El popular Alberto Núñez Feijóo forzó este jueves la retirada de la ley del suelo presentada por el Gobierno al no garantizar los votos de su formación, decisivos para el Ejecutivo de Pedro Sánchez tras el 'no' de sus aliados parlamentarios y también de Sumar, la formación minoritaria de la coalición. Esto le permite concluir al líder del PP que "el Gobierno está roto", al igual que la coalición parlamentaria. Desde las filas populares ya advertían, en privado, el miércoles de que no ayudarían a tramitar la norma pese a que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que presiden los conservadores, lleva tiempo reclamando cambios legales en la misma dirección que promovía el texto. Así, priorizaban asestar otro "golpe" a Sánchez después de que el pasado martes los socialistas tampoco consiguieran que saliera adelante la tramitación de la ley contra el proxenetismo.

Lo que buscaba el Ministerio de Vivienda, con Isabel Rodríguez a la cabeza, era modificar la norma actual que data de 2008, con el fin de "dar seguridad jurídica" y "evitar que los errores de carácter formal que sean subsanables” puedan conllevar la nulidad total de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. Para el ministerio, los tres fines principales de la normativa eran: sortear parones de años "del planeamiento territorial y urbanístico de numerosos municipios por defectos menores que son fácilmente subsanables”; animar a que las autonomías “puedan llevar a cabo las reformas normativas necesarias para hacer que los instrumentos de planeamiento urbanístico sean una herramienta ágil y flexible para el desarrollo” de los municipios; y que “los ayuntamientos puedan afrontar los procesos de modificación y actualización de sus instrumentos de planeamiento urbanístico”.

Una norma deseada tanto por los alcaldes, las comunidades autónomas y las patronales del sector, que esperan que tras las elecciones europeas el Gobierno la vuelva a llevar a la Cámara Baja y el principal partido de la oposición la apoye. "Se había trabajado con el PP en su vertiente institucional, contábamos con ese apoyo para sacarla adelante", lamentaba la ministra Rodríguez tras la decisión de retirar la ley. Fuentes de la dirección popular confesaban el miércoles que el principal motivo para votar en contra y no abstención —otra de las posibilidades que se barajaban—, era "evidenciar" la "soledad" del Gobierno: "Que consiga el apoyo de sus socios", resumían estas fuentes.

Esta estrategia contrasta con el propio trabajo del PP, que había preparado enmiendas parciales a la norma. De hecho, la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, en una entrevista reciente en Demócrata recalcaba que el texto se apoyaba en los trabajos iniciados por el último Ejecutivo de Mariano Rajoy y abría la puerta a la negociación con el Gobierno pese que, a su juicio, se quedaba "coja". Ni siquiera Feijóo ha entrado en el contenido de la norma ni ha dado motivos por lo que oponerse, simplemente ha constatado que "el Gobierno se ha roto dos veces en 48 horas" y que el "problema" no es de la oposición.

Desde el PP son conscientes de que la FEMP había tendido puentes entre los alcaldes para ir a una en sus reivindicaciones y centrarse en los asuntos que tienen en común los 8.131 municipios en España como sucede en este caso. El argumento de la FEMP, compartido por el Gobierno, es que la actual daba inseguridad jurídica a ayuntamientos y comunidades autónomas porque, si una sentencia amparaba un recurso en contra algún aspecto de un plan general de ordenación urbana, con la regulación actual, decaía todo el plan. Para Sumar, sin embargo, la ley limita de manera "innecesaria" la posibilidad de intervención de la administración pública, mientras que ERC y Junts consideran que invade competencias.

Desde el ala socialista del Ejecutivo señalaban que el PP tenía un motivo de peso para apoyarla por la presión de sus propios ayuntamientos y comunidades, así como de las patronales del sector. Además, también incidían en que los populares deberían haber votado las enmiendas a la totalidad de las formaciones independentistas para tumbar el texto, lo que, a su modo de ver, también les hubiera dejado en una situación complicada. Sin embargo, para el PP era preferible ese escenario a ser el partido que salvara a Sánchez, en una semana en la que desde Génova han elevado el tono contra Sánchez y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, por la crisis diplomática con Argentina.

Al margen de la arena política, una organización había sido muy crítica con la pretensión del Gobierno: Ecologistas en Acción. Coincidía con Sumar cuestiones como que se pretende poner freno a las sentencias que declaren nulos de pleno derecho planeamientos urbanísticos por su ilegalidad, así como recortar la acción pública, el derecho de la ciudadanía a recurrir el urbanismo salvaje. Pero hay otro punto que han querido poner de relieve: el “articulado está redactado ad hoc para desbloquear la Operación Chamartín o Madrid Nuevo Norte.

Una circunstancia que, al mismo tiempo, beneficiaba a la patronal del sector promotor e inmobiliario como la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) o la Asociación Promotores Inmobiliarios de Madrid, que habían pedido estos días que se comenzara a tramitar la ley para " acabar la judicialización del urbanismo". Según el presidente de APCE, Juan Antonio Gómez-Pintado, si se quiere “hacer frente a la falta de oferta de vivienda” y a “las dificultades de accesibilidad” se necesita “desarrollar y gestionar suelo de manera más eficaz y con mayor seguridad jurídica". Los datos que manejan indican que hay casi un centenar de municipios afectados por sentencias judiciales que han declarado la nulidad de sus respectivos planeamientos urbanísticos.

El Gobierno ha solicitado poco antes de las 9 de la mañana de este jueves la retirada del orden del día del Pleno del Congreso la reforma de la ley del suelo ante la falta de apoyos parlamentarios y para que la norma "no se vea afectada por la situación electoral", según han informado fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y recoge Europa Press.

La propia ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha explicado que, una vez que pase el "furor" de las elecciones europeas del 9 de junio, estará dispuesta a negociar su proyecto con todos los grupos parlamentarios, tanto con el PP como con sus aliados. "Lo que hago como ministra es poner esta norma a disposición de los grupos parlamentarios para que, cuando pase el furor electoral, puedan tomar como referencia un buen texto, técnicamente muy bueno", ha dicho Rodríguez en el Congreso.

La decisión tiene lugar dos días después de que la Cámara Baja tumbara la ley del PSOE para prohibir el proxenetismo, que tuvo el voto en contra de PP pero también de los socios de gobierno como Sumar, ERC, Junts, EH Bildu y PNV. Solo votaron a favor los socialistas y el BNG, mientras que Podemos y Vox se abstuvieron.

En esta ocasión, el partido minoritario del Gobierno, Sumar, ya había anunciado su intención de rechazar la ley del suelo. Tras conocerse su retirada, el portavoz de Sumar en el Congreso, Iñigo Errejón, ha celebrado la decisión del Ministerio de Vivienda y ha advertido al PSOE de que, "cuando se pone en manos del PP, pasan estas cosas". "El PSOE impulsó una ley que sabe que no contaba con nuestro apoyo. Así lo manifestamos en el seno del Gobierno y la trajo, deprisa y corriendo", ha reprochado a su llegada al Pleno del Congreso señalando además que su socio de Gobierno "aspiraba" a sacar esta norma con el PP.

Errejón también ha advertido de que ponerse en manos de los populares no es buena receta porque después "van y te dejan caer". "Si las políticas de urbanismo y de vivienda las sacas con el PP, estás sacando políticas de pelotazo", ha abundado.

Además, ha remarcado que desde su formación son "firmes" y la prioridad para esta norma debería ser la lucha contra el cambio climático y facilitar el acceso a la vivienda. "No somos sólo nosotros que somos socios de Gobierno, el conjunto de los socios de la investidura manifestaron hace tiempo que este proyecto de ley se parecía más a los del PP y que, por tanto, si salía, salía con el PP", ha incidido.

El portavoz de Sumar ha abogado por negociar y mejorar el texto porque, según él, en los gobiernos "no se está para permanecer, se está para transformar las cosas" y su formación, para esto es "fiable y siempre llega hasta el final". "No se avanza confiando en el PP, se avanza confiando en sus propias fuerzas y en sus propias mayorías", ha incidido.

En la misma línea se ha manifestado la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, quien a través de su cuenta de X, ha recordado que desde su formación lo dijeron "hace meses". "Esta ley del suelo es especulativa y no protege el territorio, evitar la nulidad de planes urbanísticos genera inseguridad jurídica y efectos perjudiciales para el interés público", ha remarcado y ha abogado por avanzar en una política de vivienda "verde" que cuide las ciudades.

Por su parte, los de Alberto Núñez Feijóo dijeron que no ayudarían al PSOE cuando le faltaran sus aliados independentistas. Por este motivo, y con tal de evitar una segunda derrota en el Parlamento en menos de 48 horas, el Gobierno ha decidido retirar la norma, que se tramitaba este jueves.

El Ministerio dirigido por Isabel Rodríguez ha cargado contra el PP por su "falta de sentido de Estado" y por haber "primado sus intereses electoralistas" a una demanda de ayuntamientos y comunidades autónomas "para favorecer el desarrollo de vivienda pública". En la misma línea se ha posicionado eEl portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López: "Prefieren meter el dedo en el ojo al PSOE en lugar de ser vehículo de lo que piden los ayuntamientos", ha dicho.

"Esto demuestra en qué estamos cada uno en este momento", ha lamentado López en los pasillos del Congreso, recalcando que la norma de Vivienda "nace de una petición de los ayuntamientos gobernados por el PP, el PSOE y otras fuerzas políticas". "Pero hay quien prefiere, en lugar de hacer de vehículo de lo que piden los ayuntamientos, meter el dedo en el ojo al PSOE o al Gobierno", se ha lamentado.

Así, la vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, ha reaccionado a esta decisión del Ejecutivo asegurando que "la soledad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no tiene precedentes" y responde a la "debilidad" de un PSOE que pactó una investidura pero no una legislatura. "Está claro que la soledad de Pedro Sánchez no tiene precedentes. Nunca un presidente del Gobierno había estado tan solo", ha sostenido la 'número tres' del PP en una entrevista en RNE, que ha recogido Europa Press, en la que ha asegurado que el jefe del Ejecutivo negoció su investidura pero no "un Gobierno que legislase y gobernase para todos los españoles".

En su opinión, el Gobierno ha retirado la ley del suelo porque Sánchez "no se ha atrevido" a pasar por una situación "de bochorno parlamentario" ante la mirada de toda España, ya que sería la segunda vez en menos de 48 horas que "los propios socios del Gobierno, incluida su vicepresidenta segunda votarían en contra" de una norma aupada por los socialistas.

"Es una situación inédita en democracia. La soledad de Sánchez llega incluso hasta el hecho de que su propia vicepresidenta del Gobierno votaría en contra. No tiene ningún sentido", ha añadido la dirigente del PP, rechazando a su vez que la retirada de la norma la haya provocado su partido por "falta de sentido de Estado", como ha sostenido el Ministerio de Vivienda, y alegando que "el problema está sentado en el Consejo de Ministros".

Preguntada sobre si el PP tenía decidido su sentido de voto a la reforma de la ley del suelo, Fúnez ha indicado que la norma "era poco ambiciosa" y no respondía "a lo que verdaderamente se necesitaba en materia de vivienda". No obstante, ha recordado que los 'populares' no habían presentado enmienda a la totalidad, como si había hecho uno de los socios del Gobierno, Junts, y que ha sido Sumar quien había anunciado su posición en contra.

Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha criticado la gestión del Gobierno con la reforma de la ley: "Es dramático que a estas alturas el PSOE no sea capaz de negociar leyes". "Por un lado es normal, porque la van a perder, pero por otro dramático, porque hay un camino a recorrer que no quieren recorrer, que es el camino del diálogo y de la interlocución", ha dicho a su llegada al Pleno del Congreso.

Rufián ha explicado que se ha enterado por la prensa de la retirada de la ley del suelo y ha señalado que lo que planteaba el PSOE eran unas "las lentejas, o las comes o las dejas". Y eso, ha avisado, es "mal negocio en política"

El portavoz adjunto de Bildu en el Congreso, Oskar Matute, ha advertido este jueves al PSOE de que, si quiere que la legislatura "tenga recorrido" tendrá que negociar las leyes antes de enviarlas a la Cámara porque sólo así evitará tener que tomar decisiones como la que ha adoptado al retirar del orden del día del Pleno la reforma de la ley del suelo.

En declaraciones en el Congreso, Matute ha indicado que "lo ocurrido esta semana ha demostrado lo que no se tiene que hacer para que la legislatura tenga recorrido". Se refería tanto a lo sucedido con la Ley del Suelo como con la proposición de ley del PSOE contra el proxenetismo que el Pleno tumbó el martes con los votos de Sumar, el resto de socios y también el PP.

Según Matute, para que la mayoría que apoya al Gobierno la mayoría "tenga profundidad y capacidad para alcanzar cambios profundos en la sociedad" hay que cuidarla. "Y cuidarla significa interlocutar", ha explicitado, avisando de que si la parte socialista del Ejecutivo no asume esa realidad continuará esta "dinámica" de bloqueo y de "suma cero" que "impide avanzar hacia ningún lado".

El portavoz de Bildu ha incidido en que Vivienda no ha hecho "todo el trabajo previo" que tenía que hacer y ha explicado que ha sido a primera hora de esta mañana cuando se ha avisado a su grupo de la decisión de retirar la ley.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha enmarcado la decisión del Ministerio en el "contexto electoral" de las elecciones europeas, sin embargo, cree que es "grave" la falta de "coherencia" de Sumar, socio minoritario del Ejecutivo. "Sumar lo votó en el Consejo de Ministros y ahora va a apoyar los vetos e incluso hablan de que esto es para pelotazos urbanísticos; pero vamos a ver, un poquito de coherencia", ha reclamado Esteban este jueves a su llegada al Pleno del Congreso.

A su juicio, lo que el Gobierno tiene que hacer es traer las normas "muy consensuadas" y eligiendo bien el momento de su tramitación. "Quiero pensar que esto se está produciendo por el momento que es", ha insistido, haciendo referencia a la campaña para los comicios europeos que comienza este mismo jueves.

El dirigente vasco ha hecho un llamamiento a ser "responsables" a la hora de actuar políticamente y tomar decisiones porque "ya sabemos como están los números aquí". "El PP es consciente también de que es necesaria la reforma a esta ley, pero evidentemente, en un momento preelectoral, si normalmente no le da ni agua al Gobierno, esta vez no le va a dar ni sed", ha ironizado.

Desde el Ejecutivo, también han justificado su decisión alegando que, al retirarla, la norma no se vería "afectada por la situación electoral". Aunque, la retirada de esta norma llega justo dos días después de que la Cámara Baja tumbara la ley del PSOE para prohibir el proxenetismo.

Al hilo de esta cuestión y preguntado por su el motor del Ejecutivo está en mal momento, el portavoz del PNV lo ha descartado. A su juicio, el Gobierno sigue en la "misma" situación que al inicio de la legislatura porque "nadie" ha dicho que le vayan a retirar el apoyo.

"Estamos un poquito al ralentí o a la espera de que pase ya la última jornada electoral", ha insistido y ha defendido que la legislatura no puede ser solo "producción legislativa" porque el Gobierno tiene que gobernar y no medirse por cuantas leyes aprueban.

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Por su parte, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha calificado de "buenísima" noticia esta decisión. A su juicio, se trataba de una norma que contribuía "al pelotazo del bipartidismo" y por eso los morados habían presentado una enmienda para su devolución al Gobierno. "Estamos muy satisfechas de que el Gobierno haya decidido retirar esta reforma de la ley del suelo", ha celebrado a su llegada al Pleno del Congreso, ya que a su juicio, se trataba de una norma hecha ad hoc para que se pudiera llevar adelante el "pelotazo urbanístico" más grande de nuestro país.

Además, ha recordado que su formación ya contribuyó a paralizar esta reforma "en dos ocasiones" cuando formaban parte del Ejecutivo de coalición al considerar que entre sus objetivos está el de poner "muy difícil" la posibilidad de que la ciudadanía pueda parar megaproyectos urbanísticos. "Iba a servir simplemente para reforzar la cultura del pelotazo que es una cultura bipartidista", ha incidido.

Asimismo, Belarra ha reprochado al Ejecutivo que no se haya puesto en contacto con su formación "en ningún momento" y ha asegurado además que han conocido la decisión de la retirada "minutos antes" de que comenzara el debate a través de un "mensaje de Whatsapp" de miembros del Ejecutivo.

Preguntada por si desde el Gobierno han intentado en las últimas horas que retirasen la enmienda a la totalidad que habían registrado desde su formación y llevar acabo algún tipo de negociación, la dirigente morada lo ha descartado. "Ya nos conocen y sabían que esto era una línea roja para Podemos", ha explicado.

Luz verde. El Consejo de Ministros ha avalado el texto para la modificación de la Ley de Suelo, que se remitirá a las Cortes Generales para su debate y tramitación definitiva, con el fin de "dar seguridad jurídica" y "evitar que los errores de carácter formal que sean subsanables” puedan conllevar la nulidad total de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. Se activa así el anteproyecto de ley por el que se cambiará el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, que decayó en la anterior legislatura por la convocatoria de las elecciones generales como ya había avanzado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

Tras la reunión ministerial, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha defendido que el objetivo de la modificación es “claro”: “Dar seguridad jurídica y dar respuesta a una solicitud trasladada por parte de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y de numerosos ayuntamientos”.

Pero, de entrada, el paso dado por el Ejecutivo ha chocado contra un bloque que no lo aprueba. Desde el Ministerio de Vivienda indican que el ajuste dará "estabilidad, certeza y seguridad jurídica al desarrollo urbanístico de España, que se amolda a la sociedad del siglo XXI” y que esta reforma normativa “es importante para poder acometer las inversiones comprometidas” por el Ejecutivo “en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” ligado a los fondos europeos, dado que “los proyectos necesitan un marco urbanístico fiable y seguro que los haga posibles”.

Redundan en que están cumpliendo con una reclamación “reiterada” por parte de las comunidades, la FEMP y el sector y aseguran que nos acerca “a países de nuestro entorno como Francia, Italia o Alemania”. Y resumen en tres los fines principales de la transformación normativa: sortear parones de años "del planeamiento territorial y urbanístico de numerosos municipios por defectos menores que son fácilmente subsanables”, cuando hay sentencias judiciales, por ejemplo; animar a que las autonomías “puedan llevar a cabo las reformas normativas necesarias para hacer que los instrumentos de planeamiento urbanístico sean una herramienta ágil y flexible para el desarrollo” de los municipios; y que “los ayuntamientos puedan afrontar los procesos de modificación y actualización de sus instrumentos de planeamiento urbanístico”.

Pero esos multi propósitos no han convencido al socio del PSOE en el Gobierno, a Sumar, que “iniciará en el trámite parlamentario” el mismo debate que han llevado al Consejo de Ministros sin éxito, “cuando proceda”. Entienden que el texto “no responde adecuadamente” a la intención de “reforzar la seguridad jurídica en el ámbito de la planificación urbanística” y que “la regulación de las nulidades y anulabilidades, y más en concreto el régimen de retroacción de algunos vicios formales, pueden dar lugar a la convalidación de irregularidades urbanísticas”, por lo que “debería permanecer inalterado”.

No comparte tampoco Sumar “la necesidad de superar la acción pública en materia urbanística por el hecho de que siga sin modificarse desde 1956” y de que “en alguna ocasión se haya podido utilizar con fines espurios”. De hecho, creen que ésta a menudo ha servido para paralizar “planes sobredimensionados y de gran impacto social y medioambiental, que desatendían la protección del litoral, del dominio público hidráulico o de los espacios protegidos al omitir o ignorar informes sectoriales”. En ese sentido, abogan por mantener en los actuales términos el acceso a la acción pública y no limitar la posibilidad de la ciudadanía “de exigir la expulsión del ordenamiento jurídico de planes urbanísticos ilegales en defensa de los intereses generales”. “Lo mismo puede decirse del establecimiento de plazos para la impugnación indirecta de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística”, cierran las fuentes consultadas.

Desde Podemos, por su parte, han avanzado ya que se opondrán en el Congreso a la reforma, al considerarla similar a la que intentó aprobar el Gobierno del PP de Mariano Rajoy en 2018. Su secretaria de Acción Institucional, María Teresa Pérez, ha declarado que “es una reivindicación del sector inmobiliario” para volver a "la cultura del pelotazo" y para que los "fondos buitre" puedan "especular sin límites”.

Incluso desde el PP, su portavoz en la Cámara baja, Miguel Tellado, ha avisado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que no vayan a buscarlos, si le fallan sus socios para alterar la ley del suelo, pese a que su contenido pueda haber sido demandado por las comunidades que gobiernan. 

Al margen de la arena política, una organización ha sido muy crítica con la pretensión del Gobierno: Ecologistas en Acción. Comparte con Sumar cuestiones como que se pretende poner freno a las sentencias que declaren nulos de pleno derecho planeamientos urbanísticos por su ilegalidad, así como recortar la acción pública, el derecho de la ciudadanía a recurrir el urbanismo salvaje. Pero hay otro punto que han querido poner de relieve: el “articulado está redactado ad hoc para desbloquear la Operación Chamartín o Madrid Nuevo Norte”. María Ángeles Nieto, su portavoz del área de Urbanismo y Turismo, explica que ese proyecto, “lleva bastante tiempo paralizado por un problema en el Registro de la Propiedad”. Aporta sus coordenadas: “Se sitúa en el norte de Madrid, entre la estación de Chamartín y la M-40. Son 300 hectáreas, con una edificabilidad superior a los 2 millones de metros cuadrados, algo más de un millón para oficinas y otro para viviendas. Están previstos alrededor de 22 rascacielos, dos de ellos los que serán los más altos de Europa, y 11.000 viviendas. La trascendencia de la operación a nivel económico es brutal”, condensa. Todo comenzó, recuerda, “en los años 50. El Estado, la dictadura franquista, expropió a los propietarios suelos para construir un ferrocarril, que nunca se hizo y los terrenos acabaron pasando a Renfe y de ésta a ADIF, que en la operación firmó un convenio con el promotor Crea Madrid Nuevo Norte, formado por la entidad financiera BBVA, la constructora San José y la socimi Merlin Properties”. Nieto afirma que “cuando la administración expropia una propiedad privada para un fin público, en caso de que no se ejecute, el propietario tiene derecho a la reversión”, a que vuelva a él.

En ese contexto, el plan para Chamartín “administrativamente tiene vía libre, aunque hay algún recurso en el Supremo”, pero "en el Registro de la Propiedad sigue apareciendo el derecho de reversión de los titulares originales de los suelos y ADIF no puede transferir la propiedad a Crea Madrid”, desembrolla. “Y, casualmente –enlaza– en la modificación del Gobierno se introducen nuevos artículos en la ley de suelo que permiten la cancelación automática de la inscripción del derecho de reversión en el registro, en caso de que esos suelos no hayan pasado al dominio público y reviertan a titularidad privada. El texto está hecho a medida para este proyecto”, concluye.

Dicen haber tenido acceso al contenido del anteproyecto al que se oponen “por completo”. “No hay por donde cogerlo. Es un retroceso sin precedentes tanto a nivel urbanístico como de derechos ciudadanos”, proclama. Temen que se busque “cambiar la naturaleza del planeamiento urbanístico, que ahora es similar a un reglamento y, si se produce una ilegalidad, tanto en su tramitación como en su contenido, debe anularse la totalidad”. 

A juicio de Nieto, “todo esto está pasando porque los ayuntamientos incumplen de forma sistemática el ordenamiento jurídico. Aprueban crecimientos desorbitados, reclasifican suelos… y no por las necesidades del municipio, sino por intereses económicos”. “El urbanismo en España es el principal negocio, además del turismo, y esta ley lo blindará, a espaldas del fin social que debe tener el urbanismo”, señala, para añadir que “el sector inmobiliario lleva pidiendo estas modificaciones desde 2018”.

Para Ecologistas, lo que crea inseguridad jurídica no es la “anulación del planeamiento”, sino que administraciones locales y autonómicas “aprueben a sabiendas un planeamiento ilegal”. “En este país, la justicia no destaca por su espíritu de sostenibilidad o conservacionista hacia el territorio, para que un juzgado anule una actuación urbanística tiene que estar súper demostrada la ilegalidad”, desliza. Y remata: “La nueva norma está restando importancia a actuaciones e informes que son relevantes, por eso están en el procedimiento, como los informes de género”.

Por el contrario, del lado del Gobierno se ha posicionado la vicepresidenta de la FEMP y alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, para quien se da respuesta a una petición "unánime" de la entidad al dar "mayor seguridad jurídica" a los ayuntamientos a la hora de tramitar sus planes urbanísticos, que por "meros defectos formales" quedan paralizados. En la misma línea, la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCEspaña) ha valorado "positivamente" la modificación de la ley vía comunicado. Su presidente, Juan Antonio Gómez-Pintado, ha planteado, que si se quiere “hacer frente a la falta de oferta de vivienda” y a “las dificultades de accesibilidad” se necesita “desarrollar y gestionar suelo de manera más eficaz y con mayor seguridad jurídica". Según los datos que maneja APCEspaña, hay casi un centenar de municipios afectados por sentencias judiciales que han declarado la nulidad de sus respectivos planeamientos urbanísticos.

Alegría manifestó tras el Consejo de Ministros que “la vocación” del Gobierno “es contar con un amplio consenso dentro del Congreso para aprobar esta ley”. Fácil de arranque no parece que lo vayan a tener.

Es casi una tradición que el PP cumple a rajatabla en la Comunidad de Madrid desde hace casi dos décadas. No importa quién esté al frente del Ejecutivo. Ni tampoco si pertenece a uno u otro sector del partido. Cada nueva legislatura en la región siempre lleva aparejada cambios normativos en materia urbanística. Ninguna liberalización del suelo es suficiente. Siempre existe margen para más, para desregular con reformas que, en algunos casos, parecen hechas a medida de proyectos urbanísticos concretos. Lo hizo Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes. Y ahora le toca el turno a Isabel Díaz Ayuso. Mientras, la región es cada vez menos verde a costa del incremento de superficies artificiales. Y los precios, a pesar de ello, no dan tregua.

"Llevamos años viendo cómo desmantelan la regulación urbanística, encaminándonos hacia una situación de caos total, sin normas", reflexiona en conversación con infoLibre Ángeles Nieto, responsable de Ecologistas en Acción en la región. La activista echa la vista atrás. El último movimiento de Ayuso a través de la conocida como Ley Ómnibus es solo otra vuelta de tuerca. Pero esto viene de lejos. En concreto, de hace dos décadas. En julio de 2001, pocos días después de que el Tribunal Constitucional tumbase buena parte de la Ley del Suelo Estatal de José María Aznar, el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón aprobaba su propia normativa autonómica. Un texto que abundaba y perfeccionaba esa liberalización masiva con la que soñaban los conservadores.

Aquella norma horrorizaba a organizaciones ecologistas y agentes sociales, en tanto abría la mano con las hormigoneras: el suelo no urbanizable quedó reservado solo para aquellos casos de especial protección. Sin embargo, dos décadas después, Nieto reconoce que "pagaría dinero" por volver al texto original. Porque si ya consideraban grave lo que se hizo en aquel momento, el tsunami legislativo que vino después fue todavía peor. En las últimas dos décadas, la Ley del Suelo autonómica acumula nada menos que 17 reformas, casi una al año. Y cada una de ellas va un paso más allá que la anterior. "Ha sido un destripamiento constante de la regulación", dice la portavoz del colectivo ecologista.

Un "desmantelamiento", continúa, que se intensificó en la segunda legislatura de Esperanza Aguirre. Por si la liberalización del suelo llevada a cabo hasta el momento no fuese suficiente, el Ejecutivo regional fue introduciendo nuevos cambios que afectaban, incluso, a zonas protegidas. "La mayoría de aquellas modificaciones se realizaban por la puerta de atrás, sin apenas debate, a través de leyes urgentes o de textos de acompañamiento a los Presupuestos Generales", explica Nieto. Por eso no sorprende que Ayuso llevase a cabo su primera reforma de la Ley del Suelo por el procedimiento de lectura única –impidiendo así la presentación de enmiendas– y que ahora haya recurrido a la tramitación de urgencia con su Ley Ómnibus.

Algunos de estos cambios normativos parecían trajes hechos a medida para el desarrollo de determinados proyectos urbanísticos. En 2007, la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid retocaba la Ley del Suelo para que "los ayuntamientos" pudieran "autorizar instalaciones de carácter deportivo en los suelos rurales destinados a usos agrícolas", lo que allanaba en Alcalá de Henares la construcción de un campo de golf –luego se uniría un hotel de lujo– en la finca El Encín, terreno entonces clasificado como "no urbanizable de especial protección agropecuaria".

El Supremo terminó declarando ilegal la construcción del complejo. Lo hizo un año después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sentenciase que los terrenos escogidos en el municipio madrileño de Alcorcón para levantar Eurovegas no eran urbanizables. ¿Y cuál fue la respuesta del Ejecutivo madrileño? Confeccionar, de nuevo, un traje a medida. A final de año, y a través de la Ley de Medidas Fiscales, el entonces Gobierno de Ignacio González crea una nueva categoría dentro de los Proyectos de Alcance Regional: los denominados Centros Integrados de Desarrollo. Con este movimiento, el problema quedaba resuelto.

Unos meses antes, Aguirre había vuelto a retocar la Ley del Suelo autonómica. Lo hizo para adaptar una norma estatal. Eso sí, borrando de un plumazo el límite de superficie que la legislación nacional fijaba para la apertura de comercios solamente con una declaración responsable. Unos años más tarde, una promotora francesa se agarraba a ese cambio normativo para poner sobre la mesa solamente una declaración responsable a la hora de levantar en la ribera del Manzanares, junto a Madrid Río, un centro comercial de decenas de miles de metros cuadrados de superficie.

Algo en lo que, durante su primera etapa en la Puerta del Sol, abundó Ayuso. En octubre de 2020, la presidenta madrileña aprobaba su primer proyecto de Ley –y único hasta el adelanto electoral–, una nueva modificación de la normativa urbanística regional con la que, entre otras cuestiones, sustituía parte de las licencias urbanísticas por este tipo de documentos de responsabilidad. Pero los cambios impulsados entonces parecen no ser suficientes. De ahí que la líder del Ejecutivo autonómico haya decidido introducir más retoques en materia urbanística a través de la Ómnibus, un anteproyecto presentado por sorpresa en la víspera de Nochebuena que sirve como vehículo para introducir cambios en cuarenta normas diferentes.

Se mete mano a decenas de artículos diferentes de la Ley del Suelo y la Ley de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo. "Se recuperan cuestiones que ya habían sido rechazadas", denuncian los ecologistas. Así, critican que quede en manos del Consejo de Gobierno determinar qué proyectos tienen alcance regional, una categoría que permite urbanizar incluso en zonas protegidas. Además, se legitiman los establecimientos hosteleros en vías pecuarias o se sustituye la obligación del promotor de ceder suelo al Ayuntamiento para la construcción de dotaciones públicas por el pago de una cantidad monetaria, algo que la ley actual solo permite cuando éste no tuviera terrenos que pudiera aportar al consistorio.

"En lugar de dar una parcela para que haya una zona verde, por ejemplo, hago cuentas y te abono una cantidad de dinero. Pero los vecinos no necesitan eso. ¿De qué sirve que paguen al ayuntamiento si luego los chavales no tienen un sitio en el que poder pegar patadas a una pelota?", reflexiona Nieto en conversación con este diario, al tiempo que sostiene que con esta política de urbanizar cada centímetro la región se está encamina hacia una "macización" de los pocos solares que quedan libres.

La consecuencia directa de las dos décadas de liberalización masiva puede apreciarse en la evolución del tipo de suelo. En 2018 había en la Comunidad de Madrid alrededor de 120.000 hectáreas de superficie artificializada, el 15% de todo el territorio, según las cifras del Corine Land Cover. Mientras, las zonas agrícolas se habían reducido de 340.000 hectáreas a algo menos de 296.000. "El suelo agrícola está pasando a ser urbano", señala la portavoz ecologista.

Más datos. De la superficie construida en la región hasta hace una década, casi el 47% se había levantado solo entre 1987 y 2011, mientras que el 53% restante pertenece a todo el periodo previo de la historia de la región, según se recoge en el informe 25 años urbanizando Madrid, la generación que duplicó la superficie urbana, elaborado por el Instituto Geográfico Nacional y el Observatorio de la Sostenibilidad.

"Y les da igual la repercusión nefasta que esto tiene sobre el territorio", sostiene la portavoz de Ecologistas en Acción. Nieto pone, por ejemplo, el foco en los centros de celebración de eventos en suelo rústico. "Cientos de personas, fiestas, vehículos, aguas residuales, ruidos... Todo sin control", critica.

Los grupos parlamentarios Socialista, Más Madrid y Unidas Podemos-IU presentan hoy ante el Tribunal Constitucional un recursos de amparo debido a la "imposibilidad" con la que, a su juicio, se encontraron algunos diputados para participar en la votación de la Ley del Suelo, el pasado 1 de octubre en el Pleno de Asamblea de Madrid.

Las sesiones plenarias de los días 25 de junio, 2, 9 y 16 de julio y 14 y 15 de septiembre se celebraron bajo la fórmula elegida por la Mesa de la Asamblea que consiste en la asistencia de 70 de los 132 diputados de la cámara para asegurar el cumplimiento de las medidas sanitarias y de seguridad por la situación del covid-19. En ninguna de estas sesiones hubo que votar ninguna iniciativa legislativa.

Estos 70 diputados pueden ir cambiando según las iniciativas y las intervenciones lo requieran. Pero en caso de realizarse una votación, solo podían participar los diputados presentes en ese momento.

En la Junta de Portavoces del 22 de septiembre el Gobierno manifestó su voluntad de incluir en el orden del día de la sesión del 1 de octubre la tramitación por lectura única del Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 9/2001, de 17 de julio, del suelo de la Comunidad de Madrid.

Pese que en la junta de Portavoces del 30 de septiembre, los grupos de izquierda pidieron que se retirase o se aplazase la votación respecto al Proyecto, debido a que el sistema de votación seguía manteniendo restricciones de asistencia a los 132 diputados, PP, Cs y Vox se negaron.

El día de la votación, tras el debate del proyecto y antes de comenzarse la votación, el portavoz adjunto de Unidas Podemos, Jacinto Morano, pidió que se comprobase el quórum de la sesión en base al reglamento de la Asamblea.

En ese momento, la Secretaría General afirmó la existencia de quórum y el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, procedió a dar paso a la votación a pesar de las protestas del diputado. Al celebrarse la votación se comprobó que tan sólo había presentes 55 de los 67 diputados necesarios para el quórum, y por lo tanto, que la votación no era válida.

De hecho, se ratificó que no era válida cuando, en la segunda parte de la sesión plenaria, en mitad del pleno, el presidente de la Asamblea anunció la repetición de la votación del Proyecto de Ley.

De nuevo, Jacinto Morano manifestó la "ilegalidad y el carácter antirreglamentario de la decisión". Diputados de los grupos socialista y Más Madrid se sumaron a las protestas pero el presidente dio por válida esta votación que repitió, en la que participaron solo 36 diputados.

Una vez aprobado el Proyecto de Ley, la Mesa de la Asamblea pasó a modificar las reglas de votación por la situación del covid-19 permitiendo que todos los diputados votasen en dos turnos.

Vulneración del "derecho a la participación política"

En el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, exponen que se ha vulnerado el derecho a la participación política por la tramitación del Proyecto de Ley sin permitir la presentación de enmiendas. En segundo lugar, creen que se ha vulnerado el derecho de participación política por "la exclusión de los diputados del debate y votación de la ley".

Además, consideran que se ha vulnerado el derecho a la participación política contemplado en el artículo de la Constitución Española ante "los graves incumplimientos de los derechos de los diputados contemplados en el reglamento de la Asamblea de Madrid", en el que se incluyen "la comprobación del quórum ante la solicitud de un diputado; la modificación unilateral del orden del día con repetición antirreglamentaria de una votación y dar aprobada la iniciativa con una votación sin quórum".

En declaraciones a los periodistas a las puertas de la Cámara regional, el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, ha indicado que la ley se aprobó "por lectura única", algo que "no le parece adecuado" y con ello quieren recurrir la votación en la que no han podido participar todos los diputados.

"Queremos que se declare la nulidad de los actos, de los acuerdos de la mesa y de las votaciones. Una votación de este calibre ha de hacerse con el quórum y la presencia de todos los diputados", ha sostenido Gabilondo.

Por su parte, el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha lamentado el "esperpento bochornoso" que vivieron los parlamentarios con el modo de aprobar esta normativa, de una forma "absolutamente ilegal".

"La ley del Suelo no solo es una negligencia sin parangón, es también una vulneración directa de nuestra Constitución, en concreto del artículo 23, que garantiza la participación política de la ciudadanía a través de sus representantes", ha lanzado Perpinyà.

Por último, la portavoz de Unidas Podemos-IU, Isa Serra, han presentado este recurso contra la votación de esta Ley con la que "se vulneran los derechos de los diputados" y en la que hubo "irregularidades".

Es una normativa, a su juicio, que "fomenta la especulación, la construcción de vivienda y solo va encaminada a favorecer el ladrillo frente a la salida justa para la crisis económica y social derivada del covid".

La comunidad critica "la deriva antisistema"

Por su parte, el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, ha criticado la "deriva antisistema" de algunos partidos, al estar planteando "no acatar las votaciones de un parlamento democrático".

"Eso es un paso más del que en democracia se puede soportar", ha señalado, en declaraciones a los medios, en una entrega de premios en la sede de su consejería. Pérez ha incidido en que se trata de una ley "positiva", que va a facilitar el derecho a la vivienda de los madrileños y que va a permitir el desarrollo económico en una momento que la autonomía lo necesita.

A su parecer, es "un gran error" que la izquierda intente "obstaculizar constantemente cualquier cosa que haga la Comunidad aunque sea bueno para los madrileños".

Hace doce años. Pero, en la frenética historia económica de este primer cuarto de siglo XXI, parece una eternidad. Auténtica prehistoria. En junio de 2008 cayó la promotora Martinsa Fadesa, dejando un reguero de cadáveres-acreedores y acelerando el derrumbe. Aquella suspensión de pagos fue el despertar definitivo. La materialización de la Gran Recesión en España. La crisis fue en España sobre todo una crisis hipotecaria y de ladrillo, que acabó con el martirio de los amos del suelo y las grúas, primero, y siguió con un rescate de las cajas, atiborradas de cemento. Los bancos acabaron convertidos en gigantescas inmobilariarias y máquinas de desahuciar. Fueron años duros, de los que España empezaba a salir... justo cuando vuelve a hablarse de crisis económica, o incluso de recesión, en este caso como efecto de la pandemia de coronavirus.

¿La historia se puede repetir? Respuesta corta: no.

Hay algo útil que puede hacerse con con el relato de 2008 para entender lo que está ocurriendo: tirarlo a la basura. Porque sirve poco para entender por qué Blackstone, en plena pandemia, acaba de cerrar el mayor fondo jamás armado para la inversión inmobiliaria en Europa. O por qué Airbnb se acaba de asegurar un préstamo de más de 900 millones de euros. Estamos en un mundo nuevo, con nuevas reglas y líderes. Y con una escala mucho más internacional. Los nuevos amos del negocio toman posiciones para seguir arriba cuando acabe la pandemia, incluso con su poder reforzado. Mientras tanto, la caída de los precios abre paso a la actividad de posibles oportunistas. Porque hay cosas que no cambian.

Otras sí. La situación es distinta a 2008. La banca ha cambiado y desempeña un papel diferente. Los señores del negocio de la vivienda son nuevos. Es cierto que en España siguen en pie gigantes clásicos vinculados a la construcción como ACS y la inmobiliaria Colonial, referente del sector oficinas. Pero un examen del sector arroja una conclusión inequívoca: estamos en un régimen naciente y sus fundadores no tienen la menor intención de que la crisis del coronavirus sea el final de su reinado. Abundan los nombres nuevos: Blackstone, considerado el mayor casero de España; Airbnb, el rey del alquier turístico; Merlin, primera socimi en el IBEX...

Un último cuatrimestre "frenético"

Los movimientos y previsiones no indican retraimiento, sino todo lo contrario. Hay nervios, como es lógico. Pero también confianza. Está asumida en el sector una caída de precios, inevitable. Pero también un fuerte tirón a la salida. A diferencia del turismo, la construcción sí aspira a una salida en V. Este esquema alienta la hipótesis especulativa. Colliers International, puntera en servicios de asesoramiento y gestión de inversiones inmobiliarias, referente del sector, prevé un dibujo en V.

El informe de Colliers no se engaña sobre el futuro inmediato del negocio inmobiliario a nivel mundial. "Los datos preliminares del mes de marzo indican una disminución de alrededor del 70% anual en la actividad mundial para situarse en 48.000 millones de dólares, por debajo de los 144.000 millones de dólares de marzo de 2019", señala Colliers. Pero el modelo predice "un considerable repunte en el tercer y cuarto trimestre", con los volúmenes mundiales volviendo a los niveles vistos antes de la pandemia. Puede ser buen momento para oportunistas. "El último cuatrimestre probablemente va a ser un momento de actividad frenética de inversores. Vamos a tener inversores intentando encontrar gangas", señala Mikel Echevarren, consejero delegado de Colliers, refiriéndose al caso de España.

Rápida vuelta a la actividad

Ehevarren hizo su pronóstico en un debate organizado por el Instituto de Empresa, con presencia de importantes directivos y profesionales del sector. El mismo esquema de debate ha seguido la consultora Savills Aguirre Newman, que ha organizado otro encuentro. El contenido de estos debates evidenció varios consensos entre las mentes pensantes del ladrillo: 1) los precios caerán, pero volverán a subir; 2) el alquiler se abrirá paso; 3) la situación no puede compararse con la de 2008; 4) llegará, más pronto que tarde, el momento de invertir para los afortunados que tengan liquidez.

"Entre 2008 a 2012 –señala Echevarren (Colliers)–, los tenedores de activos estaban obligados a vender, apretados por la banca, que tenía problemas de liquidez. En la actualidad no nos encontramos un sector muy endeudado. Y la actitud de la banca es radicalmente diferente. Ahora está dando todas las facilidades del mundo, otorgando carencias y facilitando pasar este trago". Cree que la caída de precios hará que haya inversores "queriendo pescar lubinas a precio de sardinas", aunque no lo tendrán fácil.

El actual es "un shock exógeno", a diferencia del de 2008, apunta David Martínez, CEO de Aedas Homes, una promotora "de nueva generación" especializada en obra nueva residencial. "En el año 21 volveremos a estar cerca de los niveles de producción y venta que tenemos actualmente", añade. En sintonía se sitúa Cristina García-Peri, directora general de la gestora de inversión Azora. La pandemia, señala, no cambia las "tesis de inversión" previas. Habrá "corrección de precio", pero "se va a retomar la actividad muy rápido".

Precios bajos y abundante liquidez

Borja García-Egotxeaga, CEO de la promotora Neinor Homes, apunta a una idea clave: oportunidad. "Si alguien alguna vez ha pensado en ser promotor, es el momento de entrar en un sector que en principio genera muy buenas rentabililidades y que en este momento se encuentra, como consecuencia de la pandemia, a unos precios muy baratos con respecto a lo que venía estando, que ya considerábamos baratos", señala en el debate de Savills Aguirre Newman.

Ninguno de los apresurados análisis que circulan estos días prevé problemas de liquidez. García-Egotxeaga ve "empresas muy consolidadas". La anterior crisis, añade, "fue muy diferente". "Nuestro sector fue de los más castigados, ahora no sólo no es de los más castigados, sino que tiene oportunidades de crecer y de aportar al crecimiento", señala.

Jorge Pérez de Leza, CEO de Metrovacesa, también destaca como gran activo la falta de hay "problemas de liquidez", un monstruo que devoró al sector durante la crisis de las subprime.

Blackstone

Jesús Silva, director general en España de Chusman & Wakefield, uno de los líderes globales en servicios inmobilarios, pone un nombre crucial encima de la mesa: "Blackstone". Lo hace para ilustrar cómo hay poderosos fondos que aseguran "liquidez" en el mercado. Precisamente Blackstone está dando mucho que hablar. En plena pandemia, con Europa confinada, el fondo norteamericano, famoso en España por su fabulosa acumulación de propiedad inmobiliaria y más en concreto por la compra de vivienda pública en Madrid, ha anunciado que ha conseguido captar 9.800 millones de euros en el que es el mayor fondo jamás levantado para inversión inmobiliaria en Europa.

Un portavoz de Blackstone rehúsa dar detalles sobre dicho fondo, limitándose a señalar que el mismo empezó a captar dinero a principios de 2019 y que no ha realizado inversiones en España. Eso sí, James Seppala, responsable inmobiliario en Europa de Blackstone, ha mostrado las cartas de la compañía ante la nueva coyuntura: “Nuestra escala y alcance nos permiten poner capital a trabajar estratégicamente durante este período de alta volatilidad”.

Rubén Martínez, que investiga el sector en la consultora La Hidra, cree que la inacción de las autoridades con respecto al sector financiero abona el terreno para una mayor concentración especulativa de la propiedad. "Parar gran parte de la producción sin medidas de regulación sobre las finanzas abre mucho el juego para ese tipo de fondos privados. Pueden comprar activos a bajo precio, con estrategias de captación a escala planetaria, y especular con su futuro precio. Es un disparate suspender el circuito de producción pero no el de realización de valor a través de las finanzas. Sobre todo, cuando el poder de monopolio de firmas como Blackstone es ya bastante incuestionable", señala Martínez.

Airbnb

Martínez apunta el dedo a un segundo gran movimiento, que afecta a otro coloso: Airbnb, plataforma de alquiler turístico líder. La multinacional californiana es clave en el sector de la vivienda, aunque ni la promueve, ni la compra, ni la vende. No obstante, ha tenido un efecto en el alza de los precios [ver aquí información en detalle] y ha catalizado el ciclo de acumulación de capital en torno a la propiedad inmobiliaria por el boom del turismo.

Ahora Airbnb está en un bache. El turismo, sustancia de su negocio, está parado y es una incógnita cómo y cuándo volverá. ¿Qué ha hecho la compañía? Se ha asegurado compromisos para un préstamo sindicado de 1.000 millones de dólares (914 millones de euros), reforzando así su situación financiera ante la crisis del coronavirus. "Firmas como Apollo Global Management, Owl Rock Capital, Silver Lake y Sixth Street Street han salido al rescate de Airbnb. Lo que podría parecer una debacle puede que le haga salir más fuerte. En su pugna para ganar poder de monopolio frente a otros capitalistas tradicionales del turismo, este tipo de rescates durante la pandemia son no sólo una salvación temporal, sino una incubación que el resto de competidores de su sector no van a poder disfrutar", señala Martínez. Y añade: "Airbnb está en barbecho, pero ni mucho menos muerta".

Javier Gil, investigador sobre vivienda y financiarización, llama la atención sobre un choque de intereses. De un lado, los fondos planeando en busca de posibles gangas. De otro, los "actores establecidos" tratando de recabar el apoyo del Gobierno para mantener artificialmente un nuevo "todo va bien" y unos precios altos. "Ahora mismo, aunque estamos en una fase de incertidumbre, todo empuja para que los precios bajen", señala Gil, que coincide con Martínez en su análisis sobre el reposicionamiento de Blackstone y Airbnb.

Más alquiler

Una tendencia vislumbrada en todos los pronósticos es el reforzamiento del alquiler, en lo que en el sector se conoce como build to rent, construir para alquilar. "El alquiler saldrá reforzado de esta crisis. En 2019 ya había empresas que se planteaban entrar en el mercado del alquiler y esta tendencia se acentuará y los precios subirán en Barcelona y Madrid. Faltan viviendas de arrendamiento, especialmente asequible. Para aquellas personas que pierdan estabilidad económica, el alquiler será un refugio", señala Toni López, socio y responsable del área de inmobiliaria de empresa de la consultora Forcadell, en Ejeprime.

Iker San Román, consultor especializado en soluciones sostenibles, cree que el mercado no ha experimentado una verdadera recuperación tras la crisis inmobiliaria. "Los sucesivos intentos de volver al modelo anterior, de crédito fácil para comprar, no se han asentado. Sufrimos mucha precariedad y condiciones de crédito más difíciles que antes", señala. A su juicio, el coronavirus puede acentuar una tendencia que ya se abría paso: el reforzamiento del alquiler como opción preferente de los inversores, especialmente con fórmulas de colaboración con el sector público.

El precio medio del suelo cayó un 21% durante 2013, de forma que concluyó el año en 147,9 euros por metro cuadrado y se mantiene en niveles mínimos históricos, a pesar del leve aumento del 0,2% que registró en el cuarto trimestre del año en comparación a los tres meses precedentes, según datos del Ministerio de Fomento.

De esta forma, a la conclusión del pasado ejercicio, el precio de los terrenos urbanos acumulaba una contracción del 48,1% en comparación con el máximo de 285 euros por metro cuadrado que alcanzó a mediados de 2007, antes de la crisis y de que se pinchara la burbuja inmobiliaria.

En cuanto a 2013, la caída del precio fue ligeramente superior en las ciudades de mayor tamaño. En concreto, en los municipios de más de 50.000 habitantes, el metro cuadrado de suelo urbano se abarató un 22,3% y cerró el año en 284,6 euros.

Así, al cierre del pasado año, las ciudades más caras para comprar un terreno son Barcelona, donde el metro cuadrado se situaba en 487,9 euros, Granada (442,6 euros) y la Comunidad de Madrid (391 euros).

En el lado opuesto, el suelo urbano más barato de entre ciudades de más de 50.000 habitantes se encuentra en León, con 143,2 euros por metro cuadrado, Valencia (145,9 euros) y el Principado de Asturias (150,8 euros).

El descenso de los precios pudo provocar que durante el cuarto trimestre del pasado año el número de operaciones de compraventa creciera un 23,4% respecto a los tres meses precedentes, hasta sumar 4.378 transacciones.

A pesar de ello, en el conjunto de 2013 el número de transacciones de suelo urbano cerradas se redujo un 2,4%, hasta suponer 14.555 operaciones.

El número de compraventa de solares creció más en los municipios de menor tamaño que en las grandes ciudades. En las poblaciones de más de 50.000 habitantes se transaccionaron 794 terrenos en el cuatro trimestre, un 1,6% menos que en igual periodo de 2012, mientras que en los de menos de 1.000 habitantes el número de compraventas de terrenos se disparó un 44,2%.

En cuanto al volumen de superficie de terrenos transmitida se elevó un 6,7% durante el conjunto de 2013 respecto al año precedente, hasta sumar 21,1 millones de metros cuadrados.

El valor de las operaciones cerradas durante el pasado ejercicio se situó en 2.391 millones de euros, lo que arroja una disminución del 7,8% en comparación al de 2012, según la estadística de Fomento.

¿Alguien le dio portazo?

Yo he intentado hablar con todo el mundo. Llamé a todas las puertas. Unas se abrieron con más facilidad, como ocurrió con Aguirre. Y otras no tanto. 

¿Cuáles?

Vi que no había demasiado interés en determinadas personas, pero no hace al caso. La postura de todos los protagonistas queda bien reflejada. No pude hacerlo con Dionisio Ramos [uno de los personajes que Tamayo situó en el centro de la trama en los documentos desvelados por infoLibre] ni con Ricardo Romero de Tejada [secretario general del PP madrileño en 2003], ni con Tamayo, al que intenté localizar por mail y por teléfono, y no hubo suerte. 

¿Cómo es posible que un escándalo de este calibre no haya sido investigado judicialmente? 

En aquel momento, cuando todo estaba más reciente, la Fiscalía General del Estado, dirigida entonces por Jesús Cardenal, no tuvo demasiado interés en hincarle el diente. Y la querella del PSOE fue desestimada rápidamente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por una Sala con fuerte signo conservador, pero ese carpetazo no debería haber sido definitivo, porque se dejaba la puerta abierta. De haberlo permitido Cardenal, habría podido seguir adelante, como pedían Mariano Fernández Bermejo [entonces fiscal jefe de Madrid] y Carlos Jiménez Villarejo [que estaba al frente de la Fiscalía Anticorrupción].

¿El PP, el Gobierno de José María Aznar, obstruyó toda la investigación?

El PP no estaba interesado en investigar, y eso era evidente. 

¿Qué nuevas luces arroja su libro?

Es muy ilustrativo que Tamayo se reuniera con Francisco Granados [el secretario general del PP que Aguirre nombró en sustitución de Romero de Tejada] para pedir el cumplimiento del acuerdo económico. Yo le pregunté por eso a Esperanza, y ella me dijo que sí tuvo noticia, que quería un pastón y que le respondieron que no lo llevaban suelto. También creo de mucho interés el pacto de PP e IU para evitar que Alberto Ruiz-Gallardón compaginase la Presidencia de la Comunidad de Madrid en funciones con la Alcaldía de la capital, pero que no se llevó a efecto porque Simancas se negó. También me resulta muy interesante la maniobra que organiza José Blanco [secretario de Organización del PSOE] para colocar como candidato en las segundas elecciones a Gregorio Peces-Barba, a lo que se resiste Simancas. Y también que Zapatero se desentendió de la investigación cuando llegó al Gobierno. José Bono, ya como ministro de Defensa, llamó a Simancas desde Nueva York para decirle que los tenía "pillados", para luego decirle que no había encontrado una actitud "muy positiva para mover el asunto". 

¿Cómo se explica que Zapatero no quisiera investigar cuando llegó a la Moncloa? ¿Por qué? ¿Cómo pudo argumentar que no era "políticamente interesante" hurgar en el 'tamayazo'?

Lo tendrá que explicar él. Intuyo que cuando dijo que no convenía recordar la responsabilidad política se refería al apoyo decisivo que le prestó José Luis Balbás [jefe de los Renovadores por la Base, la facción a la que pertenecían Tamayo y Sáez] para su victoria en el congreso del PSOE del año 2000. Esa mala conciencia ha pesado mucho tiempo. 

Balbás decía ayer lunes en 'Las mañanas de Cuatro' que "el partido entero" conocía que Tamayo y Sáez harían la espantada aquel 10 de junio de 2003. ¿Es así?

Que Tamayo no estaba a gusto en esa época es evidente. Que fuera a montar un número, más en el debate de investidura que en la constitución de la Mesa de la Asamblea de Madrid, era probable. De ahí a imaginar que iba a hacer lo que hizo... No, no había nadie en el PSOE que pudiera atisbar siquiera que eso iba a acontecer. Una cosa es el malestar por el incumplimiento de un pacto y otra es provocar unas nuevas elecciones. Nadie en ese momento podía adivinar que podría producirse una felonía así. 

¿Y el PP, estaba informado, sabía que aquello podía pasar? 

El PP disponía de una información más ajustada porque tenía militantes que colaboraban con Tamayo, como José Esteban Verdes [el letrado novio de la viceconsejera de Presidencia, Paloma García Romero], por la relación de amistad de Tamayo con el constructor Francisco Bravo... Había pistas. Pero es una hipótesis, no un hecho probado. Ahora bien, cabe imaginar que así era, porque el teléfono de Tamayo echaba humo aquellos días y la lista de llamadas es esclarecedora. Desde febrero de 2003 hasta el día de la deserción, habla con Verdes hasta medio centenar de veces. Verdes habla con Romero de Tejada la víspera del 10 de junio. Las coincidencias tienen un límite temporal. 

Hablaba antes de IU. ¿Cuál fue su papel? ¿Había también intereses en frustrar la investidura de Simancas?

Yo digo que hay una especie de mano invisible, una estructura transversal para desestabilizar a Simancas, para impedir que llegara al poder. La sintonía de Simancas con Fausto Fernández [coordinador de IU Madrid en aquel tiempo] era grande, pero en IU hay muchas sensibilidades, corrientes, familias. Y hay un joven diputado, Jorge García Castaño [hoy concejal en el Ayuntamiento de Madrid], que recibe una llamada de un dirigente en la sombra, José Antonio Moral Santín, que le pide que se abstenga en la votación del día siguiente. Jorge interpreta que era para apretar al PSOE, para conseguir alguna consejería más. Pero lo cierto es que Moral Santín era consejero de Caja Madrid, era el valedor de Miguel Blesa, y conviene recordar que Simancas había dicho que quería trasladar la mayoría de progreso a la dirección de la caja. Si añadimos esto a ese cóctel explosivo podemos hacernos una idea de la cantidad de intereses en juego. El asunto urbanístico tenía mucha importancia, pero no sólo era eso. Simancas también recibió visitas esos días de gente como Rafael Arias-Salgado, para pedirle que no impusiera la moratoria sobre centros comerciales, o de Javier Gómez-Navarro, que temía que acabase con las fundaciones sanitarias...

¿Era visto el Gobierno de Simancas como amenazante por algunos poderes?

Digamos que había grandes expectativas económicas para determinados grupos de poder que con Simancas no se iban a satisfacer en absoluto. Él era una duda y había temor en los sectores urbanísticos, educativos, sanitarios, comerciales... 

¿Qué importancia tienen los papeles de Tamayo publicados por infoLibre?

Son muy alentadores y muy importantes esos papeles porque demuestran algunas de las cosas que relato en el libro. Se complementan bien con la historia. Ahí aparecen algunos de los nombres principales de la madeja: Dionisio Ramos, José Luis Balbás, Ricardo Romero de Tejada... Todo esto permite trazar el mapa de relaciones políticas y empresariales. 

¿Suficiente para que la Justicia actúe, como defendía Simancas en una entrevista con este diario?

No soy un experto. Pero creo que el material es todavía insuficiente, que no hay una prueba definitiva. Una cosa es el deseo político y otra la realidad. No creo que la Fiscalía, con el material que hay y con el PP en el Gobierno, esté demasiado por la labor. Si no se hizo en su momento... Salvo que apareciera un cadáver... 

Tamayo, por su parte, hace negocios en Guinea y Venezuela. ¿Su visita a Sol, a la sede del Gobierno regional en 2010, y su silencio posterior, no prueba que pudo existir un pacto? ¿Lo sigue habiendo, como cree Simancas?

No sé si existe un pacto. Tamayo acude a la Real Casa de Correos mientras hay un Consejo de Gobierno en el que el consejero de Sanidad, Juan José Güemes, dimite. Y cita a la diputada del PP Carmen Rodríguez Flores... Desconozco el valor de la palabra de Tamayo. Algunas reuniones ha tenido con el PP de Madrid, aunque Aguirre niega que hubiera un pacto económico. 

¿El PSOE también cometió errores de gestión? Simancas sólo reconoce como fallo haber incluido en aquella lista de mayo de 2003 a Tamayo y Sáez...

Contra ellos no había razones de peso jurídico en aquellas fechas para excluirlos de la lista. Desde el punto de vista político, tenían apoyo interno claro, empezando por Zapatero y Blanco, lo que les permitió ser incluidos en la lista. Lo llamativo es que en el PSOE fallaron los filtros internos incluso después de que Enrique Benedicto [marido de Ruth Porta, mano derecha de Simancas] advirtiera de las supuestas tropelías al mezclar política y negocio. Tamayo salió airoso de otro filtro, cuando la Comisión del Estatuto del Diputado de la Asamblea no vio motivos para declararle incompatible. Sorprendentemente, superaron los dos todos los obstáculos...

Me refería a la gestión posterior, a si habría sido más conveniente para el PSOE que Simancas no encabezara la lista por segunda vez. 

Haber servido en bandeja su cabeza no habría servido para ganar. Habría servido para constatar la responsabilidad de Simancas, y era evidente que tuvo parte de la culpa pero no la tuvo toda. Hubo actores de peso de la dirección federal... 

Se le achaca cierta imprudencia por desvelar sus planes antes de tiempo, incluso con Caja Madrid. 

No había motivo para que no lo contara. Los candidatos que ganan dicen lo que van a hacer, porque lo dice su programa y porque se someten a las preguntas de los periodistas. Es posible que pecara de ingenuo al decir que iba a descabalgar a Blesa, pero fue honesto al decir lo que dijo. 

¿No es frustrante para la democracia española no saber qué ocurrió realmente? 

Podría figurar en letras de oro de la historia como el caso de la ignominia o de la indecencia. Como el caso se cerró judicialmente y las conclusiones de la comisión de investigación estaban preestablecidas, el interés no ha decaído, la herida no se ha cerrado. Pero ya ha pasado demasiado tiempo. Ahora con la efervescencia del décimo aniversario se está viviendo un momento de cierta efusividad, pero cuando pase pasará a un segundo plano. Aunque no descarto que aparezca alguna cosa más porque alguien quiera tirar de la manta... 

... Como María Teresa Sáez, que ha roto su silencio y dice que Balbás y Tamayo la engañaron, y que no cobró.

Yo también la localicé y percibí ya entonces su resentimiento hacia Balbás y Tamayo, que era la parte débil del engranaje y que podía romper a hablar, que había impuesto una línea de distanciamiento con los que años atrás la habían convencido. En ese sentido, es providencial el trabajo de infoLibre. A pesar de haber protagonizado aquella traición, tiene una buena oportunidad ahora de hacer un servicio a la democracia y de ir a un juez a decir lo que contó a infoLibre.

Lo cierto es que a resultas del 'tamayazo', Aguirre ganó y el PP sigue en el poder. 

Hay quien dice que el objetivo de Tamayo era provocar unas segundas elecciones. Si era así, desde luego lo consiguió. Conviene recordar que el PSOE no logró aparecer como víctima. Durante la comisión de investigación, el PP convirtió el juicio a dos traidores en un juicio sumario al PSOE y el PSOE, por su parte, no logró demostrar la implicación directa del PP. 

El Ayuntamiento de Murcia ha afirmado este jueves que una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región "avala la legalidad de la adaptación a la Ley del Suelo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que contempla los convenios de la zona Norte del municipio". El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, está imputado en la denominada Operación operación Umbra, que ha puesto en tela de juicio casi todo el urbanismo de la séptima ciudad española en población.

En concreto, el Consistorio considera que se trata de una sentencia que confirma la legalidad de los trámites, y en la que la Sala rechaza el recurso de la Asociación de Vecinos Senda de Granada y la condena en costas, sin recurso contra el fallo, "por argumentos sin fundamento".

Esta sentencia se une a otras tres que avalan, explica el Consistorio, la legalidad del PGOU y el convenio Nueva Condomina, una cuarta que "garantiza la legalidad de la adaptación del PGOU a la Ley del Suelo y un dictamen del Tribunal de Cuentas sobre la legalidad de los valores de edificabilidad de los convenios de la zona Norte", afirman las fuentes municipales.

El Ayuntamiento recuerda que, desde 2001, son cinco las sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia las que "avalan la legalidad de los trámites administrativos realizados en la aprobación del PGOU, el convenio Nueva Condomina y la adaptación del PGOU a la Ley del Suelo regional, rechazando claramente los argumentos expuestos por los litigantes Iruñesa de Parques Comerciales S.A., PSOE, Colegio de Arquitectos, Anse, y Asociación de Vecinos Senda de Granada".

"No se produjo un aumento de edificabilidad"

En este sentido, considera que estas sentencias "establecen el ajuste a derecho de los desarrollos de la ordenación de la zona Norte del Municipio". El TSJ concluye que el Ayuntamiento adaptó el Plan Urbano a la Ley del Suelo "siguiendo los cauces legales". Además, incide en que "no se produjo un aumento de edificabilidad (sino una reducción) y tampoco se desprotegieron suelos de valor medioambiental".

Dichos suelos, resalta la sentencia, se mantienen como no urbanizables "con los destinos de protección ambiental, forestal y paisajística". La decisión judicial "se produce tras una denuncia de la Asociación de Vecinos Senda de Granada, que fue condenada en costas, y contra la sentencia no cabe recurso".

De igual forma, el Tribunal de Cuentas, en auto de 3 de junio de 2009, a denuncias del concejal del PSOE, José Manuel Abellán, determinó que en la valoración de los aprovechamientos de los convenios de la zona Norte "se siguieron los trámites establecidos en la legislación vigente". El Tribunal de Cuentas falló que constaba "de modo inequívoco y manifiesto, la inexistencia de supuesto alguno de responsabilidad contable", y condenaba a costas al PSOE, añade.

Del conjunto de los fallos de lo Contencioso Administrativo de 2005, 2006, 2009 y 2012 y del dictamen del Tribunal de Cuentas de 2009 se puede concluir, según el Ayuntamiento, que todos los procedimientos y trámites administrativos impulsados por el Ayuntamiento de Murcia "han tenido un denominador común: su plena legalidad y transparencia, siempre en beneficio de la ciudadanía y del interés general".

"La madre de todos los convenios"

Por su parte Pedro López, el portavoz del PSOE murciano, ha reiterado su opinión de que una sociedad democrática "no puede aceptar que políticos imputados sigan permaneciendo en sus cargos y cobrando dinero público".

Es el caso del alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, imputado desde junio en la investigación del caso Umbra, y de otros altos funcionarios que, en estos momentos, trabajan para el Ayuntamiento y cobran de él, además del exedil de Urbanismo, Fernando Berberena, que también recibe un sueldo de esta administración local, ha recordado.

López ha asegurado que el convenio Nueva Condomina "es la madre de todos los convenios y que Cámara aún no ha asumido su responsabilidad política desde que este asunto estalló, ni en relación al grave perjuicio económico (350 millones de euros, según los informes periciales) que estas decisiones, avaladas por el PP, han causado al patrimonio de todos los ciudadanos"; y por no haber abierto un expediente informativo sobre las actuaciones llevadas a cabo por funcionarios imputados que aún trabajan en este Ayuntamiento y que siguen cobrando un sueldo público, ha agregado.

"Cámara tiene la obligación moral de asumir responsabilidades y poner luz sobre temas claves que están generando desconfianza a los ciudadanos porque podrían ser actuaciones delictivas", ha señalado López en comunicado de prensa, quien ha vuelto a exigirle que abandone sus responsabilidades como alcalde de Murcia hasta que la justicia no tenga un dictamen definitivo "porque su actuación está claramente en entredicho y esto no va a parar".

El portavoz socialista ha subrayado en comunicado de prensa que "cada vez que un político es imputado deber dimitir por respeto a los ciudadanos a los que representa". "Cámara se siente acorralado, con los tiempos que corren, la sociedad ya no tolera ni una más a los políticos, y menos, como en este caso, cuando el alcalde de la séptima ciudad de España está señalado judicialmente y cuando, hasta el momento, no ha hecho nada para clarificar las actuaciones de altos funcionarios y ex concejales imputados que aún trabajan y reciben una nómina de esta institución", ha finalizado.