Podemos ya tiene programa electoral para las elecciones autonómicas. Este martes el partido presentó sus propuestas para los comicios que se celebrarán el próximo 24 de mayo, entre las que se cuentan una reforma fiscal a nivel autonómico, la implantación de la dación en pago retroactiva o el establecimiento de un fichero de condenados por corrupción para evitar que contraten con las administraciones públicas.

El documento presentado por Podemos es un programa marco que los equipos que se presentan a las elecciones en 13 comunidades autónomas deberán adaptar a su territorio. No obstante, el escrito contiene las principales pautas que guiarán las medidas concretas en cada una de las autonomías divididas en cuatro bloques: Podemos desgrana su "plan de rescate ciudadano" –el programa con medidas urgentes para hacer frente a las necesidades más acuciantes de la población–, así como su propuesta para un "nuevo modelo productivo", sus propuestas en materia de educación, sanidad o vivienda, y sus iniciativas anticorrupción y para potenciar la transparencia.

Las 21 medidas más urgentes de Podemos, este "plan de rescate", incluyen algunas de las reivindicaciones más clásicas del partido, como la paralización inmediata de todos los desahucios a los "deudores de buena fe" que se encuentren en dificultades económicas. En este sentido, la formación también plantea la necesidad de garantizar "un mínimo vital de subsistencia" de los suministros de luz, gas y agua a las familias que no puedan pagarlos y da mucha importancia al carácter de "servicio público" de estos tres bienes, si bien en el caso de la luz y el gas se concreta que esta característica implica que sea "una actividad cuyo objeto es la satisfacción de una necesidad colectiva, con independencia de si está gestionada por instituciones públicas o privadas".

Entre estas medidas prioritarias también se encuentra la implantación de un procedimiento judicial para la reestructuración de deudas que, según Podemos, en la práctica supondría la puesta en marcha de la dación en pago retroactiva. Esta iniciativa, que ya anunció hace unos días el partido, se apoyaría en la Justicia para facilitar a las familias sobreendeudadas una vía para reducir o cancelar sus deudas a través de mecanismos como la "limitación de la deuda hipotecaria al valor del bien hipotecado". De esta forma, un expropietario que hubiese entregado su vivienda al banco pero siguiese pagando la hipoteca vería recalculada su deuda y podría cancelar el montante restante.

La renta básica se cae definitivamente

La renta mínima también está contemplada en el programa urgente de Podemos, pero no tiene nada que ver con la renta básica para cada ciudadano "por el mero hecho de serlo" que el partido prometió en las elecciones europeas. El programa plantea potenciar las rentas mínimas de inserción que ya existen en cada comunidad autónoma y acelerar su cobro, si bien no se ofrecen detalles en las cifras y tan sólo se explica que estos subsidios deberían acercarse "de forma gradual y en virtud de las posibilidades" al salario mínimo interprofesional, que ahora mismo se sitúa en 648,6 euros mensuales. Además, se permitiría que el cobro de esta renta mínima no se pierda cuando el perceptor consiga un trabajo "siempre y cuando no se sobrepase el salario mínimo".

Las medidas fiscales tienen su propio espacio en el programa, pero hay algunas que también se incluyen en el plan de medidas urgentes. Es el caso de la modificación del impuesto de patrimonio, cuyo mínimo exento pasaría –según la propuesta de Podemos– de los 700.000 euros "aplicables de manera general" a tan sólo 400.000 euros. Además, entre estas iniciativas prioritarias se propone la "supresión de las bonificaciones regresivas" en los tramos autonómicos del IRPF y una modificación de los impuestos de sucesiones y donaciones.

El drama de Carmen Martínez, la mujer de 85 años desahuciada el pasado fin de semana de su casa de Vallecas (Madrid) estuvo presente este miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. El parlamentario de La Izquierda Plural, Joan Coscubiela, pronunció su nombre en la interpelación urgente "sobre el balance de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social". En la tribuna de invitados, representantes de las asociaciones de afectados por las hipotecas, siguieron atentamente las respuestas del ministro Luis de Guindos.

El titular de Economía tiró mucho de la herencia recibida. Lo hizo cuando señaló que dos tercios de los deshaucios provienen del periodo 2005-2008 y que "el problema se solucionará de verdad" cuando la economía española evolucione. 

Al respecto, recordó que España ha hecho frente en los últimos años "a la peor crisis financiera de la historia moderna de nuestro país". Y que ahora "el sistema bancario se encuentra en condiciones de volver a prestar".

Entre alusiones a la herencia recibida y la obviedad de que cuando la economía sea más estable el drama de los deshaucios será menor, la noticia del día estuvo en el anuncio de que en mayo de 2015, cuando llegue el fin a la prórroga de dos años de los lanzamientos anunciada en 2013, el plazo volverá a ampliarse. De Guindos no dio más detalles, pero Coscubiela, en declaraciones a los medios de comunicación, se felicitó del anuncio. Eso sí, insta al Gobierno a que dé ya el paso y lo deje por escrito, en el Boletín Oficial del Estado. Según sostuvo, sería algo que tranquilazaría a muchas familias.

La "cultura política" del Gobierno

En su réplica, Coscubiela sostuvo que el Gobierno tienen un problema de "credibilidad" y cifró en menos de 10.000 las familias que se han beneficiado de esa moratoria. El 8%, dijo, de las 120.000 personas a las que Economía dijo que iba a beneficiar la medida. "Ha hablado del pasado y del futuro. Pero no ha hablado de la solución, que es el presente", manifestó el diputado al tiempo que criticó que el Ejecutivo lo fíe todo a la recuperación.

"Ustedes tienen una cultura política: esperemos que el mercado lo resuelva. Y el mercado es tan injusto como ustedes con sus políticas", sentenció.

Sobre la demanda de una ley de segunda oportunidad para deudores hipotecarios, como ocurre por ejemplo a las empresas con el tema de losconcursos de acreedores, De Guindos optó por no pronunciarse. 

La asesoría jurídica gratuita facilitada por la Embajada de Ecuador a sus ciudadanos ha logrado en el plazo de más de un año, del 1 de junio de 2013 al 31 de julio de 2014, un total de 291 daciones en pago para aquellas personas que no pueden afrontar el pago de su hipoteca.

Así consta en el informe elaborado por la propia embajada, en el que se contabilizan hasta 520 logros de la asesoría en este tiempo, repartidos entre las propias daciones; condonaciones (48); alquiler social (138); reestructuraciones (38); quitas (9) y moratorias de desahucios (5).

El último semestre ha sido el periodo de tiempo en el que esta asesoría ha logrado más acciones favorables a los ciudadanos ecuatorianos, hasta un total de 400. Por contra, de junio a diciembre del año 2013 la cifra se situó en 129.

La asesoría ha prestado atención desde enero de 2012 a casi 20.000 personas, si bien en el primer semestre de 2014 se han alcanzado más atenciones (7.474) que en los otros dos años anteriores (6.165 en el año 2013 y 5.998 en el año 2014).

Las consultas presenciales desde enero de 2012 han ocupado la mayor parte de estas asistencias (15.073), mientras que también se ha ofrecido asesorías colectivas (3.144) y acompañamientos (1.420).

Este incremento se produce meses después de que el embajador de Ecuador en España, Miguel Calahorrano, anunciara que se estaba "estudiando una demanda colectiva" para presentar ante el Tribunal de Estrasburgo con los casos de varios ecuatorianos residentes en España afectados por las cláusulas abusivas de las hipotecas.

Las fuerzas del orden desalojaron por la fuerza 147 viviendas en 2013, un 57% menos que un año antes, según datos del Banco de España recopilados a partir de la información suministrada por todas las entidades de depósitos.

Además, el banco emisor señala también que, si bien se incrementaron las entregas judiciales de inmuebles un 18,5% en 2013 respecto al año anterior, en el caso de las viviendas vacías el incremento fue del 27%, frente a un descenso del 36% de los pisos ocupados.

En conjunto, el pasado año se registró un incremento del 11% en número de entregas de inmuebles a los bancos. En el caso de las viviendas habituales se produjo un descenso del 0,23%, dejando la cifra en 38.961.

Por otro lado, los datos reflejan un incremento de las daciones en pago del 1,3%, aunque con un descenso del 13% en el caso de la vivienda habitual.

El Gobierno descarta "en estos momentos" revisar los criterios legales previstos para poder acogerse a las medidas de reestructuración de la deuda, quita o incluso dación en pago previstas en el código de buenas prácticas antidesahucios para permitir que más ciudadanos afectados por el impago de sus hipotecas puedan beneficiarse de ellas.

Así lo reconoce en respuesta a la diputada de CiU Lourdes Ciuró, quien a través de una pregunta escrita registrada en el Congreso pidió al Ejecutivo una valoración sobre la operatoria del código, que fue aprobado en abril de 2012 y al que se han adherido de forma voluntaria 97 entidades que deberán atenerse a sus normas durante al menos dos años.

En el texto, que recoge Europa Press, el Ejecutivo recuerda que en mayo del año pasado ya se revisaron las condiciones de acceso a las medidas de reestructuración, quita o dación en pago, elevando los umbrales para permitir que llegar a más ciudadanos. Por eso, "no se prevé ni se estima necesaria en estos momentos la modificación del código", lo que contrasta con el anuncio que el ministro de Economía, Luis de Guindos, hizo el pasado 8 de abril en el Senado sobre que la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Fondo Social de Vivienda "hará más fáciles los requisitos para que se pueda apuntar más gente".

Sin embargo, los datos del Ejecutivo revelan que esta herramienta tampoco está contribuyendo a paliar el drama de los que corren el riesgo de ser expulsados de sus viviendas por no poder hacer frente a sus hipotecas. Desde su puesta en marcha y hasta finales del año pasado, 14.384 familias en riesgo de exclusión buscaron con sus entidades flexibilizar los pagos hipotecarios o encontrar algún tipo de alternativa, pero sólo 1.008 (un 7%) consiguieron la dación en pago, es decir, que la entrega de la vivienda saldara la deuda. Un 20% (2.911 familias o personas) lograron reestructurar sus deudas. En total, sólo un 27% lograron algún tipo de pacto con su entidad.

Requisitos 

Cuando el Ministerio de Economía anunció la creación de este código, activistas antidesahucios como Ada Colau ya advirtieron de que sería un fracaso porque la mayoría de las personas que corrían el peligro de ser desahuciadas se quedaban fuera de los requisitos marcados. La PAH cifró en el 95% los afectados que no cumplían con las condiciones del código. Aunque más tarde se suavizaron, entre los primeros requisitos para adherirse al código se incluía que todos los miembros de familia estuvieran en paro, que más del 60% de los ingresos familiares se dedicaran a pagar la hipoteca, que el precio de la vivienda fuera inferior a 200.000 euros o que sólo se tuviera una vivienda. ç

En mayo de 2013, recuerda Economía en una nota de prensa, se "flexibilizaron" y "ampliaron" las medidas de protección. Por ejemplo, se permitió a las familias con ingresos hasta tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) acogerse al código cuando antes debían carecer de rentas del trabajo y se redujo al 50% de los ingresos netos la cuota hipotecaria. Estos cambios, explican desde el departamento que dirige Luis de Guindos, han provocado que las solicitudes que llegaron en el último trimestre del año pasado (4.523) superaran todas las recibidas en el primer año en vigor del código de marzo de 2012 a marzo de 2013. Además, estos datos indican "una clara aceleración" de solicitudes durante todo 2013, ya que se ha más que duplicado el número de peticiones respecto de las registradas en el primer trimestre, que fueron 1.967, ha añadido.

La Agencia Tributaria (AEAT) ha advertido este miércoles de que hay que pagar impuestos por los beneficios que puedan obtenerse con las daciones en pago. Hacienda sostiene que las familias obtienen "ganancias patrimoniales" con algunas de esas operaciones, en las que se entrega la propiedad del inmueble a la entidad bancaria a cambio de la cancelación de la deuda.

Pero, ¿cómo es posible que una familia logre réditos económicos al tiempo que pierde su piso? La AEAT asegura que cuando el importe de la deuda cancelada es superior al precio de compraventa del inmueble, hay que tributar por la "ganancia", por el margen entre las dos cantidades. Por ejemplo, si se compró un inmueble por 100.000 euros y se entrega al banco a cambio de la cancelación de una hipoteca de 125.000 euros, se debería tributar por esa diferencia de 25.000.

La única excepción a esa regla pasa por el cumplimiento de tres requisitos: el primero, que los ingresos totales de la unidad familiar no superen los 1.597,53 euros mensuales. El segundo, que en los cuatro años anteriores a la petición de dación en pago la familia haya visto sufrido una "alteración significativa" de sus circunstancias económicas. Y el tercero, que la cuota hipotecaria supere el 50% de los ingresos totales.

La advertencia de Hacienda ha llegado el mismo día en el que ha trascendido el caso de una familia de Cartaya (Huelva), que compró un piso por 100.000 euros y logró que le fuera concedido un préstamo por 160.000 euros. Ahora, y tras lograr la dación en pago, la AEAT le reclama 10.000 euros en concepto de tributos por la ganancia patrimonial obtenida.

Elena Toth, madre de la familia, ha asegurado que la Agencia Tributaria le ha concedido un plazo que concluye el 20 de marzo para abonar esa cantidad. En caso contrario, Hacienda amenaza con embargarle el negocio de peluquería de la que es propietaria. En la carta que le ha remitido, la AEAT califica de "venta" la dación en pago. Toth ha interpuesto un recurso de reposición porque considera injusto el requerimiento.

En declaraciones a infoLibre, Manuel San Pastor, abogado y activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ha asegurado que el caso de la familia Toth no es único: "Lo adecuado en estos casos es recurrir e intentar demostrar que no ha habido ganancia alguna, sino todo lo contrario". San Pastor ha agregado que lo habitual es negociar con las entidades para que se establezca que la dación en pago se concede por un importe inferior al valor de compraventa.

El PP ha anunciado este martes en el Pleno del Congreso su rechazo a tramitar la proposición de ley que el Parlamento de Cataluña aprobó por unanimidad para prevenir el sobreendeudamiento y adoptar medidas contra los desahucios, incluyendo la posibilidad de la dación en pago, con el argumento de que es necesario ayudar a las familias con problemas hoy pero también proteger el acceso a la vivienda en el futuro.

La iniciativa, aprobada por unanimidad en julio de 2012, pretende "corregir con urgencia el vacío legal" en relación al sobreendeudamiento vinculado a la vivienda y "prevenir eventuales escenarios de concesión abusiva de crédito" en el futuro. Además, combina la concesión de una segunda oportunidad para insolventes sobrevenidos con la prevención de los desincentivos al pago de las deudas hipotecarias.

Entre otras cosas, se limitan las condiciones de la hipotecas a 30 años y un 90% del precio de tasación de la vivienda, reconoce la existencia de cláusulas abusivas como motivo para suspender un desahucio y prevé un mecanismo extrajudicial para reordenar o liquidar las deudas en caso de insolvencia, lo que incluye quitas, condonaciones o incluso la liberación de la deuda tras cinco años.

Rescatar a las personas

En representación del Parlamento catalán, Meritxell Roigé (CiU) ha pedido en el Congreso el apoyo a una propuesta "necesaria" para ayudar a las familias que "sufren una situación dramática" y a las que el "muy restrictivo" Código de Buenas Prácticas bancarias no da respuesta. "Hace falta no sólo rescatar bancos, sino también familias que hoy, por una normativa muy restrictiva y obsoleta, se encuentran en una situación desesperada", ha añadido.

Pere Aragonès (ERC) también ha defendido buscar una "solución justa, viable y razonada" y superar una laguna legal en materia de normativa de segunda oportunidad. Además, ha subrayado la unanimidad que este texto cosechó en Cataluña, reclamando así el voto favorable a los grupos del Congreso.

Por Iniciativa-Esquerra Unida, Salvador Milà ha destacado la amplia colaboración en la redacción de esta propuesta, incluyendo la Eurocámara, y ha defendido que "busca de una vez por todas instrumentos legales simples, claros, eficaces, rápidos y económicos para acabar" con los desahucios y para "rescatar" a quienes ya no tienen vivienda pero "arrastran" su deuda. "Por desgracia, los hechos demuestran que las buenas prácticas de bancos y cajas con sus deudores hipotecarios familiares son como las de los lebreles con las liebres: las marean para cazarlas mejor, pero no las salvan", ha añadido.

No ha sido suficiente

El socialista Joan Ruiz ha apelado a la "abrumadora" reclamación general de medidas para "no dejar a ciudadanos en la calle" y ha recordado que no solucionar los problemas de la gente es una de las causas del "problema de credibilidad" de las instituciones. "Esta propuesta no deja de ser el desarrollo de un mandato que figura en la Constitución y que la crisis hoy nos exige de manera perentoria que atendamos", ha añadido.

Pero, además, ha criticado al PP por "ni comer ni dejar comer" con decisiones como recurrir ante el Constitucional el decreto antidesahucios de la Junta de Andalucía, pero también ha cargado contra CiU, por no haber presupuestado en 2014 ninguna cantidad para poner en marcha las medidas de la proposición.

Por Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Coscubiela ha valorado esta "nueva oportunidad para abordar un drama de proporciones gigantescas" que el PP ha tratado de soslayar con "triquiñuelas". "El PP está más preocupado por garantizar la estabilidad del mercado de cédulas hipotecarias que por las familias", ha dicho, y ha criticado el "desastroso" balance de las medidas aprobadas por el Ejecutivo para atajar este problema.

Voto consecuente

El portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, cree que la ley del Gobierno es "claramente insuficiente y un fracaso" y ha aplaudido la posibilidad de corregir errores, porque el problema no está superado aunque haya dejado de protagonizar portadas de periódicos. Asimismo, ha pedido al PP que sea consecuente y vote lo mismo que en Cataluña.

Además, ha asegurado estar "encantando de que el Parlament haya descubierto que hay un montón de cosas que interesan a la gente más allá de su identidad" y ha avisado de que muchos de los contenidos de la iniciativa deberán incorporarse a la legislación por una directiva comunitaria. "No hagamos el indio, hagamos lo que la gente quiere que hagamos", ha instado.

Lourdes Ciuró (CiU) cree que el Gobierno "no está siendo útil", como muestran los "datos alarmantes" de desahucios. "Deberíamos solucionar al menos lo que no funciona. Tenemos que abordar una ley de segunda oportunidad. Si no les gusta esta propuesta, al menos hablemos. Si no rescatamos a las familias y las hacemos hábiles para que puedan volver a comprar en el mercado interior no saldremos de la crisis", ha advertido.

Pedro Azpiazu (PNV) ha recordado que el pasado año ya se aprobó una legislación antidesahucios que "descafeinaba y devaluaba" la iniciativa popular por la dación en pago que se tramitó paralelamente, por lo que ha valorado la oportunidad de volver a profundizar sobre este problema.

El republicano Alfred Bosch ha destacado las "soluciones prácticas y de sentido común" a unas situaciones "tremendamente injustas" que plantea el texto. "Si Cataluña fuera independiente la dación en pago sería ley. No digan que no procede esta legislación porque viene de una comunidad autónoma y que ustedes han hecho no sé cuántas cosas. ¿Y qué que venga del Parlament? ¿O es que el Parlament según ustedes ya no forma parte de las instituciones de España? Porque si es así no nos hemos enterado", ha ironizado, pidiendo el voto al PP.

Joan Baldoví (Compromís-Equo) cree que este debate llega "con mucho retraso y demasiado tarde para mucha gente" y ha defendido que "urge una legislación para permitir al ciudadano sanear una situación transitoria e impedir que más familias acaben en la calle y arruinadas", tal y como ya existe en otros países europeos. Por Amaiur, Rafael Larreina ha lamentado que "nos hayamos acostumbrado a que las tragedias del desahucio sigan" e incluso aumenten, por culpa de una legislación que "no ha sido suficiente". "Por eso es importante esta iniciativa", ha añadido.

Proteger otros bienes

Finalmente, el portavoz económico del PP, Vicente Martínez-Pujalte, ha reconocido que hay que "reflexionar" sobre el problema de los desahuciados y la segunda oportunidad y que la propuesta catalana está "bien trazada". Sin embargo, citando la obra El Político de Azorín, ha recordado que "no deben acogerse sin estudio y una detenida reflexión previa las leyes de otros países porque pueden llevar a gobernar con leyes sabias, justas y discretas pero que no se acoplan con la realidad".

"No es porque ustedes sean de otro país –ha ironizado, mirando a los representantes del Parlamento de Cataluña–, pero nosotros creemos que esta ley no será eficaz para solucionar los problemas de los ciudadanos". Además, ha recordado que más allá de mencionar lo que "sabemos todos", como que hay muchas familias pasándolo mal, es necesario "saber qué queremos".

Y, en este sentido, más allá de regular la dación en pago o la segunda oportunidad, hace falta "pensar si queremos que los jóvenes tengan acceso a la vivienda en el futuro o si queremos cargarnos el mercado hipotecario para siempre por solucionar un problema ahora". Igualmente, hay que proteger tanto la "cultura de pago" de las deudas como el mantenimiento de la vivienda como "garantía real" para los créditos, ya que es lo que permite el acceso a la financiación de muchas familias, ha defendido Pujalte.

El municipio madrileño de Fuenlabrada se ha declarado ciudad libre de desahucios. Los grupos municipales de PSOE e IU presentaron una moción oponiéndose a los desalojos y la petición fue aprobada este jueves, a pesar de las abstenciones de PP y UPyD.

El grupo de Izquierda Unida propuso la medida a raíz de una iniciativa similar de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Huelva. La moción declara Fuenlabrada "ciudad contraria a los desalojos de viviendas familiares habituales" y solicita a las entidades financieras que operan en el municipio "la suspensión de los expedientes de desalojo". Toni Sánchez, portavoz de IU, indica a infoLibre que la aprobación de esta propuesta supone "un pasito más en la lucha contra los desahucios". Hace año y medio el gobierno de Fuenlabrada, liderado por el PSOE en coalición con IU, creó una comisión mixta junto a la PAH. Desde entonces "hemos conseguido grandes avances en materia antidesahucios", declara Teresa Fernández, vicealcaldesa del municipio y dirigente de IU.

"Con esta moción pedimos a los bancos que creen un censo claro que contabilice las viviendas vacías", indica Toni Sánchez. "Hace tiempo propusimos en el pleno municipal que el impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) aumentara un 50% en el caso de viviendas desocupadas –destaca la vicealcaldesa–. La aprobación este jueves de la moción supone una prolongación de esta propuesta". El municipio de Fuenlabrada, con una población de 204.838 habitantes, se ha convertido en un "ejemplo en materia antidesahucios" afirma Fernández. "No somos el primer ayuntamiento que aprueba una propuesta así, pero si es la primera vez que se da en un municipio de gran tamaño", reivindica la dirigente de IU.

El Ayuntamiento de Fuenlabrada trabaja de manera conjunta con la PAH. Los principales grupos municipales, PSOE e IU, han defendido la legitimidad de la Plataforma de Afectados de la Hipoteca hasta integrar el movimiento en la vida política del municipio. "Trabajando junto a la PAH hemos logrado frenar 280 desahucios y se han concedido 20 daciones en pago", afirma Teresa Fernández. "Promovemos los alquileres sociales, luchamos por que las plusvalías no corran a cargo de los desahuciados; poco a poco vamos avanzando en la defensa del derecho a la vivienda", recalca. 

El alcalde socialista de la localidad, Manuel Robles Delgado, ha declarado durante la celebración del pleno municipal que “gracias a la creación de la oficina municipal contra los desahucios no ha habido ningún desahucio ni desalojo” en Fuenlabrada durante el último año y medio. Robles también ha señalado que gracias a "la intervención y la decisión política de este equipo de gobierno" ha sido posible crear una plataforma capaz de evitar cientos de ejecuciones hipotecarias. 

"El Ayuntamiento de Fuenlabrada está en contra de los desahucios", subraya Toni Sánchez. En la localidad madrileña la policía municipal "no interviene en desalojos si no existe una orden judicial expresa", según explica el portavoz de IU. El Ayuntamiento trabaja junto a la PAH y al Movimiento del 15-M a través de una comisión municipal. Desde esta agrupación defienden un cambio en la Ley Hipotecaria adaptado a "la realidad social y a las necesidades de los ciudadanos". El consistorio de Fuenlabrada da soporte a "todas las iniciativas, plataformas y espacios de debate en defensa del derecho a una vivienda digna que se organicen en nuestro municipio", según recoge la moción aprobada este jueves. 

La decisión del Ayuntamiento de Fuenlabrada se suma a las movilizaciones contra los desalojos. El Ayuntamiento de Tocina, en Sevilla, también se declaró el pasado mes de abril "insumiso a atender cualquier orden" que implique la ejecución de un desahucio en el municipio, explicó el alcalde de la localidad, Francisco José Calvo, en declaraciones al diario 20 Minutos. El pueblo de Sa Pobla, en Mallorca, también se declaró el pasado mes de septiembre zona libre de desahucios. Las localidades de de Salt en Girona, Es Castelle en Menorca, Gilena en Sevilla, y Mula en Murcia engrosan la lista de localidades contrarias a los desalojos.

La aparición de grupos municipales solidarios con los afectados por una situación de insolvencia se han multiplicado en los últimos meses. "Gracias a la creación de estas comisiones ha sido posible evitar cientos de desahucios", señala la vicealcaldesa del municipio madrileño. Iniciativas ciudadanas, como la PAH y el Movimiento del 15-M, han conseguido que sus propuestas trasciendan al campo político. Ahora, uno de los municipios más grandes de Madrid se suma a la defensa de una vivienda digna; "Tenemos que evitar que las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario, las familias". 

El juzgado de Primera Instancia nº 7 de Madrid ha anulado la ejecución de una hipoteca al apreciar la existencia de hasta ocho "cláusulas abusivas" en el contrato hipotecario que un particular suscribió con Banca Cívica –ahora Caixabank–, a la que condena a pagar las costas del proceso. Por primera vez en España, un escrito judicial plantea que resulta "abusivo" no haber informado al cliente sobre la posibilidad de limitar la responsabilidad y de introducir en el contrato una cláusula que incluyera la dación en pago para que de esa forma, en caso de impago, la entrega del inmueble saldara la deuda del cliente. 

La Ley Hipotecaria, en su artículo 140, recoge la posibilidad de que, mediante un pacto entre las partes, las hipotecas queden limitadas a la responsabilidad “real” y que de esa manera el particular responda únicamente con el inmueble y la deuda no pueda alcanzar otros de sus bienes. Si esta posibilidad se hubiera incluido en los contratos, recuerdan desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), se impediría a los bancos seguir reclamando la deuda una vez que las entidades se han adjudicado las viviendas en un proceso de subasta. Sin embargo, denuncian los afectados, las entidades financieras "nunca han informado de esta posibilidad a los clientes, imponiendo de hecho la responsabilidad universal", que es la que establece que un deudor tenga que responder con todos sus bienes presentes y futuros. 

La resolución, que tiene fecha del pasado 5 de septiembre, da contestación a un escrito interpuesto por el letrado del particular. E incluye otras cláusulas que la magistrada Maravillas Carreras Rodríguez también estima abusivas. Así, declara "abusiva" la imposición como referencia del índice IRPH, que resulta más gravoso para el cálculo del interés a pagar que el EURIBOR y del que tampoco se informó al cliente. 

Desde la PAH aseguran que también es "novedoso" que se haya declarado "abusiva" la incorporación a las hipotecas del procedimiento de "ejecución extrajudicial" o "venta extrajudicial". Este procedimiento, explican, permite a las entidades acudir a subastas notariales que no están supervisadas por los órganos judiciales para de esa forma adjudicarse los inmuebles en plazos muy breves "con escaso margen de reacción y defensa efectiva para los afectados". De hecho, este procedimiento que los activistas recurrieron ante el Tribunal Constitucional a través del recurso que la PAH impulsó en agosto 2013 contra la llamada Ley Antidesahucios. 

Asimismo, la jueza Carreras Rodríguez estima "abusivas" las cláusulas relativas a la imposición de gastos procesales al afectado, los intereses de demora del 20%, la prohibición de arrendar la vivienda sin el consentimiento del banco, el vencimiento anticipado por impago de una sola cuota o la cláusula suelo del 5,5%. 

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Según el abogado de la PAH, Rafael Mayoral, esta decisión "abre nuevas posibilidades para el archivo de ejecuciones hipotecarias basadas en hipotecas que contienen abusos bancarios". "Además, al declarar abusivo el no haber informado sobre la posibilidad de dación en pago, permite a la familia solicitar la dación en pago apoyándose en esta reciente resolución", amplía. 

Los eurodiputados del Partido Popular (PP) se han quedado solos este martes en Europa. De los 54 españoles en el Parlamento Europeo, los 17 conservadores presentes en el momento de la votación han sido los únicos que se han posicionado en contra de pedir la dación en pago, prácticas hipotecarias "más favorables para los consumidores" y procesos de renegociación de la deuda para las familias en situación de quiebra.

El texto al que se opone el PP pide, textualmente, que se aborde "la solución del drama social que plantean los desahucios y la pérdida de la vivienda para los más afectados por la crisis económica y el desempleo", y exige esfuerzos para ofrecer soluciones alternativas a las ejecuciones hipotecarias, entre las que se sugieren las ya mencionadas: dación en pago y renegociación de los créditos.

A pesar de la oposición de los conservadores, el párrafo en cuestión ha salido adelante con 318 votos a favor, 269 en contra y 52 abstenciones. El resto de eurodiputados españoles, con independencia de su partido de origen (PSOE, IU, UPyD, PNV y CDC), se han mostrado favorables a este apartado. Sin embargo, no habrá consecuencias legales. Se trata de un texto no vinculante y que, por tanto, no tendrá efectos prácticos.

Más allá de la cuestión de la dación en pago, el informe aprobado por el Parlamento Europeo sobre la situación de la vivienda social en la Unión Europea ha sido aprobado por una mayoría de 353 síes frente a 151 noes y 189 abstenciones. En la votación final, los eurodiputados del PP han sido nuevamente los únicos –de entre los españoles en la cámara– que no se han adherido al texto y han optado por la abstención. 

El derecho a una vivienda

Aunque la aprobación del informe, inicialmente propuesto por la eurodiputada francesa de los Verdes Karima Delli, no supondrá ningún cambio inmediato, con su aprobación el Parlamento Europeo emite una serie de peticiones y recomendaciones en materia de vivienda. Así, y en primer lugar, se aboga porque los Estados garanticen que todos los ciudadanos puedan tener acceso a una vivienda

El texto que ha recibido luz verde este martes también apuesta por la vivienda social. "Hay que invertir en vivienda social para ayudar a salir de la crisis. La vivienda no debe verse como un gasto, sino como una inversión de futuro. Es necesario poner en marcha un plan de lucha para que las personas no se queden sin hogar", ha dicho al respecto la ponente del informe.

Como parte de ese plan para que nadie se quede sin techo, la eurocámara reclama que se establezcan métodos para garantizar que el aumento de los precios de la vivienda sea "moderado" en el caso del alquiler. Asimismo, la resolución adoptada insta a los Estados de la UE a emprender una reforma fiscal que ponga fin a la especulación en materia de vivienda.

Por último, el informe subraya que las medidas de austeridad, combinadas con la crisis económica y financiera, son responsables del incremento del desempleo y la exclusión social en la Unión Europea, especialmente entre los grupos más vulnerables de la sociedad.

De igual modo, se especifica que la austeridad y el "saneamiento presupuestario" deben ir acompañadas de una estretagia de inversión global que impulse un crecimiento sostenible, que contribuya a la lucha contra la pobreza y la exclusión, y se subraya que "el funcionamiento espontáneo del mercado es cada vez menos capaz de satisfacer la necesidad de viviendas asequibles".

Este comentarios, bien puede servir de resumen gráfico:

El desconsuelo:

En el Gobierno, la rechazaron. En la oposición, la han defendido. La postura de los socialistas en torno a la dación en pago ha sido cambiante. Y este jueves, su jefe de filas ha dado una nueva vuelta de tuerca. En una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press, Alfredo Pérez Rubalcaba ha dicho que la fórmula por la que se liquida el crédito al entregar el piso al banco, como ocurre en en varios estados de EEUU, "no es la mejor solución" ante el problema de los desahucios por ejecuciones hipotecarias. 

Así, el líder del PSOE aboga ahora por que se obligue a las entidades bancarias a renegociar con los deudores las condiciones de los préstamos. Eso, a pesar de que en el programa electoral con el que concurrió a las elecciones generales de noviembre de 2011 apostaba por regular esta fórmula. "Estableceremos la obligatoriedad de que las entidades financieras ofrezcan productos hipotecarios en los que la garantía se limite al bien hipotecado, lo que se denomina dación en pago", podía leerse en el pliego de promesas electorales de los socialistas. 

Rubalcaba ha defendido esta postura argumentando que. aunque el banco les perdone la deuda, los afectados pierden su casa igualmente. Por ello, a su juicio, "la mejor solución" es la renegociación del préstamo hipotecario. "Hay que abrir procesos de renegociación obligatoria, controlada y pactada, con arbitraje, para que la gente no pierda la casa ni los ahorros que ya ha hecho", ha señalado poco antes de que la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados apruebe el proyecto de ley de protección de los deudores hipotecarios, de reestructuración de las deudas hipotecarias y de alquiler social.

El líder del PSOE ha aclarado que su partido no es el único que ha "virado" en su postura respecto a la dación en pago, mostrándose ahora más favorable a esa opción que cuando gobernaba, ya que "los bancos también han virado" como consecuencia de la presión que tienen ante "un problema social tremendo".

"Cuando tienes un problema que se desborda" y hay muchas personas en una situación muy difícil, "adaptas tus políticas y pides a los bancos un esfuerzo", ha explicado Rubalcaba, que ha reconocido que hay algunas cosas que "se ven distintas" cuando se está en la oposición y cuando se está en el Gobierno pero "otras no".

"Vivo en el lío". Con esta expresión recibió el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al catalán Artur Mas en febrero de 2012 antes de que ambos mantuvieran un encuentro –no secreto– en la Moncloa. Lo captó un micrófono indiscreto. Esta espontánea expresión puede extrapolarse a la situación que atraviesa el PP en las últimas semanas, en las que el malestar en las calles se ha hecho más patente a cuenta del drama de los desahucios, de la estafa de las preferentes y de las negativas previsiones económicas.

El PP lleva más de un mes intentado trasladar a los ciudadanos la idea de que son ellos los que solucionan los problemas heredados de las lesgislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero. Que son ellos los "únicos" que se han preocupado de los afectados por las hipotecas y por las preferentes. Así lo repiten en cada uno de sus actos públicos, en sus argumentarios, en sus reuniones internas y en sus ruedas de prensa. Paradójicamente, esta estrategia recibió este miércoles un duro golpe desde dentro de las filas del propio partido a raíz de las declaraciones de dos miembros destacados.

La secretaria general, María Dolores de Cospedal, fue una de las protagonistas después de que el diario La Vanguardia publicara unas declaraciones suyas del día anterior en la reunión que mantuvo a puerta cerrada con los diputados del Grupo Parlamentario Popular. Entre otros asuntos, la número dos del PP aseguró que los votantes de su partido están entre los que pagan la hipoteca.

Según informaron a infoLibre fuentes conocedoras del contenido de la reunión, Cospedal, hablando sobre el tema de los desahucios, sostuvo que en España hay un 97% de personas que pagan su hipoteca y que su electorado, mayoritariamente, está en este grupo. Dijo, además, que su partido está haciendo esfuerzos para ayudar a ese 3% que no puede hacer frente a este gasto. Pero que también tienen que apoyar a ese 97%. 

Las declaraciones de Cospedal provocaron un aluvión de críticas en las redes sociales. Sobre todo, porque en un primer momento se le atribuyó haber asegurado que los votantes del PP dejan de comer antes que dejar de pagar la hipoteca. De lo delicado de la situación y del tema que tenía entre manos fue muy consciente la número dos del PP, que no tardó en desmentir esas palabras a través de su perfil en Twitter. Además, el PP emitió un comunicado.

Esta polémica tenía lugar a 24 horas de que la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso apruebe la denominada proposición de ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha convocado una concentración para este jueves en los alrededores de la Cámara Baja en señal de protesta ya que el PP no ha aceptado las principales demandas de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), avalada por millón y medio de firmas, entre las que destaca la dación en pago.

Pujalte entra en escena

Cuando la polémica sobre las palabras de Cospedal empezaba a serenarse, el diputado Vicente Martínez-Pujalte volvió a disparar la tensión al sostener que algunas de las personas que piden la dación en pago la quieren para comprar otro piso. 

En una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, el diputado consideró que algunas personas que firmaron una hipoteca y "sabían lo que estaban firmando", asumieron "un riesgo en la valoración de un piso que hoy vale menos y les vendría mejor dar ese piso en dación en pago y comprarse otro". Martínez-Pujalte es precisamente el portavoz del PP en la comisión que tiene que aprobar la legislación en materia de hipotecas.

Fuentes del PP consultadas por este diario intentan restar polémica a estas declaraciones. Es más, aseguran que responden a la verdad. Y que la controversia suscitada se debe al desconocimiento de la materia y de la legislación.

"Uno de cada tres de estos procesos hipotecarios acaban en dación en pago y la gente después, o se marcha a sus países de origen –los inmigrantes– o se alquila un piso o compra otro de precio menor", consideran las mismas fuentes. "La dación en pago no es un bálsamo milagroso y en esta materia hay que ser muy cuidadosos porque no nos podemos permitir que los bancos dejen de conceder crédito", añaden.

Jóvenes que se marchan

El círculo de las declaraciones polémicas sobre asuntos de gran sensibilidad social lo cerró la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, al calificar el exilio laboral de miles de jóvenes de "movilidad exterior". Sus palabras chocan con las cifras. El paro juvenil en España, según la última Encuesta de Población Activa es del 55%.

Tras estas declaraciones Juventudes Socialistas de España (JSE) reclamó la dimisión de Báñez "como primer paso para que el Gobierno se tome en serio el paro juvenil". Consideran que "está totalmente incapacitada para continuar en el Gobierno al desconocer la situación de miles de jóvenes exiliados económicamente", según declaraciones de su secretario general, Nino Torre.

El comentario irónico:

Bien podríamos resumir la jornada con este tuit:

Según este mismo informe, durante el pasado año, fueron subastadas y adjudicadas 38.976 viviendas. 30.034 de ellas eran los domicilios habituales de los afectados. El dossier no detalla quién se quedó con esas viviendas aunque "lo más habitual especialmente en un momento de crisis" es que lo hagan los bancos, según explicó a infoLibre José Meléndez, director del estudio. 

El informe, elaborado a través de una encuesta realizada por el Colegio de Registradores entre todos los registros de España, tampoco recoge cuántas de esas subastas acabaron en desahucio porque el paso de una situación a otra no está vinculado de forma automática. Algunos afectados pueden estar esperando la orden de desahucio y otros pueden haber conseguido el alquiler social. De hecho, no existe en España un censo oficial de desalojos de primera vivienda, aunque según fuentes del Ministerio de Economía, este departamento ha encargado su elaboración al Instituto Nacional de Estadística (INE). Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), durante 2012 se llevaron a cabo 101.034 lanzamientos hipotecarios –el nombre técnico con el que denominan los desalojos–, si bien esta estadística no se refiere solo a desahucios de familias de su vivienda habitual, sino que también incluye segundas residencias o locales comerciales.

Los datos de los registradores sí revelan que durante el pasado año se expidieron 65.778 certificaciones de inicio de ejecución hipotecaria sobre vivienda, el equivalente al 24% de las 274.583 hipotecas constituidas en el mismo periodo, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Dada la diferencia temporal entre las hipotecas constituidas y los procesos de ejecución iniciados, los registradores toman también la media anual de hipotecas firmadas entre 2005 y 2007, que fue de 1,2 millones, de lo que se desprendería que la proporción de procesos abiertos supondría el 5,1% de ese total.

Por otro lado, el 74,7% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas correspondieron a primeras viviendas. Además, el 75,5% fueron procesos abiertos correspondientes a propietarios españoles y el resto a extranjeros.

Los extranjeros con mayor peso relativo fueron los ecuatorianos (5,7%), marroquíes (3,7%), británicos (2,1%) y rumanos (1,6%). En cuanto al resto de ciudadanos sudamericanos, alcanzaron en conjunto el 2,2% de las ejecuciones iniciadas. Si se ponen en relación estos datos con el peso de estas nacionalidades sobre el total de compras de vivienda en 2012 entre extranjeros, se observa que los ecuatorianos no se encuentran ni siquiera entre los 19 primeros puestos del ránking.

El PP ha rechazado en la Mesa de Congreso la petición del PSOE y de otros grupos parlamentarios para celebrar un debate final en el Pleno del Congreso sobre el texto definitivo de la ley antidesahucios derivada de la iniciativa ciudadana de la dación en pago y del decreto ley aprobado en su día por el Gobierno.

Según ha explicado en rueda de prensa la portavoz del Grupo Socialista, Soraya Rodríguez, las enmiendas del PP a la iniciativa ciudadana, que el PSOE achaca a la banca y al Ministerio de Economía, "han hecho desaparecer" la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) en favor de la dación en pago general y con carácter retroactiva.

Por eso, el PSOE y otras formaciones pidieron que, antes de salir del Congreso, el texto fuera sometido a un último debate en sesión plenaria pero esa petición fue desestimada por el PP en la Mesa del Congreso.

Soraya Rodríguez ha indicado que esa decisión se ha adoptado tras una serie de empates en el órgano de gobierno de la Cámara, pues el PP no disponía de su mayoría absoluta porque le faltaba uno de sus integrantes mientras que el diputado de CiU se alineó con los socialistas. Tras varios empates a cuatro votos, se aplicó el reglamento que establece que, si no hay desempate, la iniciativa decae.

Así las cosas, el texto final que apruebe a Comisión de Economía con el voto del PP se remitirá directamente al Senado sin pasar por el Pleno, ya que dicha comisión cuenta con competencia legislativa plena.

Para la dirigente socialista, hurtar este debate en sesión plenaria es "una trampa inaceptable" que supone dar un "cierre en falso" y "por la puerta de atrás" ala iniciativa ciudadana que había sido tomada en consideración por unanimidad. "Si se querrían ahorrar el trámite parlamentario, haber votado en contra de la admisión a trámite", ha añadido, en referencia al PP.

Decenas de miles de desahuciados después, algunos de ellos empujados a quitarse la vida, la Justicia europea dictamina ahora que la ley hipotecaria española es abusiva. Bienvenida sea una sentencia que confirma que esa amplia mayoría de españoles que pensamos exactamente lo mismo no estamos locos. No lo estamos, lo que ocurre es que nuestros banqueros tienen un morro que se lo pisan, tan grande como su codicia, y nuestros políticos -muchos de ellos, sobre todo en los dos grandes partidos- son unos vendidos. Tan sencillo como eso.

¿Saben algo? Desconfíen de cualquier cosa que insulte al sentido común. Hace un par de años, cuando nuestros principales diarios ni hablaban de ello (el asunto era tabú, no fuera a ser que les quitaran la publicidad o apretaran con las deudas), The New York Times publicó un reportaje en el que lo flipaba con que aquí, en España, cuando dejas de pagar la cuota de la hipoteca, además de quitarte el piso manu militari, te encaloman la cadena perpetua de una deuda impagable. El periódico neoyorquino ilustraba el caso con las historias de unos inmigrantes que no daban crédito.

Tuvieron que ser los movimientos sociales surgidos o vinculados al 15-M y la izquierda que no reniega de su condición de izquierda los que pusieran sobre la mesa un par de reivindicaciones elementales: la dación en pago –que el banco se quede con el piso si no puedes pagar la hipoteca, y aquí paz y allá gloria- y una moratoria a los desahucios de aquellos que no tienen donde dormir a cubierto si los pones en la calle. El PP no quería ni oír hablar de eso; el PSOE, que había adoptado la misma actitud que el PP cuando gobernaba, no hace tanto de ello, tardó una eternidad en prestar alguna atención al asunto.

Los argumentos a favor de un sistema que acaba de ser declarado un atropello por la Justicia europea son risibles por el vasallaje a los bancos que revelan. Uno es, descaradamente, aquel de que el banco no puede perder nunca. Si, a través de su propia empresa de tasación, valoró en su día el piso a 200.000 euros, ¿cómo va a quedárselo sin más cuando han caído los precios y ahora vale 150.000? Pues que quieren que les diga, amigos, todas las actividades económicas –excepto la suya- pueden perder: el comerciante que abre una tienda, el pequeño y mediano empresario que emprende un negocio, el jubilado que pone su dinero en Bolsa… Eso se llama capitalismo. Pero ustedes, los de los bancos, como sus parientes, los de los casinos, no quieren perder nunca. También podríamos verlo de otro modo: ustedes, pillines, quieren capitalismo para sus beneficios y comunismo para sus pérdidas.

El otro argumento va de que, si se cambia el sistema, las hipotecas se harán más difíciles. Pues, miren, no puedo estar más a favor. La concesión a mansalva de hipotecas baratas y arriesgadas en la época del ladrillazo es uno de los tumores que nos han llevado a esta situación terminal. No me parece nada mal que, a partir de ahora, se tienten ustedes la ropa a la hora de conceder una hipoteca. Y sobre todo me parece muy bien que en España se instaure una cultura del alquiler, y que los poderes públicos la fomenten haciendo que, bajo esta fórmula, haya cientos de miles de viviendas accesibles a la gente.

Nunca hemos estado locos. Lo acaban de sentenciar los togados europeos.

La decisión viene después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), dictaminara este jueves que la legislación española ha transgredido la normativa europea en relación a este tema, ya que no protege lo suficiente a los ciudadanos frente a las cláusulas abusivas de las hipotecas.

En opinión de la consejera, el Gobierno central tiene la obligación de aprobar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra los desahucios y de aceptar elementos como la dación en pago, además de cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Hipotecaria.

Cortés recuerda que en España "se han registrado 400.000 desahucios ilegales y 80.000 en Andalucía desde 2007", como informa Europa Press, y denuncia que “todos los gobiernos se lavaron las manos y miraron hacia otro lado” mientras se producía esta lacra. Elena Cortés considera que la paralización inmediata de los desahucios, junto al alquiler social, debe ser “el punto de partida” para el Ejecutivo de Rajoy, una institución que ha ejercido una violencia contra aquellas familias que han perdido su casa desde 2007, explica.

Obligación no sólo jurídica, sino también política

"Debe existir una restitución política y jurídica de la violencia ejercida sobre las familias", ha aseverado la consejera. Unas familias que están obligadas a exigir al Gobierno que paralice de forma inmediata todos los desahucios, algo que ya ha hecho Andalucía, y recuerda que la Junta en el marco de sus competencias, está elaborando una ley de protección a los consumidores de productos financieros.

Cortés, junto a otros compañeros de partido, anima a los ciudadanos a que "acudan a las oficinas en defensa de la vivienda”. Por su parte, José Antonio Castro, portavoz de IULV-CA en el Parlamento, llevará al pleno de la Cámara andaluza una Proposición no de Ley que ponga en valor la sentencia del TJUE. Además, pedirá que el Congreso de los Diputados tramite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra este tema.

El portavoz parlamentario ha mostrado su indignación al comprobar que “los sucesivos Gobiernos de España han tenido escondida una directiva comunitaria de obligado cumplimiento en un cajón", y ha lamentado que el Ejecutivo ignorara esta norma, mientras que sí se han aplicado en España otras de manera firme, provocando sufrimiento en la gran mayoría de los ciudadanos. "Una directiva comunitaria que podría haber evitado en torno a 400.000 desahucios y que podría haber hecho frente al drama de gente que se ha tirado por un balcón o se ha suicidado", ha espetado.

Aunque en España la dación en pago está contemplada legalmente como opción para que cubra la deuda hipotecaria, lo cierto es que en escasas ocasiones se concede una hipoteca con este tipo de garantía. En los casos de impago, lo más común es que se embargue la vivienda, posteriormente se subaste por un precio libre que decida la entidad y esta pueda seguir reclamando la deuda, aunque haya obtenido beneficios. Si no acude nadie a la subasta, que es lo que suele ocurrir, el banco se queda la vivienda por un 60% de su valor de tasación cuando es la residencia habitual del embargado y al 50% cuando es segunda residencia. Además, si este precio no cubre la deuda pendiente, el banco puede embargar otros bienes al hipotecado o incluso su sueldo.

Más allá de las fronteras españolas, la gran diferencia respecto a nuestro país es que, si bien al firmar una hipoteca el cliente también contrae una deuda personal de obligatorio cumplimiento, en ningún caso –excepto en España– el banco tiene la posibilidad de quedarse con la vivienda habitual en caso de impago.

Las fórmulas de los vecinos centroeuropeos

En Francia, por ejemplo, la Ley Neiertz, de 1989, faculta por vía ejecutiva la imposición de condiciones de negociación entre entidades bancarias y particulares. Posteriormente, en 2003, la Ley de segunda oportunidad, previó la condonación judicial de las deudas de personas físicas mediante la liquidación de patrimonio. Según marca esta legislación, existe una comisión independiente que estudia de manera individual el caso de cada familia o persona que no puede hacer frente a la deuda hipotecaria. Este servicio de mediación decide si perdona la deuda mediante la dación en pago, si aplaza el pago o cualquier otra solución que satisfaga a ambas partes, estudiando siempre cada caso de forma personalizada.

En el caso de Alemania y Portugal se contempla un proceso de negociación que puede conducir a la condonación parcial de la deuda cuando se trata de deudores de buena fe, es decir, los que quieren pagar la deuda, pero no pueden. Son todos esos deudores que no pueden afrontar el pago porque han perdido su empleo, porque han dejado de cobrar prestaciones sociales pero que acabarán pagando si se les concede el tiempo suficiente y se les otorgan facilidades. Esta medida es la más cercana a la que pide la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en España.

En Italia, el sistema jurídico en cuanto a las hipotecas es el mismo que en España, pero un decreto-ley de 2008 suspendió los desahucios a las familias que tuvieron unos ingresos de 27.000 euros al año o menos. No obstante, los italianos no se han hipotecado tanto como en España porque en Italia no se ha registrado el mismo boom inmobiliario y porque los bancos no han concedido los créditos con tanta facilidad como los españoles.

Hasta 2009, la legislación griega sobre desahucios por impago hipotecario era similar a la española, sin que existiera la posibilidad de la dación en pago. Sin embargo, el Gobierno socialdemócrata de Yorgos Papandreu aprobó una moratoria, vigente hasta 2013, que impide a los bancos expulsar por impago de la hipoteca a los inquilinos de una casa si es su primera residencia y es menor de 200 metros cuadrados.

La entrega de llaves de Estados Unidos

Al otro lado del charco, basta con entregar la vivienda para saldar la deuda hipotecaria, siempre que el deudor no la pueda afrontar. No obstante, pese a que existe la dación en pago, la legislación varía según los estados y hay muchas excepciones a la regla. En algunos de los estados, el banco toma posesión de la vivienda por dación en pago, pero en otros por ejecución hipotecaria, tal y como ocurre en España. Si la reventa o la subasta de la casa no cubren la totalidad de la deuda, se procede igualmente a otros embargos. Aun así, es cierto que el banco perdona la deuda si considera que es prácticamente imposible que, por su situación económica, el deudor pueda afrontar ese pago.

Canadá no conoce la palabra 'desahucio'

A pesar de estar tan cerca de Estados Unidos, el país norteamericano no se vio contagiado por la crisis de las hipotecas subprime gracias a la figura del seguro de crédito. Sus bancos han continuado dando crédito durante todos estos años de crisis a familias y empresas y las tasas de morosidad se mantienen en niveles del 0,5%. Esto se consigue gracias a que el riesgo se cubre con un garante (una aseguradora de crédito hipotecario) que actúa de vigilante de ese riesgo.