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El caso Lezo ya ha enviado a juicio dos de las piezas que constituyen la causa y ha sentado en el banquillo al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y exdirectivos del Canal Isabel II.
Los conservadores destacan que su renuncia al escaño de senador es una forma de quitar presión a la dirección nacional en un momento en el que se espera que Jorge Fernández Díaz entregue el carné del PP por su relación con la 'operación Kitchen'.
El juez de la Audiencia Nacional que instruye este caso le ha citado en calidad de investigado en el marco de la pieza separada número 7 relativa a contratos de distintos ayuntamientos madrileños con la empresa Waiter Music.
El que fuera alcalde de Boadilla comparece como testigo en la pieza de Púnica que indaga la financiación irregular del PP de Madrid.
Está aforado por ser senador y diputado de la Asamblea de Madrid, por lo que el juez deberá elevar exposición razonada ante el Supremo.
La Audiencia abre una pieza sobre las operaciones de blanqueo con que los imputados buscaban ocultar el dinero derivado de contratos amañados, pelotazos urbanísticos y otros delitos investigados.
La acusación popular pide que el expresidente regional declare de nuevo como imputado por los negocios que Tecnoconcret, empresa ligada a su hermano y su cuñado, hizo como proveedora de césped artificial para campos de fútbol financiados con el Plan Prisma.
La letrada, que representa a la acusación popular, fue quien pidió la imputación de Faustino José Soriano, que dejó de trabajar para la cadena hace años.
La expresidenta de Madrid se opone a que, amparada por la nueva ley que elimina las restricciones de plazo aprobadas por el PP en 2015, la instrucción siga adelante más allá del 27 de agosto.
El secretario general del PP pide explicaciones sobre los 9,3 millones de euros que el Gobierno iraní supuestamente pagó a la productora vinculada a Podemos.
Las acusaciones populares envían su escrito a García Castellón un día antes de que comparezca en la Audiencia el exdirectivo de la cadena de distribución imputado por una operación urbanística bajo sospecha. El magistrado tiene concedida desde septiembre de 2017 la compatibilidad como "tutor on-line del Centro Universitario Ramón Areces"
Comisiones rogatorias internacionales cursadas a organismos equivocados o que tardaron en traducirse o en las que faltaban datos clave, una que se "extravió" camino de Panamá y una petición de ayuda judicial que la Guardia Civil tuvo dos años y medio en el cajón. Todo eso ocurrió en los siete años de instrucción sobre la oscura compra de un piso de lujo en la playa por el expresidente de Madrid.
El escrito entregado a Anticorrupción y al juez de 'Púnica' por Guillermo Ortega, preso por su condena en 'Gürtel', define como "un pitorreo" los arrendamientos de locales que hacía una empresa pública dependiente del organismo gigante Imade. "La mayoría de ellos eran recomendaciones de la propia Esperanza Aguirre", dice en su texto
Guillermo Ortega, antiguo regidor de Majadahonda, declara ante el juez de 'Púnica' que le informaron en 2007 de cómo se acababan de entregar 60.000 euros de un constructor. Aporta un escrito donde detalla que se inflaban facturas y se desviaban fondos "para mejorar la imagen del PP y de la propia Aguirre comprando favores de periodistas y medios de comunicación por medio de campañas institucionales"
David Marjaliza declara que entre 1999 y 2002 entregó elevadas personalmente elevadas cantidades a Francisco Granados, entonces alcalde de Valdemoro, y a dos intermediarios que supuestamente hicieron llegar el dinero a los alcaldes socialistas de Parla y Pinto. La mordida era de 1.000 euros por cada vivienda autorizada. Los papeles aportados al juez hablan de más de un millón repartido
El magistrado que en el 'caso Villarejo' investiga la destrucción de la tarjeta telefónica de Dina Bousselham la obliga a cambiar de abogado contra su voluntad para que no comparta representación legal con el vicepresidente. García Castellón desoye los escritos de Bousselham y niega que como víctima haya descartado el "ejercicio de la acción penal frente a Pablo Iglesias"
La Cámara Baja aborda este miércoles el debate sobre las enmiendas a la totalidad presentadas a la proposición de Ley de Unidas Podemos que busca eliminar el 324 de la Lecrim.
La Sala de lo Penal remarca que las operaciones anteriores al PGOU de 2004 son "solo una fase" de una presunta actividad delictiva de la trama en Valdemoro (Madrid) "prolongada en el tiempo".
García Castellón tumba la solicitud del PSOE para que declare un exdirectivo por una operación urbanística con la que se recalificaron terrenos rústicos de la cadena.
Reabre la causa tras ordenarlo la Audiencia Provincial, que ha acogido un recurso de Granados contra su exsocio.
La Fiscalía recurre a contrarreloj decisiones del juez García Castellón con la inquietud de que quede coja la instrucción, cuyo plazo acaba en junio.
Las dos acusaciones populares piden al juez García Castellón que llame a declarar a un exdirectivo de la firma por una recalificación urbanística que aseguró un pelotazo a uno de los socios de Granados.
La Fiscalía formula un durísimo recurso donde sostiene que García Castellón "vulnera" su derecho a la tutela judicial efectiva con una resolución "incongruente".
www.infolibre.es ISSN 2445-1592
