El ex director general de Trabajo de la Junta andaluza entre los años 1999 y 2008 Francisco Javier Guerrero ha afirmado este miércoles que "nunca" ha hablado del fondo de reptiles, aclarando que no podía hacerlo cuando tenía "una partida presupuestaria —22E y 31L— con memoria y que se aprobaba anualmente con las leyes de presupuestos de la Junta de Andalucía". "Nunca salió de mi boca, se ha tergiversado para pensar que teníamos fondos reservados", ha insistido.

Así se ha pronunciado Guerrero a preguntas de su defensa en la novena sesión del juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos por el Gobierno andaluz.

Tras concluir el visionado de la declaración de Guerrero ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, en octubre de 2015, que ha ratificado con una salvedad, el ex director general ha aclarado algunas cuestiones de sus declaraciones anteriores. Así, ha señalado que las ayudas sociolaborales se otorgaban bajo el amparo de la Orden ministerial de 1995 y el convenio marco entre IFA y Empleo de 2001 que marcaba la forma de gestión de estas ayudas.

Los 'intrusos', un "ahorro administrativo" de las aseguradoras

Sobre la presencia de intrusos en los expedientes, que ha recalcado que eran individuales, Guerrero ha señalado que se debía a "un ahorro administrativo" de las compañías aseguradoras, quienes nombraban los expedientes "con el nombre de la empresa a la que pertenecían la mayoría de los trabajadores beneficiarios" e incluían los pertenecientes a otras sociedades o a los trabajadores con ayudas individuales.

De otro lado, Guerrero ha defendido la "honestidad" de los miembros de los gobiernos de la Junta durante su etapa al frente de la Dirección General de Trabajo y, en esta línea, ha negado "imposiciones" del exconsejero de Empleo José Antonio Viera, que "sólo se preocupaba de los problemas que afectaban a Sevilla y a toda Andalucía". "No hubo imposición, sólo reflexiones y explicaciones", ha reiterado Guerrero.

El letrado ha asegurado que Guerrero "estaba bien" y que en los últimos meses presentaba una actitud "animada" porque "parecía que le iban a empezar a salir mejor las cosas".

Guerrero fue condenado en noviembre de 2019 por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla a siete años, once meses y un día de cárcel y 19 años, seis meses y un día de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación, por el procedimiento específico a través del cual eran canalizadas las subvenciones autonómicas con las que fueron financiados los ERE fraudulentos y ayudas directas y supuestamente arbitrarias a empresas.

En junio de este año, Guerrero formalizó su recurso de casación con destino al Tribunal Supremo (TS) alegando cuatro motivos, comenzando por una "infracción de preceptos penales, así como otras normas que deberían necesariamente ser observadas para dictar sentencia", pues la sentencia impugnada no tiene en cuenta "legislación aplicable" en el caso, como la orden ministerial de 1994 que regula la concesión de ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad social, a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas; o el decreto estatal de 2013 sobre normas especiales para la concesión de ayudas extraordinarias a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas, entre otras regulaciones invocadas.

El fiscal Manuel Fernández fue el encargado de dar lectura a su informe final en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 21 ex altos cargos –al principio eran 22–, entre ellos Chaves, Griñán, seis exconsejeros, tres exviceconsejeros, cinco ex directores generales, tres ex secretarios técnicos, un ex interventor general de la Junta y un ex jefe del gabinete jurídico. La plana mayor de una década de poder socialista en Andalucía. La plana mayor de una década de poder socialista en AndalucíaEl fiscal ha realizado una defensa cerrada de los peritos pertenecientes a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que han intervenido en la prueba pericial conjunta, subrayando su "alta cualificación y experiencia".

"Todas" las conclusiones de sus informes están "justificadas en la norma y legislación", al tiempo que "no han obviado lo que pudiera favorecer a la defensa de los acusados", señaló. Si los peritos de la IGAE se han basado en la norma vigente, "no tanto" los peritos propuestos por las defensas, quienes, por ejemplo, "de forma sesgada han querido establecer un nuevo marco normativo" sobre las ayudas investigadas, añade la Fiscalía. Le tocará al tribunal presidido por el juez Juan Antonio Calle decidir qué peritos tienen razón en su interpretación sobre la legalidad del sistema y de las conocidas como transferencias de financiación, la figura administrativa en cuestión.

La Fiscalía aprecia en los informes de los peritos de las defensas y en sus declaraciones en el juicio "falta de estudio y actuación sobre la documentación relativa al programa presupuestario 31L", el conocido informalmente como "fondo de reptiles", con el que la Dirección General de Trabajo concedía las ayudas y cuyos fondos llegaban al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), a través de transferencias de financiación, en virtud del convenio marco de julio de 2001 firmado entre la Consejería de Empleo y el IFA. Todos los elementos de la ecuación son atacados por la Fiscalía: la transferencia, la comprobación previa y posterior, las competencias para entregar el dinero, los destinatarios... El Ministerio Público sostiene que los altos cargos diseñaron, mantuvieron o no hicieron nada por evitar que el dinero saliese indebidamente de la Administración. Los acusa de prevaricación (Chaves) o prevaricación y malversación (Griñán).

"Cajas de pollos"

El primer bloque que ha abordado la Fiscalía sobre las cuestiones jurídicas objeto de esta causa ha sido la naturaleza jurídica de las ayudas concedidas por la Junta y los beneficiarios. "Hablar de expedientes de ayudas para esta Fiscalía es generoso, sobre todo tras el análisis de los papeles que venían en cajas de pollos con documentos dispersos e incompletos", ha asegurado el Ministerio Fiscal, al referirse a los "mal llamados expedientes" de concesión de las subvenciones. Para la Fiscalía las ayudas investigadas eran subvenciones excepcionales y los "reales" beneficiarios eran las empresas, frente a las tesis de algunos peritos de parte, que no comparte "por absurdas", según las cuales los beneficiarios eran los trabajadores.

El fiscal considera que la premisa básica de los acusados de que los beneficiarios son los trabajadores "no responde a la realidad", sino que busca el "efecto" de "soslayar" la obligación de comunicar a la Unión Europea las ayudas a empresas, evitar la publicidad e impedir que otros colectivos o empresas denuncien la vulneración de la competencia. Considerándolas subvenciones a trabajadores "se impide que tengan que ser aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Junta en función de su importe", añadió.

Sobre la obligatoriedad de comunicar las ayudas a empresas a la Unión Europea, el fiscal asegura que debía ser conocida. "Teniendo en cuenta los antecedentes –los reparos de la intervención delegada de Empleo en el año 2000 a la ayuda a Hamsa por no haberse comunicado y que supuso la obligación de comunidad europea de devolver el importe de la misma–, no era baladí ni desconocido" por el Gobierno andaluz. "No cabe que los encausados no conozcan la realidad de las ayudas que se pretendían conceder como ayudas sociolaborales", afirmó.

"Vaguedad", "inconcreción"...

Las defensas han pedido la absolución de los acusados. "Déficit de concreción, insuficiencia, vaguedad, inconcreción o generalidades" son algunos de los términos usados por los abogados de las defensas. Y ello al margen de alegaciones de tipo técnico y formal. El abogado del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, por ejemplo, ha anunciado la impugnación de la prueba en la que participaron los permitos de la Intervención General del Estado. Según la defensa de Zarrías, la prueba ha consistido en explicar al tribunal la ley, cuando la misma ya debe ser conocida con sus integrantes. Se vulneraría así el principio iura novit curia, que significa "el juez conoce derecho". La pericia del IGAE es crucial para la acusación.

El abogado del exconsejero de Empleo José Antonio Viera ha sido uno de los más insistentes en la "falta de concreción, insuficiencia y vaguedad de los hechos imputados". Las intervenciones más extensas han sido las de las defensas del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo y del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero. La letrada del exconsejero se ha opuesto a las "genéricas acusaciones, que no individualizan ni concretan la parte referente a los hechos" sobre su representado. La defensa de Guerrero ha insistido en que el que fuera director general, considerado el responsable más directo del reparto de los fondos, actuó "dentro de los límites legales" y con un sistema "dado pos sus superiores, consejeros y viceconsejeros". El abogado de Guerrero ha señalado que su cliente concedió las ayudas al amparo de la normativa estatal de 1995.

Cárcel para Griñán

El ministerio público sigue pidiendo 6 años de cárcel para José Antonio Griñán por malversación y prevaricación y 10 de inhabilitación para Manuel Chaves por prevaricación. También mantiene petición de penas para otros 20 ex altos cargos.

El juicio que entra en su última fase es de la llamada pieza política del caso de los ERE, no de todo el caso. Lo que se dirime en la Audiencia Provincial es si hubo un concierto "expreso o tácito" para permitir el reparto sin control sin control entre 741 y 855 millones en ayudas para empresas en crisis entre 2000 y 2011. Se enjuicia el sistema en sí, no cada una de los supuestos delitos cometidos aprovechándose de ese sistema. Se enjuicia el modelo, no los aprovechamientos delictivos al calor de los agujeros de dicho modelo. No se acusa a nadie de llevarse dinero al bolsillo, sino de saber que había un sistema que permitía a otros entregar dinero sin control y no evitarlo, o incluso promoverlo.

Antes de terminar el juicio, previsiblemente en noviembre, los acusados tendrán derecho a la última palabra. Entonces el tribunal presidido por el juez Juan Antonio Calle empezará su deliberación sobre la base de una montaña de material acumulado desde el inicio del juicio el 13 de diciembre. La sentencia se espera para final de primavera o principio de verano de 2019. Pero los ERE se han metido ya en la campaña de las autonómicas del 2 de diciembre.  

El caso pone el foco en la antigua fundación contra el paro de la Junta, extinguida en 2001 y convertida en ejemplo del sobredimensionamiento lo que los sindicatos críticos y partidos de la oposición llaman "administración paralela". Con cargo a un terminal de dicha administración se acabaron pagando noches en La Casita, Don Ángelo, Top Show, Club Bahía 2 y Sala Delux, a los que se suman gastos en restaurantes y discotecas, entre otros. Un informe de la Guardia Civil señala además que se produjeron manipulaciones contables tras los gastos privados con fondos públicos para su ocultación, intentando aparentar que las cantidades eran respuestas. Durante los seis años (2004-2010) en que se prolongó la situación no saltó ni una alarma en la administración. Aunque la Faffe cerró en 2011, hasta 2016 no fue registrada la baja en el Registro de Fundaciones. 

La Consejería de Empleo aclara que las cuentas de la fundación fueron auditadas tres veces a lo largo del proceso de liquidación, la última tras un concurso público en 2014. "Sus conclusiones se remitieron a la Intervención General de la Junta de Andalucía, a la comisión de investigación del Parlamento sobre formación, al juzgado instructor. La consejería recuerda que el Tribunal de Cuentas descartó la existencia de "actos con alcance contable que requiriesen un reintegro posterior en la subvenciones concedidas a la Faffe".

"Los apuntes sólo recogían 'Liquidación tarjeta' y eran, desde un punto de vista estrictamente contable, correctos. Una vez conocida la posible existencia de  pagos que podrían ser irregulares desde la consejería se solicitó a las entidades bancarias  los extractos, se trasladó al juzgado el primero de los extractos recibidos, y se solicitó la declaración de Fernando Villén".

Una fundación en el punto de mira

La Faffe fue fundada en 2003, con Manuel Chaves en la presidencia de la Junta, José Antonio Viera como consejero de Empleo y Francisco Javier Guerrero como director general de Empleo. Los tres están imputados en los ERE. Fuentes de la administración calculan en unos 1.500 el número de trabajadores que alcanzó la fundación. "¿Para qué se creó? Está muy claro. Para hacer como administración paralela lo que no puedes hacer como administración pública. Para gestionar dinero público con menos controles, como si fuera dinero privado. Se convirtió en un punto neurálgico de los cursos de formación, que ya sabemos cómo acabaron", señala el parlamentario andaluz Juan Ignacio Moreno Yagüe, que representó a Podemos en la comisión de investigación sobre los cursos. Moreno Yagüe también apunta a los menores controles para la contratación de personal de estos organismos en comparación con la administración funcionarial.

La fundación se extinguió en 2011, pero la justicia aún persigue sus actividades. La jueza María Núñez Bolaños ha imputado al menos a 23 personas por contratos supuestamente irregulares para la realización de cursos de formación de la Faffe, por valor de 9,4 millones de euros. Aunque la llamada pieza política de la formación que impulsó Mercedes Alaya se cayó a lo largo de la instrucción, el caso sigue vivo en diversas piezas, como la que afecta a las empresas del exconsejero Ángel Ojeda, las ayudas a Delphi o la de la Faffe, entre otras. Los imputados por Núñez –sucesora de Alaya en el célebre juzgado de instrucción 6– por la Faffe declararon a lo largo de los meses de enero y febrero, explican fuentes judiciales.

Las supuestas irregularidades de los cursos, pese a su gravedad, están casi amortizadas políticamente. Pero en las entrañas de la Faffe latía una bomba de relojería en forma de juergas en burdeles con cargo al erario público que ha venido a explotar en 2018. No es que hasta este año la Faffe no haya estado en el punto de mira. De hecho es la fundación más cuestionada de la administración pública andaluza.

Un informe de la Cámara de Cuentas desveló en 2014 que entre 2009 y 2010 la fundación había recibido 49 millones de euros sin suficiente justificación. Aunque lo más singular de la Faffe está en el apartado de personal. El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) denunció en mayo de 2018 ante el juzgado 16 de Sevilla que la Faffe fue epicentro de una dinámica de "clientelismo" y "nepotismo" basada en contrataciones irregulares de personal, al margen del mérito y la capacidad. El SAF daba incluso decenas de nombres de exalcaldes y exconcejales del PSOE, así como de familiares, amigos y convecinos de cargos socialistas. Un portavoz del SAF afirma que tras su cierre el grueso de la plantilla de la Faffe fue absorbida por los servicios centrales de la consejería y por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), asumiendo trabajadores que habían accedido sin méritos acreditados. Son más de 1.000 trabajadores los absorbidos, según el SAF.

Accesos al empleo bajo sospecha

El juzgado archivó la denuncia del SAF, al no ver relevancia penal. infoLibre preguntó a la Consejería de Empleo cuántos trabajadores tiene, tanto en los servicios centrales como en los organismos dependientes, cuántos provienen de la Faffe y qué funciones tienen, y cómo accedieron a su puesto de trabajo las personas señaladas por el SAF. La Consejería está trabajando en la recopilación de dicha información, señalaron desde el departamento. El PP, que ha sido el partido que ha denunciado públicamente los gastos en prostíbulos, se refiere a la Faffe como "agencia de colocación" del PSOE.

El sobredimensionamiento de la plantilla de Empleo a raíz de la subrogación de trabajadores de la Faffe es un hecho conocido. " No se puede permitir que haya gente cobrando y mano sobre mano", afirmó en 2016 el entonces portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, una declaración que causó un pequeño terremoto. Además el acceso por caminos torcidos a la función pública es un viejo conocido de la Consejería de Empleo. El que fuera director de Empleo, Francisco Javier Guerrero, incorporó trabajadores a la consejería a través de la contratación en una empresa privada, Umax, a la que accedían sin el menor control, en base a indicaciones del propio Guerrero al propietario de la compañía, con el que había alcanzado un acuerdo. Así entraron allegados del propio Guerrero, según la investigación judicial.

El caso Umax es otro de los que está pendiente de juicio, todo ello mientras se celebra el juicio de la parte política de los ERE, que será el preludio de un maratón de juicios por distintas ayudas concedidas con cargo al "fondo de reptiles" supuestamente irregulares. A ello se suman las piezas del caso de la formación en instrucción, entre ellas la Faffe. Es decir, aún le queda amplio recorrido judicial a los años de descontrol en Empleo.

Villén, citado a declarar

Pero ha sido la Faffe lo que se ha convertido ahora en un quebradero de cabeza para el Gobierno andaluz en la apertura de la carrera electoral. Y no por las supuestas irregularidades en las ayudas recibidas o por el modo de acceso al empleo público, sino por las tarjetas de crédito. El PP viene denunciando desde mayo los gastos en prostíbulos con cargo a tarjetas oficiales por parte de quien fue director general de la fundación, Fernando Villén. La jueza Núñez Bolaños está instruyendo una investigación. El propio Villén está citado a declarar este jueves, confirmaron fuentes judiciales. Y además hay un informe de la Guardia Civil entregado al juzgado de Núñez Bolaños el pasado 2 de octubre, y cuyo contenido fue dado a conocer este lunes por el PP, que pone negro sobre blanco seis años de gastos personales con cargo al erario público.

El gasto con las tarjetas de Villén en prostítubos asciende a unos 32.000 euros. Las fechas son importantes para poner el contexto. Por ejemplo, Villén cargó con una de sus seis tarjetas oficiales 15 pagos por valor de 14.737 euros entre las 20.57 del 22 de marzo de 2010 y las 2.43 horas del 23 en Don Ángelo. Ese mismo 22 de marzo había sido cesado el que era consejero de Empleo, Antonio Fernández, responsable político máximo de la Faffe, que ha acabado imputado en numerosas piezas del caso de los ERE y ha pasado por prisión preventiva. ¿Fue la juerga una especie de homenaje tras el cese de Fernández? ¿Quién más estaba presente y participó?

El caso evoca las juergas con alcohol y cocaína con dinero público que desveló durante la instrucción de los ERE el chófer de Guerrero. Además de los 31.969 euros en clubs de alterne con tarjetas de crédito en 12 pagos, a los que se suman 306 en un pago en efectivo, hubo gastos de casi 22.000 euros en restaurantes, 1.805 en hoteles, 173,79 en un taller, 113,9 en El Corte Inglés y 136,1 en la discoteca sevillana Buddha, entre otros cargos. También hay más de 11.000 euros en peajes. Hay más de 4.000 euros que la Guardia Civil no ha conseguido identificar. Los gastos de las tarjetas de Villén ascienden a 72.486,73 euros. No sólo Fernando Villén tuvo tarjetas. También tuvo dos su hermano Manuel Villén, que fue director de Administraciones Públicas de la Faffe, aunque sólo las empleó para pagar peajes de autopistas, con las que realizó 871 pagos, por un importe total de 8.109,03 euros entre 2006 y 2011, según el informe policial.

"Camuflaje contable"

Al margen de los aspectos cuantitativos, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil advierte una "dinámica dirigida a camuflar contablemente" los gastos del que fue máximo responsable de la Faffe, "a todas luces alejados de cualquier actividad de representación de la fundación". Los investigadores policiales creen que la Faffe introducía falsos asientos contables con supuestas devoluciones del dinero. "Estas supuestas devoluciones entran en contradicción directa con declarado en sede policial" por trabajadores de la Faffe, señala el informe de la UCO, que apunta indiciariamente a la comisión de un delito de malversación.

La Guardia Civil no se cree las supuestas devoluciones del dinero. Fernando Villén declaró a ABC en mayo, cuando aún no se conocía el informe de la UCO que pone de relieve que no hubo una sola noche de burdel, que cargó "por error" un pago en un club de alterne a la Faffe, pero que después lo arregló. "Si hubiera tenido que meter el PIN, ese error no se hubiese producido, pero te salía un papelito, tú lo firmabas y ya está", declaró Villén. Esta versión es difícilmente compatible con más de una decena de noches de prostíbulo con seis tarjetas oficiales.

Responsabilidades políticas

Todos los gastos en cuestión se producen antes de que ninguno de los actuales miembros del Gobierno andaluz ocupara ninguna consejería, y antes de que la actual presidenta, Susana Díaz, formase parte del Ejecutivo autonómico. No obstante, la oposición, en plena precampaña electoral, trata de impedir que el caso se despache aludiendo a que es una etapa anterior.

La oposición acusa al Gobierno de obstruir el acceso a la información y apunta al consejero de Empleo, Javier Carnero.La Junta puso a disposición del juzgado la información sobre los gastos del 1 de junio. Pero el consejero de Empleo no aludió a la misma durante una comparecencia dedicada a las "tarjetas black" de la Faffe en la comisión del ramo que tuvo lugar el 22 de marzo sobre la Faffe. El 31 de julio Carnero volvió a comparecer, pero la oposición no se dio por satisfecha y se acabó aprobando una comisión de investigación que ha quedado abortada por la disolución del Parlamento.

La Consejería de Empleo recuerda que el consejero ha abordado este tema en diez comparecencias en el Parlamento, "ofreciendo la información disponible". Y añade que Villén ha sido citado a declarar a petición de la propia Junta.

La parlamentaria del PP Teresa Ruiz Sillero afirma que la Junta conoce los hechos desde el principio, y que he hecho sigue resistiendo a proporcionarle información sobre el proceso de liquidación de la Faffe. "Tienen mucho que ocultar", afirma.

"Más de 3 millones de registros contables"

La Junta lo niega y asegura que está colaborando con la justicia. La Consejería de Empleo añade que ha remitido a la justicia "más de 3 millones de registros contables" de 2003 a 2011, años de fundación y extinción de la Faffe. "Se han atendido las peticiones de libros y anotaciones de registro de entrada correspondientes a esos mismos años. Se ha entregado a la UCO acceso completo y sin restricciones a los programas de contabilidad usados por este organismo (SAP y Navision), así como un equipo informático, y se les ha brindado la formación técnica necesaria para utilizarlos convenientemente. Y ha sido la propia Consejería la que ha solicitado a las entidades bancarias los extractos de las cuentas y ha trasladado, por intermedio del Gabinete Jurídico de la Junta, la información proporcionada por Unicaja, y la necesidad de reiterar desde el Juzgado la petición de información a Caixabank, ante la falta de respuesta oficial", señala la Consejería.

Según Empleo, Caixabank no facilita la información solicitada. infoLibre preguntó a Empleo cuántas tarjetas hubo en total, información que aún está recabando.  

El juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y 20 ex altos cargos por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos se ha retomado este lunes con interrogatorio al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, que se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar y no ha ratificado sus primeras declaraciones ante la Policía Nacional, la Guardia Civil y la juez instructora que comenzó a investigar los hechos, Mercedes Alaya, alegando que cuando las hizo tenía una "tremenda presión mediática y de la policía" para que declarara.

Pasadas las 10.30 horas de este lunes ha comenzado la séptima sesión de la vista oral con el interrogatorio a los imputados, siendo el primero el ex director general de la Junta, que se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar, expresando del mismo modo que no va a contestar a ninguna pregunta del Ministerio Fiscal y las acusaciones del PP-A y Manos Limpias, de forma que sólo contestará a las que le realice su abogado, Fernando de Pablo.

A continuación, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Sala dar lectura a las declaraciones prestadas por Francisco Javier Guerrero ante la Policía y Guardia Civil y en fase de instrucción en el marco de la investigación abierta por los expedientes de regulación de empleo irregulares. El tribunal, presidido por el magistrado Juan Antonio Calle Peña, ha accedido a esta petición.

Tras la lectura de la primera declaración, realizada en marzo de 2011 ante la Policía, De Pablo ha cuestionado a su cliente si ratificaba la misma, a lo que Guerrero ha afirmado que "no", alegando que cuando la hizo "tenía una presión tremenda mediática y de la policía para que declarara". "No la voy a ratificar", ha reiterado, añadiendo que la declaración leída "no recoge exactamente lo que dijo textualmente" en algunas cuestiones.

Igualmente ha alegado los mismos motivos para no ratificar la primera declaración realizada ante la Guardia Civil el 26 de enero de 2012 y la segunda el 21 de febrero del mismo años tras ser preguntado por su abogado una vez que ha concluido la lectura por parte del tribunal.

Los mismos argumentos "de presión" ha expuesto Francisco Javier Guerrero para no ratificar la declaración prestada –su lectura no ha concluido este lunes– en calidad de imputado el 7 de marzo del mismo año ante la por entonces juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que inició la investigación sobre una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos ERE financiados con cargo a la partida 31L, así como su destino general.

Declaraciones de Guerrero

En este sentido, cabe recordar que la primera comparecencia de Guerrero ante la Guardia Civil versó sobre las "ayudas a empresas" libradas directamente a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), actualmente Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), con cargo a la famosa partida presupuestaria 31L, conocida como fondo de reptiles a cuenta de la expresión usada por el propio Guerrero para describir el destino de las partidas.

En ese sentido, dijo que nunca adoptó "decisiones personales" para otorgar estas subvenciones, pues eran "codecisiones compartidas". Además, defendió que "daba cumplimiento a un mandato" dirigido a consolidar "la paz social" solucionando las situaciones de "personas, empresas y territorios en crisis".

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al respecto de la segunda declaración, concluyó que el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, "jugó un papel esencial" en las ayudas concedidas a empresas de la Sierra Norte. Guerrero también se refirió entonces al diputado socialista en la pasada legislatura Ramón Díaz y el ex delegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas. Además, fue preguntado por los 900.000 euros en ayudas concedidos a dos empresas de su exchófer, Juan Francisco Trujillo.

Tres días antes de Alaya

En su primera declaración ante la juez Mercedes Alaya, que se prolongó durante tres días, Guerrero declaró que "nadie del Gobierno de la Junta puede decir que se haya hecho algo a sus espaldas". "Cada consejero se interesaba por las ayudas a su provincia", añadió. "Todo el mundo sabía de esas ayudas, que se otorgaban de forma discrecional y sin orden reguladora, y nadie puso reparos", dijo Guerrero, añadiendo que "la idea" de conceder las ayudas de este modo fue "política".

Guerrero dijo entonces sospechar que parte de las comisiones que cobraban las aseguradoras –Vitalia o Uniter– que tramitaban las pólizas de las ayudas "iban a parar" a las organizaciones sindicales y también negó que fuera él quien autorizase los abonos a los despachos de abogados que prestaron asesoramiento en los ERE. Igualmente, negó haber inducido a su chófer a falsificar la firma de su madre para que recibiese una ayuda de 125.028,01 euros, manifestando entonces que "si llega a falsificar la firma en su presencia y en su despacho, en ese momento saldrían Juan Francisco Trujillo y la póliza por la ventana".

Antes de que fuera llamado a declarar Francisco Javier Guerrero, el abogado del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez ha solicitado que su representado pueda ausentarse de las sesiones por cuestiones de salud después de haber sufrido una lesión en sus miembros inferiores, petición admitida por el tribunal.

La sesión de este lunes ha finalizado minutos antes de las 15,00 horas sin que haya concluido la lectura de la declaración de Guerrero ante Alaya, que proseguirá mañana a partir de las 10,00 horas y a la que seguirá la que prestó ante la actual juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños. Por su parte, la defensa del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, segundo en declarar, ha solicitado la "posposición" del interrogatorio a su representado alegando una "disfonía incapacitante" hasta que su voz se lo permita, cuestión que resolverá este martes el tribunal y que de prosperar sería el exconsejero de Empleo José Antonio Viera el siguiente.

Rechaza suspender el juicio

La Sección Primera, en un auto con fecha de 9 de febrero, ha rechazado la petición realizada por varias defensas para que se suspendiera el juicio en tanto no se diera traslado del contenido probatorio admitido a la Fiscalía y al PP-A al inicio de la vista oral. En este sentido, pone de manifiesto que "la queja de las defensas choca frontalmente con la doctrina" del Tribunal Supremo y con el criterio del Tribunal Constitucional.

De este modo, la Audiencia añade que, "aplicando la doctrina y teniendo en cuenta la larga duración de este juicio y la suspensión del mismo desde el 15 de enero hasta el 12 de febrero para resolver sobre las cuestiones previas planteadas, las pruebas propuestas pueden practicarse en el acto, es decir, sin necesidad de suspender o aplazar el juicio".

Según expone el tribunal, "parece que los solicitantes olvidan que al inicio del juicio solicitaron nuevas pruebas", por lo que "la protesta resulta incomprensible". En este sentido, argumenta que "en la admisión de las pruebas propuestas se ha respetado el principio de contradicción y de igualdad de armas", agregando que "la pretensión de las partes de que suspenda la continuación de la vista prevista" para este lunes "resulta manifiestamente insostenible" y "extemporánea", ya que "tuvieron conocimiento de las pruebas propuestas por las acusaciones en las sesiones del juicio dedicadas a las cuestiones previas".

Por este motivo, los abogados de la defensa han mostrado su protesta este lunes al inicio de la sesión.

La primera sesión fue un prólogo del prólogo. Chaves y Griñán, sentados el uno junto al otro en primera fila y conversando frecuentemente entre sí en voz baja, asistieron a la lectura de los cargos con rostro serio. En la primera fila estaban también los exconsejeros Gaspar Zarrías, José Antonio Viera, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo y Magdalena Álvarez. Parecía la foto de un Consejo de Gobierno, pero era un banquillo de los acusados. Este elemento gráfico fue lo más sustancial de la jornada.

El único consejero que no estaba sentado en primera fila era Antonio Fernández, también el único que ha pasado por prisión preventiva. Justo detrás de Chaves estaba Javier Guerrero, director general de Empleo de 1999 a 2008 y supuestamente el mayor responsable de la concesión de ayudas del conocido como "fondo de reptiles" dotado con 855 millones entre 2000 y 2011. Los acusados aguantaron el tipo durante cinco horas de liturgia intrascendente, sin descomponerse, más con aire ausente que otra cosa. Todos sabían que las cámaras los apuntaban. Guerrero, más revoltoso, jugueteaba con su paquete de tabaco.

No hubo gentío ni espontáneos abucheando o insultando a los políticos a su llegada al edificio de la Audiencia Provincial, una imagen que sí se dio en la fase de instrucción. El fuerte despliegue policial no tuvo apenas trabajo. Casi que el mayor revuelo lo ocasionó la llegada de Mercedes Alaya, que inició la instrucción de la causa y está –aunque ya no tiene competencia alguna sobre el caso– en la mente de muchos.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 14 años de cárcel para el exdirector general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero y su exchófer Juan Francisco Trujillo en relación a las cuatro ayudas de los ERE fraudulentos por un montante total de 1.475.028,01 euros que el primero concedió al segundo y parte de las cuales supuestamente habrían ido destinadas a la compra de cocaína.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público acusa a ambos de delitos continuados de falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación de caudales públicos, por los que les pide 14 años de prisión, 30 años de inhabilitación y el pago de una indemnización de 1.475.028,01 euros.

De igual modo, la Fiscalía solicita seis años y tres meses de cárcel para el administrador de una de las empresas del exchófer, Isidoro Ruz Espigares, y seis años de prisión para el que fuera directivo de Vitalia Antonio Albarracín.

La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los ERE fraudulentos, procesó al ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero y a su exchófer Juan Francisco Trujillo en relación a las cuatro ayudas por un montante total de 1.475.028,01 euros que el primero concedió al segundo, y parte de las cuales supuestamente habrían ido destinadas a la compra de regalos y de cocaína.

En un auto difundido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada procesa por delitos de prevaricación, malversación, falsificación de documento mercantil y tráfico de influencias a Guerrero, a Trujillo, al que fuera directivo de Vitalia Antonio Albarracín y al administrador de una de las empresas del exchófer, Isidoro Ruiz Espigares.

Asimismo, la juez archiva la causa contra la madre y la mujer del exchófer de Guerrero, Estrella Blanco García y Juana Gallego Rico, respectivamente, porque no ha quedado acreditada la existencia de mínimos indicios de su participación en los hechos, aunque acuerda traer a esta última al procedimiento como beneficiaria a título lucrativo por las ayudas que recibió su marido.

En el auto, fechado este mismo viernes, la instructora considera que "de forma indiciaria" puede concluirse que Guerrero "otorgó de forma arbitraria y con ánimo de lucrarse él mismo y Juan Francisco Trujillo, persona vinculada laboralmente a Guerrero en su condición de conductor de éste, cuatro ayudas".

Según dice la juez, con esta finalidad Guerrero "sugirió" a su entonces chófer que creara dos empresas y, según declaró el propio Trujillo, "le dijo que como tenía facultades para conceder subvenciones y que no tenía que justificar nada, podía otorgárselas presentando una memoria muy simple", de manera que el pago "lo acordaría el propio Guerrero".

"Para ello, Guerrero le dijo concretamente que creara las empresas para recibir tales subvenciones, que hiciera una breve memoria y que se la pasara a él", añade la instructora, que indica que, "en ejecución de dicho plan o concierto", el exchófer creó dos sociedades, como son Iniciativas Turísticas Sierra Morena y Lógica Estratégica Empresarial "y presentó dos breves memorias".

Carácter "ficticio" de las empresas

De este modo, ambas empresas recibieron sendas ayudas de 450.000 euros cada una en los años 2004 y 2005, aunque también existe una tercera ayuda por esa misma cantidad concedida a Trujillo como administrador solidario de la sociedad Ave Nueva, en la que aparece como administrador solidario Isidoro Ruiz Espigares.

La juez asevera que "el mecanismo para la concesión de ayudas era el mismo para todas ellas", de forma que "se otorgaban por Guerrero sin más trámite y, posteriormente, para realizar el pago celebraba un convenio entre éste y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en virtud del cual dicha institución debería realizar el pago de las ayudas concedidas, indiciariamente, de forma arbitraria por Guerrero para su lucro y el de sus amigos o conocidos a sabiendas del carácter ficticio de dichas empresas y de la finalidad indiciariamente ilícita de la ayuda concedida".

En este punto, la magistrada apunta que la esposa de Trujillo fue socia de la entidad Iniciativas Turísticas Sierra Morena, de forma que, según su propia declaración judicial, fue en el año 2008 cuando adquirió su vivienda "con el dinero que le entregó su marido procedente de un préstamo que le hizo un amigo de éste", tras lo que suscribió un préstamo hipotecario para devolver parte del préstamo personal de su pareja.

Asimismo, la juez se refiera a una cuarta ayuda concedida "con la única finalidad de beneficiarse económicamente tanto Guerrero como Trujillo" y que se articuló mediante una póliza individual por importe de 125.028,01 euros en la que aparecía como beneficiaria la madre del exchófer de Guerrero, Estrella Blanco García.

"Esta póliza es ideada, indiciariamente, y concertada por Trujillo y Guerrero con ánimo de lucro", asegura la instructora, que afirma que "la firma como tomador Guerrero y como beneficiario pone la firma Trujillo, falsificando, así lo reconoce, la de su madre", tras lo que el ingreso se realizó en la cuenta de la madre del exchófer, de donde Trujillo retiró el dinero, reconociendo en su declaración que realizó "numerosos regalos al señor Guerrero además de la compra de cocaína para ambos".

La intervención de Antonio Albarracín "queda limitada a la referida póliza individual en la que aparecía como beneficiaria" la madre de Trujillo, concluye la magistrada.

La sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas cita para el 24 de febrero a los exdirectores de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, a seis ayuntamientos y a 40 empresas por dos piezas que instruye este órgano fiscalizador relacionadas con los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) detectados por la Junta de Andalucía y por las que se reclama un montante cercano a los cien millones de euros.

Según han explicado a Europa Press fuentes del Tribunal de Cuentas, el procedimiento hace referencia a dos de las tres piezas que instruye este órgano a raíz de una denuncia formulada por el PP de Andalucía en 2011. La instrucción de la tercera pieza aún no está tan avanzada, pero, según han indicado las mismas fuentes, es la que tienen una reclamación más cuantiosa.

Por un lado, por una de esas piezas, la instructora ha citado, a las 9,30 horas, a Guerrero, que fue director general de trabajo de la Junta entre 1999 y 2008, y a su sucesor, Juan Márquez, que ocupó el cargo entre 2008 y 2010. Cabe recordar que los dos están imputados en el proceso penal que instruye la juez Mercedes Alaya.

Por otro lado, a las 13,00 horas deberán comparecer los representantes de seis consistorios y 40 empresas, implicadas por subvenciones directas y ERE con prejubilados que supuestamente no se ajustarían a la legalidad vigente.

Según ha adelantado este viernes el diario El País, el órgano fiscalizador pedirá a los supuestos responsables de las irregularidades que "depositen o afiancen el importe provisional del alcance, junto el cálculo también provisional de los intereses que pudieran resultar procedentes bajo apercibimiento de embargo".

Cabe recordar que, como han explicado fuentes de Cuentas, la causa procede de una denuncia que formuló el PP de Andalucía en el año 2011 por los ERE con el objetivo de que este órgano "depurase responsabilidades contables y, en la medida de lo posible, se reintegren aquellos fondos que han sido indebidamente usados y que deberían servir para pagar a trabajadores en dificultades".

La jueza Alaya ha dado este martes un nuevo golpe sobre la mesa antes de irse de vacaciones. En esta ocasión, ha imputado a 23 personas más en la causa de los ERE fraudulentos de Andalucía, por lo que el número de encausados asciende actualmente a 116, superando al mayor caso de corrupción en España hasta el momento, el caso Malaya, que investiga la gestión del Ayuntamiento de Marbella.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, dirigido por Mercedes Alaya, ha emitido un nuevo auto con fecha 31 de julio en el que se recoge la imputación de 23 nuevas personas por la presunta administración fraudulenta de fondos autonómicos para financiar expedientes de regulación de empleo carentes de justificación, así como diferentes subvenciones a empresas o ayuntamientos andaluces. 

Entre los 23 nuevos imputados se encuentran dos de los hijos del empresario José María Ruiz-Mateos. La jueza los relaciona con el exsindicalista jiennense Juan Lanzas, uno de los principales protagonistas en la trama de los ERE. Los hijos del empresario jerezano habrían estado relacionados con un expediente de regulación de empleo fraudulento en el hotel Cervantes de Torremolinos, propiedad de los Ruis-Mateos. Además, en este nuevo grupo de imputados figuran intermediarios de los expedientes, trabajadores, defraudadores que recibieron indemnización sin haber trabajado y directivos de las empresas Intesur, SOS Cuétara, Cespa, Fuenteovejuna y Saldauto, según informa El Diario de Sevilla.

En este momento, entre los 116 imputados se encuentran el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero; los sucesores de este último en tal cargo, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera; el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá; el exdelegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas; el exsindicalista de UGT Juan Lanzas, los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce; la exministra de Fomento y consejera de Hacienda entre 1994 y 2004, Magdalena Álvarez; y el exinterventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez, entre otros.

La cantidad de imputados puede aumentar a medida que avance la investigación, que intenta esclarecer el destino de los fondos dedicados a los ERE en Andalucía, que ascendieron a 721 millones entre 2001 y 2010.

El Juzgado encargado de investigar los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos en Andalucía, ha decretado el embargo de dos fincas y todos los saldos bancarios del ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Francisco Javier Guerrero y de su sustituto en el cargo, Juan Márquez.

Del primero, el objetivo de confiscarlos no es otro que hacer frente a la responsabilidad civil de 686 millones de euros y no una fianza para eludir la cárcel, pues Guerrero se encuentra en la prisión de Sevilla I desde hace dos semanas.

En concreto, los bienes embargables de Guerrero son unos terrenos que se encuentran en la localidad sevillana de El Pedroso y todos sus saldos bancarios, así como las devoluciones pendientes de recibir de la Agencia Tributaria. La juez Alaya también ha decretado que se recabe información patrimonial del ex director general, a través del sistema informático Consulta Integral del Punto Neutro Judicial.

En otro decreto, el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha decretado embargar también al ex director general de Trabajo Juan Márquez, que sustituyó a Guerrero en el puesto entre los años 2009 y 2010, a hacer frente a una responsabilidad civil de 173 millones de euros.

Márquez verá embargado una vivienda  en la calle Marina de Huelva y otra finca en Lucena del Puerto (Huelva), además de todos sus saldos bancarios y de las devoluciones pendientes de recibir de la Agencia Tributaria.

"Verde y con asas". O lo que es lo mismo: que el PSOE andaluz siente cada vez más cerca la imputación del exconsejero de Empleo (2000-2004) y hoy diputado en el Congreso José Antonio Viera. 

Esa expresión, "verde y con asas", es lo que responde una dirigente socialista muy próxima a José Antonio Griñán cuando se le pregunta si la caída de Viera es cuestión de tiempo. Y la sensación de que así será, antes o después, es bastante compartida, según pudo constatar infoLibre. Pero más allá de la expectativa de un nuevo hachazo judicial –y si la jueza Mercedes Alaya lo da, perdería el caso a favor del Tribunal Supremo, porque Viera es aforado–, más significativo es aún el giro emprendido por el partido frente al caso de los ERE. Más "a la ofensiva", como se define desde dentro, dispuesto a exigir que la investigación llegue "hasta el final" y "caiga quien caiga". "Que se limpie todo lo que haya que limpiarse, porque no va a pagar por esto Griñán, que no tiene nada que ver", aseguran desde el aparato del PSOE-A.

El hoy diputado en el Congreso se ha situado, desde el estallido del caso de los ERE, bajo la sospecha judicial. Fue él quien, como consejero de Empleo, firmó con su entonces viceconsejero, Antonio Fernández (presidente a su vez del Instituto de Fomento de Andalucía), un convenio en 2001 por el que se creó el fondo para empresas en crisis que la Junta dotó de 721 millones de euros para una década. Un procedimiento administrativo que introducía una mayor agilidad en la concesión de las ayudas para los ERE, pero también mucha mayor opacidad y discrecionalidad, al carecer de controles previos. Un camino más corto para dar dinero que, según ha revelado la instrucción de Alaya, se convirtió en un vivero de corrupción durante diez años. La Intervención de la Junta incluso calificó de "legal", aunque "inadecuado", el procedimiento de concesión de ayudas sociolaborales. El sucesor de Viera en el cargo de 2004 a 2010, Antonio Fernández, sí está imputado y estuvo en prisión desde abril hasta agosto de 2012. Viera, además, fue señalado con rotundidad por la Guardia Civil, quien subrayó su "papel esencial" en algunas subvenciones investigadas.

Comparecencia de Griñán mañana miércoles

La ola de detenciones ordenada por Alaya el pasado 19 de marzo, en la llamada operación Heracles, no ha puesto en entredicho la posición de Griñán, según interpretan sus compañeros de partido. Porque "por fin" se ha tirado del hilo, dicen, que apuntaba la Junta, el del "rastro del dinero". Esto es, la jueza se ha dirigido contra los intermediarios de los presuntos ERE fraudulentos (sindicatos, bufetes de abogados y consultoras) para indagar en las voluminosas sobrecomisiones que pudieron cobrarse –en torno a unos 50 millones de euros, según la Guardia Civil–. Además, la magistrada volvió a encarcelar al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, uno de los supuestos cerebros de la trama junto con el exsindicalista de UGT Juan Lanzas y el exdirectivo de la consultora Vitalia Antonio Albarracín. 

No hay datos estrictamente nuevos que circunden, pues, a Viera, pero los últimos arrestos y la vuelta del caso ERE a la agenda política regional y nacional han hecho cambiar el chip al PSOE andaluz, según estiman varios dirigentes consultados. Para empezar, Griñán intentó devolver el golpe al líder del PP regional, Juan Ignacio Zoido, que en un sorprendente viraje pidió ver al jefe de la Junta desfilando en el Congreso. El presidente autonómico se ofreció a ir a la Cámara baja si lo permitiera el Reglamento, pero anunció que comparecería de forma urgente en la Cámara andaluza. Comparecencia que será mañana miércoles por la tarde. 

Pero Griñán en su rueda de prensa ante los medios dejó caer una reflexión que no pasó desapercibida. Se le preguntó si el Grupo Socialista cometió un error negándose a aceptar las conclusiones de la comisión de investigación que presentó Izquierda Unida, su socio de gobierno, y que apuntaban a Viera y Fernández como máximos responsables políticos. "No sé si lo cometió o no lo cometió, eso ya se hizo, yo en cualquier caso lo que si digo es que mirando al futuro las responsabilidades políticas quedarán muy claras", respondió. El PSOE se acababa en ese momento de autoenmendar, porque en el proceso de negociación del dictamen siempre impuso un tope: las responsabilidades políticas finalizaban en Guerrero. Hasta tal punto se enrocaron los socialistas que al final el pleno no aprobó ningún dictamen, hecho insólito que el propio jefe del Ejecutivo tachó de "fiasco". Así que lo que estaba haciendo Griñán hace una semana era abrir una fisura en ese muro de contención. 

El grupo se habría fragmentado

Los colaboradores del presidente autonómico desbrozan esa enigmática sentencia. "Sí, claro, fue un error no apoyar las conclusiones de IU, porque Viera inventó el fondo y el procedimiento administrativo, y a Guerrero lo sostuvo Viera, y Fernández no hizo nada por evitarlo". Pero, ¿por qué no se hizo en su día, en noviembre de 2012, cuando tocaba? "Habría sido imposible, porque el grupo parlamentario se nos habría roto", explica una voz cualificada de la cúpula. Y habría sido así porque varios diputados, los más cercanos al expresidente Manuel Chaves, se hubieran negado a disparar más alto. 

Queda la duda de si Griñán oficializará mañana en el pleno ese pequeño acto de contrición. No cabe la posibilidad, en principio, de una resolución parlamentaria. Pero sí una declaración pública en el hemiciclo. El presidente tendrá la oportunidad servida en bandeja, ya que el portavoz de IU, José Antonio Castro, hará valer la posición de su fuerza política, su dictamen de conclusiones y la idea de que Alaya no ha hecho sino seguir el camino de migas de pan que había regado la federación durante la comisión de investigación. Castro, no obstante, niega que se haya "pactado" nada con el PSOE.

Fuentes socialistas indican que el partido está "muy tocado a nivel emocional" por el caso de los ERE, porque mancha 30 años de gobiernos socialistas –no en vano, es el mayor caso de corrupción descubierto– y porque empaña toda la acción de la Junta. De ahí que se haya impuesto la tesis de salir a la ofensiva y pedir que la investigación llegue "hasta el final", sin miedo ni cortapisas. Ayer lunes, el portavoz socialista en la Cámara, Francisco Álvarez de la Chica, refrendaba que su formación no quita "ni un ápice de gravedad" a la causa, enfatizando su confianza en que los responsables acaben "pagando por ello". Y si se probaran, agregó, "responsables políticos" en el ámbito judicial, el PSOE procedería a cortar cabezas. 

Por eso duele menos que se impute a Viera. También porque, aducen, él ya ha perdido todo peso orgánico. No es ya el secretario general de la todopoderosa agrupación sevillana, y ahora todo el mando en ella lo tiene una mujer de la máxima confianza de Griñán, Susana Díaz, quien ya en 2011 pidió "perdón" por el escándalo. Viera es hoy un simple diputado en el Congreso, que está casi "desaparecido", según reconocen en el PSOE provincial. 

Petición de dimisión como diputado

¿Y si imputan a Viera, qué pasa? No hay una opinión colegiada aún, pero dirigentes de peso en el aparato creen que en ese momento el partido debería pedirle su baja como parlamentario. "Claro que todo esto lo complica lo que ha pasado con Pepe Blanco". El exministro de Fomento, acosado por el caso Campeón, ya adelantó solemnemente que no dejaría su escaño en el Congreso hasta que el Supremo no abriera juicio oral contra él. Posición de fuerza validada por Ferraz. 

La acusación del exconsejero de Empleo depende, no obstante, de la propia Alaya. Y si no lo ha hecho ya, sostienen fuentes socialistas, es porque se resiste a perder el caso. Inhibirse a favor del Supremo significaría no poner el broche a una investigación que lleva desde 2009 dando vueltas por su juzgado. Por el momento, la jueza decidió ayer lunes prorrogar un mes más el secreto de sumario que pesa desde el pasado 6 de noviembre, informa Europa Press. Se lo había solicitado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, para así poder investigar a los "verdaderos" beneficiarios de los fondos públicos presuntamente desviados y la posible comisión de delitos de asociación ilícita, cohecho y blanqueo de capitales. 

A la espera de los siguientes movimientos judiciales, la expectación se cernirá sobre las explicaciones que Griñán dé ante el pleno del Parlamento andaluz. Una comparecencia que, auguran en la cúpula regional, debería marcar "un punto y aparte" en el caso ERE.