El compromiso de ETA de entregar sus armasa la justicia francesa a través de mediadores internacionales es un paso más en la recta final de una organización que, tras 43 años de terror, renunció hace poco poco más de un lustro a la violencia organizada sin haber logrado sus principales objetivos políticos. El País Vasco vive hoy en paz, pero en el tiempo en el que estuvo activa, la banda asesinó a 829 personas e hirió a miles, lo que indudablemente tiene duras secuelas especialmente en las víctimas directas y sus familias, que son las principales perjudicadas por el conflicto. Por eso, aunque Euskadi afronte con total normalidad este proceso de desarme, sí hay tareas pendientes en varios frentes.

Tras la localización de los zulos y la entrega del armamento, entre esos retos que permitan consolidar el escenario vasco de paz cinco años y medio después de la renuncia definitiva a la violencia organizada está la resolución de los 297 asesinatos sin resolver o la política penitenciaria, una cuestión que Mariano Rajoy ha desdeñado afrontar desde su llegada a la Moncloa en 2011. Todavía está en construcción, también, el relato de 43 años de violencia, un relato que, sin duda, será diverso y tendrá diferentes visiones. 

Por otro lado, en el comunicado en el que ETA anunció el fin de 43 años de terrorismo la banda se refirió al "cese definitivo de la actividad armada" y solicitó "un diálogo directo" con el Gobierno para resolver las "consecuencias del conflicto", es decir, la situación de los presos y de los etarras que viven en la clandestinidad. No habló, sin embargo, de disolución, precisamente porque su voluntad era la de seguir ocupándose del futuro de sus presos. De ahí que entre las tareas pendientes también se encuentre esa disolución formal. 

  01. Los asesinatos sin resolver

Fabián Laespada, el que fuera portavoz de la ya disuelta Gesto por la Paz, la primera organización cívica creada en Euskadi para denunciar el uso de la violencia, explica que las secuelas de 43 años de terror perduran especialmente en las víctimas directas de la violencia, que son la parte más perjudicada de toda esta historia. La tristeza y rabia de estas víctimas es todavía más intensa cuando no se conoce el nombre de la persona que apretó el gatillo o puso la bomba. 

A día de hoy hay 224 atentados, que dejaron 297 víctimas mortales, sin alguno de sus autores conocidos, según datos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, encargada de la materia. 128 de ellos, más de la mitad, fueron perpetrados entre 1978 y 1982. Estas cifras evidencia que un tercio de los crímenes cometidos por ETA siguen sin resolverse al 100%. La Fiscalía indica, no obstante, que no todos esos 224 atentados han quedado totalmente impunes, sino que en muchos casos no han sido condenados todos los etarras que participaron en ellos, ya sea como autores materiales o colaboradores. 

Todo ello a pesar de los esfuerzos de la Justicia española, que en los  últimos años ha reabierto hasta 21 causas para intentar resolverlas antes de que prescribieran. Entre los casos que se han revisado están los de los militares Aquilino Vasco Álvarez y Luciano Cortizo; de los guardias civiles José Manuel Fernández y Juan Manuel Martínez; o de los políticos Manuel Jiménez Abad y Miguel Ángel Blanco. Pero todavía quedan muchos más sin revisar. De hecho, el Ministerio Público quiere analizar si el arsenal de ETA puede contener pruebas o evidencias sobre los atentados que aún no han sido esclarecidos, informa Europa Press.

La portavoz del colectivo de víctimas Covite, Consuelo Ordoñez –hermana del teniente alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián Gregorio Ordoñez, del PP, asesinado por ETA en 1995–, señala que el reto más urgente después del "espectáculo" y la "maniobra de propaganda" de la entrega del material será que las fuerzas de seguridad verifiquen si el desarme ha sido completo y en qué condiciones están las armas entregadas.

Por otro lado, al margen de las actuaciones policiales y judiciales Laespada cree que sería interesante conformar, lejos del ámbito partidista, una especie de Comisión de la Verdad para analizar realmente qué es lo que sucedió durante los años de terrorismo. "Todos tendrían que aportar: los Estados deberían garantizar que no se penalizaran las delaciones que se puedan hacer ahora y quienes actuaron en su momento también deberían reconocer qué es lo que sucedió y quién fue el que apretó el gatillo", explica. 

En un informe publicado el pasado marzo [consultar, aquí] la ONG Amnistía Internacional afea al Gobierno central no haber promovido estudios para determinar el alcance de las vulneraciones de derechos humanos por parte de ETA y otras organizaciones armados, como sí se ha hecho el Ejecutivo del País Vasco.

  02. La política penitenciaria 

El acercamiento de los presos de la banda a prisiones del País Vasco, la excarcelación de los reclusos gravemente enfermos y la eliminación de las medidas excepcionales en política penitenciaria son otras de las cuestiones relevantes para cerrar las heridas que el terrorismo causó durante los 43 años en los que ETA mantuvo su actividad.

En la actualidad son alrededor de 400 los presos de la banda, el 95% en régimen cerrado y sin beneficios penitenciarios y la mitad en cárceles alejadas del País Vasco. La excarcelación de presos enfermos, sean de ETA o no, es una posibilidad prevista en el Código Penal, en la Ley General Penitenciaria y en el Reglamento Penitenciario por razones humanitarias y que ya se ha puesto en marcha en otras ocasiones. Sin embargo, sigue habiendo media decena de exmiembros de ETA gravemente enfermos encarcelados.

El secretario de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, considera que habría que acabar con el alejamiento de Euskadi de los reclusos "fundamentalmente por sus familias" –precisa– y buscar también "respuestas humanitarias" para los presos enfermos. Un segundo campo, a juicio de Fernández, sería "una modificación general de la política penal y penitenciaria que deje atrás las claves de excepcionalidad del pasado". Se refiere Fernández al hecho de que la mayoría de presos de ETA se encuentran en la más estricta situación carcelaria, el régimen cerrado. Fernández añade, además, un tercer eje: el de la reinserción.

Fabián Laespada (Gesto por la Paz) coincide en la necesidad de acabar con el alejamiento. "La pena que tenían que tener los presos de ETA es la cárcel. Lógicamente el alejamiento fue una pena añadida que jamás se debió producir y de la que han resultado especialmente perjudicados sus familiares. Otra cosa a discutir, aunque no me parece mal en un principio, es la dispersión para que no estuviesen en contacto unos con otros", explica.  

También la ONG Aministía Internacional ha alertado sobre la inadecuación de la política penitenciaria. En concreto, en su último informe, solicita a las autoridades españolas que garanticen, a través de una revisión de la actual política penitenciaria, que los presos puedan cumplir condena cerca de su lugar de arraigo "siempre que sea posible" y lo soliciten de manera individual.

No tienen la misma opinión en el colectivo de víctimas Covite. Su portavoz Consuelo Ordoñez considera que está en la mano de los propios presos reducir la distancia que les separa de sus domicilios. "El anterior Gobierno estableció tres requisitos para lograrlo: la petición de perdón a las víctimas, la asunción de responsabilidades y la desvinculación de ETA. El actual Gobierno ha flexibilizado estos requisitos y sólo les exige la desvinculación de la banda terrorista. Es decir, está en su mano. Pero la mayoría ha elegido obedecer la disciplina de ETA,", señala.

  03. El relato de lo que ocurrió

Si hay algo que está todavía en construcción es el relato de esos 43 años de violencia. Y no parece que esa vaya a ser una tarea fácil. Laespada teme que con "mascaradas" como la escenificación de la entrega del armamento se pueda imponer la visión del "todos ganamos". "El ejercicio de memoria es el único que nos puede salvar de que en un futuro próximo cometamos parecidos errores. Es importante que, especialmente la juventud, sepa qué es lo que ha pasado aquí", asevera. 

Pero hacer ese relato compartido no será fácil. Lo admitía en conversación con infoLibre el pasado octubre el catedrático de Comunicación de la UPV Ramón Zallo, teórico del soberanismo basado en el derecho a decidir, para quien todavía hay relatos muy distintos en ciernes. Cuando se escriban, no obstante, serán inevitablemente distintos. "Eso está por hacer. Nadie ha hecho discursos oficiales que sean rigurosos, que no oculten información y tengan una mirada mediada", subrayaba entonces.

A su juicio, sólo si los principios de verdad, autocrítica, exactitud y rigor predominan en esos relatos, estos, con el tiempo, permitirán que las lecturas sean "más plausibles desde el respeto a las ideologías y la subjetividad política de cada uno". Jonan Fernández, por su parte, asegura que el Ejecutivo vasco está intentando hacer esa tarea de reconciliación. "Ha pasado poco tiempo y estos temas necesitan perspectiva, pero lo estamos haciendo, por ejemplo, con debates sobre memoria o exposiciones que promovemos desde la Secretaría de Paz y Convivencia. Es delicado, pero vamos dando pasos", explica.

Para construir ese relato las víctimas sostienen que hay que "desmantelar" las otras armas que ETA ha utilizado estos 40 años: "el proyecto político totalitario por el que ha matado, el chantaje moral a las víctimas, la impunidad, la tergiversación de la historia y el discurso de odio". Así se recoge en el manifiesto Por un fin de ETA sin impunidad [consultar, aquí] promovido por Covite. "Un eventual desarme de ETA no borra su pasado criminal ni repara el daño que han causado a las víctimas porque sus crímenes son irreparables", concluye Consuelo Ordoñez.

La operación se ha lanzado por parte de la Guardia Civil, en colaboración con el Servicio Común de Ejecutorias de la Audiencia Nacional, para la intervención de numerosos bienes muebles e inmuebles propiedad de más de 50 personas condenadas por diferentes delitos de terrorismo relacionados con ETA por una deuda que superaría los ocho millones de euros.

Se trata tanto de autores de atentados terroristas como de acciones de violencia callejera de la conocida como kale borroka, según ha informado Interior, sobre quienes pende una deuda contraída con el Estado por el pago de la responsabilidad civil a la que habían sido condenados por sus acciones terroristas. 

Entre los investigados para la intervención de sus bienes se encuentran al menos diez miembros de ETA, entre ellos algunos históricos de la banda. El resto, más de 40, son responsables de acciones de violencia callejera, constitutivas también de acciones terroristas al formar parte de la estrategia diseñada por la banda criminal.

La Tigresa abandonó el 13 de junio de 2017 la cárcel de Álava tras cumplir todas sus condenadas por integrar uno de los comandos más sangrientos de la historia de ETA, el comando Madrid de mediados de los 80, en el que figuraban otros conocidos terroristas como Iñaki de Juana Chaos, Juan Manuel Soares Gamboa, Antonio Troitiño o Inés del Río.

Otra histórica etarra es Mercedes Galdós, que salió en libertad de la prisión de Topas (Salamanca) en 2005 tras haber cumplido 19 de los 700 años a los que fue condenada por 21 atentados. La integrante del comando Nafarroa logró redimir 11 años por buen comportamiento.

En el caso de Enrique Letona Viteri, salió de prisión en 2003 y también se acogió a beneficios penitenciarios tras cumplir algo más de 15 años. En todos estos casos la Guardia Civil ha detectado que tienen ingresos y bienes, alertando de ello a la Audiencia Nacional.

Más de 45 cuentas bloqueadas

Las investigaciones, realizadas por la Guardia Civil durante el último año en el marco de la operación Zerga, que se puede traducir como tributo en vasco, permitieron comprobar cómo numerosos miembros de ETA y su entorno, a pesar de no haber satisfecho las deudas económicas contraídas, eran titulares de bienes o desarrollaban actividades laborales y económicas sin que realizaran acción alguna para satisfacer las referidas obligaciones.

Por ello, Interior ha explicado que se está procediendo al bloqueo y embargo de más de 45 cuentas bancarias de diferentes entidades financieras. Igualmente, se está actuando sobre una treintena de nóminas de aquellos investigados que han resultado estar asalariados. Para ello, se ha oficiado a las empresas para las que trabajan, a fin de que se les retenga la parte de la nómina que supere el salario mínimo interprofesional.

En cuanto a medios de transporte, la Guardia Civil está procediendo a retirar de la vía pública un total de cuatro vehículos, entre ellos el embargo de una autocaravana. Asimismo, la Guardia Civil ha identificado catorce propiedades inmobiliarias, la mayoría de ellas viviendas de las que los investigados serían propietarios, aunque también se ha actuado sobre locales comerciales y plazas de aparcamiento.

Por ello, el Servicio Común de Ejecutorias de la Audiencia Nacional ha emitido escritos dirigidos a los respectivos registros de la propiedad para que procedan a hacer el apunte correspondiente, lo que impedirá su venta o transmisión si no se procede previamente al pago de la deuda. Las propiedades inmobiliarias se encuentran en las provincias de Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, así como en la Comunidad Foral de Navarra y en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Según Interior, esta operación de la Guardia Civil pone de manifiesto que las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, tras el anuncio de ETA de su disolución, "seguirán trabajando para que los terroristas salden sus deudas con la Justicia, sean estas del tipo que sean, incluidas las económicas". Por ello, prometen investigar la localización y detención de todos aquellos terroristas que tengan causas pendientes.

El dossier se titula  Todos somos artesanos de la paz, en alusión a los mediadores de ETA que han colaborado en el desarme de una banda terrorista sin apenas estructuras operativas, y en sus 20 páginas define de "histórico" un acto en el que han informado de que entregan sólo 120 armas y tres toneladas de explosivo. En el apartado Construir una paz justa y duradera, el dossier recoge una serie de declaraciones de personas que respaldan el acto de este 8 de abril, entre ellas Raymond Kendall, exsecretario general de Interpol y miembro destacado del llamado Grupo Internacional de Contacto (GIC), que dice: "Creo que la actitud de los españoles es primitiva: 'Queremos ganar, os queremos derrotar, no nos interesa nada más".

Kendall cuestiona la estrategia de la lucha antiterrorista tanto de España como de Francia. "Con esas condiciones", dice, "no se puede dar comienzo a ninguna conversación (...) Es difícil explicar la respuesta de las autoridades francesas. Si alguna vez se alejaran del comportamiento de España, ganarían credibilidad". Tanto ETA en su último comunicado como los organizadores y mediadores de la banda han cuestionado los golpes policiales, aludiendo a "los enemigos de la paz". La banda terrorista, además, se quejó del "esquema de vencedores y vencidos".

El dossier de los autodenominados artesanos de la paz destaca que la banda nació en el franquismo y critica las detenciones de etarras. Se limita a hablar de ETA como "organización", sin incluir la palabra terrorista, y también se refiere a su "armamento militar" y al "conflicto armado".

ETA ha recurrido a organizaciones del entorno de la izquierda abertzale, concretamente a una serie de activistas vasco-franceses que se llaman a sí mismo representantes de la sociedad civil o artesanos de la paz, para proceder a la "entrega total" (según ellos) de sus armas cinco años, cinco meses y 19 días después de anunciar el fin de los atentados el 20 de octubre de 2011. La nómina de los mediadores incluye a los detenidos (y luego puestos en libertad) el 16 de diciembre por la Guardia Civil en Luhuso, al sur de Francia, entre ellos Jean Nöel Txetx Etcheverry, la persona encargada de anunciar el pasado 17 de marzo en Le Monde que ETA estaría este 8 de abril "totalmente" desarmada.

Tetx Etcheverry, uno de los portavoces más activos del autoproclamado grupo de los artesanos de la paz, cuenta con un historial con varios arrestos por su relación con organizaciones sindicales anarquistas o de apoyo a los presos de ETA en Francia, según han informado a Europa Press fuentes policiales. El 6 de febrero del año 2008 fue directamente vinculado con ETA. Etcheverry, por entonces responsable de la Fundación Manu Robles-Arangiz, fue arrestado junto con Jacques Morio por dar cobijo a etarras como Mikel Albisu Iriarte, alias Mikel Antza entonces jefe del aparato político de la banda terrorista, y su pareja Soledad Iparraguire, alias Anboto.

Varios de los verificadores internacionales de la falsa entrega de armas en cajas de cartón en 2014 han vuelto también ahora al País Vasco. Este viernes se supo que el presidente de la Comisión Internacional de Verificación (CIV), Ram Manikkalingam, abordó durante cuatro horas el plan para el desarme ETA con el lehendakari Iñigo Urkullu, la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, y el presidente de la Mancomunidad del País Vasco francés, Jean René Etchegaray.

Natural de Sri Lanka, Ram Manikkalingam es el fundador y director de Dialogue Advisory Group, con sede en Amsterdam, y que se presenta como un grupo asesor que "facilita diálogos políticos para reducir conflictos violentos".

La primera "escenificación grotesca", como la definió el Gobierno, fue en febrero de 2014 con la denominada Comisión Internacional de Verificación. Enviaron un vídeo a la BBC y, poco después, esos mismos verificadores, entre ellos Ram Manikkalingam, terminaron reconociendo en la Audiencia Nacional que ETA se había llevado en cajas de cartón el exiguo material del que había dicho que se desprendía.

El nuevo intento fue el pasado 16 de diciembre, cuando la Guardia Civil detuvo a cinco personas vinculadas a movimientos ecologistas y sindicales. En un caserío en Luhuso, al sur de Francia, habían reunido 50 armas, 17 de ellas del robo de Vauvert en 2006, y maquinaria para su manipulación. El Gobierno les acusó de querer eliminar pruebas.

Txetx Etcheverry, uno de los elegidos para coger el testigo de personalidades como el exsecretario general de Naciones Unidas Kofi Annan o el abogado sudafricano Brian Currin, ya había sido arrestado con anterioridad en varias ocasiones por su relación con organizaciones sindicales anarquistas o de apoyo a los presos de ETA en Francia.

En la operación Seminario del 16 de diciembre, además de él fueron arrestadas otras cuatro personas, igualmente vasco-francesas y colaboradoras en esta nueva escenificación de ETA: Mixel Berhokoirigoin, Michel Bergougnan, la periodista Beatrice Molle y el cámara freelance Stephane Etxegarai. La presencia de estos dos últimos era la prueba de que la banda quería rentabilizarlo como un acto de propaganda.

Aunque no fue detenido aquella noche en el sur de Francia, desde diferentes plataformas abertzales se relacionó a Michel Tubiana, presidente de la Liga de los Derechos Humanos, en esta escenificación orquestada por ETA.

Tubiana, otro de los portavoces destacados este sábado en Bayona, reconoció que no fue arrestado porque no le dio tiempo a llegar en coche a Luhuso: la Guardia Civil había irrumpido en el caserío en un operativo desarrollado en colaboración con la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI), incautándose, según estos activistas, del 15% del armamento que aún no había sido arrebatado a ETA por las fuerzas de seguridad.

En la previa a este 8 de abril, estos artesanos de la paz habían dicho que la banda entregaría ocho veces más armas que las que acumularon en el caserío de Luhuso. Finalmente, Tubiana ha comunicado en Bayona que el arsenal lo componen sólo 120 armas y tres toneladas de explosivos, además de munición.

La banda terrorista ETA ejecutó este sábado 8 de abril el final de su desarme casi cinco años y medio después de que tres encapuchados anunciaran que ETA ponía fin a 43 años de terror. La comunicación de esa renuncia definitiva a la violencia organizada para conseguir sus objetivos políticos se produjo a las 19 horas del 20 de octubre de 2011, cuando faltaba justo un mes para las elecciones generales que llevaron a Mariano Rajoy a la Moncloa.

José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente bajo cuyo mandato ETA anunció el cese definitivo de la violencia de forma unilateral, valora para infoLibre un proceso de desarme que, a su juicio, supone "un paso más de la victoria de la democracia". El ex jefe del Ejecutivo encuadra entre los retos que permitan consolidar el escenario vasco de paz la disolución formal de la banda y la política penitenciaria. Reitera que ambas cuestiones tienen que abordarse teniendo siempre en cuenta la "memoria de las víctimas". 

PREGUNTA. ¿Qué valoración hace del proceso de desarme unilateral e incondicional de ETA culminado este sábado?

RESPUESTA. ETA anunció el fin de la violencia hace más de cinco años, ahora hace un gesto cuyo alcance vamos a ver sobre su armamento y quedará un tercer paso que es la disolución. Es un proceso normal en este tipo de organizaciones, que intentan mantener su trayectoria, aunque es también un paso más de la victoria de la democracia. 

P. ¿Cómo definiría el recorrido seguido hasta el actual escenario de paz? 

R. Hay dos consideraciones que me parecen relevantes. La primera es que los valores democráticos, la razón democrática, se acaban imponiendo e incluso el fanatismo, como ha sido la acción terrorista, tiene que acabar cediendo y reconociendo el valor de la libertad y de la convivencia. La segunda es que la democracia tiene la capacidad de regenerar la convivencia incluso pensando en aquellos que negaron sus valores más esenciales. 

P. ¿Qué tareas considera que siguen pendientes tras la entrega de las armas por parte de ETA? 

R. En estos cinco años, de manera progresiva, paso a paso, la convivencia en Euskadi ha ido mejorando. Es un proceso lento, hay que animarlo, el Gobierno vasco ha hecho una tarea en esa dirección... El resto de los temas que puede haber pendientes tienen que ser siempre en diálogo discreto entre el Gobierno vasco y el Gobierno de España. Me atrevo a pedir al Gobierno de España que escuche y que atienda lo que el lehendakari Urkullu pueda plantearle. 

P. ¿Entre esos retos encuadra hacer cambios en la actual política penitenciaria? 

R. La política penitenciaria forma parte de la política antiterrorista y para sellar bien el fin de una organización de este tipo. Desde fuera no es fácil dar un consejo. Cuando presidía el Gobierno prefería que no me dieran consejos en una materia tan delicada y, por tanto, no lo voy a hacer ahora. Lo único que debe estar presente en todo momento, en cada acto de esta naturaleza que nos va recordando el final de una historia tan dramática, es la memoria de las víctimas. El honor a las víctimas, el recuerdo a las víctimas, el afecto a las víctimas... y la afirmación democrática. 

P. En el programa de televisión Mi casa es la tuya, deTelecinco, el expresidente José María Aznar señaló que entre las principales causas del fin de ETA estaban algunas de las medidas llevadas a cabo durante su etapa en la Moncloa. Entre ellas, la ilegalización de Batasuna. ¿Qué valoración hace de estas palabras? Mi casa es la tuya, José María Aznar

R. Aznar no sorprende nunca. Sólo añadiré que, obviamente, la democracia tiene pudor al celebrar algo que ha causado tanto dolor. En todo caso, el mérito es de toda la sociedad española y de la sociedad vasca, que ha amado la paz, ha luchado por la libertad y que ha convencido en esos valores a la inmensa mayoría y, lógicamente también, a aquellos que han estado encargados de defendernos, la Policía, la Guardia Civil... Si podemos hablar de mérito, porque la historia es muy dura, sería un mérito absolutamente general. 

El número uno de ETA ha sido detenido en una operación llevada a cabo por agentes de la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI) de Francia, en colaboración con la Guardia Civil, en un domicilio de la localidad francesa de Ascain, en la frontera franco-navarra. La operación continúa abierta y no de descartan nuevas detenciones, según ha informado el Ministerio del Interior.

El detenido se incorporó a la banda terrorista como un desconocido en la estructura etarra, sin causas pendientes con la justicia ni experiencia terrorista, tras ser portavoz del Foro de Debate Nacional, una plataforma impulsada por Batasuna y Eusko Alkartasuna (EA).

La irrelevancia de la actual cúpula la mide el hecho de que hace tiempo que no se difunden listados con los más buscados por las fuerzas de seguridad. Pero que no atente no quiere decir que no haya causas pendientes con la Justicia. "Cualquier miembro de ETA con cuentas pendientes con la Justicia tiene la espada de Damocles encima", avisaban hace un mes las fuentes de la lucha antiterrorista consultadas por Europa Press, "vamos a ir a por ellos con todos los instrumentos del Estado de Derecho".

La situación actual de la banda terrorista la reduce a una veintena de miembros y 355 presos que siguen bajo su disciplina pero ignorados por las autoridades españolas y francesas.

El pasado 20 de octubre se cumplieron cinco años desde que, asfixiada por las fuerzas de seguridad, oficializara su renuncia a continuar con los asesinatos, extorsiones y coacciones. Deja atrás más de 800 víctimas mortales, miles de heridos y, según la Fundación de Víctimas del Terrorismo, unos 314 asesinatos sin autor conocido.

Al arsenal de hasta tres toneladas de explosivo y 300 armas con los que contaba hay que restar las 145 pistolas intervenidas en Francia el pasado mes de octubre en un zulo a unos cien kilómetros al noreste de París en el que ETA escondía también munición y dos fusiles de asalto enterrados en bidones en un parque forestal en el término municipal de Carlepont.

"ETA no va a volver a matar, no hay vuelta atrás. No quiere decir que esté inactiva porque tiene que gestionar su defunción y la entrega del arsenal. Pero sólo tiene dos salidas: o entrega las armas o se las quitamos nosotros", explicaban entonces semana a Europa Press fuentes de la lucha antiterrorista.

La presión policial no se ha atenuado ni tras el anuncio del cese de la violencia en 2011 ni tras los sucesivos comunicados de ETA, el último este 27 de septiembre coincidiendo con el Gudari Eguna. La banda se reafirmó en su cese definitivo de la violencia y censuró que en los cinco años transcurridos no haya sido posible un desenlace como el logrado por las FARC y el Gobierno de Colombia.

Desde el cese de la violencia de ETA las fuerzas de seguridad han detenido a 141 personas relacionadas con la actividad de la organización terrorista, unos arrestos que se han practicado, además de en España y Francia, en países como México e Italia.

Mientras tanto, la Audiencia Nacional apenas concede permisos a históricos dirigentes. En la actualidad, hay 355 presos de ETA: 274 presos en las cárceles españolas --sólo tres dentro del País Vasco--, 79 en Francia, uno en Portugal y uno en Suiza.

Los últimos jefes de ETA con galones fueron Iratxe Sorzábal y David Pla. Cayeron el 22 de septiembre de 2015 en Francia después de que se descabezaran sucesivas cúpulas. Fueron los autores de los últimos comunicados.

El último detenido con cierto renombre de la nómina de los terroristas fue Egoitz Urrutikoetxea, hijo de Josu Urrutikoetxea Bengoetxea, el histórico etarra conocido como Josu Ternera. La detención se practicó en París en octubre de 2015. "Quizás era el único con algo de pedigrí que pudiera ser reclamado para gestionar lo poco que le queda de la organización terrorista", señaló entonces Fernández Díaz.

Este jueves se cumplen cinco años desde que tres encapuchados anunciaran que ETA ponía fin a 43 años de terror. La organización comunicó entonces, sin poner condiciones, que renunciaba definitivamente a la violencia organizada para conseguir sus objetivos políticos. El anuncio se produjo a las 19 horas del 20 de octubre de 2011, cuando faltaba justo un mes para las elecciones que sacaron al PSOE de la Moncloa. 

Euskadi vive hoy en paz –todas las facciones de la banda aceptaron la decisión de manera disciplinada– pero en el tiempo en el que estuvo activa, la banda asesinó a 829 personas e hirió a miles, lo que indudablemente tiene duras secuelas especialmente en las víctimas directas, que son las principales perjudicadas por el conflicto. Por eso, aunque el País Vasco afronte con total normalidad el primer lustro sin ETA, sí hay tareas pendientes en cuestiones relacionadas con la convivencia. 

Entre esos retos que permitan consolidar el escenario vasco de paz está el desarme y la disolución formal de la banda o la política penitenciaria, una cuestión que el PP ha desdeñado afrontar en la última legislatura. Otra cuestión pendiente es el reconocimiento del daño causado por la izquierda abertzale. Todavía está en construcción, también, el relato de 43 años de violencia, un relato que, sin duda, será diverso y tendrá diferentes ramas. 

infoLibre analiza a continuación todas estas cuestiones con la ayuda de expertos y protagonistas del conflicto:

1. El fin de la violencia: el desarme y la disolución formal

"El hecho de que ETA anunciara el cese definitivo de forma unilateral y que esta decisión no fuera consecuencia de una negociación hace que las cosas lleven su propio ritmo. No obstante, hay temas que hay que ir cerrando, como el del desarme", señala el catedrático de la UPV Ramón Zallo, teórico del soberanismo basado en el derecho a decidir. A su juicio, es importante encontrar una "vía técnica" para resolver esta cuestión por lo que tiene también de "rito" en la culminación de este proceso. 

Lo cierto es que en 2014 el Ejecutivo vasco se ofreció al Gobierno del PP y a ETA para verificar su desarme –varios centenares de fusiles y pistolas– con apoyo internacional. El objetivo era obtener un final ordenado del terrorismo que evitara también el descontrol del armamento. La propuesta, sin embargo, no obtuvo respuesta por parte de ninguno de los interlocutores. La oferta, señala el secretario de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, sigue vigente. 

Fernández explica que, en esta materia hay tres modelos en juego: "el Gobierno español apuesta por un desarme estrictamente policial; ETA parece que quiere un modelo de desarme acordado con los Gobiernos de España y Francia; y el Ejecutivo vasco y las instituciones vascas defienden que ETA tiene que desarmarse unilateralmente ante la sociedad vasca y que ese desarme tiene que ser verificado". Por el momento, sin embargo, sigue sin haber acuerdo entre las partes sobre qué postura tomar. 

Por otro lado, en el comunicado en el que ETA anunció el fin de 43 años de terrorismo, la banda, sin poner condiciones, se refirió al "cese definitivo de la actividad armada" y solicitó "un diálogo directo" con el Gobierno para resolver las "consecuencias del conflicto", es decir, la situación de presos y los etarras que viven en la clandestinidad. No habló, sin embargo, de disolución, precisamente porque su voluntad era la de seguir ocupándose del futuro de sus presos. 

De ahí que las fuentes consultadas coincidan ahora en que otra de las tareas pendientes es la disolución formal de ETA. A juicio de Zallo, no obstante, esta es una decisión "más de tipo táctico que estratégico" que lo que queda de ETA tiene que tomar especialmente en relación a los presos. "Cuando una organización armada deja de estar operativa y entrega las armas está claro que no va a emprender acciones armadas. Pero ETA tiene que evaluar si desaparece y traspasa la función de referencia de todos esos presos a alguna clase de organismo de la sociedad civil que actúe de intermediario o si mantiene las siglas sin apenas militantes, que parece ser su opción", asevera. 

2. La política penitenciaria: acercamiento y cuestiones humanitarias

El acercamiento de los presos de la banda a prisiones del País Vasco, la excarcelación de los reclusos gravemente enfermos y la eliminación de las medidas excepcionales en política penitenciaria son otras de las cuestiones que la mayoría de las fuentes consultadas –a excepción de la asociación de víctimas Covite– coinciden en señalar como relevantes para cerrar las heridas que el terrorismo causó durante los 43 años en los que ETA mantuvo su actividad. 

En la actualidad son alrededor de 400 los presos de ETA, el 95% en régimen cerrado y sin beneficios penitenciarios y el 50% en centros penitenciarios alejados del País Vasco. La excarcelación de presos enfermos, sean de ETA o no, es una posibilidad prevista en el Código Penal, en la Ley General Penitenciaria y en el Reglamento Penitenciario por razones humanitarias y que ya se ha puesto en marcha en otras ocasiones. Sin embargo, sigue habiendo media decena de exmiembros de ETA gravemente enfermos encarcelados. 

El secretario de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, considera que habría que acabar con la dispersión de los reclusos "fundamentalmente por sus familias" –precisa– y buscar también "respuestas humanitarias" para los presos enfermos. En este punto coincide Fabián Laespada, el que fuera portavoz de la ya disuelta Gesto por la Paz, la primera organización cívica creada en Euskadi para denunciar el uso de la violencia. 

"No podemos dejar de reconocer que la ley se ha de cumplir y que si el acercamiento es posible, debería cumplirse. De hecho, se debería haber cumplido desde el minuto cero, es decir, desde que en 1987 el Gobierno socialista apostó por esta política. No tenían que haberlos alejado, se puede dispersar pero no alejar", señala Laespada.

No tienen la misma opinión en el colectivo de víctimas Covite. Su portavoz, Consuelo Ordoñez –hermana del teniente alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián, del PP Gregorio Ordoñez, asesinado por ETA en 1995– considera que está en la mano de los propios presos reducir la distancia que les separa de sus domicilios. 

"El anterior Gobierno estableció tres requisitos para lograrlo: la petición de perdón a las víctimas, la asunción de responsabilidades y la desvinculación de ETA. El actual Gobierno ha flexibilizado estos requisitos y sólo les exige la desvinculación de la banda terrorista. Es decir, está en su mano. Pero  la mayoría ha elegido voluntariamente obedecer la disciplina de ETA, continuar formando parte de una banda y seguir ensalzando su trayectoria", señala. 

Un segundo campo, a juicio de Fernández, sería "una modificación general de la política penal y penitenciaria que deje atrás las claves de excepcionalidad del pasado". Se refiere Fernández al hecho de que la mayoría de presos de ETA se encuentran en la más estricta situación carcelaria, el régimen cerrado. "ETA ha acabado, el riesgo de reincidencia es nulo y eso algo que se tiene que tener en cuenta", asevera. 

Fernández añade, además, un tercer eje: el de la reinserción. "Esta fue una cuestión que se impulsó en la época en la que Zapatero estuvo en la Moncloa y que se paró por completo al llegar el PP al Gobierno", señala. Lo cierto es que los conservadores ni han puesto en marcha políticas para favorecer la reinserción ni han flexibilizado la política penitenciaria ni ha acercado presos a Euskadi, como le reclaman todas las fuerzas parlamentarias vascas por razones humanitarias.

También es muy crítico con la inflexibilidad del PP a este respecto el catedrático de Sociología de la Universidad de Deusto, Javier Elzo, que no duda en calificar de "vergonzosa y vengativa" la forma en que los conservadores se han enfrentado a la cuestión de los presos de ETA. "Hay que buscar salidas que propicien la reinserción para los reclusos que estén dispuestos a comprometerse con el rechazo a la violencia. Tampoco se pueden ciertas medidas de excepcionalidad que son de una inhumanidad increíble", subraya. 

Zallo considera, además, que en este marco podría pensarse también en "revisar aquellos tipos de decisiones judiciales que fueron tomadas al calor de una situación excepcional y de una legislación excepcional". "Considero que esas revisiones también son vistas en Euskadi como necesarias para que haya procesos de integración plena sin que eso suponga una desmemoria sobre lo ocurrido", asevera. 

03. El reconocimiento del daño causado

Las secuelas de 43 años de terror, explica Laespada (Gesto por la Paz), perduran especialmente en las víctimas directas de la violencia, que son la parte más perjudicada de toda esta historia. "Ellas padecen las secuelas más duras y la soledad de unos tiempos en los que todo el mundo se siente tranquilo. Es muy importante crear una especie de manto social de solidaridad hacia ellas y eso es algo que queda pendiente por hacer", subraya. Por eso, a su juicio, sería "muy positivo para la convivencia" que gran parte del colectivo de presos mostrara su arrepentimiento y reconociera el daño causado.

Otro aspecto clave en este punto es el papel de la izquierda abertzale. Y es que al fin de ETA contribuyeron tanto los golpes policiales como el giro de la izquierda nacionalista, que para sortear el desierto de la ilegalización aceptó el precio exigido por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero de buscar el fin de la actividad armada. Pero ni entonces reconoció la derrota de ETA ni hizo autocrítica por su pasado. Y tampoco lo ha hecho desde entonces. 

A juicio de todas las fuentes consultadas para la realización de este reportaje sería relevante que la izquierda abertzale, como organización, hiciera ese ejercicio. Otegi –también otros responsables– han pedido disculpas por si habían añadido sufrimiento a las víctimas de ETA con algo que hubieran dicho o hecho, pero no ha habido un reconocimiento de todo el colectivo. "Sería suficiente con que Sortu, en su próximo congreso, reconociera el daño causado. Bastaría con que lo dijeran sólo una vez... pero sería importante que lo hicieran", señala el sociólogo Javier Elzo. 

Ordoñez va más allá. "La izquierda abertzale tiene una tarea pendiente fundamental, que es reconocer su implicación, su responsabilidad y su colaboración en la pervivencia del terrorismo durante más de cuatro décadas. Hasta ahora no lo han hecho y el Estado de Derecho ha permitido que sin hacerlo, se siente en las instituciones y colabore en poner en práctica la estrategia de ETA por la que los terroristas decidieron que era mucho más eficaz luchar por sus objetivos desde las instituciones en lugar de hacerlo matando", señala.

Laespada, por su parte, entiende que sería "ideal para la democracia" que los responsables de la izquierda nacionalista se declararan responsables de la "perpetración del terror" y admitieran que ETA existió hasta 2011 porque ellos quisieron. "Cuando ellos quisieron cerrar la persiana, ETA no tuvo más remedio que hacerlo. Por tanto, hay una responsabilidad activa muy importante. Me gustaría que hicieran esa lectura y que se engancharan a la democracia completamente, es decir, revisando lo que han hecho mal. Hasta ahora han hecho amagos…. pero tienen un lastre tremendo del pasado de no reconocer que fue un error", señala. 

Hay también quien entiende que hay extender esa autocrítica a otras violaciones de derechos humanos, como las cometidas por el GAL, o a la violencia policial. Aunque hay matices entre unas opiniones y otras. Según Fernández son dos niveles: por un lado está la necesidad por parte de la sociedad vasca de que ETA y su entorno hagan una reflexión crítica y autocrítica específica y, por otro, una reflexión "crítica y compartida" sobre todas las vulneraciones de derechos humanos que ha habido en Euskadi. 

Zallo, sin embargo, no diferencia entre esos dos niveles. Y aunque define a la izquierda abertzale como "agente principal" de este proceso, cree que la reclamación de autocrítica debería extenderse al resto de actores que intervinieron en el conflicto. "Sería positivo que todos hicieran una reflexión estratégica para, visto desde hoy, analizar qué estrategias o enfoques erróneos pudieron tener", señala. 

"Es algo que no sólo le toca a la izquierda abertzale sino también al PSOE, que nunca se ha autocriticado con el tema del GAL ni ha señalado al responsable de todo ese montaje. Por otra parte, el PP es responsable por herencia de los crímenes del franquismo y nunca hemos oído una autocrítica al respecto. Esta es la parte que veo más útil de un ejercicio de reflexión y lo que de verdad podría hacer que se encontraran en el camino relatos distintos", añade. 

04. La construcción del relato

Lo cierto es que si hay algo que está todavía en construcción es el relato de esos 43 años de violencia. Y no parece que esa vaya a ser una tarea fácil. Laespada cree que es esencial hacer esa tarea de "deslegitimación de la violencia" que él relaciona con el relato. "No hay que quedarse en la tristeza, hay que tirar hacia adelante... pero hay que hacerlo leyendo bien el pasado. La conclusión tiene que ser que esto fue un error y un horror y que ETA no consiguió nada de lo que se proponía", dice el promotor de Gesto por la Paz. 

Pero hacer ese relato compartido no será fácil. Lo admite Laespada, que  reconoce que ese dictamen sobre el pasado terrorista será "diverso" y tendrá "diferentes ramas", aunque se muestra confiado en que confluirá en el reconocimiento de que fue un horror utilizar la violencia. También el catedrático de Comunicación de la UPV Ramón Zallo cree que es importante "definir la historia para saber qué ocurrió".

Sin embargo, considera que todavía hay relatos muy distintos en ciernes y que, cuando se escriban, serán inevitablemente distintos. "Eso está por hacer. Nadie ha hecho discursos oficiales desde parámetros ideológicos determinados que sea rigurosos, que no oculten información y tengan una mirada mediada", subraya. A su juicio, sólo si los principios de verdad, autocrítica, exactitud y rigor predominan en esos relatos, estos, con el tiempo, permitirán que las lecturas sean "más plausibles desde el respeto a las ideologías y la subjetividad política de cada uno". 

Jonan Fernández asegura que el Ejecutivo vasco está intentando hacer esa tarea de reconciliación. "Ha pasado poco tiempo y estos temas necesitan perspectiva, pero lo estamos haciendo, por ejemplo, con debates sobre memoria o exposiciones que promovemos desde la Secretaría de Paz y Convivencia. Es delicado, pero vamos dando pasos", explica. Estos movimientos, sin embargo, resultan insuficientes para Laespada, que cree que al Gobierno vasco "sólo le interesa el futuro". "Algunos no entienden que con la mochila que tenemos se puede avanzar más. Esa mochila es un motor de experiencia tremendo para que en posibles ocasiones futuras no se dé ningún caso de violencia", añade. 

El sociólogo Javier Elzo entiende, sin embargo, que ese "fenómeno de reconciliación" se tiene que poner en marcha "ya" y se tiene que apoyar desde lo público y desde lo privado. En este sentido afea al PP su inmovilismo con la causa de la pacificación, al tiempo que acusa al partido de Mariano Rajoy de estar "apalancado en una guerra de vencedores y vencidos". "No me duelen prendas en decir que la postura del Gobierno vasco es positiva y me gustaría decir lo mismo del Gobierno español, pero no es verdad", subraya.

En este sentido, subraya que es muy relevante que el "discurso social" mantenga un un planteamiento que sea básicamente en dos términos: no la impunidad y sí a la reconciliación. "Las cuentas hay que saldarlas, pero eso no nos tiene que llevar a una justicia vengativa que es en la que estamos ahora", sentencia. 

05. Los retos de la convivencia 

Entre tanto, la sociedad vasca enfrenta con total normalidad este lustro sin violencia. Para Elzo hay una cuestión que puede parecer obvia pero que es tan simple como que ya no hay violencia en la calle. "Por ejemplo, en San Sebastián, la parte vieja, que era donde se solían dar manifestaciones de kale borroka... pues ahora se ha convertido casi en un parque temático por la cantidad de turistas que nos visitan", subraya. 

Para Covite, sin embargo, todavía hay heridas abiertas en este tema de la convivencia. "Por un lado, el mantenimiento de la cultura del odio, que sigue intacta y que ha convertido al País Vasco y a Navarra en los lugares con niveles de radicalización más altos de Europa. Por otro, la resolución de más de 300 asesinatos sin resolver que impide a las familias de las víctimas acceder a su derecho a la verdad y su derecho a la justicia", señala Ordoñez. 

"Es difícil hablar de paz cuando todos los días se producen actos de enaltecimiento del terrorismo en las calles, cuando las instituciones del País Vasco y de Navarra hacen la vista gorda mientras se fomenta el culto al asesino y cuando el brazo político de ETA está legalizado y, por tanto, el proyecto político por el que nos mataron, nos secuestraron y nos extorsionaron está más vivo que nunca", añade la hermana del teniente alcalde asesinado.

Ordoñez alude, además, a incidentes como la agresión a dos guardias civiles y a sus novias en Alsasua sucedida este fin de semana. "Una banda terrorista se puede desarticular y puede incluso entregar las armas, pero desarmar moralmente a una sociedad que lleva cuarenta años respirando odio no es tan sencillo", señala. Jonan Fernádez y Javier Elzo, sin embargo, coinciden en que este es un hecho aislado aunque muestran su preocupación y condena ante cualquier acto violento. 

06. El debate identitario, a la baja 

Entre tanto, la sociedad vasca afronta este lustro sin violencia con absoluta normalidad y mostrando más sensibilidad a los retos sociales que a los identitarios. Esta es una cuestión que se reflejó en la campaña de las elecciones autonómicas del pasado 25 de septiembre. 

Los sondeos de opinión también vienen señalando esa caída de independentismo. El último sondeo de la Universidad del País Vasco (UPV), el Euskobarómetro, que preguntó por este tema en abril de 2016, mostró que los ciudadanos que tienen poco o ningún deseo de independencia representaban el 63%, frente al 55% de la anterior oleada en julio de 2015. Por otro lado, los ciudadanos con grandes deseos de independencia han pasado del 30% del año pasado al 24% el pasado abril. Además, un sondeo del Sociómetro del Gobierno vasco también constató el pasado marzo que las preocupaciones sociales se sobreponían con creces a las identitarias.

Según Ramón Zallo, esta realidad tiene que ver con el hecho de que la población haya pasado una época de crisis económica, social y política. En consecuencia, ha pasado al primer plano todo lo que tiene que ver con las reivindicaciones sociales y económicas. También Fernández cree que la situación de crisis, desempleo… ha creado un ámbito de preocupación de gran prioridad en la sociedad vasca que ha hecho que la tensión social por otros temas haya decrecido.

El líder de la izquierda abertzale y previsible candidato a lehendakari por Bildu, Arnaldo Otegi, consideró "absurdo" la exigencia de condenar la violencia de ETA ya que, a su juicio, "no contribuye en nada en la actual situación". "¿Cómo me puedes pedir a mi ahora que yo condene una cosa del pasado cuando yo no la condenaba cuando se producía y además he pagado claramente por no hacerlo porque yo he sido ilegalizado, he sido detenido, he sido encarcelado", dijo el líder abertzale en una entrevista al programa 'Salvados' de laSexta.

En esa entrevista, recogida por Europa Press, Otegi presenció las imágenes en las que se le ve negándose a condenar como parlamentario el asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997. "Es la palabra tabú, la condena famosa, siempre dándole vueltas a lo mismo", respondió.

Según dijo, el asesinato de Miguel Ángel Blanco le sorprendió "en la playa como un día normal". Según sostuvo no sabía cuándo iba a ser asesinado el concejal del PP pese a que la banda había dado un ultimátum público al Gobierno. Declaró que él, en cambio, tenía la esperanza de que ese plazo se prolongase.

Preguntado acerca de si realizó alguna gestión para que el joven político no fuese asesinado, dijo que sí: "Alguna iniciativa hubo en ese sentido y no voy a decir más. Alguna iniciativa planteamos algunos para que eso no fuese así".

También fue preguntado sobre el atentado en el Hipercor de Barcelona en el que ETA asesinó a 21 personas en 1987. El dirigente abertzale respondió que ese atentado supuso "un punto de inflexión" en "el proceso de reflexión del tema de la violencia". ETA no decretó el fin de los atentados hasta 2011.

También recordó la "convulsión absoluta" que generó en la izquierda abertzale aquel atentado y el "desgarro personal y político" por la muerte de "gente trabajadora humilde haciendo la compra". No obstante, Otegi añadió que ETA avisó en tres ocasiones para que el centro comercial fuese desalojado. "La intención no era matar", dijo.

En la entrevista, Otegi negó la tesis de la derrota policial de ETA ya que, a su juicio, la banda tenía capacidad para seguir haciendo atentados y captar nuevos militantes cuando decidió el cese definitivo de la violencia, un paso que lo ha achacado a la apuesta por las vías políticas emprendido por la izquierda abertzale. "La paz no es un buen negocio para los sectores que en el Estado consideraban que eso era posible de instrumentalizar para conseguir sus fines políticos", concluyó.

El juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González procesó este martes por un delito de "lesa humanidad" a la cúpula de ETA [leer PDF del auto aquí], en la que sitúa al exparlamentario de la ilegalizada Euskal Herritarrok José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, y otros cuatro jefes de la banda, por los 25 asesinatos cometidos por la organización terrorista desde el año 2004, informó Europa Press.

El magistrado, que libra una orden de detención internacional contra el exdiputado del Parlamento vasco al encontrarse en "paradero desconocido", propone juzgar, además de a Josu Ternera, a Garikoitz Aspiazu Rubina, Txeroki; Mikel de Kabikoitz Karrera Sarobe, Ata; Aitzol Iriondo Yarza; y Aitor Elizaran Sarasola.

El juez, que detalla en su resolución todos los atentados cometidos por ETA desde que entró en vigor de lesa humanidad, requiere a los cinco procesados para que en el plazo de un día aseguren fianzas por valor de las responsabilidades civiles que podrían imponérseles en una sentencia. La mayor, de siete millones, es para Ata, al que siguen Iriondo (seis millones); Txeroki y Elizaran (cinco); y Josu Ternera (dos millones):

En lo que va de legislatura las fuerzas de seguridad han arrestado a todos los cabecillas de los principales aparatos que ETA aún mantenía activos tras el cese definitivo de la violencia anunciado en 2011. Antes de la detención de Iratxe Sorzábal y David Pla Martín (responsables del aparato político), ya habían sido arrestados Izaskun Lesaka e Iñaki Reta Frutos (últimos jefes del sector logístico), según los datos recabados por Europa Press.

Las detenciones de este martes en el sur de Francia suponen para los expertos antiterroristas un golpe casi definitivo a la banda. Pla y Sorzábal fueron los encargados de leer el comunicado en el que anunciaban el cese de la violencia. También los responsables de escenificar aquella falsa entrega de armas a los verificadores en una caja de cartón en febrero del año pasado.

Autores de los últimos comunicados, suya fue la decisión también de mandar parar los movimientos críticos que han ido surgiendo en el seno del mundo proetarra, contrarios a la estrategia de renunciar a los atentados. La dirección de ETA llegó a calificar estos movimientos como "muy perjudiciales". Desde el punto de vista organizativo, tras el cese de la violencia, se vieron abocados a la reorganización de sus estructuras y el aparato militar (los comandos) pasaron a depender del aparato logístico.

Primer gran golpe

La etarra Izaskun Lesaka Arguelles fue la primera responsable de ese nuevo entramado logístico encargado básicamente de facilitar los escondites a las pocas decenas de pistoleros que le quedaban a la organización. Hoy apenas quedan una veintena repartidos por diferentes países. Otros, sin causas pendientes o prescritas, han regresado a su casa y la banda lleva ya años sin acoger a nuevos militantes.

Lesaka fue arrestada con información de la Guardia Civil el 28 de octubre de 2012 en un hotel situado en la región francesa de Macon. La dirigente etarra utilizaba hoteles y casas rurales como su escondite habitual en el país galo (Pla y Sorzábal también han sido detenidos en una casa rural).

Junto a ella fue detenido también el terrorista Joseba Iturbe Otxoteka, en una operación que llegaba apenas unos días después de la caída de Saúl Curto López, que fue arrestado en el centro de Francia a bordo de un coche. A este terrorista, que portaba matrículas falsas, se le encuadraba en el aparato logístico de la banda y el ministerio del Interior dijo de él que era el responsable de los zulos de la banda criminal.

ETA ha perdido los zulos

Los zulos es otro recurso que ETA ha ido perdiendo en los últimos años. Tras los sucesivos golpes policiales, los terroristas empezaron a tener grandes dificultades para acceder a ellos. En unas ocasiones era por miedo a ser descubiertos ante la certeza de que las fuerzas de seguridad los vigilaban. En otros casos directamente no sabían dónde estaban debido a las sucesivas detenciones de sus responsables. Con el paso del tiempo, las armas o el material escondido en estos agujeros en el monte se han ido deteriorando.

Además, la Guardia Civil desmanteló el pasado mayo un arsenal de armas y explosivos almacenado en una casa-zulo de Biarritz (Francia) y con ello desbarataba cualquier intención de ETA de usar ese material para reeditar algún tipo de escenificación de entrega de armas para forzar una negociación con el Gobierno o llamar la atención de la comunidad internacional.

Otra detención importante fue la de Oritz Gurruchaga, arrestado el 27 de mayo de 2012. Era uno de los perfiles más radicales de ETA pese a su juventud. Fue arrestado por la Policía francesa en colaboración con la Policía Nacional en la localidad de Cauna junto a uno de sus lugartenientes Javier Aramburu. Había formado parte del aparato militar y de captación.

Cada vez quedan menos

Las últimas detenciones relevantes en cuanto a los cuadros dirigentes de ETA tuvieron lugar el pasado mes de julio, cuando gracias a la información de la Guardia Civil, fueron arrestados Joseba Iñaki Reta de Frutos, alias Zukaitz, y Xavier Goyenechea Iragorri, alias Goyele, ambos sucesores de Lesaka al frente del aparato logístico de la banda.

Las fuentes de la lucha antiterrorista consultadas por Europa Press no dudan de que la banda tratará de recomponerse como lo hizo en otras ocasiones tras la caída de su cúpula política, pero advierten de que esta era la última dirección terrorista con peso específico. A juicio de los expertos, cada vez son menos y con menos experiencia. Sólo Antonio Urruticoechea Bengoechea, alias Josu Ternera, se mantiene actualmente como el dirigente de ETA con más años en la clandestinidad.

Pikabea se integró en ETA en 1980. Sólo en ese año ya participó en cinco atentados terroristas que se saldaron con la muerte de ocho guardias civiles y cinco policías nacionales. En mayo de 1982 pasa a formar parte de un nuevo comando con históricos como José Eciolaza, Dienteputo, Goicoechea Elorriaga Txapela, Olaizola Achucarro Antxon o Bilbao Beascoechea participando también en diversos atentados mortales.

Arrestado en Francia

En 1991 prosiguió su actividad criminal teniendo como compañeros a los miembros de ETA Insausti Múgica, Karpov y Olarra Guridi, con quienes participó en varios atentados que terminan con el asesinato de varios guardias civiles, policías y un particular.

No fue hasta julio de 1994 cuando Pikabea fue arrestado en Francia, concretamente en la estación de tren de Bayona. En aquel momento, Pikabea ya era una persona destacada en ETA debido a que había sido lugarteniente del que fuera máximo dirigente de la banda, Francisco Múgica Garmendia, Pakito, hasta su detención en 1992.

Tras criticar "el bloqueo de Madrid y París", a quienes observa "anclados en criterios de otros siglos al mantener la opresión a naciones como Euskal Herria", afirma que "no quieren la paz". "Tienen un pánico terrible a la palabra que expresaría Euskal Herria usando medios democráticos", asevera la banda armada. A su juicio, las decisiones tomadas por la izquierda abertzale "en estos años "están fortaleciendo las condiciones para el cambio político y social", y considera que el contexto internacional también resulta propicio en la medida en que "se está confirmando que la opción de la independencia de los pueblos tiene presente y futuro".

No obstante, apunta que, para que el hecho de que se den "condiciones propicias" para la soberanía "no es suficiente" porque "el proceso de transición que hay que llevar a cabo en Euskal Herria nos obliga a todos a dar pasos desconocidos hasta ahora, así como a construir una defensa más firme ante los ataques que nos vienen de fuera". Por ello, insta a "articular una iniciativa colectiva mayor y con más capacidad que la habida hasta ahora". "Las soluciones justas y dignas a los retos y problemas de la ciudadanía vasca vendrán de pasos conjuntos entre quienes toman en consideración la palabra y decisión de Euskal Herria, y no de estar mirando a los estados, ni de andar cada uno por su cuenta", asevera ETA.

También critica al PNV, ya que "no es comprensible ver en días señalados como el de hoy a sus dirigentes hablando a favor del derecho a decidir y, al mismo tiempo, querer sostener ese marco que ha fracasado, precisamente, junto a los que desprecian ese derecho". En su opinión, éste es un "momento histórico" para el abertzalismo en su conjunto que tiene "la responsabilidad principal de dirigir el proceso" para "conseguir en los próximos años la soberanía político-económica, la unidad territorial y la euskaldunización".

Asimismo, cree que "Euskal Herria debería salir al marco internacional con todos los recursos posibles", por lo que "habría que formar una representación popular amplia, para actuar como nación y con una sola voz ante el mundo y para recibir el reconocimiento político que nos es necesario".

Cerrazón 

Como ejemplos de la "cerrazón" de los estados español y francés, la banda terrorista cita, además de los ataques a los derechos laborales y sociales, los dirigidos "contra la identidad nacional y cultural". Tanto por parte del Estado francés "trabas a ikastolas, rechazo a la Colectividad Vasca...", como por el español: "leyes educativas, imposición de símbolos o medidas neoliberales como las que sustentó el reciente Global Forum Spain de Bilbo". En este punto, critica "la lealtad de sectores económico-políticos" a esta "situación de colonización y dependencia", más aún cuando entre ellos aparecen "muchos que se tienen a sí mismos por abertzales".

Pese a ello, ETA entiende que ni los proyectos estatales ni "otras seudo-ofertas" han logrado superar "el ansia de libertad enraizado en nuestro pueblo" y considera que las decisiones tomadas por la izquierda abertzale en estos años "están fortaleciendo las condiciones para el cambio político y social". A su juicio, el contexto internacional también resulta "propicio" en la medida en que "se está confirmando que la opción de la independencia de los pueblos tiene presente y futuro".

El texto concluye incidiendo en que en este "momento histórico" es al "abertzalismo" en su conjunto a quien corresponde "la responsabilidad principal de dirigir el proceso soberanista. "Es sabido que en el pasado entre los abertzales han sido más frecuentes los puentes rotos que la colaboración en los objetivos básicos que compartimos. En opinión de ETA, hay que dar pasos significativos en la colaboración entre abertzales, desde el ámbito nacional a los pueblos, para conseguir en los próximos años la soberanía político-económica, la unidad territorial y la euskaldunización", concluye la organización terrorista.

Huidos de ETA sin causas pendientes han ofrecido este sábado su "testimonio y ayuda" a otros miembros de la banda terrorista fugados para que "regresen a sus casas" y han asegurado que "no tienen miedo" de "hacer frente a todo lo ocurrido, ni tampoco a asumir nuestra responsabilidad".

"Somos conscientes de que los Gobiernos español y francés intentan destruir el nuevo camino que hemos iniciado y que nos hará falta toda nuestra energía para avanzar, en ello estamos, con fuerza e ilusión", han asegurado.

Así lo han señalado en un acto celebrado este sábado en la localidad navarra de Alsasua, en el que han participado más de un centenar de personas, y en el que, en representación del colectivo de huidos, Aitziber Plazaola y Xabier Zubizarreta han dado lectura a un comunicado en euskera.

En la comparecencia pública, en la que no se han admitido preguntas, los huidos de ETA sin causas pendientes han declarado que "durante estos últimos 50 años, cientos de vascos han sufrido y hemos sufrido el destierro".

"Desgraciadamente esta situación no es nueva en la historia de Euskal Herria y al igual que períodos anteriores, en las cinco últimas décadas muchos de nuestros compatriotas han tenido que abandonar sus casas y sus pueblos, huyendo de la represión y la tortura", han indicado.

En este sentido, han abogado por "romper esta cadena para que nunca más haya exiliados vascos" y han incidido en que "ahora es el momento de superar para siempre la amenaza del destierro y la persecución política".

"Queremos aportar nuestra colaboración en el desarrollo de las líneas de actuación que en Biarritz se marcaron, para iniciar el regreso de nuestros compañeros primero y para que en el futuro nadie más se vea obligado a abandonar su casa. Nuestro compromiso con ese objetivo es total", han remarcado.

En su opinión, para "alcanzar la solución definitiva es necesario contar a nuestro pueblo toda la verdad de lo ocurrido en los últimos cincuenta años". "Nosotros también tenemos mucho que decir, sobre la realidad que nos ha tocado vivir, concretamente sobre la guerra sucia, el miedo y la muerte, la tortura y la indefensión jurídica de la deportación", han expuesto.

Según han declarado, pese a que "hay quienes están interesados en realizar relatos parciales de lo acontecido, haciendo desaparecer gran parte de las atrocidades cometidas, nosotros no tenemos miedo de hacer frente a todo lo ocurrido, ni tampoco a asumir nuestra responsabilidad".

Covite les entrega un listado de 400 asesinatos sin esclarecer

La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (Covite), Consuelo Ordóñez, ha entregado a un representante de los huidos de ETA sin causas pendientes un listado con "los 400 asesinatos de ETA que están todavía sin esclarecer".

"Estas personas saben mucho de los 400 crímenes que están sin resolver, por eso les hemos dado este listado con los nombres de los 400 asesinados por los que nadie ha pagado", ha expuesto la presidenta de Covite.

Consuelo Ordóñez ha llegado a la Casa de Cultura de Alsasua, donde se ha celebrado el acto, pasadas las 11.30 horas acompañada por Laura Martín, viuda de Juan Carlos García, asesinados por los GAL, y Concepción Fernández, cuyo marido, Aurelio Prieto, fue asesinado por la banda terrorista, con carteles en los que se leía 'Condenad al terrorismo. Aclarad los asesinatos'.

Las tres representantes de Covite, tras atender a los periodistas, se han acercado a las puertas de la Casa de Cultura donde estaban accediendo algunas personas que iban a participar en el acto. Finalmente, uno de ellos les ha cogido el escrito e inmediatamente después han cerrado las puertas del edificio.

El juez Ruz permitió el acto porque no vio evidencia de enlatecimiento del terrorismo

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha dirigido este sábado a la Policía, la Guardia Civil y la Policía Foral de Navarra para que le informen si el acto celebrado en Alsasua ha derivado en acciones que pudieran encajar en el delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas.

Según la resolución del juez, en el caso de que estas acciones se hayan producido se ordenará a las fuerzas de seguridad que se identifique a sus autores y se abran las diligencias judiciales que correspondan. Este viernes Dignidad y Justicia solicitó a la Audiencia Nacional que prohibiera el acto celebrado esta mañana. Al no aparecer evidencia de un delito de enaltecimiento, según el juez, no resultaba procedente adoptar medida cautelares con respecto al acto convocado, pero sí requerir a las fuerzas de seguridad información para prevenir la comisión de delito.

Los ministros franceses de Interior tendrán que hablar y decir lo que sabían, es la advertencia que lanza el excomisario de policía español José Amedo Fouce, 30 años después de los atentados cometidos por los GAL en el País Vasco francés, que causaron 27 muertos y que dejaron 30 personas heridas entre 1983 y 1987.

Condenado en 1991 a 108 años de cárcel –pena que quedó reducida a 12 años– por su participación en los GAL, el policía de Bilbao provocó la caída de sus superiores: Julián Sancristóbal, ex gobernador civil de Vizcaya, Rafael Vera, subsecretario del Ministerio de Interior y luego secretario de Estado de Seguridad (1986-1994), y José Barrionuevo, ministro del Interior (1982-1988), dos hombres a los que Felipe González (presidente entre 1982 y 1996) acompañó a las puertas de la cárcel en la que ingresaron, en febrero del 2003. Rafael Vera fue condenado en el 2009 por ingresar dinero en Suiza destinado a comprar el silencio de Amedo y de otros funcionarios.

José Amedo Fouce ha decidido volver a hablar de los atentados cometidos por los GAL, grupo concebido para combatir el terrorismo de ETA, pero que en realidad buscaba desestabilizar el País Vasco francés, donde se refugiaban los comandos terroristas vascos. En su segundo libro, Cal viva, explica con detalle cuál fue la participación, que tilda de decisiva, de los funcionarios franceses. Entre ellos, había uno llamado Jean-Louis, supuestamente encargado de supervisar los ataques más sanguinarios, como el atentado contra el hotel Monbar, en Bayona, que dejó cuatro muertos en 1985. Hasta ahora, Jean-Louis es un hombre sin identificar. Y sin rostro.

La justicia francesa solo procesó a unos pistoleros o a cómplices, sin identificar a ningún comando francés. Además, la mayoría de los casos ya han prescrito en Francia, no así en España. En el juicio contra el exjefe de la brigada de información de Bilbao, Miguel Ángel Planchuelo (absuelto), en 2011, el fiscal de la Audiencia Nacional, Pedro Rubira, se refirió a la necesidad de aclarar el papel de un funcionario llamado Jean-Louis en las acciones de los GAL.

Además, según Amedo, altos cargos franceses filtraban informaciones a España para proteger de la justicia a miembros de los GAL.

Mediapart: Se sabía que los GAL eran una organización impulsada por el gobierno español, pero ahora se descubre que también existió una estructura clandestina francesa. Da la impresión de que los GAL no habrían podido actuar de no ser por esta ayuda…

José Amedo Fouce. Jamás. Hubiera sido todo muchísimo más complicado. Porque si tú actúas, en esta zona pequeña, amparado por una infraestructura propia, integrada por profesionales franceses, que saben donde están los etarras, que saben cuáles sus movimientos, que saben cuáles son sus puntos débiles…, todo eso simplifica las cosas. Había operaciones que se organizaban de un día para otro, precisamente por esa razón, gracias a la participación de funcionarios franceses en la infraestructura de los GAL. Todo esto lo hacía más operativo.  

Al comienzo, desde la cúpula socialista se dieron órdenes de actuar

Antes de que llegase al poder, a Felipe González ya le rondaba esa idea por la cabeza. Recuerdo las palabras que le dijo, antes de ser presidente, al periodista de izquierdas Martín Prieto. Le dijo: “¿Qué te parece si los matamos?”. Sabía que la recién nacida democracia española podía verse fracturada si las fuerzas del Estado se quedaban de brazos cruzados ante ETA. Parte de la fuerza de la banda terrorista, que mataba de forma regular a agentes de la ley y el orden, estaba en la posibilidad que tenían de entrar en Francia, de esconder en ese país a los miembros de sus comandos después de haber atentado en España. Felipe González le pidió a Mitterrand, por activa y por pasiva, que lo ayudase. Mitterrand no quiso. Y fue entonces cuando tomaron esta decisión.

Después de la reunión definitiva en Madrid, donde se acordó iniciar las operaciones en Francia, me reuní con Julián Sancristóbal, quien luego sería director general de Seguridad del Estado, en su despacho. Me explicó que se trataba de una acción orquestada por el gobierno, dirigida por Felipe González. Sancristóbal me comentó que esta decisión se había tomado porque la democracia estaba en peligro. A mí me sorprendió, pero compartía la decisión. Aquí en España, el 90% de los españoles hubieran aceptado una acción de estas características, porque se producían muertes cada semana, sin que nosotros fuésemos capaces de hacer nada.

Sancristóbal sabía que yo tenía una red de colaboradores en Francia, esencialmente informadores. La tenía por razones muy sencillas. Llegué a Bilbao a los 2 años, estaba completamente integrado, por mi acento, por mi ubicación, en el meollo vasco. Los funcionarios que venían de fuera del País Vasco vivían recluidos, por miedo, en las casas cuartel o en las comisarías. Ni se les ocurría cruzar la frontera francesa que yo franqueaba con la mayor naturalidad del mundo.

Por aquel entonces, gracias a un empresario francés, Pierre Guerracague, yo había conseguido reunirme en un caserío con dirigentes etarras, del comando Polimi, para propiciar el inicio de las conversaciones. Ya tenía cerrada aquella entrevista, cuando en Madrid decidieron, desde arriba, ir a Francia a secuestrar etarras, a matar etarras.

Así que empezaron a reclutar en Francia… 

Lo que me pidió Sancristóbal en su despacho es que movilizase a toda esta red de funcionarios de policía franceses, que ganaban más dinero con lo que pagamos nosotros que con lo que les pagaba el Estado francés. Se trataba de comprar voluntades, gente vinculada con servicios que controlaban la lucha antiterrorista, que nos entregaban documentación sobre los etarras arrestados en Francia, bajo cuerda, de manera oculta. Aquello se pagaba muy bien. En Bayona, San Juan de Luz, Biarritz, yo contaba con una red de funcionarios: hablamos de muchos. Venían también a España, invitados, de celebración, de fiesta, se veían con prostitutas, lo que ellos querían…

Uno de esos funcionarios franceses tuvo un papel clave, Jean-Louis. Lo introduce un policía de la Policía de fronteras, Guy Metge.

Sí, al comienzo, le expliqué a Guy Metge lo que se pretendía hacer en Francia, lo que a mí me habían explicado, y le empieza a dar vueltas, él y los otros. Había que seguir trabajando con los informadores pero al mismo tiempo dedicarse a poner en marcha este nuevo operativo. Sabían que iban a ganar mucho más dinero. Metge me presentó a Jean-Louis. Lo conocí con este nombre, pero no sé si realmente era esa su identidad. Era un tipo que tomaba muchas precauciones. Era frío, calculador, retorcido, muy capacitado. Preguntó si se podía atentar contra un miembro de Iparretarrak. Le dijimos que sí [uno de los primeros atentados organizados por Jean-Louis apuntaba a Xabier Manterola, líder de Iparretarrak, el 1 de febrero de 1985]. Jean-Louis se presentó como policía, inspector. Según dijo, Iparretarrak había matado a un compañero suyo. Era el más resolutivo de los franceses que actuaron con nosotros. Trabajaba con personal que él mismo traía. Metge seguía colaborando, pero Jean-Louis les fue ganando el terreno a todos, dado su carácter resolutivo.

¿En qué momento le pareció decisiva su intervención?

En octubre de 1985, Jean-Louis diseñó una operación que se había dicho que tenía que tener un número determinado de víctimas. Había localizado tres miembros de ETA en un bar, en Biarritz. Antes de operar, tenía que llamar aquí, por teléfono. Llamó a España. Le dijeron que no, que tenían que ser por lo menos cuatro los objetivos, que era necesario que fuese una operación de más importancia. Los que estaban dispuestos a llevarla a cabo, que son Lucien Mattei y Pierre Frugoli, dieron marcha atrás. Al día siguiente, las instrucciones que recibió se las transmitió de forma inequívoca a los pistoleros. A partir de este momento se fue con su gente a la calle Pannecau de Bayona y atacó el Monbar. Lo soluciono, en cuestión de horas. El comando mató a cuatro personas.

¿Esta llamada a España siempre se producía?

El ok, sí.

¿A quién?

Alguien llamaba al Ministerio del Interior. En un caso como este por ejemplo, estaba todo perfectamente organizado. La llamada, primero. Era una cuestión de segundos. Se avisaba de que iba a pasar algo: “Ya está dispuesto”, “ya está organizado”, “va a pasar esto”. Segundos antes, se analizaba el número de victimas. Para los políticos, los que mandaban en los GAL, Sancristóbal y sus superiores, los daños colaterales llegaron a estar incluidos en las operaciones.

Sancristóbal quería poner coches bomba en Francia, lo que implicaba la muerte de mucha gente. Si se producían daños colaterales, el impacto en la opinión pública francesa, vascofrancesa en este caso, era mucho mayor y se sensibilizaba a las autoridades locales para influir en las decisiones que se tomaban en París.  

Y en las altas esferas, ¿se transmitía este tipo de informaciones entre franceses y españoles? De forma oficial, existía una estrecha amistad con los responsables franceses. También había sobres. Lo mismo que yo, sobre el terreno. Tenía información, porque tenía gente sobre el terreno, en Francia. Jesús Martínez Torres (excomisario general de Información) también le daba dinero al responsable de la lucha antiterrorista en Francia y automáticamente recibía información. Un ejemplo. La policía francesa, de acuerdo con un juez francés, iba a esperarnos a nosotros, a un lugar determinado, para detenernos. Un responsable antiterrorista francés llamó a Martínez Torres para avisarnos de que se sabía de nuestra cita en la frontera francesa. Y Martínez Torres llamaba a Miguel Planchuelo (jefe superior de la policía de Bilbao) que me decía : “No vayas, porque te van a arrestar». Nos avisaban desde arriba para que no fuésemos, lo que confirma que había una implicación a alto nivel para tapar aquellas cosas.  

Después del atentado contra el Monbar, la policía francesa buscó fotos de la gente que se encontraba en la zona en esos moomentos, pensando que podía haber cómplices… Jean-Louis estaba muy cerca de ahí. Llegó a decir por teléfono, cuando se inició el asalto al Monbar : “Parece que dentro están armados, porque hay un tiroteo, es como si hubiese fuegos artificiales en Bayona”.

La participación de dos mujeres jóvenes en las operaciones de los GAL, “la dama negra” y la “dama rubia”, muy preparadas y muy vinculadas a Jean-Louis, permanece como el episodio más misterioso de esta historia…

En marzo 1985, la primera operación de la dama negra la dirigió Castets [Jacques, otro policía francés] cuando entró en el bar Lagunekin de la calle Pannecau, por una puerta trasera. Dejó a dos etarras gravemente heridos. Después se ocupó Jean-Louis. Cuando me hablaron de ellas, dije ¿pero de que me están hablando? Fue en Bayona. Dominique Thomas, la dama negra, debía tener preparación militar previa, era de origen vietnamita, su padre era militar francés. A la otra que vino, la rubia, llamada Margaret, la entrenaba Dominique.

Ha facilitado una foto de la “dama rubia”, que nunca fue identificada…

Nunca. Yo tengo su nombre y apellido.

¿La intervención de estas pistoleras no implica la participación de los servicios de inteligencia en los GAL?

De hecho, el dinero era algo que no les importaba ni lo más mínimo. Cobraban, pero no discutían. Eran impresionantes. Sobre todo la primera, Dominique, sobre todo tras los hechos del bar Lagunekin, el halo de misterio que dejó detrás, el terror que provocó a los etarras. Ver surgir a una chica así, menuda, con un arma automática, en la calle Pannecau, que era el feudo, el epicentro de ETA, una calle muy estrecha, que es prácticamente un callejón sin salida… Estas mujeres estaban preparadas, se disfrazaban, dejaban sus disfraces tirados. Una vez, le lanzó un órdago a un etarra y dejó la peluca encima de su victima. Sin lugar a dudas, para llevar a cabo este tipo de acciones, psicológicamente hay que estar muy preparado. Y, de hecho, nunca las pillaron. Aunque acusaron a Dominique. Le hicieron probarse unos zapatos abandonados por la dama rubia y gracias a eso fue exculpada.

En 1991, la dama negra sólo fue condenada a tres años de cárcel por asociación de malhechores… Sí, y un hombre sigue preso en Francia, Jean-Philippe Labade por su implicación en los GAL, en algo menor, como informador. La condena a cadena perpetua que se le ha aplicado es una de las mayores injusticias que se han cometido. Me parece terrible que pese a tener una implicación mínima, lo haya pagado tan caro. El fallo de Labade fue conocer a Patrick de Carvalho –uno de los pistoleros de los GAL–, cuando iba a actuar. Puesto que se dedicaba a vender locales, le facilitó las llaves de uno en Ciboure, una ubicación perfecta para atacar a un etarra (Alberto Aldana Barrena). Carvalho estaba preparando este atentado con una ballesta, para lanzarle a la cabeza una flecha que llevaba la firma de los GAL. La policía estaba detrás de Carvalho, investigando y creyeron que Labade había participado en las operaciones que llevó a cabo Carvalho [en febrero de 1984, Carvalho había matado, entre otros, a Eugenio Gutiérrez Salazar, llamado El Tigre, con un fusil de mira telescópica y, en marzo, a Pérez de Arenaza].

En esta misma investigación se sospechó de la implicación del policía Guy Metge. Labade tenía el teléfono de Guy Metge. Entonces se empezó a sospechar de Metge y alguien decidió que había que eliminarlo, para que la policía francesa no se viese salpicada. ¿Jean-Louis es el que le explica que han matado a Metge cuando oficialmente se ha dicho que murió en un accidente de tráfico?

Exacto. Lo hacen gracias a un dispositivo que pusieron en la caja de cambios de su coche. Jean-Louis no fue muy preciso. Yo no sé quién se encargó de esa operación. Más arriba, los servicios franceses y españoles hacían todo lo posible y se comunicaban para no aparecer involucrados en ese asunto.  

Un tal Jacques, que nunca ha aparecido, pero del que usted muestra una foto, parecer haber sido el artífice del grupo.  

Sí, Jacques era el responsable de este tema.

Al final de esta serie de atentados, Sancristóbal le dijo: "De Jean-Louis no hablas". ¿El dirigente español tuvo un contacto directo con el francés?

Sí. Supe que hablaban entre ellos. Había algo. Sancristóbal intervino directamente en algunas operaciones. Era muy impetuoso. Vino al lugar del secuestro de Segundo Marey [secuestrado en diciembre 1983 y liberado cuando los GAL se dieron cuenta que no tenía nada que ver con ETA], ¡un político! ¡Encontró los secuestradores, fue con ellos! Se entrevistó con Mohand Talbi en el monte cuando estaba secuestrado Marey para animarlo. Sancristóbal se implicaba mucho. Mucho. Decía "quiero sangre", quería muertos en Francia.

Al principio, en 1983, se prestó ir a ver a un delincuente, Morcillo, para matar a alguien en España. Sancristóbal también fue al principio, cuando se planeó poner un coche bomba en San Juan de Luz, en el bar Mingo, frecuentado por muchos etarras. A un hombre de los GAL, Jean-Pierre Echalier, le dieron una bomba con tres kilos de dinamita y dos kilos de clavos. Con ese material, se podía reventar toda la casa. Luego, Echalier se echó atrás y nunca se le volvió a ver. Y el atentado nunca se cometió.

¿Hasta dónde llega esta cadena de mando?

En España intervienen responsables al máximo nivel, una operación de la que está al corriente el Rey. No nos olvidemos que después de la tentativa de golpe de estado de 1981, los militares exigen que se actúe contra ETA en Francia. De no participar mandos del más alto nivel, nunca se habría hecho.

Hasta ahora, González lo ha negado.

Hace un año o dos, González dijo : “Pude volar la cúpula de ETA en Francia”. Esto es empezar a decir algo. Todo el mundo sabe que está González detrás. Igual que cuando ETA deje las armas y se disuelva, lógicamente ETA y el PNV van a pedir que el Estado español reconozca que también atentó contra ellos. Lo van a pedir. No lo va a reconocer el Gobierno de ahora, porque el máximo jefe de Alianza Popular de la época, Manuel Fraga Iribarne, también fue informado por Felipe González.

Y el Rey también lo sabía. El Rey llamó al juez Garzón para decirle que no investigara los GAL porque era un asunto de estado. Creo que Rafael Vera lo va a contar cuando ETA sea historia. Y creo que González también.

¡Cuidado! Sería bueno que los ministros franceses del Interior franceses reconociesen también que ellos lo sabían. A mí, Sancristóbal, en la cárcel, me dijo que cuando era secretario de Estado, un alto cargo de los servicios de inteligencia franceses, íntimo amigo de él, tenía la grabación de un encuentro de Felipe González con François Mitterrand para hablar de los GAL. En esencia, Mitterrand le pedía a González que pusiese fin a las operaciones.

El gobierno francés sabía que el ejecutivo español estaba detrás de los GAL. Cuando llegó Chirac al poder en 1986, le dijo a González que todo se había terminado. Y luego, durante las investigaciones judiciales, los franceses eran los encargados de dar el chivatazo: “Oye no vayas por aquí que te vamos a dar caza".  De esta forma se seguía colaborando. El estado francés también protegía a los GAL.

¿Porque el título Cal viva?

No tenía intención de publicar este libro con motivo del 30º aniversario de los GAL, sino coincidiendo con el final de las primeras acciones. Zabala y Lasa, raptados en Bayona, fueron enterrados en cal viva, cerca de Alicante. A Segundo Marey también quisieron enterrarlo en cal viva, pero me opuse. Habían comprado hasta la cal.

La entrevista con José Amedo se hizo en Madrid el 7 de diciembre. Las fotos de este artículo son de Daniel Vélez, fotógrafo del diario Sud-Ouest y corresponsal de AFP, que cubrió estos atentados así como los juicios posteriores.

Según fuentes jurídicas, los 17 magistrados que componen este órgano debatirán, además, si procede que las peticiones pendientes aún de revisar sean resueltas por cada una de las secciones competentes de la Audiencia, en situaciones idénticas a la de los presos ya excarcelados y en el caso de que cuenten con el informe favorable del Ministerio Público.

Este miércoles, la Fiscalía pidió la excarcelación de estos 13 presos, a través de escritos redactados por el teniente fiscal, Jesús Alonso, en los que solicitan la "puesta en libertad" de estos reclusos y que se declaren "extinguidas" sus responsabilidades penales en vista del acuerdo adoptado este martes por el Tribunal Supremo en el que liquidaba la 'doctrina Parot' tras la sentencia del Tribunal de Estrasburgo.

Entre los terroristas que podrían ser excarcelados se encuentran José Antonio López Ruiz, 'Kubati', que fue condenado entre otros asesinatos por el de la disidente etarra María Dolores González, 'Yoyes', y la miembro del 'comando Madrid' Inmaculada Noble, que fue condenada por el asesinato del comandante Ricardo Saenz de Ynestrillas en 1986.

Además, la Fiscalía informó sobre el caso de la integrante gallega de los Grapo Olga Oliveira, que ha desarrollado varias huelgas de hambre en los últimos años en protesta por la política penitenciaria del Gobierno. La Sala de lo Penal también verá el caso del miembro de esta organización Laureano Ortega, condenado por el asesinato del empresario Claudio San Martín en 1988, aunque en su caso se estudiará por acumulación de condenas y no por la aplicación de la 'doctrina Parot'.

El resto de etarras cuya excarcelación será estudiada por los 17 magistrados del Pleno de la Sala de lo Penal son Francisco Javier Lujambio Galdeano, Jesús Díaz de Heredia Ruiz de Arbulo, Pedro Juan Odraizola Aguirre, Juan María Gabirondo Agote, Pedro María Rezabal Zurutuza, Miguel Turrientes Ramírez, José Félix Zabarte Jainaga, María Josefa Urkudun Etxenagustia, Antonio Alza Hernández y Gonzalo Rodríguez Cordero.

Once etarras ya están libres 

Tras la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que el pasado 21 de octubre dio la razón a la miembro del comando Madrid Inés del Río, que fue puesta en libertad al día siguiente, la Audiencia Nacional ha acordado la excarcelación de otros diez etarras, entre los cuales se encontraba Domingo Troitiño, autor del atentado que costó la vida en 1987 a 21 personas en el centro comercial Hipercor de Barcelona.

Además de Del Río y Trotiño, la Audiencia Nacional ha acordado la excarcelación de Juan Manuel Piriz López, Jon Koldo Aguinagalde Urrestarazu, Luis María Azkargorta Belategi, Isidro María Garalde Bedialauneta, Jokin Mirena Sancho, José Ignacio Urdiain Ciriza, Joseba Koldobika Artola, Elías Fernández Castañares y Juan Francisco Gómez López.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decidió este martes, por doce votos frente a cuatro, que debe ser cada tribunal sentenciador el que dirima el alcance de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo respecto de los presos a los que se aplicó la 'doctrina Parot', cuya aplicación da por anulada para todas las sentencias condenatorias en ejecución dictadas antes del 28 de febrero de 2006.

El Supremo también concluye que las condenas dictadas con anterioridad a la sentencia dictada contra Henri Parot --que estableció la doctrina-- y en las que se haya aplicado el Código Penal de 1973 (por no resultar favorable el de 1995), "las redenciones ordinarias y extraordinarias que procedan se harán efectivas sobre el límite máximo de cumplimiento establecido conforme al artículo 70 del referido código penal de 1973, en la forma en que se venía haciendo con anterioridad" a dicha resolución.

Entre los detenidos se encuentra Raúl Aduna Vallinas, nacido en Vitoria en 1981, que ya había sido detenido en su domicilio de Vitoria en 2001 por ser un militante de Segi, grupo de apoyo vinculado a la banda, a raíz de la desarticulación del comando Gorbea en Barcelona. Además, fue uno de los 14 huidos de la macroperación desplegada a finales de 2009 en el País Vasco y Navarra y que se saldó con una treintena de detenciones.

Las fuerzas de Seguridad sospechan que Aduna decidió incorporarse a las estructuras de ETA tras escapar de aquella operación contra Segi, si bien su relación con la banda se remonta a varios años antes. A mediados de 2007 se encontró en una manifestación con un posible colaborador de la banda Igor García, con quien viajó a Francia, y que sería detenido dos años más tarde.

Otra de los seis presuntos etarras detenidos este martes es Ekhiñe Eizaguirre Zubiaurre, alias “Kattalin”, captada para integrar uno de los tres taldes de legales que en 2010 el etarra Ibai Beobide Arza pretendía crear en Guipúzcoa y Vizcaya siguiendo órdenes de la cúpula de ETA en Francia. Beobide fue detenido en febrero de 2013, cuando se encontraba "dinamizando y coordinando" al menos tres grupos entre los que figuraba el de “Ezpala”, que dispondría de 40 kilos explosivos, detonadores, cordón, pentrita y una pistola y al frente del cual se encontraría Ekhiñe Eizaguirre Zubiaurre.

Tras la detención de Beobide, se dictaron cuatro órdenes de busca y captura contra miembros del grupo relacionados presuntamente con sus planes. Entre ellos se encontraba además de Ekhiñe Eizaguirre, Xabier Atristaín y Eider Zurriarain Mendiguren, detenidos la semana pasada por la Ertzaintza para cumplir una condena pendiente. La Guardia Civil incluyó a Ekhiñe Eizaguirre en su lista de los terroristas más buscados.

Julen Mendizábal Elezcano, detenido también este martes, está reclamado desde 2001 por la Audiencia Nacional por su vinculación con un acto de 'kale borroka', según informa Europa Press.

En concreto fue el juez Ismael Moreno quien el 3 de abril de 2001 ordenó un auto la detención contra Alberto Marín Etxeberría, Xabier Mondragón, Igor Zearreta Garai y Julen Mendizábal Elezcano. Los tres primeros fueron detenidos el 27 de marzo de 2001, y desde entonces la Ertzaintza comenzó la búsqueda de Mendizábal.

Otro de los detenidos es Andoni Goikoetxea Gabirondo, que fue incluido en la lista de terroristas más buscados de la Guardia Civil en junio de 2011. Había logrado escapar el 12 de abril de ese año de la operación en la que el Instituto Armado desarticuló el comando Erreka de ETA, dedicado a labores logísticas y, en concreto, a suministrar armas y explosivos a los comandos terroristas que accedían a España para cometer atentados.

Goikoetxea Gabirondo fue captado por ETA hace 13 años, en 1998. Su nombre aparecía en los papeles incautados al ex dirigente etarra Ibon Fernández de Iradi, "Susper" y en la documentación de los abogados de la banda, detenidos en abril de 2010. La investigación de la Audiencia Nacional concluyó que Goikoetxea participaba asimismo en la búsqueda de datos para la banda sobre posibles objetivos.

Estas mismas fuentes han concretado que los seis detenidos son Raúl Aduna, Antonio Goikoechea, Igor Uriarte, Julen Mendizábal, Ekhiñe Eizaguirre y Kepa Artauz cuyo arresto forma parte de una operación simultánea en tres domicilios localizados en el suroeste de París, en el sur de Limoges y en Montpellier.

Raúl Aduna es un exmilitante de Segi, huido de la macrooperación desplegada por la Policía y guardia Civil a finales del año 2009 en la que fueron detenidos más de 30 jóvenes acusados de pertenecer a la banda terrorista.

Por su parte, Ekhiñe Eizaguirre fue captada por Ibai Beobide Arza, quien tenía el encargo de reactivar varios comandos en el País Vasco siguiendo órdenes del que fuera jefe militar Mikel Carrera Sarobe.

La logística es la estructura de ETA más activa desde la declaración de alto el fuego del pasado 20 de octubre de 2011 ya que es la encargada de abastecer a los militantes de la banda de las necesidades básicas para mantenerse en la clandestinidad y, anteriormente, de suministrar el material necesario a los comandos para los atentados. Esta operación supone un golpe contra el aparato logístico de ETA ya que las fuentes consultadas encuadran a los detenidos en el aparato de abastecimiento.

Aunque no se esperan más detenidos, a lo largo de este martes, las autoridades galas y la Guardia Civil procederán a registrar varios domicilios situados distintos puntos de Francia.

La banda terrorista dice que sus cerca de 700 presos distribuidos en cárceles de España y Francia deben participar en el proceso en igualdad de condiciones que el resto, y que por tanto "tienen que estar libres". "Es hora de pasos valientes y decididos para acelerar el proceso que los traiga a casa [...] a quienes están pagando el amor a esta patria con el castigo de la cárcel y el exiliado", dice la organización criminal, informa Europa Press.

Oportunidades para abrir "nuevos terrenos de juego"

ETA enfatiza que "ahora es momento de organizar un proceso popular" que aglutine a "todos los sectores" con el fin de ir "superando barreras" y "profundizando en las decisiones de crear herramientas para la soberanía de Euskal Herria". Este "proceso popular" debería ser "participativo y democrático", subraya ETA, que fija como objetivo un Estado vasco, y sostiene que la sociedad vasca se encuentra ante una "oportunidad histórica" para solucionar el conflicto. En cuanto a las perspectivas para este año, ETA asegura que, "por encima de ataques y trabas, hay oportunidades para abrir nuevos terrenos de juego en Euskal Herria".

En este sentido, destaca que el apoyo de la ciudadanía vasca al "diálogo y al acuerdo para dar solución al conflicto y para lograr una paz justa es completo". Asimismo, ETA señala que "cada vez más sectores piden un cambio político y social basado en el reconocimiento de Euskal Herria y el derecho a decidir de su ciudadanía". El "proyecto independentista", añade en el comunicado, "aparece como una alternativa renovada y fuerte en todo el territorio". Para ello, ETA argumenta que "el sistema capitalista, de ningún modo, es un espejo en que mirarse" y aboga por depositar en las "manos del pueblo las decisiones y el patrimonio popular". Así, vaticina que "el socialismo [...] podría conseguir en los próximos años el aval y la adhesión del pueblo trabajador y de la ciudadanía en general".

ETA hace una retrospectiva de los últimos 30 años de la banda y valora la situación actual en el País Vasco, y remarca que, "por encima de todas las heridas, Euskal Herria ha llegado a este umbral viva y con las puertas de la libertad abiertas" debido al "debate existente en el seno de todos los agentes y entre la ciudadanía en todo el país". De nuevo, ETA afirma que la situación política en País Vasco, Navarra y el País Vasco francés "son realidades que deben superarse".

La consejera de Seguridad en Euskadi, Estefanía Beltrán de Heredia, se reúne este miércoles con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, donde le planteará la necesidad de “adecuar” las competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FSE) en el territorio vaco, tras el cese definitivo de la actividad terrorista de ETA.

El encuentro se celebrará al mediodía en la sede del citado Ministerio y supondrá una primera “toma de contacto” desde la llegada del PNV al Ejecutivo vasco. Durante la reunión, la responsable autonómica en materia de seguridad aprovechará la cita para sugerir la necesidad de convocar la Junta de Seguridad, en el que están representados ambos organismos, para estudiar estas cuestiones, según ha informado a Europa Press fuentes del Departamento de Seguridad.

Cooperación entre las FSE y la Ertzaintza

Beltrán de Heredia trasladará a Fernández Díaz la disposición que tiene el Ejecutivo vasco a trabajar por la “cooperación y coordinación” entre la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Ertzaintza, así como amoldar a estos distintos cuerpos policiales a una nueva situación, desde el punto de vista de la seguridad. Además, la responsable autonómica le hará llegar algunas cuestiones relacionadas con la “vulneración” de algunas de las competencias de la Ertzaintza como Policía "integral".

Desde su llegada al cargo, Beltrán de Heredia ha apostado por replegar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional por el territorio, tras el cese definitivo de la actividad terrorista de ETA, situación que calificó de “esperanzadora”. Ejemplo de ello fue el pasado 20 de febrero, fecha en la que la consejera, durante su intervención en el Parlamento Vasco, anunció su intención de plantear al ministro del Interior la necesidad de convocar la Junta de Seguridad para "abordar la adecuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado al momento y las competencias que tienen en Euskadi".

Como recoge el Estatuto de Autonomía vasco, entre las competencias de las FSE en el territorio están la vigilancia de puertos, aeropuertos y costas, control de entrada y salida del territorio nacional, extradición, inmigración, pasaportes y DNI o armas y explosivos.

Esta propuesta no sólo responde a cuestiones de competencia, sino que atiende también a razones económicas, como subrayó la representante del Ejecutivo autonómico, ya que el actual despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuestan cerca de 500 millones de euros anuales. Además, durante la reunión, Beltrán de Heredia, pedirá que la Ertzaintza participe en todos los foros de seguridad de la Unión Europea, incluido el Acuerdo de Schengen sobre el control de las fronteras.

Cuando el 1 de diciembre de 2007, ETA asesinó a los guardias civiles Fernando Trapero y Raúl Centeno en el parking de una cafetería de Capbreton, sur de Francia, los investigadores quedaron sorprendidos. Por un lado, ETA volvía a matar en suelo francés después de 1976, y, además, lo hacía de una forma repentina e improvisada.

Normalmente, los atentados de la banda terrorista han venido precedidos de meses de estudio, vigilancia y seguimiento de los objetivos, periodos que en algunos casos han durado años. Así fue en el caso del atentado más emblemático de ETA: la voladura del coche del presidente del Gobierno Luis Carrero Blanco, en diciembre de 1973. Concebido en 1971 como un secuestro al vicepresidente del Gobierno de Franco con idea de exigir un intercambio de prisioneros, el aumento de la escolta tras su ascenso a presidente en junio del 73, hizo a ETA optar por el asesinato.

En Capbreton las cosas fueron tan diferentes que ni siquiera las detalladas pesquisas francesas y españolas han conseguido despejar algunas de las dudas. ¿Fue premeditado? ¿Una coincidencia fatal? Dado que la orden de matar sólo puede darla la cúpula, ¿estuvo el líder militar de la banda aquella mañana en la cafetería Les Erceuils?

Ruptura de la tregua

El atentado, producido un año después de la ruptura de las conversaciones entre ETA y el Gobierno de Zapatero tras el atentado de la T4, supuso la consolidación al frente de la banda de una nueva generación joven y fanatizada, crecida al calor de la kale borroka y nucleada alrededor de Garikoitz Azpiazu, alias Txeroki. Atrás quedaban algunos históricos, más inclinados a la negociación, como el sempiterno Josu Ternera.

Se publica ahora en España el libro Los de la ETA han asesinado a tu hijo(Libros del KO), del experto en seguridad José Antonio Gutiérrez y del periodista Daniel Fernández, una crónica exhaustiva de las semanas previas y posteriores al doble asesinato, y que narra con precisión sumarial no sólo las muertes de los guardias civiles y las huidas infructuosas de los etarras, sino también los meses previos de lucha interna en ETA por el liderazgo, así como la soterrada rivalidad entre la Policía Nacional y la Guardia Civil en la lucha contra la banda terrorista. No hay conclusiones definitivas a las preguntas que planteó el atentado a los responsables antiterroristas, aunque la precisión de las investigaciones y el ritmo de thriller dibujan un cuadro general solvente y muy instructivo del juego del gato y el ratón entre ETA y las Fuerzas de Seguridad, así como el desarrollo interno de un proceso de negociación del que apenas sabemos nada. crónica exhaustiva de las semanas previas y posteriores al doble asesinato

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