Operación Púnica

Anticorrupción y el juez están de acuerdo en que no hay base para sustentar la imputación por prevaricación y cohecho en la pieza 9 del caso Púnica. La acusación popular que ejerce Adade sí recurre al estimar que hay "sobrados indicios" y que debe ser el tribunal que juzgue los hechos quien valore toda la prueba. La expresidenta aún está pendiente de saber si el TSJ de Madrid ordena repetir el juicio del caso Máster o si, por el contrario, confirma su absolución.

El que fue alcalde de Valdemoro entre 1999 y 2003, Francisco Granados, habría titulado diferentes vehículos corporativos en Suiza, donde fueron depositados alrededor de 1,5 millones de euros entre 2000 y 2004. 

Ambos estaban investigados por los delitos de prevaricación y cohecho por la adjudicación del contrato de servicio de cafetería, cocinas y comedor de la Asamblea de Madrid en la licitación de 2009 y 2011.

El exalcalde de Alcobendas Ignacio García de Vinuesa dimitió en otoño del cargo de comisionado para Víctimas del Terrorismo en la Comunidad de Madrid. Es uno más de la lista de exdirigentes del PP que se habrían beneficiado de informes para la mejora de su imagen en internet y pagados con fondos públicos. 

Las últimas resoluciones judiciales urgen a concluir las indagaciones: la Audiencia Nacional habla de no demorar los plazos y el juez cree que la investigación está "agotada". Anticorrupción está por la labor de mover ficha una vez que pasen los comicios autonómicos para no interferir en el proceso electoral.

La declaración del extesorero deja a uno en una situación más favorable que el otro de cara a sus respectivas comparecencias en la Audiencia Nacional, que aún no tienen fecha. Al primero no le menciona; del segundo asegura que cobró sobresueldos en negro y que conocía la caja B.

Acusa a Esperanza Aguirre de aceptar 60.000 euros del propietario de una empresa responsable de la gestión de un hospital madrileño. Asegura que una persona guarda "tres cajas" con documentación sobre la caja B del PP y que las ha puesto a disposición del juez.

El magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha llamado a declarar al extesorero el 24 de Febrero en calidad de testigo.

La colaboración comenzará con el juicio del día 8 de febrero sobre la supuesta financiación irregular de las obras de la sede madrileña del PP.

Ha previsto casi 60 comparecencias en poco más de un mes. Exalcaldes, empresarios y uno de los cabecillas de la trama pasarán por la Audiencia Nacional para declarar por varias piezas.

La sección cuarta de la Sala de lo Penal ha aceptado parcialmente el recurso presentado por el expresidente de OHL.

Sergio Ríos ejerció como conductor del extesorero y fue captado por comisarios para sustraer información sensible para el PP. También trabajó para Francisco Granados, quien habría pedido datos sobre él porque Villarejo quería interceptar una documentación. Así lo declaró el constructor David Marjaliza, por lo que el PSOE ha solicitado su comparecencia en la Audiencia Nacional.

La renuncia se produce después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón haya incluido a García Vinuesa entre los investigados en el caso Púnica por presuntamente pagar con dinero público sus campañas de imagen, tal y como adelantó infoLibre este miércoles por la noche.

El caso Lezo ya ha enviado a juicio dos de las piezas que constituyen la causa y ha sentado en el banquillo al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y exdirectivos del Canal Isabel II.

Los conservadores destacan que su renuncia al escaño de senador es una forma de quitar presión a la dirección nacional en un momento en el que se espera que Jorge Fernández Díaz entregue el carné del PP por su relación con la 'operación Kitchen'. 

El juez de la Audiencia Nacional que instruye este caso le ha citado en calidad de investigado en el marco de la pieza separada número 7 relativa a contratos de distintos ayuntamientos madrileños con la empresa Waiter Music.

El que fuera alcalde de Boadilla comparece como testigo en la pieza de Púnica que indaga la financiación irregular del PP de Madrid.

Está aforado por ser senador y diputado de la Asamblea de Madrid, por lo que el juez deberá elevar exposición razonada ante el Supremo.

La Audiencia abre una pieza sobre las operaciones de blanqueo con que los imputados buscaban ocultar el dinero derivado de contratos amañados, pelotazos urbanísticos y otros delitos investigados.

La acusación popular pide que el expresidente regional declare de nuevo como imputado por los negocios que Tecnoconcret, empresa ligada a su hermano y su cuñado, hizo como proveedora de césped artificial para campos de fútbol financiados con el Plan Prisma. 

La letrada, que representa a la acusación popular, fue quien pidió la imputación de Faustino José Soriano, que dejó de trabajar para la cadena hace años.