El PP mantuvo 15 meses en su escaño a una diputada autonómica que había sido condenada en primera instancia a 10 años de inhabilitación por haber prevaricado. La diputada, la melillense Antonia Garbín, se encontraba en una situación legal idéntica a la invocada hace menos de un mes por el partido de Pablo Casado ante la Junta Electoral Central (JEC) para apartar de inmediato a Quim Torra en vísperas de la investidura.

Tanto la prevaricación como la desobediencia, infracción penal esta última por la que el Tribunal Superior de Cataluña (TSJC) inhabilitó el 19 de diciembre al presidente de la Generalitat durante año y medio para cualquier cargo público sea o no electo, figuran en la lista de delitos que la Ley Electoral (Loreg) señala como causa automática de inelegibilidad. Tanto si se trata de una inelegibilidad futura como si es "sobrevenida", término que aparece en la resolución sobre Torra. Y automática incluso si el afectado tiene aún la posibilidad de recurrir la condena ante una instancia judicial superior.

La sentencia del TSJC, que deberá ratificar o revocar el Supremo tras el recurso de Torra, fue consecuencia de su negativa como presidente a cumplir una orden de la Junta Electoral Central (JEC): retirar durante la campaña de las elecciones de abril los lazos amarillos y pancartas colgados de edificios públicos en defensa de los dirigentes independentistas presos.

El caso que afectó a la diputada autonómica del PP melillense era de muy distinto tenor pero las circunstancias jurídicas lo equiparaban a lo sucedido con Torra. María Antonia Garbín ocupaba un escaño en la Asamblea de la ciudad norteafricana cuando el 6 de octubre de 2017 un juzgado de lo penal dictó su inhabilitación durante 10 años por haber adjudicado a dedo, ilegalmente y como consejera de Bienestar Social, 91 contratos de consultoría jurídica para cuatro abogados. Su contratación costó a la ciudad autónoma 1,1 millones de euros. 

El fallo imponía a Garbín "la pena de 10 años de inhabilitación especial para el ejercicio del cargo de consejera de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como la incapacidad para obtener análogos cargos públicos durante el tiempo de la condena, con la única excepción de poder mantener su puesto de trabajo como funcionario, si lo tuviera".

Que esa fuera la literalidad del fallo judicial se convirtió en la coartada enarbolada por el PP, entonces en el Gobierno de Melilla, para dejar que siguiese ejerciendo como diputada, puesto del que terminó dimitiendo en enero de 2019 cuando la Audiencia de Málaga ratificó la condena. Pero cuando aquella primera sentencia de octubre de 2017 fue dictada por el Juzgado de lo Penal 1 de Melilla, y como subrayan fuentes jurídicas conocedoras del caso, hacía año y medio que la JEC había afianzado una doctrina de gran severidad. Lo hizo mediante un acuerdo emitido el 3 de febrero de 2016 en respuesta a una consulta sobre un cargo público inhabilitado en Canarias.

Como reproduce una sentencia del Supremo fechada el 1 de abril de 2019 [accede a ella pinchando aquí] y confirma el referido acuerdo de febrero de 2016, la doctrina de la JEC pasaba por el siguiente entrecomillado: "El criterio de esta Junta [Electoral Central] es que la causa de inelegibilidad establecida en el artículo 6.2 b) de la Loreg debe entenderse en el sentido de que afecta a los condenados por los delitos de rebelión, terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado, cuando la sentencia, aunque no sea firme, haya impuesto la pena de inhabilitación especial o de suspensión para empleo o cargo público, cualesquiera que sean los empleos o cargos públicos a los que se refiere dicha pena”. La lista de delitos contra la Administración Pública a que apela la Loreg incluye, sin margen de interpretación, la prevaricación y la desobediencia. 

Pero el acuerdo publicado por la JEC en febrero de 2016 no acababa ahí. "Como fundamento de este criterio –prosigue el texto– cabe invocar, en primer lugar, la literalidad del precepto [de la Loreg], que establece como núcleo de la causa de inelegibilidad la condena por este tipo de delitos sin distinguir los cargos o empleos públicos concretos sobre los que pueda recaer la pena de inhabilitación especial o suspensión". 

El enunciado de la consulta sobre el caso canario ya permitía anticipar por qué la JEC emitió un pronunciamiento como el expuesto: "Consulta relativa a si la pena de inhabilitación especial impuesta por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado implica causa de incompatibilidad absoluta para todos los cargos a que se refiere la Loreg o a los empleos y cargos especificados en la sentencia." [Puedes consultar aquí aquel acuerdo de la JEC].

Este jueves por la mañana, infoLibre preguntó al PP qué hecho explicaba la diferencia de criterio mantenida por el partido en el caso de María Antonia Garbín y en el de Quim Torra. El periódico trasladó a sus portavoces de comunicación los principales datos sobre lo ocurrido en Melilla, así como el acuerdo adoptado por la JEC en febrero de 2016 y que muestra su doctrina al respecto. El PP no ofreció ninguna respuesta.

Un informe jurídico como instrumento de salvación

Aun existiendo el precedente del caso canario, que atornillaba la doctrina de la JEC, la melillense Garbín no dejó su acta de diputada hasta que el 11 de enero de 2019 la Audiencia de Málaga confirmó la condena por prevaricación. O sea, que su partido le permitió conservar el escaño durante 15 meses a partir de aquella primera sentencia que destapaba el juego sucio para la contratación masiva de abogados al margen de la ley.

Quien durante dos décadas –de 2000 a 2019– presidió Melilla en nombre del PP, Juan José Imbroda, justificó la decisión sobre Garbín basándose en un informe de los servicios jurídicos de la Ciudad Autónoma al que ha tenido acceso infoLibre. “De ningún apartado del fallo –sostenía el informe en referencia a la resolución del juzgado de lo penal– es posible entender que la pena de inhabilitación se extienda a la participación de la señora Garbín en los cargos públicos electos de la Ciudad Autónoma de Melilla o de cualquier otra administración territorial o institucional”. En consecuencia –agregaba el texto– "cualquier interpretación que suponga entender que concurre una causa de incapacidad para participar en cargos públicos electos de la Ciudad Autónoma de Melilla debe ser rechazada".

El informe jurídico, auténtico instrumento para salvar a Garbín y que se ajustaba a las posiciones del PP en abierta discrepancia con las tesis de la JEC, fue la respuesta con que Imbroda se zafó de la oposición. Porque solo cinco días después de la primera condena a Garbín, el PSOE local había preguntado el 11 de octubre de 2017 al presidente de la Asamblea de Melilla si tenía previsto aplicar el artículo 6.2.b de la Loreg, que es el que contempla la inhabilitación inmediata de los condenados por ciertos delitos. Aunque Imbroda replicó con el ya mencionado informe de sus servicios jurídicos, los socialistas no pidieron el amparo de la Junta Electoral ni acudieron a la jurisdicción contenciosa para lograr que Garbín fuese descabalgada del escaño.

El artículo 6.2.b de la Loreg, el esgrimido por la JEC en su acuerdo sobre Quim Torra, expone así que son "inelegibles" los condenados por sentencia, "aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal". 

Desde 2011, la Junta Electoral mantiene que "debe entenderse por delitos contra la Administración Pública los tipificados en el título XIX del Código Penal, esto es, en los artículo 404 a 445", y así lo recoge otro acuerdo que puedes consultar aquí. En esa prolija nómina figuran, entre otros, la prevaricación y el delito de desobediencia.

Eduardo de Castro González (Ciudadanos) ha tomado posesión este sábado del cargo de presidente de Ciudad Autónoma en presencia de la ministra en de Industria, Comercio y Turismo en funciones del Gobierno de España, Reyes Maroto, y el secretario general del Grupo Parlamentario de Cs en el Congreso y miembro de la Ejecutiva Permanente, Miguel Gutiérrez, según informa Europa Press.

Ni el expresidente de la Ciudad Juan José Imbroda ni los integrantes de los Grupos Parlamentarios del PP y de Vox en la Asamblea han asistido al acto al considerar que Eduardo de Castro no debe ser presidente porque no se postuló al cargo en el pleno de la constitución de la Asamblea del pasado 15 de junio, motivo por el que han presentado un contencioso electoral para solicitar se revoque el nombramiento de De Castro e Imbroda (PP) vuelva la Presidencia de Melilla.

En un acto solemne en el Salón Dorado del Palacio de la Asamblea, Eduardo de Castro ha prometido el cargo y ha recibido el toisón y el bastón de mando de manos de la vicepresidenta primera de la Asamblea, Dunia Al-Mansouri, dada la ausencia de su antecesor Juan José Imbroda, a quien debía corresponder esta tarea.

Eduardo de Castro, el único diputado de Cs sobre 25 parlamentarios que conforman la Asamblea melillense, fue elegido con presidente gracias a los ocho parlamentarios de Coalición por Melilla (CPM) que preside Mustafa Aberchán y a los cuatro del PSOE que dirige Gloria Rojas, en total 13 sufragios, frente a los 12 que logró Juan José Imbroda (diez del PP y dos de Vox), aunque esta votación podría acabar en los tribunales de justicia tras los recursos que están presentando populares y el partido de Santiago Abascal.

De hecho, el portavoz del PP y vicepresidente segundo de la Asamblea, Daniel Conesa, ha señalado este sábado que "hoy se ha vivido en Melilla el acuerdo de la infamia, indignidad, desvergüenza, mentira y la falta de respeto a los compromisos adquiridos" por Ciudadanos, que había alcanzado un acuerdo con el PP nacional de abstenerse para permitir gobernar la lista más votada encabezada por Juan José Imbroda.

Por ello, ha lanzado este mensaje tanto a Cs como a su presidente nacional, Albert Rivera: "Aquí vuestro único diputado es presidente gracias a los votos de un partido étnico-religioso con condenados en su grupo parlamentario". Sin embargo, Eduardo de Castro ha manifestado este sábado que "a todos aquellos que no comparten nuestras decisiones, un mensaje: por encima de nuestra ideología; por encima de nuestras convicciones personales y, sobre todo, por encima de las alarmas que lanzan algunos, Melilla es y seguirá siendo tal y como la conocen".

Eduardo de Castro se ha convertido este sábado en el quinto presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla desde la aprobación del Estatuto de Autonomía de Melilla el 13 de marzo de 1995, tras Ignacio Velázquez (PP), Enrique Palacios (Grupo Mixto), Mustafa Aberchán (CPM) y Juan José Imbroda (PP).

Descartó "la vía fácil" de PP y Vox porque llevaría la ciudad "al precipicio"

El nuevo presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Eduardo de Castro (Cs), ha asegurado en su discurso de toma de posesión que si bien podría haber escogido la "vía fácil" de pactar con PP y Vox, ha optado por el cambio con Coalición por Melilla (CPM) y PSOE porque lo contrario hubiera llevado a la ciudad "al precipicio".

En su intervención en el acto, al que asistió la ministra de Industria en funciones, Reyes Maroto, y el diputado nacional de Cs Fernando Gutiérrez, De Castro ha declarado que podría haber escogido "la vía fácil, acomodarse y gobernar por inercia".

"Pero habría sido un largo camino de cuatro años hacia el precipicio de la mano de la extrema derecha, blanqueando la corrupción y traicionando a la mayoría de los melillenses", añadió.

El único diputado de Cs sobre 25 parlamentarios que conforman la Asamblea de Melilla ha destacado que "no quisimos y escogimos el cambio" después de 19 años ininterrumpidos de presidencia de Juan José Imbroda (PP), que optaba a una nueva reelección.

De Castro ha admitido que su decisión es complicada, pero ha asegurado que no tiene miedo. "Sé que este camino será largo y tortuoso. Quizá no somos aún conscientes de los retos que se avecinan, ni del tiempo que necesitaremos para superarlos. Pero, si estamos aquí es porque hemos preferido tener esperanza, y no miedo", ha dicho.

El representante del partido naranja ha lamentado que su antecesor Juan José Imbroda no haya querido estar en el acto de su toma de posesión para entregarle el toisón y el bastón de mando.

"Me habría gustado agradecer públicamente al presidente Imbroda todos sus años al frente del este gobierno y desearle suerte en el camino que emprenda ahora, sea cual sea. Lamentablemente, no está aquí" ha declarado el mandatario.

Es un drama humanitario que no cesa y al que las autoridades españolas parecen no querer mirar de frente. Más de 22.000 personas llegaron a las costas españolas durante el año 2017, el doble que el año anterior. En el intento, perdieron la vida 223. El director de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), Fabrice Leggeri, avisó de que esta sería la tónica de este año 2018 y, por el momento, parece que estaba en lo cierto. Sin ir más lejos, este martes Salvamento Marítimo rescató una patera a la deriva en la que viajaban 39 personas. Dos de lo ocupantes eran niños. Y precisamente ellos, los menores de edad, que en numerosas ocasiones viajan solos, son el colectivo más vulnerable. 

Se les conoce como MENA (menores extranjeros no acompañados), aunque detrás de esa denominación hay nombres, apellidos y problemas concretos. En Melilla, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), ya son 540, de los cuales la mayoría son trasladados a centrosde menores como La Purísima, Gota de Leche o La Divina Infantita. Los demás quedan condenados a vivir a la intemperie. Su objetivo, no obstante, no es permanecer en la Ciudad Autónoma sine díe, si no alcanzar, en la mayoría de los casos, otros países europeos. En tan solo tres semanas, la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local interceptaron, en las inmediaciones del puerto, a 120 menores sin acompañar cuyo objetivo era viajar de polizones en los barcos que unen la ciudad con Málaga, Almería y Motril (Granada). La solución a esto, para el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, pasa por la instalación de concertinasconcertinas en las vallas del puerto para impedirlo, puesto que, para él, estas cuchillas son "un elemento estático que no ataca a nadie". 

Por otro lado, el consejero de Economía y Empleo de Melilla, Daniel Conesa (PP), anunció a finales de enero que su Gobierno va a presentar una iniciativa para proponer al Gobierno una serie de medidas que permitan modificar las leyes y adaptarlas a las circunstancias específicas de Melilla puesto que, en su opinión, la mayoría de estos menores prefiere vivir en las calles en lugar de ser acogidos en un centro público. "El problema que percibe la gente sobre los menores extranjeros no es, por ejemplo, que en el Centro de la Purísima haya 500 sobrepasando su capacidad, sino lo que les preocupa tanto a los melillenses como al Gobierno y al Partido Popular son aquellos que deambulan por las calles de Melilla", dijo. Pero es que la situación en estas instalaciones tampoco es mucho mejor. Además de estar por encima de sus capacidades, tal y como admitió Conesa, dos jóvenes fueron hallados muertos en el Centro Asistencial de Melilla. 

Ante este hecho, la Asociación Pro Derechos de la Infancia de Melilla Prodein vertió duras críticas al Gobierno autonómico y señaló, además, que "no es normal" que mueran menores que están dentro de un sistema de protección. El conservador Daniel Ventura, consejero de Bienestar Social de Melilla, anunció además que no tenía ninguna intención de recibir a los que dijeron ser los padres de estas dos personas puesto que "debían haberse preocupado antes". "Para que vengan a llevarse un cadáver que hubieran venido antes a por sus hijos", dijo.

Por su parte, el Ejecutivo aseguró que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social destinó en 2017 más de seis millones de euros a la mejora de la atención prestada en los centros de acogida para los menores de Ceuta y Melilla. Concretamente, a la Administración melillense le correspondieron más de cuatro millones, el doble de los fondos con los que contó en 2016. 

Jóvenes que "reniegan del sistema"

El Gobierno autonómico tan sólo tiene "lo que ha buscado", opina José Palazón, presidente de Prodein. Las autoridades, explica a infoLibre, "han provocado una crisis con los menores extranjeros en toda España", puesto que esta situación se da en todas las comunidades autónomas de nuestro país. El problema, para él, es que estas personas acaban renegando del sistema porque ni siquiera existe para ellos.

"Los niños y niñas se marchan de los centros de menores porque son entornos inhabitables", lamenta. Estas personas, cuando cumplen 18 años, son expulsadas de las instalaciones sin recibir ningún tipo de documentación, por lo que quedan "abandonadas" en la calle. "Si les coge la policía, les devuelve a Marruecos", explica. Lo que provoca esto es que, desde hace unos cuatro años, ni siquiera quieran vivir allí o, si son obligados, se escapen para vivir en la calle. El sistema "pierde credibilidad, por lo que reniegan de él". 

Su vida en las calles de Melilla, en cambio, tampoco es mucho mejor. "Crean grupos identitarios que son constantemente criminalizados, creando un sistema de alarma social que no se corresponde con la realidad", afirma Palazón. Y la criminalización viene, directamente, de las autoridades. El presidente de la Ciudad Autónoma ha intentado, en todo momento, "deshumanizarlos". Por ejemplo, refiriéndose a los menores como "menas", sin utilizar nombres ni apellidos. "En una semana saldrán a la calle grupos de controladores que velarán por el comportamiento de los menas", escribía en su perfil de Twitter. Lo hizo también Ventura, "que acusó a uno de los fallecidos en un centro de menores de ser un drogadicto", como denuncia Palazón. 

Estas declaraciones no hacen si no sacar a estas personas aún más del sistema, por lo que su objetivo es, a toda costa, salir de la ciudad. O incluso de España. "Para algunos es el objetivo, para otros es necesidad", explica Palazón. "Y la culpa es de las autoridades que no se ocupan de ellos. Si un niño o una niña roba una manzana, es simplemente porque no tiene para comer". infoLibre preguntó al Gobierno autonómico sobre todas estas críticas, pero no obtuvo ninguna respuesta.

Normativa rechazada por las ONG

Pero el simple rechazo a los centros de acogida no siempre es el motivo de que cientos de jóvenes vivan en las calles de Melilla. Las políticas adoptadas por las autoridades en relación a los MENA se regulan por el Protocolo Marco de Menores Extranjeros no Acompañados, que se aprobó en octubre del año 2014, no sin el rechazo de algunas organizaciones. El origen de las críticas: las polémicas pruebas de determinación de la edad. 

Es el ejemplo de la Fundación Raíces, que a día de hoy continúa luchando para su modificación. Su presidenta, Lourdes Reyzábal, recuerda en una conversación con este periódico que el texto "fue firmado por todos los ministros" del anterior Gobierno de Mariano Rajoy, "en un momento en el que el Tribunal Supremo estaba dictando sentencias sobre la prohibición de realizar pruebas de determinación de la edad" cuando estas personas llegaran a España con algún tipo de documentación que acreditara su minoría de edad. Para el TS, si el pasaporte determina que la persona tiene menos de 18 años, automáticamente debe ser puesto a disposición de los servicios de protección del menor.

Sin embargo, el protocolo firmado anulaba esta decisión. "Ahora, incluso con pasaporte o documentos del consulado de su país en el que se indica que son menores de edad, se les somete a estas pruebas", afirma Reyzábal. ¿En qué consisten? "Son tres: una radiografía de la muñeca, de la boca, y la exploración de los genitales". Para la Fundación Raíces, esta última es una prueba "intrusiva y degradante" puesto que, además, se realiza en la Fiscalía. "Estas pruebas, además, tienen un margen de error altísimo", coinciden Reyzábal y Palazón, que afirman que siempre constará que la persona tiene la mayor edad posible, aunque contradiga la posible documentación. 

"La negativa a someterse a estas pruebas, además, les determina como mayores de edad de manera automática", critica Reyzábal, que avisa de los peligros que esto supone para estas personas: "Se les priva de todos los derechos de la infancia y de todos los derechos de los adultos, dejándoles en un limbo absoluto. No son ni mayores ni menores de edad", lamenta. 

Por ello, la organización que preside presentó un recurso de casación ante el Supremo, buscando el cambio de la normativa. Sin embargo, el TS decidió que como el texto fue firmado por cuatro ministerios y la Fiscalía no tiene carácter de norma reglamentaria, sino que se trata de una instrucción interna y, por tanto, no cabe recurso contra ella. "A juicio de este Tribunal, no cabe conferir al Protocolo aprobado el carácter de norma reglamentaria, sino de Instrucción interna y, por tanto, excluido del recurso directo pretendido por la recurrente, siendo procedente la declaración de inadmisibilidad declarada por el Tribunal de instancia", consideró la Sección Quinta de lo Contencioso Administrativo. 

Tras esta decisión, Rayzábal confirma que la organización recurrirá ante el TC y, en caso de inadmisión a trámite, acudirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

El presidente del PP de Melilla y presidente de la ciudad autónoma ha anunciado, en una convocatoria urgente, que han acordado la suspensión de militancia y expulsión como afiliado del PP de Melilla del detenido este miércoles como integrante de una célula yihadista y que, además, trabaja en el centro de acogida menores.

Imbroda ha señalado que, aunque se trata de un afiliado del PP de Melilla, desde hace tres años no pagaba las cuotas del partido, al tiempo que ha confirmado que trabajaba como educador en el Centro de Acogida de Menores del Fuerte del Purísima de Melilla.

En una rueda de prensa, Imbroda ha admitido que el arrestado como líder de una célula terrorista, un español de 39 años de origen marroquí, "era afiliado del PP melillense", pero ha asegurado que no tenían noticias de él "desde hace años", hasta el punto de señalar que desde entonces "carecía de derechos políticos en la formación" porque no paga las cuotas desde hace tres años.

También ha subrayado que el ahora detenido, junto con otras cinco personas marroquíes detenidas como presuntos integrantes de "una célula terrorista que se encontraba en un peligroso nivel de activación", es trabajador del Centro de Acogidas de Menores del "Fuerte de la Purísima" de Melilla, donde hay acogidos más de 300 menores extranjeros no acompañados (Menas), la práctica totalidad marroquíes, todos menores de 18 años de edad.

Juan José Imbroda ha reconocido que dicho centro habían percibido que este trabajador "se estaba radicalizando" al tiempo que ha asegurado que en el último año "ha encadenado varias bajas laborales", por lo que su asistencia a su centro de trabajo "era irregular".

El también presidente del PP de Melilla ha señalado que "frente al terrorismo yihadista debemos de estar a alerta" y ha animado a denunciar cualquier forma de radicalismo.

El presunto líder de la célula de 39 años, español, residente en Melilla y detenido por las autoridades marroquíes al encontrarse ocasionalmente en dicho país, realizaba labores de captación y adoctrinamiento siguiendo la estrategia global de la organización terrorista Dáesh, según el Ministerio del Interior.

El presunto terrorista, según ha añadido la citada fuente, realizaba labores de captación y adoctrinamiento siguiendo la estrategia global de la organización terrorista DAESH, aprovechando su puesto de trabajo como auxiliar educativo en el centro de reeducación de menores para llevar a cabo labores de captación y radicalización entre estos jóvenes en una especial situación de vulnerabilidad.

El PP de Melilla rechaza la petición de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Partido Demócracta Catalán (PDeCAT) para que el presidente de Melilla y senador Juan José Imbroda (PP) dimita como presidente de la Comisión General de Comunidades Autónomas después de llamar "piraos" a los independentistas catalanes, y asegura que "las descalificaciones de los independentistas no son más que la demostración del estado de nervios en el que se encuentran".

Según manifestó la secretaria de Comunicación del Partido Popular de Melilla, Esther Donoso, es un "absoluto cinismo político" que "quienes hablan de mafias, de nombres manchados de sangre, de fascistas, de ridículos, o instan a ver a otras personas en el infierno, puedan decir lo que quieran, y sin embargo, quien llama piraos a esos mismos que insultan, sea el que tiene que dimitir", informa Europa Press.

En este punto, se preguntó "¿a cuántos millones de españoles insulta el señor Carles Puigdemont cuando dice que el proceso separatista catalán es idéntico a la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos de los Estados Unidos?". "Fíjense si insultó a gente, que por decir eso, entre otras cosas, no le recibieron ni en EEUU", añadió.

Donoso reprochó también que "el presidente de la Generalitat sí pueda acusar a Juan José Imbroda de no respetar la democracia, mientras él sí dice en Harvard cosas como que, España es un país atrasado".

Rufián y Tardà

La secretaria de Comunicación del PP quiso recordar también los términos con los que el diputado de ERC, Gabriel Rufián, se refirió a un compareciente en el Congreso de los Diputados cuando afirmó "buenas tardes a todos, menos a los Vito Corleone que conspiran en despachos", así como la frase de despedida, "hasta luego gánster, nos veremos en el infierno". "Esto, que no sé si serán insultos o faltas de respeto, fue lo que dijo Gabriel Rufián al exdirector de la Oficina Antifraude en Cataluña, Daniel de Alfonso", continuó.

En este sentido, Esther Donoso recordó también que "curiosamente se trata del mismo susodicho que llamó cretinos a los miembros de Sociedad Civil Catalana por querer manifestarse contra la independencia de Cataluña, además de calificar de traidores doblegados a los diputados del Partido Socialista cuando se abstuvieron en la investidura de Mariano Rajoy como Presidente del Gobierno".

A juicio de Esther Donoso, "lo que sucede, es que viniendo esto de señores como Gabriel Rufián, al que su propio apellido lo califica, uno ya no sabe si son insultos o bendiciones, o como es el caso de otro diputado a Cortes por ERC, como Joan Tardà, capaz de llamar fascistona enfermera y ridícula, en el programa Las Mañanas de Cuatro a la periodista Carmen Tomás, o de asegurar en la Comisión Permanente del Congreso que el nombre de Manuel Fraga está manchado de sangre".

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melillla, Juan José Imbroda (PP), señaló este sábado que acudió al entierro del general Sanjurjo en el panteón de Melilla porque fue  uno de los militares que defendieron a Melilla en la guerra de 1921, y que volvería a asistir a su sepelio como hizo el pasado 23 de marzo de 2017, después de que Podemos criticara su asistencia por haber participado el militar en los golpes de Estado de 1932 y 1936, ha informado Europa Press.

En rueda de prensa, el dirigente popular rechazó las críticas por su presencia al sepelio que se realizó de forma "íntima y privada" el pasado 23 de marzo en el Panteón Militar de Regulares 2, en el Cementerio de Melilla, con la presencia del actual comandante general de Melilla y una comisión militar formada por coroneles de las unidades radicadas en la ciudad, así como familiares del general Sanjurjo, que fueron los que pidieran que se enterraran los restos del militar en el panteón después de que el Ayuntamiento de Pamplona, gobernado por Bildu, decidiera la inhumación de los restos de Sanjurjo y otros militares, como el general Mola, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

Imbroda manifestó que acudirá a todos los entierros de personas que "hayan luchado por defender la españolidad de Melilla", como es el caso del general de Sanjurjo, cuando en 1921 desembarcó en Alhucemas en el transcurso de la guerra del Rif, logrando la reconquista del territorio perdido en Melilla después del desastre de Annual, momento en el que alcanzó el grado de general de división y fue nombrado comandante general de Melilla.

El también senador del PP defendió sus convicciones democráticas, tras las acusaciones de Podemos, y subrayó que el hecho de asistir al entierro del general Sanjurjo, que tomó parte en los golpes de Estado del 1932 y 1936, no es óbice para condenar la dictadura de Franco. "No he sido franquista nunca" y que en Podemos "digan lo que les dé la gana", zanjó Imbroda.

Imbroda defendió la historia "guste o no guste", y criticó que "algunos quieren ganar la guerra ahora", 81 año después, y "volver al 17 de julio de 1936".

El presidente de Melilla señaló que el comandante general de Melilla, Fernando Gutérrez de Otazu, fue quien le comunicó que se iba producir el entierro y él decidió asistir porque el general Sanjurjo defendió Melilla: "Sin las acciones como las suyas, ahora no ondearía la bandera de España en Melilla, ni estaría yo aquí", subrayó.

Por último, negó que la ceremonia fuera secreta ni que se rindieran honores militares "ni fanfarrias", sino que fue "una acto sencillo de familia", al tiempo que resaltó no entiende esta polémica que "ha sido inflada" porque sostiene que "en algún sitio había que enterrar al general Sanjurjo" después de que sus restos fueran inhumados del cementerio de Pamplona por decisión del consistorio que gobierna Bildu "en contra de la voluntad de la familia".

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha acusado al presidente de la ciudad autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), de "no respetar la democracia" por haber tachado de "piraos" a los independentistas catalanes.

Este jueves, Imbroda publicó un mensaje en Twitter donde calificó de "piraos" a los partidarios de la independencia, a quienes tachó de "insufribles" y de quienes consideró que están en "viajes a ninguna parte". "Qué pesadez", recalcó el presidente melillense.

Horas después, Puigdemont respondió con otro tuit donde señaló que Imbroda "acaba de insultar a dos millones de catalanes" con sus palabras y que "tratar de pirado al que no piensa como tú es no respetar la democracia". "Vergonzoso", agregó el líder del Ejecutivo catalán en su mensaje.

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), calificó este jueves de "piraos" a los independentistas catalanes. En un mensaje en su cuenta de Twitter, el también senador añadió: "Insufribles ya! Puff!!".

Imbroda manifestó además su "hartazgo" por los "viajes a ninguna parte" de los partidarios de la independencia de Cataluña. "Qué pesadez", recalcó el presidente melillense.

Minutos después, la jefa de Gabinete de Imbroda, Pilar García, le respondió con otro tuit: "Estoy contigo! Qué manera de gastar dinero español para su independencia", opinó la también integrante del Comité Ejecutivo del PP de Melilla, quien acompañó su publicación de un icono en forma de bandera de España.

Por lo demás, el presidente de la ciudad publicó este jueves otros mensajes relativos a la Semana Santa en su perfil en esta red social. "Mi consideración y agradecimiento a todas las Cofradías de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la brillantez y solemnidad de nuestra Semana Santa", escribió por ejemplo.

La Fiscalía de Melilla archivó la denuncia presentada por el partido político Equo contra el presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), por mantener símbolos y calles con nombres franquistas, entre ellas la estatua dedicada a Francisco Franco situada a la entrada a la ciudadela y al puerto de Melilla.

La formación que dirige Manuel Soria indicó que desde principios de año, Equo Melilla estuvo investigando la situación legal de los monumentos y placas franquistas de la ciudad de Melilla. Tras pedir el catálogo de vestigios franquistas obligado por la Ley de la Memoria Histórica, "el cual no tienen realizado" en la Ciudad Autónoma, esta organización solicitó la retirada de cuatro monumentos y placas relativas a la exaltación de la guerra civil y la dictadura.

Tras la negativa a su retirada, el partido recordó que el pasado julio Equo denunció esta situación ante Fiscalía, señalando al presidente de la Ciudad, por si fuera constitutiva de delito. "Nuestra sorpresa ha sido el archivo de la denuncia por parte de la fiscal jefa de la Unidad Fiscal de Melilla, alegando que nadie le ha ordenado que retire los vestigios franquistas al presidente Imbroda, como si una Ley no obligara ya de por sí", afirmó Equo.

Para la formación ecologista, "es evidente y palpable que el presidente de la Ciudad es el máximo representante de la Administración Local que mantiene los vestigios franquistas, por lo que no puede recibir órdenes superiores, al ser él el superior jerárquico". "Es la propia ley la que le debiera obligar a tomar iniciativas o actitudes; sin embargo, la fiscalía de Melilla no lo entiende así", concluyó Equo.

El Boletín Oficial de Melilla publicó este lunes el nombramiento de Francisca Conde Ramírez como viceconsejera de Acción Social. Su designación coincidió con la de otros 23 cargos, y habría pasado inadvertida de no ser porque es la mujer del presidente de la ciudad, el conservador Juan José Imbroda.

Ha sido él mismo quien les ha elegido –también a su mujer– de manera que ha intentado contener las críticas asegurando que ella no tendrá dedicación exclusiva, que "no cobrará" y que trabajará de manera "altruista", informa Luz de Melilla. La designación de Francisca ocupa la última página del boletín del 20 de julio y se ha hecho al margen del nombramiento de otros viceconsejeros, incluso los de su propia consejería, la de Bienestar Social. 

Francisca Conde fue diputada por el PP en la Asamblea de Melilla entre los años 2011 y 2015. Aspiraba a repetir en las elecciones del 24 de mayo, sin embargo, al ocupar el puesto 15 de la lista se quedó a tres de entrar en el Parlamento autonómico. 

Una consejería menos y cuatro viceconsejerías más

Aunque desaparecen la Consejería de Administraciones Públicas y tres organismos municipales, el nuevo Gobierno de Melilla dará cabida a 14 viceconsejeros –cuatro más que antes–, que sumados a los nueve consejeros de la ciudad integran una plantilla de 24 cargos, tres más que hasta ahora. De ellos, ocho no habían tenido cargo anteriormente en el Ejecutivo melillense y dos corresponderán a Populares en Libertad (PPL), el partido con el que Imbroda ha tenido que negociar para garantizarse la mayoría absoluta en su investidura.

Imbroga ha valorado que el ahorro que provocará la eliminación de una consejería será superior a los gastos que se derivarán de los cuatro nuevos viceconsejeros. Además, se ha felicitado porque los gastos en personal de confianza "se reducirán un 32%", es decir, 450.000 euros.

Desde el PSOE de Melilla critican que "el PPL, que tanto había criticado el macrogobierno y el nepotismo de Imbroda, ahora pasa a ser parte de él, mientras que Miguel Marín y María Antonia Garbín —ambos diputados del PP procesados judicialmente— no han dejado el acta de diputados y siguen formando parte del Grupo Parlamentario Popular", ha explicado Gloria Rojas, presidenta de la gestora socialista en Melilla.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de apelación presentado por la Fiscalía contra el archivo de la causa abierta al presidente de la ciudad autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, por presuntos delito de prevaricación administrativa al contratar a un abogado con fondos públicos en 2001. Incide en considerar prescrito el delito pues el citado contrato se firmó hace más de diez años.

Con su decisión [consúltala aquí en PDF], el alto tribunal da carpetazo definitivo a este caso pese al criterio del Ministerio Público, que desde el principio ha estimado la existencia de indicios "suficientes" para el esclarecimiento de unos hechos que a su juicio tienen "apariencia delictiva" y constituirían al menos prevaricación "sin descartar obviamente la existencia de otras infracciones penales", añadía.

La decisión de la Sala avala el criterio mantenido por el magistrado instructor de la causa, Francisco Monterde, que acordó el archivo a la vista de las explicaciones dadas por el mandatario del PP el pasado 11 de marzo y de los informes que obran en la causa.

La resolución dada a conocer este martes, 14 de julio, que firman los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar y José Ramón Soriano analiza la exposición razonada del juez de instrucción número 2 de Melilla, que fue quien inició la causa, para concluir que la incoación de las investigaciones se produjo en mayo de 2014 cuando el contrato presuntamente irregular tuvo lugar en mayo de 2001.

"Actos de trámite"

"Por lo tanto, ya se tome como referencia para interrumpir la prescripción la exposición motivada, ya sea el auto que declara la competencia de esta Sala, el delito estaría prescrito en ambos casos, pues en los dos supuestos habrían transcurrido sobradamente los 10 años que fija la ley para la apreciación de esta figura legal", indica.

Sobre la existencia de hechos posteriores a la firma de dicho contrato, el alto tribunal añade que "las órdenes de pago o las nóminas correspondientes a un contratado son actos de trámite y de ejecución de una resolución, por lo que no pueden tenerse en cuenta para atribuir al mandatario una prevaricación continuada que aún esté penalmente vigente.

En su declaración ante el alto tribunal, Imbroda negó haber incurrido en un delito de prevaricación administrativa al contratar a un abogado con fondos públicos en 2001 y rechazó que su imputación por este asunto le lleve a dimitir. "Tengo la conciencia tranquila y los bolsillos cristalinos, no tengo ningún tinglao rarotinglao ", dijo.

Insistió en que no fue consciente de que estaba contratando un abogado cuando firmó en su favor un poder para pleitos, ya que se limitaba a rubricar las escrituras que le indicaban los servicios jurídicos.

Javier García es periodista. Tiene 28 años y lleva desde 2009 informando a los melillenses. La semana pasada le dieron una paliza después de haber publicado que el Ayuntamiento de Melilla (PP) adjudica a dedo y con secretismo los chiringuitos de la playa. "En el camino del trabajo a casa me encontré con dos hombres. Uno me recriminó los artículos que había publicado y yo le dije que era un caso de interés público. Al darle la espalda me llovió un aluvión de golpes y dos cates en la mandíbula", recuerda para infoLibre. Cayó al suelo y quedó semiinconsciente. Los cuatro testigos que le ayudaron le dijeron que en la agresión habían participado los dos hombres, pero él no está seguro, así que en la denuncia sólo figura un nombre, el de Juan Carlos García.

Juan Carlos es bombero, empresario e hijo de Juan Carlos García Téllez, miembro de la Junta Directiva del PP como secretario ejecutivo del partido en Melilla. En declaraciones a Melilla Hoyreconoció haber dado "dos cates" al periodista porque "me dijo apuntándome con el dedo que le interesaba yo, mi padre y mi chiringuito, que era lo que vendía". 

El chiringuito al que se refiere es el Soul Beach. Según la información publicada en los medios para los que trabaja Javier  –Cablemel y La Luz de Melilla– el Patronato de Turismo adjudica los chiringuitos a través de contratos menores sin ninguna publicidad y no en concurso público abierto a todos los hosteleros, que es la opción elegida por otras ciudades costeras. Y concretamente, el Soul Beach lleva tres años confiándose a Juan Carlos García.

Los artículos se centraron en este local porque el agresor y contratista es hijo de quien tiene cierto poder en el partido que gobierna Melilla, Juan Carlos García Téllez, que en 2012 era administrador de la empresa Discotecas Melilla SL, en la que el Ayuntamiento conservador se gastó 1,22 millones en comidas, cenas y fiestas a lo largo de 10 años.

Y además, el Soul Beach es noticia porque Juan Carlos lleva tres años incumpliendo el contrato, y pese a ello, le siguen concediendo el chiringuito. También este verano. "Está abierto hasta la madrugada y con amplificadores de música. Se utiliza como discoteca y eso está prohibido en el contrato", comenta Javier. La actividad en este local se desarrolla incluso fuera de plazo y fuera de lugar: "Se han hecho con  una zona de la playa que no es del chiringuito pero que utilizan para sus actividades".

El juicio por esta agresión estaba previsto para el martes 30 de junio, pero fue aplazado sin fecha a petición de la defensa de Javier, que alega que el periodista sigue de baja y que no se había citado oficialmente a los tres testigos del ataque.

"El periodismo en Melilla es una profesión de riesgo"

Javier ha trabajado en varios medios de comunicación durante su breve carrera profesional. Breve pero intensa, porque esta es la segunda agresión que sufre. "Hace unos meses, el hijo de la esposa del presidente de Melilla, [Juan José] Imbroda, me dio un tortazo en un pub por las noticias que habíamos publicado", relata el periodista, que retiró la denuncia porque Alejandro Alcoba, el supuesto agresor, le pidió disculpas. "El periodismo en Melilla es una profesión de riesgo", sentencia.

Estos días le han llovido mensajes de ánimo –"Tuve que apagar el móvil", dice–, y desde la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) condenaron esta "brutal paliza" por ser un "ataque a la libertad de información intolerable en una sociedad democrática". De hecho, la agresión fue recogida en la página web del Consejo de Europa, donde consiguió una alerta de nivel 1.

Javier agradece el apoyo de otras tantas organizaciones de periodistas que se han solidarizado con él y con su trabajo, pero lamenta que la Asociación de la Prensa de Melilla se limitara a enviar un comunicado y no estuviera presente en la concentración de apoyo que se celebró el pasado viernes.

"Aquí están todos los medios pagados con dinero público, Imbroda firma los convenios a dedo. Al que se porta bien, hay convenio, y al que no, no", explica Javier. Al margen de que la publicidad institucional haya sido utilizada como premio a la fidelidad, lo que el propio Ministerio de Hacienda ha reconocido recientemente es que estos contratos se adjudican de manera irregular.

El Tribunal Supremo dio cerrojazo el 6 de abril al caso por presunta prevaricación contra el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, del PP, no solo sin haber realizado más trámites que la toma de declaración del imputado y sin haber permitido aún la personación de las dos acusaciones populares que casi cuatro meses antes habían pedido incorporarse sino, sobre todo, sin esperar a que se pronunciara el fiscal.  

El juez instructor de la causa, el conservador Francisco Monterde, le había dado cinco días de plazo a partir del 24 de marzo para rebatir la solicitud de sobreseimiento planteada por Imbroda. Pero lo hizo en una providencia que -aseguran fuentes del caso- el fiscal, Salvador Viada, recibió tarde porque, con permiso de sus superiores, había viajado precisamente a Melilla para completar la investigación. 

La celeridad fue la nota dominante: Imbroda declaró el 11 de marzo y, menos de un mes después, el juez ya había decidido eximirlo por completo de responsabilidad penal. Tras el carpetazo, el fiscal, Salvador Viada, recurrió en reforma –ante el mismo juez que dicta el archivo, aquí el conservador Francisco Monterde - y subsidiariamente en apelación ante la Sala Segunda del alto tribunal. Días después de presentar ese recurso, Viada fue apartado de la causa. 

Distintas fuentes jurídicas consultadas por infoLibre subrayaron su sorpresa por el hecho de que el juez instructor del caso, el conservador Francisco Monterde, considerase tan urgente el archivo que lo dictase el mismo día en que, según quienes conocen el procedimiento, llegó a su mesa el escrito de alegaciones del fiscal, cuya existencia -y mucho menos, sus argumentos- ni siquiera menciona el auto de cierre. Las fuentes jurídicas consultadas indican que esa coincidencia de fechas denota que la resolución judicial, de 19 páginas, ya estaba redactada cuando el texto de la Fiscalía llegó a manos de Monterde. Y subrayan lo "extremadamente infrecuente, por no decir inédito" de que el juez resuelva sobre un asunto de tal calibre sin conocer la opinión del fiscal, incluso si ya ha transcurrido -como ocurrió aquí- el plazo dado para las alegaciones. 

En el escrito de Viada, de 13 páginas, fechado el 4 de abril y contrario al archivo, el fiscal desplegaba multitud de datos obviados por Imbroda y atribuía al político el protagonismo en la articulación de una estrategia destinada a vulnerar la ley bajo una apariencia de inocente ignorancia.

La contratación de un abogado, a dedo, sin expediente previo y que cobró del Gobierno melillense casi 400.000 euros, era el eje de la investigación.

El hermano, el tesorero y los cursos para magistrados

Ese abogado, Juan Jesús Olivares, ocupa el cargo de tesorero del Colegio de Abogados de Melilla, cuyo decano es Blas Imbroda, hermano del presidente de la ciudad y su abogado defensor ante el Supremo.

El Colegio melillense organiza cada año junto con la UNED unas jornadas de derecho a la que acuden habitualmente magistrados del Supremo. Las de 2015 [consulta aquí el programa] se celebraron justamente la semana pasada.

El coordinador de las jornadas, Ángel Castro, afirmó el jueves en declaraciones a este diario que la institución colegial de Melilla financia “más o menos el 10% del coste” total, que se cifra en “unos 5.000 o 6.000 euros”, a razón de 500 euros por asistente. Sin detallar cuantía, explicó que los ponentes –algunos de ellos, jueces- reciben una “pequeña gratificación por conferencia” y negó tajante que este sea un escenario propio de colisión o conflicto de intereses.

“Podríamos llevar entonces 22 años colisionando con todo tipo de partidos y gobiernos y nunca nadie ha entendido que esto colisionara con nada”, resumió la fuente al tiempo que aportaba otro dato: “Ahora hay, por ejemplo, un asunto en el Supremo que afecta al Gobierno [de la ciudad] y los magistrados que lo llevan no han venido”.

Desde luego, no participa en esas jornadas ninguno de los tres jueces de la Sala Segunda –Julián Sánchez Melgar, Andrés Martínez Arrieta y José Ramón Soriano- que deben resolver los recursos de apelación de la Fiscalía y las dos acusaciones populares personadas -la Asociación Libre de Abogados (ALA) y Manos Limpias- contra el archivo del caso Imbroda.

Monterde no fijó la fianza que deben abonar las acusaciones populares hasta un día después de haber dictado el auto de sobreseimiento, con lo que tampoco pudieron elevar alegaciones sobre la solicitud de sobreseimiento formulada por Imbroda. El sobreseimiento que dictó fue libre, es decir, irreversible salvo que prospere el recurso de apelación. Podía haber dictado un sobreseimiento provisional, que él mismo podría revocar en el supuesto de que aflorasen nuevos indicios, pero eligió la vía del carpetazo definitivo.

Viada ha rehusado hablar con este diario bajo el argumento de que no puede pronunciarse sobre ninguna causa viva. Y los portavoces oficiales de la Fiscalía General del Estado no han atendido las llamadas de infoLibre.

Tampoco ha sido posible conocer la versión del juez Monterde sobre por qué no esperó un día más –el que habría tardado en leer el escrito de alegaciones del fiscal- antes de cerrar el caso. Ese escrito -este diario ignora si Viada se pertrechó del visto bueno previo de sus jefes antes de entregarlo, aunque esa es una pauta usual- está fechado el 4 de abril, Sábado Santo. El auto del juez Monterde, el lunes 6 de abril.

Para decretar el cierre de la instrucción, que permitió a Imbroda lanzarse sin cortapisas a la carrera hacia las elecciones del 24 de mayo, en las que perdió la mayoría absoluta, Monterde dio por buenos los principales argumentos del aforado: que el contrato del abogado que dio pie a la investigación tenía carácter civil y no administrativo; que, al otorgarle poderes a ese letrado dentro de un paquete de apoderamientos mucho más amplio, él mismo hizo lo que siempre se había hecho en Melilla desde mucho antes de su llegada al poder; y que nadie le avisó de que podía estar vulnerando la legislación sobre contratos públicos.

Los argumentos del fiscal

En su escrito de alegaciones, así como en su recurso, el fiscal recalcaba que no es este el único contrato con abogados presuntamente irregular que se investiga en Melilla y que nadie discute que los otros –que están bajo la lupa de un juez local- son contratos administrativos pese a que tienen el mismo objeto; destacaba igualmente que fue el propio Imbroda quien eliminó los controles previos y posteriores que habrían evitado que el tesorero del Colegio de Abogados de Melilla prestara sus servicios irregularmente hasta 2010; y desbarataba, con datos, la tesis de que el contrato se hizo a las bravas por razones de urgencia.

“El desprecio por las formas y por el respeto a la ley a la hora de disponer del dinero público son absolutos”, escribió Viada.

Fuentes del caso confían en que el recurso de apelación prospere por cuanto han emergido nuevos indicios de delito en la parte del caso -la que no afecta a aforados- que instruye un juez de Melilla. Una antigua consejera del Gobierno local, Inés Urdiales, ha contradicho al completo la versión del presidente. Y lo mismo ha ocurrido con el graduado social de la Ciudad Autónoma, Enrique Javier Mingorance, quien ha declarado que no hacía falta contratar a un abogado externo.

El Supremo ha archivado este martes la causa abierta al presidente de la ciudad autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, por presuntos delito de prevaricación administrativa al contratar a un abogado con fondos públicos en 2001.

El magistrado instructor de la causa, Francisco Monterde, adopta esta decisión a la vista de las explicaciones dadas por el mandatario del PP el pasado 11 de marzo y de los informes que obran en la causa. Entiende que la contratación del letrado no surgió de Imbroda, sino de uno de los consejeros de la ciudad autónoma.

En su declaración ante el alto tribunal Imbroda negó haber incurrido en un delito de prevaricación administrativa al contratar a un abogado con fondos públicos en 2001 y rechazó que su imputación por este asunto le lleve a dimitir. "Tengo la conciencia tranquila y los bolsillos cristalinos, no tengo ningún tinglao raro", dijo.

Ahora, el Supremo entiende que el contrato por el que el abogado cobró de la institución 395.000 euros hasta 2010 no puede atribuirse a Imbroda, que ya solicitó el sobreseimiento de la causa al juez Monterde el pasado 23 de marzo.

En el auto dado a conocer este martes el magistrado Monterde explica que la iniciativa no partió de Imbroda y que hay dudas interpretativas sobre la naturaleza del contrato que unía al letrado con la ciudad autónoma y, por tanto, también sobre si era necesario o no tramitar el correspondiente procedimiento administrativo de contratación.

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla, en su exposición razonada elevada al Supremo contra Imbroda, destacó que el contrato era administrativo, que se obviaron para establecerlo los requisitos legales para llevarlo a cabo, y que el letrado fue contratado de manera directa por Imbroda.

No hay prevaricación 

Por su parte, el aforado sostenía que era un contrato de naturaleza civil de arrendamiento de servicios. El instructor indica que estos elementos impiden apreciar que hubo prevaricación en el caso, ya que para que se produzca este delito no es suficiente con que haya una contradicción con el derecho en la actuación, sino que la misma sea injusta y arbitraria.

"En el presente supuesto no cabe apreciar una contradicción patente y grosera con el Derecho, basada en la omisión palmaria de los trámites procedimentales referidos a un contrato específico; en la medida en que se discute y existen discrepancias interpretativas sobre cuál era la naturaleza del contrato que se suscribió", señala el auto del alto tribunal.

Tampoco advierte el magistrado Monterde que concurra el elemento subjetivo de este tipo penal, que exige que la resolución se adoptase "a sabiendas".

En ese sentido, Imbroda señaló durante su declaración que no fue consciente de que estaba contratando un abogado cuando firmó en su favor un poder para pleitos, ya que se limitaba a rubricar las escrituras que le indicaban los servicios jurídicos.

Para el instructor, tampoco es expresivo de ilicitud penal en su inicial contratación el pago de las cantidades al letrado, ya que estuvo precedido de control administrativo, y consta en la causa que la Intervención General del Estado no puso reparos a ninguno de los abonos al abogado.

El auto subraya que "es verosímil deducir que" Imbroda "obró en la creencia razonable de que había que dar una solución urgente a un problema puntual", como fue la existencia de un elevado número de reclamaciones ante la jurisdicción social por un elevado importe económico.

Monterde afirma que con su resolución no se concluye que "la actuación del aforado sea correcta desde el punto de vista administrativo o que se dé por buena una de las interpretaciones contractuales discutidas en el presente supuesto, sino que se entiende que su actuar no es delictivo".

Respecto a otras personas investigadas en Melilla y que no son aforadas, el Supremo ya señaló el pasado día 12 que éstas sólo serán llamadas por el alto tribunal si se apreciara una "conexión material imprescindible" con Imbroda, lo que a juicio de la Sala no ocurre, de momento, en este caso. Por ello, de momento, seguirán en la causa del Juzgado número 2 de Instrucción de la ciudad autónoma.

La Fiscalía informó favorablemente a la apertura de este procedimiento contra Imbroda el pasado mes de octubre, ya que el alto tribunal es competente para investigar esta causa por la condición de aforado del senador y por entender que hay indicios "suficientes" para el esclarecimiento de unos hechos que presentan "apariencia delictiva", constitutivas de "al menos" un delito de prevaricación, "sin descartar obviamente la existencia de otras infracciones penales.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha abierto causa este jueves contra el presidente de Melilla y senador Juan José Imbroda, por indicios de "al menos" un delito de prevaricación en la contratación de un abogado con fondos públicos.

En el el auto el alto tribunal decide, de acuerdo con el criterio del fiscal, nombrar como instructor de la causa al magistrado Francisco Montenerde y que el juzgado de Instrucción número 2 de Melilla continúe con la investigación que afecta a los no aforados.

El titular del juzgado de Instrucción número de Melilla, Emilio Lamo Espinosa, envió una exposición razonada al Tribunal Supremo en la que veía indicios de delito de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación efectuada por el Gobierno local.

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), lamentó este miércoles los casos que vinculan a políticos con la corrupción y dijo que "en una familia de siete hijos siempre puede salir uno regular o mal". Imbroda valoró el gesto del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de pedir perdón el martes en el Senado por los últimos escándalos. "¿Qué va a hacer?", dijo.

Las declaraciones de Imbroda se produjeron el mismo día que se conoció que la Fiscalía informase a favor de que el Tribunal Supremo asuma la competencia para investigar al presidente de Melilla y senador por indicios de "al menos" un delito de prevaricación en la contratación de un abogado.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público considera que la Sala de lo Penal es competente para investigar esta causa y para nombrar a un magistrado instructor al entender que hay indicios "suficientes" para el esclarecimiento de unos hechos que presentan "apariencia delictiva", constitutivas de delito de prevaricación, "sin descartar obviamente la existencia de otras infracciones penales".

El caso se remonta al año 2000 cuando la ciudad autónoma contrató a un abogado para que colaborara en la defensa de los intereses de la institución ante 150 denuncias que fueron presentadas por el despido de unas cooperativas ilegalmente contratadas.

Juan José Imbroda, de 70 años y presidente de la ciudad autónoma de Melilla desde 2000, podría sumarse a la lista de cargos del PP imputados por presunta corrupción. Como informa este sábado El Mundo y había avanzado la prensa local, Emilio Lamo de Espinosa, titular del juzgado de instrucción número 2 de Melilla, ha requerido al Tribunal Supremo el suplicatorio de Imbroda porque aprecia indicios de fraude, malversación de caudales públicos y prevaricación continuada en la la contratación de un abogado por parte del Gobierno de la ciudad.

El auto es del 18 de agosto. Imbroda es aforado por su condición de senador, escaño que ocupa también desde 2000. Las tres cuartas partes de los consejeros de su Ejecutivo se hallan imputados en diferentes casos de corrupción. Uno de ellos, la operación Ópera.

La Asociación Libre de Abogados (ALA) se querelló contra el Gobierno local en 2011 por haber contratado irregularmente a varios letrados, cuando la institución dispone de sus propios servicios jurídicos. Lamo de Espinosa inició una investigación que ahora da un salto cualitativo al conocerse la solicitud de suplicatorio para Imbroda. En una pieza separada, según El Mundo, el juez ha imputado por prevaricación complicidad en la prevaricación a otras seis personas, a las que ha llamado a declarar el próximo 12 de septiembre. 

Los imputados son la consejera de Bienestar Social, María Antonia Garbín; el interventor municipal, Francisco Javier Platero Lázaro, y cuatro letrados que se beneficiaron de unas contrataciones "sin cumplir con las previsiones legales", ya que no se posibilitó el concurso de otros profesionales. La Guardia Civil se quejó de que las indagaciones sobre el fichaje de otro abogado, Juan Jesús Olivares Amaya, fueron "obstaculizadas". Imbroda le designó sin que hubiera una aprobación de gasto previa. El magistrado sospecha que no se respetaron los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia, algo que podría ser castigado penalmente. 

Denuncia contra Populares en Libertad

El Gobierno local presentará una denuncia contra el portavoz del grupo parlamentario de Populares en LibertadPopulares en Libertad (PPL), Julio Liarte, por una presunta violación del secreto de sumario. Liarte fue quien afirmó que el presidente de la ciudad estaba "preimputado" por varios delitos. "¿Cómo sabe este señor que estoy preimputado, que es una figura nueva que acaba de inventarse, si había un secreto de sumario?", se preguntó Imbroda el pasado jueves. El jefe del Ejecutivo y líder del PP melillense dijo sentir "cero preocupación" porque hace diez años ya hubo una querella contra él que también llegó al Supremo, y este "lo tiró a la papelera" de forma inmediata, tal y como informan medios de la ciudad. Imbroda criticó que el PPL "sólo esté pensando en los juzgados" como forma para echarle de la política después de 14 años dirigiendo la ciudad. 

El presidente de PPL, Ignacio Velázquez, ya le ha respondido. Le dijo a Imbroda "que se ahorre la querella porque no hay secreto de sumario", ni en la imputación de Garbín ni en la pieza elevada al Supremo. Velázquez recordó que el término "preimputado" ya ha sido empleado por la jueza Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE en Andalucía, para acusar a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, de modo que Imbroda "está en la misma situación que ellos y eso es ahora lo relevante".