La Mezquita-Catedral de Córdoba retoma poco a poco su normalidad después del incendio en el que una capilla colapsó y se derrumbó el techo y otras dos resultaron afectadas, con la excepción de las visitas nocturnas al monumento que aún no se han restablecido, informa EFE.

Fuentes del Cabildo Catedralicio de Córdoba han explicado a EFE que la nocturna es la única visita que no se ha retomado después de que el sábado se hicieran con normalidad la visitas guiadas y las de la Torre del Campanario.

Se prevé realizar el próximo lunes distintas pruebas para ver si se pueden retomar estas visitas nocturnas tras comprobar si ha resultado dañado por el incendio alguna instalación de luz y sonido del espectáculo 'El Alma de Córdoba'.

Este espectáculo propone, según la información de la web de la Mezquita-Catedral, una manera de redescubrir el monumento, en el que luz, sonido e imagen se unen para trasladar al visitante hacia un conocimiento más profundo.

Las visitas nocturnas se suspendieron en la noche del pasado viernes, ya que estas tienen lugar durante el verano a las 22:00 horas y el incendio se originó alrededor de las 21:15 entre la capilla del Baptisterio y la del Espíritu Santo, en la ampliación que llevó a cabo Almanzor en el interior de la Mezquita-Catedral.

Esta ampliación de Almanzor, llevada a cabo entre los años 976 y 1002, es la tercera y última que se ejecutó en la Mezquita-Catedral con la incorporación de ocho naves.

El resultado de la ampliación, en la que lo arquitectos copiaron la estructura de la construcción de Alhaken II, abaratando los costes y eliminando lo superfluo, confirió a esa parte de la mezquita un parecido a una construcción militar, y un carácter esencialmente utilitario.

El incendio es el tercero que sufre en su milenaria historia la Mezquita-Catedral en la que ha registrado dos anteriores de los que se tengan constancia: El primero en 1910, hace 115 años, y el segundo en 2001.

Algunos dirán de inmediato que es oportunista, pero el debate está servido. La mezquita de Córdoba tiene valor e importancia histórica mundial por su valor arquitectónico, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco por el hecho de ser mezquita. Lo de unir mezquita a catedral con guion no hace otra cosa que falsear su realidad original y única, a la que mucho más tarde se unió el pastiche de la catedral. Solo pretende dar apoyo a un edificio histórico construido entre los siglos VIII y X del que la Iglesia católica, con una oportunidad manifiesta, se ha hecho propietaria. Y esto debido a unas condiciones favorables ya que se permitió a la iglesia católica su inmatriculación por el módico precio de 30 euros, usando la potestad atribuida por el art. 206 de la Ley Hipotecaria. Desde entonces, la iglesia administra y gestiona en exclusiva y con sus normas ultracatólicas, la entrada a la mezquita disfrazando con ese lenguaje religioso e hipócrita, lo que es una entrada a un cine,  teatro u otro espectáculo, con el concepto de “donativo”,  y que le reporta más de diez millones al año. Dos experiencias personales confirman lo que digo: el 6 de diciembre del año 2005 asistí a la visita nocturna guiada, recomendada por amigos. Con una temperatura de 6-8 grados, iba cubierto con una gorra, de la que se me conminó insistentemente a desprenderme so pena de expulsarme. Tras una discusión fuerte y argumentada, no tuve más remedio que ceder. En el año 2016, ahora en agosto y 38 grados, a las mujeres y hombres no se les permitía la visita ni en el pantalón corto ni en manga corta o camisetas sin mangas. Creo saber que estas normas están en vigor.

Inmediatamente a la rápida extinción del incendio, han surgido las declaraciones sobre quienes tienen que pagar los gastos de la necesaria reparación de los daños, sin una evaluación todavía de su probable cuantía y de las responsabilidades que pueda tener en el mismo la gestión de ese patrimonio por parte del Obispo y el Cabildo catedralicio. El Ayuntamiento se ha manifestado con rapidez  a través de su alcalde, José María Bellido favor de que sea el propio Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España los que aporten  los recursos necesarios para su reconstrucción. Me imagino que Juanma Moreno se mostrará dadivoso y Ernest Urtasun no querrá quedarse rezagado, ahora que ha suprimido la subvención a los toros.  El deán de la catedral ha manifestado que el Cabildo guarda un fondo para las incidencias que pudieran producirse, pero, al mismo tiempo, ha dado cuenta del suceso a la Unesco, se supone que para que se muestre generosa. Total, que imperará la mano izquierda de Dios —"que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha"—  y la diplomacia episcopal y catedralicia. Al final, al Cabildo le saldrá gratis la restauración. Y aquí paz y después gloria. La iglesia seguirá con la propiedad, la gestión y los donativos, sin que mueva un dedo para su autofinanciación. 

Yo estoy convencido que los sucesos de índole parecida se encadenan en el tiempo con facilidad.  A una caída de avión, sucede otro, y a un helicóptero otro más, como a un incendio otro. ¿Qué pensarán los musulmanes de Torre Pacheco, de Jumilla, los gazatíes, del trato tan humillante y criminal que reciben cuando sus antepasados han dejado testimonios históricos tan valiosos?  ¿Y de la pérdida de la memoria que puede suponer su discriminación humana y la destrucción del legado de esos antepasados suyos?   

Felipe Domingo Casas es socio de infoLibre

La Comisión de Expertos sobre la Mezquita-Catedral de Córdoba ha concluido, tras más de un año de investigación, que la mezquita nunca fue propiedad de la Iglesia Católica [consulte aquí el informe en PDF]. Los obispos, que procedieron en 2006 a su registro, nunca fueron dueños del inmueble ya que su inmatriculación "no tiene validez jurídica". Según han deducido, el clero se apropió del monumento gracias a una reforma que el Gobierno de José María Aznar hizo de una ley franquista de 1946.

Esa es una de las principales conclusiones del informe, según han avanzado El País y Diario Córdoba y ha confirmado Europa Press, que ha sido emitido por la citada Comisión de Expertos, presidida por el exdirector general de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza, y que presentan este sábado la alcaldesa de la ciudad, la socialista Isabel Ambrosio, el propio Mayor Zaragoza y el resto de miembros de la comisión, quienes han destacado en el documento que "el análisis histórico" que han realizado "demuestra que la Iglesia Católica no tiene, ni puede tener, título de propiedad alguno sobre la Mezquita-Catedral de Córdoba".

Ante esto, la Comisión de Expertos sobre la Mezquita asegura que el Ayuntamiento "tiene legitimidad para actuar en contra de la inmatriculación, en cumplimiento de su deber institucional de defensa de un bien público en el ámbito del municipio", y por ello le propone que recabe apoyos parlamentarios para recurrir al Tribunal Constitucional, "con el objetivo final de anular la inscripción de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba a nombre de la Iglesia Católica y defender la propiedad pública de la Mezquita-Catedral".

Ello está justificado pues, en base a la documentación histórica conservada, los expertos subrayan, no solo que la Iglesia no puede demostrar la propiedad del monumento, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, sino que "hay numerosos indicios que muestran que no se produjo la donación" de la Mezquita a la Iglesia Católica, tal y como ésta alega, por parte de Fernando III tras conquistar la ciudad en 1236, con lo que el monumento siempre ha sido propiedad del Estado.

En consecuencia, ante la pregunta de si el Consistorio promoverá la presentación del referido recurso ante el TC, la alcaldesa ha indicado que ahora, una vez que tiene el informe, del que dará traslado al Gobierno de la nación y al Gobierno andaluz, además de publicarlo en la web del Ayuntamiento, para su general conocimiento, lo que hará el Ayuntamiento es "valorarlo, estudiarlo y desarrollar las actuaciones que van en la línea que le corresponden en su ámbito de competencias".

Entiende la alcaldesa que el informe "da más argumentos" para poder "recuperar el dominio público de la Mezquita-Catedral", ya que ofrece "más esperanza y capacidad" para "poder revertir una situación", la de la inmatriculación de la Mezquita-Catedral por la Iglesia en 2006, "con la que la ciudad de Córdoba no se siente cómoda", avanzando Ambrosio que la decisión que se adopte por el Consistorio no estará marcada en el tiempo por las próximas elecciones municipales.

La alcaldesa ha dado las gracias, por su esfuerzo "desinteresado", a los autores del informe: Mayor Zaragoza, el especialista en Historia Medieval del Departamento de Historia, Geografía y Antropología de la Universidad de Huelva, Alejandro García, y el doctor en Filosofía y Letras e historiador medieval de la Universidad de Córdoba, Juan Bautista Carpio, aunque "gran parte del trabajo jurídico", según ha precisado Mayor Zaragoza, ha sido de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, quien formó parte de la comisión, en su condición de catedrática de Derecho Constitucional, hasta su incorporación al Ejecutivo.

Situación "injusta" y "lesiva"

El trabajo de estos expertos se ha sustanciado en un informe de 20 páginas [consulte aquí el documento en PDF] en el que se relata como el Obispado de Córdoba "inmatriculó a su nombre la 'Santa Iglesia Catedral' de Córdoba en febrero de 2006, merced a la modificación realizada en septiembre de 1998 del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que recuperaba la consideración de fedatarios públicos que los obispos habían tenido en la Ley Hipotecaria franquista (1944)".

En consecuencia, los expertos consideran "injusta la situación actual, además de lesiva para los intereses de la ciudadanía, en especial de la cordobesa", y ello por varios motivos, como que "en la referida inmatriculación faltan los tres requisitos básicos exigibles a cualquier registro de un bien: prueba de la propiedad, descripción del bien y certificación de que se encuentra libre de cargas".

"En este caso –prosigue el informe–, ni la Iglesia Católica puede probar la propiedad, ni procede ni siquiera a la descripción y delimitación de un bien que se inscribe con el nombre impreciso de 'Santa Iglesia Catedral', que no se corresponde con la denominación oficial de 'Mezquita-Catedral de Córdoba', con lo que no queda claro ni siquiera cuál es el bien exacto afectado por esta inmatriculación".

Además, "el reconocimiento de la autoridad eclesiástica católica como fedatario público rompe igualmente el principio de igualdad de todos los españoles y de todas las confesiones religiosas ante la Ley. La reforma de una ley no puede tener una validez jurídica superior a la de un principio constitucional básico".

Por otro lado, "al tratarse la Mezquita-Catedral de un bien público, que no está en el tráfico del comercio, no es posible que la Iglesia Católica apele al mecanismo de usucapión, pues la posesión pacífica y continuada no es suficiente en este caso para demostrar la propiedad".

Propuestas de actuación

Ante todo ello, los expertos opinan que la actuación del Ayuntamiento "para solucionar el conflicto planteado por la inmatriculación" de la Mezquita debería incluir varias actuaciones, partiendo de la base que "el Ayuntamiento tiene legitimidad para actuar en contra de la inmatriculación, en cumplimiento de su deber institucional de defensa de un bien público en el ámbito del municipio" y considerando que "se han lesionado los intereses generales" de los cordobeses.

Sin embargo, consideran los expertos que el Ayuntamiento "no debe pretender el registro del bien como propiedad municipal, ya que, al igual que ocurre con la Iglesia Católica, tampoco la institución municipal tiene posibilidades de demostrar dicha propiedad", aunque, "entre los mecanismos jurídicos de los que dispone el Ayuntamiento", si que puede promover el mencionado recurso ante el TC.

"Solo en caso de no prosperar esta vía –prosigue el informe–, el Ayuntamiento podría intentar hacer uso de los tribunales ordinarios, en un procedimiento más complejo, dado que la institución municipal no debe reclamar la propiedad del bien", pero partiendo de la base de que "la Iglesia Católica no es propietaria del conjunto de la Mezquita-Catedral, ni tiene título válido de propiedad, por lo que la inmatriculación a su nombre no debió producirse y no tiene validez jurídica".

Sin embargo, para los expertos "es un hecho igualmente probado que la Iglesia Católica, aunque no es propietaria del bien, ha venido celebrando cultos en la Mezquita-Catedral desde la conquista castellana de 1236, y no es objetivo de esta comisión plantear cambio alguno en este aspecto".

Gestión de no patronato

Por último, respecto a la gestión de la Mezquita-Catedral, el informe propone que corresponda a un patronato, liderado por la Junta de Andalucía, y con participación del Ayuntamiento, el Cabildo Catedral de Córdoba y universidades y entidades culturales y de gestión del patrimonio.

Además de ocuparse de la "gestión integral del monumento", el patronato se encargaría de "promocionar y coordinar las acciones de conservación, investigación o difusión" de la Mezquita, pudiendo ser el patronato "un modelo adecuado para abrir el monumento a las nuevas tendencias de impulso al patrocinio cultural, y al mecenazgo y micromecenazgo".

"Es propiedad de la Iglesia desde 1236"

El Cabildo Catedral de Córdoba, por su parte, subrayó tras la "primera lectura" del informe que "numerosas instancias judiciales y de la Administración han reconocido que el Conjunto Monumental Mezquita Catedral es propiedad de la Iglesia desde 1236".

Así, en un comunicado emitido a primera hora de la tarde, apuntó que "en 2014, la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Hacienda señaló en un informe que el Conjunto Monumental Mezquita Catedral de Córdoba no consta en el inventario de Bienes y Derechos del Estado".

En ese sentido –agregó el Cabildo–, la Dirección General de Patrimonio recogió que "la Abogacía del Estado ya señala que nadie cuestiona que Fernando III el Santo, tras la conquista de Córdoba en el año 1236, decide que la Mezquita sea consagrada y convertida en Catedral de la ciudad, y desde entonces la Iglesia es quien gestiona la misma, si bien colaborando con la misma en su conservación y mantenimiento, ya en la época moderna tanto el Estado como otras administraciones públicas, y ello dada su condición de bien de patrimonio histórico".

"Así resulta de otros documentos incorporados al expediente del Convenio de Colaboración suscrito entre la Junta de Andalucía y el Cabildo Catedralicio el 19 de diciembre de 1991, en el cual se reconoce al Cabildo como titular del monumento, que se cita como 'Catedral de Córdoba, antigua Mezquita'", continuaron.

Para el Cabildo, "llama la atención que este documento presentado este sábado incida en que el Ayuntamiento puede reclamar la propiedad del templo, cuando un informe de la asesoría legal del propio consistorio reconoce que el Conjunto Monumental Mezquita Catedral nunca ha formado parte del inventario de bienes del Ayuntamiento de Córdoba".

Además, continuó el Cabildo, "el juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba reconoció en junio de 2015 que el Conjunto Monumental Mezquita Catedral de Córdoba es propiedad de la Iglesia desde 1236, y, desde entonces, ha sido poseída por la Iglesia Católica de manera pública, pacífica e ininterrumpida".

También a nivel internacional, la Comisión Europea se pronunció en 2016 afirmando que "no existe base legal para intervenir" y "se remitió a la legislación nacional en aquellas cuestiones relacionadas con la propiedad del templo, que reconoce que el propietario del Conjunto Monumental Mezquita Catedral es la Iglesia Católica".

El Partido Popular cordobés cargó gastos de la campaña electoral de 2008 en Andalucía a una constructora en concepto de estudios sociológicos, según se desprende de unos correos electrónicos incorporados al sumario del caso Púnica que investiga la Audiencia Nacional. Los hechos tuvieron lugar cuando el actual secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, era presidente del PP cordobés.

Se trata de un conjunto de comunicaciones que tuvieron lugar entre febrero y abril de ese año a las que ha tenido acceso Europa Press y según las cuales Hitos Urbanos, filial del grupo inmobiliario Prasa, habría efectuado estos pagos por trabajos realizados presuntamente por una agencia de publicidad investigada en la trama. Precisamente Prasa es el holding propietario de la finca donde se suicidó la pasada semana el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa.

En uno de los correos se hace mención a una factura por un total de 12.000 euros y otra "por el resto de importe pendiente al Partido Popular de Córdoba", ambas con el concepto de "Estudio Sociológico". En otro se insiste en que las presuntas facturas amañadas se emitan con una fecha posterior a las elecciones porque "así parece que tiene menos problemas para pagarlas".

Los pagos se efectuaron tanto a nombre del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Córdoba como del PP cordobés de acuerdo con la conversación mantenida entre los interlocutores que hacen hincapié en no sobrepasar el límite de gasto establecido para los pagos. Así se lo comunica el concejal popular José María Bellido a un directivo del Laboratorio de Almagro 36.

Esta empresa de publicidad ya aparecía en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado a la causa que investiga el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y que integra una red de empresas que habría ocultado gastos electorales del Partido Popular de Madrid falseando facturas.

El PP niega irregularidades

Por su parte, el presidente provincial del PP de Córdoba, Adolfo Molina, ha afirmado este martes que en el PP cordobés "no hay financiación ilegal" porque "siempre ha cumplido escrupulosamente la Ley al financiarse con fondos propios y, las distintas campañas electorales, con los fondos asignados por la dirección nacional del PP para gasto electoral". Ha recalcado que "nunca" han sobrepasado dichos fondos, que ha pagado sus facturas y anunciando "acciones legales" contra quien desprestigie al PP.

Molina ha explicado que los correos se refieren a "unos pagos que va a hacer el PP" y que "están hechos", hasta el punto de que en la contabilidad del PP de Córdoba "la factura a la que se hace referencia está contabilizada, con su asiento contable y pagada", es decir, "que no hay nadie externo que pague esa factura", como se indica en las referidas informaciones, aludiendo a una inmobiliaria cordobesa.

De hecho, Molina ha asegurado no tener "constancia" de esa situación, pero sí, según ha insistido, "de lo que aparece en la contabilidad del partido", que es "la factura pagada, y otra cuestión por aquí no ha pasado". Tanto es así, según ha señalado, que "la contabilidad del PP de Córdoba es totalmente pulcra y transparente, auditada todos los años por la dirección nacional del PP y por el Tribunal de Cuentas", informa Europa Press.

Es más, según ha resaltado, "en este momento todos los pagos se hacen desde el PP de Córdoba por transferencia bancaria, de manera totalmente transparente y acorde a la legislación", añadiendo que "el PP de Córdoba es un partido austero y no tiene nada que ocultar".

Molina, quien ha estado acompañado por la secretaria general del PP de Córdoba, María Luisa Ceballos, entiende que "esta situación responde, una vez más, a una campaña de acoso y derribo contra José Antonio Nieto. En el primer intento se demostró que no había nada que ocultar, al igual que pasará ahora".

Por último, Molina ha avisado que "desde el PP de Córdoba no vamos a admitir ninguna campaña de manipulación que desprestigie la imagen del partido, por lo que no dudaremos en emprender acciones legales contra todo el que ponga en duda la honestidad del partido y de sus miembros".

El pasado jueves, el Ayuntamiento de Madrid anunció que a partir del año que viene impondrá una tasa a los cajeros automáticos que se utilicen desde la vía pública, una medida que afectará a más de 2.000 de estos aparatos. La medida, con la que el consistorio de la capital pretende recaudar unos 745.000 euros, ha sido criticada por PP y Ciudadanos: los primeros han asegurado que la banca podría reaccionar "empeorando el servicio o repercutiendo la tasa en sus clientes", mientras que los segundos han afirmado a modo de reproche que la medida es "ideológica" y que la "acabarán pagando los ciudadanos".

No obstante, Madrid no es precisamente una excepción a la hora de cobrar a los bancos por el uso que hacen del espacio público con sus cajeros. De hecho, hasta la aprobación de la medida para el año que viene, era más bien una excepción, ya que de las 19 ciudes más pobladas de España –excluyendo a la propia Madrid, que lidera esta tabla–, todas tienen una tasa de estas características, a excepción de Granada. La mayor parte de esos municipios, un total de nueve, están gobernados por el PSOE, aunque en otros dos el alcalde es del PP, en dos más del PNV, y en uno de Foro. Otros cuatro, por su parte, están gobernados por candidaturas municipalistas de la órbita de Podemos.

La tasa implantada por el Gobierno de Manuela Carmena establece unos cargos de entre 26 y 742 euros por cajero automático, en función de su ubicación. "Quieren ir contra los bancos y quienes acabarán pagando ese dinero serán los clientes", denunciaba este jueves el responsable de Transparencia del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Percival Manglano, que también tachó la medida de "ideológica". Pero el Ayuntamiento de Málaga, liderado su compañero de partido Francisco de la Torre desde el año 2000, establece en una ordenanza fiscal un cargo de "600 euros anuales por cada cajero que sea instalado en la fachada de establecimientos y que pueda manipularse desde la vía pública".

El malagueño no es el único consistorio encabezado por un alcalde conservador que tiene en vigor tasas a los cajeros automáticos. En Murcia, regida por José Ballesta (PP), los "cajeros automáticos cuya utilización deba realizarse directamente desde la vía pública" suponen para sus dueños el pago de una tasa de 105 o 300 euros, en función de su localización en la ciudad, mientras que en Gijón, cuya alcaldesa Carmen Moriyón milita en Foro Asturias, se cobran 125 euros a las entidades bancarias por cada uno de sus cajeros "adosados a edificios en los que su utilización implique un aprovechamiento especial de la vía pública".

Tampoco el PNV parece estar en la órbita ideológica de Carmena, pero no obstante los nacionalistas vascos aplican tasas a los cajeros automáticos a en Bilbao y Vitoria, las dos ciudades de Euskadi que se encuentran entre las 20 más pobladas de España. En la capital autonómica, los cajeros que dan a la calle están gravados con 354 euros por unidad, mientras que en Bilbao la tasa depende del espacio que ocupe el cajero en la calle.

Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza

Varios gobiernos municipales de signo progresista también aplican esta tasa. La ciudad más grande que lo hace, junto a Madrid a partir del año que viene, es Barcelona, que no obstante implementó el impuesto en 2013, cuando la gobernaba el conservador Xavier Trias (CDC). En el caso de la Ciudad Condal la cuantía que deben pagar los bancos varía entre 171 euros y 855 euros, en función de la ubicación del cajero, y fuentes del ayuntamiento explican que se recaudan unos 300.000 euros anuales con la medida.

Las tasas a los cajeros en Valencia –la tercera ciudad de España por población, que tiene como alcalde a Joan Ribó (Compromís)– son algo más altas, ya que se sitúan entre los 669 euros y los 787 euros anuales. Pero el impuesto no fue aprobado por Ribó, en el cargo desde 2015, sino que lo puso en marcha la anterior alcaldesa, la ahora senadora Rita Barberá (PP), que en 2013 aprobó la medida con los votos a favor de su partido y de Compromís. IU se abstuvo por considerar que la medida era "propagandística", mientras que el PSOE votó en contra por considerar que las tasas eran insuficientes.

De igual manera, en Sevilla, gobernada por el socialista Juan Espadas, se cobra una tasa a los bancos por sus cajeros automáticos. Pero, además, la capital andaluza es –de entre las 20 ciudades más pobladas– una de las que impone un gravamen más alto por este concepto: "por cada cajero y semestre", señala su ordenanza fiscal, Sevilla cobra entre 668 euros y 1.527 euros, lo que supone ingresar entre 1.336 euros y 3.054 euros anuales por cada máquina.

Zaragoza, gobernada por el alcalde Pedro Santisteve (Zaragoza en Común, la plataforma apoyada por Podemos e IU), también aplica esta tasa desde 2012, cuando era regidor el socialista Juan Belloch. Según explican fuentes del ayuntamiento, la recaudación anual del tributo –que, al igual que en el resto de ciudades, sólo afecta a los cajeros que dan a la vía pública– asciende a cerca de 120.000 euros.

Un mínimo de 26 euros en Las Palmas

La tasa a los cajeros automáticos que suponen una explotación de la vía pública también se aplica en las capitales canaria y balear, ambas gobernadas por el PSOE. En Palma de Mallorca, la cuantía del tributo varía entre los 417 euros y los 626 euros anuales, dependiendo de la ubicación del cajero, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria la tasa es más reducida: los cajeros que suponen un coste mayor para los bancos están gravados con 430 euros al año, y los que más baratos salen a las entidades únicamente les suponen un coste de 26 euros anuales.

Alicante –cuyo regidor es el socialista Gabriel Echávarri– también aplica la tasa, aunque es una de las más bajas de entre las 20 principales ciudades españolas: se mueve entre los 42 euros y los 140 euros anuales por cajero, en función de su localización. Por el contrario, en Elche –la vigesima ciudad de España por población, también situada en Alicante– la tasa es más alta, ya que asciende a los 621 euros anuales "por cada cajero automático anexo a las entidades financieras, instalado en la fachada u ocupando las aceras o vías públicas".

En la ciudad de Córdoba, cuya alcaldesa es Isabel Ambrosio (PSOE), la tasa máxima a los cajeros que oferten su servicio "en la vía pública, y las operaciones deban ejecutarse desde la misma" es similar a la ilicitana: 651 euros anuales por cajero. La mínima, sin embargo, es de 191 euros, y se aplica una u otra cantidad –hay hasta cinco tramos– en función de la calle en la que esté colocado el aparato. Valladolid, por su parte, cobra 299 euros a los bancos por cada uno de sus cajeros que se utilicen desde la vía pública, sin distinguir la ubicación.

A Coruña –entre 210 y 420 euros por cajero y año– y Vigo –entre 71 y 171 euros por cajero y año–, gobernadas respectivamente por Xulio Ferreiro (Marea Atlántica) y Abel Caballero (PSOE), también aplican estas tasas. Y de igual manera lo hace L'Hospitalet de Llobregat, la decimosexta ciudad de España por población, que no obstante no grava los aparatos por unidad, sino por el espacio que ocupan: cobra a los bancos 173 euros anuales por cada metro cuadrado.

Según informaron dichas asociaciones, tal petición, de la que se hará entrega en el propio Ayuntamiento a las 12,00 horas de este próximo lunes, también recoge la demanda de que "se reconozca la figura del alcalde de Córdoba" en el momento del golpe militar, el socialista Manuel Sánchez Badajoz.

Se da la circunstancia de que la actual alcaldesa, la también socialista Isabel Ambrosio, reivindicó en su toma de posesión el pasado año la figura de Sánchez Badajoz, el cual, según han recordado las asociaciones de la memoria, "por defender las instituciones democráticas ante los golpistas, fue fusilado el día 8 de agosto de 1936, junto a los concejales Pedro León Fernández, Pedro Ruiz Santaella, Francisco Copado Moyano y el diputado Vicente Martín Romera".

El acto de este próximo lunes ante las puertas del Ayuntamiento está convocado por la Plataforma por la Comisión de la Verdad, CCOO, UGT, Aremehisa, Círculo de la Memoria, Foro por la Memoria, Foro Ciudadano y Germinar.

El colectivo Andalucía Laica ha presentado este jueves en los juzgados de Córdoba una nueva denuncia para que sean investigadas las supuestas irregularidades por las cuales la Iglesia "se ha apropiado de una serie de bienes públicos", entre ellos la Mezquita-Catedral, el Triunfo de San Rafael o la plaza del Pocito, casos que han generado "alarma social" entre la sociedad cordobesa.

En la denuncia se acusa tanto al Cabildo como al Ayuntamiento de Córdoba "por dejación", y se solicita al juez que estudie la posible colaboración del Registro, según detalla en una nota Ganemos Córdoba, que ha respaldado junto a otros políticos y colectivos esta denuncia.

En representación de Andalucía Laica, Aureliano Sainz ha explicado que la organización aspira a que "si se detectan irregularidades, se valore la inconstitucionalidad de la ley que ha permitido este proceso y se revoquen las inmatriculaciones ya realizadas".

A su juicio, supone "un proceso que se ha realizado con tal 'secretismo' que ni siquiera existe un listado completo de cuáles son los bienes inmatriculados", por lo que asegura que "seguirán saliendo a la luz nuevos casos".

El candidato a la Alcaldía por Ganemos Córdoba, Rafael Blázquez, ha mostrado el apoyo de la formación a la plataforma laica tachando de "vergonzosa" la actitud del Obispado y "la connivencia del Ayuntamiento a la hora de permitir estas apropiaciones".

Ante ello, resalta que desde Ganemos Córdoba se apuesta por "realizar una auditoría sobre todos los bienes del patrimonio histórico cordobés para identificar cuáles de ellos han sido inmatriculados por el Obispado.

“Quizá nos echarán, pero vamos a reclamar cordura y a resistir con dignidad”. Es el desafío emitido desde Radio Dignidad Córdoba, la emisora que da voz a la Acampada DignidadAcampada Dignidad, el colectivo ciudadano que ocupa desde octubre del año pasado un colegio de primaria abandonado en el distrito sur de la ciudad andaluza. El cumplimiento de la orden de desahucio solicitada por el Consistorio cordobés y emitida por el juzgado de instrucción número cuatro, amenaza con desmantelar un centro que alberga un comedor social que atiende a cien personas al día y desarrolla otras actividades de interés social, educativo y cultural que da cobertura a los sectores más desfavorecidos de la ciudad.

Mientras las administraciones públicas se empecinan en adoptar el discurso de la austeridad y los recortes, la Acampada Dignidad de Córdoba ha demostrado que con muy poco se puede hacer mucho. Con un presupuesto que apenas alcanza los 10.000 euros y grandes dosis de solidaridad y trabajo, el Centro Social Rey Heredia atiende las necesidades de aquellos que han se han visto arrojados a la exclusión social en medio de la crisis. Un comedor social que alimenta a un centenar de ciudadanos diariamente, clases de apoyo para niños sin recursos, clases de inglés, alemán e informática para parados, una biblioteca con un fondo de tres mil libros y al menos doscientas conferencias por las que han pasado personalidades como Julio Anguita o Juan Carlos Monedero, son solo algunas de las múltiples actividades que desarrolla desde octubre de 2013 este centro social. “Nosotros lo que no queremos es que el colegio se convierta en un centro de caridad. Lo que buscamos es que la gente sepa que hay que cambiar esto a base de trabajo”, señala Rafael Juan Ruiz, el portavoz de la Acampada Dignidad. Una labor que, de momento, ha recibido como única respuesta de las autoridades la orden de desalojo inmediato que expirará el próximo mes de Mayo.

El Centro Social será una plaza pública

El derribo para la posterior construcción de una plazoleta pública es el destino que le aguarda al colegio que, fundado en 1917, desarrolló su actividad docente hasta que el Ayuntamiento cerró sus puertas en 2011. Un proyecto contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana, y que según la plataforma, no podrá ejecutarse en un largo plazo de tiempo ante la notoria falta de liquidez del Consistorio Cordobés. “El Ayuntamiento, como reconoce él mismo, no lo puede tirar porque no tiene dinero ahora mismo para el derribo y la expropiación de lo que hay alrededor”, explica Juan Ruiz, - y prosigue- “mientras se tira o no se tira, lo que hay que hacer es que eso tenga un uso social”, algo que el colectivo alega haber solicitado ya “de mil maneras”, tanto a la Junta de Andalucía como al Ayuntamiento.

“Este colegio es propiedad del Consistorio, pero el uso afectado lo tenía la Delegación de Educación del Gobierno andaluz. Para volver a recuperar su uso, el Ayuntamiento tenía que pedir la desafección. No lo hizo en ningún momento y desde entonces los colectivos del distrito sur lo han pedido por activa y por pasiva. Tenemos los documentos de solicitud como ha reconocido el Alcalde”, explica Juan Ruiz, aún a la espera de la respuesta tanto de la administración municipal como de la autonómica. Precisamente esta última, a través de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, ha preferido desmarcase del conflicto escudándose en la falta de competencias en educación primaria del gobierno autonómico. Para la Delegación de Educación cordobesa "la junta no tiene nada que ver". Una postura que deja la pelota en el tejado de un ayuntamiento al que no dejan de acumulársele solicitudes para el empleo de este edificio público.

La cesión en precario como solución

Ahora, el gobierno conservador del Ayuntamiento cordobés debe resolver si conceder o no el uso en precario que ha solicitado la Acampada Dignidad. Una fórmula que permitiría continuar con las actividades que desarolla sin ostentar derecho de propiedad. Algo de lo que ya disfruta la Agrupación de Cofradías y Hermandades de Córdoba, a la que se le ha cedido temporalmente un edificio de titularidad municipal situado en el casco histórico de la ciudad. Por su parte, el Ayuntamiento ha rehusado hasta en tres ocasiones exponer su postura a este medio.

Un silencio municipal que empieza a desesperar a los integrantes de la Asociación: “Aquí hay gente que no tiene para comer y no pueden estar esperando a que estos señores, en medio de las buenas comidas que se dan, decidan lo que van a contestar”. Así expresa el portavoz de la Acampada Dignidad su preocupación ante el creciente número de ciudadanos sin recursos que acuden al Centro buscando asistencia.

El auto del juez elogia el “muy loable” destino que se da al edificio

Con todo, este colectivo de ciudadanos se mantiene en la esperanza de que el alcalde, José Antonio Nieto, acceda a prestar el antiguo colegio. “Entendemos que es complicado para el alcalde decir que no a una petición tan clara”, señala Juan Ruiz, “además para hacer unas cosas tan loables como las que se están haciendo aquí”, concluye. Una virtud que reconoce el propio auto de desalojo del juez Rodríguez Lainz cuando “agradece y elogia” el “muy loable” destino que se le está dando al edificio. Un agradecimiento que sin embargo, no apaga el temor expresado en el auto de que no proceder al desalojo suponga “dar crédito y avivar la llama de futuras acciones similares” que “bajo la bandera de la ocupación pacífica y del interés solidario” sorteen igualmente la legalidad, anteponiendo la defensa de la propiedad privada al el uso social de los bienes públicos.

“El estado social se está perdido. Aunque la Constitución dice que tenemos derecho a disfrutar de todo lo que aquí se hace, resulta que llega un juez y aplica que la propiedad privada está por encima de que la gente coma”. Así expresa su desacuerdo sobre la resolución judicial el portavoz de la Acampada Dignidad, quien advierte que “bajo ningún concepto” consentirán el cierre del Rey Heredia.

Con la espada de Damoclés del desalojo pendiendo sobre sus cabezas, los integrantes de la Asamblea Dignidad Córdoba prometen continuar con una experiencia solidaria que cuenta con un respaldo cada vez mayor de los vecinos. Un desafío que bajo el grito “El Rey Heredia no se cierra”, enfrenta a colectivos sociales con las administraciones públicas. De momento, se han propuesto continuar con el proyecto que dicen, se afana por salvar un estado social castigado por los efectos de la crisis.

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