Durante demasiado tiempo se ha repetido una idea que empieza a demostrar ser profundamente equivocada: que los jóvenes viven alejados de la política y que la desafección constituye el principal problema de las nuevas generaciones. Sin embargo, los datos disponibles dibujan un panorama muy distinto.

El reciente informe Desconexión y futuro: una juventud atrapada, elaborado por Ayuda en Acción, pone de manifiesto que la inmensa mayoría de los jóvenes no rechaza participar en los asuntos públicos. Muy al contrario. Reclama más espacios de participación, mayor capacidad de influencia sobre las decisiones y mejores instrumentos para intervenir en la construcción de las políticas que afectan directamente a su presente y a su futuro. Entre sus principales preocupaciones aparecen el acceso a la vivienda, el empleo digno, la salud mental, la educación y la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida autónomo.

Paralelamente, las recientes encuestas del CIS sobre la calidad de la democracia reflejan una preocupación creciente por el funcionamiento de nuestras instituciones, la transparencia, la corrupción y la necesidad de mejorar los mecanismos de participación ciudadana.

Quizá, por tanto, estemos formulando mal el diagnóstico. El problema no parece ser que la juventud haya abandonado la política. El problema es que buena parte de la política todavía no ha sabido abrir espacios reales para que la juventud pueda participar de forma efectiva.

Con demasiada frecuencia confundimos democracia con elecciones, pero la democracia comienza mucho antes de introducir una papeleta en una urna.

Empieza cuando la información circula con transparencia; cuando cualquier persona puede presentar propuestas; cuando existen espacios permanentes de deliberación; cuando los responsables públicos y orgánicos rinden cuentas periódicamente; cuando el pensamiento crítico deja de ser percibido como una amenaza y pasa a convertirse en un patrimonio colectivo de la organización.

La participación no consiste únicamente en ser escuchado; consiste en poder influir. Esa es la gran diferencia. Una democracia de calidad no se limita a consultar a la ciudadanía; la incorpora a la construcción de las soluciones.

A veces se presenta la participación como un ideal filosófico. Es un error. La participación constituye, sobre todo, un extraordinario sistema de inteligencia colectiva. Cuantas más personas participan desde el conocimiento, la experiencia y el diálogo cívico, mayores posibilidades existen de encontrar mejores soluciones para problemas complejos: vivienda, sanidad, educación, inmigración, transición ecológica, economía, la igualdad de oportunidades...

Ninguno de estos desafíos puede resolverse únicamente desde los despachos o desde pequeños círculos de decisión. Las mejores respuestas nacen del contraste de ideas, del conocimiento compartido y de la deliberación abierta. Por eso la democracia participativa no constituye un lujo. Constituye un instrumento para gobernar mejor.

Movimiento Sumar nació precisamente con la voluntad de impulsar una forma diferente de hacer política. Sus Estatutos, su Documento Organizativo y su Código Ético incorporan principios extraordinariamente avanzados: Proyecto País, comunidades temáticas, implantación territorial, pensamiento crítico, publicidad activa, transparencia, rendición de cuentas y participación democrática.

No estamos hablando de propuestas nuevas; ya forman parte de la identidad del proyecto. El verdadero desafío consiste en convertir esos principios en una práctica cotidiana. Porque una organización no se mide únicamente por los valores que proclama, también por su capacidad para hacerlos realidad.

Durante las dos últimas décadas, numerosos movimientos ciudadanos y fuerzas progresistas despertaron enormes expectativas de regeneración democrática. Muchos de ellos consiguieron trasladar importantes reivindicaciones sociales a las instituciones.

Pero también surgieron dinámicas internas que, con el paso del tiempo, fueron concentrando cada vez más las decisiones en ámbitos reducidos, debilitando los espacios de deliberación abierta y alejando progresivamente a muchas personas que habían participado con ilusión en aquellos proyectos.

Una parte de quienes vivimos intensamente el 15M contemplamos con preocupación esa evolución. No porque cuestionemos la necesidad de que existan partidos políticos, sino porque el gran valor del 15M residía precisamente en su capacidad para actuar como un movimiento ciudadano abierto, transversal e independiente, capaz de fiscalizar democráticamente cualquier organización política.

La mejor manera de honrar aquel legado no consiste en mirar hacia atrás con nostalgia. Consiste en evitar que vuelvan a reproducirse dinámicas organizativas que terminen alejando a los miembros, a los amigos y a la ciudadanía de los espacios donde realmente se toman las decisiones.

Movimiento Sumar aún está a tiempo de demostrar que otra forma de hacer política sigue siendo posible, pero para ello será necesario dar un paso más.

Abrir de manera permanente la organización a la participación de sus miembros, de sus amigos y de la ciudadanía; desarrollar plenamente las comunidades temáticas; impulsar el Proyecto País; reforzar la implantación territorial; establecer mecanismos periódicos de rendición de cuentas; crear espacios estables de control democrático sobre la actuación de los cargos públicos y orgánicos; y favorecer procesos internos transparentes, abiertos y con igualdad efectiva de oportunidades.

La regeneración democrática no puede limitarse a un conjunto de principios escritos en unos documentos. Debe convertirse en una forma cotidiana de construir las decisiones colectivas.

La juventud no reclama únicamente empleo o vivienda, reclama formar parte de las soluciones. Y probablemente ésa sea también la demanda de una parte creciente de nuestra sociedad.

La democracia del siglo XXI no necesita únicamente mejores representantes. Necesita mejores mecanismos para que la ciudadanía participe, proponga, controle y contribuya de forma permanente a mejorar las decisiones públicas.

Ésa fue una de las grandes enseñanzas del 15M y ésa puede seguir siendo hoy la mayor oportunidad de Movimiento Sumar. No para convertirse en un partido más, sino para demostrar que la regeneración democrática empieza por abrir de verdad las puertas de la participación.

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José Joaquín Belda es socio de infoLibre.

Antonio Gramsci no hablaba de cultura como un adorno, sino como un campo de poder. Quien controla el sentido común controla, en gran medida, la realidad política. La hegemonía cultural no consiste en prohibir ideas, sino en algo más eficaz: hacer que ciertas ideas ni siquiera se cuestionen.

Ese es el núcleo del problema. No se trata de que la ciudadanía acepte un sistema bajo amenaza, sino de que lo perciba como lógico, inevitable o incluso deseable. Cuando eso ocurre, el conflicto desaparece de la superficie, pero no porque haya sido resuelto, sino porque ha sido neutralizado.

Hoy, esa hegemonía ya no se construye únicamente desde las instituciones clásicas. Ha mutado. Se infiltra en los algoritmos, en los formatos virales, en la estética dominante, en los marcos emocionales con los que interpretamos el mundo. No hace falta un gran relato único: basta con imponer los límites de lo pensable.

En el siglo XXI, la batalla cultural no se libra solo en editoriales o parlamentos, sino en timelines, tendencias y métricas. La supuesta democratización digital ha ampliado las voces, pero no ha redistribuido el poder. Las grandes plataformas organizan la visibilidad, jerarquizan discursos y premian determinadas formas de expresión —rápidas, polarizadas, simplificadas— que favorecen ciertos marcos ideológicos frente a otros.

La hegemonía contemporánea no necesita convencer a todos. Le basta con saturar, fragmentar y desgastar. En ese ruido constante, el pensamiento crítico pierde terreno y el sentido común se reconfigura sin apenas resistencia.

En este escenario, la extrema derecha ha entendido muy bien la importancia de la batalla cultural, y en España Vox es un ejemplo paradigmático de ese proyecto. Cuando sus dirigentes se presentan como el partido del “sentido común” y repiten la fórmula en mítines, debates televisivos y campañas en redes, no están apelando a una neutralidad razonable, sino intentando blindar su propia hegemonía cultural: un proyecto que convierte el nacionalismo español centralista y los valores tradicionales conservadores en la única norma legítima.

Esa operación se acompaña de una inversión deliberada del relato: a través de la insistencia en la “Agenda España”, el “marxismo cultural” o la “ideología de género”, Vox intenta hacer pasar a las minorías por dominantes y a los sectores privilegiados por víctimas. Lo que se cuestiona ya no es el poder real que se ejerce, sino la mera existencia de discursos feministas, antifascistas, plurinacionales o ecologistas, presentados como una ofensiva contra la “gente normal”.

La política cultural de Vox no busca ampliar libertades ni diversidad, sino homogeneizar. Allí donde ha tenido influencia institucional, ha priorizado la tauromaquia como seña identitaria excluyente, ha promovido actos y símbolos ligados a una lectura nostálgica del Imperio español y ha apoyado iniciativas que recortan apoyo a proyectos culturales críticos, feministas o de memoria democrática.

La educación y la cultura se conciben como trincheras: se cuestionan contenidos escolares sobre violencia machista o memoria histórica, se estigmatiza a artistas y programaciones con discurso crítico, se denuncia cualquier avance en políticas de igualdad como “adoctrinamiento”. La cultura se utiliza así como arma de guerra cultural para imponer un imaginario único de nación, género y tradición, en línea con las estrategias de otras fuerzas de extrema derecha europeas y con los movimientos reaccionarios surgidos en Estados Unidos.

Su retórica contra la “corrección política” y el “marxismo cultural” no es una defensa genuina de la libertad de expresión, sino un intento de legitimar mensajes de odio mientras se empuja hacia la censura o la deslegitimación social de expresiones artísticas y pedagógicas que incomodan su proyecto de sociedad. Se busca que lo reaccionario parezca sentido común y que lo igualitario parezca radicalismo.

Frente a este proyecto, la respuesta no puede ser ingenua ni puramente defensiva. Combatir la hegemonía cultural exige asumir que estamos ante un conflicto político de largo alcance.

En primer lugar, hay que disputar el lenguaje. Las palabras no son neutrales: delimitan lo que se puede pensar. Cuando Vox consigue que “libertad” signifique desregulación ilimitada, que “seguridad” signifique endurecimiento punitivo sin abordar causas estructurales, o que “sentido común” signifique negar derechos a migrantes, mujeres o personas LGTBI, ha movido el marco entero de la discusión. Ceder esos significados es ceder el terreno antes de empezar.

En segundo lugar, es imprescindible ocupar los espacios donde hoy se produce el sentido. No basta con tener razón en análisis que circulan sólo entre convencidos. La batalla se libra también en vídeos breves, en hilos de redes, en formatos muy accesibles. Si la extrema derecha ha aprendido a convertir memes, clips y consignas en dispositivos de hegemonía cultural, la respuesta democrática necesita apostar por narrativas igual de eficaces en lo formal, pero radicalmente diferentes en lo ético y político.

En tercer lugar, hay que construir alternativa, no sólo crítica. Desmontar los marcos de Vox es necesario, pero insuficiente. Sin un horizonte propio —sin un relato que articule otra forma de vivir, de relacionarse, de entender lo común y de cuidar la diversidad— toda oposición queda atrapada en la reacción permanente. La cultura progresista necesita ofrecer imágenes deseables de futuro, no sólo advertencias sobre los riesgos del presente.

Conviene recordar algo que Gramsci tenía claro: la hegemonía no es un evento, es un proceso. Se construye día a día, en lo visible y en lo invisible. En las instituciones, sí, pero también en las conversaciones, en los patios de colegio, en los programas de entretenimiento, en las prácticas editoriales y en las decisiones de programación cultural local.

La gran ilusión de nuestro tiempo es creer que la neutralidad existe. No existe. Siempre hay una visión del mundo imponiéndose, aunque no se nombre como tal. La pregunta no es si hay hegemonía cultural, sino quién la ejerce y con qué proyecto de sociedad. La extrema derecha lo ha entendido y actúa en consecuencia, desde los eslóganes hasta las leyes. Si quienes defienden una sociedad más justa, plural y democrática renuncian a disputar ese terreno, no se sitúan fuera de la batalla: simplemente aceptan que el “sentido común” lo definan otros.

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José González Arenas es secretario de Medio Ambiente del PSOE de Córdoba.

Se hace el camino al andar, dice Antonio Machado, pero también al desandarlo, algo que puede servir para darle una segunda oportunidad a los sitios donde vuelves y corregir los errores que cometiste allí. Ya sabemos que estas sociedades donde todo el mundo se saca en procesión a sí mismo, se pone como ejemplo a seguir y únicamente cree a quienes lo adulan, nadie está muy dispuesto a aceptar culpa o desliz alguno, ni siquiera a responsabilizarse de sus actos: la gente no tiene argumentos, tiene atenuantes. Por ejemplo, parece claro que en algo se habrán equivocado nuestros políticos cuando, de un tiempo a esta parte, vamos de bloqueo en bloqueo, da lo mismo si estamos hablando del Consejo General del Poder Judicial o de los Presupuestos Generales del Estado y la tarea de gobernar se ha convertido en un laberinto al que no le encuentran la puerta de salida.

A la catarata de descalificaciones entre adversarios en que se ha convertido cualquier debate parlamentario y al contagio de ira al rojo vivo que eso somete a la opinión pública, les ha dado por llamarlo polarización; es decir, por usar un término que habla de que los rivales ideológicos son polos opuestos, seres o entidades que se repelen y, por lo tanto, no pueden acercarse ni llegar a pacto alguno. No hay más que ver nuestro Congreso, al que sólo le faltan unas cuerdas elásticas, un gong y un árbitro para ser un ring de boxeo: en el rincón de la derecha, el PP, pactando con una escisión de sí mismo —o, si se prefiere, con lo peor de sí mismo—; y, en el de la izquierda y el nacionalismo, el resto de formaciones, que no ponen sobre la mesa una moción de censura porque eso los señalaría por propiciar la llegada de la ultraderecha al poder, con sus motosierras en marcha, pero que exigen al presidente la convocatoria de unas elecciones y que se retire. Váyase, señor González; váyase, señor Sánchez: la misma cantinela con distinto apellido.

Como al Gobierno le va bien pero al partido le va mal, los enemigos y el fuego amigo —que sobre lo primero callan y sobre lo segundo enfatizan— quieren mandar los camiones de mudanzas a La Moncloa y que se vote. Los casos de corrupción evidentes —los Ábalos, Koldos y demás, con sus chistorras de quinientos y sus lechugas de cien—; los que están por ver, sobre todo el asunto de Zapatero; y los que tal vez se han montado algunos jueces, que no se sabe bien si son del PP o el PP es de ellos, con lo cual la oposición se haría desde otro sitio, no desde las instituciones, y tendríamos serias razones para preocuparnos, han dejado al PSOE y al Ejecutivo en los huesos. En la calle de Génova cantan victoria y en la Puerta del Sol hacen declaraciones con el cuchillo entre los dientes. La lideresa autonómica dispara a todo lo que se mueve, en defensa de su novio y de su familia, que dice que son ciudadanos particulares mientras los defiende como máxima autoridad de la Comunidad de Madrid. Y los insultos a Sánchez ya sobrepasan todos los límites, quizá para que no se hable de Quirón o de la Prioridad Nacional, quién sabe. Pero, ¿es razonable tanta seguridad en la victoria? Porque también podría volver a ocurrir lo mismo, como ha pasado en cada una de las convocatorias más recientes: que los votos se repitan y sigamos en el mismo sitio. Con un matiz: lo que haga Junts, ese partido que el PP quería ilegalizar y al que ahora quiere pedirle matrimonio, como quien dice. La ecuación es sencilla: si tú me aceptas a Vox, yo te acepto el independentismo. Parece que fue ayer cuando se odiaban.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado en la causa que investiga una trama que buscaba desestabilizar procedimientos judiciales del PSOE o del Gobierno a 25 personas, entre las que figura la presidenta de la Sepi, Belén Gualda.

Otros imputados son el expresidente de Enusa José Vicente Berlanga Arona; la directora corporativa de esta empresa Rosário Arévalo Sandez; el exdirectivo de Acciona Francisco Javier López Buciega; el exmiembro del consejo consultivo andaluz y catedrático Juan Antonio Carrillo Donaire; la directora de desarrollo corporativo y estrategia en Isdefe, María Teresa Castillo Pasalodos, y el expresidente de Mercasa José Ramón Sempere Vera.

También, el director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la Sepi, Julián Mateos Aparicio Priet; el exinterventor general de la Junta de Andalucía Miguel Ángel Figueroa Teva; el expresidente de Tubos Reunidos Francisco Irazusta; el exconsejero de la empresa Jesús Pérez Rodríguez Urrutia; el director corporativo de Sepi Miguel Ángel Santiago Mesa, y el consejero delegado de Tubos Reunidos Carlos López de las Heras.

Asimismo, los directivos de Sepi Rosario Martín Manzanedo y Félix Azcona Lacarra; el letrado de la Junta de Andalucía Fernando Albert Aragon, y el hijo del dueño de Forestalia Antonio José Sánchez Campos.

También figuran como imputados María de la Concepción Ortiz Fuerte; Marcos López Domingo; Fernando Samper Rivas; Roberto Pérez Águeda; Eduardo Pérez Águeda; Carmelo Aznarez Pellicer; Juan Ignacio Fernández-Micheltorena y Mikel Arrarás Abejón.

En una providencia fechada este lunes, Pedraz indica que, tras analizar un escrito de la Fiscalía Anticorrupción, procede investigar "indicios de criminalidad".

Se trata de la trama que habría presuntamente realizado maniobras para influir en procesos judiciales y ayudas públicas, tal y como consta en diversos informes de la UCO, que entre otros asuntos incluye el pago de una comisión por el préstamo de 112,9 millones de euros recibido por Tubos Reunidos.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el grupo denominado Hirurok (Nosotros tres, en euskera, y presuntamente integrado por Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso) habría llevado a cabo "acciones tendentes al otorgamiento" de la ayuda.

A cambio de esta gestión percibieron un total de 114.950 euros por servicios de prospección de mercados a través de la empresa Mediaciones Martínez, pagos de los cuales constan facturas pero que la UCO considera "mendaces" ya que "su verdadera motivación" vendría por las gestiones efectuadas para que la SEPI aprobase la ayuda a Tubos Reunidos.

Pero la decisión de Pedraz amplía el foco de la investigación a otras empresas, y no se limita a los 112,8 millones de euros que recibió Tubos Reunidos.

Para la Fiscalía Anticorrupción, existen indicios fundados de irregularidades en otras cuatro operaciones vinculadas con empresas públicas, además de Tubos Reunidos: Mercasa; Enusa; Parque Empresarial Principado de Asturias y Forestalia.

Además, la UCO señala el destacado papel que habría desempeñado el que fuera presidente de la Sepi, Vicente Fernández, que "con razón de esta operativa" -sobre Tubos Reunidos- "habría facturado 40.000 euros".

Los agentes sospechan asimismo que en un periodo en el que todavía no se había producido el nombramiento de un nuevo presidente de la SEPI, Vicente Fernández "habría continuado de facto actuando como tal", y han constatado "su asistencia a reuniones en representación de este organismo público ante terceros, el acceso a información interna, la toma de decisiones o la impartición de instrucciones"

La política británica atraviesa uno de los momentos más paradójicos de su historia reciente. Tras una década marcada por el Brexit, la inestabilidad institucional, el deterioro de los servicios públicos y una creciente sensación de declive nacional, el Partido Laborista regresó al poder en 2024 con una mayoría parlamentaria aplastante. Sin embargo, apenas dos años después, el entusiasmo que acompañó la llegada de Keir Starmer a Downing Street se ha transformado en una mezcla de frustración, impaciencia y escepticismo.

Es en este contexto donde hace su aparición la figura de Andy Burnham, alcalde del Gran Mánchester. Sin embargo, su creciente popularidad no se explica únicamente por sus capacidades políticas o por la gestión de una de las regiones más dinámicas del país, sino que refleja, sobre todo, el vacío estratégico existente en la política británica y la ausencia de un proyecto nacional capaz de responder a los desafíos estructurales que el Brexit no solo no resolvió, sino que amplificó.

Diez años después del referéndum de 2016, resulta evidente que el Brexit fue mucho más que una decisión sobre la pertenencia a la Unión Europea. Representó una enorme promesa de transformación nacional. Sus promotores prometieron recuperar el control, revitalizar las economías locales olvidadas por la globalización, fortalecer la soberanía democrática y construir un Reino Unido más próspero y cohesionado. Nada de eso ha sucedido.

Las dificultades económicas acumuladas desde entonces son conocidas. El crecimiento británico ha sido sistemáticamente inferior al del resto de las economías de su entorno. La productividad permanece estancada. Las barreras comerciales con el mercado europeo han afectado especialmente a pequeñas y medianas empresas. La inversión extranjera ha perdido dinamismo. Sectores enteros, desde la agricultura hasta la sanidad, sufren escasez de mano de obra derivada de un nuevo régimen migratorio mucho más restrictivo.

Pero quizás el fracaso más profundo del Brexit no sea económico sino político. La salida de la Unión Europea nunca fue acompañada por una visión coherente sobre qué tipo de país quería ser el Reino Unido después. El Brexit funcionó como un objetivo en sí mismo. Una vez alcanzado, emergió el vacío. Así, el país pasó años atrapado en una discusión obsesiva sobre los términos de salida, mientras cuestiones fundamentales —modelo productivo, transición energética, cohesión territorial, desigualdad social o papel internacional del país— quedaban relegadas a un segundo plano.

Y ahí es cuando llegó al poder Keir Starmer. Un líder que prometía estabilidad después del caos. Tras los gobiernos de Boris Johnson, Liz Truss y Rishi Sunak, esa oferta resultaba comprensible e incluso necesaria. El país estaba exhausto tras años de escándalos políticos, crisis económicas y confrontación permanente. Sin embargo, la estabilidad no es un proyecto político.

Y es ahí donde ha residido la principal debilidad del gobierno laborista. Starmer ha apostado por una estrategia basada en la prudencia fiscal, la moderación ideológica y la gestión eficiente de los asuntos públicos. Ha buscado reconstruir la confianza en las instituciones y restaurar la credibilidad internacional del Reino Unido. Pero gobernar no consiste únicamente en administrar mejor lo existente. También implica ofrecer una dirección colectiva. Y lo que hay en este momento es una sensación creciente entre amplios sectores de la sociedad británica de que el gobierno carece de una narrativa transformadora. El Ejecutivo parece concentrado en minimizar riesgos más que en generar expectativas. En evitar errores más que en impulsar cambios.

Las dificultades económicas han agravado esta percepción. El deterioro del NHS, la crisis de vivienda, los problemas de financiación de las autoridades locales y las persistentes desigualdades regionales exigen respuestas de mayor alcance. Sin embargo, el laborismo se muestra reacio a asumir los costes políticos de reformas ambiciosas o de una revisión profunda de las restricciones fiscales heredadas. El resultado es una paradoja puesto que si bien Starmer ha logrado devolver cierta normalidad a la política británica, no ha conseguido devolver esperanza.

Y aquí es donde merece la pena prestar atención a uno de los principales problemas no resueltos del país, el de la creciente fractura territorial. La promesa de "levelling up" impulsada por Boris Johnson pretendía reducir las enormes desigualdades entre Londres y el resto del país. Como tantas otras promesas del Brexit, quedó en gran medida incumplida. Las diferencias económicas entre regiones siguen siendo enormes. La concentración de riqueza, inversión y oportunidades en el sureste de Inglaterra continúa generando tensiones sociales y políticas. Escocia mantiene vivo el debate independentista. Irlanda del Norte sigue enfrentándose a las complejidades derivadas de su singular relación con la Unión Europea. Incluso dentro de Inglaterra crece la percepción de que Westminster gobierna desde una lógica excesivamente centralizada. Aquí es donde figuras como Andy Burnham han ganado relevancia.

Desde el Gran Mánchester, Burnham ha construido una identidad política basada en la defensa de los intereses territoriales frente al centralismo londinense. Durante la pandemia protagonizó enfrentamientos públicos con el gobierno conservador en defensa de mayores recursos para las regiones. Desde entonces ha consolidado una imagen de político cercano, pragmático y conectado con los problemas cotidianos de la ciudadanía. Su éxito apunta a una cuestión fundamental que es la necesidad de gobierno de un país real, no sólo aquel ensimismado en las idas y venidas londinenses.

En este sentido, conviene evitar las idealizaciones puesto que Burnham no representa una ruptura radical con el laborismo actual ni dispone de soluciones mágicas para los problemas estructurales del Reino Unido. Pero sí que encarna algunas ideas que son fundamentales de cara a una nueva etapa política que ahora se abre paso.

En primer lugar, una visión más descentralizadora del Estado. Frente a décadas de concentración de poder en Londres, Burnham defiende mayores competencias y recursos para los gobiernos locales y regionales. Esta perspectiva conecta con una realidad evidente que pone en el centro la manera de dar respuestas adaptadas a los desafíos en territorios muy diversos. En segundo lugar, mantiene una sensibilidad socialdemócrata más visible que la del actual liderazgo laborista. Aunque no pertenece al ala izquierda del partido, ha mostrado mayor disposición a intervenir en cuestiones como transporte público, vivienda o protección social.

Y finalmente, y muy importante, representa una forma de hacer política menos tecnocrática y más vinculada a las experiencias concretas de la ciudadanía. En una época de creciente desafección política, este elemento no es menor, especialmente si se observa cómo operan otras fuerzas a derecha e izquierda del espectro político.

En ese sentido, el Reino Unido vive una crisis que trasciende los ciclos electorales y los liderazgos individuales. Es una crisis de propósito colectivo. Durante décadas, la pertenencia a la Unión Europea funcionó, en parte, como marco de referencia para la proyección económica y geopolítica británica. El Brexit eliminó ese marco sin sustituirlo por otro. Ni los conservadores ni el laborismo han logrado responder con eficacia y propósito a muchas de las cuestiones abiertas a día de hoy y que tienen que ver con temas que abarcan desde la definición del modelo económico en un contexto de competencia tecnológica y transición verde, pasando por la relación estratégica con la UE o el papel que el Reino Unido quiere jugar en el nuevo escenario internacional que se dibuja a estas horas.

Por eso la discusión sobre Andy Burnham resulta relevante. No porque represente necesariamente al próximo primer ministro, sino porque simboliza la búsqueda de alternativas en una sociedad que percibe que la página del Brexit aún no ha sido realmente pasada. La principal lección que, por el momento, se puede extraer de estos diez años es que el Brexit no era en sí mismo una estrategia de país, sino que era el inicio de una conversación sobre el futuro nacional. Una conversación que el Reino Unido todavía no ha sabido mantener consigo mismo.

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Ruth Ferrero-Turrión es doctora internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.

Pablo Neruda fue un brillante enamorado de la palabra y cultivó lindamente la belleza verbal. En Confieso que he vivido, el Nobel chileno hace un espléndido elogio a las palabras. He aquí unas líneas: "Las palabras... Me prosterno ante ellas... Las amo, las persigo, las limpio, las pelo, las muerdo, las bebo, me las zampo, las disfruto... Una idea entera se cambia porque una palabra se cambió de sitio.... Todo está en la palabra". 

En lo literario, Neruda tenía razón. Pero los gobiernos, los políticos y 'personajillos' de otras especies, que sólo leen el Marca, aprendieron a disfrazar las palabras para hacer con ellas un uso truculento en muchas de las frases y mensajes que lanzan a la ciudadanía, que consideran ignorante y manipulable. Veamos algunos ejemplos:

- Divorcio: fue trucado por un cese temporal de la convivencia (Casa Real).

- Contabilidad B: era una contabilidad extracontable, según Luis Bárcenas, exsenador por Cantabria y extesorero general del PP.

- Llamamiento a la movilización: Con la frase "el que pueda hacer, que haga", ¿Aznar está invitando a todos y togas a derrocar un Gobierno utilizando resortes No constitucionales?

- Protocolos médicos que ocasionaron 7.291 muertes en geriátricos madrileños: solo eran borradores para actuar durante el covid, según Ayuso presidenta de la CAM.

- Desahucio: ahora es un procedimiento de ejecución hipotecaria (Banco España).

- Recortes: fueron reformas estructurales en sanidad, educación, etc.(M.Rajoy) .

- Subida del IVA: un gravamen adicional, lo dijo el exministro De Guindos.

- Subida de impuestos: un recargo temporal de solidaridad, según ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

- Recesión: solo fue un crecimiento negativo (P. Solbes, exministro de Economía).

 - Rescate bancario: una línea de crédito en condiciones ventajosas (M. Rajoy).

 - Amnistía fiscal: fueron medidas excepcionales para incentivar la tributación de rentas no declaradas (exministro Montoro).

- Incumplir lo prometido: solo fueron algunos cambios de opinión (P. Sánchez)

- El narco M. Dorado: solo era un contrabandista que lo subía en su yate (A. N. Feijóo) 

- Violencia machista: solo existe la violencia intrafamiliar, según S. Abascal-Vox

La lista podría ser más larga, pero quiero concluir con las dos truculencias más indignantes que estas grandes "figuras" nos han querido colar pensando que somos algo bobos.

La primera fue el mayor disparate que salió de la mollera de la ministra Báñez, al intentar hacernos creer que la emigración forzosa de los jóvenes españoles era laboralmente "una movilidad exterior voluntaria".

La segunda locura tragicómica nos la dio la señora de Cospedal en aquella intervención memorable con la que pretendió convencer a toda España de que el sueldazo asignado a Bárcenas no fue una mordaza encubridora por los buenos servicios prestados, sino una "indemnización en diferido en forma de simulación".

Conclusión.- Todas estas "lumbreras" creen que están hablando con zoquetes. Desde luego, muy listos no somos, pues esos trucos les dan resultado. Nos toca a la ciudadanía empezar a llamar a las cosas por su nombre para que, como quería Neruda, todo vuelva a estar en la palabra.....y no en el engaño.

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Alfonso Jiménez es socio de infoLibre.

Durante esta primavera se socarran los bosques. No es el titular de un diario catastrofista. Lo saben bien en los Países Bajos, donde están soportando una inusual ola de incendios. Tanto es así que han tenido que pedir ayuda al Centro Europeo de Coordinación de la Ayuda de Emergencia (ERCC, por sus siglas en inglés). Lo ocurrido podría situase en las orillas del Mediterráneo, o en California. Pero no en un país que antes llamábamos Holanda. ¿Será casualidad? Parece que no, pues los meteorólogos advierten de que los fuegos cada vez serán más frecuentes debido al cambio del clima. 

A pesar de los anuncios, los gobiernos y la ciudadanía padecen una sordera creciente, incentivada por creencias propias y desafortunadas ocurrencias mediáticas. La falta de escucha voluntaria se extiende en el caso de las grandes energéticas fósiles, que ganan miles de millones de euros por contaminar el aire y la vida cada día más. Bueno, en realidad les venden los combustibles a otros; se dice que así no se puede perseguir a quien se limita a satisfacer las necesidades del mundo entero. La verdad es que provocan incendios descontrolados en los bolsillos y los pulmones. Este caos (energético) es un orden (de algunos) sin descifrar; hubiera dicho más o menos José Saramago. ¿O es que nadie se atreve, quiere, desenmascararlo?

Situémonos en España, verano de 2026. El Roto (Andrés Rábago), una enciclopedia que sabe plasmar la sensatez perdida, nos legó aquella imagen que representaba un bosque incendiado. Clamaba ese lamento en “solo nos veis cuando ardemos”. Esta sociedad sin sentido colectivo ensalza a los bosques, solo así se entiende la invasión desordenada de los fines de semana y los veranos; sin embargo los tiene en el olvido. Antonio Machado ya expresó la desidia boscosa en Por tierras de España: El hombre de estos campos que incendia los pinares/ y su despojo aguarda como botín de guerra,/ antaño hubo raído los negros encinares,/talado los robustos robledos de la sierra. 

Dado que el verano viene enseguida, imagino que las Cortes españolas y los Parlamentos de las CC.AA. habrán programado ya sesiones monográficas para el Diseño de una política de prevención y tratamientos de los incendios en el medio rural. Acciones de dimensión colectiva, sin partidismos políticos; para que no nos pase como siempre. Parte I. Desconozco si la citada iniciativa debiera materializarse en forma de decreto, de proyecto de ley o la figura que sea. He buscado en varias web de los parlamentos y poco se dice. 

¡Qué tiempos aquellos, junio de 2024, en los que la UE aprobaba la Ley de Restauración de la Naturaleza! Por cierto, el Parlamento europeo la confirmó en julio de aquel año. Los y las eurodiputados apoyaron la propuesta de la Comisión de poner en marcha medidas de restauración para 2030 que cubriesen al menos el 20% de todas las áreas terrestres (supongo que las quemadas entre ellas) y marítimas de la UE. Es más, rezaba que “en la totalidad de los hábitats que lo necesiten para 2050”. Hay que decir que desde entonces la composición del Parlamento se ha escorado sustancialmente hacia la derecha, precisamente esa que a menudo solo ve los bosques cuando se incendian.

Hagamos un inciso. Me dicen mis informantes algo que me atrevo a calificar como esperpéntico, con el debido respeto. Los incendios y la restauración de la naturaleza no consiguieron hacerse oír en las campañas previas a las elecciones en Extremadura, Castilla y León, Aragón y Andalucía. Tampoco en los debates televisivos, que no vi para evitar socarrados cerebrales. Claro, nuestros representantes están más ocupados en lanzarse soflamas incendiarias que en pensar en la indefensa masa boscosa que debe soportar fuertes calores veraniegos, cada vez más y más largos. Total, el año 2025 solamente ardieron 354.793 hectáreas de superficie forestal en España (1,3% del total) según el INE. Además, este año la primavera lluviosa en buena parte de España ha añadido vegetación herbácea que será combustible pirotécnico cuando se seque. 

Es más, la forma en la que NO están recogidas prevenciones de salvaguarda de los bosques en los pactos firmados entre PP-Vox en las diferentes comunidades autónomas da que pensar a los mismos bosques y sus defensores. Porque los ecosistemas boscosos tienen su ánima, como en El bosque animado (1943) de Wenceslao Fernández Flores; aquel que José Luis Cuerda elevó a los altares cinematográficos en la película del mismo título (1987). 

En España, “cuando un bosque se quema algo se muere en el alma”, podría haber dicho Antonio Machado. Quedaría bien recogerlo en el estribillo de una cantata sevillana para lamentar que algún amigo se va. Acaso valdría aquello que fue motivo de campaña proteccionista, me parece que en el año 1962, que proclamaba: Cuando un monte se quema, algo suyo se quema. Así añadía el matiz de la pérdida individual de una riqueza no soñada.

 Unos años después se difundía lo que cambiaba la segunda parte por “algo suyo se quema, señor conde”. Se rumorea que un tal Jaume Perich Escala lanzó la nueva versión en una novela Autopista (1971). Los mal pensados aseguran que quiso parodiar Camino, de Escrivá de Balaguer. Sea como fuere, nos dejó una crónica de la España franquista y el mundo de esa época; también una serie de pensamientos humorísticos y sarcásticos (¿incendiarios?) perfectamente válidos hoy. No solo para la clase política antes aludida, sino también para buena parte de la ciudadanía en general.

A nuestro pesar, los bosques eran, y siguen siendo, propiedad de todos para disfrutarlos; mientras que no tienen dueño para protegerlos, como nos ilustraba El Roto. ¡Claro!, como decía J. Perich, “estamos viviendo en un futuro imperfecto”. 

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Carmelo Marcén Albero es doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza y especialista en educación ambiental.

Un año después de su nombramiento, hemos pillado al papa en su primera mentirijilla: “No soy un político”. Ocurre que el papa acaso no sea tan sólo un político. Y ocurre también que a esa media mentira le sucedía una gran verdad seguida de un mandoble antológico, que sumía a Trump en la plena mezquindad política, al tiempo que a él lo elevaba a otra más alta condición: “No quiero entrar en un debate con él”, “no le tengo miedo”. Por otro lado, en el primer aniversario del papado de Prevost, se han publicado artículos que tratan, ora de ceñir el alcance del poder papal a lo estrictamente religioso, ora de atemperar su posicionamiento político presentando a León XIV como alguien ni de izquierda ni de derecha: un pontífice que ha venido a reequilibrar la iglesia, un papa de mero centro.

Así, pese al riesgo de simplificación, las cuestiones a debatir serían dos. Primera: ¿es o no el papa un político? Y segunda: de serlo, ¿de qué parte está? La primera pregunta es de perogrullo y la respuesta obvia es un sí mayúsculo. Que Francisco fracasara en la guerra de Ucrania o en la carnicería de Gaza no quita para no ver que la potencia del papa es distinta. No hay sobre la faz de la Tierra institución humana más longeva. Hasta la Paz de Westfalia, el papa hacía de árbitro en las contiendas entre Estados. A partir de entonces, fue tan sólo un Estado más. Con la Revolución Francesa, la Santa Sede suplió astutamente su progresiva pérdida de poder temporal con una subjetividad internacional cada vez mayor. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Santa Sede se ganó un papel protagonista en las Convenciones de Viena, en la Ostpolitik, en la Conferencia de Helsinki, y lo hizo con extraordinario oficio diplomático. Pablo VI clarificó su condición política en su famoso discurso ante la ONU de 1965: “Quien os habla es un hombre como vosotros; es vuestro hermano, y hasta uno de los más pequeños de entre vosotros, que representáis Estados soberanos, puesto que sólo está investido —si os place, consideradnos desde ese punto de vista— de una soberanía temporal minúscula y casi simbólica: el mínimo necesario para estar en libertad de ejercer su misión espiritual y asegurar a quienes tratan con él, que es independiente de toda soberanía de este mundo. No tiene ningún poder temporal, ninguna ambición de entrar en competencia con vosotros”. Tras la modosidad diplomática de Pablo VI llegaría el alarde imperial de comunión anticomunista de Reagan y Juan Pablo II tan añorada por los ases del nacionalcristianismo global (Meloni, Orbán, Hazony, Marion Maréchal, etc.) en la cumbre del National Conservatism celebrada en Roma en 2020.

¿Tampoco Benedicto XVI fue un político? Vaya si lo fue. Para él, el pluralismo podía pecar de relativismo moral y era deber del cristiano pelear en la arena política por la pervivencia de unos principios no negociables entre los cuales la justicia social brillaba, extrañamente, por su ausencia. Tan hiperpolítico era Benedicto XVI que Andreotti, tras una intervención conjunta ante el Senado italiano de un Ratzinger aún cardenal y del presidente de esa institución, Marcello Pera, resumió así los comentarios en los corrillos posteriores a sendos discursos: “Hemos escuchado al cardenal Pera y al presidente Ratzinger”.

¿Francisco tampoco fue un político? Francisco no sólo fue un político, sino que tuvo la condición mejor que puede tener un papa para un laico: fue un papa ilustrado, que, con el Evangelio como estrella polar y la Doctrina Social como brújula, se batió por la fraternidad, la defensa de la casa común y el derecho como ningún papa antes.

A la iglesia y los Estados Unidos les une en este momento la idea de que son imperios perdidos, con la salvedad de que la iglesia lleva siglos perdiendo su imperio y siglos conservándolo, mientras que Trump acaba de cometer un error que para Maquiavelo era el mayor indicio de decadencia en el poder temporal: “El desprecio del culto divino” (Discursos sobre la primera década de Tito Livio, XII).

¿Por qué reitera, pues, León XIV que no es un político? Porque quiere dejarles claro a quienes quieren manipular el poder pontificio que él, como se dice ahora, juega en otra liga histórica: la espiritual. Y también por lo ya dicho: porque no quiere debatir con políticos como el vicepresidente Vance, el cual invitó al Vaticano a ceñirse a temas de moralidad y dejar que fuera el presidente Trump quien dicte la política pública estadounidense. Este papa propone un modelo totalmente divergente del trumpiano. Niega la posibilidad de una nueva cruzada desmontándola de raíz: denuncia la “falsa propaganda” de las políticas de rearme; afirma que somos muchos quienes no ignoramos la cantidad de dinero que se embolsan los “mercantes de muerte”; propugna un nuevo contrato lingüístico no violento: “Desarmemos las palabras y contribuiremos a desarmar la tierra”. Para desesperación de Trump, Rubio o Vance, León XIV sostiene que “la fe no separa la vida espiritual de la social”. Este es un papa demasiado poco moralista o, sin tapujo cursivo, demasiado poco interesado en lo sexual, ese señuelo tan eficaz para tapar la gula belicista y la ira bélica. Para hacerse una idea de lo social que es este papa, véanlo hace unos días aplaudiendo al arzobispo de Nápoles cuando este acusaba a la Camorra de ser no sólo criminal, sino también “mentira educativa, falsa promesa, religión del dinero, robo de futuro”.

Hace poco, Adrian Vermeule, profesor de Harvard con mucho predicamento entre los admiradores de la teocracia, tuiteaba: “En el Año del Señor de 2026, la cuestión de la relación entre los poderes temporal y espiritual vuelve a ser central en nuestra política. Rawls y Habermas desaparecen en el espejo retrovisor”. A este trance histórico iliberal, en el que desde el otro lado del charco Trump, Vance y Rubio cuestionan a cañonazos mediáticos la función y la autoridad del papado, la iglesia ha llegado preparada y habiendo hecho ya autocrítica. Según el sociólogo Giuseppe De Rita, en los últimos 30 años la iglesia cometió el error de pensar que le bastaba con ejercer el poder como influencia y no como fuerza. El hecho es que esa ausencia ha coincidido con un debilitamiento de la democracia. Ahora en la iglesia ven que urge recuperar un terreno baldío en el que se ha hecho fuerte la derecha identitaria. Los católicos deben volver a mojarse en política como cuando escribieron, animados por Pío XII, el Código de Camaldoli, una de las bases del movimiento de la Democracia Cristiana europea. Hoy, sentenciaba ya en 2023 el cardenal Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, hace falta “una Camaldoli europea”.

La iglesia, como potencia política, es un Guadiana. No conviene subestimarla cuando menos se la ve; tampoco sobreestimarla en sus crecidas. El Secretario de Estado James Buchanan dio indicaciones al agregado comercial ante los Estados Pontificios el 5 de abril de 1848: “Nuestra relación directa con los Estados Pontificios sólo puede ser de carácter comercial”. El aparato de EEUU siempre tuvo claro que no cabía mantener relaciones diplomáticas con el jefe de una iglesia, porque ello entrañaría poner en peligro su sagrado principio constitucional de la separación iglesia-Estado. Darle a una iglesia un estatuto preferencial en relación con el Gobierno estadounidense hubiera arrinconado el principio de conceder a todos los organismos religiosos el mismo estatuto. Esa tradición se mantuvo durante buena parte del siglo XX. En enero de 1951, la Junta General del Consejo Nacional de Iglesias cristianas de los EEUU seguía instando a que no se llevara a cabo ninguna tentativa a fin de establecer relaciones diplomáticas con la Santa Sede, y, de hecho, hasta 1984, no las hubo. Luego, con Reagan y Juan Pablo II, llegó la entente en pro de un régimen de cristiandad remozado; y después, con Francisco, la disolución de aquella fusión entre lo sacro y el poder temporal con fines imperiales. León XIV sigue, sin duda, en este respecto la misma línea que Francisco. Por eso lo atacan cotidianamente desde los mismos medios ultraconservadores de EEUU que impugnaban a diario el pontificado de Francisco.

Uno de los más sobresalientes diplomáticos vaticanos del siglo XX, el cardenal Achille Silvestrini, decía: “Los viejos soberanos absolutos sabían de sobra lo que podía significar un cambio de pontificado. Los comunistas, en cambio, desatendieron totalmente esa idea y el nombramiento de Juan Pablo II el 16 de octubre de 1978 les pilló desprevenidos. Tal vez pensaban que los cardenales jamás se atreverían a elegir un papa proveniente de uno de los países marxistas. Un error que el emperador de Austria o el rey cristianísimo de Francia jamás hubiera cometido…”. Lo mismo vale para Trump. ¿Cómo pudo escapárseles otra vez otro papa social, otro papa con agenda evangélica, otro pontífice tan demasiado político, tan poco de centro y tan cercano a los grandes ideales de cualquier socialista? 

León XIV visita España en breve. Para los creyentes será una visita pastoral. Para todo el mundo será también una visita muy política.

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Gorka Larrabeiti es profesor de español residente en Roma.

A las 13:39 de este pasado martes, la ahora alcaldesa de Lugo por el PP, Elena Candia, firmó el decreto de organización del Gobierno municipal. Es un trámite habitual tras la toma de posesión en una alcaldía y consiste, en esencia, en el reparto de competencias entre la regidora y, en este caso, los restantes 11 miembros del grupo del PP en el Concello. Pero al minuto siguiente firmó otro documento, un inédito decreto de "delimitación de la función" de María Reigosa, la tránsfuga exsocialista que, con su firma y voto, permitió que la moción de censura del PP desbancase al Gobierno local de PSdeG y BNG.

El documento, de siete páginas, busca dar blindaje legal al anuncio realizado por los populares lucenses horas después de la censura, que Reigosa ostentará responsabilidades de "supervisión política y programática de infraestructuras". Es decir, que participará del Gobierno de la ciudad. Pero que lo hará, intentan evidenciar, sin transgredir el artículo de la Ley de Bases de Régimen Local y las sentencias judiciales derivadas de ella que impiden dar a ediles no adscritos como la concejala tránsfuga de Lugo "derechos económicos y políticos superiores a los que les corresponderían si permaneciesen en el grupo de procedencia".

Con este telón de fondo, el decreto firmado por Candia dice buscar "hacer transparente y delimitar la participación de la concejala no adscrita en materia de infraestructuras, mediante una función de supervisión política y programática orientada al seguimiento, impulso, contraste y evaluación de los compromisos y actuaciones municipales en esta materia". Intenta, indica, "evitar" que su "participación política" pueda "ser interpretada como una delegación encubierta, una dirección material del área o un incremento de derechos económicos o políticos" respecto a los que tenía en el grupo de procedencia.

En ese grupo, el PSdeG, tuvo responsabilidad de gobierno hasta que renunció a ella para, acto seguido, pasar a ser no adscrita, condición desde la que se enroló en la operación de la censura. En ese momento, como es obvio, dejó de tener participación alguna en la acción del gobierno, la cual ahora le otorga el decreto de Candia, pero en términos de "supervisión".

El texto dedica la mayor parte de su extensión a especificar lo que, sobre el papel, Reigosa no hará. Por ejemplo, afirma que su "supervisión" no tiene "naturaleza técnica, administrativa, resolutoria, directiva ni jerárquica". Tampoco implica que sea concejala delegada de un área o teniente de alcaldía, ni "integración en el equipo de gobierno", ni "retribución, dedicación, asistencia, indemnización ni asignación de medios personales propios".

Quien "podrá ser denominada Supervisora de Infraestructuras" bajo la "dirección de la alcaldía", dice, va a hacer una "actividad de seguimiento, impulso político, contraste de prioridades, evaluación programática y traslado de propuestas o incidencias". Pero sus propuestas serán "no vinculantes" y acudirá a reuniones del gobierno "cuando sea convocada expresamente" por Candia. También "podrá participar en actos públicos, reuniones vecinales o comparecencias de carácter político o programático en materia de infraestructuras" pero "bajo dirección de la alcaldía" y sin "actuar como autoridad competente", dice en un contexto en el que viene a presentar que legalmente sus funciones serán como las de cualquier concejala rasa, caso en el cual no cumpliría decreto específico alguno.

Después de enumerar en un artículo hasta 14 tareas que "no podrá" ejercer y de reforzar en otros dos que no tendrá personal municipal a su cargo y que esta decisión no incumple el citado precepto legal, Candia dicta lo que parece el armazón para que Reigosa se siente junto al grupo del PP en el salón de plenos de ahora en adelante y que deje de hacerlo, como hasta ahora, al lado de PSdeG y BNG. Así, indica que "ocupará el asiento que determine la alcaldía [...] teniendo en cuenta las características físicas del salón y procurando facilitar la emisión y recuento del voto" y agrega que esa situación "tendrá carácter meramente organizativo y protocolario, sin efectos jurídicos sobre su estatuto de concejala no adscrita" ni "pertenencia al equipo de gobierno".

En esos plenos, en cualquier caso, el voto de la concejala tránsfuga será tan indispensable para el ahora gobierno del PP como lo era para el de PSdeG y BNG. No en vano, la suma de socialistas y nacionalistas, 12 ediles, es idéntica a la de la docena de concejales y concejalas oficialmente miembros del Grupo Popular, que al inicio del mandato tuvo que quedar en la oposición por sumar los grupos de la izquierda la mayoría absoluta ahora quebrada por el transfuguismo de Reigosa. El documento está editado en el formato oficial vigente en el Concello de Lugo, esto es, siguiendo el manual de imagen corporativa aprobado en 2008, cuya eliminación el PP limita por el momento a sus perfiles en las redes sociales, donde sustituyó el logotipo oficial por el escudo municipal.

Desde hace unos días tenemos una nueva crisis sanitaria. La crisis del Hantavirus. Cada día escala un peldaño en la actualidad informativa. Primero como un susurro, ahora en portada de todos los medios y apertura de telediarios. La nota del Ministerio de Sanidad que circula por las redes es muy tranquilizadora, es una enfermedad muy rara que se transmite con mucha dificultad. Pero da igual lo que nos cuenten. La creciente tensión se apodera de nosotras y nos retrotraemos a 2015 con la crisis del ébola. ¡Qué susto aquel! Y eso que el brote se mantuvo siempre bajo control. Pero la enfermedad es muy aparatosa, con las hemorragias sobre todo. Y luego, el covid. Se nos había olvidado ya el covid. La cantidad de gente que perdimos, los meses encerrados, las largas temporadas con mascarillas.

Pienso en todo esto y me pregunto cómo hay personas que cuestionan la regularización extraordinaria. ¿Cómo es posible que hayamos olvidado lo que sucedió durante la pandemia con las personas sin papeles? Quizás porque no se habló de ello lo suficiente. Estar en situación irregular durante el covid era no poder salir de casa sin asumir unos riesgos imposibles. Muchas de esas personas, familias enteras, vivieron el confinamiento en situaciones absolutamente precarias. Conozco a una mujer colombiana que acababa de llegar a Madrid con sus tres hijos cuando se inició el Estado de Alarma. Pasó varios meses encerrada con su familia en una habitación compartida con cinco personas más. Los niños eran pequeños. Otras muchas, principalmente mujeres, estaban cuidando a personas mayores cuyo nivel de riesgo era altísimo. No pudieron elegir qué hacer, se tuvieron que quedar sin salir, rezando porque no pasara nada, porque ¿cómo gestionar una atención sanitaria en un sistema colapsado, o hacer un desplazamiento prohibido, sin tener papeles? Presentes en todos los trabajos esenciales estaban quienes cuidaban, quienes atendían en los supermercados, quienes se encargaban de recoger las cosechas. Era tan extremo que se llegó a plantear que hubiese una especie de regularización extraordinaria para los trabajadores del campo. Los sindicatos agrícolas matizaron; no era necesario contar con esa mano de obra en una España cerrada a cal y canto. Así que los trabajadores de los campos de Almería o Huelva sin papeles siguieron trabajando de forma irregular. Y luego llegó la vacuna. Y de nuevo ese agujero negro de la irregularidad: no hay papeles, no hay vacuna.

Nos olvidamos tan rápido de todo. La actualidad es de una fugacidad perturbadora. Me extraña que haya políticos que en un ejercicio absoluto de irresponsabilidad quieran boicotear el proceso de regularización extraordinaria que aporta a nuestro país orden y concierto. Son esos mismos políticos los que siguen gobernando después de haber sido los autores de protocolos que favorecieron la muerte de miles de personas mayores. Eso es lo que quienes les votan no entienden. No se trata de elegir entre unos de fuera y otros de dentro. Ese no ha sido nunca el dilema. Es más un tema de clases que un tema de orígenes. Son unas pocas personas con privilegios apoyadas en una cantidad de personas sin ellos.

Los nuevos políticos agitan miedos legítimos para convertirlos en marcos narrativos imposibles. No importa que no sean veraces. Da igual que puedan fracturar la sociedad hasta llevarla a espacios irreversibles. El control y el orden es poseer el mando securitario, antidemocrático y maligno. Así nos enfrentan entre nosotras. Encaradas somos más manejables. 

Estoy rodeada de gente a la que quiero muchísimo con la que no hago más que discutir por el tema de la vivienda. Estamos quienes vivimos agarradas a un alquiler con nuestra vida en las manos de un propietario. Y luego están quienes tienen varias casas, una para vivir, otras para rentarlas o para ir de vacaciones. Pero atención, ese nunca fue el problema. Que alguien tenga la suerte de tener tres o cuatro casas no convierte el mercado inmobiliario en un carajal. La especulación inmobiliaria la hacen los grandes fondos buitre. Lo explica muy bien la nueva investigación de CIVIO sobre los “megatenedores”. Caixabank y Blackstone son los dos mayores caseros de España. Y sin embargo alguien intentará convencernos de que el problema de la vivienda es Marita, que acaba de acogerse a la regularización extraordinaria.

Siguiendo esta lógica parece ser que Marita es también la responsable de que las urgencias del Gregorio Marañón estén colapsadas. La gente olvida que la Sanidad está delegada a las autonomías. Igualmente esa gente no vincula impuestos con servicios públicos. Eso es algo sorprendente. ¿En qué momento perdimos la narrativa de "lo público"? Recuerdo cuando empecé a trabajar con Manuela Carmena. Su mayor obsesión era recuperar ese valor que se ha olvidado. La calle, el banco, las flores, las fuentes, los parques son tuyos. Tu dinero los paga. Y de nuevo ¿qué puede haber mejor que todas las personas de nuestro país paguen todos sus impuestos? Eso también lo aporta la regularización. El bien común, ese debería ser el objetivo. Pero no lo es. A raíz del colapso de la sanidad pública y de la educación pública, cada vez más personas optan por lo privado. Teniendo algunos de los mejores servicios públicos del mundo estamos permitiendo que debates partidistas nos arrebaten el futuro. Y todo esto porque un grupo de políticos mediocres bailan al son de un pequeño número de grandes fortunas que crecen caprichosamente en este sistema donde el capital genera capital.

Todo esto es entre indignante y frustrante. Pero es esperanzador que el debate esté abierto. Entre todo el ruido sobresalen las informaciones de organizaciones, profesionales y medios de comunicación que hemos aprendido a separarnos de la última hora. Pico y pala, hablamos de nuestro libro para conseguir que quienes nos leen vean más allá. Consumir la información adecuada en la cantidad necesaria es lo que nos permite elegir. Cada vez hay más gente informada. Por eso la regularización extraordinaria en nuestro país está siendo un éxito. Y todo pese a los enormes esfuerzos de grupos concretos que intentan desestabilizar el equilibrio social. Pero como suelo decir, somos más, mal que les pese.

Por todo esto quiero cerrar mi artículo de hoy recordando a Sol Gallego, que se ha ido dejándonos a muchas con recuerdos y enseñanzas. El buen periodismo salvará la democracia y el buen lector salvará el periodismo. 

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Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.

La expresión “vivir del cuento” define el modo de vida de quienes subsisten sin trabajar, sin esforzarse, valiéndose de engaños, de triquiñuelas o de terceros (familiares o amistades), y llevan una vida parásita como la cigarra de la fábula de Esopo. Se trata de una aspiración de quienes buscan una salida rápida de una realidad que les impide acceder a todo lo que los mercados ofrecen y su situación económica les niega. Otros viven del cuento por herencia, linaje u otras circunstancias. Son formas de vida propias del género picaresco.

La picaresca mantiene en el siglo XXI muchos rasgos que despuntaron en el siglo de Oro como propios del antihéroe de baja estofa (Lázaro de Tormes o Guzmán de Alfarache) que se valía del ingenio y de la astucia para sobrevivir en una sociedad hipócrita y corrupta. Los siglos XVI y XVII vivieron la decadencia de la hidalguía y de valores como el honor, circunstancia reflejada en el tercer amo de Lázaro que, simulando nobleza y riqueza, vestía elegante y cuidaba su aspecto a pesar de vivir en una miseria extrema, manteniendo las apariencias y prefiriendo con orgullo clasista morir de hambre a la deshonra de trabajar.

Hay pícaros en todos los estamentos sociales de esta España hipócrita y corrupta que reclaman como virtudes propias lo que no son sino vicios, delitos y pecados cuando son otros quienes los practican. La decadencia de la patria, de sus gentes y sus valores, reproduce un ambiente de patio de Monipodio donde medran rufianes y bribones, políticos y desafectos, currantes y patrones, palurdos e ilustrados, inopes y ricachones, plebeyos y borbones, con la complicidad de alguaciles, la anuencia de justicias, la bendición del clero, el aplauso de voceros y la algarabía de pregoneros. Patio de Monipodio corrupto y podrido.

Diera la impresión de que el político es el ámbito con mayor concentración de pícaros y bribones. Soto del Real pudiera ser prueba de que funciona el Estado de Derecho si no quedase fuera el grueso de la pillería y si quienes entran lo hiciesen sin ventajas. Pero dejen a un lado a reos, convictos y penados y observen a quienes viven del cuento con maestría, aparentando valía para desempeños por encima de sus posibilidades y más allá de un talento por lo común escaso. Son modelos y ejemplos de ello Abascal y Ayuso.

El primero llegó al PP con 18 años, comenzando sus andanzas como concejal y procurador de las Juntas de Álava hasta ascender a diputado del Parlamento Vasco en sustitución de compañeros. Tras breve aprendizaje, desempeñó cargos en el partido que le llevaron al de director gerente en un chiringuito de Aguirre hasta que fundó Vox, invento de FAES para forzar la derecha sin complejos exigida por Aznar, donde vive del cuento este caudillo de limitadas mientes manejando las opacas cuentas del partido, purgando a su militancia díscola y ofreciendo una panoplia de odios sectarios como único y violento programa.

Ayuso llegó al PP en 2005. Su carrera política y los pelotazos en sus entornos cercanos han sido fulgurantes. Vive del cuento en el PP madrileño donde la han usado lo mismo para llevar el área virtual del partido que el Twitter del perro de Aguirre. Candidata por descarte, una carambola electoral a tres bandas la hizo presidenta de una institución con acreditada tradición en corrupción. Sabedores en Génova 13 de su incompetencia para elaborar discursos y atender a la prensa sin chuletas, le han puesto una dipsómana niñera de canosa barba y colmillos retorcidos. Como Monipodio, a la pícara de Chamberí le gusta rodearse de vividores del cuento como un tal González Amador, Nacho Cano o Toni Cantó.

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Verónica Barcina es socia de infoLibre.

La frase del entonces presidente del PNV, Xabier Arzalluz, recogida en el acta de una reunión mantenida con Herri Batasuna en abril de 1990, en la que, refiriéndose a la independencia de los pueblos y al papel que ejercía ETA, dijo “unos sacuden el árbol para que caigan las nueces y otros las recogen”, fue muy polémica y debatida durante mucho tiempo por el significado que le daba a la banda terrorista. 

Cuando ETA asesinaba nadie decía que los terroristas habían actuado bajo los efectos del alcohol o las drogas, o que tenían algún trastorno mental, ni que representaban el 0,00…1% de los vascos. Y cuando aumentaban los atentados todo el mundo sabía que lo hacían como parte del clima político y social en el que se movían. Nadie se preguntaba por qué habían aumentado sus acciones respecto al año anterior, y mucho menos se negaba que ETA existiera como banda terrorista, aunque algunos intentaran hacerla pasar como un movimiento de liberación que respondía a la violencia del Estado. La situación contraria a la banda era tan clara que llegó a ilegalizarse a los partidos que justificaban y minimizaban las consecuencias de ETA. El objetivo era claro, acabar con el terrorismo.

En violencia de género, a pesar de su constancia año tras año con 58 homicidios de media, siempre andamos preguntándonos “qué ha fallado”, “qué es lo que está pasando…”, “cómo es posible qué…” y lo hacemos ante casos individuales que terminan en el homicidio. Pero nadie mira cómo el árbol social es agitado para que luego los casos caigan y sean recogidos por quienes los utilizan para decir que son la demostración de que la violencia de género no existe, y que matan a las mujeres porque las medidas que se ponen no pueden ser eficaces, puesto que no es la construcción de género la que está detrás de esos homicidios. Las mismas posiciones que agitan el debate social que niega la violencia contra las mujeres son las que recogen los casos para continuar con sus críticas.

Estamos dejando que quienes niegan la violencia de género mantengan su relato y presenten las medidas como un ataque contra los hombres. Y se trata de posiciones que quieren vivir bajo las referencias de una cultura machista que entiende que la violencia de género es una parte de la normalidad, y que los hombres puedan corregir o castigar a sus mujeres cuando ellos entiendan que es necesario hacerlo.

Y al mismo tiempo estamos dejando que sus mensajes definan la realidad y alimenten a una sociedad que, insisto, no solo niega y justifica la violencia de género en gran parte, sino que ante ella con sus 58 homicidios cada año y las más de 6700 mujeres maltratadas cada día (Macroencuesta 2024), solo un 0,8% la considera como un “problema principal” (CIS 2025), mientras que los jóvenes la justifican de manera aún más manifiesta, hasta el punto que el 22% de los chicos afirma que “si es de poca intensidad no es un problema” (CRS/FAD 2025).

El caso de Tulia, la mujer asesinada el lunes 13 de abril en Córdoba tras haber denunciado a su asesino el viernes anterior, tres días antes, es muy gráfico sobre lo que significa vivir en una realidad en la que se cuestiona a la víctima, puesto que ese mensaje al mismo tiempo refuerza a los agresores.

Cuando una mujer denuncia por violencia de género ya está ante una situación de riesgo por romper con todos los obstáculos que hacen que el 92% de las mujeres no denuncien, tal y como indican los datos del CGPJ en relación con los de la Macroencuesta de 2024. Si además de la denuncia la valoración policial del riesgo arroja que presentan un “riesgo medio”, la gravedad de la situación se incrementa porque la mayoría de las mujeres presentan un riesgo bajo o inexistente. Este escenario debe conducir, debe hacerlo siempre, pero más en estas circunstancias, a la valoración forense urgente del riesgo en sede judicial a través del protocolo específico que existe para tal objetivo, que se trata de una valoración profesional y con elementos más científicos.

Al actuar de ese modo se pueden tomar las medidas más adecuadas para cada caso, y ver si una orden de alejamiento puede ser eficaz en ese contexto, puesto que, recordemos, la eficacia de una medida de alejamiento se deja en manos de quien ejerce la violencia que lleva a poner esa orden. Es el agresor quien decide si la cumple o no la cumple. Y en este caso el agresor decidió no cumplirla y acercarse a la mujer para matarla, algo que pudo hacer porque no iba acompañada por un policía a pesar de estar en una situación de riesgo medio. 

No se puede aceptar que no la acompañe un policía porque ella lo rechace, pues significa desconocer que la inmensa mayoría de las mujeres minimiza el riesgo que viven, no lo exageran y mienten como dicen desde el machismo. Además, el objetivo del acompañamiento no es que la mujer no esté sola, ni darle conversación, ni indicarle dónde están las dependencias para el juicio, sino que es garantizar su seguridad a partir de los elementos objetivos que llevan a entender que hace falta que un policía la acompañe. Y si esta responsabilidad de garantizar la seguridad de la mujer no se puede cumplir actuando sobre ella porque así lo decide, se debe hacer sobre el agresor por medio de su seguimiento. Hablamos de prevenir un delito público en el contexto de una situación de violencia de género que ha sido puesta de manifiesto en las actuaciones iniciales, hasta el punto de acordar una orden de alejamiento. Nunca debería haberse quedado sin medidas de protección en esas circunstancias.

Pensar que el clima social no tiene nada que ver con este incremento de la violencia de género y sus asesinatos, ni con las decisiones que se toman en ese escenario es desconocer la realidad de esta violencia, y eso también es responsabilidad, como la del médico o la médica que desconoce las características de la enfermedad que debe tratar.

Y ese clima social viene marcado por el negacionismo de la violencia de género por parte de la ultraderecha con el seguidismo de la derecha para poder pactar con ella, y con una intensificación de los ataques contra las mujeres y el feminismo, y de manera muy especial contra las medidas dirigidas a responder ante esta violencia.

Es terrible que toda esta situación esté contribuyendo a un clima social en el que el número de mujeres asesinadas ha aumentado respecto al mismo periodo del año pasado un 77,8%, y en el que la referencia del debate social sea, una vez más, las denuncias falsas con personas en programas de televisión y radio de máxima audiencia para propagar el mensaje. Si esto se hiciera con el terrorismo, el narcotráfico o cualquier otra violencia muchas de esas personas estarían encausadas como responsables del clima que facilita que esas violencias se ejerzan.

En violencia de género no ocurre, lo cual es inadmisible, pero al mismo tiempo demuestra cómo forma parte estructural de la construcción social androcéntrica que actúa de ese modo.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

En mi centro, antes de entrar a clase a primera hora, existe el ritual del café. Ahí se mezclan conversaciones de todo tipo y a veces también sobre política. Cuando suena el timbre, todo queda ahí y nos ponemos el disfraz de profesores, con la careta de la neutralidad y la imparcialidad: hubo elecciones autonómicas, pero no puede notarse mi opinión si algún alumno me pregunta. 

A lo largo de mi trayectoria profesional, algún que otro compañero me ha comentado que a veces los estudiantes levantan la mano y les hacen preguntas comprometedoras como, por ejemplo, esta: profe, ¿a quién vas a votar en las elecciones?

La escena parece entrañable, reflejo del desparpajo de esos chavales que siempre nos sorprenden. El aula no está aislada del mundo y ellos están más al tanto de lo que ocurre de lo que parece. Cuando se mueven en sus redes sociales la información les llega sin filtro. Es normal que a través de sus docentes quieran conocer otros puntos de vista.

Todos tenemos claro que un profesional de la pública no puede desvelar en clase su opción política, pero es que la conversación no termina ahí. Inmediatamente surgen otras preguntas más complejas: ¿por qué nos hablas tanto de derechos humanos o de igualdad? ¿Eso no es también política? Es ahí cuando empieza el verdadero debate.

La ley es clara: quienes trabajamos en la función pública debemos actuar con objetividad, imparcialidad y neutralidad política. Esto implica no hacer propaganda, no sugerir preferencias y no utilizar el aula para inclinar al alumnado hacia una opción partidista.

Pero conviene no confundir neutralidad con vacío. La escuela no es un espacio aséptico ni puede serlo. Educar no consiste en suspender el juicio sobre todo, sino en enseñar a pensar con criterios.

La neutralidad que se exige al profesorado es político-partidista, no moral. Porque la propia Constitución no es neutral en términos axiológicos: establece un marco de valores que deben ser enseñados. No es una opción personal del docente, sino una obligación profesional. Educar en derechos humanos, igualdad o justicia social no es adoctrinar: es cumplir la ley.

Sin embargo, noto que, de un tiempo a esta parte especialmente, la palabra "adoctrinamiento" se usa con excesiva ligereza en debates educativos y críticas hacia la profesión docente. Imponer una ideología, presentar opiniones como verdades, negar el pluralismo o descalificar opciones políticas legítimas… Quien crea que el profesorado se dedica a eso dentro de las aulas está equivocado. Educar es abrir preguntas, ofrecer herramientas para pensar, contextualizar hechos, fomentar el espíritu crítico y garantizar que el alumnado pueda construir su propio criterio. Tal vez sea un tema no tanto de contenido, sino de método.

Si hay un espacio donde el adoctrinamiento encuentra terreno fértil hoy no es la educación pública, sino el ecosistema digital en el que crecen nuestros alumnos: algoritmos que refuerzan estereotipos, desinformación constante y discursos simplificados que premian la emoción sobre el análisis. Frente a eso, la escuela sigue siendo uno de los pocos lugares donde se exige argumentar, contrastar y escuchar.

¿Y van a seguir haciéndome preguntas comprometedoras, como cuál es mi opción política? Por supuesto. Aprovecho entonces para explicarles cómo funciona un proceso electoral, qué significa el pluralismo político y por qué es importante la participación ciudadana. 

Pero también nos harán otras más complejas, ligadas a la actualidad: qué está ocurriendo en Gaza, cómo interpretar un conflicto internacional o por qué distintos medios ofrecen versiones tan diferentes sobre las tensiones entre Estados Unidos e Irán. No rehúyo esas conversaciones, sino que las convierto en oportunidad para explicarles cómo contrastar fuentes, cómo distinguir entre información y propaganda o cómo entender que los conflictos rara vez admiten lecturas simples.

En un contexto donde la polarización convierte cualquier conversación en un campo minado, la educación democrática es más importante que nunca. Tras el telón oscuro de la dictadura, el aula del presente se ha ido convirtiendo en ese lugar donde se aprende a hablar sin miedo. 

Cuando en clase hablamos de Miguel Hernández, de exilio o de Lorca, estoy ejerciendo una forma de compromiso con los derechos humanos, con la igualdad, con la convivencia. Cuando comentamos un poema de Luis Cernuda como Un español habla de su tierra, les ofrezco una visión del patriotismo desconocida y les aliento a pensar sobre ello a través de las distintas connotaciones del lenguaje. Como diría Alejandra Pizarnik, "cada palabra dice lo que dice y además más y otra cosa".

Cuando un alumno se interese por a quién voy a votar, le diré que esa respuesta pertenece a mi esfera privada. Pero cuando me pregunte por qué hablamos de derechos, de justicia o de democracia, le explicaré que esa es precisamente mi función.

Porque una escuela que renuncia a formar ciudadanos críticos en nombre de una falsa neutralidad no es más imparcial: es simplemente más débil.

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Albano de Alonso Paz es catedrático de Lengua y Literatura, profesor y Cruz al Mérito Civil por su labor en el campo de la enseñanza.

La Delegación del Gobierno en Canarias ha autorizado el despliegue de efectivos y medios materiales de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Gran Canaria para ayudar al Cabildo de la isla ante las múltiples incidencias que están provocando este martes las lluvias de la borrasca Therese, según informa EFE.

El Cabildo de Gran Canaria había solicitado este martes la ayuda de la Unidad de Militar de Emergencias (UME) ante el impacto que están teniendo las lluvias de las últimas horas en la isla, sin daños humanos pero con barrancos desbordados y una docena de carreteras cortadas.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, anunció que iba a activar el nivel de emergencia 2 en la isla, para poder contar con el apoyo del personal y la maquinaria pesada de que dispone la UME, que solo se puede movilizar cuando la situación escala a ese nivel y la comunidad autónoma asume la coordinación. En estos momentos, la coordinación de todo el dispositivo corresponde ya al Gobierno de Canarias, al haber escalado la situación de nivel 1 a nivel 2. 

A través de sus redes sociales, el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, ha anunciado de que se ha aceptado la petición de que la UME colabore ante la situación que se ha producido en Gran Canaria, isla declarada ya formalmente en emergencias por riesgo de inundaciones.

Fuentes de la Delegación del Gobierno han indicado a EFE que los mandos de la UME en Canarias están ya en contacto con el Gobierno canario y el Cabildo de Gran Canaria para valorar los medios necesarios y decidir a qué lugares acuden.

En estos momentos, 19 presas de Gran Canaria han llegado al límite de su capacidad y están aliviando agua hacia los barrancos y doce carreteras están cortadas por corrimientos de tierras, crecidas de los cauces o desprendimientos de rocas sobre la calzada.

El economista Manuel Escudero, presidente de la Fundación Avanza, el laboratorio de ideas del PSOE, ha fallecido este lunes a los 79 años, según recoge EFE.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado la noticia en un mensaje que ha publicado en la red social X, en el que traslada su cariño a la familia y a sus seres queridos y asegura que le echarán de menos.

"Hoy nos deja un compañero y amigo, Manuel Escudero. Siempre militó en la vanguardia de las ideas. Nos enseñó a pensar desde el compromiso con los valores progresistas. Mi cariño a su familia y seres queridos. Te echaremos de menos", ha escrito.

También el PSOE ha lamentado profundamente el fallecimiento de Escudero, al que se refiere como "un gran compañero comprometido con la justicia social y el progreso de nuestro país".

"Su dedicación, inteligencia y vocación de servicio dejan una huella imborrable. Todo nuestro cariño a su familia y seres queridos. Que la tierra te sea leve", señala en un mensaje que ha publicado en la misma red social. 

Escudero, natural de San Sebastián, fue un histórico del PSOE y ocupó numerosos cargos en el sector público y privado, entre ellos fue secretario de Política Económica y Empleo de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista.

Fue también embajador de España ante la OCDE en París y Presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Desarrollo de la OCDE, fundado en 1961 por John F. Kennedy.

El ex primer ministro Lionel Jospin, figura destacada del socialismo francés, ha fallecido este lunes a los 88 años, anunció su familia y recoge EFE.

Jospin se había sometido en enero pasado a una intervención quirúrgica importante, de la que no transcendieron detalles.

Además de jefe del Ejecutivo de cohabitación entre 1997 y 2002, durante la presidencia del conservador Jacques Chirac, Jospin fue primer secretario del Partido Socialista, diputado y ministro en los gobiernos de François Mitterrand.

Perdió dos veces las elecciones presidenciales, siendo eliminado en la primera vuelta en 2002, frente al líder del ultraderechista Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen.

Se da la circunstancia de que este eminente socialista francés falleció el domingo, el día que se celebraba la segunda vuelta de las elecciones municipales francesas, en las que dos candidatos de su partido consiguieron mantener en manos de la izquierda las dos ciudades más importantes de Francia, París y Marsella.

En declaraciones a France Info, el actual líder del Partido Socialista, Olivier Faure, expresó su "profunda tristeza" y "gran emoción" por el fallecimiento de Jospin, a quien designó como un maestro.

"Él era el elegido. Nos educó y nos formó a todos. Todos pertenecemos a esa generación que se forjó con Lionel Jospin, con la izquierda plural. Y fue él quien nos apoyó con su bondad. Fue él quien participó en cada lucha y quien fue un referente, un modelo a seguir para muchos de nosotros", declaró Faure. Era, añadió, "un hombre íntegro, un hombre de principios" y, con él, durante su gobierno "fueron sin duda los últimos años en que la izquierda estuvo unida".

Pero esa historia de unidad terminó mal el 21 de abril de 2002, que marcó un punto de inflexión, reconoció Faure, en alusión a la primera vuelta de las elecciones presidenciales en las que Jospin terminó en tercera posición, desbancado por Le Pen, algo que el ex primer ministro definió como la caía de un "rayo" sobre el socialismo francés.

"Por primera vez en mi vida, vi no al héroe que él representaba para mí, sino a un hombre golpeado por el destino. Y fue una imagen terrible. Incluso mencionó un rayo. Fue como si el cielo se nos hubiera caído encima ese día, y, sinceramente, no se lo merecía", lamentó Faure retrospectivamente.

La noche del 21 de abril de 2002, tras quedar eliminado en la primera vuelta de las presidenciales francesas, Jospin pronunció una breve declaración que marcó la vida política del país. Su frase más recordada fue: "Asumo plenamente la responsabilidad de este fracaso y saco las consecuencias retirándome de la vida política tras el final de la elección presidencial".

Con este anuncio, Jospin no solo reconocía la derrota, al haber quedado por detrás de Chirac y de Le Pen, sino que también comunicaba su retirada inmediata de la política, lo que constituye unas de las declaraciones más contundentes de la política francesa reciente.

"Recuerdo que a Lionel Jospin le faltaron solo dos votos para pasar a la segunda vuelta. Y lo más probable es que, de haberlo logrado, la historia hubiera sido diferente, ya que todos creían que la victoria contra Jacques Chirac era posible. Las cosas siempre se han dado de forma distinta. Así es el destino y lo acepté", dijo Faure.

El llamado “Mundo Occidental” ha construido su prosperidad levantando muros invisibles: muros frente a los países empobrecidos, frente a los nuevos bloques emergentes, frente a los excluidos que viven entre nosotros y a los que hemos aprendido a no ver. Pasan a nuestro lado como si fueran transparentes. Existen, pero no cuentan. Sobreviven, pero no participan. Y, sin embargo, son muchos. Demasiados.

Este largo tiempo de ceguera moral tiene consecuencias. Cuando una sociedad renuncia a mirar de frente la desigualdad, otros miran por ella… y señalan falsos culpables. Así, sin apenas esfuerzo, los populismos autoritarios convencen a los más vulnerables de que ellos son la solución, cuando en realidad son la condena.

Para cambiar el mundo no hacen falta grandes gestos épicos, ni viajes simbólicos, ni flotillas mediáticas. El mundo se cambia en casa. Se cambia desde lo cercano, en círculos concéntricos que se amplían: del individuo al barrio, del barrio al municipio, del municipio a la sociedad entera. No es cierto que no podamos hacer nada. Todos podemos hacer algo. Mucho, poco o poquísimo. Pero todo cuenta.

El verdadero cambio no vendrá de un acto aislado, sino de la suma persistente de acciones cotidianas y compromisos colectivos mantenidos en el tiempo.

Las acciones individuales son imprescindibles, pero insuficientes si no se acompañan de cambios estructurales.

Y, sobre todo, empatizar.

Empatizar con quienes sufren.

Empatizar con quienes dudan.

Empatizar incluso con los adversarios, sin renunciar a combatir sus ideas cuando son injustas o peligrosas.

Porque sin empatía no hay política democrática, solo confrontación estéril. Y sin humanidad no hay proyecto colectivo que merezca la pena.

Hemos vivido demasiado tiempo mirando hacia otro lado.

Ahora ya no podemos decir que no sabíamos.

Y cuando se sabe, la inacción deja de ser ignorancia y pasa a ser responsabilidad.

Algo tendremos que hacer.

Y hacerlo, esta vez, con conciencia, constancia y dignidad.

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Joaquim Canadell Casanova es socio de infoLibre.