Caso Ere

El fallo sobre el caso, que ha marcado casi una década de la política andaluza, decidirá sobre 21 ex altos cargos, entre ellos dos ex presidentes.

Los 21 ex altos cargos están acusados por un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación.

Investigaciones sobre calidad democrática y obra pública revelan que el clientelismo es una extendida enfermedad institucional española.

Se enfrentan a diez años de inhabilitación por presunta prevaricación y a seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por presunta malversación y prevaricación, respectivamente. 

El líder de Ciudadanos en Andalucía sostiene que pedirá la dimisión de Susana Díaz y elecciones inmediatas si hubiera por los ERE una condena similar a la de Gürtel.

"Tenemos un acuerdo de regeneración democrática en Andalucía y no hacemos lo que ha hecho el PP en Granada", ha dicho el portavoz de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín. 

El expresidente, que se enfrenta a 10 años de inhabilitación por prevaricación, asegura que el reparto concreto del fondo de los ERE estaba fuera de su "ámbito político". Asegura que el Consejo de Gobierno no debatía con detalle suficiente para advertir irregularidades. Y dice que nunca sospechó de nadie: "Yo partía de que en una estructura de gobierno se respetaba la ley".

El sucesor de Chaves ratifica su declaración en el Supremo, en la que admitió la "barbaridad" del caso, pero niega conocimiento o responsabilidad en el mismo.

El expresidente, que se enfrenta a 6 años de prisión acusado de permitir el lucro de terceros, se ratifica en su declaración ante el Supremo, donde situó el fraude en el departamento de los exconsejeros Fernández y Viera.

El ex director general de Empleo, que ya declaró sin acusar a nadie, tenía "la suficiente libertad, responsabilidad y autonomía", señala el que fuera titular de Empleo, único consejero que ha pasado por prisión.

Sostiene que "no conocía" ni la normativa de concesión de ayudas, ni la fiscalización ni su regulación.

Las primeras declaraciones afloran una orden ministerial que las defensas utilizan para intentar tumbar la parte política. Los acusados evitan confrontar directamente para no convertir los interrogatorios en un "todos contra todos".

El ex director general de Trabajo de la Junta andaluza alega que las ayudas económicas se otorgaban bajo el amparo de una orden ministerial.

El interrogatorio al ex director general de Trabajo continúa este martes a partir de las 10.00 horas.

El tribunal rechaza la declaración de Díaz que solicitó el PP "al no justificarse mínimamente la relevancia que pueda tener dicha testifical".

En un informe del pasado mes de septiembre, Empleo reconoce que no realizó ningún concurso público para las ayudas concedidas desde el año 2001 y hasta 2011, periodo investigado en el caso ERE.

La Fiscalía acusa a dos exempleados de una fábrica ya cerrada de Jaén de quedarse con 75.000 euros de sus compañeros. El supuesto engaño afecta a la empresa heredera de Cárnicas Molina, donde Alaya situó el origen de todo el caso.