Antes de que acabe 2026, cualquier español que intente acceder desde su móvil a una web de pornografía, a una plataforma de juego en línea o a una red social con restricción de edad podría encontrarse con una pantalla que le pide demostrar que tiene edad suficiente para hacerlo. No mediante una foto de su DNI ni un selfi verificado. Mediante una aplicación que responde sí o no, sin revelar nada más. El Gobierno tiene previsto que esa herramienta esté lista antes de que termine el año. Lo que aún no sabe es si contará con la ley que le permitirá utilizarla.

El miércoles, la Comisión Europea presentó el código fuente de esa aplicación. España no solo participó en su desarrollo, sino que tiene la intención de ser uno de los primeros países de la Unión en incorporarla a su cartera digital. Y la presentación de ese código fuente —el conjunto de instrucciones escritas que indican a un dispositivo qué debe hacer— ha sentado las bases para hacer realidad lo que hasta ahora eran meras intenciones.

Apenas un día después del anuncio, protagonizado por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, Pedro Sánchez participó en una cumbre virtual convocada por el jefe de Estado francés, Emmanuel Macron, junto a los líderes de Italia, Grecia, Dinamarca, Eslovenia y Chipre para coordinar una respuesta europea ambiciosa: la prohibición del acceso de los menores a las redes sociales.

En febrero, desde Dubái, Sánchez ya había anunciado que España elevaría la edad mínima para acceder a esas plataformas a los 16 años, por encima de los 14 que prevé el proyecto de ley que actualmente se tramita en el Congreso.

Qué es lo que presentó Bruselas

Lo que la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa no es una aplicación comercial cerrada y lista para descargar. Es, en la jerga del proyecto, un blueprint o modelo de referencia: un código fuente abierto que gobiernos y empresas pueden usar como base para construir sus propios sistemas de verificación de edad, siempre que respeten unos estándares comunes de privacidad y seguridad.

La lógica detrás de esta decisión es evitar que cada país desarrolle su propio sistema incompatible con el del vecino. Hasta ahora, una de las excusas recurrentes de las grandes plataformas para no implantar controles de edad era exactamente esa: que no podían desarrollar un mecanismo diferente para cada mercado nacional. Von der Leyen fue directa al presentar la iniciativa: con esto, las plataformas ya no tienen esa excusa.

Fuentes del Ministerio para la Transformación Digital consultadas por infoLibre lo confirman en términos parecidos. Una de las excusas que ponen las grandes plataformas para no establecer mecanismos de verificación de edad es que “no existe una herramienta unificada que sea cibersegura y que reúna todos los requisitos de privacidad”. “Bueno, pues ahora ya no tienen excusas, porque la Comisión sí ha desarrollado una base de app interoperable entre los Estados miembros”, subrayan.

España, según esas mismas fuentes, no fue espectadora en ese proceso: “Parte de lo que ha presentado la Comisión Europea es el resultado de los trabajos que ha hecho España en el piloto junto con la Comisión y otros países europeos”.

Cómo funciona: verificar sin revelar

El principio técnico en el que se basa todo esto puede parecer paradójico al principio: verificar la edad sin revelar la edad. Para entenderlo sin necesidad de formación en criptografía, una analogía ayuda. Cuando alguien entra en un bar y el camarero le pide el DNI, ve el documento completo: nombre, apellidos, fecha de nacimiento, domicilio. Con este sistema, el proceso sería completamente distinto: el móvil del usuario enviaría al servicio una respuesta de sí o no, matemáticamente verificable, sin mostrar ninguno de esos datos.

Esta técnica se llama zero-knowledge proof o prueba de conocimiento cero. Permite demostrar que una afirmación es cierta —en este caso, que el usuario supera un umbral de edad— sin revelar la información que la sustenta. El dispositivo del usuario actúa como “probador”; la plataforma, como “verificador”. Recibe un sí o un no, firmado digitalmente. No accede al documento de identidad, ni a la cara de la persona, ni a su fecha de nacimiento.

La credencial que hace posible todo esto la emite una autoridad de confianza —en la práctica, el Estado— y se almacena en la cartera digital del usuario, bajo su propio control. Cuando ese usuario intente acceder a un servicio con restricción de edad, la app presentará esa credencial de forma anónima. La plataforma sabrá que cumple el requisito. Pero no sabrá quién es.

La vicepresidenta de la Comisión responsable de lo digital, la finlandesa Henna Virkkunen, fue explícita en este punto: las plataformas no sabrán “quién” es la persona, sino únicamente que cumple el criterio de edad requerido. Esta garantía busca responder a las críticas más serias contra los sistemas de verificación existentes: los que funcionan pidiendo una foto del DNI o un selfi generan riesgos significativos de filtración de datos, robo de identidad y construcción de perfiles sobre los hábitos de navegación de los ciudadanos.

El calendario español y la cartera digital europea

La hoja de ruta española está vinculada a un calendario europeo preciso. El llamado reglamento eIDAS-2 obliga a todos los Estados miembros a ofrecer a sus ciudadanos una cartera de identidad digital antes de finales de 2026. Ese documento no impone ninguna obligación específica sobre verificación de edad. Lo que España ha decidido, de forma voluntaria, es aprovechar ese momento para incorporar la verificación de edad como primer caso de uso de esa cartera.

Fuentes del ministerio lo explican así: “Cuando saquemos la cartera digital europea, cuando la pongamos ya a disposición de la ciudadanía, incorporará un primer caso de uso. Además de que servirá para acreditar tu identidad en el ámbito digital, incorporará el caso de uso de la mayoría de edad, que será capaz tanto de decir si tienes más de 18 años, sí o no, o si tienes más de 16 años, sí o no”.

La Comisión anunció además que este mes creará un mecanismo de coordinación entre Estados miembros con tres objetivos: acreditar las soluciones nacionales que se desarrollen, facilitar la emisión de credenciales de edad en todos los países y garantizar la existencia de una solución técnica común. La meta final es que un ciudadano español pueda usar su credencial en servicios online de cualquier otro país de la Unión, y viceversa.

Lo que advierte la AEPD: no basta con la tecnología

El debate sobre cómo verificar la edad no es nuevo en España. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) publicó en diciembre de 2023 un documento —el Decálogo de principios sobre verificación de edad y protección de personas menores de edad ante contenidos inadecuados— que sigue siendo una referencia útil para entender los riesgos de hacer esto mal.

El documento parte de que verificar la edad y proteger al menor no son la misma cosa. La verificación es solo el primer paso. Un sistema completo necesita también políticas de clasificación de contenidos por razones de edad, mecanismos de ejecución de esas restricciones y un marco de gobernanza que implique a familias, instituciones educativas, organismos reguladores y empresas tecnológicas.

Varios de sus diez principios conectan directamente con el diseño que acaba de presentar la Comisión Europea. El primero: el sistema no debe permitir en ningún caso identificar, rastrear ni localizar a los menores a través de internet. Cualquier mecanismo que obligue al menor a revelar su condición de menor pone en riesgo al propio menor, exponiéndolo a posibles agresores o a servicios diseñados para captarle.

El segundo: la verificación debe estar orientada a que el adulto acredite ser “persona autorizada a acceder”, no a que el menor demuestre serlo. Este matiz tiene consecuencias técnicas: significa que la herramienta no debe estar pensada para que los niños la usen, sino para que los adultos demuestren que pueden acceder a determinados contenidos.

La AEPD también advierte contra convertir estos sistemas en mecanismos de vigilancia generalizada. Obligar a todos los usuarios de internet a demostrar su edad para acceder a cualquier tipo de contenido incumpliría los principios de minimización de datos del Reglamento General de Protección de Datos. La verificación solo debería activarse al intentar acceder a contenido con restricción específica, no para navegar en general.

El marco legal: lo que está por resolver

La herramienta técnica avanza. Pero el marco normativo que determinará exactamente para qué se usará en España sigue en disputa.

El proyecto de ley que se tramita en el Congreso prohíbe, en principio, el acceso a las redes sociales a los menores de 14 años y lo permite entre los 14 y los 16 con consentimiento parental. Pero desde febrero, Sánchez quiere elevar esa prohibición hasta los 16 años, en línea con los países del bloque europeo que lidera Macron y con las evidencias científicas sobre los daños del uso intensivo de redes sociales en la adolescencia: problemas de salud mental, cambios en el control de impulsos y el aprendizaje, patrones de uso asociados a mayor riesgo de ideación suicida o, simplemente, el dato, recogido por un estudio reciente, de que el uso intensivo de redes sociales se asocia con un aumento de síntomas de inatención más acusado que el de la televisión o los videojuegos.

La iniciativa legislativa está pendiente de avanzar en el Congreso. Al tener carácter orgánico, necesita 176 votos. Sin Junts, el Gobierno no llega a esa cifra sin el PP, que se abstuvo en la toma en consideración y ha presentado enmiendas propias que buscan añadir medidas como un “horario de descanso digital” obligatorio —de las 22:00 a las 8:00 h— para los menores con autorización parental para estar en redes.

Por qué esto importa más allá de la pornografía

La narrativa oficial sobre la verificación de edad se centra habitualmente en el acceso a contenido explícito. Pero el alcance del debate es más amplio. La Comisión Europea conecta esta iniciativa con la aplicación del Reglamento de Servicios Digitales, que ya ha llevado a investigaciones contra TikTok por su diseño adictivo, y contra Meta, Snapchat, Shein y varias webs pornográficas por no garantizar controles de edad eficaces.

En ese contexto, la app no es solo una herramienta para bloquear contenido explícito. Es también una forma de elevar el estándar mínimo exigible a las plataformas en toda Europa, dándoles al mismo tiempo la infraestructura técnica para no tener excusas. El mensaje político hacia las grandes tecnológicas es doble: dejen de usar diseños adictivos para captar a menores y usen este marco común para cumplir la ley.

La AEPD, con su habitual cautela regulatoria, recuerda que la tecnología perfecta no existe y que las soluciones puramente técnicas a problemas que tienen también raíces sociales y educativas pueden agravar lo que pretenden resolver. La protección de los menores en internet es una responsabilidad compartida entre familias, gobiernos e industria. La app es una pieza de ese sistema. Pero puede marcar la diferencia.

El Ministerio de Consumo ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de regular las cajas botín o loot boxes en los videojuegos debido a los riesgos que generan en torno a la ludopatía para los menores. La cartera de Pablo Bustinduy ha lanzado esta semana una campaña institucional —"Menos loot boxes, más real gamers"— en la que alerta de que el 30% de los españoles entre 11 y 30 años que juegan a videojuegos ha comprado al menos una caja botín en el último año. Estas opciones, presentes en títulos tan populares como Fortnite o FIFA, consisten en que el usuario obtiene una caja virtual, jugando o comprándola con dinero real, y su contenido es un misterio hasta que se abre. Por tanto, podría contener un objeto muy común o algo extremadamente valioso para el videojuego.

El mecanismo es muy similar a los juegos de azar, ya que puede generar un fuerte incentivo para seguir comprando cajas hasta obtener el objeto deseado. Por tanto, no debe confundirse con otro de los sistemas que muchos videojuegos utilizan para generar ingresos como los micropagos. Estas son pequeñas transacciones de dinero que los jugadores realizan para conseguir un contenido concreto. A diferencia de estos, muchos expertos comparan el deseo de recompensa inmediata y la emoción del azar de las loot boxes con las apuestas o el juego.

El propio Ministerio de Consumo alerta de estas consecuencias en su campaña, apoyándose en un informe de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) que indica que los usuarios que han comprado cajas botín tienen 4,5 veces más probabilidades de acabar desarrollando problemas con las apuestas. Ante esta problemática, el Consejo de Ministros aprobó en junio de 2024 un anteproyecto de ley orgánica para la protección de los menores en los entornos digitales, que incluye la prohibición de los mecanismos aleatorios de recompensa en videojuegos para los usuarios menores de 18 años.

Los intentos por legislar los riesgos que estos mecanismos suponen para los menores se remontan a la etapa de Alberto Garzón al frente de Consumo, cuando el ministerio trató de "ser el primer país en tener una ley específica para regular las loot boxes". En julio de 2022, el ministerio publicó un anteproyecto que proponía medidas similares, como prohibir el acceso de los menores a estos sistemas y considerar las loot boxes una forma de juego de azar por su aleatoriedad y coste. Sin embargo, la iniciativa no contó con los apoyos suficientes en el Congreso y no pudo aprobarse antes de finalizar la legislatura.

El psicólogo especializado en adicciones y psicoterapeuta del Instituto de Psicología e Investigación Controla, Bruno Cortés, valora que el nuevo anteproyecto supone "un avance" respecto al intento que lideró Garzón. "A diferencia del texto anterior, que solo pretendía regular las cajas botín con valor económico real, el nuevo anteproyecto amplía el marco a todos los tipos de cajas existentes". explica. "Esto supone un salto cualitativo, porque reconoce que todas ellas, incluso las que no implican dinero, reproducen patrones de azar propios del juego de apuestas y pueden fomentar conductas adictivas".

El especialista destaca que el nuevo texto "se acerca mucho más a la realidad clínica y a lo que llevamos años reclamando los profesionales". No obstante, advierte de que el éxito dependerá de que el Gobierno "tenga la voluntad política de enfrentarse a la industria del videojuego". No obstante, fuentes del Ministerio de Consumo trasladan a infoLibre que se centraran en impulsar medidas como las campañas de información o la colaboración con investigaciones académicas mientras se busca aprobar la ley.

Frente al intento español por ser pionero en la regulación de estos mecanismos, otros países europeos han tomado medidas en base a su legislación vigente. Poco después de que Países Bajos prohibiera ciertos tipos de cajas botín, Bélgica fue más allá al declararlas una forma de juego ilegal y prohibirlas en el país. Al analizar varios títulos, como FIFA y Overwatch, determinó que el sistema aleatorio de recompensa inherente a las cajas botín equivale a un juego de azar.

Cortés señala que el modelo belga demuestra que la industria puede adaptarse sin perder mercado. "En Bélgica los videojuegos han eliminado las loot boxes y siguen vendiéndose; eso significa que, si hubiera una ley firme, aquí también podrían hacerlo. Lo que falta es decisión política".

A esta falta de convicción se suma, según los expertos, la presión que ejerce la industria del videojuego. La patronal tecnológica AMETIC, que agrupa a las principales compañías tecnológicas y de contenidos digitales, ha remitido a los grupos parlamentarios un amplio documento con enmiendas al proyecto impulsado por el Gobierno. En ellas, la asociación pide revisar la prohibición de acceso de los menores a las cajas botín, alegando que la relación entre los juegos de azar y los comportamientos problemáticos "no está acreditada".

Bayta Díaz, psicóloga especializada en adolescentes y adicciones, denuncia que existe una "resistencia significativa" por parte del sector del videojuego frente a cualquier intento de regulación. "La industria ha sabido proteger su negocio amparándose en una zona gris legal y en la dificultad de definir qué es juego de azar en otros sectores que no sean las apuestas", apunta.

Ante la falta de apoyos parlamentarios, los expertos recuerdan que España "tiene medios de sobra para aplicar medidas efectivas", desde la vía legislativa hasta fórmulas fiscales. "Podrían, por ejemplo, gravar los videojuegos que incluyan cajas botín o prohibir la publicidad de aquellos títulos que exploten este mecanismo, como se hizo con los productos azucarados. Pero en lugar de actuar, se limitan a lanzar campañas que apenas ven los jóvenes".

Cortés insiste en que las loot boxes son la "antesala del juego", y buena parte de los jóvenes que las consumen acaban desarrollando conductas de riesgo o pasando a las apuestas en línea. "Ningún videojuego puede considerarse saludable si las contiene", añade. El psicólogo recalca que "el Gobierno ya sabe que hay un problema y ahora lo que hace falta no es otra campaña, sino una ley clara que proteja a los menores de una exposición al azar para la que no están preparados".

Por su parte, Bayta Díaz alerta de que el fenómeno se ha expandido a otros ámbitos del ocio digital ante la falta de legislación. "Las plataformas de compra como Temu o Shein también incluyen pequeños juegos de ruleta o sorteos con luces y explosiones de colores que prometen descuentos o regalos", detalla.

Consumo impuso sanciones por un valor superior a 140 millones de euros a operadores del sector de las apuestas y los juegos de azar por internet en España durante el año 2024, según recoge EFE. El Ministerio dirigido por Pablo Bustinduy ha dado a conocer este martes la cifra global de multas tras conocerse que en el segundo semestre de 2024 fueron más de 77 millones de euros (77.396.000) las sanciones a empresas del sector, lo que sumado a las del primer semestre (65.325.000 euros) alcanza casi 143 millones de euros en el último año.

En concreto, en el segundo semestre de 2024 impuso sanciones a 26 operadores del sector de las apuestas y los juegos de azar online, 14 de ellas muy graves y dirigidas a operadores extranjeros por operar en España sin licencia. Son de 10 millones de euros para un operador reincidente y de 5 millones de euros para el resto. Además de la multa económica, las sanciones a estos operadores incluyen también el cierre de sus portales web y la inhabilitación de los operadores por un periodo de dos años.

Los 14 operadores extranjeros sancionados son Wot NV, Magicwin games tech LTD, Winbet NV, Spicyjactpos games tech LTS, Lama tech limitada, Chestoption sociedad de responsabilidad limitada, Pennytech holding BV, Group gaem BV, Mibs NV, Fgs software solutions S.R.L, Investan NV, Tinietech holding B.V, Adonio N.V y Techsolutions group N.V.

Además, la Dirección General de Ordenación del Juego también sancionó en el segundo semestre a otras 12 empresas que sí operan con licencia en nuestro país, pero que incurrieron en algún tipo de infracción tipificada en la ley. En esos casos se consideraron infracciones graves y supusieron multas por un valor cercano a los 3 millones de euros a las empresas Millonapp SL, Casumo Spain PLC, Bingosoft PLC, Wagerfair SA, Media 24, Juegos de azar y servicios S.L, Conespa solutions, TSG interactive PLC, Whg Spain PLC, Fpoocl S.A y 888 online games España SA.

La ley establece la publicación de las infracciones graves y muy graves firmes en vía administrativa en la página web de la Dirección General de Ordenación del Juego. Desde 2021, el número de sanciones publicadas asciende a 180 en tres años y medio, lo que supone un total de más de 475 millones de euros en multas durante este período.

En el fútbol europeo de élite hay alguien que siempre gana: las empresas de apuestas.

A pesar de la creciente preocupación por la adicción al juego y de los esfuerzos reguladores para limitar la publicidad, muchos clubes y entidades organizadoras de las Ligas dependen del dinero de las empresas de apuestas.

El consorcio periodístico Investigate Europe analizó los acuerdos de patrocinio de los 442 clubes que forman parte de 31 competiciones de primera división masculina (las 27 de países de la UE y las 4 del Reino Unido) y el resultado no puede ser más rotundo: 296 tienen al menos un acuerdo de patrocinio con una empresa de apuestas para la temporada 2024/25. Es decir, la industria del juego financia a dos tercios del total.

Uno de cada tres clubes lleva la marca de una casa de apuestas en la parte delantera de su camiseta. Además, casi la mitad de todas las Ligas cuentan con un patrocinador principal de juegos de azar o loterías.

Esta investigación sobre la influencia del dinero de las apuestas en el mundo del fútbol forma parte de una investigación más amplia sobre el sector del juego en Europa, que infoLibre publica en exclusiva en España [puedes consultar aquí las informaciones publicadas]. Medios de once países europeos participan en este proyecto.

Todos los equipos de la Premier League inglesa y de la Eredivisie holandesa tienen algún tipo de patrocinio con empresas de apuestas para esta temporada, que puede ir desde la publicidad en camisetas a su presentación como socio en la página web del club o en otros actos que organice. Y lo mismo ocurre con los equipos de Austria, Hungría, Suecia y República Checa.

En la Serie A italiana el porcentaje se sitúa en el 95%, en la Bundesliga alemana en el 83% y en la Ligue 1 francesa en el 73%. De las cinco grandes competiciones europeas, la Liga española es la menos permeable al mundo de las casas de apuestas, que patrocinan solo a cuatro de los 20 equipos de Primera (20% del total). Esos equipos son el Real Madrid (recibe dinero de Codere, Sportybet, Versusbet y las asiáticas Kaiyun Sports y HTH); el FC Barcelona (1xBet), el Real Betis (la asiática Kaiyun) y Las Palmas (la asiática Milan Sports).

La situación en España se explica en parte por el decreto de comunicaciones comerciales de las actividades de juego, que entró en vigor en noviembre de 2020. Dicha norma prohíbe “el patrocinio en camisetas o equipaciones deportivas” e identificar con el nombre o la marca de un operador a una instalación deportiva.

De las 31 competiciones analizadas, sólo hay nueve donde menos de la mitad de los clubes se financian con dinero del juego.

En algunos países, como Italia o Bélgica, los equipos han encontrado la manera de eludir las restricciones sobre la publicidad en las camisetas utilizando logotipos de páginas de noticias, de entretenimiento o entidades benéficas de las marcas de apuestas.

Al menos dos clubes, el AC Milan italiano y el Nõmme Kalju estonio, publicitan a empresas que carecen de licencia para operar en sus respectivos países, pese a lo cual siguen dirigiéndose al público local. En concreto, el AC Milan firmó en julio de 2024 un acuerdo con Boomerang Bet, que opera sin la preceptiva licencia en Italia. Ni el club ni la empresa respondieron a las preguntas de los periodistas.

El atractivo global de la Premier League ha convertido a sus clubes en objetivos prioritarios. Once equipos tienen un logotipo de apuestas en sus camisetas de la temporada 2024/25. La industria del juego gastó alrededor de 135 millones de dólares en camisetas de la máxima categoría inglesa esta temporada, según la consultora de análisis de mercados Global Data [unos 125 millones de euros al cambio actual].

Entre ellos se encuentran varios operadores opacos orientados al mercado asiático. Son marcas poco conocidas en Europa, pero que constituyen opciones atractivas para los equipos más pequeños, ya que ofrecen más de 10 millones de euros al año y los clubes están desesperados por maximizar sus ingresos, afirma Kieran Maguire, experto en finanzas del fútbol y profesor de la Universidad de Liverpool.

“No creo que los clubes tengan ningún deseo de poner en marcha procedimientos de debida diligencia, siempre y cuando les paguen. Y están dispuestos a mirar para otro lado porque están bajo presión”, sostiene Maguire. “Tienes al propietario gritándole al director ejecutivo, que le grita al director comercial: 'Consigue el mejor trato que puedas. Estamos perdiendo dinero'. Y todos los clubes están perdiendo dinero”, añade.

Con un acuerdo voluntario para prohibir la publicidad de casas de apuestas en la parte delantera de la camiseta a partir de la temporada 2026/27, los clubes ingleses se ven obligados a diversificar. Todos los equipos de la Premier League tienen un socio oficial de apuestas en sus sitios web, mientras que algunos logotipos se están trasladando a los pantalones, las mangas y las equipaciones de entrenamiento.

En la primera jornada de esta temporada, se emitieron casi 30.000 anuncios de juegos de azar en estadios, televisión, radio y redes sociales, un 165 % más que el año anterior. Los patrocinadores de camisetas representaron menos del 10 % del total, indica Raffaello Rossi, profesor de marketing en la Universidad de Bristol, que dirigió la investigación.

“Cada vez está más claro que estas medidas de autorregulación están diseñadas para parecer creíbles y, al mismo tiempo, proteger los intereses del sector del juego”, afirma Rossi.

Al tener millones de ojos puestos en sus marcas cada semana, el negocio florece a marchas forzadas. No es de extrañar, ya que el fútbol representa el 68 % de los ingresos brutos en el mundo de las apuestas deportivas online en Europa, América Latina, Asia y África, según estimaciones de la empresa de análisis H2 Gambling Capital.

Investigate Europe descubrió que 105 empresas de juego, que explotan 140 marcas diferentes, tienen acuerdos con clubes de la UE y el Reino Unido. Muchos de ellos son pesos pesados del sector como Kindred, Kaizen y Entain, y marcas conocidas como Unibet, Betano, Betway y Bwin. Otros son operadores con sede en paraísos fiscales como Curazao y la Isla de Man, marcas conocidas en el contienen asiático, o incluso empresas de lotería estatales como Lotto en Alemania y Vriendenloterij en los Países Bajos.

Las empresas de apuestas o loterías son el patrocinador principal de 14 de las 31 Ligas analizadas. Entre ellas se encuentran la Bundesliga alemana (Admiral), la Premiership escocesa (William Hill), la Superliga griega (Stoiximan), la Liga checa (Chance) y la Liga portuguesa (Betclic).

“Dada su conexión intrínseca con los eventos deportivos, es natural que las marcas de apuestas inviertan en clubes, Ligas y publicidad en los medios de comunicación en torno a la experiencia de los partidos”, explica Pedro Iriondo, director general de la consultora Football Benchmark.

El otro atractivo obvio para la industria del juego es obtener acceso a un mercado objetivo clave: los hombres jóvenes.

El marketing a través del fútbol funciona para normalizar las apuestas y “mantener en marcha la cinta transportadora de clientes”, al tiempo que actúa como puerta de entrada a productos de casino más perjudiciales, denuncia The Big Step, una campaña para poner fin a la publicidad y el patrocinio del juego en el fútbol que está impulsada por la organización benéfica Gambling with Lives (Jugando con vidas, en inglés)

“A mucha gente que apuesta le encanta el fútbol, pero este juego se ha corrompido por el juego. Muchos personas con las que hablamos, que están en recuperación, dicen que no pueden ver el fútbol porque la publicidad es excesiva, los partidos están inundados de publicidad”, denuncia Tom Fleming, de The Big Step.

Los logotipos de las casas de apuestas aparecen en todas las camisetas de los clubes de la máxima categoría húngara, y en más del 70 % de los casos en Bulgaria, Grecia, Rumanía y Portugal. Los patrocinadores de las camisetas son poco frecuentes en la Bundesliga alemana y en la Ligue 1 francesa, pero casi todos los equipos tienen un socio de apuestas o lotería. Estas diferencias están determinadas por normativas nacionales más o menos favorables, por la dependencia económica de los clubes de los ingresos de las apuestas y por las estrategias de mercado de las empresas.

En Bélgica, en enero entró en vigor una ley que restringe los patrocinios a las mangas y la espalda de las camisetas. Sin embargo, varios clubes de la Pro League siguen mostrando logotipos de apuestas en la parte delantera de las camisetas. Esto se debe a una laguna jurídica por la que utilizan submarcas que incorporan parte del nombre de la empresa. El vigente campeón, el Brujas, cambió el patrocinador de su camiseta de Unibet a U-Experts, una aplicación de noticias creada por Unibet con enlaces a sus casinos online.

“Sin embargo, en realidad, sirven como puerta de entrada, dirigiendo a los consumidores a sitios web de apuestas deportivas donde pueden realizar sus apuestas”, explica Bram Constandt, profesor asistente de Gestión Deportiva en la Universidad de Gante.

La misma estrategia se adoptó en Italia después de que el conocido como “Decreto de la dignidad” prohibiera en 2018 cualquier forma de publicidad directa o indirecta relacionada con el juego. A pesar de la prohibición, el Inter (Betsson.sport), el Parma (AdmiralBet.news) y el Lecce (BetItalyPay) tienen marcas en sus camisetas esta temporada.

El ministro de Deportes de Italia reconoció en marzo de 2023 que se estaba eludiendo la prohibición. En respuesta a una iniciativa parlamentaria, Andrea Abodi admitió que era “hipócrita prohibir el derecho a apostar” y al mismo tiempo permitir “la comunicación por parte de las mismas páginas, que simplemente promocionan una dirección web que conduce inevitablemente al juego”.

En docenas de casos, empresas que patrocinan a un equipo en un Estado operan simultáneamente sin licencia en otro, de forma que los reguladores bloquearon sus sitios web. Entre los sitios prohibidos se encuentran Unibet en Grecia, Novibet y Betsson en Rumanía y Pokerstars en Hungría. Por su parte, Bet365, patrocinador de la Liga de Campeones de la UEFA, ha sido bloqueado en Lituania.

Los patrocinadores no solo se dirigen a los apostantes de Europa. Al no poder anunciarse en sus mercados nacionales, donde los juegos de azar están muy restringidos o prohibidos, los operadores asiáticos utilizan el fútbol europeo como una forma de llegar a los clientes de sus países de origen.

Investigate Europe identificó 27 equipos de las cinco principales Ligas europeas que tienen acuerdos con marcas orientadas a Asia, en los que participan 22 empresas de juego diferentes. En Italia, ocho equipos tienen acuerdos, todos ellos visibles cuando se accede a los sitios web de los clubes a través de una VPN –una conexión privada para conectarse de forma segura y anónima– localizada en Asia.

Una investigación previa de la plataforma online Josimar reveló cómo están conectadas varias de estas marcas y rastreó muchas de ellas hasta una entidad en China: Yabo. En 2021, una investigación policial de dos años descubrió una organización criminal de apuestas conectada a Yabo. La operación dio lugar a más de 3.000 detenciones, lo que llevó al cierre de Yabo. Sin embargo, según Josimar, personas vinculadas a Yabo siguieron lanzando al mercado otras muchas marcas, entre ellas Kaiyun.

Hoy en día, Kaiyun o algunas de esas otras marcas están asociadas con equipos como el Real Madrid, el Real Betis, el Bayer Leverkusen alemán, el Inter italiano y el Chelsea inglés. Investigate Europe no encontró pruebas de que Kaiyun o sus filiales estén involucradas en ninguna irregularidad.

Existe una reticencia generalizada en el mundo del fútbol a prohibir a los patrocinadores de las apuestas, dadas las importantes contribuciones financieras y la falta de otras opciones.

“Aunque los clubes pueden atraer a patrocinadores alternativos para activos premium como los patrocinios de la camiseta o de las mangas, es probable que estos nuevos socios paguen, en muchos casos, menos que las empresas de apuestas”, afirma Pedro Iriondo, de Football Benchmark.

Durante un debate en Bulgaria sobre la restricción de la publicidad, la Unión Búlgara de Fútbol dejó clara su opinión. “La industria del juego financia a más de dos tercios de los clubes búlgaros”, advirtió su portavoz, quien añadió que cortar el flujo de ingresos de la industria probablemente llevaría a la mayoría de los clubes a la bancarrota.

Cuando en 2021 se implementó en España la prohibición de los patrocinadores de camisetas de juego, el presidente de La Liga, Javier Tebas, pronosticó que causaría “90 millones de euros de daño”. El presidente de la Serie A italiana mantuvo una opinión similar cuando se introdujeron restricciones en Italia en 2018.

El 5 de marzo de 2025, el Parlamento italiano aprobó una resolución destinada a derogar la prohibición, citando, entre otras razones, el impacto económico negativo de la pandemia de Covid-19.

“Si se reintroduce, la publicidad de los juegos de azar generará alrededor de 100 millones de euros al año para los clubes de la Serie A, pero supondrá miles de millones en costes sanitarios para la sociedad, teniendo en cuenta el gasto público necesario para tratar la adicción al juego”, criticó Gabriele Melluso, director del grupo de derechos del consumidor Assoutenti.

En Alemania, existen algunas limitaciones, pero los anuncios siguen siendo muy visibles. En una reunión pública de la comisión de deportes del Bundestag se rechazó una propuesta para prohibir el patrocinio del juego, debido en gran medida a la financiación que los acuerdos proporcionan a las organizaciones deportivas.

El club de la Bundesliga St. Pauli, que se asoció anteriormente con Bwin, se convirtió en 2023 en el primer club profesional de Alemania en rechazar los patrocinios de juegos de azar.

“El FC St Pauli renuncia así a unos ingresos de varios cientos de miles de euros al año, una cantidad significativa para nuestro presupuesto. El trasfondo de la decisión es que vemos las apuestas en directo en los teléfonos inteligentes de forma muy crítica en términos de riesgo de adicción, pero también se trata de la integridad de la competición”, explicó un portavoz.

En la Bundesliga, 15 de los 18 clubes tienen acuerdos de apuestas, pero solo en el caso del VfB Stuttgart es el patrocinador principal de la camiseta. El club se negó a dar detalles del acuerdo, diciendo únicamente que tiene “asociaciones vitales con patrocinadores en diferentes sectores”.

De todos los equipos contactados para esta investigación, el VfB Stuttgart y el St Pauli fueron dos de los 12 que respondieron. La Real Sociedad fue otro. Los socios del club vasco votaron en 2018 para rechazar los patrocinios de apuestas.

Aunque alrededor del 20 % de la población del Reino Unido se ve directa o indirectamente perjudicada por el juego, el principal grupo de presión de la industria británica de las apuestas afirma que no hay pruebas que demuestren la existencia de un vínculo entre la publicidad deportiva y el juego problemático.

Una opinión que no comparte Charles Livingstone, miembro del Grupo de Expertos en Juego y Trastornos del Juego de la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien asegura que las investigaciones demuestran claramente que cuanto más expuesto se está a los anuncios de juego, más probabilidades hay de jugar.

La industria gasta millones en promociones “porque les ayuda a reclutar nuevos jugadores. Y la razón es que los mejores clientes son los que se arruinan. Así que constantemente tienen que reclutar nuevos jugadores para reemplazar a los que se han quedado sin dinero, sin bienes y sin relaciones”, denuncia Livingstone, quien destaca que el 80% de los ingresos de la industria proviene de personas con problemas de juego.

“Las empresas de apuestas se aprovecharon de mi pasión por el fútbol para engancharme y cambiar por completo mi vida”, confiesa a los periodistas Thomas Melchior, un antiguo empleado de un banco alemán que empezó a jugar después de ver un anuncio de apuestas durante un partido de la Liga de Campeones.

Después de 13 años de apuestas, Melchior había acumulado una deuda de 800.000 euros y en 2019 fue condenado a prisión tras ser declarado culpable de varios fraudes y otros delitos, que según él eran un medio para poder mantener su adicción al juego.

Al principio, cuando ganaba, su cuenta fue marcada por una posible adicción al juego y sus límites de apuestas fueron restringidos. Pero cuando empezó a perder sumas de cinco cifras cada mes, nadie lo prohibió. En su lugar, se le asignó un asesor VIP personal y recibió recompensas mensuales.

“Gané un viaje a Londres para el partido de la Premier League entre el Chelsea y el Liverpool, con vuelos y entradas VIP. Fue un premio por mi fidelidad como cliente. O más bien, por mi adicción al juego, por la que recibía recompensas regularmente”, recuerda Melchior, que salió de prisión en 2022 y desde entonces ha apoyado a Unsere Kurve, un grupo de aficionados alemanes que trabaja para acabar con la publicidad de juegos de azar en el fútbol.

El sector ha puesto en marcha varias iniciativas de “juego responsable”, se supone que para tratar de abordar las preocupaciones, pero sobre todo con el objetivo evidente de mantener su visibilidad en el corazón del fútbol europeo. Y aunque en algunos países se están imponiendo restricciones, las empresas de juego siguen sacando provecho de los clubes y Ligas del continente.

No obstante, entre los aficionados está creciendo una oleada de opiniones críticas.

En palabras de Armin Popp, miembro de la directiva del grupo de aficionados Unsere Kurve: “No queremos ni podemos prohibir las apuestas en sí, al igual que no podemos prohibir el consumo legal de tabaco o alcohol. Sin embargo, nuestras sociedades han decidido con éxito prohibir la publicidad del tabaco y el alcohol fuerte. ¿Por qué las apuestas deportivas deberían ser diferentes?”.

–––––––––––

Este artículo forma parte de ‘Shady Bets’: Apuestas bajo sospecha, un proyecto dirigido por Investigate Europe. Además de infoLibre en España, han publicado historias de la serie medios como Amphora (Malta), ARD (Alemania), Dagens Nyheter (Suecia), Delfi (Estonia), Die Zeit (Alemania), EU Observer (Bélgica), Il Fatto Quotidiano (Italia), The Guardian (Reino Unido), Irpi Media (Italia), The Observer (Reino Unido), Partizan (Hungría), Reporteros Unidos (Grecia) y RTP (Portugal).

Mariano Choliz, catedrático de Psicología de la Universidad de Valencia, lleva trabajando casi tres décadas en el tema de la adicción al juego. Ha desarrollado un programa de prevención en el ámbito escolar que se llama Ludens y una guía clínica de tratamiento en 15 sesiones. Actualmente, está centrado en analizar “cómo los poderes públicos pueden hacer algo para regular el juego de manera que sea menos perjudicial para la sociedad”.

En esta entrevista, concedida en el marco de la serie de Investigate Europe sobre el sector del juego en Europa, defiende que “cuando hay un riesgo para la salud, habrá que ponderar hasta dónde llega la libertad de empresa”.

¿Cuáles son las principales características del mecanismo de adicción al juego?

Lo primero que hay que decir es que no todos los juegos son iguales. Todos los juegos tienen riesgo de adicción, eso sí, pero la magnitud es muy diferente. No tiene nada que ver la lotería, por ejemplo, con las máquinas tragamonedas.

Hay una serie de características que hacen que el juego sea más peligroso. Una de ellas es que te den la recompensa de manera inmediata. Y, sobre todo, que haya posibilidad de lo que en el sector se llama rejuego: volver a apostar lo que acabas de ganar o perder en una secuencia continua de juego. Esto es lo que hace que genere mayor necesidad de volver a jugar y, por lo tanto, mayor peligrosidad en lo que se refiere a la adicción.

En este sentido, el juego online tiene una serie de características que favorecen tanto la inmediatez de la recompensa como el rejuego.

¿Cuál es la dimensión del problema?

El principal problema es un pequeño porcentaje de la población que juega online. En España, aproximadamente 1.600.000 personas. De esa cifra, el 80% de todo el gasto lo soportan el 10% de los que juegan. Y gastan mucho dinero. Ese 10% equivale a 160.000 personas, que es una magnitud importante en términos de salud pública.

El juego online, que es el juego más adictivo junto a las máquinas tragamonedas, mueve una cantidad de dinero en España que ya ha superado a todo el juego tradicional.

¿Qué tipo de estrategias de las empresas contribuyen a la adicción?

Las empresas buscan hacer que el juego sea más atractivo para que la gente apueste. Ahí estamos hablando de la publicidad y el marketing y entramos en el debate de la libertad personal y de la libertad de empresa.

Las empresas utilizan técnicas de marketing como dar bonos para jugar. En psicología del aprendizaje eso se conoce como presentar el refuerzo antes de la conducta.

Te dan bonos, con eso te atreves a jugar porque en principio no gastas dinero, pero ya te has metido en esa vorágine. En la última reforma legal en España sobre publicidad, se prohibieron los bonos de bienvenida, que se dan a alguien que nunca antes ha jugado. El resto de bonos no se prohibían. Bueno, pues ni siquiera eso fue aceptado por el Tribunal Supremo, y ahora se aceptan los bonos de bienvenida, entendiendo que es una actividad comercial y las empresas tienen la libertad de ofrecer su producto.

Cuando hay un riesgo para la salud habrá que ponderar hasta dónde llega la libertad de empresa.

No habría que permitir ese tipo de estrategias publicitarias. El problema de la publicidad no solo es que afecta más a quienes tienen adicción, sino que la gente que nunca jugaría, con las técnicas de publicidad tiene el riesgo de caer en esta actividad.

A otros niveles, la publicidad también sirve para dar socialmente una percepción del juego como una actividad económica más, una actividad lúdica, y eso afecta también a quienes tienen la potestad de regularlo.

¿Tan difícil es explicar que el juego no es sólo una actividad económica?

Puede haber una oferta de juego, que las personas tengan la posibilidad de apostar, pero no todos los juegos deberían estar permitidos. Igual que hay productos farmacológicos o de alimentación que están prohibidos por sus características tóxicas, hay juegos que son tóxicos y deberían prohibirse. Y otro tipo de juegos deberían regularse para no generar esa compulsión.

Para no saltarse la libertad personal de las personas que quieran jugar y proteger al mismo tiempo al propio jugador, lo ideal sería que existiera una tarjeta de juego que identifique a cada persona y que tenga en cuenta lo que está perdiendo, de manera que cuando llegue a un tope se le bloquee temporalmente. La adicción provoca que la persona sea incapaz de dejar de jugar por sí mismo. Bueno, pues vamos a ayudarle de esa manera.

Y después, el juego como actividad económica debería regularse de manera distinta al resto de actividades económicas, entendiendo que es una actividad tóxica para algunos. Y es así porque, tal y como está diseñado, genera este tipo de perjuicio.

En una empresa de juego, los ingresos proceden directamente de lo que la gente pierde cuando apuesta. Cuanto más ingresos tiene una empresa, más perjuicio está provocando. Y, claro, cuanto más ingresos tiene, más rentable es. En una sociedad de mercado en la que hay competición entre las empresas para ver cuál es más rentable, pues estamos en una vorágine muy peligrosa de provocar enfermedad en la sociedad.

¿La UE debería regular la publicidad del juego del mismo modo que la del tabaco?

Sí, por supuesto. La publicidad es la manera de presentar el juego a la sociedad, y siendo una actividad que genera esta peligrosidad, debería estar muy limitada. Hay juegos que no se deberían publicitar de ninguna manera y otros, que tengan menos riesgo, publicitarlos de una manera que no incite. Tendría que haber una regulación más estricta.

La realidad va en sentido contrario. A través de la publicidad en clubes de fútbol, las empresas de apuestas están llegando cada vez más al universo de los menores, quizá pensando en que son el filón del negocio del futuro, ¿no cree?

Claro, claro. Cuando el juego online en España todavía no era legal, y había interés en promocionarlo, a los jóvenes se les entendía como un nicho de mercado. El sector pensaba que esas personas de 20, 25, 28 años no acudían a los juegos tradicionales, a los casinos o las máquinas tragamonedas de los bares, y sin embargo Internet era un espacio mucho más atractivo para ellos. Y así fue. En el juego online hay un porcentaje mucho mayor de personas menores de 35 años que mayores de esa edad.

¿Qué regulación sería la más eficaz?

Lo que sería más eficaz es que la persona, cuando fuera a jugar, tuviera que identificarse con una tarjeta, personal e intransferible, que registrara cuántas veces ha jugado, cuántas veces has ganado o perdido. Eso es fácil. Todos los juegos electrónicos tienen ese registro.

Y que haya una limitación. Las limitaciones que existen ahora, por ejemplo autoprohibirte en un juego, no funcionan. Puedes ir a otro tipo de juegos y hay gente con un problema de adicción que no se va a poner esa limitación.

Estamos hablando de personas para quienes la adicción al juego es una enfermedad mental, que son incapaces de dejar de jugar. Tienes la posibilidad de ponerte un límite, pero no te lo pones, porque eres incapaz de ello. Ese límite hay que ponerlo de manera externa.

¿Qué juegos deberían estar prohibidos?

El principio fundamental es que no todos los juegos tienen el mismo riesgo. A la lotería puede jugar en España el 70% de la población, pero hay muy poca gente cuyo problema principal de adicción sea la lotería. En cambio, a las máquinas tragamonedas puede jugar el 3% de la población, y son la principal causa de adicción.

No veo ningún problema con las loterías, siempre y cuando no haya más de dos o tres sorteos a la semana y la compra no se pueda realizar hasta el último minuto, o con las quinielas. Pero sí que existe un problema cuando el juego es inmediato y cuando hay un rejuego.

Las slots online deberían prohibirse. No hay ninguna necesidad de que existan. Y se debería reducir la disponibilidad de otro tipo de juegos.

La adicción impacta en diferentes ámbitos de la vida del jugador.

En los casos más extremos, la persona que juega se arruina primero ella y después arruina a la familia y a los amigos.

Hay nueve criterios diagnósticos para definir qué es un jugador patológico: necesidad de jugar cantidades mayores de dinero, síndrome de abstinencia, malestar cuando no puedes jugar, dificultad en parar, afecciones familiares y laborales… Uno de esos criterios es buscar ayuda financiera, es decir, pedir dinero para seguir jugando. El problema afecta primero a la persona, pero se extiende a su entorno. Y si tiene una familia, pues imagínate.

Después está el problema de la salud mental. Hay 264 trastornos y el juego patológico es el tercero en índice de suicidios. Solo por detrás del trastorno bipolar, lo que antes se llamaba psicosis maníaco-depresiva, y de la depresión mayor. El tercero es el juego patológico. La sociedad algo tiene que decir en este sentido, porque alguien que tenga esquizofrenia, pues no se puede prevenir, pero el juego sí.

Las empresas de juego más grandes del mundo están utilizando una ley de Malta poco conocida que anula las resoluciones judiciales de otros países de la Unión Europea para protegerse de tener que pagar millones de euros en potenciales demandas legales.

En virtud de una norma conocida como Ley 55, los tribunales malteses pueden “rechazar el reconocimiento y/o la ejecución” de cualquier sentencia extranjera que afecte a empresas registradas en la isla, lo que incluye a las decenas de empresas de apuestas que tienen su sede allí gracias a un clima ya favorable al sector del juego.

La ley protege de hecho a los dueños de marcas como Pokerstars, Betsson y Unibet de las sentencias dictadas fuera de Malta, que son cada vez más numerosas. Juristas de diversos países europeos consideran que la Ley 55 viola la legislación comunitaria e impide que se paguen miles de reclamaciones exitosas dictadas en los tribunales de los otros Estados de la UE.

Las reclamaciones transfronterizas por juego están aumentando en la UE, y las empresas con sede en Malta son objeto de muchas demandas. “La cantidad de pérdidas por juego que se reclaman en toda Europa probablemente alcanzará, tarde o temprano, los mil millones de euros”, afirma el abogado alemán Benedikt Quarch, cuyo bufete está trabajando en miles de casos.

Dada la importancia de lo que está en juego, la presión sobre la Comisión Europea para que impugne la normativa maltesa, en vigor desde 2023, es cada vez mayor. Mientras tanto, el Tribunal Supremo de Austria ha instado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a dictaminar si la normativa maltesa infringe la legislación de la UE.

Este trabajo del consorcio Investigate Europe sobre el agujero legal abierto por Malta para burlar los derechos de miles de ciudadanos europeos forma parte de una investigación más amplia sobre el sector del juego en Europa, que infoLibre publica en exclusiva en España [puedes consultar aquí las informaciones ya publicadas]. Medios de once países europeos difundirán la investigación.

Las autoridades de Alemania, Austria, Países Bajos y Suecia están lidiando con un aluvión de demandas de los consumidores sobre el juego ilegal, principalmente en torno a sitios web operados por empresas con sede en Malta que, según han evaluado los tribunales nacionales, no tienen licencia para operar en sus países.

Se estima que solo en Alemania y Austria hay 50.000 reclamaciones en curso, según han declarado varios abogados a los periodistas. El bufete de abogados G&L Legal de Viena tramita él solo más de 15.000 casos, muchos de ellos relacionados con grandes multinacionales del sector con sede en Malta.

Karim Weber está encabezando el trabajo del bufete en la zona. El Tribunal Supremo de Austria ha fallado hasta la fecha a favor de sus clientes en cientos de casos que involucran a empresas basadas en Malta. Pero los tribunales de Malta aún no han reconocido ninguna de las más de 200 sentencias que el abogado les ha pedido que hagan cumplir, dejando a sus clientes sin las indemnizaciones económicas correspondientes.

Weber tiene planteadas reclamaciones de jugadores que suman 18 millones de euros contra Flutter, el principal grupo del sector del juego en el mundo. En uno de los pleitos, el Tribunal Supremo de Austria dictaminó en agosto de 2021 que se debía reembolsar al cliente de Weber todas las pérdidas que había acumulado en el sitio de Pokerstars, ya que su propietario, TSG Interactive Gaming Europe, una filial de Flutter en Malta, no tenía una licencia nacional para operar en el país.

El alto tribunal dictaminó que todas las transacciones entre los jugadores y la empresa eran inválidas, ya que la ley austriaca consideraba que Pokerstars actuaba ilegalmente. “Si el contrato es ilegal, es nulo y sin efecto. Es lo mismo que si me vendieras dos kilos de cocaína. El contrato sería nulo y sin efecto según el derecho civil”, explica Weber. Flutter ha impugnado tales veredictos y niega cualquier irregularidad.

Sin embargo, cuando se pidió al tribunal civil de Malta que hiciera cumplir la sentencia, el juez Toni Abela, quien pasó gran parte de su carrera en política y fue uno de los principales líderes del Partido Laborista de Malta, denegó la solicitud en julio de 2023. La decisión se produjo semanas después de que la Ley 55 fuera aprobada en el Parlamento. El Gobierno maltés describió la normativa como parte de una política a largo plazo para “fomentar el establecimiento de operadores de juego” en el país.

“Fue un mazazo. Esa ley fue tramitada por el Parlamento maltés en tres semanas con el consentimiento de la oposición”, recuerda Weber.

Weber y Quarch han presionado a la Comisión Europea para que intervenga. Pero a pesar de haber escrito una queja en 2023, la Comisión solo ha respondido hasta ahora diciendo que está “evaluando” la información.

La misma respuesta recibió en abril de 2024 la eurodiputada alemana Sabine Verheyen, una de las pocas críticas con el sector del juego en Bruselas. “Le reprocho a la Comisión no actuar adecuadamente. Creo que es importante que la Comisión haga realmente justicia a su papel de guardiana de los Tratados”, declara Verheyen. Investigate Europe obtuvo una respuesta igualmente vaga e inconcreta por parte de la Comisión Europea.

La aparente inacción refleja una inercia general en torno al juego en Bruselas. No existe normativa comunitaria que regule el sector, en 2017 la Comisión decidió cerrar una Unidad de Juego específica que había creado, mientras que una carta enviada en 2021 por 13 reguladores europeos en la que se pedían políticas comunes fue desestimada discretamente.

Sin embargo, el Tribunal Supremo de Austria espera que el TJUE tome medidas contra la Ley 55. En octubre de 2024, los jueces elevaron el caso al máximo tribunal de la UE, al entender que el hecho de que Malta no reconozca sus sentencias infringía la legislación comunitaria.

Miguel Poiares Maduro, ex abogado general del TJUE, está de acuerdo y afirma que la Comisión debería emprender acciones legales contra Malta por no respetar la legislación de la UE, con el llamado procedimiento de infracción. Poiares Maduro destaca que “la legislación de la UE establece el principio de reconocimiento mutuo entre los Estados miembros de las decisiones judiciales”, En consecuencia, añade, “no corresponde a los malteses definir cuándo sus tribunales dejan de aplicar una decisión de otro Estado miembro”.

Según la legislación europea, cualquier ciudadano puede demandar a una empresa que vende servicios ilegales ante los tribunales del país donde “ocurrió el hecho perjudicial”. Los juegos de azar online, proporcionados por empresas que no tienen licencia, son un “hecho perjudicial”.

A Quarch le resulta difícil explicar a los clientes que, a pesar de ganar sus casos, es poco probable que recuperen su dinero: “Definitivamente hay miles de personas afectadas por la Ley 55 porque la mayoría de las empresas domiciliadas en Malta no pagan”. Estima que hay alrededor de 20.000 reclamaciones activas relacionadas con el juego ilegal en Alemania, mientras que las cifras van en aumento en los Países Bajos y Suecia.

Por su propia naturaleza, es difícil calcular la dimensión del juego ilegal. Yield Sec, dedicada al análisis de mercado, estima que el 70% de las apuestas online en la UE se realizan en portales que carecen de licencia, a través de 6.000 proveedores. H2 Gambling Capital, otra consultora, reduce la cuota del mercado negro a aproximadamente el 20 %.

Las posibles implicaciones financieras de la Ley 55 no pasan desapercibidas para la industria del juego de Malta, que representa alrededor del 12% de la producción económica del país.

“Si una proporción importante de las reclamaciones de los jugadores se ejecutara con éxito en Malta o en cualquier otra jurisdicción, podría tener un efecto adverso importante en nuestro negocio”, admitió en su último informe anual Flutter, cuyas marcas incluyen Sky Betting y Paddy Power.

Betsson también describe su “vulnerabilidad ante las reclamaciones de los clientes“, mientras que Kindred, que explota la marca Unibet, declara que la Ley 55 es “particularmente importante teniendo en cuenta el creciente número de litigios de clientes y los consiguientes esfuerzos de aplicación por parte de Alemania, Austria y los Países Bajos”.

El Gobierno de Malta y el regulador del juego de dicho país se negaron a responder a las preguntas de los periodistas.

Las empresas del juego argumentan que, como ya están registradas en un Estado miembro (Malta), tienen derecho a operar en todos los Estados de la UE. En respuesta a Investigate Europe, un portavoz de Flutter indicó que Pokerstars opera legalmente desde Malta y de acuerdo con “la libertad de servicios que fija la legislación comunitaria para todos los Estados miembros”. Dicho portavoz añadió que “las decisiones judiciales que se están tomando en virtud de la legislación austriaca son incompatibles con estos principios jurídicos establecidos de la UE, lo que ha sido confirmado por el tribunal maltés en su sentencia de 27 de febrero de 2025. Por ello, Pokerstars seguirá defendiendo enérgicamente esa posición en Austria y cuando se lleven ante los tribunales malteses”.

Algunas leyes estatales dicen lo contrario: una empresa debe tener licencia en el país y pagar impuestos para poder operar.

Esto explica en parte las interpretaciones opuestas sobre la Ley 55, algo que se ve amplificado por la falta de regulación común dentro de la UE. Stuart Kenny, fundador y ex director ejecutivo de Paddy Power, lamenta no haber presionado en su día para que se estableciera un control más estricto. Pero las empresas del sector están bastante contentas con el statu quo, admite.

“El sector no quiere que Europa lo regule, porque Europa sería mucho más estricta que los gobiernos nacionales. Los gobiernos nacionales son tan adictos a los ingresos fiscales como los jugadores adictos lo son a las máquinas tragaperras online”, argumenta Kenny desde su casa en Dublín. “Es completamente absurdo que la UE se haya involucrado en tantos otros asuntos de salud, y con razón, pero el juego tiene una especie de cláusula de exclusión”, concluye.

La ausencia de leyes transfronterizas ha creado un mosaico de políticas nacionales diferentes en todo el bloque comunitario.

Finlandia tiene un monopolio estatal y prohíbe a los proveedores extranjeros dirigirse a sus ciudadanos. En Grecia, la liberalización del mercado dio lugar a un monopolio privado. Alemania, España, Francia, Italia y Portugal obligan a contar con licencia para operar en sus países. Y sancionar a quien no cuenta con autorización.

Pero no siempre es fácil. Como desveló Investigate Europe, entre 2021 y 2024, las autoridades españolas multaron a 75 empresas con sede en el extranjero por actividades de juego ilegal. La mayoría tenían su sede en Curazao, un paraíso fiscal en el Caribe usado masivamente por las empresas dada su laxa regulación del sector. Las multas impuestas a las empresas ascendieron a 350 millones de euros, pero la Hacienda española no logró recaudar ni un solo euro [puedes leer aquí una información sobre este tema].

Dentro de la UE, Estados como Malta, Chipre y Estonia intentan activamente atraer a las empresas de juego a través de una legislación favorable y bajos impuestos.

“Si nos fijamos en los operadores de casinos que trabajan en jurisdicciones extraterritoriales (off-shore), el primer lugar es Malta”, sostiene Quarch, quien considera obvia la conclusión que se debe extraer: “El mercado ilegal de juegos de azar online es un ejemplo muy interesante y desafortunado de cómo no funciona la aplicación de la ley en Europa”.

­­­­­­––––––––––––––

Con información adicional de Eurydice Bersi, Manuel Rico, Maria Maggiore y Marta Portocarrero.

Edición: Chris Matthews.

Es imposible encontrar una impunidad mayor que la de los empresarios que operan páginas ilegales de juego online. En los últimos cuatro años, el órgano regulador del juego en España impuso sanciones a 75 empresas con sede en el extranjero por explotar portales de juego dirigidos al mercado español sin contar con la preceptiva licencia. En total, las multas a dichas compañías ascendieron a 350 millones de euros. La cifra que recaudó la Hacienda española es fácil de recordar: 0 euros.

Las sociedades sancionadas tienen su sede en paraísos fiscales, sobre todo en Curazao, una isla neerlandesa del Caribe utilizada de forma masiva por empresas del sector por su laxitud regulatoria. Cuando abre un expediente sancionador, la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) ni siquiera logra practicar las notificaciones postales. Por supuesto, ninguna de las compañías alega nada en su favor, ni se molesta en recurrir por vía administrativa o judicial las multas. Simplemente, no paga.

El impago total de las sanciones económicas impuestas y la inexistencia de recursos judiciales constan en una respuesta facilitada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, del que depende la DGOJ, a una solicitud de información planteada a través del Portal de Transparencia por un periodista del consorcio europeo Investigate Europe.

Este reportaje sobre la impunidad de las empresas de juego ilegal forma parte de una investigación más amplia sobre el sector en Europa, que infoLibre publica en exclusiva en España [puedes consultar aquí las informaciones publicadas]. Medios de once países europeos difundirán informaciones de este proyecto periodístico.

La legislación española establece que para realizar actividades de juego es necesario contar con una licencia. La organización, celebración o explotación de actividades de juego careciendo del título habilitante se considera una infracción muy grave (art. 39.a de la Ley de regulación del juego), que está sancionada con una multa que puede ir de un millón a cincuenta millones de euros.

La sanción más habitual desde 2021 ha sido de cinco millones de euros, que fue la impuesta a 67 de las 75 empresas.

Además de la sanción económica, puede ordenarse la clausura de los portales de juego ilegal y una inhabilitación para operar de forma legal durante un máximo de cuatro años.

Para sancionar a una compañía, la DGOJ tiene que recabar pruebas de que la página web permite el registro de jugadores identificados como residentes en España y conectados mediante una dirección asignada a la red de internet española. Además, sus inspectores hacen una prueba de juego, que suele consistir en depositar 10 euros mediante una tarjeta de crédito y participar en los juegos ofrecidos. El expediente sancionador va rápido, porque no hay ningún tipo de actividad por parte de la empresa, así que en un plazo de alrededor de cinco meses está resuelto.

La DGOJ podría enviar la multa directamente a la papelera, porque no se cobra. Algo más efectiva es la orden de bloquear las páginas dedicadas al juego ilegal, que se ejecuta a través de las compañías de telecomunicaciones. Pero hay dos agujeros para saltarse esta sanción no económica. Los jugadores radicados en España pueden evitar el bloqueo utilizando una VPN –una conexión privada para conectarse de forma segura y anónima–, aunque la red usada para transmitir los datos sea española. Las empresas dedicadas al juego ilegal, por su parte, pueden cambiar el portal de juego a un nuevo dominio no bloqueado por las autoridades.

La DGOJ localizó 156 páginas web que se dedicaban a actividades de juego ilegal y estaban explotadas por las 75 sociedades extranjeras que fueron sancionadas entre 2021 y 2024.

De esos 156 portales, 25 pertenecían a una sociedad de Curazao denominada Rabidi NV. Es decir, el 15% del total. Tal y como desvelaron Investigate Europe e infoLibre, Rabidi NV forma parte del imperio de juego creado en torno a Soft2bet, cuyo dueño es Uri Poliavich, un empresario israelí que vive en Chipre. El grupo emplea a más de mil personas y ha ganado múltiples galardones del sector. El ministro de Economía de Malta inauguró sus nuevas oficinas el año pasado.

Las 25 páginas de Rabidi NV no son una excepción, sino que forman parte de una galaxia más amplia de páginas ilegales. Los periodistas localizaron en total 114 portales vinculados a Soft2bet que estaban en alguna lista negra de países europeos por operar sin licencia, entre ellos Bélgica, España, Francia, Grecia, Hungría, Italia y Polonia. Es probable que la cifra real sea mayor porque grandes mercados como Alemania y Reino Unido no publican listas de compañías que operan sin contar con la preceptiva autorización.

Uno de los mayores proyectos desarrollados por Soft2bet es Boomerang, que las autoridades de al menos seis países, entre ellos España, Francia, Grecia e Italia, incluyeron entre los portales que operaban sin licencia. A pesar de ello, Boomerang logró llegar a un acuerdo con el equipo de fútbol italiano AC Milan en julio de 2024 como su “socio regional oficial” de apuestas en Europa.

Las URL de Boomerang registraron 17 millones de visitas en los últimos tres meses de 2024: tres millones procedían de España, un millón de Grecia y casi medio millón de Italia, a pesar de estar en la lista negra de esos países. Más de siete millones procedían de Alemania, donde Boomerang tampoco tiene las licencias necesarias.

En una respuesta escrita enviada por Soft2bet a los periodistas, que le plantearon 25 preguntas concretas sobre su actividad, la compañía negó la comisión de irregularidades: “Negamos categóricamente las acusaciones infundadas y las insinuaciones engañosas presentadas en su correo electrónico. Cualquier sugerencia de que Soft2bet participa en actividades impropias es totalmente falsa, difamatoria y sin fundamento. Rechazamos el intento de dañar nuestra reputación a través de acusaciones infundadas o informaciones irresponsables”.

La sanción impuesta por el Ministerio de Consumo a Rabidi NV consistió en una multa de cinco millones de euros, además de “la adopción de las medidas definitivas para la interrupción de la actividad de juego ilegal en España”, lo que se traduce en el bloqueo de los portales de juego ilegal. La resolución fue adoptada el 2 de octubre de 2023.

Periodistas de Investigate Europe hicieron una prueba la semana pasada y pudieron acceder a las 25 páginas que habían sido bloqueadas por el Gobierno, sin necesidad de utilizar una VPN. Es un ejemplo de cómo los operadores de juego ilegal se saltan el bloqueo de sus páginas. La DGOJ indicó que “hasta ahora se han bloqueado 1.616 URLs asociadas a los 25 portales” operados en su día por Rabidi NV. Es una media de 65 URLs por cada portal, lo que da una idea de la intensa actividad desplegada por sus gestores para saltarse la sanción.

Rabidi NV fue declarada en quiebra en Curazao, después de que jugadores plantearan demandas contra ella ante tribunales europeos. Al mismo tiempo, los activos que tenía la compañía fueron trasladados a otras sociedades, de forma que las sentencias favorables obtenidas finalmente por algunos jugadores permanecen impagadas. Los 25 portales de Rabidi parecen estar controlados ahora desde una compañía localizada en Anjouan, denominada Novofarge y también vinculada con Soft2bet. Anjouan es una isla del Océano Índico que se ha convertido en otro paraíso fiscal para los casinos virtuales.

Pero hay más. Soft2bet, el grupo al que está vinculado Rabidi NV, recientemente se ha hecho con una licencia para poder operar de forma legal en España. Así lo anunciaron diversos medios del sector en enero de este año.

La DGOJ explicó a preguntas de los periodistas que no se ha concedido una licencia nueva a Soft2bet, ni a ningún otro operador desde el año 2018. No obstante, añadió que “la normativa en materia de juego no establece, en principio, ningún límite a la transmisión de las acciones de las sociedades” que tengan una licencia. La única obligación que existe es comunicar el cambio de propiedad al regulador.

El regulador no puede intervenir en la compraventa de la empresa, “pero sí puede comprobar a través de un proceso de inspección que las condiciones que dieron lugar al otorgamiento de la licencia se mantienen vigentes”, indicó la DGOJ. Si no fuera así, ello podría implicar la pérdida de la licencia.

Soft2bet ha comprado efectivamente otra empresa para entrar en el mercado español. En 2024 adquirió una compañía con sede en Bulgaria que cuenta con una licencia para actividades de juego en España, ahora denominada Espanix EAD. De momento, no ha lanzado ninguna marca nueva bajo esta licencia.

Lo ocurrido con Sotf2bet en España es un ejemplo de cómo a veces los mismos empresarios hacen negocio desde los dos lados de la ley. Por un lado, gestionan sociedades con licencias para operar en diversos países europeos; por otro, explotan portales dedicados al juego ilegal. Y todo ello ocurre ante los ojos de unos reguladores estatales del juego que no logran conectar ambos mundos.

 A pesar del fracaso total en el cobro de las multas impuestas, desde el Ministerio de Derechos Sociales no creen que sean necesarios cambios normativos. Un portavoz destacó que “el legislador español, consciente de las dificultades que implicaría la lucha contra la naturaleza transfronteriza propia de los servicios ilegales ofrecidos en entornos digitales, articuló un procedimiento administrativo sumamente ágil de bloqueo de páginas web”. Ese procedimiento no requiere la intervención de órganos jurisdiccionales cuando el sujeto infractor es conocido. El Ministerio considera que ese sistema “mantiene los niveles de juego ilegal online en el entorno del 4%. Por lo tanto, cabe concluir que las medidas que se han venido adoptando hasta la fecha son razonablemente efectivas”.

Consultoras privadas especializadas en el sector del juego calculan que el mercado legal en España se sitúa entre el 10% (según H2) y el 27% (según Yield Sec).

En el Ministerio culpan de la incapacidad recaudatoria “a la propia estructura del juego ilegal: transfronterizo, online, sin personas físicas conocidas o entramados empresariales a los que poder reclamar esos bienes, lo que dificulta que las sanciones tengan mayor efecto desde el punto de vista recaudatorio”. Además, añaden, “las empresas que ofrecen este tipo de actividades tienen su domicilio social en jurisdicciones terceras no colaborativas”.

Esas circunstancias son ciertas, pero dejan sin respuesta una pregunta clave a la vista de los datos: ¿para qué sirve imponer unas sanciones que nadie cumple?

En el momento álgido de su adicción, Felix calcula que se jugó 400.000 euros en tres años. “Pasaba cada minuto libre en mi teléfono móvil”, recuerda este hombre alemán, de poco más de cincuenta años. “Jugaba de camino al parque con mi hija pequeña en brazos. Así de enfermo estaba”.

Su divorcio y sus sentimientos de soledad alimentaron el hábito. Después de despilfarrar las ganancias de la venta de su casa, pidió nueve préstamos y canceló sus planes de pensiones.

Un casino online en particular se aprovechó de su enfermedad, afirma. En solo seis meses, Felix (no es su nombre real) perdió 245.000 euros en Wazamba, un sitio web que le otorgó el “estatus VIP”, un programa de fidelización en el que los que más gastan tienen un gestor personal.

“Podía jugar y luego llamarlos para que me devolvieran algo de dinero y seguir jugando, siempre te dan crédito enseguida. Los que dirigen estos casinos me han robado la vida”, denuncia.

Wazamba forma parte de una red de casinos online conectada con Soft2bet, un galardonado grupo de apuestas con sede entre Malta y Chipre, según demuestra una investigación realizada por el consorcio de periodistas europeo Investigate Europe. Una parte significativa de esos portales de juego han sido declarados ilegales por las autoridades de diferentes países de la UE.

En España, la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) ordenó en 2023 el cierre de 25 portales vinculados a dicho grupo por dedicarse a actividades de juego ilegal, al carecer de la licencia que exige la ley. Las 25 páginas estaban controladas por la empresa Rabidi NV, con sede en Curazao, un paraíso fiscal del Caribe utilizado de forma masiva por empresas del sector por su laxitud en la regulación del juego. Entre esos 25 portales estaba Wazamba.

De 2021 a 2024, la DGOJ ordenó el cierre de 156 portales de juego, lo que significa que el 15% del total estaban vinculadas al grupo Soft2bet. La sanción contra Rabidi NV es la que afectó a un mayor número de páginas en los últimos cuatro años.

Este trabajo periodístico sobre Soft2bet forma parte de una investigación más amplia sobre el sector del juego en Europa, que infoLibre publica en exclusiva en España [puedes consultar aquí las informaciones publicadas]. Medios de once países europeos difundirán la investigación.

En respuesta a preguntas de los periodistas, un portavoz del grupo Soft2bet negó cualquier irregularidad: “Nuestras operaciones se llevan a cabo en pleno cumplimiento de todas las leyes, reglamentos y requisitos de licencia aplicables en cada jurisdicción en la que estamos autorizados a operar”.

Soft2bet en sí misma no es una plataforma de apuestas. Una visita a su bien cuidado sitio web muestra un negocio que ofrece soluciones tecnológicas a la multimillonaria industria europea del juego y que opera una modesta cartera de cinco marcas.

Pero la huella de la empresa es mucho más profunda. Investigate Europe analizó más de 140 sitios web de juego cuyo rastro termina en Soft2bet. La mayoría han sido prohibidos en diferentes países europeos por operar sin licencia. En concreto, en febrero de 2025, 114 de esos portales estaban en la lista negra de algún país de la UE. Entre ellos se encuentran Bélgica, España, Francia, Grecia, Hungría, Italia y Polonia. Es probable que la cifra real sea mayor porque grandes mercados como Alemania y Reino Unido no publican listas de empresas que operan sin tener licencia.

Hasta ahora se desconocía la vinculación de Soft2bet con las plataformas prohibidas. Para desentrañar la red, Investigate Europe analizó decenas de documentos registrales y corporativos, registros de marcas y bases de datos con información sobre los propietarios de las URL de las páginas web. El rastro documental llega a Curazao, Dubái, Gibraltar y las Islas Marshall.

Casi todos los 114 sitios web incluidos en listas negras han sido vinculados por los reguladores de juego nacionales con sociedades de Chipre, Malta y Curazao. Las presentaciones de la empresa vistas por Investigate Europe revelan que el fundador de Soft2bet y sus socios son o fueron accionistas de las mismas. Más de la mitad de los casinos online también tienen tales conexiones en cuanto a su propiedad a través de sus marcas registradas. Más de 20 marcas incluso aparecieron directamente en el propio sitio web de Soft2bet.

Además, las listas negras de los reguladores parecen tener poco efecto. Investigate Europe pudo abrir cuentas en docenas de los sitios web prohibidos en todo el continente. Muchos de los portales siguen atrayendo millones de visitas mensuales, según muestra el análisis de sus datos de tráfico.

Mientras tanto, las empresas propiedad del fundador de Soft2bet y sus socios promocionan activamente algunas de las plataformas sancionadas a pesar de no tener las licencias para operar legalmente.

Uno de los mayores proyectos desarrollados por Soft2bet es Boomerang, que las autoridades de al menos seis países, entre ellos España, Francia, Grecia e Italia, incluyeron entre los portales que operaban sin licencia. A pesar de ello, Boomerang logró llegar a un acuerdo con el equipo de fútbol italiano AC Milan en julio de 2024 como su “socio regional oficial” de apuestas en Europa. Boomerang está en la lista negra de las autoridades italianas desde al menos marzo de 2025.

La magnitud de estas actividades sin licencia, controladas desde jurisdicciones extraterritoriales (offshore) y a través de un laberinto de URL en constante cambio, hace que erradicarlas sea una batalla muy complicada, según admiten varios reguladores europeos de juego.

Por suerte para Felix, pudo demandar a Wazamba en los tribunales alemanes. En aquel momento, Soft2bet gestionaba discretamente el casino a través de dos sociedades fantasma, Rabidi y Araxio Development. En 2022, Rabidi facturó 343 millones de euros. Ambas tenían su sede en el paraíso fiscal de Curazao.

Los jueces dictaminaron en 2023 que Rabidi, sin licencia en Alemania, debía a Felix todas sus pérdidas. Dos años después, él sigue esperando el dinero, al igual que otros acreedores.

Tanto Rabidi como Araxio fueron declaradas en quiebra en Curazao tras una serie de demandas similares. Sin embargo, sus activos fueron trasladados antes de las sentencias. Lo que no se conocía en ese momento era su relación con Soft2bet.

Fundada en 2016, Soft2bet pertenece a Uri Poliavich, un empresario israelí que vive en Chipre. El grupo emplea a más de mil personas y ha ganado múltiples galardones del sector. El ministro de Economía de Malta inauguró sus nuevas oficinas el año pasado.

Soft2bet obtuvo un beneficio de 66,8 millones de euros en 2023 y entregó a Poliavich un dividendo de 57,8 millones. Los documentos corporativos revelan que gastó parte de su fortuna en la compra de propiedades inmobiliarias en Chipre, Praga y Sofía, así como en coches por valor de más de 1,3 millones de euros.

Para ayudar a construir su imperio, Poliavich, nombrado “líder del año” en una cumbre del sector en 2024, ha confiado en parte en una miríada de casinos y sitios de apuestas deportivas incluidos en listas negras.

Investigate Europe y sus socios enviaron por escrito a Soft2bet y Poliavich 25 preguntas sobre sus actividades. En su respuesta, en la que no abordan ninguna de las cuestiones concretas planteadas, la empresa indicó: “Soft2bet es un proveedor líder de software de apuestas deportivas y casinos en línea, con varias licencias en todo el mundo. Como empresa con licencia y estrictamente regulada, nos tomamos nuestras obligaciones de cumplimiento y responsabilidades regulatorias con la mayor seriedad”.

La compañía también negó la comisión de irregularidades: “Negamos categóricamente las acusaciones infundadas y las insinuaciones engañosas presentadas en su correo electrónico. Cualquier sugerencia de que Soft2bet participa en actividades impropias es totalmente falsa, difamatoria y sin fundamento. Rechazamos el intento de dañar nuestra reputación a través de acusaciones infundadas o informaciones irresponsables”.

Los datos de Similarweb, un agregador de tráfico web, muestran que los portales no autorizados atraen millones de visitas cada mes en Europa, siendo Alemania el país que aporta la mayoría de los jugadores.

Algunas de las marcas vinculadas a Soft2bet, como Wazamba, han sido propiedad de la empresa y han sido gestionadas directamente por ella. Otras fueron creadas por el grupo en nombre de los clientes como “casinos llave en mano”.

Boomerang es uno de estos últimos. Quizás el mayor éxito de la red, la plataforma de apuestas deportivas y casino se convirtió el año pasado en el patrocinador oficial de apuestas del AC Milan.

Sus URL registraron 17 millones de visitas en los últimos tres meses de 2024: tres millones procedían de España, un millón de Grecia y casi 500.000 de Italia, a pesar de estar en la lista negra de esos países. Más de 7 millones procedían de Alemania, donde Boomerang tampoco tiene las licencias necesarias.

Que Boomerang reciba millones de visitas pese a estar supuestamente prohibida en España se debe a la existencia de dos agujeros que permiten saltarse el bloqueo. Los jugadores radicados en España pueden evitar el bloqueo utilizando una VPN –una conexión privada para conectarse de forma segura y anónima–, aunque la red usada para transmitir los datos sea española. Las empresas dedicadas al juego ilegal, por su parte, pueden cambiar el portal de juego a un nuevo dominio no bloqueado por las autoridades. Algo que algunos operadores hacen de forma constante.

Los propietarios de la marca son cuatro ciudadanos rusos que reconocen públicamente sus conexiones con Boomerang u otros sitios de apuestas. Los registros corporativos muestran que viven en Chipre y Berlín, donde dos de ellos también crearon una empresa inmobiliaria.

Investigate Europe intentó ponerse en contacto con ellos a través de Boomerang, pero no respondieron a la solicitud de conocer su versión. El AC Milan tampoco respondió a las preguntas enviadas.

Además de los datos de tráfico web, en los materiales de marketing del grupo se pueden encontrar pruebas de que los portales sin licencia vinculados a Soft2bet compiten por los apostadores europeos.

Tomemos como ejemplo el casino MyEmpire. Su programa de afiliados, un proyecto para promover la marca a través de influencers, incluye a Francia, Italia, Grecia, Polonia y Hungría entre sus “mercados objetivo”, a pesar de estar prohibido en esos territorios. Para llegar a jugadores de toda Europa, Soft2bet ha confiado en varios programas de afiliados, muchos de ellos gestionados a través de dos entidades de Gibraltar.

La mayoría de los gobiernos europeos exigen una autorización nacional para ofrecer juegos de apuestas en línea en sus mercados. Les ayuda a controlar, gravar y regular un sector que se ha visto empañado por la adicción y el blanqueo de dinero.

La licencia de Curazao que tenían los casinos de Soft2bet no les permitía dirigirse a un público europeo. Pero sí les proporcionaba la opacidad que tanto necesitaban.

“Curazao es la jurisdicción de juego offshore más grande y antigua del mundo”, explica Nardy Cramm, una periodista holandesa. Su investigación estima que hasta 20.000 sitios de juego en línea proceden de la isla, alrededor del 70 % de todas las URL de casinos a nivel mundial.

En 2019, Cramm fundó SBOK, una fundación que ayuda a las víctimas de proveedores ilícitos con sede en Curazao. Recibe una o dos quejas al día, algunas de ellas contra Rabidi y Araxio. “No podemos ayudar a todo el mundo porque es simplemente demasiado”, indica.

Los casinos sin licencia han experimentado un auge en los últimos años. Durante la Covid-19, los apostadores acudieron en masa a Internet y, con la mayoría de los eventos deportivos en suspenso, muchos recurrieron a las tragaperras virtuales, más adictivas, algunas de las cuales no están reguladas.

Un jugador finlandés, que pidió permanecer en el anonimato, contó a los periodistas cómo perdió 120.000 euros en sitios web de Rabidi durante la pandemia. Uno de los casinos, House of Spades, le ofreció un bono de 50 euros cuando intentó cerrar su cuenta, denuncia el jugador.

“Pienso en el suicidio nueve de cada diez días”, confiesa el jugador, que acumuló deudas por valor de 70.000 euros.

Juhani Ala-Kurikka, que hasta hace poco era asesor principal del órgano regulador del juego de Finlandia, afirma que la lucha contra las actividades ilegales es una tarea ardua: “El problema es que las sociedades de Curazao no cooperan. No recibimos respuesta a nuestras cartas y, en algunos casos, ni siquiera conocemos la dirección real de las empresas”.

La relación de Soft2bet con portales incluidos en listas negras ha permanecido en la sombra gracias en gran medida a sus intrincadas estructuras corporativas.

Hasta ahora, las autoridades han culpado a las dos empresas fantasma de Curazao sin vincularlas a Soft2bet. Tanto Rabidi como Araxio recibieron sentencias judiciales en Austria y Alemania que les ordenaban reembolsar a los jugadores. En España, Rabidi recibió una multa de 5 millones de euros por los 25 portales dedicados a actividades de juego ilegal.

Las pruebas de que Soft2bet está detrás de ellos se encuentran en Chipre, donde la compañía mantiene sus principales participaciones empresariales.

El fundador y director ejecutivo de Soft2bet, Uri Poliavich, controlaba Araxio directamente a través de Outono Ltd, una entidad chipriota que hasta hace poco era la principal entidad de Soft2bet. Rabidi pertenecía a un socio cercano, Denys Butko, un ciudadano ucraniano que vive en la isla mediterránea.

Los dos hombres rara vez aparecen juntos en documentos oficiales, pero su amistad es evidente. Las fotos de las redes sociales los muestran pasando tiempo juntos con la familia en Ucrania. Poliavich incluso eligió a Butko como director de una entidad con la que compró un piso de 475.000 dólares en Ciudad de Panamá.

Butko no respondió a la solicitudes enviada para conocer su versión.

Entre 2017 y 2024, el fundador de Soft2bet y Butko utilizaron Araxio y Rabidi respectivamente para establecer casi 550 URL de casinos. Las cuentas de la empresa sugieren que Araxio poseía derechos de software y que Rabidi era un operador de juegos de azar.

A partir de 2021, a medida que Rabidi y Araxio aparecían en las listas negras europeas, Poliavich utilizó a Butko para reorganizar sus asuntos. La propia empresa chipriota de Butko, Interpava, desempeñó un papel clave en la reorganización.

En primer lugar, Interpava, que ya era propietaria de Rabidi, se hizo cargo de Araxio, mientras que sus derechos de software se trasladaron a otra empresa de Poliavich. A continuación, Interpava incorporó un tercer vehículo de Curazao que asumió las operaciones de casino de Rabidi y obtuvo una licencia de las autoridades locales de juego.

Las acciones de Interpava fueron finalmente transferidas a otro colaborador de Butko. Cuando Araxio y Rabidi fueron declaradas en quiebra en 2023 y 2024, respectivamente, las dos entidades no tenían ningún bien. Los vínculos directos con Poliavich y Butko se habían cortado.

“Rabidi era una auténtica máquina de hacer dinero, con más de 70 casinos en línea muy rentables que operaban en todo el mundo”, afirma Stan van Liere, abogado de HBN Law & Tax, la firma que administra el concurso de Rabidi. “Hasta ahora, decenas de acreedores han presentado reclamaciones contra Rabidi, pero la empresa no tiene más activos ni dinero en efectivo en Curazao, todo está oculto en otras jurisdicciones”.

RightNow, un bufete de abogados alemán que ayuda a los jugadores a recuperar su dinero, investigó varias reclamaciones contra Araxio y Rabidi, pero no pudo averiguar quién estaba detrás de estas sociedades. “Básicamente, no hay una buena manera de rastrearlos y conseguir el dinero que se les debe a los clientes con domicilio en Europa”, admite Benedikt Quarch, cofundador de RightNow. “Es una locura que esas grandes empresas puedan simplemente cerrar y abrir otras entidades legales y mover fondos”, añade.

En 2024, las estructuras de la red se volvieron aún más opacas. Se crearon más sociedades instrumentales en las Islas Marshall. Las marcas registradas de casinos como Wazamba o House of Spades, inicialmente en manos de entidades chipriotas, se trasladaron a una empresa pantalla en Dubái.

La mayoría de los portales con actividades de juego ilegal también abandonaron Curazao. Ahora utilizan una licencia de juego de Anjouan, una isla del Océano Índico que se ha convertido en otro paraíso fiscal para los casinos virtuales. Al igual que Curazao antes, un permiso de Anjouan no permite a los casinos acceder legalmente a la mayoría de los mercados europeos.

Nacido en Ucrania en 1981, Poliavich, según sus propias palabras, proviene de un “entorno modesto”. Abogado de formación, comenzó su carrera en el mundo del juego en Kirguistán antes de lanzar Soft2bet en Kiev en 2016. Poliavich lo convirtió en un negocio familiar desde el principio, involucrando a su esposa como responsable de las finanzas de la empresa.

A medida que se convirtió en una empresa galardonada y reconocida por su “destacada contribución al juego”, Soft2bet trasladó sus oficinas principales a Chipre y Malta. El pasado mes de septiembre, Poliavich y sus socios celebraron el octavo aniversario de Soft2bet en Budapest. Los 300 invitados disfrutaron de una suntuosa cena de gala en el Museo de Arte Nacional de Hungría.

De hecho, había mucho que celebrar. Soft2bet no solo creó una multitud de casinos que acabaron en las listas negras europeas, sino que también lanzó con éxito un puñado de marcas con licencia. Entre ellas se encuentran Betinia y Campobet en Suecia y Dinamarca, así como Elabet en Italia.

Sin embargo, el tráfico de los sitios web en los mercados autorizados es superado con creces por los portales prohibidos vinculados al grupo. Con poco más de 15.000 visitas desde Italia en los últimos tres meses de 2024, Elabet se ve eclipsada por los 70 casinos incluidos en la lista negra del país.

Campobet, por su parte, recibió cientos de miles de visitantes de Noruega, Finlandia, Hungría y Polonia, donde no cuenta con una licencia para operar. La marca fue en su día patrocinadora de la Champions Hockey League en Suecia.

Por su propia naturaleza, es difícil calcular la dimensión del juego ilegal. Yield Sec, dedicada al análisis de mercado, estima que el 70% de las apuestas online en la UE se realizan en portales que carecen de licencia, a través de 6.000 proveedores. H2 Gambling Capital, otra consultora, reduce la cuota del mercado negro a aproximadamente el 20 %.

“Esta no es una tendencia reciente ni un problema puntual, es la nueva normalidad”, advierte Ismail Vali, fundador de Yield Sec: “La industria del juego en todas las jurisdicciones existe como un mercado iceberg. Por encima de la línea de flotación, la industria legal es muy visible: regulada, gravada, examinada. Pero flota en un mar de criminalidad”.

La UE no tiene una legislación común sobre el juego, lo que deja en manos de los Estados miembros la regulación y vigilancia del sector.

“El mercado ilegal de las apuestas en línea es un ejemplo muy interesante y desafortunado de cómo no funciona la aplicación de la ley en Europa”, denuncia Benedikt Quarch. “Imaginemos por un momento que existiera un mecanismo europeo de concesión de licencias. Creo que sería mucho más eficiente que tenerlo en cada uno de los 27 Estados miembros”, añade.

Hasta que se alcance ese consenso, los sitios web sin licencia de todo el continente siguen dirigiéndose a jugadores vulnerables sin temor a las autoridades nacionales.

En la superficie, Soft2bet se prepara para otro año excepcional. El grupo se está preparando para lanzar su marca Elabet en Grecia, tras haber obtenido la licencia necesaria allí, a pesar de que 55 de sus otros sitios web figuran en la lista negra del país.

La Comisión Helénica del Juego indicó a los periodistas que había llevado a cabo una “revisión exhaustiva” de las pruebas y documentos justificativos y que no había encontrado ninguna “conexión verificada entre Rabidi y Soft2Bet”. Las autoridades de Bélgica, Francia, Hungría, Italia y Polonia no respondieron a la solicitud para conocer su versión.

Mientras tanto, Felix, el jugador alemán que perdió 245.000 euros en Wazamba, intenta rehacer su vida. Después de confesar su adicción a su familia, bloqueó cualquier acceso a la banca online y acudió a un terapeuta. Con 1.400 euros de deudas que pagar cada mes, todavía no está fuera de peligro. “No queda nada al final del mes”, se lamenta.

––––––––––––––

Con información de Manuel Rico, Piret Reiljan y Harald Schumann.

Edición: Chris Matthews.

Hace mucho que se dio la voz de alarma. Corría el año 2018 cuando el Gobierno central y los ejecutivos autonómicos empezaron a poner coto legislativo a un problema que no dejaba de crecer. Las casas de apuestas entonces florecían por todas partes, especialmente en los barrios más pobres de las ciudades. Sólo en cinco años, y sólo en Madrid, habían crecido un 300%. El juego online, por su parte, cada vez se publicitaba más. Y con personajes famosos que resultaban un reclamo para los más jóvenes. Ahora, siete años después, parece que el problema empieza a disminuir. O cuanto menos a estabilizarse.

Así lo evidencia el Informe sobre adicciones comportamentales y otros trastornos adictivos presentado este lunes por el Ministerio de Sanidad con datos correspondientes a la encuesta Edades 2024 (realizada en personas de entre 15 y 64 años) y Estudes 2023 (realizada en personas de entre 14 y 18 años y cuyos resultados ya fueron incluidos en la misma edición del estudio presentada el año pasado). No ha habido ni mucho menos una desaparición del problema, pero sí una caída de las personas afectadas. Al menos, por los juegos de azar presenciales, que han disminuido un 17% desde 2020. Y que aun así mantienen enganchada a más de la mitad de la población. En concreto, al 52,9% de quienes tienen entre 15 y 64 años.

Hay tres tipos de juego, especifica Sanidad. El primero se denomina tipo I y engloba a las loterías, a las quinielas y a los concursos de televisión, radio y prensa. El segundo, llamado tipo II, lo conforman las loterías instantáneas y el bingo. Y el tercero, por último, las apuestas deportivas, las máquinas de azar y los juegos de cartas. Y es en estos últimos donde frecuentemente se genera una adicción. Lo dicen los datos contenidos en el informe presentado por el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Joan Villalbí, y la directora del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, Begoña Brime: aquellas personas que prueban estos juegos tipo III multiplican por cinco sus probabilidades de desarrollar juego problemático.

La nota positiva es que este tampoco deja de disminuir, en línea con el número de jugadores. Lo ha hecho, en concreto, un 46% desde aquel 2018, aunque en los últimos dos años se ha mantenido prácticamente inalterable: ha pasado de afectar a un 1,3% de los encuestados en 2022 a hacerlo a un 1,4% en 2024. Tampoco ha cambiado el hecho de que este problema afecta mucho más a los hombres (2,2%) que a las mujeres (0,7%).

Muchos de ellos piden ayuda. No hay datos relativos a quienes lo hicieron en 2024, pero el informe de Sanidad sí recoge que en 2022 fueron 4.052 personas las que se sometieron a un tratamiento por un trastorno comportamental. La mayoría lo hizo además por un problema con el juego. En concreto, el 82%. Por su parte, un 9,3% acudió a terapia por un uso compulsivo de internet, móviles, videojuegos o redes sociales, una adicción que ni aumenta ni desciende. Sigue afectando al mismo número de personas que en 2020. Y sigue poniendo en jaque al 11,7% de los jóvenes de entre 15 y 24 años.

¿Y cómo se le puede poner coto? Pues eso depende de la voluntad de cada comunidad. Son las autonomías las que tienen la competencia sobre el territorio y son ellas, por tanto, las encargadas de ser un dique de contención frente a las máquinas tragaperras, las salas de bingo o las casas de apuestas. Una de las últimas en hacerlo fue Navarra, que aprobó el pasado mes de mayo una normativa que prohíbe la instalación de estos últimos locales a menos de 400 metros de centros educativos, una medida que también adoptó en su día Baleares o la Comunidad de Madrid, aunque no sin polémica por afectar, únicamente, a los locales de nueva creación.

Normativas de ese tipo han conseguido que este tipo de negocios disminuyan. En concreto, según los últimos datos de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), en 2023 había 674 locales de apuestas en todo el país, un 37,5% menos que en 2022 (927) pero todavía un 41,8% más que antes de la pandemia.

Cosa muy distinta ha pasado, por ejemplo, con el número de tragaperras. Según el mismo informa de la DOGJ, las denominadas oficialmente máquinas B no han dejado de aumentar. En 2022 había 143.657 instaladas en locales de hostelería, un número que en 2023 aumentó hasta las 151.883. Son un 5,7% más aunque, en cualquier caso, menos que las que había antes de la irrupción del coronavirus. Con los casinos ha pasado algo parecido, puesto que en 2019 había en todo el país 355 máquinas y mesas y en 2023 eran ya 376.

Es aquí donde los expertos ponen el foco. El juego presencial es el que provoca el enganche. El online hace el resto.

Su situación es muy distinta. Según el informe de Sanidad, su prevalencia se mantiene estable, en un 5,5%, según el informe presentado este lunes por Sanidad. Afecta, igual que la otra modalidad, sobre todo a los hombres, puesto que la prevelancia en ellos se eleva hasta el 8,2%, un porcentaje que en el caso de las mujeres se sitúa en el 2,7%. Lo llamativo en este caso es que su presencia es mayor cuanto menor es la franja de edad que se analiza. Así, en el caso de los más jóvenes tiene presencia en hasta un 40,2%. Pero según todos los expertos este tipo de juego no es el problema, sino la consolidación de lo que ya se inicia mediante la modalidad presencial.

La regulación del juego online es competencia del Gobierno central, no de los autonómicos, y el paso de Alberto Garzón al frente del Ministerio de Consumo intentó ponerle coto. Lo hizo a través de dos decretos. Uno fue el aprobado en marzo de 2023 y que pretendía generar un "entorno seguro de juego". Sus últimas medidas entraron en vigor el pasado 14 de marzo y establecieron, por ejemplo, la obligación de que todos los jugadores, al entrar en una web, establecieran "un límite de tiempo y dinero". Y la prohibición de usar tarjetas de crédito para "jugadores intensivos y con comportamientos de riesgo".

El otro decreto se aprobó en noviembre de 2020 y puso el foco, en aquella ocasión, en la publicidad. En concreto, el texto prohibió los anuncios audiovisuales fuera del horario de 1.00 a 5.00 horas de la madrugada e impidió que los famosos y las personalidades públicas como jugadores de fútbol anunciasen esas webs. Pero el Tribunal Supremo anuló estos puntos argumentando que "determinadas limitaciones o prohibiciones establecidas en la norma reglamentaria carecen de la necesaria cobertura legal", un fallo ante el que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ya anunció una nueva norma.

El ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha sancionado a 15 operadores de juego por infracciones graves o muy graves en el primer semestre de 2024 y ha impuesto multas que ascienden a más de 65 millones de euros. Además, la Dirección General de Ordenación del Juego ha cerrado trece portales web, explica este departamento y recoge EFE.

De las 15 resoluciones dictadas por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), 13 han sido por infracciones muy graves, y han supuesto la inhabilitación de los operadores por un periodo de dos años. Los operadores han sido castigados con multas de 5 millones de euros cada uno, lo que supone una cuantía total en este capítulo de 65 millones de euros.

Las infracciones muy graves se corresponden con operadores extranjeros de juego online que operan sin licencia en España y que son detectados por la Dirección General de Ordenación del Juego.

Son los casos de las empresas sancionadas durante el primer semestre del año: Interactive Pro, Stars Cream, Loveca Sino, Rougeca Sino, Mountberg, Alimanieri, Goldenpharaoh, Goldenlion, Golden Genie, Bigwins Games Tech, Games & More, Gladiator Holding y R.Bostock Enterprises.

La DGOJ también ha detectado infracciones graves en otros 2 operadores del sector de las apuestas y juegos de azar online durante los primeros seis meses de 2024 y se dirigen a operadores que sí operan con licencia, pero que incurren en algún tipo de infracción.

Las empresas sancionadas son Codere y Electraworks y el conjunto de ambas multas asciende a 325.000 euros.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha publicado, desde julio de 2021,154 resoluciones sancionadoras que han devenido firmes: 19 en el segundo semestre de 2021; 73 en 2022; 30 en el primer semestre de 2023; 17 en el segundo semestre de 2023 y 15 en el primer semestre de 2024, y ha impuesto multas por un valor total de más de 398 millones de euros.

De manera "transparente”. Así asegura Luis Pérez, el eurodiputado conocido como Alvise y líder de la agrupación de electores Se acabó la fiesta (SALF), que llevará a cabo el “sorteo” de su sueldo que prometió en campaña y del que nada se sabía desde el pasado junio, lo que había comenzado a provocar críticas entre sus seguidores. Ha lanzado una página web, en la que se autodefine como “un analista de inteligencia destacado por su valentía y compromiso con la justicia y la transparencia”, y en la que fija que, para poder probar suerte y hacerse con los algo más de 8.088 euros que constituyen su salario público neto, hay que suscribirse al canal "Alvise Pérez" en Telegram y rellenar un formulario, que es cambiante. Si cuando anunció el sitio de internet hace apenas dos días se requería obligatoriamente facilitar el nombre, los apellidos, el DNI/NIE, el email, el teléfono y el usuario de Instagram; este martes 13 de agosto, ya no es indispensable aportar ese último dato, aunque sí se pide, junto a los usuarios de TikTok y de X, antes Twitter.

Pérez, implicado en un puñado de procesos judiciales por presuntamente difundir bulos o noticias falsas, si bien presume de no tener ninguna condena firme, asevera que está requiriendo los datos que abogados expertos en la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y lo que denomina “delegado oficial de Protección de Datos” le han indicado como necesarios para poder cumplir la legislación española y que todo se trata de una “donación”. Pero distintas fuentes apuntan que, “entonces, tal vez no esté bien asesorado”. 

Para arrancar, los técnicos de Hacienda no creen que se trata de una donación, como se afirma en la web de Alvise, en la que se advierte incluso de que este no se hace responsable de las obligaciones fiscales del supuesto donatario y de que el impuesto que habría que abonar por ese concepto es distinto por comunidades. El secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, lo explica: “El sorteo que está haciendo Alvise Pérez tiene las notas características de una combinación aleatoria con fin promocional, no parece que se trate de una donación”. Idea que confirman desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que transmiten a infoLibre que, aunque no cuentan de momento con “más información de lo publicado en prensa”, consideran que esa actividad “corresponde a lo que se conoce como combinación aleatoria con fines publicitarios” y, por tanto, “queda fuera de la normativa y de la autorización necesaria" para llevar a cabo "una rifa”. “Para realizarla”, matizan las fuentes del ministerio, “no es precisa la gestión de licencia o autorización alguna, ni la comunicación previa. Está sometido únicamente al pago del Impuesto sobre Actividades de Juego”. 

Es decir, ¿el eurodiputado promotor tendrá que abonar dinero a Hacienda por el presunto sorteo? Mollinedo lo confirma y aclara que tendrán que hacerlo las dos partes: él y los ganadores de los más de 8.000 euros cada mes. “Tanto Alvise como la persona que gane el premio tendrían que pagar impuestos. El primero ha de declarar en el IRPF su sueldo íntegro –el bruto es de 10.377 euros–, aunque lo sortee y no se lo quede, y descontará las retenciones que le hayan hecho. Y, junto a ello, por el sorteo, habrá de pagar el impuesto de juego que fija la Ley de 2011, el 10% de cada premio”, expone. Por lo que respecta a la persona que resulte agraciada, el secretario general y portavoz de Gestha señala que “deberá abonar en el IRPF el importe de los alrededor de los 8.000 euros que reciba como una ganancia patrimonial que se integra en la base liquidable general”. “El importe del premio–añade– se suma con su sueldo y otras rentas y tributa con arreglo a la escala de gravamen progresiva del IRPF. Esto es, el premio se integra en la declaración de renta junto con el resto de rendimientos ordinarios de esa persona, que podrá descontar una retención del 19%, que Alvise tendrá que ingresar porque es el retenedor”. “Como no parece ser una donación, el impuesto correcto del premiado es el IRPF”, remata.

Fuentes del ámbito jurídico avisan de que, pese a que “la gente está dando sus datos sensibles libremente” y el europarlamentario “no está cobrando por participar en el supuesto sorteo”, sólo debería demandar la información “estrictamente necesaria para poder contactar” con el agraciado y poder hacerle entrega del dinero y sólo “podrá usarla para eso y para nada más”, a la luz de lo marcado en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPF). En ese sentido, platean que Pérez solicita “más información de la aparentemente necesaria para lo que dice que va a hacer” y mantienen que habrá que estar atentos a si, “en el futuro utiliza o monetiza los emails o los móviles”, por ejemplo, porque, de hacerlo, “podría incumplir lo establecido en el artículo cinco" del mencionado Reglamento "respecto a la limitación de finalidad". 

Habrá que seguirle la pista a eso y a “los cambios que vaya habiendo en la web”, añaden, ya que tanto las fuentes de la esfera jurídica como las de Gestha hacen notar que, según lo reflejado en ella, “pueden modificarse condiciones con carácter retroactivo”, lo que “genera una cierta inseguridad jurídica que debería hacer pensar a quien ha consentido dar unos datos con arreglo a unos términos y condiciones que pueden alterarse de forma retroactiva”.

Con todo, auguran que el número de inscritos, que se encamina a los 167.000 al cierre de esta edición, seguirá subiendo durante los próximos días. “Si hubo colas para que te escanearan el iris por 70 euros, cómo no va a haber voluntarios para que te den 8.000 un mes, sin necesidad de comprar ningún cupón ni nada por el estilo”, deslizan. Se refieren a la iniciativa puesta en marcha por la empresa OpenAI que logró que miles de personas vendieran esa parte del ojo. Con todo, las fuentes sondeadas recuerdan que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) sancionó con 30.000 euros a un establecimiento hotelero por escanear el DNI de sus usuarios y usar las fotografías de los clientes para el control de acceso y la facturación de consumos durante su estancia allí. La entidad no recogía ningún detalle sobre la captura y destino de la imagen en la información que facilitaba sobre protección de datos personales y la AEPD lo estimó “desproporcionado”.

De vuelta a la web de Alvise, los expertos preguntados apuestan por que, “si se le pone algún límite, tal vez sea igualmente por la vía de la AEPD, que se ha mostrado restrictiva con el acopio de datos de carácter personal”, lo que no impedirá que “haya habido miles de personas bombardeadas con los mensajes ideológicos” que arroja el líder del SALF a sus fieles. Ni tampoco “la utilización que quiera hacer de la información que se le ha otorgado libremente y que, según las condiciones que aceptan, puede ser publicada y quedar a disposición de terceros”, previenen. Ello, al margen de que "no quieran pensar en la posibilidad de que el sueldo acabe en manos de gente del entorno del promotor de todo esto, como bien podría suceder".

Desde instituciones como el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) han alertado de que no sólo las empresas están en riesgo en la red, los particulares, al publicar o facilitar información personal a través de servicios online ponen en peligro su “privacidad” y se incrementan las opciones de “ser víctimas de algún tipo de fraude o de sufrir las consecuencias negativas de esa exposición" en el ciberespacio, "ya sea por daños reputacionales" o de otra índole. A veces se encadenan malas rachas impredecibles y otras se juega con la fortuna motu proprio. 

La Comisión del Juego de Reino Unido ha abierto una investigación sobre casos de apuestas relativos a la fecha de las elecciones generales que implicarían a personas vinculadas al Partido Conservador, entre ellas una candidata a diputada, Laura Saunders, y a su marido y director de campañas tory Tony Lee, como ha informado la agencia de noticias Europa Press.

El asesor Craig Williams ya reconoció la semana pasada que había apostado que las elecciones serían en julio y se disculpó por el "error", pero en estos últimos días las pesquisas parecen haberse ampliado. El miércoles, se confirmó el arresto de un escolta del primer ministro, Rishi Sunak.

Un portavoz del Partido Conservador ha reconocido en declaraciones a la BBC que la Comisión del Juego se ha puesto en contacto con ellos por "unos pocos individuos". No ha entrado en más detalles y, dado que se trata de un organismo "independiente", la formación ha adelantado que no se pronunciará hasta que hayan concluido las investigaciones.

La Comisión sí ha confirmado a Sky News que examina apuestas relativas a las elecciones para determinar si pudieron haberse cometido delitos, pero también ha aclarado que "no dará más detalles en este momento" porque "hay una investigación abierta".

Sin embargo, sí ha trascendido un nuevo nombre, el de Saunders, que trabaja para los tories desde el año 2015 y aspira a entrar en la Cámara de los Comunes por la circunscripción de Bristol Noroeste. En su caso, se suma que está casada con un alto cargo del núcleo electoral del partido, también señalado por su supuesta implicación y ahora de baja.

Reino Unido celebrará elecciones generales el 4 de julio, en virtud de una convocatoria anunciada el 22 de mayo por Sunak. Hasta entonces, el premier se había limitado a asegurar en público que la votación tendría lugar en la segunda mitad del año.

Los laboristas, favoritos en estas elecciones, han pedido llegar hasta el final para depurar responsabilidades y su líder, Keir Starmer, ha afirmado que Saunder "debería ser suspendida" como candidata. "Dice mucho que Rishi Sunak no lo haya hecho todavía", ha ironizado.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha sancionado a un total de 17 operadores de juego online por infracciones graves o muy graves con multas que superan, en su conjunto, los 81 millones de euros (81.150.000 euros), según ha informado Europa Press. Así lo ha anunciado este viernes el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy, que acaba de publicar las sanciones impuestas en el sector de las apuestas y juegos de azar online que han devenido firmes en el segundo semestre de 2023 en España.

En este sentido, ha detallado que las resoluciones han sido dictadas por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) y de las 17 que ha habido en total, 10 han sido por infracciones muy graves.

Estas resoluciones aglutinan la mayor parte de los importes reclamados por el Ministerio y, además, han supuesto la inhabilitación de 9 operadores por un periodo de dos años, y una inhabilitación de cuatro años para la Organización Nacional de Discapacitados Españoles y Europeos (ONDEE), que ha sido sancionada con la mayor multa, 35 millones de euros.

Además de la ONDEE, las infracciones muy graves se corresponden con operadores de juego online que operan sin licencia en España y que han sido detectados por la Dirección General de Ordenación del Juego: Rabadi, Uno Digital Media, Eight Stars, Mrsloty Games Tech, Entretenimiento Rojo, Onyxion Malta, Trw Corporate, Vdsoft&Script Development o Uniquegame.

Según ha explicado el Ministerio, todas ellas han sido sancionadas durante el segundo semestre, con 5 millones de euros cada una, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Regulación del Juego (LRJ) para este tipo de infracciones. En total, 80 millones de euros en sanciones.

DGOJ también ha detectado infracciones graves en otros 7 operadores del sector de las apuestas y juegos de azar online. Las resoluciones consideradas "graves" se dirigen a operadores que sí operan con licencia, pero que incurren en algún tipo de infracción tipificada en la Ley 13/2011 de regulación del juego. Como se puede comprobar en los registros de la DGOJ, entre las sancionadas encontramos empresas como Gamesys, 888, Esgaming o Codere. En estos casos, el conjunto de las multas asciende a 1.150.000 euros en total.

Las infracciones graves y muy graves firmes en vía administrativa se publicarán en la página web de la DGOJ, una vez notificados a los interesados. Por otra parte, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ya ha hecho públicas las resoluciones sancionadoras que han devenido firmes desde julio de 2021. Desde entonces, el número de sanciones publicadas asciende a 139 y se han impuesto multas por un valor total de más de 333 millones de euros.

Con tan sólo 15 años, Iván empezó a jugar en máquinas tragaperras de bares de Barcelona. También bebía. "Me gastaba todo el dinero en eso", cuenta desde el otro lado del teléfono. La primera vez que probó el juego y el alcohol ya lo hizo "de forma compulsiva". "Creo que de algún modo tenía una predisposición a las adicciones", reflexiona. Ese comportamiento inundó todo lo demás. Le echaron de su casa, de la universidad, se quedó sin trabajo y sin amigos. "No podía controlarlo. Pensaba que sí, pero siempre acababa jugando y bebiendo, aunque yo no quisiera. Era superior a mí", cuenta. Un día, sobre una de las máquinas vio un teléfono: "Si crees que tienes un problema y necesitas ayuda, llama", ponía. Y lo hizo. No le quedaba más remedio. Hoy, ya con 33 años, es él quien responde al otro lado de la línea de la organización Jugadores Anónimos.

El relato de Iván es en realidad historia colectiva. Hace 18 años, cuando él comenzó a sufrir la "enfermedad de la adicción", la conciencia sobre el asunto no era la que es hoy en día. Las alarmas de hecho saltaron no hace tanto. Fue cuando palabras como "Codere" o "Sportium" empezaban a inundar, de la noche a la mañana, cada vez más calles españolas. Los barrios más pobres de ciudades como Madrid o Barcelona eran su nicho favorito para emplazarse. Los jóvenes, su público predilecto. Los vecinos empezaron a alertar de ello y la política tomó rápido el testigo. Pero nada ha tenido demasiado efecto. Al menos, a ojos de quienes trabajan con quienes ya han desarrollado la adicción.

Bruno Cortés es uno de ellos. Preside la Asociación Madrileña para el Estudio y Tratamiento de las Adicciones Conductuales (Ametac) y atiende a infoLibre, precisamente, en un pequeño descanso de una charla que este viernes ofreció en un colegio. Porque "el inicio temprano es una de las claves para luego desarrollar una adicción", explica.

Es más, el comienzo a veces es tan precoz que ni siquiera espera a la mayoría de edad. Así le ocurrió a Iván. El Informe sobre adicciones comportamentales y otros trastornos adictivos 2023 publicado por el Ministerio de Sanidad alerta de hecho de que el 21,5% de los estudiantes entre 14 y 18 años jugó el año pasado. En 2021, dos años antes, lo hizo el 20,1%. Así que el problema va a peor.

Pero, ¿cómo es posible? Según explica Cortés, los menores tienen dos vías fundamentales de entrada: las máquinas tragaperras y la lotería instantánea.

Vayamos al primer elemento. Aunque la presencia de las denominadas máquinas B ha descendido, su presencia sigue siendo alta. Los datos los ofrece la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), cuyas últimas cifras corresponden al año 2022. En ese momento, señalan sus estadísticas, había 171.818 tragaperras y 98.968 locales de hostelería que tenían una. Un año antes eran 103.947 los bares y 192.125 las máquinas.

Vayamos ahora al segundo elemento. Según el mismo informe, en 2022 los españoles jugaron 832,4 millones de euros en lotería instantánea de la ONCE. Un año antes fueron 750,1, un 11% menos. Antes de la pandemia, 622,3 millones, un 33,7% menos que ahora.

Es precisamente aquí donde los expertos sitúan el foco del problema. "Los llamados rascas son los que están sembrando el problema principal", señala el secretario técnico de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (Fejar), Juan Lamas. Coincide Cortés. "Esta es, con toda seguridad, lo que ahora está funcionando como puerta de entrada al juego", dice.

Lo ve en los institutos. "Muchos nos dicen que, con tan sólo un euro, se compran un cupón y, si les toca, pues después se compran unas zapatillas", lamenta. Pero aquí las redes sociales también juegan un papel principal. "Entre los chavales se está contagiando esa mentalidad de 'dar un pelotazo' o 'conseguir dinero fácil", señala.

Cuando todos esos jóvenes que ya han probado la lotería instantánea o los tragaperras soplan las velas en su 18 cumpleaños, pueden dar un paso más. Su DNI ya les permite el acceso a una de esas casas de apuestas que cada vez más proliferan en las calles. Según el mismo informe de la DGOJ, en 2022 ya había 927 salas de este tipo, un 15,6% más que un año antes y un 49,7% más que en 2018, antes de la pandemia.

La mayoría se encuentran además en los barrios más pobres. Ocurre en Madrid, por ejemplo. Según las últimas cifras de su Ayuntamiento disponibles en su página web, en la ciudad ya hay 826 locales que realizan "actividades de juegos de azar y apuestas". Sólo entre Puente de Vallecas y Carabanchel, dos de los distritos —de un total de 21— donde se concentra población con menor renta, hay 152, el 18,4% del total.

Y es que la clase también influye en esto. Lo señala Cortés, que asegura que la mayoría de quienes acuden a las organizaciones de jugadores a pedir ayuda son perfiles con un nivel socioeconómico medio-bajo o bajo. Aunque matiza: "Es posible que los que quienes disponen de un mayor nivel tengan más redes familiares o de apoyo, y no acudan tanto a este tipo de recursos", señala.

Las comunidades autónomas, en cualquier caso, han intentado poner freno a este tipo de locales. Castilla-La Mancha fue la última. Lo hizo el pasado mes de diciembre, cuando las Cortes aprobaron una ley que, según el Grupo Popular, su impulsor, pretendía regular de manera "mucho más exhaustiva y garantista" el juego, obligando, aseguraron "a que todos los locales tengan una persona responsable de controlar los accesos" para evitar la entrada de menores, que en la práctica, sin vigilancia, puede ocurrir.

Para asegurarse, otras autonomías como Baleares o Madrid establecieron incluso que este tipo de locales debían tener una distancia mínima con centros escolares, una norma que fue polémica en la autonomía presidida por Isabel Díaz Ayuso porque sólo afecta a los nuevos establecimientos, no a los ya emplazados.

En cualquier caso, y según critica Lamas, el problema es precisamente ese: que haya "17 normativas diferentes para regular las casas de apuestas". No pasa lo mismo, en cambio, con el juego online, "mucho más controlado", señala.

La regulación de esta modalidad es competencia del Gobierno central, no de los autonómicos, y el paso de Alberto Garzón al frente del Ministerio de Consumo intentó ponerle coto. Lo hizo a través de dos decretos. Uno fue el aprobado en marzo de 2023 y que pretendía generar un "entorno seguro de juego". Sus últimas medidas entraron en vigor el pasado 14 de marzo y establecieron, por ejemplo, la obligación de que todos los jugadores, al entrar en una web, establecieran "un límite de tiempo y dinero". Y la prohibición de usar tarjetas de crédito para "jugadores intensivos y con comportamientos de riesgo".

El otro decreto se aprobó antes, en noviembre de 2020. Y la diana fue la publicidad. En concreto, el texto prohibió los anuncios audiovisuales fuera del horario de 1.00 a 5.00 horas de la madrugada e impidió que los famosos y las personalidades públicas como jugadores de fútbol anunciasen esas webs. Pero el Tribunal Supremo anuló estos puntos argumentando que "determinadas limitaciones o prohibiciones establecidas en la norma reglamentaria carecen de la necesaria cobertura legal". Ante ese fallo, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ya trabaja en una norma para elevar esas normas a rango de ley, según señalan fuentes de la institución a infoLibre.

No obstante, si analizamos los datos, la prevalencia del juego online también ha aumentado. Las ganancias del sector, según la DGOJ, fueron en 2023 un 28,38% más que el año anterior —se embolsaron, en concreto, 1.236,75 millones— y el número de jugadores activos, un 2,69% —fue de 1.637.819.

Una gran mayoría de ellos, señalan los expertos consultados, acceden a esta vía no obstante porque ya se introdujeron en el juego a través de su modalidad presencial. "Esa es la puerta de entrada, pero una vez la cruzan el juego online empieza a tener un papel predominante, porque les ofrece una gran disponibilidad", señala Cortés.

Así lo ve también Pablo Lama, psicólogo de Proyecto Hombre, que también constata que el "enganche" llega a través de locales de juego o con presencia de máquinas de juego. "La modalidad online tan sólo ha incrementado el problema, puesto que la adicción está siempre ahí, en el propio móvil de quien la sufre", lamenta. "No hay desconexión, ya ni siquiera hay que desplazarse, está siempre contigo. La inmediatez y la disponibilidad es un factor muy importante en este tema", añade.

Él, que ha visto cientos de casos de este tipo, incide también en la importancia de acudir a terapia. Igual que lo hace Iván, que sostiene que es "lo único que sirve" para superar la adicción. Como coinciden los dos, este problema siempre tiene que ver con algo más profundo. "Hay que entender qué pasa a la persona para que haya llegado a eso. No todo el mundo que juega sufre después un problema". A Iván le pasaba. "Yo descubrí que tenía carencias emocionales. Es importante no ir al síntoma, sino a las causas", sentencia.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Consumo, un Real Decreto que persigue reforzar la protección de los jugadores más vulnerables y obliga a los operadores a crear entornos de juego más seguros. Para ello, incluye, entre otras medidas, que no puedan aceptar tarjetas de crédito de jugadores considerados vulnerables y la imposición de multas de hasta 50 millones de euros si se incumplen las nuevas normas.

Según explica Consumo, esta nueva normativa tiene como objetivo minimizar los comportamientos de juego de riesgo o intensivo que pueden derivar, en los casos más extremos, en conductas problemáticas o patológicas, ha informado Europa Press.

Así, apunta que una de las "poblaciones diana" de la norma son los jóvenes de entre 18 y 25 años, "particularmente sensibles a mensajes y patrones de juego inadecuados", aunque la norma pretende reforzar la protección de otros perfiles vulnerables, como es el caso de quienes ya tienen comportamientos de juego intensivo o de riesgo.

Como regla general, se considerará que están en la categoría de juego intensivo las personas que acumulen pérdidas netas iguales o mayores a 600 euros (se limita a 200 euros en el caso de los menores de 25 años) en un plazo de tres semanas seguidas. También forman parte del colectivo de especial protección y vulnerabilidad de la nueva norma quienes han solicitado restricción en el acceso a su cuenta de juego (autoexcluidos) y quienes se han inscrito en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (autoprohibidos).

No obstante, el Real Decreto, que contempla medidas de protección general para las personas jugadoras en sentido amplio, con independencia del riesgo de sus comportamientos de juego, tiene el objetivo de garantizar un marco de políticas de protección ante los riesgos del juego a nivel estatal que "prevenga comportamientos problemáticos y aumente la supervisión y control de los operadores".

Tras la entrada en vigor de la nueva normativa, las empresas del sector estarán obligadas a "promover pautas de consumo saludable y a minimizar la aparición de daños en la esfera personal, familiar y patrimonial de las personas jugadoras".

Entre las nuevas obligaciones de los operadores dirigidas a proteger a las personas vulnerables, destacan la remisión de un mensaje específico que alerte de la conducta de riesgo detectada o el envío de un resumen mensual de su actividad de juegos. Además, los jugadores en situación de riesgo no podrán utilizar tarjetas de crédito mientras mantengan esa dinámica (sólo podrán utilizar medios de pago nominativos y de su titularidad).

A los jugadores vulnerables también se les excluirá de actividades de promoción y de la lista de clientes privilegiados. Es decir, ya no se les podrán ofrecer condiciones mejoradas o más ventajosas para fomentar su nivel de juego.

Los operadores, asimismo, pondrán en marcha medidas de refuerzo para las personas jugadoras vulnerables como fijar una interacción específica con ellas y conseguir su respuesta en un plazo máximo de 72 horas. En caso de que no haya respuesta por parte de los jugadores con comportamiento de riesgo, el operador deberá suspender la cuenta.

Por otro lado, las empresas tendrán prohibido enviar a los jóvenes de entre 18 y 25 actividades promocionales cuyo objeto sea ajeno a la actividad de juego desarrollada en la web o plataforma, como, por ejemplo, invitaciones a partidos o entradas para espectáculos y tampoco podrán incluirlos en programas VIP de fidelización.

Los operadores también están obligados a informar a los participantes jóvenes de que comenzar a jugar a edades tempranas está asociado a un mayor riesgo de desarrollar trastornos asociados con los juegos de azar y apuestas o ludopatía.

Además, las personas autoexcluidas y autoprohibidas tampoco recibirán comunicaciones comerciales y, en el caso de los participantes que se inscriban en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ), tendrán prohibido el acceso a sus cuentas, depósitos y participaciones en un plazo máximo de 48 horas.

Los operadores tendrán que suscribirse al servicio de alerta antipishing de la Dirección General de Ordenación del Juego para controlar que las personas con conductas de riesgo no vuelvan a jugar suplantando la identidad de otro jugador o jugadora.

Con carácter general para todas las personas participantes en juegos de azar y apuestas, las empresas del sector tendrán que incluir en sus respectivas webs y aplicaciones información sobre la prohibición de jugar a menores de edad, los posibles riesgos del juego, los trastornos asociados y cómo obtener asistencia al respecto.

De hecho, será obligatorio que cuenten con un servicio telefónico de asistencia y ayuda para comportamientos de riesgos y este no podrá ser de tarificación especial. Las empresas del sector, asimismo, tendrán que formar específicamente a una persona para que sea la responsable de la supervisión de las medidas de protección de jugadores.

Adicionalmente, y a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, tampoco podrán emitir mensajes como "casi acertaste" o "estuviste cerca" para propiciar una nueva apuesta o juego al terminar una partida. Y, para que los jugadores sean conscientes de cómo están jugando y gastando, tendrán que enviarles informes mensuales sobre sus patrones de juego (frecuencia, cuantías, modificaciones en los límites de depósito).

Otra novedad es que las personas que inicien sesión para jugar a los denominados juegos de lotería instantánea o presorteada deberán establecer de antemano el tiempo máximo y la cuantía a jugar, sin posibilidad de ser modificada durante el transcurso de la misma.

El incumplimiento de las medidas contempladas en el real decreto serán objeto de sanción por parte del Ministerio de Consumo. Así, para las infracciones graves las multas ascienden hasta un millón de euros y pueden acarrear la suspensión de la licencia de juego durante seis meses. En el caso de las muy graves, las sanciones se elevan hasta los 50 millones de euros y pueden llevar aparejada la pérdida de la licencia de juego.

La entrada en vigor general de la norma es de seis meses desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado, a excepción de ciertos artículos que, por la especial complejidad en los desarrollos tecnológicos que implican, tendrán un plazo de doce meses.

Un 20,1% de los estudiantes de 14 a 18 años en 2021 ha jugado con dinero en el último año (presencial, online o ambos) frente al 25,5% de 2019. Así se desprende de los resultados del Informe sobre Trastornos comportamentales 2022. Juego con dinero, uso de videojuegos y uso compulsivo de internet en las encuestas de drogas y otras adicciones en España EDADES y ESTUDES, al que ha tenido acceso Europa Press.

Según la encuesta ESTUDES, la prevalencia de jugar dinero online ha descendido entre los estudiantes de 14 a 18 años (9,4% en 2021 frente a 10,3% en 2019), existiendo una gran diferencia por sexo, (15% en los chicos y 3,8% en las chicas). Esta prevalencia aumenta según se incrementa la edad de los estudiantes.

Los juegos online preferidos por los estudiantes siguen siendo los videojuegos, las apuestas deportivas y los deportes electrónicos tanto en chicos como en chicas. Respecto a la cantidad mayor de dinero gastada en un solo día en juegos online en los últimos 12 meses, el 2,8% indica que ha gastado menos de 6 euros, y el 1,4% han gastado más de 30 euros. El 1,2% de los estudiantes juegan con dinero online semanalmente o con mayor frecuencia.

La investigación, del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, muestra que, en 2022, un 58,1% de la población de 15 a 64 años ha jugado con dinero en el último año (presencial, online o ambos) mientras que, un 96,6% ha usado internet con fines lúdicos.

En relación con el juego online, en 2022 el 5,3% de la población de 15 a 64 años, según la encuesta EDADES, ha jugado durante el último año (6,7% en 2020). Este porcentaje que juega online es mayor en los hombres (8%) que en las mujeres (2,5%), y es más frecuente entre las personas más jóvenes, descendiendo su prevalencia a medida que aumenta la edad.

Entre quienes juegan online, la investigación señala que el juego que predomina entre los hombres son las apuestas deportivas (53,9%) mientras que, entre las mujeres predominan los juegos tipo loterías, incluidas primitivas o bonoloto (58,7%). La cantidad máxima jugada en un solo día entre la mayoría de los jugadores se encuentra entre los 6 y los 30 euros.

Sobre el juego presencial, según la encuesta EDADES, más de la mitad de la población de 15 a 64 años (57,4% en 2022) ha jugado con dinero en el último año, mayoritariamente a través de juegos de lotería convencional e instantánea. Como en el juego online, la mayor cantidad de dinero gastada en un solo día se sitúa en el rango de 6 a 30 euros.

En los estudiantes de 14 a 18 años, el juego presencial también es más frecuente que el juego online (17,2% en 2021), aunque menos prevalente que en la población general. En 2021 se ha reducido dicha prevalencia respecto a 2019 (22,7%), debido a las restricciones sociales asociadas al control de la pandemia por Covid-19.

Existe una gran diferencia por sexo, siendo superior en los hombres que en las mujeres (22,7% y 11,6% respectivamente), y se incrementa según lo hace la edad, al igual que ocurría en el juego online. La mayoría, tanto hombres como mujeres, que han jugado dinero de manera presencial lo han hecho en loterías, primitiva o bonoloto. La cantidad máxima de dinero gastada en uno solo día en los últimos 12 meses, para la gran mayoría es de menos de 6 euros.

En la encuesta ESTUDES 2021, entre los estudiantes de enseñanzas secundarias, el 3,4% de los alumnos de 14 a 18 años podrían presentar un posible juego problemático , siendo esta estimación menor que en 2019 (4,7%). La prevalencia es mayor entre los chicos (5%) que entre las chicas (1,9%).

Los autores del informe concluyen que "esta población juega mayores cantidades de dinero, tanto online como presencial, y muestra prevalencias más altas de consumo intensivo de alcohol (borracheras o binge drinking) o tabaquismo diario".

En materia de internet, los datos de la encuesta EDADES indican que en 2022 un 3,5% de la población de 15 a 64 años ha realizado un posible uso compulsivo del internet, lo que supondría una cifra estimada de aproximadamente 1.096.000 de personas. Este valor apenas presenta diferencias por sexo y supone un ligero descenso respecto a lo detectado en 2020.

Se obtiene que, entre la población de estudiantes de 14 a 18 años, la prevalencia de un posible uso compulsivo de internet es bastante superior (23,5%) al de la población de 15 a 64 años, siendo superior entre las mujeres (28,8%).

También las prevalencias de consumo de alcohol y cannabis son superiores entre los individuos que realizan un posible uso compulsivo de internet.

Por último, en cuanto al uso de los videojuegos el 85,1% de los estudiantes de 14 a 18 años han jugado en el último año, porcentaje que es superior entre los chicos (96,9%), con una prevalencia de juego que disminuye según avanza la edad.

En torno al 50% de los estudiantes que han jugado a videojuegos en el último año lo han hecho al menos semanalmente y la mayoría de los que han jugado a videojuegos en los últimos 12 meses dedican menos de 2 horas al día a realizar dicha actividad.

"La prevalencia de posible juego problemático, posible uso compulsivo de internet y uso de videojuegos en los estudiantes de 14 a 18 años ponen de relieve la importancia de intensificar las actividades de prevención desde diversos ámbitos", según concluyen los autores de la investigación.

En este contexto, el director general de CeJuego, Alejandro Landaluce, ha declarado "los datos siguen acabando con los mitos respecto al sector". "El porcentaje de personas con posible juego problemático es cada vez menor, y el dato es una muestra de la eficacia de los controles que sí se realizan en el sector del juego privado", ha manifestado.

A juicio del director general de la patronal del juego privado, "el reto ahora, para alcanzar la tolerancia cero con el juego problemático con la que se ha comprometido CeJuego, es que la regulación se aplique por igual a todos los operadores, independientemente de su naturaleza pública o privada, y que los operadores públicos se sometan a las mismas exigencias de protección del usuario que los de naturaleza privada".

Finalmente, el director general de CeJuego ha puesto de relieve que "esa equidad supondría un paso definitivo hacia el juego y la protección de los menores".

El Ministerio de Consumo ha sancionado por infracciones graves o muy graves a un total de 19 operadores del sector de las apuestas y juegos de azar online en España durante 2021, además de imponer multas por más de 58 millones de euros y cerrar 13 portales web, según informa Europa Press.

Según informa el departamento liderado por Alberto Garzón en un comunicado este sábado, de las 19 resoluciones dictadas por la Dirección General de Ordenación del Juego, 13 han sido por infracciones muy graves y han supuesto la inhabilitación de las operadores por un periodo de dos años.

De acuerdo con las sanciones establecidas en la Ley de Regulación del Juego para las infracciones muy graves, 11 de estos operadores han sido castigados con multas de 5 millones de euros y los dos restantes, con un millón de euros cada uno. En total, las multas en este capítulo ascienden a 57 millones de euros.

La Dirección General de Ordenación del Juego también ha detectado infracciones graves en otros seis operadores del sector de las apuestas y juegos de azar online durante el pasado año. En estos casos, las multas ascienden a más de un millón de euros.

Asimismo, se trata de la primera vez que Consumo hace públicas las resoluciones sancionadoras firmes que se han impuesto en vía administrativa en virtud de la última modificación de la Ley de Regulación del Juego, que establece que las infracciones graves y muy graves se publicarán en la web de la Dirección General de Ordenación del Juego una vez notificadas a los interesados.

El Ministerio ha calificado este último punto como un "ejercicio de transparencia" que posibilita conocer cuáles son los dominios web sancionados por infracciones graves o muy graves. Es el caso de los operadores que ofrecen actividades relacionadas con el juego careciendo del correspondiente título habilitante o de quienes permiten el acceso al juego a personas que lo tenían prohibido sabiendo de tales prohibiciones, entre otros casos.

Un total de 63.646 personas pidieron en 2021 que se les prohíba jugar on line, lo que supone un 13,64% más que al año anterior, según los datos de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) a los que ha tenido acceso Europa Press. En total, 7.640 nuevas personas solicitaron el año pasado, motu proprio, ser inscritas en el registro de interdicciones del juego online. Esto supone que la cifra global de personas que ha pedido que se le prohíba acceder a juegos de azar a través de Internet fue de 63.646 en 2021, frente a las 56.006 de 2020.

En todas las comunidades autónomas se ha registrado una tendencia al alza de los autoprohibidos, aunque es Islas Baleares quien lidera el ranking con el mayor incremento al pasar de 1.179 a 1.480, lo que implica una subida de un 25,53%. Le siguen la Región de Murcia, con un aumento del 22,44% (de 2.562 a 3.137 personas inscritas); Comunitat Valenciana, con un 22,21% (de 3.677 a 4.494); Navarra, con un 20,33% (de 531 a 639), y Castilla-La Mancha, con un 19,99% (de 2.791 a 3.349).

Tras ellas, se sitúan la Comunidad de Madrid, cuyo registro de autoexcluidos ha aumentado un 16,77%, La Rioja (15,56%), Cantabria (14,89%), País Vasco (14,80%), Cataluña (14,29%), Principado de Asturias (10,99%), Canarias (10,77%), Andalucía (10,09%) y Aragón (10,08%).

También crecen los autoprohibidos en Castilla y León (9,48%), Galicia (9,38%) y Extremadura (7,97%), así como en las ciudades autónomas de Melilla (7,93%) y Ceuta (6,93%).

La inscripción en un registro de prohibidos es un derecho de los ciudadanos que, a petición de la persona interesada, impide el acceso a aquellos juegos online o presenciales sobre los que la administración pública competente haya determinado la necesidad de realizar la identificación previa del jugador.

En el caso de que la inscripción se realice en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ) de la DGOJ, la prohibición afectará al juego online y loterías, mientras que, si se hace en los registros de las comunidades autónomas, se bloqueará el acceso presencial a aquellos juegos de azar y apuestas donde la respectiva normativa autonómica determina la necesidad de comprobar la inexistencia de inscripción.

Precisamente, el Ministerio de Consumo trabaja con los Gobiernos autonómicos en la firma de convenios de interconexión con el objetivo de mejorar la coordinación entre registros. De esta manera, se evitarán situaciones como, por ejemplo, que una persona que esté en el registro de autoprohibidos de una comunidad autónoma pueda jugar en otra.

Se me perdonará que, pasada la gran fiesta de la Lotería, emita sobre ella una opinión crítica. El Sorteo de Navidad volvió a celebrarse como cada año sin excepción desde 1812. Ni siquiera la pandemia que arrasó miles de escenarios ha logrado suspender el gran día de la superstición en España. El día en que se para todo para que los niños y las niñas del colegio de San Ildefonso canten los números. Previamente, el Estado ha invertido una ingente cantidad de dinero en sugerirnos que si no compramos el décimo somos unos insolidarios o unos solitarios, porque no estamos dispuestos a celebrar con los nuestros “la ilusión” y porque no hay mejor manera de relacionarse con los demás que compartir la suerte en forma de números del azar. En realidad, todo el mundo sabe que lo que opera en nuestra compra es casi siempre la denominada “envidia preventiva”, es decir, el temor a que les toque a tus colegas y quedarte tú con un palmo de narices. “¿Y si cae aquí el Gordo de Navidad?”, decía el anuncio.

Mi abuela tuvo una lotería en Toledo, frente a la catedral, concesión graciosa de la Dictadura por ser ella “viuda de caído”. Mi abuelo, que no tenía intención de caer ni por la Patria ni por Dios, fue asesinado por “los rojos” de su pueblo manchego porque tenía una tienda próspera. Aunque el tema fue tabú en casa, sólo últimamente me han dicho que quizá se excedió en sus opiniones políticas en alguna ocasión. Era de familia muy devota y ordenada y según parece lo mataron en la misma pared del cementerio. A diferencia de los muertos del otro lado, olvidados en cunetas, fue enterrado luego cristianamente, su nombre figuró en una cruz en la plaza bajo el yugo y las flechas hasta que la Ley de Memoria Histórica la retiró. Por aquellas circunstancias penosas, mi abuela, viuda y con dos hijos con apenas treinta años, pudo alimentarse del juego durante su larga vida.

De modo que yo debería estarle muy agradecido a la actual Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Me resulta sin embargo incómodo aceptar que el Estado patrocine con mucha imaginación y mucho esfuerzo una actividad como el juego, por muy social y solidario que pretenda ser. En el Sorteo de Navidad juegan tres de cada cuatro españoles, y la media de gasto por ciudadano en esta ocasión, incluyendo en el cálculo a los niños, es de 67 euros. Por supuesto, hay muchas familias que gastan mucho más. En proporción a los ingresos familiares, es más alto el gasto de las familias con menos recursos.

Claro que el Estado tiene buenos motivos para mantener pujante el negocio público del juego. En la memoria anual de Loterías y Apuestas del Estado del año pasado, se recogen unos beneficios de 1.900 millones de euros, de los cuales 1.800 millones son aportados directamente al Tesoro Público. La cifra resta por supuesto todos los gastos, incluyendo la ridícula cifra que se da a los loteros, congelada desde hace años. Tal es el volumen de negocio del tinglado, que la progresividad de nuestras normas fiscales queda en suspenso cuando se trata de la Lotería, de forma que si el premio es menor a 40.000 euros el premiado no paga ni un euro en impuestos. No vayamos a desincentivar la compra.

Para ser justos, el invento de las loterías públicas tuvo el sentido en sus orígenes, también en la España de principios del Siglo XIX, de incrementar los ingresos de la Hacienda Pública sin aumentar los impuestos. Los sorteos eran una manera fácil de conseguirlo. Y poco puede objetarse al loable objetivo de incrementar los recursos de que dispone el Estado para construir más escuelas o pagar a más médicos. Pero el fomento por parte de las autoridades de un juego de azar, que no prima habilidad ni mérito ni servicio alguno, que deja en suspenso normas y principios esenciales como la progresividad fiscal o la incentivación del mérito y el esfuerzo, a mí me resulta algo problemático. Si además se constata que España es el único país del mundo que prescinde de todo lo demás durante un día para abandonarse al simple azar, entonces, además de problemático, el asunto resulta también sospechoso. Dicho esto, enhorabuena a los premiados, y felices fiestas. 

En 2019 se jugaron en España 10.000 millones de euros. Esta cifra define lo que se conoce como juego real, es decir, las cantidades jugadas menos los premios obtenidos. O, expresado de otra manera: las grandes empresas del juego (incluidas las públicas) ingresaron más de 10.000 millones de euros solo en ese año, según el Anuario del Juego en España 2020, elaborado por la propia patronal. En una década, los españoles han perdido 49.000 millones de euros solo en el juego privado. Alrededor del 85% de los españoles dijo haber jugado alguna vez en 2019 (desde una noche en el casino al Gordo de Navidad), y casi el 20% lo hace cada semana. La Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados calcula que en España hay 680.000 personas con distinto grado de adicción al juego, lo que conocemos como ludopatía. Y ante todas estas cifras se planta la serie Ana Tramel. El juego, creada por Roberto Santiago, protagonizada por Maribel Verdú y estrenada en Televisión Española este martes con un doble capítulo.

La producción, que contará con seis capítulos en total, es una adaptación de la novela Ana, publicada por el propio Santiago en 2017. Este thriller judicial sigue a la Ana del título, abogada en horas bajas asediada por la adicción al alcohol, las drogas y el sexo, en la búsqueda de justicia por la muerte de su hermano, que se suicida en prisión después de confesar haber asesinado al director de un gran casino. Lo que descubrirá la protagonista es que su hermano arrastraba desde hacía años una ludopatía. Y lo que sospechará es que un puñado de magnates del póker, el juego al que era aficionado, podrían ser los verdaderos responsables de su suicidio. La novela supuso entonces el salto de Roberto Santiago de la literatura infantil y juvenil (tras el enorme éxito de su saga Los Futbolísimos) a la literatura para adultos, y también el culmen de una investigación de cuatro años sobre el mundo del juego, de las salas VIP de los grandes casinos a las timbas ilegales que se celebran cada noche en las grandes ciudades españolas.

El mundo del juego, más allá de las películas

“Parece que el juego ilegal y las timbas puede ser algo muy literario y peliculero”, admite Santiago, guionista de la serie junto a Ángela Armero. “Pero yo esta noche te podría llevar en Madrid a 20 partidas ilegales”. Y esas partidas van, explica, desde aquellas en las que “chavales jovencitos se juegan 20 o 50 euros” hasta mesas donde se juegan miles de euros en una sola noche. Nada de Ferraris, de glamourosas alfombras rojas, de luces cálidas encendidas en la noche. El mundo del juego que dibuja Ana Tramel es el de los tubos de neón que iluminan los rostros de personas comidas por la angustia y por las deudas, el de las timbas ilegales en los que uno se juega más que el dinero que no tiene.

Unax Ugalde en la serie 'Ana Tramel. El juego', de Roberto Santiago. | Mikel Larrea (RTVE)

Además, dice Roberto Santiago, la adicción al juego es una cuestión de clase y “cada vez hay más vasos comunicantes” entre esos muchachos jóvenes, a veces menores, que apuestan por su equipo en un Codere y esas partidas donde se pierden miles de euros. “En Montera [una calle del centro de Madrid], en una timba histórica que ha ido cambiando de lugar, ves a esos mismos chavales súper jovencitos, con un nivel adquisitivo muy bajo, que pueden acabar pidiendo dinero prestado a quien sea, o peor, robándolo”. Y en lo mismo incide Maribel Verdú, indignada, en conversación con infoLibre: “Los chavales menores se están dejando los ahorros de las familias. ¿Dónde abren las salas de juego, las casas de apuestas? En los barrios desfavorecidos”. Pero, lamenta, “la sociedad no está lo suficientemente implicada con esto”.

Para Santiago, guionista en películas como El penalti más largo del mundo, nunca se ha abordado seriamente en España el problema del juego. Critica la “publicidad engañosa que ha imperado todos estos años”, con “grandes deportistas admirados por todos anunciando casas de apuestas”. Como publicó infoLibre, el Real Madrid ingresaba hasta 2019 10 millones de euros anuales por el patrocinio de cinco casas de apuestas distintas. Eso ya no será posible: el 31 de agosto entró en vigor la nueva ley impulsada por el Ministerio de Consumo que prohíbe a los clubes de fútbol ser patrocinados por las casas de apuestas a cambio de publicidad en las equipaciones, que impide que personajes públicos participen en anuncios de este sector en Internet y que limita a la madrugada el horario en el que se puede emitir publicidad audiovisual sobre juego, entre otras medidas. El creador celebra la nueva normativa, pero considera que es “clarísimamente insuficiente”: “El negocio del juego es tan poderoso, que cada paso que se da es muy difícil, y no son definitivos. Ellos se justifican diciendo que generan mucho empleo, mucho dinero, que si las inversiones que traen al país…”. Lo que ocultan, dice, son los cadáveres que dejan por el camino.

Cuando la adicción lleva a la muerte

Sí, quizás la historia de Alejandro y Ana Tramel no sea la más habitual. Las historias de ludopatía no suelen incluir asesinatos de grandes empresarios o la lucha de un pequeño pero tozudo bufete de abogados dispuesto a todo para tumbar a un gran casino. Pero el dolor de Alejandro Tramel (Unax Ugalde), adicto al juego, y Ana Tramel (Verdú), la hermana que se culpa por no haberle salvado, sí sirve para poner cara al sufrimiento que genera el juego a los ludópatas y a sus familias. Porque lo que sí suelen incluir sus historias, y lo que también aparece en la serie, son deudas insalvables, amenazas, ruptura de los lazos familiares y sociales, depresión. Incluso suicidio. También lucha contra la adicción y contra la patronal del juego. En un momento del metraje, Ana contempla los carteles luminosos de una casa de apuestas. Un lema llama a entrar: “Todos llevamos un jugador dentro” (Roberto Santiago dice haberla copiado, tal cual, del marketing de una gran empresa). Si fuera un anuncio de ron o de whisky y se sustituyera “jugador” por “alcohólico”, se pregunta el personaje, ¿nos seguiría pareciendo igual de oportuno?

Si Maribel Verdú ha decidido volver a la televisión española tras una década de ausencia ha sido en parte, dice, por la valentía del proyecto, “donde se tocaba algo complejo, que es la corporación del juego, que tiene tanto poder y tanto peligro”. Pero también por la fuerza del personaje protagonista, una mujer “amargada, dura, borde, adicta a las pastillas, al alcohol”, el polo opuesto de las propuestas que le han llegado en estos años, “madres de familia, personajes que no suponían un reto”. Ana Tramel, de primeras, no cae bien. Ni tiene por qué. (Este periódico ha tenido acceso a los dos primeros capítulos). Es una persona aparentemente falta de empatía, orgullosa, distanciada de todo el mundo (excepto de su amiga Concha, interpretada por Natalia Verbeke), casi más temeraria que valiente, atravesada por un dolor muy hondo que se intuye más que se ve. “Me dije: este sí”, dice la actriz. Aunque le costó: los productores Mariela Besuievsky y Gerardo Herrero y el propio Roberto Santiago tuvieron que insistirle más de una vez. “Venga, tía, que es un reto. Yo estaba acogotada. Porque ¿sabes? Ya con 51 años que voy a cumplir la semana que viene, o me ofrecen personajes que tengan algo, o no me merece la pena”.

Ana y Alejandro Tramel comparten el sufrimiento por la adicción, aunque la primera dependa de las drogas y el sexo y el segundo del juego. Verdú señala los rasgos que comparten los hermanos: “Son seres muy independientes, o más bien que creen que no dependen de nadie, que son autosuficientes. Son muy orgullosos, tremendamente orgullosos y solitarios. De Ana se descubre el porqué, tiene una justificación muy importante. Pero ella decide estar en la amargura y la autocomplacencia”. Pese a que la adicción sigue siendo un tabú —como denuncia Javier Giner en su libro Yo, adicto—, la intérprete dice no haber tenido grandes dificultades para entender el razonamiento y el proceso de una adicta: “Soy actriz, tengo imaginación y empatía. Y, desgraciadamente, he tenido a mi alrededor a gente con estos problemas”. Quizás el lector también. Y quizás no lo sepa.