o no”.

“La sociedad no es consciente de que una parte de la financiación de las organizaciones de pacientes se la dan las empresas farmacéuticas”, apunta Cabezón. En todo caso, señala, “estas entidades no han sido el objetivo prioritario de la industria, lo han sido los profesionales sanitarios y las sociedades científicas. Está absolutamente normalizado que la formación de un médico dependa de los fondos que recibe de las farmacéuticas o que las sociedades científicas se financien con el dinero de la industria”.

En su análisis, coincide con Pedro Carrascal en la necesidad de regulación: “No se trata de señalar a las organizaciones de pacientes. Lo que es necesario es despejar las posibles dudas sobre su independencia cuando su financiación depende de forma muy mayoritaria de las farmacéuticas, y esas dudas se resolverían con transparencia y regulación”.

Soledad Cabezón tiene claro que existe “una red organizada por parte de la industria para financiar a todos los actores del sector. Y ahí está el meollo de la cuestión, en ver cómo regulamos esos ámbitos para impedir la influencia desmedida de las farmacéuticas”. Y el dinero para financiar a profesionales sanitarios, sociedades científicas y organizaciones de pacientes, destaca Cabezón, procede del “sobrecoste que abona el Estado por la vía del precio excesivo que paga el Sistema Nacional de Salud por los medicamentos”.

Es muy difícil encontrar una asociación de pacientes que rechace por principio el dinero de la industria. Salud Mental España es el ejemplo más significativo. Se trata de una confederación que cuenta con 60.000 socios individuales, 340 asociaciones y 18 federaciones (en todas las comunidades y ciudades autónomas, salvo las Islas Baleares). En su código ético se establece tajante: “Salud Mental España expresa su compromiso de no desarrollar actividades con industrias farmacéuticas que supongan la obtención directa de financiación”. La entidad se compromete a colaborar con empresas sólo “en actividades que supongan la difusión de la visión de la Confederación, el respeto del enfoque de derechos y la promoción de la salud mental”.

Nel González, presidente de Salud Mental España, explica que la confederación adoptó esa decisión en 2018, “tras un intenso debate”. “Había personas que no tenían clara esta desvinculación de la industria farmacéutica, pero la mayoría pensamos que son muy evidentes los conflictos de interés que puede generar”, razona.

Salud Mental España fue fundada hace 41 años. En algún momento de su historia, el dinero de la industria llegó a suponer el 40% de los ingresos totales. Hace ya tiempo se empezaron a buscar de forma consciente otros apoyos, de forma que para 2018 ya se había reducido al 4%. Ahora, el 66% de sus ingresos tienen procedencia pública.

Nel González sostiene que “las personas que en un momento dado están tomando un tratamiento son las que suelen defender la mayor independencia posible de las farmacéuticas”. El motivo principal es que “no tienen ningún control sobre los fármacos que les da el psiquiatra”, lo que puede provocar lógicamente una posición de desconfianza hacia el mundo farmacéutico. Las familias y los entornos de esas personas, explica González, “no suelen darle tanta importancia a las relaciones con la industria farmacéutica y lo que les preocupa es que reciban de forma correcta la medicación, si es que la necesitan”.

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Si tienes interés en saber la metodología utilizada para el análisis de los datos, puedes consultar este documento.

Un 23 % de la población asalariada toma psicofármacos, sobre todo mujeres y trabajadores manuales, y la mayor parte lo hace por causas relacionadas con su empleo; factores como las dificultades para conciliar, la inseguridad de horarios o los ritmos elevados empuja al inicio del consumo, informa EFE.

Así lo constata un estudio del Research Group on Psychosocial Risks, Organization of Work and Health (POWAH), de la Universitat Autònoma de Barcelona, presentado este jueves en la segunda jornada de la XLII Reunión Anual de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE).

España se encuentra entre los primeros países del mundo en el consumo de antidepresivos y lidera el de benzodiazepinas, lo cual constituye un enorme problema de salud pública, ha recordado Laura Esteve-Matalí, coautora de este trabajo realizado sobre casi 2.000 trabajadores entre 2023 y 2024.

Tras notar el incremento del consumo tras la pandemia, los investigadores se plantearon averiguar el peso del trabajo en esos elevados consumos, con el resultado de que casi un cuarto de los participantes encuestados toma estos medicamentos y que la mayoría, el 18,3 %, lo hace por causas laborales.

Pero con diferencias por sexos: un 19 % de los hombres echa mano de los psicofármacos, en el 4,5 % de las ocasiones por su trabajo, mientras que en las mujeres, esos porcentajes se elevan al 22 % y al 5 %, respectivamente.

También hay una brecha según el tipo de trabajo: los que desempeñan labores manuales, normalmente peor retribuidos, presentan una prevalencia total del 25,6 % frente al 21,7 % de los que tienen un empleo no manual; atendiendo al consumo por motivos laborales, los primeros tienen una tasa del 20,9 %, que en los segundos se reduce al 17 %.

Distintos factores psicosociales que "se originan en las prácticas de gestión laboral dañinas" se asocian al inicio del consumo, ha explicado la epidemióloga. En todos los grupos, el principal factor psicosocial son los conflictos trabajo-vida o dificultad para conciliar el trabajo con lo personal, y que siempre es mayor en mujeres. Hay otros como las exigencias cuantitativas y emocionales, la inseguridad de horario o el apoyo de los superiores, que se da más en trabajadores manuales, o el ritmo de trabajo en los no manuales. El siguiente paso del estudio será analizar precisamente las prácticas de gestión laboral que originan esa exposición a los citados factores.

La conclusión es que "se medicaliza el impacto en salud de una organización del trabajo deficiente". "Mejorando la organización del trabajo podemos mejorar el impacto en salud de estas exposiciones nocivas", ha zanjado la investigadora

Precios demasiado altos de los medicamentos, acceso desigual a los fármacos y beneficios desorbitados. La industria farmacéutica europea es objeto de numerosas críticas, pero cambiar el funcionamiento de este poderoso sector no es tarea fácil.

Un ejemplo clarificador se produjo en septiembre de 2016, cuando el Parlamento Europeo elaboró un proyecto de informe sobre las opciones de la UE para mejorar el acceso a los medicamentos. La medida más ambiciosa era crear una plataforma pública de I+D financiada con los beneficios obtenidos por las ventas de la industria farmacéutica a los sistemas públicos de salud. La resolución definitiva se aprobó en marzo de 2017, pero la plataforma había desaparecido del texto.

La socialista española Soledad Cabezón, entonces eurodiputada y ponente del informe, explica con sinceridad a Investigate Europe lo que ocurrió entonces: “Yo con la industria tuve una relación cordial, pero era consciente de cuál era la línea roja. Y la línea roja era la plataforma pública de investigación. Eso hubo que cambiarlo en el último momento, para lograr el consenso, porque el representante del Partido Popular alemán [la CDU] no lo aceptaba”.

Han pasado más de siete años, Soledad Cabezón dejó la política europea y ahora preside la Asociación Acceso Justo al Medicamento, una entidad que lucha para que los fármacos tengan un precio justo. Pese a tener que ceder en su apuesta por la plataforma pública de investigación, la antigua eurodiputada defiende el valor de aquel informe: “Yo tenía mis máximos, pero mi objetivo principal era llegar al consenso de que había que cambiar el sistema, no cuestionado hasta entonces en la Unión Europea. Y eso se consiguió”.

Aquel informe fue una especie de mandato indirecto a la Comisión Europea para que se empezase a revisar la legislación, algo que desembocó en la presentación en 2023 de lo que se conoce como “el paquete farmacéutico”, un reglamento y una directiva que aún se están negociando en las instituciones comunitarias. “El lugar donde resides no debería determinar si vives o mueres”, admitió la comisaria europea de Salud, Stella Kyriakides, al presentar la iniciativa. Pero lo cierto es que ese paquete farmacéutico está mucho más alineado con los intereses de la industria que el informe de 2017. En otras palabras: no pretende cambiar el sistema.

Ese sistema se apoya sobre unos pilares que anteponen los intereses de la industria a cualquier otro: opacidad sobre el precio real de los fármacos que pagan los sistemas públicos de salud; alarmantes problemas para acceder a medicamentos esenciales en determinados países de la UE; unas empresas guiadas por la obtención del máximo beneficio que se despreocupan de necesidades médicas como la investigación en nuevos antibióticos y que utilizan masivamente los paraísos fiscales para reducir al máximo el pago de impuestos a los mismos Estados que les abonan facturas multimillonarias por sus fármacos, y una Agencia Europea de Medicamentos cuyos ingresos dependen de un pequeño grupo de multinacionales y que está cada vez más cuestionada por aprobar nuevos medicamentos con menos datos clínicos disponibles.

Prestigiosos investigadores y expertos de toda Europa llevan años reflexionando sobre cómo sería un modelo alternativo, que buscase cumplir con una idea básica: considerar que el acceso a los medicamentos es un derecho humano y no un negocio.

Investigate Europe detalla a continuación los nueve cambios esenciales que proponen esos expertos, en esta nueva entrega de la investigación realizada por el consorcio periodístico sobre el negocio de las grandes farmacéuticas, un proyecto en el que participan más de 20 medios europeos. infoLibre publica en exclusiva en España la investigación completa (puedes consultar aquí los artículos de la serie ya publicados).

Con los medicamentos existe un precio oficial y un precio real. Cuando una farmacéutica obtiene autorización para comercializar un nuevo fármaco, suele iniciar un proceso de negociación con las autoridades sanitarias de cada Estado para que sea financiado con fondos públicos. Durante la negociación ambas partes acuerdan el descuento que el laboratorio acepta aplicar a condición de que se mantenga en secreto. Las autoridades solo publicarán el precio oficial o de lista, pero en ningún caso el precio real pactado, que incluye el descuento. Los Estados creen que consiguen grandes ahorros con estos acuerdos secretos, pero en realidad negocian a ciegas, sin saber lo que pagan los demás.

La falta de transparencia no afecta solo al precio, sino a toda la cadena del medicamento. Los Estados también desconocen cuáles son los costes de producción, los de investigación o el dinero público invertido para desarrollar el fármaco.

"Hay una falta total de transparencia respecto al coste de la investigación y el desarrollo. Por supuesto que es deseable tener un sistema que garantice que hay suficiente financiación, pero no se sabe realmente cuánto dinero se necesita", dice Ellen 't Hoen, abogada holandesa y experta en temas de salud pública.

Ellen ‘t Hoen recuerda que la Asamblea Mundial de la Salud aprobó en 2019 una resolución sobre la mejora de la transparencia en los mercados farmacéuticos. En dicho texto se pide a los Estados que adopten las medidas adecuadas para informar públicamente de los precios netos de los productos sanitarios y colaboren para obtener de los laboratorios datos "sobre ingresos por ventas, los precios, las unidades vendidas, los costes de comercialización y las subvenciones e incentivos”. La resolución se aprobó, aunque Alemania, Reino Unido y Hungría se desligaron de ella. La industria mostró su clara oposición y no se ha avanzado nada en transparencia desde entonces.

“Los medicamentos y los fondos reservados de los servicios secretos son los dos únicos ámbitos donde no se conoce el destino del dinero público. Es insólito e inaceptable”, denuncia Fernando Lamata, médico y ex secretario general del Ministerio de Sanidad entre otros cargos públicos. Un secretismo que afecta directamente al bolsillo de los contribuyentes: “Por un medicamento que cuesta 300 euros pagamos 20.000. Si el coste fuera transparente, eso sería una malversación de fondos públicos y los implicados irían a la cárcel. En el caso de los medicamentos no es así porque estamos ocultando la información a los ciudadanos”.

Ellen ‘t Hoen explica que la transparencia sobre “quién paga qué” y sobre los costes de producción e investigación permitiría una conversación sobre “qué es un precio justo” para todos los actores implicados: pacientes, comunidades y empresas.

A día de hoy, no hay duda de que la industria farmacéutica extrae un beneficio más que justo. Un estudio sobre la rentabilidad de las grandes empresas estadounidenses entre 2000 y 2018 concluyó que las farmacéuticas tenían un margen de beneficio del 76,5% frente al 37,4% de otras industrias. Un análisis de la consultora EY concluyó que las farmacéuticas logran una rentabilidad media sobre ventas superior al 20%, mayor que la de cualquier otro sector.

El portugués Pedro Pita Barros, profesor de Economía de la Salud, apunta otro problema a la hora de fijar un precio justo: “El hecho de que los Estados también financien fuertemente la innovación, a través de las becas de investigación que existen, acaba creando una situación en la que se paga dos veces por lo mismo, primero al financiar la innovación y luego al comprar el medicamento”. Pita Barros considera que la aportación de dinero público debería tenerse en cuenta a la hora de establecer el precio final de reembolso que pagará el Estado por el fármaco.

Es una obviedad que si la Unión Europea negociase de forma conjunta con las empresas farmacéuticas, conseguiría mejores precios. “El potencial poder adquisitivo conjunto de la UE es colosal. Aprovechar ese poder podría ser muy útil”, asegura Ellen ‘t Hoen.

Pero lo cierto es que la UE no lo aprovecha. La única excepción producida hasta ahora fue la negociación para comprar y distribuir entre los 27 la vacuna contra la Covid.

La razón principal son los intereses económicos contrapuestos, que llevan a países como Alemania o Dinamarca a rechazar esa negociación conjunta. Silvio Garattini, director del Instituto Mario Negri de Investigaciones Farmacológicas, explica que los Estados con una industria nacional fuerte recuperan de sobra vía impuestos lo que puedan pagar de más al comprar los fármacos: "Alemania no está interesada en una negociación conjunta porque su potente industria farmacéutica gana mucho dinero en todo el mundo y paga impuestos en Alemania. O piense en Novo Nordisk, la compañía danesa que vende los medicamentos contra la obesidad, cuánto dinero ha generado en impuestos en Dinamarca". El año pasado, la capitalización bursátil de Novo Nordisk superó el PIB de Dinamarca y se convirtió en la compañía más valiosa de Europa.

Ante la imposibilidad de poner a todos los Estados de acuerdo, la alternativa es avanzar en iniciativas como Beneluxa o la Declaración de La Valeta, donde son un grupo de Estados los que buscan negociar conjuntamente con la industria. De momento, los resultados de ambos proyectos son más bien pobres. Pero incluso el Parlamento Europeo, en su resolución sobre el paquete farmacéutico, anima a seguir ese camino. “Incrementar la coordinación en materia de fijación de precios y contratación pública podría contribuir a un acceso a los medicamentos más equitativo y oportuno, también en el caso de los Estados miembros con menor poder adquisitivo”, se lee en el texto aprobado el pasado mes de abril.

Las empresas priorizan investigar medicamentos para enfermedades raras, donde hay menos pacientes pero mucho dinero, ya que pueden venderlos a precios muy altos. En cambio, no se preocupan por cuestiones que desde el punto de vista de la salud pública son más relevantes, pero que no son tan rentables, como por ejemplo la resistencia antimicrobiana. Unas 35.000 personas mueren cada año en Europa por falta de antibióticos eficaces. Si no se hace nada para aumentar drásticamente el desarrollo de nuevos antibióticos, diez millones de personas podrían morir en el mundo a causa de bacterias multirresistentes en 2050, advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Anja Schiel es asesora de la Agencia Noruega de Productos Médicos y tiene pocas dudas sobre qué mueve a las empresas farmacéuticas en sus decisiones: “Sabemos qué enfermedades no tienen tratamiento y, sin embargo, la industria sólo desarrolla lo que le permite ganar más dinero y posicionarse mejor en el mercado”.

En su opinión, lo ideal sería contar con un instituto europeo de investigación que se dedicara a desarrollar aquello que realmente se necesita: “Por ejemplo, la industria tiene cero interés en proporcionarnos algoritmos de tratamiento optimizados para encontrar la secuencia correcta de fármacos para diferentes pacientes. Así que este tipo de estudios nunca se hacen. Si tuviéramos un instituto europeo de investigación, podríamos financiar estos estudios y ahorrarnos mucho dinero reduciendo la cantidad de medicamentos que se dispensan o mejorando las secuencias de fármacos para los pacientes”.

Soledad Cabezón, la ponente del informe del Parlamento Europeo aprobado en 2017, también piensa que la principal clave para cambiar el actual modelo es la apuesta por la investigación pública. El objetivo sería poner en marcha esa plataforma que quedó por el camino hace siete años. Pero, “para ser realista”, propone avanzar en proyectos de colaboración público-privada, “siempre que se establezcan tres grandes condicionalidades: que se comparta la propiedad intelectual entre ambas partes, que el medicamento producto de la investigación tenga un precio justo y que se garantice la transferencia de tecnología”. La plataforma pública de investigación se podría “contemplar al menos como proyecto piloto para determinadas necesidades no cubiertas. Sería una manera de comenzar a explorar esta vía”.

Fernando Lamata, junto a otros médicos y académicos, defiende la creación de un Fondo Global Público de Investigación, que se financiaría con una aportación de los 194 países que forman parte de la OMS. Ese Fondo Global tendría un comité científico para analizar las necesidades de salud pública y fijar en consecuencia las prioridades de investigación. Al estar financiada con fondos públicos, los datos también deberían ser públicos, lo que evitaría según sus defensores “repeticiones de estudios, sesgos de investigación y retrasos por intereses comerciales”.

“Obviamente, la patente que sea resultado de esa investigación pagada con dinero público se tiene que quedar en el ámbito público. El error grave con la vacuna de la Covid es que pusimos el dinero y la patente se la quedaron las empresas privadas”, destaca Lamata.

En Bélgica y los Países Bajos esta idea va tomando forma. Decenas de ensayos en curso, financiados con fondos públicos, examinan opciones que la industria rehúye. Por ejemplo, ¿funciona un fármaco existente también para otras afecciones distintas de aquellas para las que se utiliza actualmente? "Los ensayos clínicos pragmáticos son diferentes porque son comparativos. Comparan los nuevos tratamientos con el mejor estándar asistencial. Este tipo de recopilación de pruebas no es prioritario para la industria", explica Irina Cleemput, economista de la salud del instituto de investigación belga KCE.

Las empresas no solo deciden qué se investiga, sino que también tienen el control sobre los ensayos clínicos que se realizan para demostrar la eficacia y seguridad de un fármaco. Es cierto que luego decide la Agencia Europea de Medicamentos (EMA por sus siglas en inglés) si autoriza o no su comercialización, a la vista del resultado de los ensayos, pero la empresa privada es quien los controla.

Medicamentos nuevos y muy caros salen al mercado a veces con un solo estudio o con datos poco concluyentes. Esto ocurre cada vez con mayor frecuencia, según los investigadores consultados. "Se ha rebajado el umbral de aprobación científica", afirma la holandesa Sahar Barjesteh van Waalwijk van Doorn-Khosrovani, coautora de un artículo publicado en The Lancet sobre el tema. En su opinión, la Comisión Europea quiere “mantener satisfechos” a los fabricantes porque “teme perder ese sector como principal contribuyente al crecimiento económico y el empleo. Muchos ya se están trasladando a India y China para la fabricación y los ensayos clínicos. En reacción a los criterios más estrictos establecidos por los oncólogos holandeses, la industria dijo claramente: «Esto reducirá sus posibilidades de conseguir nuevos ensayos clínicos»".

Anja Schiel, de la Agencia Noruega de Productos Médicos, sostiene que se antepone la incertidumbre científica a los efectos de los nuevos medicamentos. "Hay una relación absolutamente inversa: cuanta más incertidumbre, más alto es el precio", afirma. "No se hacen más estudios, no se proporciona información. Porque si proporcionas certeza y ésta demuestra que tu medicamento no funciona, entonces tienes un problema. Sinceramente, hemos estado pagando enormes cantidades de dinero en los últimos diez años, pero no hemos comprado mucha salud para nuestra gente", destaca Schiel.

Una forma sencilla de mejorar drásticamente la toma de decisiones sería obligar a la industria a publicar los resultados de todos los estudios que financia. Actualmente no es así.

Fernando Lamata asegura que “existen sesgos de diseño de la investigación, sesgos de interpretación de los datos y sesgos de publicación de los resultados. Por ejemplo, si aparece un efecto adverso, pues no lo pongo. La empresa es quien hace las preguntas de investigación y la empresa es quien las responde”. En su opinión, todo lo relacionado con los ensayos clínicos debería estar bajo el control de entidades independientes y no de las propias compañías privadas.

"No es ningún secreto que hay toneladas de resultados sin publicar", destaca Anja Schiel. "Nadie obliga realmente a publicar. Basta con consultar la Base de Datos Europea de Ensayos Clínicos, ver las fechas de finalización de los estudios y mirar si hay resultados publicados. Se comprueba que hay muchos que están terminados, pero no publicados. Por lo visto, alguien no quiere decirnos cuáles fueron los resultados", ironiza.

Schiel señala que los investigadores se ven obligados a firmar acuerdos de confidencialidad que dan a la industria la oportunidad de publicar los resultados a su antojo: "No son sólo los estudiantes de doctorado, son institutos enteros a los que no se permite publicar. Debido a obligaciones contractuales confidenciales, ni siquiera pueden hablar de ello".

La comercialización de un fármaco en un país de la UE puede ser autorizada por la Agencia Europea de Medicamentos o por las Agencias estatales homólogas. Eso sí, la EMA tiene el monopolio para aprobar todos los fármacos contra el cáncer, la diabetes, las dolencias neurodegenerativas, las enfermedades raras o virales y los producidos a través de procesos biotecnológicos o terapias genéticas. De acuerdo con sus propios datos, la EMA rechaza poco más del 3% de las solicitudes de comercialización que recibe.

Anja Schiel lamenta que los reguladores “se vean obligados a aceptar todas las propuestas, por muy estúpido que sea el tratamiento”. Y añade que si los expertos aportan argumentos a nivel nacional para rechazar un producto, “entonces la industria tiene departamentos enteros para no hacer otra cosa que llevar pacientes a la portada de nuestros periódicos diciendo «Oh, qué situación más inaceptable, mi crema para los granos no va a ser reembolsada»”.

También Silvio Garattini cree necesario cambiar el criterio de autorización. “¿Por qué patentar la séptima estatina si no demuestra ser mejor que las ya existentes?”, se pregunta.

A nivel europeo, un medicamento se aprueba en función de tres características: la calidad, la eficacia y la seguridad. Garattini considera que las tres “son importantes”, pero no permiten saber si el nuevo medicamento es mejor o peor que los que ya existen para la misma indicación. Por eso, el científico italiano propone incluir un cuarto requisito: que el nuevo fármaco demuestre tener un valor terapéutico añadido. “Se calcula que al menos el 50% de los medicamentos son innecesarios, que los pacientes tendrían todo los que necesitan aunque no los tomaran”, destaca, refiriéndose a un dato que maneja la OMS.

Un tema, el de la sobremedicación, que preocupa a muchos expertos, sobre todo en campos como la salud mental.

La influencia financiera que tienen las farmacéuticas sobre casi todos los actores del sector es muy difícil de encontrar en otra industria. En Europa, las empresas pagan gastos de formación a decenas de miles de médicos, financian a las sociedades profesionales y aportan dinero a las organizaciones de pacientes. Además, como desveló Investigate Europe, un grupo de 21 multinacionales aportan casi la mitad de los ingresos de la EMA, la Agencia que decide si autoriza o no sus fármacos.

"Muchos políticos están literalmente comprados por la industria farmacéutica. El poder financiero de la industria es muy importante, al igual que su capacidad de presión. Si nos fijamos en Bruselas, hay 290 grupos de presión farmacéuticos para 705 parlamentarios, y esto sin incluir las consultoras empleadas por las farmacéuticas", indica la abogada Ellen ‘t Hoen.

Clemens Auer fue director general de Sanidad en Austria y recuerda una anécdota sobre cómo funciona el lobby farmacéutico: “Me reuní con los representantes en Austria de una empresa que tenía una nueva vacuna para niños. Querían vender la dosis a 140 euros. Era primavera y les dije: «Miren por la ventana, allí verán el parque Prater. Cuando las hojas se estén poniendo amarillas y coloridas, pueden venir otra vez y ofrecerme un precio mejor». Una semana después, los medios estaban llenos de informaciones diciendo que yo estaba obstaculizando que ese maravilloso producto que había salvado tantas vidas de niños llegara al mercado austriaco. Así es como funcionan".

Esa capacidad de presión social deja a los Estados “en una posición negociadora frágil”, según destaca Julian Perelman, profesor belga de economía de la salud que asesora al Gobierno portugués sobre la financiación pública de medicamentos. “La presión de las organizaciones de pacientes y de los propios médicos es muy grande y es difícil hacer entender a la población que hay que negociar por fármacos que pueden salvar vidas", admite Perelman.

En opinión de Fernando Lamata, la solución pasa por impedir que la EMA y las Agencias estatales homólogas estén financiadas casi en exclusiva por las empresas –algo que ya ocurre en Francia– y evitar que las farmacéuticas paguen además a todos los actores relevantes del sector. “En vez de darle ese dinero a las empresas por la vía de los sobreprecios para que sean ellas quienes lo distribuyan como consideren, lo deberían recibir directamente los implicados”, propone Lamata. Para ello, las compañías tendrían que aportar un porcentaje de sus ventas y un comité de entidades profesionales, donde estuvieran representados los colegios y las sociedades científicas, decidiría el reparto de fondos entre estas organizaciones. Y lo mismo con los médicos y las organizaciones de pacientes.

Patentar medicamentos ha sido controvertido desde el principio, en el siglo XIX. En aquella época, a los científicos les preocupaba que impedir que otros utilizaran las innovaciones sanitarias pudiera frustrar el progreso y alejar los nuevos fármacos de quienes más los necesitaban. Después de la II Guerra Mundial, las patentes se generalizaron en países como Alemania, Francia o Italia. Y en 1995 se adoptaron en casi todos los Estados del mundo, con la puesta en marcha de la Organización Mundial del Comercio y el llamado Acuerdo sobre los ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio).

La industria afirma que las patentes son vitales para financiar la I+D, pero no explica dónde acaban los gastos en innovación y dónde empiezan los beneficios excesivos. “Hace 40 años no teníamos regulación de la propiedad intelectual de los medicamentos. La concedían los legisladores. Por tanto, esos mismos legisladores tienen derecho a cambiarla si no funciona y no cumple su propósito", reflexiona el austriaco Clemens Auer.

Uno de los cambios que le parecen imprescindibles a Fernando Lamata es suspender la patente si no hay transparencia sobre los costes: “Se supone que la patente se concede para poder financiar lo que cuesta la investigación y no lo que quiera pedir el fabricante. Si el fabricante no quiere o no puede facilitar los costes, debería suspenderse automáticamente la patente. Lo que no es legítimo es querer el monopolio de la patente y fijar el precio muy por encima de los costes de I+D”.

Lo cierto es que incluso la suspensión temporal de patentes es algo que está lejos del escenario actual. En 2021, diversos líderes mundiales propusieron aprobar un Tratado de Pandemias, que posibilitara suspender patentes en tiempo de pandemia y obligar a la transferencia de tecnología y conocimiento. De momento, no ha sido posible un acuerdo porque Estados Unidos y países de la UE lo rechazan.

En el paquete farmacéutico que están debatiendo las instituciones comunitarias se hace una referencia a las licencias obligatorias, que son permisos que concede un Gobierno para producir un medicamento patentado sin el consentimiento del titular de la patente, pero la posibilidad de usarlas se limita a situaciones de “emergencia de salud pública”.

Los expertos consultados por Investigate Europe tienen muchas otras propuestas para avanzar hacia un modelo alternativo, pero las nueve descritas abordan las principales lagunas del sistema actual. Además, hay que tener en cuenta que parte de los recursos públicos que ahora se destinan a comprar fármacos podrían dedicarse a otras necesidades del sistema sanitario. Fernando Lamata pone un ejemplo: “En salud mental se estima que gastamos en España 4.000 millones de euros al año, de los cuales 2.000 millones son para medicamentos. Es una barbaridad. Deberíamos estar gastando la tercera parte, unos 650 millones, y dedicar el resto a profesionales”. El tiempo de espera para una cita con un psicólogo en el sistema público es de entre seis meses y un año. Si un modelo alternativo permitiese tener más psicólogos y psiquiatras, a cambio de gastar menos en medicamentos, muchos pacientes seguro que lo preferirían.

“¿Es difícil ver los problemas del modelo actual? Sí, pero no olvides que la industria farmacéutica europea destina 43.000 millones de euros al año en marketing para que no lo veas”, concluye Lamata, una cifra que resulta de calcular que las empresas gastan en marketing el 23% del valor total del mercado farmacéutico.

La realidad es que los problemas existen… y las alternativas también.

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Con información de Paulo Pena, Harald Schumann, Lorenzo Buzzoni, Maxence Peigné, Maria Maggiore y Catrien Spijkerman.

Edición: Chris Matthews. 

Cuando los médicos extirparon el tumor de la axila de Miriam Staunton hace seis años, le dijeron a esta irlandesa de 51 años que tenía un 70% de posibilidades de recaer. Sin embargo, en los meses siguientes a la operación, sólo le ofrecieron radioterapia local y revisiones periódicas, pero ningún tratamiento farmacológico.

"Recuerdo cuando conocí al oncólogo y me dijo que no estaba en condiciones de ofrecerme nada sistémico en ese momento", cuenta Staunton. "En aquel momento no entendí exactamente a qué se refería", añade.

Lo que Staunton no sabía es que tendría que esperar a que el melanoma reapareciera un año más tarde para tener derecho a unos medicamentos eficaces, pero caros. Después de que el cáncer hubiera progresado a un estadio cuatro en febrero de 2019, comenzó a recibir tratamiento con Opdivo y Yervoy, fármacos de vanguardia aplicados en lo que se conoce como inmunoterapia, que entonces estaban restringidos en Irlanda a las formas más graves de cáncer debido a su precio elevado.

En otras partes de Europa, Staunton podría haber recibido Opdivo poco después de su cirugía. En julio de 2018, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA por sus siglas en inglés) amplió la indicación de Opdivo a pacientes con melanoma en estadio tres. Algunos países europeos lo financiaron de inmediato, pero Irlanda no. "Una cosa es cuando no hay cura, pero cuando el tratamiento existe y la gente no puede acceder a él, eso está fundamentalmente mal", critica Staunton, que ahora está libre de cáncer.

El motivo de este retraso es que Irlanda y la farmacéutica estadounidense Bristol-Myers Squibb (BMS) no se pusieron de acuerdo sobre el precio de Opdivo. Cuando la EMA aprueba nuevos medicamentos para su uso en la UE, cada Estado miembro tiene que llegar a acuerdos de reembolso con los fabricantes individualmente. Las negociaciones pueden ser largas, ya que las empresas suelen dar prioridad a los mercados ricos y los gobiernos aceptan negociar cada uno por su cuenta descuentos confidenciales.

Mientras tanto, la industria farmacéutica utiliza de forma sistemática paraísos fiscales para acumular beneficios y reducir al máximo los impuestos que paga. Investigate Europe ha analizado las estructuras corporativas de las 15 mayores farmacéuticas europeas y estadounidenses, a las que ha localizado 1.306 sociedades en paraísos fiscales y territorios de baja tributación.

Esta información forma parte de la investigación realizada por el consorcio periodístico Investigate Europe sobre el negocio de las grandes farmacéuticas, un proyecto en el que participan más de 20 medios europeos. infoLibre publica en exclusiva en España la investigación completa (puedes consultar aquí los artículos de la serie ya publicados).

Estas jurisdicciones ofrecen a las empresas bajos impuestos o formas de trasladar los beneficios (a veces ambas cosas). En Europa, investigadores y activistas coinciden en señalar a Irlanda, Países Bajos, Suiza y Luxemburgo. Según el informe de este año del Observatorio Fiscal de la Unión Europea, un grupo de reflexión financiado por la UE, dichos países se encuentran entre los principales destinos mundiales para el traslado de beneficios.

Esas estructuras opacas en paraísos fiscales y territorios de baja tributación han contribuido a que las 15 empresas farmacéuticas amasaran unos beneficios de 580.000 millones de euros en los últimos cinco años.

Esta cantidad supera sus costes de investigación y desarrollo (I+D), a pesar de que la industria afirma con frecuencia que los altos precios de los medicamentos son imprescindibles para innovar y diseñar nuevos fármacos.

"La evasión fiscal de las empresas no carece de víctimas, menos impuestos significa menos inversión en sanidad en Irlanda y también repercusiones negativas para los países del Sur Global", afirma Aideen Elliott, de Oxfam Irlanda. "Nada de lo que hacen estas empresas es ilegal, pero se están aprovechando de las normas del impuesto de sociedades", explica.

Investigate Europe contactó con todas las empresas citadas en este artículo para recabar sus comentarios. AstraZeneca, Bayer, Eli Lilly, Novartis, Novo Nordisk, Roche y Sanofi respondieron para decir que cumplen con todas las normas fiscales. Sanofi argumentó que su presencia en jurisdicciones de baja tributación estaba justificada por las necesidades de los pacientes locales. Bayer indicó que, como empresa alemana, tributa por sus beneficios extraterritoriales y añadió que algunos de los países mencionados en este artículo no deberían considerarse paraísos fiscales.

En Irlanda, BMS entabló negociaciones con las autoridades sanitarias con un precio de partida de 1.311 euros por una dosis de 100 miligramos de Opdivo. Estimaciones de académicos indican que se pueden fabricar anticuerpos similares por menos de 20 euros. Opdivo se empezó a reembolsar en Irlanda en febrero de 2021. El precio final pactado entre el Gobierno y la farmacéutica es un secreto.

Irónicamente, BMS fabrica Opdivo en Dublín, en una instalación cercana a la casa de Miriam Staunton. Aunque el tratamiento no era accesible para algunos pacientes irlandeses debido a su coste, el proveedor estaba obteniendo pingües beneficios gracias a las atractivas normas fiscales de Irlanda.

El moderno campus de BMS en la capital irlandesa pertenece a una filial que facturó 17.200 millones de dólares en 2022 (unos 16.000 millones de euros al cambio actual), más de un tercio de los ingresos mundiales del fabricante ese año. Sin embargo, a pesar de estar registrada en Irlanda, Swords Laboratories es una entidad suiza a efectos fiscales.

Su matriz directa, Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland, disfruta de una doble residencia similar y posee patentes de varias terapias de BMS. En 2022, el holding valoró los activos en más de 1.000 millones de dólares (932 millones de euros) y se embolsó 4.500 millones de dólares en royalties vinculados a fármacos producidos por Swords Laboratories, como Eliquis, un anticoagulante superventas. Además, el holding recibió casi 9.000 millones de dólares (unos 8.400 millones de euros) en dividendos de la planta de Dublín en sólo dos años.

El acuerdo se asemeja a un tristemente célebre agujero fiscal que Irlanda se comprometió a cerrar. Conocido como "doble irlandés", ha sido una herramienta habitual de los grupos tecnológicos y farmacéuticos para recortar su factura fiscal efectiva por debajo del actual tipo del 12,5% del impuesto de sociedades irlandés. El esquema consiste en crear dos empresas en Irlanda: una con fines operativos y residencia fiscal en dicho país, y otra dueña de las patentes y derechos de propiedad intelectual y con sede en un paraíso fiscal como las islas Bermudas. La primera paga cánones a la segunda y traslada de esa forma la práctica totalidad de sus beneficios al paraíso fiscal.

"Irlanda introdujo cambios en sus normas de residencia fiscal de las empresas en la Ley de Finanzas de 2014 que están específicamente diseñados para prevenir tales estructuras, como la llamada «doble irlandés»”, indica a Investigate Europe un portavoz del Departamento de Finanzas. "Estas normas garantizan que no sea posible que las empresas exploten los desajustes en las normas de residencia fiscal", añadió.

Sin embargo, James Stewart, profesor adjunto de Finanzas en el Trinity College de Dublín, sostiene que estas estructuras fiscales pueden seguir existiendo porque Irlanda tiene un tratado de doble imposición con Suiza. "Estas empresas tienen activos y flujos de fondos muy grandes, no suelen tener empleados y son muy rentables. Es probable que sean una fuente de extracción de beneficios", señala.

El principal accionista directo de BMS Holdings Ireland es precisamente una sociedad irlandesa con residencia fiscal suiza. Los dos holdings y Swords Laboratories no sólo canalizan las ganancias fuera de Irlanda, también las aparcan allí. A finales de 2022, el trío societario había acumulado más de 30.000 millones de dólares de patrimonio (casi 28.000 millones de euros).

Albergar la propiedad intelectual en paraísos fiscales es una práctica habitual en BMS. Sus patentes de Opdivo y Yervoy se encuentran en Delaware, un estado norteamericano que no grava los derechos de autor. Los dos fármacos supusieron una cuarta parte de los ingresos de 45.000 millones de dólares del grupo en 2023 (casi 42.000 millones de euros). Ese año, BMS registró 135 filiales en paraísos fiscales: 81 en Delaware, 15 en Suiza, 13 en Irlanda y 12 en Países Bajos.

Estas estructuras ayudaron a la empresa a alcanzar un tipo efectivo del impuesto de sociedades del 4,7%, muy por debajo del tipo legal estadounidense del 21%. Parte de ello se debió a una resolución fiscal favorable, pero la mayor reducción resultó de los diferentes tratamientos fiscales en Irlanda, Suiza y Puerto Rico, según el informe anual de BMS.

La empresa no respondió a las solicitudes de los periodistas para conocer su versión.

BMS no es un caso único. Investigate Europe analizó las cuentas presentadas por los 15 mayores grupos farmacéuticos estadounidenses y europeos en los últimos cinco años. En conjunto, declararon 1.306 filiales en paraísos fiscales. Es muy probable que la cifra real sea mayor, ya que las normas de información sólo obligan a las multinacionales a enumerar aquellas empresas que consideran "significativas".

Delaware ocupa el primer puesto, con 700 entidades, por delante de Países Bajos, donde existen cerca de 170. Le siguen Suiza e Irlanda, con casi 120 cada una.

Nueve de los diez mayores grupos farmacéuticos del mundo operan en Irlanda y el mayor "probablemente sea Pfizer", sospecha el profesor Stewart. "Digo probablemente porque no se han publicado las cuentas de ninguna filial irlandesa. Casi todas las filiales de Pfizer en Irlanda operan como sucursales de una entidad holandesa".

En los Países Bajos, Pfizer registró tres cuartas partes de sus ingresos mundiales de 100.000 millones de dólares (uno 93.000 millones de euros) con un holding holandés al frente de una miríada de filiales. CPPI CV, una sociedad limitada, es "fiscalmente transparente", lo que significa que sus accionistas pueden obtener beneficios sin pagar impuestos. En 2022 y 2023, CPPI CV envió 35.000 millones de dólares a sus sociedades matrices en Delaware. Follow the Money, un medio de investigación, publicó varios artículos sobre los asuntos holandeses de Pfizer y describió cómo la sociedad se convirtió en la empresa más rentable de los Países Bajos. Pfizer tampoco respondió a la peticiones para conocer su versión.

"Las empresas estadounidenses históricamente han atesorado efectivo en jurisdicciones de baja tributación para evitar los impuestos que normalmente pagarían si repatriaran las ganancias a Estados Unidos", explica Reuven Avi-Yonah, profesor de derecho de la Universidad de Michigan. "En 2018, una reforma estadounidense intentó cambiar esto con un impuesto del 10,5% sobre los ingresos extranjeros, pero en realidad alentó a las grandes farmacéuticas a mantener aún más ganancias en el extranjero, ya que estarían sujetas a esta tasa atractiva en lugar de la tasa legal estadounidense del 21%", explica.

"Todos los que tienen ingresos quieren limitar la exposición fiscal de esos ingresos y las empresas no son una excepción", afirma Paul Fehlner, antiguo responsable del departamento de propiedad intelectual de Novartis, un gigante farmacéutico suizo. "Así que si se coloca la titularidad de los derechos de patente en una jurisdicción de baja tributación y luego los fondos fluyen internamente hacia una entidad de tenencia de patentes, se consigue reducir la carga fiscal global", indica.

Las patentes son registradas por empresas o inventores de nuevos productos para evitar la competencia. A los titulares de las patentes se les conceden derechos exclusivos para fabricar y comercializar el medicamento durante un periodo determinado, normalmente 20 años.

Los genéricos suelen ser hasta un 85% más baratos una vez lanzados al mercado, pero mientras duren sus monopolios, las farmacéuticas pueden imponer precios elevados a gobiernos y aseguradoras. Para justificarlo, los directivos de las farmacéuticas aducen a menudo los caros costes de I+D.

Sin embargo, los datos recopilados por Investigate Europe muestran que la industria, analizada colectivamente, obtiene más beneficios netos de las ventas de los medicamentos existentes de lo que invierte en desarrollar otros nuevos.

En los cinco años analizados, las 15 multinacionales ganaron 580.000 millones de euros después de impuestos, mientras que dedicaron 572.000 millones a I+D. Las ganancias se destinaron en su mayor parte a retribuir a los accionistas en forma de dividendos y recompra de acciones por un total de 558.000 millones de euros.

Como resultado, los siguientes grupos gastaron más en recompensar a los inversores que en I+D: Abbvie, Johnson & Johnson, Novartis, BMS, Pfizer, Novo Nordisk y Amgen. En otras empresas, como AstraZeneca, Merck y Bayer, la cantidad invertida en I+D fue más alta que el importe de los beneficios.

La fortuna amasada por las grandes farmacéuticas convive con la desigualdad en el acceso a los fármacos. Por mucho que Irlanda atraiga a las farmacéuticas con sus ventajas fiscales, los pacientes irlandeses a menudo tienen que esperar más que sus homólogos de Europa occidental para obtener medicamentos innovadores.

"Las farmacéuticas dejan claro que los mercados más grandes son más importantes para ellas y que no quieren hacernos un descuento por ser pequeños", afirma un antiguo funcionario sanitario irlandés que habla bajo condición de anonimato. "Muchas empresas se toman su tiempo incluso para solicitar la autorización de comercialización en Irlanda. Algunas me han dicho a veces literalmente que Irlanda es tan insignificante que a sus jefes les da igual que sus medicamentos estén aquí o no".

La Irish Pharmaceutical Healthcare Association (IPHA), un grupo de presión del sector, calcula que pasan más de dos años de media entre el inicio de la evaluación de un nuevo medicamento por el organismo irlandés de control y su aprobación para el reembolso.

También en los Países Bajos, un país fiscalmente ventajoso para las empresas, se repite el mismo panorama. Auditores del Estado han sugerido al Gobierno que negocie mayores descuentos para salvaguardar su presupuesto, destacando que no todas las terapias aprobadas son rentables.

Los tribunales holandeses están a punto de convertirse en un nuevo campo de batalla. En 2023, la Pharmaceutical Accountability Foundation (PAF), un grupo de interés público, presentó una demanda contra la empresa estadounidense Abbvie por abuso de posición dominante. La PAF alega que la empresa obtuvo unos beneficios excesivos de 1.200 millones de euros en 14 años por sus ventas en Holanda de Humira, el medicamento que más ingresos ha generado en el mundo durante las dos últimas décadas y que se usa para tratar diversas enfermedades, desde la artritis a la psoriasis o la enfermedad de Crohn.

"Esperamos que la sentencia sirva de advertencia a las empresas farmacéuticas: pueden pedir el precio que quieran, pero si se pasan de la raya, quizá reciban un golpe y tengan que devolverlo", afirma Wilbert Bannenberg, presidente de la PAF.

"Rechazamos las acusaciones infundadas de la Pharmaceutical Accountability Foundation, que, como se ha indicado al tribunal, pone en entredicho el sistema de fijación de precios de todos los medicamentos, lo que podría obstaculizar la innovación futura", responde por su parte un portavoz de AbbVie.

Antes de que surgieran las críticas en los Países Bajos, la empresa ya era objeto de un intenso escrutinio en su país de origen. En 2022, un comité del Senado estadounidense descubrió que Abbvie eludía impuestos por valor de miles de millones de dólares al mantener su propiedad intelectual en las Bermudas y fabricar sus productos en Irlanda y Puerto Rico.

Ese mismo año, la organización I-Mak reveló que el grupo presentó el 94% de sus 166 patentes estadounidenses sobre Humira cuando el medicamento ya estaba en el mercado. El ardid retrasó la aparición de genéricos más baratos.

"Tenían todas estas patentes que cubrían todas estas variaciones, diferentes dosis, incluso diferentes tamaños de agujas en las plumas que administran el medicamento", indica Tahir Amin, director general de I-Mak. "Todo esto se acumuló para bloquear la competencia, porque cuando vas a juicio, pagas millones de dólares para eliminar una sola patente", señala. Esta práctica, conocida en inglés como "evergreening", es criticada por I-Mak como un defecto del sistema de patentes que permite a las empresas prolongar lucrativos monopolios.

Paul Fehlner, el antiguo ejecutivo de Novartis que ahora trabaja como director general de una biotecnológica que reutiliza medicamentos existentes, destaca que corresponde a los gobiernos imponer condiciones que reduzcan los precios y apoyen la competencia a la hora de firmar contratos con los grupos farmacéuticos: "¿Deberían hacer ciertas cosas las propias compañías? No lo sé, están organizadas para maximizar su beneficio, así que no creo que las haga responsables. ¿Se responsabiliza al león por comerse a la cebra? No".

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Investigate Europe contactó con las 15 multinacionales para conocer su versión. Las respuestas íntegras de las empresas que respondieron pueden leerse aquí (en inglés).

Con información de Catrien Spijkerman.

Edición: Chris Matthews.