Mercedes Alaya

Dos políticos absueltos, entre ellos el ex líder de IU en Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos, reclamaron una indemnización ante el Ministerio de Justicia por la instrucción de la jueza.

Investigaciones sobre calidad democrática y obra pública revelan que el clientelismo es una extendida enfermedad institucional española.

Alaya aseguró que las "presiones" que dice haber sufrido son "absolutamente comprobables" en las hemerotecas y que son los políticos quienes "utilizan a los medios para presionar al poder judicial".

El expresidente, que se enfrenta a 10 años de inhabilitación por prevaricación, asegura que el reparto concreto del fondo de los ERE estaba fuera de su "ámbito político". Asegura que el Consejo de Gobierno no debatía con detalle suficiente para advertir irregularidades. Y dice que nunca sospechó de nadie: "Yo partía de que en una estructura de gobierno se respetaba la ley".

Gaspar Zarrías, histórica mano derecha del expresidente, defiende ante el tribunal la legalidad el sistema de pago de los ayudas, que Alaya y la Fiscalía consideran opaco. Está previsto que Chaves y Griñán declaren después de Semana Santa.

Las primeras declaraciones afloran una orden ministerial que las defensas utilizan para intentar tumbar la parte política. Los acusados evitan confrontar directamente para no convertir los interrogatorios en un "todos contra todos".

El primer juicio de los ERE examina la tesis central de la juez: que una trama política que implicó a Chaves y Griñán permitió repartir 855 millones sin control a lo largo de una década. 

El proceso que afecta a Chaves y Griñán delimitará si el reparto de un fondo de 855 millones entre 2000 y 2011 fue legal. Quedan pendientes de juicio las supuestas irregularidades cometidas en la concesión de dinero público.

Exculpados el ex líder local de IU y otros nueve acusados en un caso que marcó las municipales de 2011 y queda ahora en "meras sospechas". La sentencia, que no afecta al caso ERE y desacredita a la juez Alaya, establece que la adjudicataria jugó con ventaja, pero no ve delito.

La investigación parlamentaria desvela irregularidades que han provocado pérdidas económicas y han dejado a la comunidad sin convocatorias durante cuatro años.

La instructora, que también carga contra el trabajo de la Guardia Civil, rechaza reabrir la pieza política, como solicitaba el PP. 

La Audiencia de Sevilla, con la anterior juez de los ERE y la formación como ponente, reabre el caso por prevaricación al apreciar "ilegalidades severas" en el concurso. La ganadora fue una oferta de 641,5 millones, frente a otra de 304,6. La mina, donde se produjo el vertido de Boliden, ya está siendo explotada por la adjudicataria.

La Junta "ha obtenido pingües beneficios por influencias, poder y relaciones de todo tipo", afirma Teodoro Montes.

Los periodistas Javier Álvarez y Luis Fernando Rodríguez retratan en el libro La última trinchera a los nueve magistrados más mediáticos.

El expresidente andaluz sostiene, a través de su abogado, que el fiscal jefe Anticorrupción estuvo maniobrando en Sevilla hace dos semanas. Tanto él como su antecesor, Manuel Chaves, reafirman sus declaraciones ante el Supremo. Ambos sufren insultos y abucheos a su llegada a los juzgados.

La jueza María Núñe archivará la causa contra 12 empresarios de la Sierra Norte de Sevilla.

La jueza Alaya le atribuye delitos de prevariación y malversación por ayudas a empresas de plásticos.

"Felicitamos a la jueza Alaya por haber recibido ese galardón. No tenemos nada más que decir al respecto", afirma el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez.

La jueza que instruyó el 'caso ERE' dice que el Gobierno andaluz no facilitó los medios necesarios.