La ciudad de Timişoara, segunda o tercera aglomeración urbana del país con cerca de 400.000 habitantes, está mejor situada que la mayoría de las localidades de Rumanía. Pero incluso en esta región del suroeste del país, cerca de las fronteras con Serbia y Hungría, las dificultades y el descontento son palpables en el mercado de la ciudad.

“¡Pfff, es la crisis económica!”, exclama con evidentes motivos Niculae, de 67 años y cuarenta de experiencia en el mercado, cuando se le pregunta cómo van los negocios. “La gente ya no lleva dinero en el bolsillo, así que eso nos afecta inevitablemente. He vendido por 10 lei [2 euros, ndr] durante todo el día. ¡Y tengo que pagar 637 lei [125 euros, ndr] al mes por este pequeño puesto!”. Tras dudar, una mujer se marcha sin comprarle ni perejil ni un tarro de miel a 5 lei.

El responsable de esta caída, el que materializa el descontento popular, es Nicușor Dan, el exalcalde liberal de Bucarest elegido presidente de la República en mayo de 2025, tras unas elecciones anuladas en diciembre de 2024 por sospechas de injerencia rusa. Robó su título de economista en la Sorbona, asegura Niculae entre andanadas de insultos, retomando el mensaje de moda difundido por la extrema derecha, el autoproclamado bando “soberanista” contra los “globalistas”.

¿Ha estado Rumanía alguna vez mejor? “¡Sí, con Ceaușescu! El mercado llegaba hasta allá”, señala con el dedo, “el dinero tenía valor, había trabajo, comida, se podía ir de vacaciones a la montaña y al mar, y si tenías dos hijos, te daban vivienda.”

“Tres décadas de trabajo se han ido al traste en un año”, resume Nicolae Popa, geógrafo de la Universidad del Oeste. “Hace solo dos años, la extrema derecha era prácticamente inexistente en Rumanía, en comparación con la mayoría de los países europeos. Ahora tengo alumnos que dicen que Ceaușescu no era tan malo y que Rusia es nuestra amiga”, dice con pena.

La región de Timişoara, el Banat, más diversa y abierta a Europa que el resto del país, con sus fuertes minorías alemana, serbia o húngara, no se ha librado. “Las elecciones fueron un shock enorme”, afirma la antropóloga Smaranda Vultur. “Vivíamos con la nostalgia de un multiculturalismo que pensábamos que nos protegería de la extrema derecha... No ha sido así”.

Nicolae Popa tiene algunas explicaciones. En primer lugar, el pequeño milagro económico rumano, que ha dejado atrás a toda una parte de la población, especialmente en el sur y el este del país. Miles de empresas han quebrado o han pasado a manos de multinacionales. “El PIB ha crecido de forma extraordinaria, pero una parte importante de la población no se ha beneficiado. En los pueblos, en particular, cuesta ver los bondades de la UE.”

Millones de rumanos de la diáspora, frustrados por ser tratados como subordinados en su país de acogida, se han sentido menospreciados incluso en su propio país, que se ha desarrollado mucho en su ausencia durante la década de 2010. Su apoyo a la extrema derecha ha sido notable. El pesado legado de la Guardia de Hierro, el movimiento fascista de entreguerras, tras haber sido ocultado, les ofrece un refugio en estos tiempos turbulentos.

Tras la crisis financiera de 2008-2009, que hundió la economía, Rumanía experimentó una gran mejora en la década de 2010, pero luego sufrió los consecutivos impactos de la pandemia y la guerra en la vecina Ucrania, según relatan Luiza y Andreea, dos amigas que trabajan por cuenta propia en el sector cultural local.

“Acaban de aprobar una disposición de emergencia para suprimir el reembolso del primer día de baja por enfermedad. Es cierto que había fraudes, pero esto penaliza a todo el mundo”, dice esta última, que regresó tras pasar unos años en Marsella y se dio cuenta de que la vida es más cara aquí.

Las elecciones presidenciales de diciembre de 2024 fueron anuladas después de que un outsider, Călin Georgescu, saliera victorioso en la primera vuelta tras una campaña llevada a cabo únicamente en las redes sociales y la activación repentina de miles de cuentas, al tiempo que declaraba cero euros de gastos de campaña. Un año después, se identificaron vínculos entre Rusia y dos empresas que hicieron campaña a favor de Georgescu, pero hasta la fecha no hay pruebas de una injerencia directa de Rusia.

Georgescu salió en cierto modo ganador de una serie de circunstancias, explica Ciprian Cucu, profesor de Ciencias de la Información y experto en desinformación al servicio de ONG. Cuando la candidata de extrema derecha Diana Șoșoacă, que había sido eliminada, decidió transferir sus votos a Georgescu, “se abrió una ventana de oportunidad” por la que se colaron todos los revanchistas del Estado, exejecutivos perdedores con la integración euroatlántica del país.

“Ahí es donde entraron en juego los rusos”, añade Ciprian Cucu. “Pero Georgescu no es una creación de Rusia y es imposible que no se haya beneficiado de la complicidad de los servicios de seguridad. Ya estaba ahí, simplemente bajo radar.” Desde entonces, George Simion, del partido Alianza para la Unidad de los Rumanos (AUR), es la esperanza de venganza del autoproclamado bando “soberanista”, a pesar de su derrota por 46-54% frente a Nicușor Dan en las elecciones repetidas en mayo de 2025.

Vlad Șendroiu, de 29 años, fue elegido en diciembre de 2024 diputado por el partido Unión Salvad a Rumanía (USR), que se presentaba como una alternativa liberal y proeuropea al establishment, es decir, al duopolio de socialdemócratas y conservadores, el PSD y el PNL, que se han repartido el poder desde la década de 1990. Pero ahora se encuentra en una gran coalición contra la extrema derecha.

“Nos sentíamos realmente amenazados por la AUR. Lo hemos hecho por sentido de la responsabilidad, con dos objetivos: reformar el sistema y mantener al país dentro de los límites de la Unión Europea. Hoy en día, la línea divisoria se encuentra entre los proeuropeos y los populistas”, afirma Sendroiu para explicar este cambio de rumbo. Su partido está llevando a cabo reformas a toda velocidad para reducir el gasto público y absorber el déficit presupuestario más alto de Europa (8,5 % a finales de 2025). Aunque pueda llegar a encarnar el “sistema” y convertirse en el chivo expiatorio de una población escarmentada.

“Esperemos que la gente vea que somos reformistas, que hacemos que las cosas cambien, que comprendan que, hasta hace dos años, vivíamos en una enorme mentira y que eso no podía seguir así. En este comienzo de año, la gente empieza a notar las nuevas subidas de impuestos. Estamos en un momento delicado, pero hacemos todo lo posible para ahorrarles una cura de austeridad aún mayor”, afirma el diputado.

El 1 de enero entró en vigor un segundo paquete de medidas de austeridad que aumenta los impuestos locales. Es una bendición para la extrema derecha y su buque insignia, la AUR, que las encuestas de opinión sitúan en un nivel récord de popularidad.

“Cualquier estudiante de secundaria te dirá que, cuando hay una crisis económica, no se suben los impuestos ni el IVA, ni se castiga a la gente que ya está sufriendo”, explica Ciprian Titi Stoica, senador de la AUR por el departamento de Timiş. “Hace años que los salarios, las pensiones y las prestaciones familiares ya no se indexan a la inflación, como exige la ley.” Y rechaza en bloque a una clase política “sin visión”, que habría malvendido los intereses nacionales y empujado a la emigración de 8 millones de rumanos desde 1990, “¡y todo ello sin que haya guerra!”.

Su partido aún no ha superado las “elecciones robadas” de diciembre de 2024. “El Tribunal Constitucional no tenía prerrogativas para anular las elecciones. Yo lo llamo un golpe de Estado administrativo”, afirma Titi Stoica. Desde hace cinco días, su partido organiza una petición y debates parlamentarios porque “en toda democracia debería ser lo normal un debate abierto con las instituciones y el público”: “Esperamos respuestas”. “La única forma de volver a la democracia y al Estado de derecho” sería, en su opinión, celebrar elecciones legislativas anticipadas, para que un nuevo Parlamento dominado por la AUR pueda destituir al presidente.

Quizás los Estados Unidos de Donald Trump les ayuden a poner en marcha ese escenario ideal. El senador acaba de regresar de un viaje a Washington con una nutrida delegación de 40 parlamentarios para aprovechar la solicitud mostrada por el vicepresidente J. D. Vance, quien, durante la conferencia de Múnich en febrero de 2025, esgrimió la anulación de las elecciones rumanas como ejemplo de los errores democráticos de una Europa liberal.

Mientras tanto, la extrema derecha se aprovecha de los sucesos para alimentar la confusión. El lunes 26 de enero, la eurodiputada Diana Șoșoacă, su cara más icónica, visitó el lugar donde un joven fue asesinado por un chaval de 13 años, en un pueblo de la región de Timişoara. El martes 27, después de clase, varios cientos de estudiantes de secundaria se reunieron en la plaza de la Ópera, el lugar exacto donde comenzó la revolución en 1989, a los pies de la gran catedral ortodoxa.

Ante las cámaras de la televisión nacional y los medios de comunicación locales, gritaban: “¡Justicia para Mario!”. Indira y Melissa, de 18 años, dijeron a Mediapart que querían un endurecimiento del Código Penal, ya que habían visto en Instagram y Facebook que el asesino seguía en libertad. “¡Nicușor Dan, dimisión!”, gritaba un hombre al margen de la concentración. En una Rumanía afectada por la austeridad, la desinformación está por todas partes y la sombra de la extrema derecha se cierne más que nunca.

Tradución de Miguel López

La peste porcina africana (PPA) ha llevado a los países de la Unión Europea (UE) afectados a imponer estrictas medidas para contener la enfermedad, que aún así ya ha supuesto el sacrificio de miles de cerdos y pérdidas millonarias para el sector, según informa EFE.

La legislación comunitaria establece la aplicación de medidas de control y vigilancia en caso de brotes de la PPA, actualmente presente en trece países de la UE. Esta es la situación en la mayoría de ellos: 

La peste porcina africana es endémica en Polonia desde 2014, donde la población de jabalíes (con miles de positivos cada año) es considerada la principal causa de infección. 

En 2025, se han confirmado 18 focos en granjas porcinas, lo que ha llevado al sacrificio de casi 8.000 animales, con los casos más graves detectados en el norte y el este.

Para cada foco detectado las autoridades polacas implementan un estricto protocolo que incluye el sacrificio y la eliminación de todos los animales de la granja afectada, restricciones al movimiento de ganado y vigilancia de vehículos de transporte y productos en la zona.

En el último año, han aumentado los veterinarios destinados a paliar el problema, que ha provocado más de 5.000 millones de euros en pérdidas en la última década y ha frenado las exportaciones, además de causar el cierre del 80% de las explotaciones porcinas desde 2013 y el aumento del precio local de la carne de porcino.

La PPA llegó a Alemania en 2020, cuando se registró el primer caso en un jabalí en Brandeburgo (este). Entre 2021 y 2023 hubo, además, brotes en granjas de cerdos domésticos, con algunos casos aislados en 2024.

En lo que va de año, no se ha detectado ninguna infección en explotaciones porcinas, pero sí 1.948 nuevos casos en jabalíes, según el Instituto Friedrich Loeffler de sanidad animal, que da la "máxima prioridad" a la lucha contra el virus.  

Más allá de algunos brotes cerca de la frontera con Polonia, una buena parte se concentra al sur de Fráncfort (suroeste).

Aparte de la búsqueda intensiva de cadáveres de jabalíes, se insta a los cazadores, personal forestal y agricultores a informar de los hallazgos de animales muertos y de cualquier otra anomalía. 

Entretanto, las explotaciones porcinas deben recurrir a un máximo de medidas de bioseguridad y se recomienda a su personal no viajar a zonas afectadas por la peste porcina.

Desde 2022, Italia ha detectado 580 focos (casi siempre de jabalíes), la mayoría ya extintos y sobre todo en regiones del norte como Emilia-Romagna, Lombardía, Liguria, Toscana o Piamonte, actualmente sujetas a restricciones.

El Gobierno sigue con atención la evolución del virus y cuenta desde 2022 con un comisario especial para la PPA, el veterinario Giovanni Filippini, y con un plan extraordinario para su erradicación coordinado con la UE.

Este programa prevé la contención de las poblaciones de jabalíes salvajes, también con la creación de barreras territoriales; la organización de zonas de control y el sacrificio de los animales enfermos, unos 117.000 desde 2022, según estiman medios especializados.

En este tiempo Italia ha logrado erradicar la PPA en las explotaciones de regiones como la isla de Cerdeña, por donde la enfermedad entró al país en 1978; así como en Basilicata, Calabria (sur) y las inmediaciones de Roma, según el Ministerio de Salud.

En cuanto a su impacto en el sector ganadero, las granjas porcinas están a la baja: en 2024 los cerdos eran 7,82 millones, un 14,7% menos respecto a 2023, según la Asociación de Productores de Carnes y Embutidos (Assica).

Por el contrario, la exportación porcina ha crecido: los embutidos vendidos al exterior fueron un 13% más que en 2023 y los animales vivos o su carne fresca o congelada aumentaron un 3%.

Desde 2022, algunos países como China, Japón, México, Perú, Indonesia, Malasia o Uruguay han bloqueado la importación de esta carne italiana, causando un daño estimado en más de 600 millones de euros al sector, según Assica. 

Las autoridades checas han confirmado la "situación favorable de la enfermedad", después de confirmarse el último caso de contagio en agosto pasado en un jabalí salvaje cazado en el norte del país, donde se mantienen medidas de control. Desde entonces, no ha habido más focos de contagio.

En Eslovaquia se confirmó en mayo un foco de contagio en una granja de 18.000 cerdos al sureste del país y todos ellos fueron sacrificados.

Ante los focos de los países vecinos, se mantiene la zona de restricción en doce provincias orientales del país, donde se seguirán aplicando medidas de bioseguridad en los terrenos de caza, las granjas de cerdos domésticos y el seguimiento de todos los jabalíes muertos y capturados.

Entre el 1 de enero y el 27 de noviembre de 2025 se confirmaron 453 nuevos brotes de peste porcina africana y actualmente hay 47 brotes activos.

Los inspectores han realizado 28.405 controles en explotaciones ganaderas y han impuesto 2.700 sanciones por diversas infracciones de normas sanitarias.

Rumanía sigue siendo un foco de la enfermedad, con un 66% de todos los brotes registrados en la UE en 2024, según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA).

Se han detectado casos en 53 explotaciones ganaderas en los condados de Osijek-Baranja y Vukovar-Sirmia, donde se han contabilizado 372 jabalíes con la enfermedad.

Las autoridades afirman que Croacia continúa aplicando estrictas medidas de control según la normativa de la UE; solo en pasado septiembre se sacrificaron unos 10.000 cerdos.

Desde la aparición de la enfermedad en 2023 hasta octubre de 2025, los sacrificios han sumado 55.000 animales, el 5% de la cabaña porcina.

Según la Oficina Nacional de Seguridad de la Cadena Alimentaria, en 2025 se ha detectado la presencia de la peste porcina en 852 jabalíes, el último a mediados de noviembre, pero no en cerdos de granja.

Las zonas más afectadas están en el norte, cerca de la frontera con Eslovaquia; y en el este, próximas a Rumanía y Ucrania.

Casi un tercio del territorio del país ha sido declarado como "zona infectada", mientras que el resto se mantiene como área de riesgo medio o alto.

Hasta el pasado 3 de noviembre se han identificado 409 brotes de peste en jabalíes en Bulgaria.

La semana pasada, el ministro de Agricultura, Rumen Porozhanov, declaró que no hay brotes activos y que la valla instalada a lo largo de la frontera con Rumanía impide la entrada de jabalíes potencialmente contagiados de ese país.

La peste porcina africana está presente en Letonia desde 2014. El brote más reciente de la enfermedad ocurrió a principios de septiembre, afectando a una gran granja porcina y provocando la destrucción de alrededor de 23.000 cerdos.

El miembro de la junta de la Asociación Letona de Productores de Cerdos (LCAA), Dzintra Lejniece, ha explicado que el impacto económico en los criadores de cerdos ha sido "enorme".

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este jueves que Rusia, aliada con China, Irán o Corea del Norte, será una fuerza desestabilizadora incluso después de un eventual fin de la guerra en Ucrania, y pidió estar preparados para conflictos a largo plazo en su reunión con el presidente de Rumanía, Nicusor Dan.

"Se están preparando para enfrentamientos a largo plazo. No podemos ser ingenuos, debemos estar preparados", advirtió desde Bucarest, donde participa en el Foro Industrial de la OTAN NIF25.

En su discurso, el político neerlandés advirtió de que Rusia "se convertirá en una fuerza desestabilizadora en Europa y el mundo" y dijo que en "sus esfuerzos por socavar las normas internacionales" está colaborando con países como China, Corea del Norte o Irán.

Por eso, el líder de la Alianza afirmó que es necesario disponer de capacidades, equipamiento militar y de la tecnología más avanzada.

"Las amenazas que enfrentamos son reales y persistentes. La guerra no provocada de Rusia contra Ucrania es un claro ejemplo. Pero la amenaza rusa no termina con el fin de la guerra", dijo.

Nicusor Dan dijo por su parte que las actuales amenazas sirven para recordar que "la paz y la seguridad nunca están garantizadas” y que "el rearme no es una opción, sino una necesidad".

"La agresión rusa más allá de Ucrania, mediante recientes violaciones del espacio aéreo aliado y la intensificación y diversificación de los ataques híbridos, constituye una prueba más de que debemos redoblar nuestros esfuerzos para estar preparados para defendernos", aseguró el jefe del Estado.

Así, el secretario general de la Alianza ha reafirmado que en caso de un eventual ataque a Rumanía por parte de Rusia, la OTAN responderá. "Si este país fuera atacado, serían otras 31 naciones las que acudirían en su ayuda", destacó, señalando que en tal escenario, no solo los batallones de combate en el flanco oriental actuarían, sino que se movilizaría a toda la organización. "Si se produjera un ataque, ya fuera de Rusia o de cualquier otro país, sería ‘Centinela Oriental’ el que intervendría. No solo las fuerzas terrestres avanzadas, sino que toda la OTAN respondería con su flota de F-35, su capacidad naval completa y su poderío terrestre", explicó Rutte, resumiendo someramente el funcionamiento de la OTAN.

Además, afirmó que la Alianza necesita la participación de la industria y señaló que se requiere una mayor producción en el sector para superar estas amenazas.

El ahora líder de la Alianza también ha querido restar importancia a la salida de tropas de EE.UU. de Rumanía indicando que es un proceso "no inusual" y señala que los estadounidenses siguen teniendo una presencia más robusta que antes de 2022. "Esto ocurre con frecuencia. Realmente creo que se le está prestando demasiada atención. Estados Unidos mantiene una presencia considerable en Europa. Y esa presencia se mantiene".

Dan reiteró su confianza en que la OTAN y sus aliados a ambos lados del Atlántico están comprometidos con la defensa de "cada centímetro de la Alianza", pero pidió también que los países europeos "deben asumir mayores responsabilidades en la defensa del continente y reforzar las capacidades militares y de defensa".

NIF25 reúne a más de 800 participantes de 26 países de la OTAN y países socios, así como a más de 300 empresas del sector de la defensa.

La Iniciativa de Defensa Estratégica, conocida popularmente como "Guerra de las Galaxias", fue el vasto programa militar anunciado en 1983 por el entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, destinado a proteger a su país de un eventual ataque nuclear. El escudo antibalístico basado en la investigación en láseres, nuevos misiles interceptores o satélites y radares de última generación invirtió en pocos años unos 30.000 millones de dólares de entonces y provocó una nueva carrera armamentística que la Unión Soviética no pudo seguir.

Hoy, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y los líderes de Estados miembros de Polonia, Suecia, Rumanía o Dinamarca evitan hablar de una guerra espacial pero apuestan decididamente por un escudo aéreo antidrones con el que la Unión Europea parece querer emular al Reagan de los 80, en una iniciativa europea cuyo coste está todavía por determinar pero que sumará miles de millones de euros.

La Comisión Europea y sus Estados miembros en la frontera oriental quieren desarrollar el muro antidrones en un par de años para su funcionamiento a pleno rendimiento a finales de 2028. Estaría compuesto de una red de sensores, radares y sistemas de interceptación distribuidos en diferentes países capaces de proteger el espacio aéreo del continente frente a drones externos considerados hostiles. Primero, en 2027, estaría operativo el muro para derribar las aeronaves no tripuladas y un año después todo el sistema de vigilancia integral.

Bruselas sostiene que “es necesario actuar con rapidez” para defender y disuadir en todos los dominios, sean tierra, mar, aire o ciberespacio, incluidas las carencias el sector de los drones y antidrones. Las necesidades totales de financiación, según cálculos de la Comisión Europea, ascenderían a 800.000 millones de euros, de ahí la cifra del programa ReArm.

Recientemente, el comisario europeo de Defensa, el lituano Andrius Kubilius, cifró un primigenio escudo antidrones solo para Polonia y los países bálticos que reforzase las baterías antiaéreas y radares ya existentes en 1.000 millones de euros. El monto para todo el continente, incluida Noruega o los Balcanes, sería muy superior. Bruselas recoge así los llamamientos desde los estamentos militares de diferentes Estados miembros. En Alemania, el jefe del Estado Mayor, el general Breuer, ha insistido en que “no hay alternativa” a la construcción en los próximos cinco a ochos años de una defensa antimisiles contra una “Rusia más agresiva”.

La visión en Bruselas es concebir el escudo antimisiles europeo como una iniciativa militar y también una afirmación estratégica de la autonomía de los 27 frente a los Estados Unidos, para garantizar que la disuasión en el espectro aéreo se sostiene con capacidades propias producidas dentro del ecosistema industrial del continente.

La italiana Leonardo, la francesa Thales, la alemana Rheinmetall, la española Indra o el consorcio aeronáutico Airbus, propiedad de Alemania, España y Francia, serían algunas de las grandes corporaciones beneficiadas, tractoras del ecosistema de empresas medias y pequeñas distribuidas por el continente. Los cálculos del Parlamento Europeo señalan que el ecosistema de la industria de defensa engloba a unas 2.000 multinacionales, compañías de medio tamaño y pequeñas empresas cuya facturación anual asciende a 70.000 millones de euros. 

Parte del pastel del escudo antimisiles europeo también recaería en empresas fuera de la UE como la británica BAE Systems o la noruega Kongsberg. De esta última recientemente Bélgica y Países Bajos anunciaron la compra de diez sistemas avanzados de defensa contra misiles Nasams por 2.500 millones de euros. La española SMS modernizará, según el contrato firmado en marzo, ese mismo tipo de baterías antiaéreas en servicio dentro de las Fuerzas Armadas españolas por cerca de 500 millones de euros.

SMS es el consorcio Sistema de Misiles de España que engloba a las empresas de defensa Sener, GMV, Instalaza y Escribano. Esta última es un fabricante de sistemas de artillería que está diseñando torres contra drones que serán equipadas en barcos de la armada o instalaciones militares. Instalaza es el fabricante aragonés especializado en lanzacohetes con productos suministrados a las tropas, por ejemplo, de Ucrania contra la invasión rusa.

Existe a nivel europeo otro consorcio liderado por la francesa Thales que confirma este jugoso negocio para las armamentísticas europeas. Bajo las siglas EISNET, con la participación de 23 socios industriales, centros de investigación e instituciones académicas de doce Estados miembros, inició su andadura hace casi un año frente a las amenazas de enjambres de drones o misiles hipersónicos, con financiación del Fondo Europeo de Defensa de la UE. Su aspiración es ganar contratos públicos nacionales o comunitarios para el desarrollo de radares, sistemas de sensores, centros de comunicación y datos, además de los misiles, torres de artillería o láseres de interceptación.

“Sería irresponsable si el escudo aéreo europeo no se construye rápidamente, especialmente para los países que no cuentan con la disuasión nuclear”, escribe Guntram Wolff, director durante una década del think tank bruselense Bruegel. Sin embargo, los obstáculos de un proyecto de tal magnitud, reconoce Wolff, son “el coste y la conjunción entre la velocidad de despliegue y los objetivos de política industrial en el sector de la defensa”. “La emisión de deuda de la Unión Europea podría superar estas cuestiones”, propone el economista alemán.

Financiar con deuda conjunta un proyecto semejante choca con la política tradicional de numerosos gobiernos europeos, los halcones de la austeridad como Alemania, Austria o Países Bajos, reacios a financiar conjuntamente con dinero de sus haciendas iniciativas continentales. La solución a la guerra de las galaxias europea llegará desde los presupuestos de la UE a costa del gasto regional, en la lucha contra el cambio climático o a la agricultura. Y se sustentará en partidas como el Programa Europeo de la Industria de la Defensa, EDIP, pactado el 15 de octubre entre la Comisión, los 27 y el Parlamento Europeo. 

Dentro de la Eurocámara pocas las voces se han alzado contra este escudo. El grupo de La Izquierda considera que “es una iniciativa que pretende lanzar la creciente carrera armamentística que vive en su seno Europa a costa del gasto social y climático”, mientras parte de Los Verdes se han puesto de perfil y, como la eurodiputada alemana Hannah Neumann, miembro del Comité de Defensa y Seguridad, hablan de que “un muro antidrones no nos protegerá de los ciberataques ni ayudará a la defensa aérea o a la producción de municiones”.

La militarización de la UE sí está en el epicentro de las críticas de la bancada de La Izquierda. Así lo señala el eurodiputado alemán de Die Linke, Özlem Demirel al denunciar que “con el EDIP la política industrial de la UE se va a convertir en la extensión de la industria militar”. Con la experiencia de su país, que sólo tras la invasión rusa de Ucrania aparcó las décadas de apaciguamiento que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, Demirel señala que “el armamento y las capacidades militares son lo contrario a la seguridad, como la historia europea nos ha enseñado”. 

Marc Botenga, del Parti du Travail de Belgique, advierte que el EDIP es “un programa industrial que ata nuestras futuras economías a la guerra sacrificando las inversiones sociales al dirigir dinero público hacia los fabricantes de armas”. Mientras, las críticas en algunos Estados miembros al muro antidrones no son a su concepción por el ingente desembolso de fondos europeos. En la reciente Cumbre de Copenhage las voces discrepantes, como la italiana Giorgia Meloni o el griego Kyriakos Mitsotakis, ambos en la bancada de la derecha o ultraderecha, se centraron en exigir que beneficie al conjunto de la UE, también la frontera sur mediterránea. Una postura compartida por el Gobierno español, porque así lo emplearían para el control de la migración irregular.

Dos cazas rumanos han despegado este sábado ante la presencia en el espacio aéreo del país de un dron ruso, en un incidente que el Gobierno de Bucarest calificó de agresión, durante otro ataque ruso a instalaciones en territorio ucraniano cerca de la frontera con Rumanía.

"La Fuerza Aérea Rumana interceptó hoy, 13 de septiembre, un dron ruso que invadió el espacio aéreo nacional", anunció el ministro de Defensa, Ionut Mosteanu, minutos después de una primer comunicado en el que no se había identificado el origen del aparato.

El ministro señaló que dos cazas F-16 despegaron "urgentemente" y rastrearon la aeronave no tripulada hasta que desapareció del radar en la región de Tulcea, a unos 20 kilómetros de la frontera con Ucrania.

Mosteanu añadió que la población de la zona no corrió peligro y advirtió que "Rumanía defiende su espacio aéreo y se mantiene vigilante ante la agresión rusa".

El Ministerio de Defensa había informado previamente de que los aviones detectaron el dron sobre las 18.23 (15.23 GMT), unos 15 minutos después de haber despegado.

La misión de los aparatos era vigilar el espacio aéreo ante la presencia del dron tras los ataques aéreos rusos de hoy contra infraestructuras ucranianas en el Danubio, cerca de la frontera rumana.

Defensa recordó en un comunicado que la ley le autoriza a derribar las aeronaves que entren en el espacio aéreo del país sin autorización.

La Fuerza Aérea polaca y sus aliados de la OTAN han sido movilizados este sábado para cubrir el espacio aéreo de Polonia tras recibirse informes de una posible amenaza de drones rusos en las regiones fronterizas con Ucrania, lo que obligó, además, al cierre del aeropuerto de la ciudad de Lublin.

Rumanía ya desplegó dos F-16 el pasado día 10 ante la presencia de drones rusos cerca de su espacio aéreo, la misma noche en la que Polonia derribó varios de esos aparatos que invadieron su territorio.

El Tribunal Constitucional de Rumanía declaró este jueves al europeísta Nicusor Dan presidente electo, tras rechazar por unanimidad la impugnación presentada por el ultranacionalista George Simion contra los resultados de las elecciones del pasado domingo. "El Tribunal Constitucional valida por unanimidad la elección de Nicusor Dan como presidente de Rumanía", dijo el presidente de la corte, Marian Enache, en una ceremonia celebrada en la sede del tribunal en Bucarest, según recoge EFE.

Simion, que perdió con el 46,4 % de los votos frente al europeísta Dan (53,6 %), presentó una solicitud de anulación del proceso, que fue rechazada por la corte como "infundada". "Lucharé por la consolidación de las instituciones estatales, por la prosperidad económica del país, seré un socio del entorno empresarial y un garante de las libertades civiles", dijo Dan ante los jueces del Constitucional, del presidente interino, Ilie Bolojan, y de la prensa.

Después de esta decisión del Constitucional se convocará una sesión plenaria conjunta del Parlamento, en la que Dan prestará juramento como presidente, y que puede tener lugar el próximo lunes.

Simion, líder de la formación Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR), la segunda mayor del Parlamento, sostuvo -sin aportar pruebas- que hubo compra de votos y un presupuesto de 100 millones de euros asignados en Moldavia, donde muchos ciudadanos tienen doble nacionalidad, para favorecer al europeísta Dan.

Además, acusó a Francia de injerencia electoral y pidió que se tuviera en cuenta el testimonio del fundador de la plataforma Telegram, Pavel Durov, que sostuvo que los servicios secretos franceses le pidieron silenciar voces "conservadoras" durante los comicios. El Gobierno y los servicios de inteligencia franceses rechazaron esas acusaciones.

"Las redes sociales fueron manipuladas y se utilizaron algoritmos para influir en los ciudadanos rumanos. El testimonio del creador de Telegram, en el que afirma que el gobierno francés intervino para censurar nuestras voces durante este periodo, es revelador", dijo Simion el martes.

Nada más conocer que su impugnación fue rechazada, Simion tildó la decisión de "golpe de Estado" y llamó a sus seguidores a "luchar". Simion reconoció la victoria de Dan y lo felicitó el pasado lunes.

El ya presidente electo criticó a Simion por agitar a sus seguidores, y advirtió que no tolerará que se promueva ningún tipo de violencia. "Cada partido tiene derecho a hacer campaña como lo considere conveniente, pero si dentro de ese tipo de campañas hay violencia física o verbal, las instituciones cumplirán con su deber", declaró Dan.

El pasado diciembre el Constitucional anuló el proceso electoral, en cuya primera vuelta venció de forma sorpresiva el ultranacionalista prorruso Calin Georgescu. Una injerencia de Rusia e irregularidades en la financiación de la campaña de Georgescu, que declaró que no gastó nada en campaña, fueron los argumentos para anular el proceso. A Georgescu, acusado de amenazar el orden constitucional y de crear una organización fascista, se le prohibió volver a presentarse y gran parte de sus votantes han apoyado ahora a Simion.

Los observadores electorales de la OSCE evaluaron el lunes que las elecciones presidenciales estuvieron bien organizadas pero se vieron empañadas por la desinformación en internet, en parte desde el extranjero, y por ataques agresivos y una enorme polarización entre europeístas y nacionalistas.

El presidente rumano tiene atribuciones en Política Exterior y de seguridad, y es también responsable de designar un primer ministro, entre otros altos cargos. 

El candidato europeísta Nicusor Dan ganó las elecciones presidenciales en Rumanía, tras sumar el 55,1% de los votos emitidos dentro del país, con un escrutinio del 99,9%, según recoge EFE.

Aunque aún falta por contar parte del voto de la diáspora, mayoritariamente favorable al candidato ultranacionalista George Simion, éste no será suficiente para revertir el resultado. La ventaja anunciada es de unos 890.000 sufragios y dado que el número de votos restantes por contar es inferior a esa cifra, su victoria está confirmada de forma matemática.

Miles de personas, en su mayoría jóvenes, se han congregado en el centro de Bucarest frente a la sede de campaña de Dan, con banderas de la Unión Europea y de Rumanía para festejar la victoria, en un ambiente festivo y con algunas personas coreando gritos de "Europa, Europa" y "Nicusor, Nicusor". Dan salió también a saludar a los reunidos con una bandera de la Unión Europea y de Rumanía y en una entrevista concedida al canal Antena 3 dijo que mañana mismo comenzará los contactos para formar un nuevo Gobierno.

La jornada electoral estuvo marcada por una participación muy alta, denuncias de fraude por parte de Simion -rechazadas por las autoridades- y nuevas advertencias del Gobierno rumano de indicios de injerencias rusas en el proceso electoral.

La afluencia a las urnas llegó a casi el 65%, lo que supone dos millones de votantes más que en la primera vuelta del 4 de mayo y refleja la alta polarización en unas elecciones clave para el futuro de Rumanía.

Simion, de 38 años, llegaba como favorito, tras imponerse con casi el 41% de los votos en la primera vuelta y lograr casi el doble de apoyos que Dan. El líder de la Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR) canalizó el descontento popular hacia el sistema político y movilizó a amplios sectores rurales y jóvenes con un discurso nacionalista y euroescéptico.

En su primera intervención tras el cierre de las urnas, Simion declaró que había ganado, pese a las encuestas que auguraban su derrota y anunció que sería "el presidente de todos los rumanos". "Estimamos una victoria con más de 400.000 votos de diferencia, una victoria del pueblo rumano humillado y que ha sido robado hasta ahora", dijo Simion ante sus simpatizantes, que se mostraban poco jubilosos por los malos sondeos.

Sin embargo, de madrugada, reconoció su derrota y felicitó a Dan por su victoria. "Me gustaría felicitar a mi oponente, Nicușor Dan. Ganó las elecciones. Fue la voluntad del pueblo rumano", afirmó. "Quiero agradecer a los más de cinco millones de rumanos que depositaron su confianza en mí. No los decepcionaré", dijo el líder ultra, que había denunciado un presunto fraude electoral desde el viernes, una acusación rechazada por las autoridades.

"Estábamos solos contra todo un sistema, solos contra todos. Estoy orgulloso de ustedes y espero haberlos representado con honor", declaró. "Es hora de continuar nuestra lucha por la justicia, por la verdad, por la familia natural, por la fe cristiana y por la libertad", indicó el líder del que en la actualidad es la segunda mayor formación del Parlamento rumano.

Estas elecciones se desarrollan en un contexto excepcional: una repetición del proceso anulado en noviembre, tras las denuncias de injerencia rusa en favor del entonces vencedor, Calin Georgescu, un candidato prorruso que ganó por sorpresa y que fue posteriormente inhabilitado.

Su exclusión abrió espacio para Simion, quien se ha declarado "heredero político" de Georgescu y ha recibido su apoyo explícito durante la campaña.

Simion, un admirador de Donald Trump, comenzó a denunciar un supuesto fraude electoral el viernes, aunque hasta ahora no han presentado pruebas verificables. Diversos analistas interpretan estas acusaciones como parte de una estrategia para movilizar a su electorado este domingo y sentar las bases de una posible impugnación en caso de derrota.

Nicușor Dan, alcalde independiente de Bucarest y matemático de formación, ha emergido como una alternativa de centro y ha atraído el voto de la población urbana, joven y liberal. A sus 55 años, se presenta como defensor del Estado de derecho, la integración europea y continuar con el apoyo militar a Ucrania.

En la capital rumana, un feudo de Dan, fue evidente este domingo la movilización ciudadana para votar a favor de la opción europeísta. "He votado al candidato correcto para mi país y mi futuro. No quiero vivir en un país donde el presidente tiene ideas extremistas apoyadas por la minoría de la población", dijo a EFE María después de votar en la céntrica Facultad de Arquitectura. Otro universitario, Marius, explicó que votó por Dan porque "ni Simion ni sus ideas deben representar a Rumanía en el mundo".

El nuevo jefe del Estado deberá designar un primer ministro con capacidad de formar gobierno y gestionar la delicada situación económica del país, que sufre el mayor déficit presupuestario de la UE. El presidente rumano tiene atribuciones en política exterior, defensa y en el nombramiento de altos cargos, incluido el primer ministro. 

Rumanía afronta este domingo una segunda y definitiva vuelta presidencial incierta y polarizada, con el ultranacionalista George Simion como favorito, pero con indicios de que el proeuropeo Nicusor Dan ha recortado distancias en el tramo final de campaña, según informa EFE. 

Algunas de las encuestas más recientes incluso sitúan a Dan por delante, aunque en un país donde los sondeos han fallado de forma clara en citas anteriores, estos datos deben tomarse con cautela.

Simion, líder de la Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR), obtuvo casi el 41% en la primera vuelta celebrada el 4 de mayo al explotar el voto protesta contra las formaciones tradicionales en el Gobierno, un resultado que casi duplicó el de Dan. 

El candidato ultra ha prometido congelar la ayuda militar a Ucrania, país con el que Rumanía comparte unos 600 kilómetros de frontera, y defender una política "soberanista" ante la Unión Europea, de la que forma parte desde 2007.

La votación llega en medio de una situación institucional inédita, con un presidente y un gobierno interinos. 

La mayor crisis política en Rumanía desde la caída del comunismo estalló el pasado noviembre cuando Calin Georgescu, un candidato poco conocido, ganó la primera vuelta presidencial gracias a una campaña en redes sociales. Tras denuncias de injerencia rusa y financiación irregular, el Tribunal Supremo anuló la elección.

Georgescu ha sido vetado para presentarse a esta repetición electoral.

Simion, que se declara heredero de la candidatura de Georgescu, ha cometido importantes errores de comunicación que le pasaron factura en las últimas dos semanas, explica a EFE Oana Popescu-Zamfir, directora del think tank 'Global Focus'.

El líder de AUR, que defiende ideas ultraconservadoras e irredentistas, rechazó participar en debates con su oponente, reconoció que una de sus promesas estrella -construir un millón de viviendas que se venderían a 35.000 euros- era inviable y admitió que la lanzó solo para atraer atención.

También ha caído en una espiral de insultos a periodistas y al propio Dan, a quien llamó "autista", provocando la protesta de asociaciones de familiares de personas con ese trastorno.

A esto se sumó que en un podcast de una figura conservadora estadounidense celebró que Washington mantuviera la obligación de visado para los rumanos, una postura que incluso sus simpatizantes consideraron contradictoria con su supuesto patriotismo.

"Sus declaraciones son a veces muy conflictivas, dice una cosa hoy y otra mañana. No es la primera vez que lo que dice no tiene mucho sentido. Y creo que ha perdido mucho por esto, porque ha intentado conservar el voto radical al tiempo que buscaba el apoyo de los moderados", explica Popescu-Zamfir.

Dan, un político independiente de 55 años, matemático y actual alcalde de Bucarest, ha mantenido un perfil más institucional.

Aunque sus dificultades de comunicación y su tono frío siguen siendo un lastre para conectar con una parte del electorado, ha recibido el respaldo de sectores moderados y de dos partidos tradicionales -el conservador Partido Nacional Liberal y la formación de la minoría húngara- que buscan frenar el auge del extremismo.

También cuenta con el apoyo de una plataforma de intelectuales, artistas y personalidades de la vida pública.

El clima de polarización ha dominado la campaña. Simion denunció sin pruebas un presunto fraude en el voto del exterior, que comenzó el viernes, en una maniobra que recuerda la estrategia de Donald Trump, a quien el líder de AUR admira. 

La acusación ha sido rechazada por las autoridades rumanas.

En política exterior, las diferencias también se han hecho evidentes. 

Simion ha elogiado a Trump, ha viajado a Italia para reunirse con la primera ministra Giorgia Meloni, a la que pone como ejemplo, y el jueves hizo unas declaraciones polémicas en la televisión francesa CNews, donde acusó a Francia de haber "perdido su relación con Dios" y comparó su sistema político con el de Irán por la inhabilitación como candidata de su aliada, la ultranacionalista Marine Le Pen. 

Por su parte, Dan habló con el presidente Emmanuel Macron, quien le apoyó y destacó la importancia de estas elecciones para toda Europa y, en especial, para la vecina Moldavia. 

Simion tiene prohibida la entrada en Moldavia y Ucrania porque sus ideas irredentistas defienden la anexión de Moldavia y de parte de Ucrania como parte de una 'Gran Rumanía'.

Una posible victoria de Simion ha causado preocupación en Bruselas y en los mercados.

Su discurso mezcla propuestas contradictorias: recortes radicales de gasto, nacionalizaciones, ataques a la prensa, guiños ultraconservadores y promesas de restaurar un "orden tradicional". Todo ello sin un programa económico coherente y con señales de improvisación constante.

Mientras tanto, el país sigue marcado por profundas desigualdades económicas y sociales, una inflación persistente del 5,5 % y el desencanto de gran parte de los ciudadanos con los partidos tradicionales, vistos como corruptos.

Ese malestar es el que ha catapultado a Simion como expresión de un voto protesta especialmente fuerte en las regiones más pobres y rurales.

Ese voto protesta ha generado una movilización entre la población urbana y proeuropea que respalda a Dan como un mal menor frente a Simion.

El ultranacionalista George Simion logró este domingo una arrolladora victoria con más del 40% de los votos en la controvertida repetición de las elecciones presidenciales en Rumania y se convierte así en claro favorito para ganar la jefatura de Estado en dos semanas, con un 98% de las papeletas escrutadas.

Detrás del líder del partido eurocrítico y nacionalista AUR, la segunda posición, y con ello el pase a la segunda y decisiva vuelta el 18 de mayo, se la disputaron durante toda la noche electoral el candidato oficialista Crin Antonescu y el independiente Nicusor Dan, actual alcalde de Bucarest. Al final, Dan logró superar a Antonescu por unos pocos miles de votos en la recta final del recuento, cerca al 21%, con lo que pasó a la segunda vuelta dentro de dos semanas.

Cerca de la medianoche local, Antonescu concedió ante la prensa su derrota y recomendó de forma indirecta a sus seguidores y a los demás electores votar en dos semanas por Dan. El matemático de 55 años de edad anunció en la red social Facebook su pase a la segunda ronda.

Detrás de estos dos se situó el exprimer ministro socialdemócrata y ahora populista Victor Ponta, con un 13,5% de los votos, cuyo electorado será ahora clave para definir el resultado de la segunda vuelta en dos semanas.

El Tribunal Constitucional del país balcánico decidió en diciembre pasado anular el proceso electoral iniciado el 24 de noviembre por haber detectado una fuerte injerencia exterior (rusa) en redes sociales a favor del entonces ganador, el ultranacionalista Calin Georgescu. Tras su inhabilitación por la Justicia para la repetición electoral, Simion se declaró "heredero político" del ultranacionalista prorruso.

La participación en las elecciones de este domingo, que transcurrieron sin incidentes de importancia, fue del 53,2%, menos de un punto porcentual más que en noviembre.

Tras conocer su probable victoria, Simion, un nacional populista de 38 años, habló a sus seguidores a través de un mensaje grabado desde su despacho. "Hoy escribimos historia. Nos acercamos a un resultado excepcional, muy más allá de lo que presentan los televisores del sistema. Los felicito. Son vencedores. Hoy el pueblo rumano ha hablado. Es hora de ser escuchado", dijo. "Estoy aquí para que Rumania vuelva al orden constitucional. Mi único objetivo es devolver al pueblo rumano lo que le han robado", agregó en alusión a la anulación de las elecciones de noviembre.

Las elecciones de este domingo, cuya repetición fue muy criticada por parte del electorado, sobre todo por los seguidores de Simion y Georgescu, son consideradas clave para el futuro rumbo político del país. El cargo presidencial en Rumania tiene importantes poderes, sobre todo en cuanto a política exterior y seguridad.

La Unión Europea (UE) y la OTAN, a las que pertenece Rumania, y otros socios occidentales observan con especial interés y preocupación estas elecciones, de las que podría salir elegido un populista eurocrítico y contrario a las ayudas occidentales para la vecina Ucrania ante la invasión rusa. Rumania, un país excomunista de 19 millones de habitantes situado en el sureste de Europa, forma el flanco suroriental de la OTAN y alberga importantes contingentes de la Alianza Atlántica.

Unas 18 millones de ciudadanos con derecho a voto estaban llamados a las urnas dentro y fuera del país. La importante diáspora rumana votó en los consulados en el exterior, donde casi un 60% del millón de votantes apoyó a Simion.

El país, uno de los países miembros más pobres y considerados corruptos de la UE, enfrenta grandes desafíos económicos por la elevada inflación y déficit público, del 9,3 % del Producto Interior Bruto (PIB). Según los analistas, esto obligará al actual gobierno, formado por socialdemócratas, liberales y de la minoría húngara a aplicar dolorosas reformas y subidas de impuestos.

La controvertida repetición de las elecciones presidenciales en Rumanía transcurría este domingo sin incidentes y con una participación ligeramente inferior que en los comicios anulados de noviembre pasado, salvo en los emigrantes, donde ha subido con respecto a 2024, según recoge EFE. 

Según los datos de la autoridad electoral AEP, a las 15.20 hora local (13.20 GMT) más del tercio de los cerca de 18 millones de ciudadanos con derecho a voto habían acudido a los centros de votación, 2 puntos porcentuales menos que en 2024.  Además, otras 700.000 personas residentes fuera de Rumanía votaron hasta ahora en las legaciones diplomáticas rumanas en el exterior.

A primera hora de la mañana, el principal favorito para ganar esta primera vuelta, el ultranacionalista George Simion, votó en las afueras de Bucarest, acompañado por el inhabilitado Calin Georgescu, ganador de las elecciones anuladas del pasado 24 de noviembre.

Según las encuestas, el líder del partido ultranacionalista AUR podría alcanzar hasta un tercio de los votos hoy, muy por delante de sus principales rivales, como el candidato oficialista Crin Antonescu o el independiente, Nicusor Dan, actual alcalde de Bucarest.

Los dos rivales del ultranacionalista también votaron hoy a primera hora en la capital rumana.

El tercer aspirante para llegar junto a Simion a la segunda y decisiva ronda electoral en dos semanas, el exprimer ministro socialdemócrata y ahora populista Victor Ponta, tenía previsto votar a las 18.00 hora local (16.00 GMT).

Los ciudadanos con derecho a voto están llamados en Rumanía, un país miembro de la Unión Europea (UE) y de la OTAN, a elegir un nuevo presidente, cuyos poderes incluyen definir la política exterior y de seguridad del país balcánico excomunista.

La UE y otros socios occidentales de Rumanía ven con especial interés y preocupación estas elecciones, de las que podría salir elegido un populista eurocrítico y contrario a las ayudas occidentales para la vecina Ucrania ante la invasión rusa.

Los colegios electorales estarán abiertos hasta las 21.00 hora local (19.00 GMT), para cuando se espera la publicación de numerosas encuestas a pie de urna.

Según los analistas, los primeros resultados con escrutinio avanzado se esperan bien pasada la medianoche (22.00 GMT).

Rumanía celebra este domingo la repetición de las elecciones presidenciales, anuladas en diciembre pasado por supuesta injerencia rusa, en medio de una creciente polarización ciudadana y con un ultranacionalista como gran favorito, al menos para acceder a la segunda vuelta del 18 de mayo, según informa EFE.

Cuatro de los once candidatos que se presentan tienen -según las encuestas- posibilidades para acceder a la ronda decisiva, a la que llegará casi seguro el líder del partido ultra AUR, George Simion, como probable ganador de la primera votación.

Más incierto es quién le acompañará en la segunda ronda, bien el actual alcalde de Bucarest, el independiente Nicusor Dan, el candidato oficialista Crin Antonescu, o el populista exprimer ministro socialdemócrata Victor Ponta.

Unos 18 millones de ciudadanos con derechos de voto dentro y fuera de Rumanía están llamados a las urnas este domingo.

La gran diáspora rumana, con varios millones de personas en Europa, podrá votar en sus consulados a partir de este viernes.

La presidencia rumana no es un mero cargo protocolario sino que el jefe de Estado define la política exterior y de seguridad del país, lo que le da más importancia a estas elecciones.

Rumanía es un país clave en la UE y en la OTAN para las ayudas occidentales para Ucrania contra la invasión rusa. 

El proceso electoral -iniciado el 24 de noviembre pasado con la primera vuelta- fue anulado por el Tribunal Constitucional 48 horas antes de la segunda ronda prevista para el 8 de diciembre.

Los magistrados justificaron la anulación con la injerencia rusa detectada en redes sociales a favor del candidato ultranacionalista y prorruso Calin Georgescu, ganador de la primera ronda y quien acabó siendo inhabilitado para la repetición electoral. 

Lo sucedido en los últimos meses, incluyendo la dimisión del presidente anterior, Klaus Iohannis, ha polarizado a la población rumana, que está cada vez más desilusionada con la clase política.

Así, el país balcánico, hasta ahora un baluarte euroatlántico en el sureste de Europa, está virando hacia posiciones cada vez más populistas y prorrusas.

"El deseo de formar parte de Occidente generó que no hubiera un debate sobre cómo alcanzarlo, o sea, solo aceptar la entrada de dinero (de la UE) o también asumir sus valores", dijo un reciente encuentro con la prensa Oana Popescu-Zamfir, experta del laboratorio de ideas 'GlobalFocus' en Bucarest.

"La mitad del país sigue sufriendo hoy bajo la pobreza. En las zonas urbanas la vida es buena, pero en el campo mucha gente siente que estaba mejor bajo comunismo", explicó la analista.

"Por eso, una importante parte de la gente se siente abandonada por sus representantes políticos y ha perdido su confianza en la democracia", alertó Popescu-Zamfir, una antigua secretaria de Estado rumana para Asuntos Europeos.

"Mucha gente votaría por cualquier opción con tal de cambiar de representantes", resumió la analista la creciente popularidad de la ultraderecha antisistema en Rumanía. 

Impulsado por el malestar por la anulación electoral y la posterior inhabilitación de Georgescu, Simion espera aglutinar el voto protesta y ultranacionalista, que según las encuestas le podría dar hasta un 35 %.

Así, el líder de AUR, declarado crítico de la UE, de la OTAN y de las ayudas europeas a Ucrania, admirador de Donald Trump y "persona non grata" en Moldavia y Ucrania por sus reclamaciones territoriales, llegaría con casi total seguridad a la segunda vuelta.

"Un ascenso de Simion sería preocupante, aunque en la segunda vuelta no tiene de dónde sacar más votos", dijo a EFE en Bucarest el veterano analista Mircea Cosea.

"Simion parece demasiado inmaduro para esto (la presidencia), es demasiado impulsivo", aseguró en referencia a los exabruptos populistas del candidato de 38 años.

Durante la campaña electoral, las autoridades reforzaron sus controles, sobre todo en redes sociales, por temores a una nueva injerencia rusa y a campañas de desinformación. 

Cualquier cartel, vídeo, publicación en redes sociales o anuncio político de un candidato debe tener una etiqueta que explique claramente que se trata de publicidad electoral.

Esta repetición electoral -criticada por mucha gente- tiene lugar en medio de importantes retos económicos para el país, cuyo déficit presupuestario fue en 2024 el más alto de la UE, con un 9,2 % del Producto Interior Bruto (PIB).

Además, la tasa de inflación estuvo el año pasado, con un 5 %, entre las más elevadas de la UE, mientras que el salario mínimo ronda apenas los 800 euros mensuales antes de impuestos.

En su resonante discurso de Múnich (Alemania) en febrero, J. D. Vance puso el foco de atención mundial en la política rumana. Ante un grupo de responsables europeos, el vicepresidente de Estados Unidos criticó la decisión de Bucarest de anular las elecciones presidenciales del 24 de noviembre, “basándose en las débiles sospechas de una agencia de inteligencia”. Antes de sentenciar: “Si vuestra democracia puede ser destruida con unos cientos de miles de dólares de publicidad digital de un país extranjero, entonces no era muy fuerte”.

J. D. Vance se refería a los resultados obtenidos por Călin Georgescu, candidato independiente de extrema derecha, hostil a la ayuda a Ucrania, conspiranoico, contrario a las vacunas y nostálgico de Ion Antonescu (el Pétain rumano), que había obtenido cerca del 23 % de los votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

El Tribunal Constitucional de Bucarest anuló posteriormente, el 6 de diciembre, la segunda vuelta, impidiendo así la probable coronación de Georgescu. Los jueces habían destacado, en particular, “la injerencia de un Estado”, pero sin nombrar explícitamente a Rusia y sin aportar pruebas exactas de la injerencia rusa.

Las declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos no han aportado nada al malestar general de la sociedad civil rumana, ni al de una parte de la clase política, ante la proximidad de las nuevas elecciones presidenciales, reprogramadas para el 4 de mayo. Luego, el 10 de marzo, la comisión electoral rechazó la candidatura de Georgescu para las próximas elecciones. Una “decisión totalmente ilegal”, afirmó el interesado, fanático de las prácticas New Age, mientras que Elon Musk y J. D. Vance se apresuraron otra vez a echarle una mano, cargando contra las autoridades que “cancelan elecciones cuyos resultados no les gustan”.

La decisión de la comisión electoral era la esperada, sobre todo después de la acusación formal de Georgescu a finales de febrero. Se le acusa de numerosos delitos: declaraciones falsas sobre sus cuentas de campaña (se jactó durante la campaña de no gastar ni un euro), apología del crimen de guerra (debido a sus referencias al movimiento legionario fascista de Rumanía durante el periodo de entreguerras) o incitación a acciones anticonstitucionales.

La investigación, aún en curso en Bucarest, ha permitido encontrar elementos sobre la financiación de su campaña electoral, en particular a través del papel, bien identificado por los periodistas desde el año pasado, del influencer de TikTok Bogdan Peschir, que ha hecho parte de su fortuna en criptomonedas. Una serie de registros también permitió encontrar conexiones entre Georgescu y antiguos miembros de la Legión Extranjera francesa, entre ellos el franco-rumano Horațiu Potra, patrón de una empresa de mercenarios, y que se aprovecha de su parecido físico con Evgueni Prigojine, el fundador del grupo paramilitar ruso Wagner, fallecido en 2023.

Se sospecha que Potra preparó con tiempo la campaña de Georgescu y buscó su financiación. Aunque los investigadores han establecido que viajó a Moscú dos meses antes de las elecciones de noviembre, en este momento aún no se ha establecido la relación directa de la campaña de Georgescu con Rusia. A mediados de marzo, el Financial Times publicó una tribuna en la que se afirmaba que “hubiera sido mejor que a Georgescu se le permitiera presentarse en mayo, con sólidas garantías de protección institucional”.

Recogiendo las exigencias de la sociedad civil de Bucarest desde hace meses, el diario británico añade: “Las autoridades también deberían hacer públicas el mayor número de pruebas posible. Los muchos votantes de Georgescu el año pasado merecen una explicación completa y convincente de por qué no podrán volver a votar por él esta vez”.

La descalificación de Călin Georgescu, un escenario inédito para un país de la Unión Europea (UE), ha trastocado el panorama electoral. En este momento han sido validados para competir diez candidatos. Y es George Simion, copresidente de AUR (Alianza para la Unidad de los Rumanos, sigla que también significa “oro” en rumano), quien lidera las encuestas. Espera recuperar los votos de los que en Rumanía se conocen como “soberanistas”.

Simion, cuyo partido quedó en segundo lugar en las elecciones legislativas de diciembre (18 %), también se benefició de la retirada de otra candidata de extrema derecha, Anamaria Gavrilă, que había sorprendido en las mismas elecciones legislativas al obtener el 6,5 % de los votos al frente de una nueva formación, el Partido de la Juventud (POT). En cuanto a Diana Iovanovici Șoșoacă (SOS Rumanía), con un discurso aún más radical que el de Georgescu, la comisión electoral le ha impedido presentarse, como en otoño. Simion parece tener, por tanto, ofrecer vía libre a la extrema derecha.

Para Bruselas, el candidato de AUR muestra una actitud más pragmática que Georgescu. No duda en criticar a Moscú: “La Rusia de Putin constituía, y sigue constituyendo, una de las principales amenazas para los Estados europeos, y en particular para nosotros, para los Estados bálticos y Polonia”, declaró en marzo, lejos de las declaraciones anti-UE y anti-OTAN de Georgescu. Simion fue elegido en enero como uno de los tres vicepresidentes del ECR, el partido de los conservadores y reformistas europeos, alineado con la presidenta del Consejo italiano, Giorgia Meloni.

Pero queda por ver si funcionará plenamente la transferencia de votos de Georgescu a Simion. El primero había sido miembro de AUR durante un tiempo antes de ser expulsado, considerado demasiado sulfuroso tras haber defendido a varias figuras fascistas rumanas de entreguerras. “Algunos votantes de Georgescu están cabreados y simplemente boicotearán las elecciones”, predice Ioan Horga, politólogo de la Universidad de Oradea, contactado por Mediapart. “Otros se decantarán por Simion. Pero algunos también podrían optar por candidatos como Victor Ponta o Nicușor Dan”.

Victor Ponta no es ningún desconocido: fue primer ministro (2012-2015), miembro del Partido Socialdemócrata (PSD), se presenta como independiente y se ha radicalizado, asumiendo un giro trumpista. Ponta ahora hace campaña destacando su cercanía con Donald Trump y sus viajes a Mar-a-Lago, la residencia privada del presidente de los Estados Unidos.

En cuanto a Nicușor Dan, el actual alcalde de Bucarest, espera recoger votos de los decepcionados de los dos grandes partidos tradicionales (además del PSD, los liberales del PNL). Pero tiene la competencia de la experiodista Elena Lasconi, candidata de la coalición USR (Salvar Rumanía), que quedó segunda detrás de Georgescu en noviembre (19 % de los votos) y que sigue convencida, a pesar de las encuestas, de poder repetir la actuación.

En este panorama fragmentado, el PNL y el PSD, que han gobernado juntos durante tres años en una coalición sin precedentes, se han aliado en torno a una candidatura única, la de Crin Antonescu. Pero este liberal intenta despistar presentándose también como candidato independiente, ya que existe una intensa repulsa hacia los partidos tradicionales, agotados y en gran parte corruptos. El declive de esas dos formaciones, documentado por muchos especialistas, explica sin duda, más que la injerencia rusa, el fulgurante ascenso de candidatos extremistas en el país.

Para Ioan Horga, la situación política parece no obstante un poco más estable de lo que estaba en diciembre y enero. Especialmente desde que el presidente, Klaus Iohannis, muy cuestionado por su gestión de la presidencia, terminó dimitiendo de su cargo, siendo sustituido por Ilie Bolojan, que ocupa el cargo accidentalmente hasta las próximas elecciones.

Bolojan ha establecido nuevas normas de transparencia sobre los gastos de la presidencia y del gobierno, y ha creado un sistema de conferencias de prensa periódicas. También ha dejado huella al publicar la semana pasada los detalles de los gastos de viaje de su predecesor, que se negaba a hacerlo. Klaus Iohannis hizo 193 viajes al extranjero, a menudo en jets de lujo, durante diez años de mandato, que han costado casi 23 millones de euros a los contribuyentes rumanos. “Sea cual sea la identidad del futuro presidente, Bolojan ha establecido marcos para una institución más transparente, que ahora deberán respetarse”, quiere creer el profesor Ioan Horga.

Traducción de Miguel López

El objetivo está claro, deslegitimar al único alto tribunal que no copa la derecha judicial afín al PP, el Tribunal Constitucional (TC). Como si el equilibrio entre las sensibilidades progresista y conservadora en el máximo intérprete de la Constitución no oscilara con cada renovación, cada cuatro años, o los magistrados propuestos por ese partido no hubieran sido mayoría en el órgano de garantías hasta finales de 2022. Da igual. La formación que preside Alberto Núñez Feijóo no duda en usar todos los resortes para socavar la autoridad del TC. Ahora pretende que los tribunales ordinarios puedan impugnar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sus resoluciones, como ya ha conseguido con la Audiencia de Sevilla en el caso de los ERE. Para lograrlo no duda en comparar a España con las democracias más cuestionadas en Europa por su falta de garantías. Primero fue con Polonia y Hungría. Ahora con Rumanía.

La decisión de la sección primera de la Audiencia de Sevilla, el tribunal que condenó en primera instancia a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán (PSOE), de llevar a Luxemburgo la sentencia del Tribunal Constitucional que le obligó a rebajar las sentencias contra estos y otros cargos socialistas andaluces, tiene su origen en el PP. Es ese partido, que ejerce de acusación popular en el caso de los ERE, el que solicitó el pasado 10 de febrero a la Audiencia de Sevilla que planteara esa cuestión. En su escrito aseguró que el derecho español "no garantiza la independencia del Tribunal Constitucional, en particular respecto a los poderes Legislativo y Ejecutivo", tal y como exige el Tratado de la Unión Europea, lo que permitiría a la justicia ordinaria dejara de aplicar sus resoluciones. El argumento se recoge en una de las sentencia del TJUE de 2021 (caso Euro Box Promotion), la única que cita el PP y recoge la Audiencia de Sevilla en su propuesta de cuestión prejudicial.

Se trata de una resolución sobre un caso de Rumanía, un país que, desde su incorporación a la Unión Europea en 2017, tiene permanentemente monitorizada por la Comisión Europea la calidad democrática de su sistema judicial así como la de sus mecanismos de lucha contra la corrupción, un problema endémico en ese país. Un año antes de su adhesión, en 2006, el Ejecutivo comunitario aprobó un sistema de supervisión todavía vigente 19 años después que obliga a Bucarest a adecuar sus procesos judiciales a las exigencias de la UE y a presentar informes anualmente. También tiene que demostrar avances en las medidas que tome su Gobierno para la prevención y la lucha contra la corrupción. En los últimos años, Rumanía ha ido en varias ocasiones en sentido contrario al que le indicaba Europa. Como cuando en 2017 despenalizó por decretos delitos de corrupción y abuso de poder, lo que provocó amenazas de sanciones por parte de Bruselas.

Es en ese contexto –que jamás se ha dado en España– en el que ha de interpretarse la sentencia del TJUE invocada por el PP y acogida ahora por la Audiencia de Sevilla. La resolución establece que "las resoluciones del tribunal constitucional nacional vinculan a los órganos jurisdiccionales ordinarios, siempre que el derecho nacional garantice la independencia de dicho tribunal constitucional, en particular respecto de los poderes Legislativo y Ejecutivo". También avala que los jueces ordinarios no apliquen las sentencias del Tribunal Constitucional "cuando consideren, a la luz de una sentencia del TJUE" que son contrarias a las disposiciones de los tratados sobre la lucha contra el fraude en los fondos europeos. En ninguna de las sentencias del caso de los ERE aparece referencia alguna a estos fondos. Además, sus resoluciones en la justicia ordinaria no fueron pacíficas. La sentencia del Supremo que bendijo las condenas iniciales contó con el voto particular de dos magistradas.

El planteamiento de la cuestión prejudicial por la Audiencia de Sevilla –a petición del PP– ha provocado que el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, haya planteado a los magistrados la apertura de un período de reflexión para evitar que, por esa vía, cualquier tribunal ordinario pueda cuestionar las resoluciones del tribunal de garantías y vaciarlo de autoridad. Tanto el presidente como el resto del grupo progresista cree que los artículos 4 y 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional le permite anular cualquier resolución contraria a sus sentencias. El Pleno no ha tomado por el momento ninguna decisión, aunque sopesa pedir informes técnicos sobre cómo actuar para evitar nuevos ataques de este tipo.

La posición de Conde-Pumpido y el resto del sector progresista ha recibido este miércoles el inesperado apoyo del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez Padrón. Éste último ha firmado un voto particular contra la cuestión prejudicial al TJUE aprobada por mayoría sus dos compañeros en la Sala de lo Civil y Penal del tribunal madrileño en una cuestión resuelta en sentido contrario hasta cuatro veces por el Constitucional (con unanimidad de progresistas y conservadores) en un caso similar al de la Audiencia de Sevilla. Rodríguez Padrón les acusa de utilizar la consulta al tribunal europeo, no como un mecanismo judicial de resolución de dudas sobre el derecho europeo, sino como un recurso contra una sentencia del tribunal de garantías, algo a lo que no tienen acceso los jueces y tribunales sino solo las partes.

La Oficina Electoral Central de Rumanía rechazó este domingo la candidatura del ultranacionalista prorruso Călin Georgescu para las elecciones presidenciales del próximo 4 de mayo, en las que partía como favorito. Tras esta decisión se abre un plazo de 24 horas para presentar recursos ante el Tribunal Constitucional, que cuenta con 48 horas adicionales para emitir un fallo. Esto significa que la decisión final podría conocerse el miércoles por la noche, según informa EFE.

Georgescu ganó contra todo pronóstico la primera vuelta de las presidenciales rumanas del 24 de noviembre pasado, posteriormente anuladas por el Constitucional por indicios de financiación ilegal y de una injerencia rusa.

Después de conocerse la decisión, cientos de partidarios de Georgescu se reunieron delante de la Oficina Electoral Central para protestar y algunos de ellos lanzaron huevos, botellas y material pirotécnico contra los policías que protegían el edificio. Según la Gendarmería, los manifestantes prendieron fuego también al mobiliario urbano y los agentes hicieron algunas detenciones, aunque no se especifica el número. Por otro lado, un grupo de seguidores de Georgescu volcó el vehículo de una cadena de televisión al grito de "juro defender mi país hasta con el precio de mi vida".

"¡Un golpe directo al corazón de la democracia mundial!", calificó Georgescu la decisión en la red social X, y agregó: "¡Europa es ahora una dictadura, Rumanía está bajo la tiranía!".

El líder de la Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR), George Simion, cuyo partido ultranacionalista y euroescéptico es actualmente la principal fuerza opositora en el país, calificó el rechazo de la candidatura de Georgescu como un acto antidemocrático. "Es una continuación del golpe de Estado del 6 de diciembre", escribió en Facebook en referencia a la fecha en la que el Constitucional anuló las elecciones presidenciales.

Georgescu, relativamente poco conocido en Rumanía hasta hace unos meses, venció en la primera vuelta gracias a una campaña en redes sociales, especialmente TikTok, en la que aseguró no haber invertido nada. Su mensaje contra los partidos tradicionales atrajo sobre todo a votantes jóvenes y de entornos rurales, desencantados con la corrupción y el bajo nivel de vida en el país de 19 millones de habitantes fronterizo con Ucrania.

La líder del partido ultranacionalista POT, Anamaria Gavrilă, también denunció la decisión, aseguró que Rumanía es "una dictadura" y cuestionó la votación de los 14 miembros de la Oficina Electoral Central.

Según el escrito de las autoridades electorales con el que se fundamenta la decisión, la Constitución rumana exige a los candidatos presidenciales un intachable respeto a las leyes y la democracia, tanto en el momento presente como en el pasado. Sin embargo, su violación de las normas electorales en las pasadas presidenciales de noviembre llevó a la anulación de los comicios, algo dictaminado por el Constitucional. De esta forma, aceptar nuevamente su candidatura implicaría desconocer una decisión del Constitucional que avala que no cumplió con las leyes ni respetó procesos democráticos.

El candidato ultranacionalista, que ha defendido un acercamiento a Rusia y ha puesto en duda que Ucrania fuera un Estado, defiende un ideario reaccionario y en el pasado elogió a líderes fascistas rumanos responsables del Holocausto en el país durante la Segunda Guerra Mundial. En las últimas encuestas, Georgescu era el favorito para las elecciones al acaparar más del 35 % de los votos, lo que le garantizaba llegar a la segunda vuelta.

A finales de febrero, la Fiscalía rumana le acusó de seis delitos, entre ellos el de cometer acciones contra el orden constitucional y crear una organización fascista y antisemita. La Fiscalía anunció los cargos después de interrogarle durante más de cuatro horas y además de los delitos mencionados era sospechoso de falsedad continuada sobre su patrimonio y la financiación de su campaña.

Liana Ganea, directora de Active Watch, una ONG que defiende a los medios de comunicación, afirma con una sonrisa: “Si un rumano le dice que ha entendido todo lo que está pasando, esa persona está mintiendo”. El periodista de investigación Victor Ilie lo expresa de otro modo, pero comparte la misma cautela: “Los teóricos de la conspiración están haciendo su agosto en Rumanía estos días... El Estado fue tan impreciso a la hora de cancelar las elecciones que todos los escenarios siguen abiertos”.

En Rumanía, la sociedad civil parece desorientada. Por un lado, hay un alivio innegable. Muchos activistas han quedado tranquilos porque Călin Georgescu, el candidato presidencial independiente de extrema derecha, hostil a la ayuda a Ucrania y crítico con la OTAN, no ha salido finalmente elegido. Fuera del radar durante la mayor parte de la campaña, el candidato conspiracionista, nostálgico de Ion Antonescu, el “Petain” rumano, obtuvo casi el 23% de los votos en la primera vuelta de las elecciones del 24 de noviembre.

Pero a muchos tampoco les ha gustado la anulación de la segunda vuelta, decidida por el Tribunal Constitucional el 6 de diciembre, apenas dos días antes de las elecciones, cuando ya había comenzado la votación de la diáspora, algo inédito en un país de la Unión Europea. Los jueces se basaron en informes de los servicios secretos rumanos, desclasificados dos días antes, para concluir que no todos los candidatos a las elecciones habían tenido la misma igualdad de condiciones. El Tribunal también apuntó a la “injerencia de un Estado”, sin nombrar explícitamente a Rusia.

“Estoy realmente inquieta”, afirma Irina Zamfirescu, activista por el derecho a la vivienda y profesora universitaria. “Luché durante quince días entre las dos vueltas con la idea de que me iba a despertar con un presidente de extrema derecha. Pero la anulación de las elecciones no me ha dejado tranquila. Quizá hayan tenido razones para hacerlo, pero hasta que no expliquen exactamente por qué, esto no irá bien”. Y añade: “La Constitución establece unas condiciones precisas para la exclusión de un candidato. No podemos imaginar excepciones de última hora, sobre la marcha”.

Cristian Neagoe, ex activista de Greenpeace que ahora trabaja para una asociación que defiende un parque natural en la capital, habla de “sentimientos postraumáticos”: “Estamos intentando recuperar un poco el aliento, antes de que vuelva a empezar la tormenta”. Se refiere a las nuevas elecciones presidenciales, previstas para mayo. “Es muy fácil culpar a los rusos o a los chinos, pero también es un hecho que la sociedad rumana va muy mal estos últimos tiempos”, insiste, y añade que ha vivido estas semanas en un estado de “ansiedad extrema”.

Tras el anuncio de la anulación de la segunda vuelta, en un primer momento pensó que “era una decisión muy mala para una democracia todavía muy frágil, que da la impresión de que nueve jueces togados pueden decidir en contra de lo que piensan nueve millones de electores”. Pero Cristian Neagoe ha cambiado ligeramente de opinión. Ahora cree que probablemente era la decisión “menos mala” que se podía tomar, en nombre del apoyo que considera indispensable para una Ucrania desgarrada por la guerra. Rumanía desempeña un papel clave, sobre todo en la exportación de cereales ucranianos a través de su puerto de Constanza, en el mar Negro.

En el seno de esta sociedad civil, es palpable el malestar de estos activistas cuando ven que la extrema derecha, en torno a Georgescu, pero también a George Simion, líder de la Alianza para la Unidad de los Rumanos (AUR), se moviliza casi todas las semanas en las plazas del país para denunciar un golpe de Estado. En una peligrosa inversión, son los votantes frustrados de extrema derecha quienes esgrimen los argumentos del Estado de derecho y los valores democráticos.

Algunos políticos pro-UE siguen exigiendo responsabilidades. Es el caso de Elena Lasconi, candidata de la coalición Salvar Rumanía (USR), que quedó segunda en la primera vuelta, o del alcalde de Bucarest, Nicușor Dan, un matemático que quiere presentarse como independiente a las próximas elecciones presidenciales. En declaraciones a Mediapart, el eurodiputado Nicolae Ștefănuță, antes liberal y que ahora se sienta con los ecologistas en el Parlamento Europeo, añadie: “He acogido con satisfacción la decisión del Tribunal Constitucional. Pero es muy importante que se aporten pruebas. De momento, todos avanzamos en la oscuridad”.

El fantasma del control de Moscú sobre el debate político en Rumanía, miembro de la UE desde 2007, ha dejado atónita a Europa. Pero estos días se está imponiendo otra historia en Bucarest. Gira en torno al supuesto amateurismo de unas autoridades opacas, que tienen dificultades para dar cuenta de su gestión de la crisis y para explicar una decisión que no es precisamente anodina en una democracia: la suspensión de unas elecciones. Los más críticos son los dos grandes partidos postcomunistas rumanos, el Partido Socialdemócrata (PSD) y el Partido Liberal (PNL), en coalición desde hace tres años.

El contenido de los documentos desclasificados por el presidente de la República (ver último apartado) tiene mucho que ver. “Que las autoridades rumanas no ofrecieran igualdad de condiciones a todos los candidatos me parece una hipótesis totalmente posible. Pero no existen las pruebas que apoyan esta hipótesis. Ese es todo el problema”, afirma Bogdan Manolea, responsable de ApTI, una ONG que defiende los derechos digitales. “Por el momento, sólo hay alegaciones, especulaciones y probabilidades. Los documentos desclasificados no dicen lo suficiente”.

“Realmente no hay nada clasificado en lo que se ha publicado. No es en absoluto información recopilada por los servicios secretos, sino más bien una compilación, un trabajo estadístico”, añade el periodista Victor Ilie, que ha publicado varias investigaciones sobre la financiación de la campaña presidencial.

Y dice, molesto: “Durante años, Rumanía se ha sentido superior a la República de Moldavia. Nos habíamos convertido en miembros de la UE, mientras que ellos eran los pobres que seguían bajo el yugo de Moscú. Pero hay que leer el informe publicado por los servicios de inteligencia moldavos sobre la injerencia rusa [en diciembre -ndr] : no es literatura mezclada con estadísticas como el nuestro, es un trabajo implacable, con nombres y cifras”.

La abogada Silvia Uscov, que afirma no ser votante ni partidaria de Georgescu, considera “ilegal” la decisión del Tribunal. En primer lugar porque los mismos jueces habían validado unos días antes los resultados de la primera vuelta, descartando cualquier fraude tras las quejas de algunos candidatos. Pero “las elecciones sólo pueden anularse en base a un fraude probado, según la Constitución”, afirma.

En segundo lugar, porque en los documentos desclasificados no hay ninguna prueba de injerencia. “No puedo aceptar violaciones de los derechos fundamentales en un Estado democrático, simplemente porque no nos gusta tal o cual persona [...]. Hoy es Călin Georgescu, pero mañana puede ser cualquiera”, advierte.

La situación se ha vuelto un poco más tensa desde que el diario Snoop publicó a finales de diciembre la existencia de un vínculo entre el partido liberal en el poder y la campaña en Internet a favor de Georgescu. Según este medio, el PNL pagó, a través de la empresa de comunicación Kensington, a influencers en TikTok que utilizaron un eslogan favorable a las propuestas del candidato ultraderechista: “Equilibrio y verticalidad” (sin mencionar explícitamente a Georgescu en sus vídeos).

Esta investigación ha alimentado especulaciones más generales sobre que los dos partidos tradicionales han estado jugando con fuego con la esperanza de ganar la presidencia: el PSD, el partido del primer ministro Marcel Ciolacu, apostando por el ascenso de AUR para asegurarse un cara a cara con la extrema derecha en segunda vuelta, y el PNL, el partido del presidente Klaus Iohannis, apostando por Georgescu como respuesta.

Como señala el periodista Cristian Panzari en un análisis publicado en G4Media el 7 de enero, titulado “Una red de mentiras”, tanto un candidato de AUR como directivos del PSD han reconocido la existencia de un plan para facilitar el voto a AUR en determinados territorios, con el fin de crear un duelo entre ambos partidos en la segunda vuelta.

El PNL nunca ha desmentido esa información y dirigentes del partido como mucho han intentado defenderse ante Snoop el miércoles 22 de enero, diciendo que se les había pasado por alto esa estrategia.

Dan Tăpălagă, otro columnista muy molesto por la situación, escribe sin rodeos en un texto publicado por PressOne del que ya se ha hecho eco el Courrier des Balkans: “Lo que ha ocurrido [...] está cada vez más claro. El PSD y el PNL lucharon con armas prohibidas por el puesto de Jefe del Estado, liberando los demonios del extremismo en la sociedad, que luego se han vuelto incontrolables. [...] Manos invisibles de ambos partidos han intentado justificar el desastre electoral con la supuesta injerencia rusa”.

Victor Ilie está más o menos en la misma onda: “Junto con otros colegas, cada vez creo más que la decisión de desclasificar estos documentos ha sido todo un acto político, para hacer fracasar estas elecciones.”

La acusación es grave y alimenta un sinfín de especulaciones. También se alimenta por el hecho de que la mayoría de los jueces del Tribunal Constitucional fueron nombrados por el PSD. O por el hecho de que, contrariamente a lo que aseguraban las autoridades al día siguiente de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Georgescu no era, al menos para ellas, un completo desconocido.

La periodista de investigación Emilia Șercan lo documentó en un análisis en PressOne el 25 de noviembre: el candidato era bien conocido, y lo había sido desde mucho antes, al menos por el aparato estatal. Sobre todo porque había sido el hombre propuesto en su día como primer ministro por George Simion, jefe de la AUR, y había representado a Rumanía en foros internacionales. Y también porque cuenta con apoyos en los servicios secretos rumanos, que han trabajado para ayudarle a ascender.

En estos momentos, el PNL y el PSD, los dos grandes perdedores de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, siguen en el poder. El primer ministro saliente, Marcel Ciolacu, que quedó tercero en la primera vuelta, ha sido reconfirmado como jefe de Gobierno tras las elecciones legislativas de diciembre.

En este juego, el hecho de que la coalición en el poder impulse la candidatura única del liberal Crin Antonescu contra la extrema derecha para las presidenciales de mayo no se ve como una señal tranquilizadora: este hombre está asociado a un episodio muy controvertido de la historia reciente, cuando intentó ignorar el resultado de un referéndum en 2012 para derrocar al entonces presidente, Traian Băsescu.

Nada de esto significa, por supuesto, que no haya habido injerencia rusa. Todas las personas con las que Mediapart habló en Bucarest consideran incluso muy plausible esa hipótesis, ya sea apoyando directamente a Georgescu o participando en general en la polarización extrema de las posiciones en el debate público.

Pero muchos lamentan la forma en que han actuado las autoridades: en lugar de impedir la candidatura de Georgescu antes de la primera vuelta, esperaron a ver el resultado –y la derrota de sus respectivos candidatos– antes de anular las elecciones enteras. Y sin aportar las pruebas precisas que permitieran poner fin a la polémica.

Liana Ganea lamenta, por ejemplo, que la autoridad responsable del buen desarrollo de las elecciones no tomara medidas cuando Georgescu se jactó, unas semanas antes de las elecciones, de estar llevando a cabo una campaña totalmente virtual, en la que decía no haber gastado ni un solo leu, la moneda rumana. “Por supuesto, eso no es posible. Y no cumple las normas de campaña, que exigen una contabilidad transparente de los gastos. Pero el problema es que los partidos tradicionales también son muy opacos en lo que se refiere a sus cuentas de campaña”, argumenta este activista.

En 2024, su ONG publicó un informe en el que documentaba las zonas grises de la financiación de la última campaña electoral europea, tanto por parte del PSD como del PNL. Evidentemente, la gestión del caso Georgescu es también un reflejo de las debilidades estructurales de la democracia rumana.

En noviembre de 2024, el Tribunal Constitucional rechazó la candidatura de otra figura de extrema derecha, la eurodiputada Diana Șoșoacă, presidenta de SOS Rumanía, conocida en particular por su postura antivacunas. Los jueces habían dictaminado que ciertas declaraciones, contra la OTAN o la UE, eran contrarias a la Constitución del país, un argumento que había escandalizado a muchas ONG. Curiosamente, Georgescu no fue acusado de nada en aquel momento, aunque está procesado desde 2022 por haber elogiado a Ion Antonescu, el militar que colaboró con el régimen nazi cuando mandaba en Rumanía.

En este contexto tan delicado, la sociedad civil rumana espera noticias de Bruselas. Diez días después de la anulación de las elecciones, la Comisión abrió una investigación sobre TikTok. El objetivo es averiguar por qué la plataforma ha incumplido claramente el Reglamento de Servicios Digitales (RDS), que le obliga a moderar sus contenidos. “Lo ocurrido en Rumanía demuestra que el RDS no ha funcionado. Pero el reglamento existe, y tenemos que defenderlo”, insiste Bogdan Manolea. Quiere creer que los textos europeos ya existentes constituyen un marco suficiente, si realmente se aplican, para las próximas elecciones presidenciales.

La primera vuelta de las elecciones está prevista para el 4 de mayo. Por el momento, no está claro si Călin Georgescu, que encabeza las encuestas, podrá presentarse. Una vez más, el debate podría sumir a la sociedad civil rumana en un fuerte malestar.

Según estos estudios, para la campaña de Georgescu se pagó a una red de un centenar de influencers con 8 millones de suscriptores, principalmente en TikTok. Durante las dos últimas semanas de la campaña estuvieron muy activas unas 25.000 cuentas, incluidas unas 800 que habían estado durmientes desde su creación en 2016. En los documentos aparece también una empresa, FA Agency, domiciliada en Sudáfrica, que una investigación de Le Monde ha demostrado después que está vinculada a un empresario ucraniano, Dmytro Macharov, que dirige un grupo publicitario.

Los servicios secretos apuntan también al papel de un hombre de 36 años, Bogdan Peschir, conocido en TikTok con el seudónimo de BOGDR y ya bien identificado por los medios rumanos. Según la cifra facilitada por TikTok a las autoridades, éste pagó 380.000 euros a influencers para promocionar a Georgescu. El origen de la fortuna de este hombre, muy activo en el mercado de las criptomonedas, sigue sin estar claro. Georgescu, por su parte, niega cualquier vínculo con Rusia e insiste en que el único “pacto” que ha hecho es “con el pueblo rumano y con Dios”. Rumanía tiene casi 9 millones de usuarios de TikTok, es decir, alrededor del 47% de su población, la tasa más alta de la UE.

Las entrevistas se realizaron en Bucarest durante la semana del 13 de enero de 2025.

Traducción de Miguel López

Una mujer de 67 años, que no viajó al extranjero, es la primera personas en Rumanía infectada con el metapneumovirus humano (HMPV), el virus respiratorio que se está propagando en el norte de China. La información fue confirmada al periódico local Bihoreanul por la Dirección de Sanidad Pública de Bihor, una provincia situada en el noroeste del país, según recoge EFE.

La primera manifestación de la enfermedad apareció el 26 de diciembre, y los síntomas respiratorios fueron analizados con un PCR en el Hospital Clínico de Emergencias del Distrito de Bihor. Ahora la mujer se encuentra hospitalizada, aislada y en estado estable. Según el personal médico, la paciente no ha viajado fuera del país y se ha abierto una investigación epidemiológica para determinar cómo se infectó.

El virus, que fue identificado por primera vez en 2001, está generando preocupación entre los expertos en medio de un aumento global de infecciones respiratorias este invierno y representa un riesgo para grupos vulnerables, como bebés, ancianos y personas con sistemas inmunes débiles. HMPV provoca síntomas parecidos a los de la gripe o el resfriado, como tos, secreción nasal, congestión y dificultad para respirar, tras los cuales las personas generalmente se recuperan en pocos días. Sin embargo, algunas infecciones pueden ser graves y requerir hospitalización.

La Unión Europea "sigue de cerca" la situación del HMPV pero "no necesita" prepararse de momento para una nueva pandemia, dijo el miércoles una portavoz comunitaria. "El Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades vigila muy de cerca la situación", indicó la portavoz comunitaria de Salud, Eva Hrncirova.

Las autoridades sanitarias chinas están en alerta ante el aumento de casos del metapneumovirus humano, que ha provocado la saturación de varios centros hospitalarios mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado que ese virus no representa, hasta el momento, una amenaza para la salud global y que se trata de un virus estacional.

Vivimos tiempos de incertidumbre donde, además, los acontecimientos parecen acelerarse. Desde comienzos de este año, que ahora termina, era de sobra conocido que tendrían lugar un importante número de procesos electorales y que estos serían determinantes. Así, las elecciones estadounidenses y las del Parlamento Europeo quizás hayan sido las más significativas. Pero a estas hay que añadir aquellas que se convocaron sin que tocara, como las legislativas francesas, o las que sucedían en la semiperiferia o la periferia europea, como las rumanas, las georgianas o las moldavas. 

La batalla geopolítica trasciende a Ucrania y a Oriente Medio. La lucha por las narrativas y el relato es esencial también para ganarse a la opinión pública especialmente en países de corte democrático. Y ahí es donde la guerra híbrida opera en varios niveles. Los procesos de deterioro interno de las democracias contemporáneas han provocado una crisis de confianza en las instituciones, pero de manera muy especial, en los intermediarios entre el Estado y la ciudadanía, fundamentalmente los partidos políticos y los medios de comunicación. Esto junto con la cada vez mayor sofisticación de las redes sociales y el perfeccionamiento de la IA constituyen una tormenta perfecta ideal para la creación y difusión de imágenes y narrativas con capacidad de influir en los votantes. 

Desde hace años se lleva alertando frente a las campañas de desinformación, las domésticas, pero también las inducidas (y pagadas) por terceros fundamentalmente a través de unas redes sociales poco reguladas. Se vio en la campaña del Brexit, se volvió a ver en las elecciones norteamericanas de 2016. Pero fue tras el incremento de la tensión en Ucrania y su posterior invasión cuando desde la UE comenzaron a saltar todas las alarmas y Bruselas comenzó a diseñar instrumentos primero de análisis como el EUvsDisinfo, en marcha desde 2018, el Observatorio Europeo de Medios Digitales o la Red Europea de Normas de Verificación de Datos y, posteriormente, lanzando iniciativas de regulación y sensibilización para todo el espacio comunitario. Desde entonces la lucha contra la desinformación se ha situado como uno de los puntos prioritarios de la agenda europea. De este modo se ha adoptado normativa comunitaria en ese sentido como la Ley de Servicios Digitales, la de Inteligencia Artificial o la de Transparencia y Focalización de la Publicidad Política, todas ellas aprobadas muy recientemente. Los verificadores han detectado cómo se difundía información falsa sobre cómo votar, han incentivado la polarización, han creado bulos de toda naturaleza, y, por supuesto, han utilizado cuentas falsas a través de redes sociales. Desde la UE se ha focalizado la lucha contra la desinformación en el desarrollo de políticas de fortalecimiento de las democracias, en la concienciación a la ciudadanía sobre este fenómeno, campañas de alfabetización mediática y la cooperación entre instituciones y Estados.

Pero donde la desinformación opera de manera especialmente sensible ha sido en los procesos electorales. Y ha sido en los casos de Moldavia, Georgia y Rumania donde se está observando de manera continuada y con una mayor incidencia política. La resolución del Tribunal Constitucional rumano del día 6 de diciembre de anular el resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales apenas 48 horas antes de que se celebrara la segunda vuelta de las mismas ha provocado un terremoto constitucional y político no sólo en Rumania, también en el conjunto de la UE, puesto que es la primera vez que desde la UE se consiente y aprueba la anulación de un proceso electoral en marcha en un Estado miembro. El detonante fue en primera instancia la victoria del ultranacionalista y antisemita Georgiescu en la primera vuelta y contra todo pronóstico dejando fuera de la competición a los dos principales candidatos de los partidos tradicionales rumanos, socialistas y liberales. Su campaña en redes sociales, específicamente en Tik-tok, hizo saltar todas las alarmas que, posteriormente, fueron confirmadas tras la desclasificación de informes secretos de los servicios de inteligencia rumanos que mostraban la participación de un tercer actor, posiblemente otro estado sin determinar cuál, que lanzaba propaganda “anti-occidental” en apoyo de Georgescu. Días antes, el lunes 2 de diciembre, el propio Tribunal Constitucional tras revisar todos los votos decidió dar luz verde a la continuidad del proceso.

Muchos son los interrogantes que se abren a estas horas. El primero tiene que ver con la conveniencia de cancelar el procedimiento. La otra candidata a la presidencia, la liberal Elena Lasconi, ha protestado por la anulación de las elecciones planteando, no sin razón, que habría sido el momento de mostrar, efectivamente, la capacidad de reacción de la ciudadanía rumana ante la amenaza ultra. Por otro lado, un escenario en el que se cuestiona la legitimidad y legalidad de todo el proceso deja en muy mal lugar todos los esfuerzos regulatorios llevados a cabo por la UE, y, especialmente, a las autoridades rumanas que el pasado 30 octubre inauguraban en Bucarest el Centro Europeo de Competencia en Ciberseguridad (ECCC), el primer organismo de la UE con sede en Rumania y que perseguía que la UE mejorara su autonomía estratégica en materia de ciberseguridad. El cuestionamiento de la totalidad del proceso electoral además ofrece argumentos de peso para aquellos que plantean que en realidad los procesos electorales en las democracias liberales no son tan limpios ni transparentes como dicen ser. Es decir, se abre la puerta a nuevas teorías de la conspiración.

Otro de los interrogantes que quedan abiertos tiene que ver con el propio resultado electoral. Esta cancelación podría movilizar a votantes que consideran que se les ha hurtado la posibilidad de manifestar su preferencia. Achacar el resultado electoral simplemente a campañas de desinformación obvia el contexto en el que estas se producen y el descontento existente entre la ciudadanía por determinadas políticas. 

Por último, parece relevante una aproximación más autocrítica por parte de las fuerzas políticas e instituciones en relación con los resultados electorales. Si todo es desinformación y es lo que mueve el voto, entonces algo se habrá hecho mal. El análisis grueso podría indicar que todos los casos son iguales cuando, de hecho, no lo son. Tampoco parece adecuado identificar cualquier posicionamiento contra las opciones más asentadas en la UE como pro-ruso puesto que lo único que se puede confirmar es que muchas de las opciones políticas que saltan a la palestra son, eso sí, ultranacionalistas, soberanistas y con tintes autoritarios, pero todo ello no quiere decir que compartan las veleidades geopolíticas de Moscú, el caso georgiano es una de los casos más claros en este sentido. Así, la lucha contra la desinformación debe materializarse, sí, pero cuidado, no vayamos a pasarnos de frenada y en nuestra carrera para combatirla caigamos en la represión, cancelación o negación de la disidencia.

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Ruth Ferrero-Turrión es Doctora Internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM. 

La Fiscalía de Rumanía ha registrado este sábado tres domicilios de un colaborador de Calin Georgescu, el ultranacionalista prorruso que ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales, por sospecha de lavado de dinero, un día después de que el Tribunal Constitucional anulara el proceso electoral, según informa EFE.

La operación se está desarrollando en la localidad de Brasov, a unos 180 kilómetros al norte de Bucarest, según informó la Fiscalía en un comunicado.

En esa nota señaló que la operación forma parte de una investigación sobre "la posible implicación de un individuo en la financiación ilegal de la campaña electoral de un candidato a la Presidencia de Rumanía (...)".

Ese dinero, señala la Fiscalía en su página web, podría proceder de actividades ilegales y haber pasado por un proceso de "blanqueo de capitales".

Aunque la Fiscalía no menciona nombres ni cantidades, el portal Digi24 cita fuentes de la investigación al indicar que la persona investigada es Bogdan Peschir y que habría aportado un millón de euros a la campaña en la red social TikTok de Georgescu, que el pasado día 24 ganó inesperadamente la primera vuelta con el 23 % de los votos, cuando no había superado el 6 % en los sondeos.

El Tribunal Constitucional anuló ayer todo el proceso electoral, por lo que ha quedado cancelada la segunda y definitiva ronda electoral que había sido convocada para mañana y en la que Georgescu iba a enfrentarse a la europeísta conservadora Elena Lasconi.

Ese tribunal justificó su decisión en la necesidad de "garantizar la imparcialidad y legalidad del proceso electoral".

Los medios rumanos indican que Peschir es la persona tras la cuenta de TikTok 'bogpr', de la que salieron pagos de al menos 381.000 dólares para influyentes que contribuyeron a hacer virales los vídeos electorales de Georgescu, un candidato casi desconocido antes de las elecciones.

El Servicio Rumano de Inteligencia ha concluido además que Georgescu estuvo respaldado por una estrategia de injerencia con un "modo de operar de un actor estatal", al que no nombra.

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, apuntó ayer directamente a Rusia y le acusó de estar tras un "esfuerzo de gran envergadura y bien financiado" para influir en las elecciones rumanas, un país miembro de la Unión Europea (UE) y de la OTAN.

Georgescu, con posturas anti-OTAN y críticas con la UE, calificó la decisión del Constitucional de "golpe de Estado oficializado" y aseguró que se "ha pisoteado la democracia". También Lasconi reaccionó en esa línea.

Rumanía afronta una complicada situación política. El mandato del actual jefe del Estado expira el 21 de diciembre y debería ser sustituido interinamente por el presidente del Senado.

Sin embargo, el presidente saliente, el liberal Klaus Iohannis, ha dicho que seguirá en el cargo hasta que un sucesor elegido en las urnas jure sus funciones, y que el Gobierno debe convocar el nuevo proceso electoral.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo de gran coalición entre socialdemócratas y conservadores está en funciones.

El país celebró el pasado día 1 elecciones legislativas en las que las fuerzas europeístas consiguieron el apoyo de más del 55 % de los votos frente al 33 % de los partidos ultranacionalistas y de extrema derecha, críticas con la UE.

El Tribunal Constitucional de Rumanía anuló este viernes la primera vuelta de las elecciones presidenciales del pasado 24 de noviembre, ganadas por el prorruso Calin Georgescu, por lo que el proceso electoral debe ser repetido, informa EFE.

La alta corte decidió por "unanimidad" anular "todo el proceso electoral relacionado con la elección del presidente de Rumanía" cuando la segunda vuelta entre el ultranacionalista Georgescu y la europeísta Elena Lasconi estaba lista para celebrarse este domingo.

"El proceso electoral para la elección del presidente de Rumanía será reiniciado en su totalidad, correspondiendo al Gobierno establecer una nueva fecha para la elección", agrega el tribunal sobre una decisión sin precedentes en los 35 años de democracia en el país balcánico de 19 millones de habitantes.

En el breve comunicado en el que se anuncia la decisión no se informa de los motivos de esta anulación, y se limita a afirmar que estas se publicarán en el texto completo de la decisión en el Boletín Oficial.

Esta anulación, que ha causado una nueva convulsión en un país que ha vivido un terremoto político desde que Georgescu ganase contra pronóstico la primera vuelta con el 22,9 % de los votos, se produce cuando en las urnas ya se habían abierto en la segunda ronda para los rumanos de la diáspora.

Esta decisión se toma después de que varios informes de inteligencia desclasificados el miércoles por el actual presidente, Klaus Iohannis, confirmaron que la campaña de Georgescu fue impulsada por una estrategia de injerencia vinculada a un "actor estatal", identificado por la prensa rumana como Rusia.

Una red de 25.000 cuentas de TikTok y grupos de Telegram coordinados desde 2022 amplificaron la presencia de Georgescu, respaldados por un millón de euros en financiación externa, pagos a influencers y técnicas avanzadas para evadir la detección de bots.

Además, en otro informe se indica que se registraron 85.000 ciberataques contra Rumanía atribuidos a Rusia, dirigidos a dividir la sociedad y promover narrativas antioccidentales.

Georgescu ha venido sosteniendo que no gastó nada en su campaña y que todo es un ataque contra su persona y su candidatura. El candidato ultraderechista no contó con el apoyo de ningún partido, apenas dio entrevistas ni mítines y centró su campaña en redes sociales, especialmente TikTok, donde logró cientos de millones de visualizaciones.

El Partido Socialdemócrata (PSD) ha ganado las elecciones legislativas del domingo en Rumanía, con el 22,6% de los votos, mientras que la ultranacionalista Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR) quedó segunda con el 18,1%, según confirmó este lunes la Autoridad Electoral Permanente (AEP) tras el recuento del 99,4% de las papeletas y ha recogido EFE.

En el último escalón del podio quedó el Partido Nacional Liberal (PNL, de centroderecha), que gobernó los últimos cuatro años en coalición con el PSD, con el 14,4% de los votos. En cuarta posición quedó la formación nacionalista de centro Unión Salvar Rumanía (USR), con el 12,1%.

Por otro lado, dos partidos menores de ultraderecha pudieron superar el umbral del 5% para poder entrar en el Parlamento: S.O.S. Rumanía, con un 7,6%, y el Partido de los Jóvenes (POT), con el 6,3% de los votos. Asimismo, la formación de la minoría húngara, Unión Democrática de los Húngaros de Rumanía (UDMR), consiguió el 6,5 % de los votos y también estará en el Parlamento.

Los resultados indican que, frente a los pronósticos, las fuerzas ultranacionalistas y de extrema derecha no pudieron aumentar su apoyo lo suficiente como para cambiar a fondo la situación en el Parlamento, pese a que la AUR duplicó sus votos respecto a los resultados de 2020. Los partidos ultranacionalistas, AUR, S.O.S. Rumanía y POT, acaban sumando el 32% de los votos.

En la primera vuelta de las elecciones presidenciales de la pasada semana, el ultranacionalista prorruso Calin Georgescu logró una inesperada victoria, por lo que analistas predecían una importante auge de la extrema derecha en Rumanía.

Por su parte, las fuerzas europeístas (PSD, PNL, USR y UDMR) sumaron un apoyo 55,5% de los votos, con lo que podrían controlar tanto la Cámara de Diputados como el Senado si llegan a acuerdos. "La señal enviada por los rumanos es que hay que seguir desarrollando el país con dinero europeo pero, al mismo tiempo, proteger nuestra identidad, nuestros valores nacionales y nuestra fe", dijo tras las elecciones Marcel Ciolacu, el actual primer ministro socialdemócrata.

"Hemos tenido durante mucho tiempo gobiernos traidores. La corrupción y el saqueo del país han quedado impunes", afirmó por su parte George Simion, presidente del ultranacionalista AUR, agregando que "Rumanía no se salvará con políticos corruptos ni con una élite que ha vendido su alma al globalismo".

Se espera que el Tribunal Constitucional decida este lunes si valida o anula los resultados de la primera vuelta presidencial, contra los que se han presentado dos recursos de impugnación. Por otra parte, las autoridades también tendrán que informar sobre el resultado del recuento de los votos emitidos en la primera vuelta de las presidenciales, tal como lo pidió el Constitucional.