El juez García Castellón lo ha vuelto a hacer

La trama Púnica, la causa de corrupción que atraviesa el PP de Madrid durante los mandatos de Esperanza Aguirre –financiación ilegal incluida–, se va a saldar con dos lugartenientes de la expresidenta, su número dos Francisco Granados y su extesorero Beltrán Gutiérrez, sentados en el banquillo y seis más que pasaban por allí. Los casi siete años de investigación y pruebas apuntaladas por la UCO, las diligencias esclarecedoras de las partes y las peticiones reiteradas de la Fiscalía Anticorrupción para imputar a Aguirre y a la cúpula se desvanecen. La exjefa de prensa Isabel Gallego se ha revelado en su escrito de defensa con un argumento aplastante: cumplía órdenes. Porque una jefa de prensa ni firma contratos ni paga por su cuenta a empresas que benefician a sus jefes. Y cualquiera que haya vivido ese ciclo negro madrileño sabe que no se movía un papel sin el mandato de arriba. 

Manuel García Castellón es ya el juez que más casos de corrupción ha disuelto del PP. Con esta causa, se consolida el patrón por el cual libra del banquillo a los artífices de las tramas más graves de los populares mientras retuerce hasta límites muy cuestionados penalmente las instrucciones de Podemos. Si hay que elegir, es peor lo primero. Las causas contra Podemos se acaban archivando; las del PP, con múltiples indicios, audios y pruebas, quedan enterradas en la impunidad y no se podrán volver a juzgar. 

Un agravio comparativo de manual entre los ERE y la condena a José Antonio Griñán por responsabilidad política, in vigilando, y este dejar salir airoso a cualquiera que haya ocupado presidencias en el PP. Ya se lo dijo Anticorrupción en una de las tantas veces que exoneró a la cúpula popular: “Hay una rotunda negativa a seguir investigando en esa dirección, como si hubiera establecido un cordón, una inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar”

El problema de la Púnica no es Aguirre, es el juez. Se ha escrito mucho sobre su vuelta al Juzgado Número 6 de la Audiencia tras el mensaje entre Eduardo Zaplana e Ignacio González, ambos encausados por corrupción. “Tenemos a un juez que está provisional… Tú lo asciendes… Yo le digo, a ver, venga usted pa' acá. ¿Cuál es la plaza que le toca? A tomar por culo a Onteniente y aquí que venga el titular”. Y el titular llegó. Si se pudiera elegir a quién queremos escuchar en una comparecencia en el Congreso sería sin duda la de García Castellón. Una comparecencia que hubiera encajado bien en la Comisión de la Kitchen por el uso de agentes para destruir pruebas de Bárcenas y borrar la financiación ilegal. 

Desde nuestro derecho a saber, cabe una comparecencia donde se le pudiera preguntar por qué el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, señaló a Mariano Rajoy, en calidad de presidente del PP y del país, como su superior al frente de la Kitchen, y decidió no llamarle a declarar. Una acusación directa sobre la que no practicó una sola diligencia. Por contra, en el caso Dina, pidió la imputación de Pablo Iglesias por la imaginaria sospecha de que el exlíder de Podemos destruyó la tarjeta a sabiendas. A un expresidente del PP acusado por un exministro ni le llamó a declarar mientras intentó forzar la salida de un ex vicepresidente del Gobierno de coalición sin una sola prueba. Esto no es opinión: la Fiscalía, la Sala Segunda de la Audiencia y el Tribunal Supremo le exigieron que cesara en su intento.  

Otro detalle esclarecedor. Villarejo es el personaje común entre el robo de la tarjeta del móvil de Dina Rousselham y el móvil de la Kitchen desde donde se chateaba supuestamente con el expresidente popular. El juez Manuel García Castellón no se dignó a preguntar al PP si el número de teléfono con el que el excomisario se escribía con Mariano Rajoy era del partido. Por contra, pidió hasta tres peritajes a Londres para comprobar si la tarjeta de Dina Bousselham había sido destruida. Sobre el móvil de Rajoy recaen delitos de posible financiación ilegal, malversación y otros tantos; sobre el de la exasesora de Podemos un presunto delito informático. Y ni siquiera, para ello tenía que haberse declarado perjudicada, cosa que nunca hizo. 

Mientras la Fiscalía ha advertido a García Castellón que cruza todas las líneas en su investigación contra Podemos y la pieza que mantiene secreta, el juez ha dejado sin juzgar la financiación de los populares. Con jueces así, el PP no necesita indultos

En otra causa, de nuevo contra Podemos, el juez Alejandro Abascal, de la conservadora APM, lo archivó porque era un compendio de recortes de prensa que no iba a ninguna parte. Después apareció el Pollo Carvajal, jefe de la contravigilancia venezolana hasta 2014 que no quiere ser extraditado a EEUU y terminar sus días en una prisión de alta seguridad norteamericana. Carvajal acudió a García Castellón y consiguió postergar hasta hoy su extradición a cambio de su testimonio, no de pruebas. 

Desde 2020 órganos superiores de la judicatura han corregido a García Castellón su investigación a nueve dirigentes de Podemos. Desde 2020, este juez ha exonerado a Mariano Rajoy, a María Dolores de Cospedal y a Esperanza Aguirre. Todos estos casos con informes de Anticorrupción repletos de acusaciones de corrupción y la petición expresa de sus imputaciones. De nuevo, lo grave e irreparable es lo segundo. Mientras la Fiscalía de la Audiencia ha advertido a García Castellón que cruza todas las líneas en su investigación contra Podemos y la pieza que mantiene secreta, el juez ha dejado sin juzgar la financiación de los populares. Con jueces así, el PP no necesita indultos.