Operación Púnica

El escrito entregado a Anticorrupción y al juez de 'Púnica' por Guillermo Ortega, preso por su condena en 'Gürtel', define como "un pitorreo" los arrendamientos de locales que hacía una empresa pública dependiente del organismo gigante Imade. "La mayoría de ellos eran recomendaciones de la propia Esperanza Aguirre", dice en su texto

Guillermo Ortega, antiguo regidor de Majadahonda, declara ante el juez de 'Púnica' que le informaron en 2007 de cómo se acababan de entregar 60.000 euros de un constructor. Aporta un escrito donde detalla que se inflaban facturas y se desviaban fondos "para mejorar la imagen del PP y de la propia Aguirre comprando favores de periodistas y medios de comunicación por medio de campañas institucionales"

David Marjaliza declara que entre 1999 y 2002 entregó elevadas personalmente elevadas cantidades a Francisco Granados, entonces alcalde de Valdemoro, y a dos intermediarios que supuestamente hicieron llegar el dinero a los alcaldes socialistas de Parla y Pinto. La mordida era de 1.000 euros por cada vivienda autorizada. Los papeles aportados al juez hablan de más de un millón repartido

El magistrado que en el 'caso Villarejo' investiga la destrucción de la tarjeta telefónica de Dina Bousselham la obliga a cambiar de abogado contra su voluntad para que no comparta representación legal con el vicepresidente. García Castellón desoye los escritos de Bousselham y niega que como víctima haya descartado el "ejercicio de la acción penal frente a Pablo Iglesias"

La Cámara Baja aborda este miércoles el debate sobre las enmiendas a la totalidad presentadas a la proposición de Ley de Unidas Podemos que busca eliminar el 324 de la Lecrim.

La Sala de lo Penal remarca que las operaciones anteriores al PGOU de 2004 son "solo una fase" de una presunta actividad delictiva de la trama en Valdemoro (Madrid) "prolongada en el tiempo".

García Castellón tumba la solicitud del PSOE para que declare un exdirectivo por una operación urbanística con la que se recalificaron terrenos rústicos de la cadena.

Reabre la causa tras ordenarlo la Audiencia Provincial, que ha acogido un recurso de Granados contra su exsocio.

La Fiscalía recurre a contrarreloj decisiones del juez García Castellón con la inquietud de que quede coja la instrucción, cuyo plazo acaba en junio.

Las dos acusaciones populares piden al juez García Castellón que llame a declarar a un exdirectivo de la firma por una recalificación urbanística que aseguró un pelotazo a uno de los socios de Granados.

La Fiscalía formula un durísimo recurso donde sostiene que García Castellón "vulnera" su derecho a la tutela judicial efectiva con una resolución "incongruente".

Asuntos Sociales les encargó a dedo en julio de 2009 sendos servicios sobre dependencia pero, por razones que se niega a desvelar, ordenó que los contratos no se formalizaran. Seis meses después, se abonaron los encargos.