La Fiscalía libra a decenas de cargos del PP y empresarios por prescripción o falta de indicios en el 'caso Púnica'

Esperanza Aguirre e Ignacio González, en una imagen de archivo.

La novena pieza de Púnica, en la que se investiga la supuesta caja B del PP madrileño, encara su recta final. Tras varios meses de espera una vez decretado el fin de las pesquisas, la Fiscalía Anticorrupción remitió finalmente este martes al instructor del caso, Manuel García Castellón, su tan esperado escrito de conclusiones. El documento, que supera los ocho centenares de páginas y al que ha tenido acceso infoLibre, deja fuera del foco a los expresidentes regionales Esperanza Aguirre e Ignacio González. Y reduce la acusación a una decena de personas. La prescripción, la "ausencia de indicios" o la existencia de hechos que no merecen reproche penal son los principales argumentos de una Fiscalía dividida para solicitar el sobreseimiento provisional respecto a decenas de viejos altos cargos conservadores o empresarios que durante toda la instrucción han ido desfilando como investigados. Ahora, será García Castellón el que tenga la última palabra.

El informe hace un análisis pormenorizado de más de 150 nombres propios que han ido apareciendo en la causa. Eso no quiere decir que sobre todos ellos haya estado puesta la lupa en el marco de esta pieza. En no pocos casos, Anticorrupción utiliza su escrito para dejar constancia de que o no han sido nunca citados a declarar como investigados o que los hechos que les afectan no se enmarcan en esta parte de la investigación de Púnica. En concreto, poco más de medio centenar de los personajes mencionados se han situado en algún momento de la investigación bajo el foco de la justicia. Sin embargo, solo en diez casos el Ministerio Público considera que existe material suficiente como para sentarlos en el banquillo de los acusados. En definitiva, la macropieza, al final, ha terminado diluyéndose como un azucarillo tras años de pesquisas.

Buena parte de los pesos pesados conservadores han conseguido librarse de Anticorrupción. Si hace poco más de un año el juez instructor decretaba el sobreseimiento para la expresidenta Cristina Cifuentes en relación a la adjudicación del contrato de cafetería de la Asamblea de Madrid, ahora quien recibe una buena noticia es Esperanza Aguirre. La Fiscalía da por hecho que existen "claros indicios" de falsedad electoral en las autonómicas de 2007 y 2011. Sin embargo, considera que no hay pruebas suficientes que "permitan afirmar" que la expresidenta regional fuera "conocedora" de los hechos delictivos. En este sentido, mantiene que "el genérico hecho" de que como líder del Ejecutivo autonómico tuviera "un control absoluto de todo lo que sucedía" resulta "claramente insuficiente para atribuir responsabilidad penal por hechos concretos".

Junto a ella, también su sucesor en el cargo, Ignacio González, queda fuera de la actuación de Anticorrupción. En este caso, la Fiscalía mantiene que a pesar de la "existencia documental" de haberse cometido un delito electoral, la prescripción impide dirigir "procedimiento" contra él. Una caducidad que libra de la acusación a una parte importante de investigados. Es el caso, por poner algún ejemplo, de los empresarios Óscar Sánchez o Ricardo Vázquez. El Ministerio Público les considera "colaboradores" en el entramado "para ocultar el gasto real de las campañas electorales". Sin embargo, recuerda que lo relativo a las autonómicas de 2007 y las municipales de 2008 estarían "claramente prescritas" mientras que las regionales de 2011 lo estarían "para toda declaración formal como investigado" posterior al 24 de septiembre de 2016. Un argumento que se repite también en el caso de José Ignacio Echeverría, quien fuera tesorero del PP de Madrid, consejero de Transportes y presidente de la Asamblea.

Falta de indicios

El Ministerio Público tampoco actuará contra Juan José Güemes, quien fuera consejero de Empleo y Mujer del Ejecutivo madrileño. En su caso, bajo la lupa judicial figuraba un contrato de consultoría y asistencia del que se sospechaba que habría podido servir para desviar "fondos públicos" de la segunda cartera. Una tesis que, a ojos de Anticorrupción, "no se ha visto confirmada". Es más, completa, en caso de haber existido delito este ya estaría prescrito. "Sólo la existencia de una malversación cualificada podría dar lugar a la no prescripción de las conductas, aspecto este que ha de ser descartado por completo a la luz de las pruebas documentales recabadas con posterioridad a su imputación", completa el informe.

No es el único exconsejero que ha conseguido librarse de la Fiscalía. También lo ha hecho el extitular de Sanidad Manuel Lamela. Fue imputado al ser considerado "indiciariamente" uno de los "ideólogos" de la famosa "cláusula del 1%", que reservaba hasta un máximo de ese porcentaje de los contratos adjudicados "para la ejecución de publicidad y campañas de información de la obra concernida", soslayando así "la tramitación del expediente de contratación de la supuesta publicidad y el control de la intervención de la Comunidad de Madrid sobre esos gastos". Para el Ministerio Público, la introducción de dicha cláusula en los pliegos de contratación "no cumple con los requisitos de tipicidad propios de la prevaricación".

Otra cosa, no obstante, es el uso que se hizo de la misma. "Pone de manifiesto un plan predeterminado para llevar a cabo adjudicaciones directas a empresarios de publicidad por parte de la administración", recoge el escrito. Una segunda perspectiva a la que, sin embargo, tampoco ven recorrido. Cualquier posible conducta delictiva llevada a cabo cuando era titular de Sanidad en relación al uso ilegal de dicha cláusula "se encontraría prescrito" en cuanto a un posible delito de prevaricación. Y en cuanto a una posible "malversación" por no haberse llevado a cabo las campañas de publicidad, completa Anticorrupción, "no ha quedado acreditado más allá de endebles indicios sin fortaleza para sustentar una acusación formal".

De OHL a Indra

El Ministerio Público tampoco ha decidido ir contra algunos empresarios de renombre. Es el caso de Javier López Madrid, exconsejero de OHL. En este caso, mantiene el escrito, lo único que ha podido ser constatado es que su hermano aportó 20.000 euros en 2007 a Fundescam, a la que se llegó a considerar "elemento nuclear en la trama". Pero a ojos de la Fiscalía eso no es suficiente para proceder contra él. Primero, porque "no se ha podido determinar cuál fue la motivación" de esa aportación. Y segundo porque, de nuevo, los hechos vinculados al delito electoral de las autonómicas de 2007 estarían prescritos. El único que, en su caso, no habría caducado es el supuesto delito electoral de las regionales de 2011. Pero, en este caso, Anticorrupción sostiene que, más allá de unas anotaciones manuscritas, "no existe otro indicio" de "aportación irregular" alguna de López Madrid.

El escrito también deja claro que no hay pruebas suficientes de criminalidad en lo que respecta a la posible financiación irregular por parte de OHL. Esto fue, justamente, lo que también terminó salpicando en esta pieza de Púnica al empresario Juan Miguel Villar Mir. "No ha quedado acreditada la participación de OHL respecto de los hechos investigados, centrándose éstas en el posible pago a empresas de publicidad como forma de cobro por las mismas de trabajos realizados para el Partido Popular", recoge el Ministerio Público. Unos hechos vinculados a estas firmas que, en el caso del empresario, "se encontrarían prescritos".

Tampoco tienen demasiado recorrido, a ojos de Anticorrupción, las entregas de dinero en metálico en sobres al considerado conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro, como parte de la deuda que la Comunidad de Madrid tendría con la empresa de éste. La Fiscalía considera acreditado que un directivo de la compañía Indra, por orden de un consejero delegado de la firma, entregó de esta manera 10.000 euros al conseguidor. Sin embargo, sostiene que dicha conducta "resulta atípica" cuando "se encuentra desligada de ilegalidad alguna entre administración y empresa adjudicataria". "Lógicamente tal conducta, cuando se “usa” dinero de la mercantil si puede constituir un acto de administración desleal, más no ha existido denuncia de la mercantil frente a su directivo por tales hechos", concluye Anticorrupción.

Diez acusados por una Anticorrupción dividida

De Pedro es de los pocos investigados a los que el Ministerio Público pide procesar. "Se concertó con responsables políticos de la Comunidad de Madrid para llevar a cabo trabajos reputacionales en beneficio de los mismos sin contratación formal y a sabiendas de que se iban a destinar recursos públicos para el pago de los mismos pese a que se trataba de trabajos de beneficio personal y directo de los políticos", concreta el escrito. La Fiscalía, además, pone el foco también en Francisco Granados y Beltrán Gutiérrez, que fueron secretario general y gerente del PP de Madrid; los exconsejeros Salvador Victoria y Borja Sarasola; la ex jefa de Prensa de Aguirre Isabel Gallego; el exconsejero delegado de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid José Martínez Nicolás; quien fuera secretario general técnico en la Comunidad de Madrid Francisco Lobo y la empresaria María Luisa de Madariaga.

El escrito ha generado tensiones en Anticorrupción. El escrito solo cuenta con la firma de Alejandro Cabaleiro, el último en sumarse a la investigación. Ni María Teresa Gálvez ni Carmen García, las dos fiscales que han llevado desde mucho antes las riendas de la causa, han estampado su firma. Las diferencias en lo relativo a que se sumó a la investigación hace de Anticorrupción ha generado tensiones entre los fiscales del caso. El principal punto de fricción, los cálculos de prescripción que han dejado fuera a una parte importante de los investigados. Cabaleiro, sin embargo, cuenta con el respaldo del fiscal jefe, Alejandro Luzón.

Una diferencia de criterios que también se aprecia en lo relativo al informe sobre irregularidades que el exalcalde conservador de Majadahonda Guillermo Ortega prometió aportar al caso. A finales de junio, la Fiscalía solicitó al juez instructor que se le diera algo más de tiempo para presentar las pruebas. Cabaleiro, sin embargo, considera ahora, un mes después, que no "resulta justificado" estar "a la espera" de dicho informe. "Resultaría carente de proporcionalidad mantener la instrucción abierta 'sine día' esperando por el mismo", concluye el escrito de conclusiones del Ministerio Público.

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