Operación Púnica

La expresidenta madrileña estuvo investigada por las supuestas irregularidades en la adjudicación del contrato de servicio de cafetería, cocinas y comedor de la Asamblea de Madrid y por la presunta financiación ilegal del PP regional.

Adade propone que el exdirigente del PP sea juzgado por un delito continuado de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude a las Administraciones Públicas y falsedad en documento mercantil.

La que fuera máxima dirigente del PP madrileño durante los años que se investigan, no pisaría la sala de vistas de la Audiencia Nacional.

Tras la investigación del cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicar fiestas municipales, la Audiencia Nacional ha procesado a un total de quince personas.

La acusación particular, ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa, afirmaba que bajo el mandato de Cospedal "se aprueban y firman todos los modificados y complementarios" de la empresa pública Mintra.

En el auto se descarta la posibilidad de continuar con la instrucción como así pretendía la Fiscalía Anticorrupción.

Anticorrupción señala al exgerente Beltrán Gutiérrez como el ejecutor de la trama y diluye el papel de Esperanza Aguirre. Los fiscales del caso Púnica dan por probado que en el partido hubo una caja b que sirvió para financiar las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011. Recurren la decisión del juez de separar la investigación del sistema de facturación en b denunciado por el exalcalde de Majadahonda, condenado por el caso Gürtel.

Adade recuerda que las adjudicaciones se hicieron en tiempos de Granados como consejero de Transportes, pero los "modificados" se llevaron a cabo ya con Cospedal en el cargo.

García Castellón da cinco días a las partes para que presenten sus alegaciones para dar por finiquitada la "fase preparatoria" del juicio.

El juez desgaja la investigación sobre la presunta financiación ilegal del partido y abre una nueva pieza separada en la macrocausa, la número 13. Guillermo Ortega, condenado a 40 años de cárcel, asegura que cuando fue gerente de una empresa pública de Madrid se inflaban facturas para desviar dinero al partido.

Anticorrupción y el juez están de acuerdo en que no hay base para sustentar la imputación por prevaricación y cohecho en la pieza 9 del caso Púnica. La acusación popular que ejerce Adade sí recurre al estimar que hay "sobrados indicios" y que debe ser el tribunal que juzgue los hechos quien valore toda la prueba. La expresidenta aún está pendiente de saber si el TSJ de Madrid ordena repetir el juicio del caso Máster o si, por el contrario, confirma su absolución.

El que fue alcalde de Valdemoro entre 1999 y 2003, Francisco Granados, habría titulado diferentes vehículos corporativos en Suiza, donde fueron depositados alrededor de 1,5 millones de euros entre 2000 y 2004. 

Ambos estaban investigados por los delitos de prevaricación y cohecho por la adjudicación del contrato de servicio de cafetería, cocinas y comedor de la Asamblea de Madrid en la licitación de 2009 y 2011.

El exalcalde de Alcobendas Ignacio García de Vinuesa dimitió en otoño del cargo de comisionado para Víctimas del Terrorismo en la Comunidad de Madrid. Es uno más de la lista de exdirigentes del PP que se habrían beneficiado de informes para la mejora de su imagen en internet y pagados con fondos públicos. 

Las últimas resoluciones judiciales urgen a concluir las indagaciones: la Audiencia Nacional habla de no demorar los plazos y el juez cree que la investigación está "agotada". Anticorrupción está por la labor de mover ficha una vez que pasen los comicios autonómicos para no interferir en el proceso electoral.

La declaración del extesorero deja a uno en una situación más favorable que el otro de cara a sus respectivas comparecencias en la Audiencia Nacional, que aún no tienen fecha. Al primero no le menciona; del segundo asegura que cobró sobresueldos en negro y que conocía la caja B.