España aumentó un 50% su gasto militar el año pasado hasta 40.200 millones de dólares (34.265 millones de euros), señaló este lunes en un informe el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI).

El SIPRI resaltó que es la primera vez desde 1994 que la partida destinada a armamento supera el 2% del producto interior bruto (PIB) español (el 2,1% en este caso). En la última década, el gasto militar español aumentó un 122%, de acuerdo con los datos suministrados por SIPRI.

España ocupa el puesto número 15 en la lista a nivel global, dos más arriba que en 2024, con un 1,4 % del gasto militar mundial.

La subida del gasto militar español se enmarca en un alza generalizada en todos los países europeos miembros de la OTAN, presionados por Estados Unidos y en el contexto de la guerra en Ucrania, lo que provocó que la inversión en el continente alcanzase los 864.000 millones de dólares (736.000 millones de euros), un 14% más.

Se trata del mayor crecimiento anual del gasto militar en Europa Central y Occidental desde el fin de la Guerra Fría. La suma combinada de la inversión de los 29 países europeos que forman parte de la Alianza alcanzó los 559.000 millones (476.000 millones de euros), liderada por Alemania, que por primera vez desde 1990 dedicó más del 2% de su PIB a este área.

Con 114.000 millones de dólares (97.000 millones de euros) destinados, la inversión de Alemania -el cuarto país a nivel mundial con el 3,9% del total- aumentó un 24 % respecto a 2024.

Rusia, tercera en la lista mundial, invirtió 190.000 millones (162.000 millones de euros), un 5,9 % más y el 7,5 % de su PIB, mientras que Ucrania gastó 84.100 millones (71.683 millones de euros), un 20 % más y el equivalente al 40 % de su PIB.

El informe refleja una subida del gasto militar mundial de un 2,9% en términos reales el año pasado, debido a la mayor inversión en Europa y en Asia-Oceanía, a pesar de la caída en Estados Unidos.

La cifra total ascendió a 2,89 billones de dólares (2,45 billones de euros), el nivel más alto desde 2009 y el equivalente al 2,5% del producto interior bruto (PIB) mundial.

La inversión militar en Asia-Oceanía, un 8,1%, lo que ayudó a compensar la caída del 7,5% en Estados Unidos, que sigue encabezando no obstante la lista por países y acapara un tercio del gasto total, casi el triple que China, el segundo.

"Dado el rango de las crisis actuales, así como los objetivos de gasto militar a largo plazo de muchos países, este crecimiento continuará probablemente durante 2026 y más allá", señaló el informe.

El gasto militar estadounidense ascendió a 954.000 millones de dólares (813.000 millones de euros), un 7,5% menos, debido a que no se aprobó ninguna ayuda militar a Ucrania, algo que sí había ocurrido durante los tres años anteriores de guerra.

Estados Unidos aumentó no obstante su inversión tanto en capacidades militares convencionales como nucleares "para mantener su dominio en el hemisferio occidental y disuadir a China en el Indo-Pacífico".

El informe considera probable que la caída en la inversión estadounidense sea transitoria.

"El gasto aprobado por el Congreso para 2026 ha aumentado a más de un billón de dólares, una subida substancial respecto a 2025, y podría crecer a 1,5 billones en 2027 si la última moción presentada por el presidente Trump es aceptada", afirma el SIPRI.

La inversión militar en Asia-Oceanía ascendió a 681.000 millones (580.000 millones de euros), un 8,1% más y la mayor subida desde 2009, con China como principal potencia con un gasto de 336.000 millones (286.000 millones de euros), un 7,4% más.

El gasto japonés subió un 9,7% hasta 62.200 millones (53.017 millones de euros), el 1,4% de su PIB, una proporción que no alcanzaba desde 1958.

Taiwán gastó 18.200 millones (15.513 millones de euros), un 14% más, la mayor subida en al menos cuatro décadas.

"Aliados de Estados Unidos en Asia y Oceanía como Australia, Japón y Filipinas están gastando más en sus ejércitos por tensiones regionales duraderas y la creciente incertidumbre sobre el apoyo de EEUU Como en Europa, también están bajo presión de la administración Trump para que gasten más", señala el informe.

En Oriente Medio, la inversión militar fue de 218.000 millones de dólares (186.000 millones de euros), un 0,1% más.

Israel redujo su gasto militar casi un 5% debido a una menor intensidad en la guerra en Gaza y al acuerdo de alto el fuego con Hamás, señala el SIPRI, que destaca que el resto de países de la zona aumentaron sin embargo su inversión.

El aumento de las tensiones derivadas del nuevo orden geopolítico mundial ha sumido de lleno a Europa en una espiral belicista sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. La amenaza rusa por el este y el unilateralismo del impredecible Donald Trump por el oeste han terminado disparando el gasto militar en el Viejo Continente. Tanto, que se ha convertido en la mayor región importadora de armas. Por delante, incluso, de Oriente Medio. Una apuesta decidida por el rearme del que se está beneficiando, fundamentalmente, Estados Unidos, cuya industria militar, con una cotización disparada en el último año, se ha quedado con más de la mitad del mercado comunitario.

La Comisión Europea y la Alta Representante presentaron, hace justo un año, el llamado Plan Preparación 2030 para impulsar la seguridad y la defensa del Viejo Continente. El mismo permitía la movilización de un presupuesto de 800.000 millones de euros para rearmar el Viejo Continente. "Si Europa quiere evitar la guerra, debe prepararse para ella", aseveró la líder del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen. Un cambio de paradigma que se produjo en medio de la eterna ofensiva rusa en el patio trasero de la Unión Europea y de una incansable presión estadounidense para que los aliados de la OTAN incrementaran hasta el 5% su gasto en defensa.

Desde que estalló la guerra en Ucrania, el volumen de armamento llegado a los países europeos miembros de la Alianza Atlántica se ha incrementado un 181,83%, según los últimos datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (Sipri, por sus siglas en inglés). Es decir, importaron casi el triple. Un aumento que se ha experimentado de forma generalizada en toda la zona, convertida en la mayor compradora de material bélico del mundo, por delante de Asia e, incluso, Oriente Medio. Solo en 2025, el 42% de las importaciones se han producido en Europa, categoría que engloba desde Rusia y Ucrania hasta España o Francia.

Cuando puso sobre la mesa su plan de rearme, el Ejecutivo europeo resaltó la importancia de potenciar el tejido militar comunitario. "Debemos comprar más producción europea, porque eso significa reforzar la base industrial y tecnológica de la defensa europea, y también estimular la innovación, así como crear un mercado de equipos de defensa a escala de la UE", destacó Von der Leyen. Sin embargo, los datos del instituto de investigación ponen de relieve que el dinero desembolsado por los Estados miembro para reforzar sus capacidades armamentísticas en el último año ha salido, en su mayor parte, fuera del Viejo Continente.

"La industria europea no está preparada para producir y suministrar ese volumen de armamento tan rápido", explica en conversación con infoLibre Pere Ortega, presidente honorario del Centro Delàs de Estudios por la Paz. Quien sí lo está es, precisamente, quien ha presionado para ese aumento del gasto en el Viejo Continente: Estados Unidos. El 48% de las importaciones de armamento que los países europeos de la OTAN han hecho en el último año han venido del país norteamericano, seguido de Israel, que representa un 14%, y Corea del Sur, con un 11%. "Las guerras o las exigencias para invertir el 5% en defensa benefician, fundamentalmente, a la industria estadounidense", sentencia Ortega.

Los datos de las grandes empresas del sector en los últimos doce meses dan buena cuenta de ello. La cotización de Lockheed Martin, líder de la defensa y la seguridad aeroespacial –fabrica desde cazas de combate hasta sistemas de misiles–, ha crecido un 42%, situándose por encima de los 670 dólares por acción. Un 55% se ha revalorizado, por su parte, Northrop Grumman, principal proveedor de sistemas de lanzamientos de misiles para submarinos y buques. Más de un 30% ha escalado General Dynamics, uno de los contratistas de defensa más importantes a nivel mundial. Y más de un 60% se ha revalorizado la cotización de RTX.

Una industria que ahora se frota las manos con la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán y el incremento de las hostilidades en Oriente Medio. Trump anunció el viernes que algunos de los principales contratistas para las Fuerzas Armadas estadounidenses han prometido cuadruplicar la producción de armamento de alta gama. "La expansión (de la producción) comenzó tres meses antes de la reunión, y las plantas y la producción de muchas de estas armas ya están en marcha. Contamos con un suministro prácticamente ilimitado de municiones de grado medio y medio superior, que utilizamos, por ejemplo, en Irán y recientemente en Venezuela", señaló el presidente estadounidense.

La Policía Nacional está registrando la planta de Sidenor en el municipio vizcaíno de Basauri, por orden de la Audiencia Nacional, en una investigación que se encuentra bajo secreto de sumario, según han explicado a EFE fuentes de ese Cuerpo policial.

Durante el registro, iniciado a mediodía de este martes, Sidenor está "colaborando con las autoridades que se han personado en las instalaciones" de la acería, a fin de "trasladarles con toda diligencia y transparencia cualquier información que precisen", según han informado fuentes de la compañía.

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge interrogó en noviembre al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y a dos directivos en la causa en la que les investiga por la venta de acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI), fabricante de armas, tanto pesadas como ligeras.

Ese tribunal investiga si incurrieron en un delito de contrabando y participación por complicidad en otro de lesa humanidad por vender partidas de acero a esta empresa, presuntamente "con pleno conocimiento" de que el material "iba lógicamente destinado a la producción de armamento".

Este procedimiento judicial se inició a raíz de una querella de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, personada como acusación popular en representación de la campaña Fin al Comercio de Armas con Israel.

El Departamento de Estado de EEUU aprobó la posible venta a Taiwán de repuestos y piezas de reparación de aeronaves militares por un total de 330 millones de dólares, en lo que supone la primera venta de armamento a la isla tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero, según informa EFE.

En un comunicado, la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa (DSCA) detalló que la Oficina de Representación de Taipéi en Estados Unidos solicitó la compra de "componentes no estándar, repuestos y piezas de reparación, consumibles y accesorios" para cazas de combate F-16, aviones de transporte C-130 y para el caza de producción autóctona de Taiwán, el IDF.

La operación es "coherente con la legislación y la política de Estados Unidos" y "sirve a los intereses nacionales, económicos y de seguridad" del país norteamericano "al respaldar los esfuerzos continuos del beneficiario por modernizar sus fuerzas armadas y mantener una capacidad defensiva creíble", indicó la DSCA.

"La venta propuesta ayudará a mejorar la seguridad del beneficiario y contribuirá a mantener la estabilidad política, el equilibrio militar y el progreso económico en la región", señaló el comunicado sobre la venta de este equipo, que será transferido a Taiwán desde las reservas del Gobierno de Estados Unidos.

Con este movimiento, el Gobierno de Estados Unidos "continúa asistiendo a Taiwán en el mantenimiento de una capacidad de defensa suficiente", manifestó el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de la isla en un comunicado.

La provisión de estas piezas de armamento "no solo ayudará a sostener la preparación de combate de los cazas de la Fuerza Aérea y a reforzar la defensa aérea" de Taiwán, sino que también "fortalecerá la resiliencia defensiva y mejorará la capacidad de respuesta frente a las incursiones 'en zona gris' de la República Popular China", de acuerdo al MDN.

Esta es la primera venta de armamento de EEUU a Taiwán tras el retorno al Despacho Oval de Trump y llega semanas después del encuentro en Corea del Sur entre el mandatario republicano y su homólogo chino, Xi Jinping. Tras la reunión, en la que no se mencionó a Taiwán, Trump reiteró que China no intervendrá militarmente en la isla mientras él dirija la Casa Blanca.

Xi "dijo abiertamente, y su gente dijo abiertamente en las reuniones: 'Nunca haríamos nada mientras el presidente Trump sea presidente', porque saben las consecuencias", declaró al canal CBS. Las autoridades de Pekín consideran a Taiwán como una "parte inalienable" del territorio chino y no han descartado el uso de la fuerza para concretar la "reunificación" de la isla y el continente, uno de los objetivos a largo plazo trazados por Xi tras su llegada al poder en 2012.

Desde hace más de siete décadas, EEUU se encuentra en medio de las disputas entre ambas partes, ya que Washington es el principal suministrador de armas a Taipéi y, si bien no mantiene vínculos diplomáticos con la isla, podría defenderla en caso de conflicto con Pekín. Esa postura ha provocado permanentes roces entre EEUU y China, cuyo Gobierno ha definido a la "cuestión taiwanesa" como la "línea roja" en las relaciones entre las dos potencias.

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge interroga este miércoles al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y a dos directivos en la causa en la que les investiga por la venta de acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI), fabricante de armas, tanto pesadas como ligeras, según informa EFE.

El magistrado investiga si incurrieron en un delito de contrabando y participación por complicidad en otro de lesa humanidad por vender partidas de acero a esta empresa, presuntamente "con pleno conocimiento" de que el material "iba lógicamente destinado a la producción de armamento", según la providencia de citación a la que ha tenido acceso EFE.

El presidente de la empresa, a quien el juez considera "máximo responsable de la toma de decisiones en Sidenor Aceros Especiales", está citado este miércoles junto al director general corporativo y al director comercial, de quienes "cabe deducir" que habrían intervenido también en los hechos que se investigan.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 explica en su providencia que la venta de partidas de acero, "repetidamente", a la citada empresa se realizó "sin solicitar la correspondiente autorización al Gobierno y sin inscribirse en el registro correspondiente".

Al conocer las imputaciones, Sidenor, acrónimo de Siderúrgicas del Norte, informó en un comunicado de que seguirá las indicaciones de sus abogados para "responder al juez, a quién dará toda la información que obre en su poder".

Este procedimiento judicial se inició a raíz de una querella de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, personada como acusación popular en representación de la campaña Fin al Comercio de Armas con Israel.

En un comunicado, la asociación subraya que es la primera vez que se abre una investigación de este tipo en España e incide en que desde la campaña se seguirá trabajando en "la aplicación de un embargo de armas integral y retroactivo".

La Iniciativa de Defensa Estratégica, conocida popularmente como "Guerra de las Galaxias", fue el vasto programa militar anunciado en 1983 por el entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, destinado a proteger a su país de un eventual ataque nuclear. El escudo antibalístico basado en la investigación en láseres, nuevos misiles interceptores o satélites y radares de última generación invirtió en pocos años unos 30.000 millones de dólares de entonces y provocó una nueva carrera armamentística que la Unión Soviética no pudo seguir.

Hoy, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y los líderes de Estados miembros de Polonia, Suecia, Rumanía o Dinamarca evitan hablar de una guerra espacial pero apuestan decididamente por un escudo aéreo antidrones con el que la Unión Europea parece querer emular al Reagan de los 80, en una iniciativa europea cuyo coste está todavía por determinar pero que sumará miles de millones de euros.

La Comisión Europea y sus Estados miembros en la frontera oriental quieren desarrollar el muro antidrones en un par de años para su funcionamiento a pleno rendimiento a finales de 2028. Estaría compuesto de una red de sensores, radares y sistemas de interceptación distribuidos en diferentes países capaces de proteger el espacio aéreo del continente frente a drones externos considerados hostiles. Primero, en 2027, estaría operativo el muro para derribar las aeronaves no tripuladas y un año después todo el sistema de vigilancia integral.

Bruselas sostiene que “es necesario actuar con rapidez” para defender y disuadir en todos los dominios, sean tierra, mar, aire o ciberespacio, incluidas las carencias el sector de los drones y antidrones. Las necesidades totales de financiación, según cálculos de la Comisión Europea, ascenderían a 800.000 millones de euros, de ahí la cifra del programa ReArm.

Recientemente, el comisario europeo de Defensa, el lituano Andrius Kubilius, cifró un primigenio escudo antidrones solo para Polonia y los países bálticos que reforzase las baterías antiaéreas y radares ya existentes en 1.000 millones de euros. El monto para todo el continente, incluida Noruega o los Balcanes, sería muy superior. Bruselas recoge así los llamamientos desde los estamentos militares de diferentes Estados miembros. En Alemania, el jefe del Estado Mayor, el general Breuer, ha insistido en que “no hay alternativa” a la construcción en los próximos cinco a ochos años de una defensa antimisiles contra una “Rusia más agresiva”.

La visión en Bruselas es concebir el escudo antimisiles europeo como una iniciativa militar y también una afirmación estratégica de la autonomía de los 27 frente a los Estados Unidos, para garantizar que la disuasión en el espectro aéreo se sostiene con capacidades propias producidas dentro del ecosistema industrial del continente.

La italiana Leonardo, la francesa Thales, la alemana Rheinmetall, la española Indra o el consorcio aeronáutico Airbus, propiedad de Alemania, España y Francia, serían algunas de las grandes corporaciones beneficiadas, tractoras del ecosistema de empresas medias y pequeñas distribuidas por el continente. Los cálculos del Parlamento Europeo señalan que el ecosistema de la industria de defensa engloba a unas 2.000 multinacionales, compañías de medio tamaño y pequeñas empresas cuya facturación anual asciende a 70.000 millones de euros. 

Parte del pastel del escudo antimisiles europeo también recaería en empresas fuera de la UE como la británica BAE Systems o la noruega Kongsberg. De esta última recientemente Bélgica y Países Bajos anunciaron la compra de diez sistemas avanzados de defensa contra misiles Nasams por 2.500 millones de euros. La española SMS modernizará, según el contrato firmado en marzo, ese mismo tipo de baterías antiaéreas en servicio dentro de las Fuerzas Armadas españolas por cerca de 500 millones de euros.

SMS es el consorcio Sistema de Misiles de España que engloba a las empresas de defensa Sener, GMV, Instalaza y Escribano. Esta última es un fabricante de sistemas de artillería que está diseñando torres contra drones que serán equipadas en barcos de la armada o instalaciones militares. Instalaza es el fabricante aragonés especializado en lanzacohetes con productos suministrados a las tropas, por ejemplo, de Ucrania contra la invasión rusa.

Existe a nivel europeo otro consorcio liderado por la francesa Thales que confirma este jugoso negocio para las armamentísticas europeas. Bajo las siglas EISNET, con la participación de 23 socios industriales, centros de investigación e instituciones académicas de doce Estados miembros, inició su andadura hace casi un año frente a las amenazas de enjambres de drones o misiles hipersónicos, con financiación del Fondo Europeo de Defensa de la UE. Su aspiración es ganar contratos públicos nacionales o comunitarios para el desarrollo de radares, sistemas de sensores, centros de comunicación y datos, además de los misiles, torres de artillería o láseres de interceptación.

“Sería irresponsable si el escudo aéreo europeo no se construye rápidamente, especialmente para los países que no cuentan con la disuasión nuclear”, escribe Guntram Wolff, director durante una década del think tank bruselense Bruegel. Sin embargo, los obstáculos de un proyecto de tal magnitud, reconoce Wolff, son “el coste y la conjunción entre la velocidad de despliegue y los objetivos de política industrial en el sector de la defensa”. “La emisión de deuda de la Unión Europea podría superar estas cuestiones”, propone el economista alemán.

Financiar con deuda conjunta un proyecto semejante choca con la política tradicional de numerosos gobiernos europeos, los halcones de la austeridad como Alemania, Austria o Países Bajos, reacios a financiar conjuntamente con dinero de sus haciendas iniciativas continentales. La solución a la guerra de las galaxias europea llegará desde los presupuestos de la UE a costa del gasto regional, en la lucha contra el cambio climático o a la agricultura. Y se sustentará en partidas como el Programa Europeo de la Industria de la Defensa, EDIP, pactado el 15 de octubre entre la Comisión, los 27 y el Parlamento Europeo. 

Dentro de la Eurocámara pocas las voces se han alzado contra este escudo. El grupo de La Izquierda considera que “es una iniciativa que pretende lanzar la creciente carrera armamentística que vive en su seno Europa a costa del gasto social y climático”, mientras parte de Los Verdes se han puesto de perfil y, como la eurodiputada alemana Hannah Neumann, miembro del Comité de Defensa y Seguridad, hablan de que “un muro antidrones no nos protegerá de los ciberataques ni ayudará a la defensa aérea o a la producción de municiones”.

La militarización de la UE sí está en el epicentro de las críticas de la bancada de La Izquierda. Así lo señala el eurodiputado alemán de Die Linke, Özlem Demirel al denunciar que “con el EDIP la política industrial de la UE se va a convertir en la extensión de la industria militar”. Con la experiencia de su país, que sólo tras la invasión rusa de Ucrania aparcó las décadas de apaciguamiento que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, Demirel señala que “el armamento y las capacidades militares son lo contrario a la seguridad, como la historia europea nos ha enseñado”. 

Marc Botenga, del Parti du Travail de Belgique, advierte que el EDIP es “un programa industrial que ata nuestras futuras economías a la guerra sacrificando las inversiones sociales al dirigir dinero público hacia los fabricantes de armas”. Mientras, las críticas en algunos Estados miembros al muro antidrones no son a su concepción por el ingente desembolso de fondos europeos. En la reciente Cumbre de Copenhage las voces discrepantes, como la italiana Giorgia Meloni o el griego Kyriakos Mitsotakis, ambos en la bancada de la derecha o ultraderecha, se centraron en exigir que beneficie al conjunto de la UE, también la frontera sur mediterránea. Una postura compartida por el Gobierno español, porque así lo emplearían para el control de la migración irregular.

A pesar de haberse alcanzado un plan de paz para Gaza, varios sindicatos españoles mantienen la convocatoria de movilizaciones prevista para este miércoles. “Seguimos movilizándonos por Palestina”, titulan CCOO y UGT un comunicado conjunto en el que exponen sus motivos para mantener los paros parciales de este 15 de octubre. Mientras, la Confederación General del Trabajo (CGT) ha convocado, junto con otros sindicatos, una huelga general, como ya hizo el año pasado.

Concretamente, las organizaciones Solidaridad Obrera, Alternativa Sindical de Clase (ASC) y Confederación Intersindical se han sumado a la huelga, que se desarrollará durante las 24 horas de este miércoles. También han mostrado su apoyo colectivos como la plataforma Madrid por Palestina, la asociación Hispano-Palestina y el movimiento 'Boicot, Desinversiones y Sanciones' (BDS). “Llevamos décadas viendo cómo el Estado de Israel viola sistemáticamente resoluciones – una tras otra- de organismos internacionales que en teoría velan por la paz en el planeta”, argumenta CGT en un comunicado.

El motivo principal de CGT para llevar a cabo esta jornada de huelga es “la lucha por una redistribución del gasto público en favor de los trabajadores y de las trabajadoras, y contra el auge de la inversión pública en partidas destinadas a la defensa y a la militarización”. Desde CGT ponen el foco en el Gobierno de España y la comunidad internacional como “cómplices” del genocidio en Gaza.

“A pesar de las movilizaciones ciudadanas para boicotear económicamente al Estado sionista, no hay evidencias más allá de un tímido comunicado de intenciones para cortar lazos con este país”, prosigue la nota de prensa. El sindicato hace hincapié en las relaciones comerciales de España con Israel, destacando las exportaciones de material militar. “Además de evidenciar la complicidad con este crimen también indica que las partidas presupuestarias se están destinando a otros intereses alejados de la realidad que viven los trabajadores y las trabajadoras en el Estado español”, razonan.

CGT considera que estos gastos tienen un impacto negativo en “otros servicios esenciales para la vida digna de las personas trabajadoras”. Es por esto que entre las exigencias del sindicato se encuentra el aumento de las pensiones, el incremento de ofertas de empleo público o la mayor dotación a partidas autonómicas relacionadas con la vivienda. 

Además de la huelga general, CGT ha convocado una manifestación en Madrid para el mismo día, que comenzará en Atocha a las 19.00 horas y terminará en la plaza de Callao. La organización anarcosindicalista registró la convocatoria ante el Ministerio de Trabajo el pasado 3 de octubre. Unos días antes, el 29 de septiembre, CCOO y UGT presentaron ante el ministerio la convocatoria de varios paros parciales.

“Ningún plan puede considerarse de paz duradera si excluye al pueblo palestino, si perpetúa la ocupación, o si ignora las resoluciones de Naciones Unidas”, exponen los sindicatos en un comunicado conjunto. Es por esto que la movilización convocada para este miércoles sigue en pie, para “mostrar la apuesta de la ciudadanía por la paz, la justicia y la libertad para el pueblo palestino”.

CCOO y UGT anunciaron una “jornada de lucha” el pasado 19 de septiembre, tras conocerse días antes que una comisión independiente de la ONU acusaba a Israel de cometer un genocidio en Gaza. Ahora, la protesta se ha materializado en una serie de paros parciales, distribuidos en tres horquillas: de 2.00 a 4.00 horas, de 10.00 a 12.00 horas, y de 17.00 a 19.00 horas. 

Al igual que CGT, estos sindicatos se muestran escépticos ante el plan de paz para Gaza impulsado por Donald Trump. “A día de hoy seguimos sin conocer todos los detalles del acuerdo, que apenas constituye un primer paso hacia un eventual alto el fuego”, afirman en la nota de prensa. Por su parte, el Sindicato de Estudiantes, que también ha convocado una huelga estudiantil este miércoles, ha tildado el acuerdo de “una farsa”.

Me siento por momentos una bomba. El obús estará bien fabricado, presto a cumplir su misión. La única descarga de su culpabilidad es que no se autoabastece ni decide hacia dónde va, si su objetivo está más o menos claro. Me imagino artefacto destructivo, pero pensante. Enseguida dejaría de serlo. Las emociones me podrían. Temblaría nada más que me subiesen –no lo había pedido- al avión destructor. Colocada en el sitio pertinente de la bodega me recalentaría tanto que empezaría a temblar. También algunas de mis vecinas. Si el viaje fuese largo, tanta energía acumulada podría provocar una deflagración. Me conforta ese posible fracaso de la maldad, en forma de bomba anónima.

Cuando sueño esto -no provocar daños en quienes ninguna culpa tienen-, me veo en zona de guerra mirando al cielo por ver si caen las bombas. Durante este trance suenan las sirenas, indican que cargas anónimas están preparadas para cumplir su función básica: causar la destrucción allá donde caigan. A quienes aprietan el gatillo no les tiemblan las manos, emocionarse es un signo de cobardía en cualquier guerra.

Cuando era niño, en mi pueblo explosionó una bomba sin detonar, dejada ahí por la despiadada guerra (in)civil del 1936-39. Un chatarrero intentaba extraerla. No estaba muy profunda pero se resistía. Alrededor del hoyo toda una chiquillería observaba las maniobras. De pronto explotó, el desastre provocado todavía me hace enmudecer; me salvé por tener fiebre y estar en cama en casa. Murió el chatarrero, destrozado, y muchos niños acabaron muy damnificados por la metralla, largo tiempo. Jorge fue uno de ellos; a su lado hubiese estado. Su reciente fallecimiento me ha recordado que el proyectil tenía como objetivo existencial causar el mayor daño posible, en otro tiempo, a otras personas.

Mientras esto sucede, los políticos del eje del bien dicen que son necesarias más bombas, que con tanta guerra se les acaban las existencias. El mandamás de esos políticos europeos y mundiales amenaza a quienes no gasten más dinero en armas. Parece que el presidente del Gobierno de España se niega a construir el futuro sobre armamento. ¿A cambio de qué? Suponemos que movido por una emoción humanitaria. Sabedor de que una vez que la bomba explota -ha dejado de serlo- se convierte sobre todo en desastres generados. En muertos y en supervivientes maltrechos. En Aragón, quienes gobiernan ahora quieren apuntalar los empleos con industrias de guerra. Dicen que para defender la paz (sic).

¡No a las guerras! Todas. 

___________________

Carmelo Marcén Albero es doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza y especialista en educación ambiental.

¿Qué probabilidad hay de que Rusia ataque a Alemania y/o a la Europa occidental, abandonada por Estados Unidos? Al otro lado del Rin, nadie tiene una respuesta precisa a esa pregunta.

“Pero entre quienes investigan sobre Europa del Este y Rusia, hay un gran consenso en que este último es un Estado agresivo que tiene un interés imperial en restaurar su antiguo poder”, explicaba recientemente Christian Mölling, uno de los expertos alemanes más destacados en cuestiones de seguridad y director del programa “Futuro de Europa” de la Fundación Bertelsmann.

Esa es precisamente la línea del nuevo canciller Friedrich Merz: “El refuerzo de la Bundeswehr es la prioridad número uno de nuestras políticas. En el futuro, el Gobierno federal pondrá a disposición todos los medios financieros que necesite la Bundeswehr para convertirse en el ejército más poderoso de Europa en el ámbito convencional”, aseguró en su primer discurso sobre política general, el 16 de mayo.

El rearme es el centro del debate y de la acción política alemana desde 2022, pero se ha acelerado claramente desde la llegada al poder de Donald Trump. En febrero de 2022, el canciller Olaf Scholz anunció solemnemente un “cambio de era” estratégico para Alemania con la creación de un fondo especial de 100.000 millones para equipar al Ejército alemán.

Dos años más tarde, el 5 de junio de 2024, el ministro de Defensa, Boris Pistorius, la figura política preferida de los alemanes, precisó el objetivo: “Nosotros debemos estar en condiciones de combatir a partir de 2029”. El “nosotros” es elocuente: en la mente del Gobierno, no solo hay que rearmar al Ejército, sino que la nación, el país y su economía deben volverse “resilientes” y, en cierto modo, también “aptos para el combate”.

En marzo, el Bundestag eliminó las restricciones reglamentarias que limitaban el endeudamiento del sector de la defensa y creó un fondo de 500.000 millones de euros para la modernización de las infraestructuras. En un primer momento se habló de un presupuesto militar equivalente al 2% del PIB alemán, luego al 3%. Hoy se habla de un 5%, lo que supondría pasar del presupuesto actual de 72.500 millones de euros a 225.000 millones de euros al año. Boris Pistorius ha precisado su distribución: un 3,5% para gastos militares directos, con un aumento de 0,2 puntos anuales durante cinco a siete años, y un 1,5% dedicado a infraestructuras de uso militar.

La militarización está pues en marcha. Una gran parte de la “tarta” presupuestaria se destina, por supuesto, al equipamiento de la Bundeswehr. En diciembre de 2024, el Bundestag dio luz verde a treinta y ocho pedidos por un valor de 20.000 millones de euros. En una lista que se alarga cada mes, figuran submarinos, fragatas, tanques, misiles, drones kamikazes, radares e incluso un nuevo fusil de asalto Heckler und Koch para la infantería.

“No sé cuándo estará preparada la Bundeswehr. Son los políticos quienes deben definir los objetivos. Pero les garantizo que, en la actualidad, no tenemos problemas reales para conseguir material nuevo”, asegura el coronel Heiko Diehl, comandante del centro de entrenamiento de combate de Gardelegen, una de las mayores bases del ejército alemán, donde se entrenan las fuerzas rápidas de la OTAN.

En Rheinmetall, el principal fabricante de armas alemán, se está contratando personal a toda máquina para mantener en funcionamiento la fábrica de municiones de Unterlüß, que no para de crecer. Se están construyendo más instalaciones y el fabricante del cañón de 155 mm del Leopard 2 también tiene el ojo puesto en la fábrica de Volkswagen en Osnabrück, que da empleo a 2.700 trabajadores. Esta factoría debe cerrarse o venderse de aquí a 2027. “La planta está bien adaptada a la producción de armamento”, confirmó recientemente el director general de Rheinmetall, Armin Papperger, quien estima que su volumen de pedidos pasará de los 62.000 millones de euros actuales a 80.000 millones a finales de 2025.

El interés de un fabricante de armas por una fábrica de automóviles ilustra bien la tentación de la industria automovilística y de la máquina-herramienta, ambas en crisis, de reconvertirse en un sector armamentístico en pleno auge. Trumpf, líder mundial en corte de chapa por láser, se está preparando para desarrollar láseres de combate contra drones. Se trata de una “contribución necesaria a una democracia defensiva”, justificó Peter Leibinger, presidente del consejo director. Por su parte, el fabricante de cosechadoras Deutz espera ganar millones construyendo motores para vehículos militares pequeños y medianos.

Ante las perspectivas de empleo que abre esta evolución, los sindicatos IG Metall e IG BCE (química y energía) han dejado de lado su pacifismo, ya que también consideran que el apoyo al esfuerzo de defensa nacional es compatible con el compromiso por una resolución pacífica de los conflictos y un control serio de las exportaciones de armas.

En cuanto a las infraestructuras, el programa es colosal. “Nuestro temor es que el uso de los miles de millones previstos para la renovación de las infraestructuras esté en gran medida condicionado por objetivos militares y no por la mejora de la sanidad, la vivienda o las escuelas”, critica el politólogo Christoph Marischka, miembro de la junta directiva de la Informationsstelle Militarisierung (IMI, Centro de Información sobre Militarización), una pequeña ONG pacifista que sigue de cerca, aunque sin demasiadas ilusiones, el actual auge del armamento.

Este temor puede justificarse en lo que respecta a la red ferroviaria. De hecho, el papel de Alemania en el dispositivo de la OTAN es el de una plataforma logística, zona de concentración de tropas y corredor para el transporte de material. Desde esa perspectiva, la red ferroviaria es decisiva. “Las guerras no se ganan con la logística, pero se pierden sin ella”, comentó Sigrid Nikutta, presidenta de DB Cargo, la empresa nacional alemana de transporte ferroviario de mercancías, en la última conferencia de Múnich sobre seguridad. Su empresa es la encargada de todo el transporte militar en Alemania.

Según Sigrid Nikutta, un solo convoy de acorazados puede transportar dieciocho tanques con un peso total de aproximadamente 1.000 toneladas. Por lo tanto, también es necesario que las vías férreas y, sobre todo, los puentes utilizados sean resistentes. Porque la red ferroviaria alemana, con sus cambios de agujas deficientes y sus puentes agrietados, es una de las grandes víctimas de la austeridad presupuestaria de las últimas décadas.

A eso se suma la insuficiencia de locomotoras y vagones adecuados: “La capacidad de DB Cargo no alcanza ni siquiera una cuarta parte de lo necesario para el transporte simultáneo de brigadas acorazadas”, estimaba recientemente el ex general Ben Hodges, consultor militar y ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Europa.

Sin embargo, el talón de Aquiles del rearme alemán podría ser el factor humano. El personal es insuficiente y envejecido. En 1990, el Ejército de las dos Alemanias unificadas contaba con 600.000 soldados. El tratado “4 + 2”, firmado entre los aliados occidentales, la URSS y las dos Alemanias, lo limitaba a 370.000. Bajo la presión de la austeridad presupuestaria, la reducción fue mucho mayor.

Según el último informe anual de la comisaria parlamentaria para las fuerzas armadas, Eva Högl, la Bundeswehr mantiene de todas formas una plantilla de 180.000 hombres y mujeres (13 %). Pero para funcionar correctamente, necesitaría al menos 200.000. A largo plazo, la OTAN exige 260.000. “Pero hay muchos puestos sin cubrir. En numerosas unidades, la disponibilidad operativa efectiva está apenas al 50%”, advirtió Eva Högl.

El ministro de Defensa Pistorius ha anunciado la reintroducción del servicio militar de aquí al verano, inicialmente de carácter voluntario. Pero ha dejado claro que si no se obtienen resultados, volverá sin duda el servicio militar obligatorio. “Las escuelas y las universidades se consideran prácticamente centros de reclutamiento”, ironiza Christoph Marischka, citando el ejemplo de la nueva ley bávara “para la promoción de la Bundeswehr”.

Esa ley facilita los actos promocionales del ejército en las escuelas. También prohíbe a las universidades regionales firmar cartas contra la investigación con fines militares. “A nivel político, actualmente es difícil limitar y controlar esta ola de militarización. Pero creo que la sociedad civil empezará a reaccionar, sobre todo a través de los tribunales. Es el caso, por ejemplo, del sindicato nacional de educación GEW, que rechaza la presencia del ejército en las escuelas y acaba de presentar una demanda ante el Tribunal Constitucional de Baviera contra esta ley de promoción”, precisa el politólogo.

El GEW, miembro de la DGB, la gran confederación de sindicatos alemanes, no es el único que se alza contra los peligros de un rearme sin control. Con motivo del 1º de mayo, la DGB pidió solemnemente al Gobierno federal que evitara “la espiral de una militarización ciega” que se llevaría a cabo en detrimento de las prestaciones sociales o las inversiones de futuro.

Es necesario “reforzar el compromiso con medidas reales de mantenimiento de la paz”, explica la confederación. Es decir, “enfoques diplomáticos para la resolución de conflictos y nuevas iniciativas en materia de control de las exportaciones de armas y control del armamento”. Esta posición también es compartida por las poderosas Iglesias alemanas y por el partido de izquierda Die Linke.

La declaración provocó un pequeño revuelo el lunes 26 de mayo. Desde Berlín, Friedrich Merz afirmó que Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania ya no imponían condiciones a los ataques ucranianos con misiles suministrados por estos cuatro países, que pueden alcanzar territorio ruso. En su habitual retórica intimidatoria, el Kremlin calificó el anuncio de “bastante peligroso»”, añadiendo, contra toda evidencia, que eso contravenía “[sus] aspiraciones de llegar a un acuerdo político”.

En realidad, Merz solo describió la situación existente desde finales de 2024. Anteriormente, los partidarios de Ucrania habían dudado en relajar las restricciones sobre el alcance de las armas suministradas, por temor a una escalada con Rusia. Pero la posibilidad del ejército ucraniano de “contrarrestar los ataques rusos lanzados desde la propia Rusia”, como había explicado el especialista Yohann Michel en nuestras columnas, se había vuelto crucial para su capacidad de mantener el frente.

El martes 27 de mayo, en visita oficial a Finlandia, Merz confirmó que no había anunciado nada nuevo. Eso puede interpretarse como una señal política de apoyo a Ucrania, en una semana en la que el canciller alemán se reúne con el presidente del país, Volodímir Zelensky, y con el primer ministro británico, Keir Starmer. Este último, según informa el Financial Times, está preocupado por mantener “la presión económica sobre Rusia” y “reforzar el apoyo financiero y militar a Ucrania”.

Traducción de Miguel López

Dentro se exponían las armas catalogadas como más rápidas, más efectivas. Los tanques definidos como los más innovadores. Los drones cuyos fabricantes vendían como los más precisos. Delegaciones de distintos países y diferentes profesionales del sector de la defensa celebraban el gran escaparate, se saludaban animadamente y compartían café. Lo hacían en castellano, en inglés, en francés y en alemán. El interior de la Feria de Madrid (Ifema) era, desde las 9.30 horas de la mañana de este lunes, un hervidero de gente. Y ni una sola de esas personas sospechaba nada de lo que iba a ocurrir apenas dos horas y media más tarde. Fuera, un grupo de activistas se preparaba. "La guerra empieza aquí, parémosla aquí", "Señores de la guerra, fuera de Madrid", coreaban. Al mediodía, Ifema ya no era sólo un hervidero de gente, sino también un evidente contraste.

El sol todavía no había terminado de salir y el tradicional atasco madrileño de hora punta todavía no había conseguido despejar la M-40, pero multitud de hombres y mujeres —aunque sobre todo hombres— ya recorrían el camino que separa la verja de la entrada de Ifema de una de sus puertas, la sur. Al cruzarla, un trabajador de seguridad intentaba descongestionar las dos largas colas que se habían formado en busca de una de esas acreditaciones plastificadas que se cuelgan del cuello y permiten total libertad de movimiento por el recinto. "Quien tenga código QR en su móvil puede pasar directamente", informaba. Muchos se dirigieron entonces a la puerta. La Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España (Feindef) ofrece 66.690 metros cuadrados distribuidos en cuatro pabellones, así que si se quieren recorrer todos no hay tiempo que perder.

Cruzar las puertas del primer pabellón que se encontraba tras pasar el arco de seguridad, era como entrar en una especie de concesionario. A la izquierda, dos tanques daban la bienvenida. El Dragón VCR 8x8 presumía de incrementar "las capacidades de combate", de disponer de "interfaces de usuario" y hasta de un "computador balístico". A la derecha, un helicóptero NH90 exhibía su diseño para "batallas de alta intensidad" o incluso para "operaciones anfibio". En el horizonte, aviones militares y hasta barcos. Todos relucientes y con el característico olor a nuevo que llevan incorporado los vehículos a estrenar. Todos, en definitiva, listos para ser comprados. Y usados.

La que arrancaba este lunes era la cuarta edición de una feria bianual que este año ha marcado todos sus récords. El espacio disponible para el particular escaparate es un 67% más grande que el que hubo en 2023 y se espera que haya un 43,8% más de asistentes repartidos por un 70,7% más de expositores. Sin embargo, los países representados por las delegaciones internacionales sí que han caído. Los 47 que estuvieron en 2023 son esta vez 45. Y un nombre resuena sobre todos los demás ausentes: Israel.

Fue el pasado mes de octubre cuando el Ministerio de Defensa, que es quien apoya institucionalmente el evento que organiza la Fundación Feindef, vetó al país. "No habrá participación institucional de Israel ni de ninguna empresa israelí. España está comprometida con la paz y la seguridad en Oriente Próximo", aseguró la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce. La intención estaba clara: no sólo no iba a haber representación oficial del Gobierno de Benjamin Netanyahu, es que tampoco habría cabida para ellos en forma de stand. El propio presidente de la Fundación, el ex secretario de Estado de Defensa Ángel Olivares, lo adelantó por su parte tras ver un vídeo en el que soldados españoles en la misión de Naciones Unidas en Líbano eran atacados. "Feindef no puede acoger en su seno a empresas con el pabellón nacional que provoca esta situación", señaló.

Sin embargo, un trabajador sentado al otro lado de un pequeño mostrador bajo un cartel de "información" confirmaba la presencia de uno de los grupos más señalados por quienes diseccionan las redes empresariales con el Gobierno de Netanyhau: Oesía. La compañía, especializada en ingeniería electrónica para los sectores de la defensa y la seguridad, niega vínculo y negocios armamentísticos con Israel, pero fue la misma semana pasada cuando un informe les apuntó directamente. En concreto, a Tecnobit. Según una investigación del Centro Delás de Estudios por la Paz, la filial colaboró en el suministro a nuestro país de un designador láser de la compañía israelí Rafael que costó a España 207,4 millones. El objetivo, instalarlos en 45 cazas Eurofighter.

El Grupo Oesía, además, es una muestra de la segunda vida en el sector privado de los responsables militares. Allí está como director de Soporte y Seguridad Alfredo Sanz, quien ocupara puesto de responsabilidad en el Cuartel Supremo de la OTAN. Y Fernando Acero, quien fuera en su día director de ciberdefensa del Ejército del Aire, es hoy Chief Information Security Officer a nivel global de la compañía. Además, al menos media decena de miembros de su Comité de Estrategia vienen de las Fuerzas Armadas. En 2024, la empresa obtuvo récord de beneficio neto: 13,7 millones de euros, un 50% más que un año antes.

El stand de Oesía vivía sin embargo este lunes ajeno a esas críticas. Los visitantes se acercaban y preguntaban, como ocurría con los demás expositores. Pero, ¿quién se interesa por la última mira acoplable a un rifle? Pues según informa la propia Feindef, quienes acuden a la feria no lo hacen por un interés personal. O al menos no meramente por eso. Quienes este lunes llenaban los casi 70.000 metros cuadrados de Ifema eran autoridades de ministerios de Defensa, Interior, Industria, Comercio, Turismo, Ciencia, Exteriores, Economía, etc., pero también miembros de distintos gobiernos y fuerzas armadas, altos mandos de los ejércitos, embajadores, delegados oficiales de agencias y organismos internacionales, altos directivos o delegados de compras y ventas de empresas.

La propia naturaleza del evento lo explica. "Feindef no es sólo una feria comercial, es el lugar donde se forjan alianzas estratégicas, se exploran las últimas innovaciones tecnológicas y se abren nuevas oportunidades de negocio", explica la organización en el dosier que facilitan a la prensa.

Las imágenes se repetían una y una otra vez. Esas conversaciones e intercambios se producían, casi siempre, alrededor de un mostrador. Y eran esas las superficies que mostraban, otra vez, el gran escaparate en el que se había convertido Ifema. A un lado, pistolas; al otro, botas militares; detrás, cascos de protección; delante, chalecos antibalas. Casi ningún objeto dejaba a nadie indiferente. Y si no, se ayudaban de eslóganes. O incluso iban algo más allá.

El stand de la compañía Vimad se había convertido en este sentido en una parada casi obligatoria. Su simulador permitía a los asistentes a la Feria meterse en la piel de un agente de seguridad que tenía que disparar al objetivo sin causar daños a nadie más. "Como si hubiera un tiroteo en un Mercadona y hubiera que seleccionar qué vida merece la pena salvar", explicaba un representante de la empresa. Mientras algunos asistentes se ponían a prueba —"¡Te he ganado!", celebraba una mujer frente a un compañero—, otros tantos subían a un tanque, se hacían fotos frente a un barco o admiraban varios drones. La idea no era sólo mirar, sino también tocar, probar. Y vender.

La feria, que se extenderá hasta este miércoles, se ha celebrado siempre alrededor de la segunda semana de mayo. No se ha hecho coincidir, por tanto, con nada. Pero el contexto en el que se está desarrollando es importante. Y mucho.

Hace menos de una semana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió a defender ante el Congreso de los Diputados su decisión de incrementar el gasto militar hasta el 2% del PIB, lo que se traducirá en un desembolso de más de 10.000 millones de euros. Según el líder del Ejecutivo, "hay que adaptarse, nos guste o no" a lo que marca la UE, y eso no va a provocar, aseguró, ni un recorte social, ni una subida de impuestos, ni un incremento del déficit público.

Sin embargo, los colectivos sociales antimilitaristas lo dudan. Y por eso este domingo y este lunes se han concentrado ante lo que han denominado "feria de la guerra". Lo hacían este 12 de mayo al filo de las 12.00 horas del mediodía. Un grupo de poco más de una docena de personas cruzaba la valla de Ifema para, frente a sus puertas, verterse pintura roja y tumbarse en el suelo con carteles de países cuya población es víctima de la guerra: Palestina, Yemen, Líbano, Myanmar, Sudán o Ucrania. A sus lados, dos hombres trajeados terminaban de componer la escena de contraste que, a mayor escala, se estaba produciendo dentro de la Feria de Madrid. Lanzaban reproducciones de billetes de 500 euros al aire mientras miraban con indiferencia al resto de manifestantes que permanecían inmóviles en el suelo. "La guerra empieza aquí, parémosla aquí" o "Señores de la guerra, fuera de Madrid", coreaban otros tantos.

Poco más de media hora después, la docena de activistas de Desarma Madrid y Antimilitarista-MOC era conducida a dependencias policiales. Y ellos, otra vez, mostraban ese contraste. "Los criminales están dentro, pero nos detienen a quienes lo denunciamos", señalaban. No será esta su última acción. El martes celebrarán un coloquio en el Teatro del Barrio y el miércoles 14 han convocado una nueva manifestación frente al Cuartel General del Ejército. Y es que, según dicen, Feindef no está orientada a nada más que a "vender armas a los países en conflicto en connivencia con los gobiernos de países occidentales". El boicot a Israel funcionó. Y por eso quieren seguir. "La movilización es fundamental en estos tiempos de rearme", sentencian los activistas.

Un juzgado de Barcelona ha abierto diligencias previas para investigar si buques de la naviera danesa Maersk pasaron por España en una cadena logística para enviar material militar a Israel, en una causa en que la magistrada había citado como imputados a dos capitanes de barco, aunque la vista se ha suspendido, según informa EFE.

En un auto del pasado 7 de mayo, la jueza sustituta del juzgado de instrucción 6 de Barcelona acordó abrir diligencias previas al presumir la posible existencia de una infracción penal, a raíz de la denuncia interpuesta por la asociación Fin al Comercio de Armas con Israel, que pide actuar para evitar el "ataque generalizado" contra la población civil palestina.

En su resolución, la jueza apuntaba que, al no estar determinadas la naturaleza, las circunstancias, ni las personas que habrían intervenido en los hechos denunciados, era procedente abrir diligencias previas para practicar los trámites "esenciales" para determinar los hechos y, en su caso, el procedimiento aplicable.

En su resolución, la jueza también requirió a la filial de Maersk en España que identificara y facilitara los datos de los capitanes de los buques Nexoe Maersk y Maersk Detroit para poder citarles a las 9.30 horas de este lunes como investigados. No obstante, el interrogatorio de ambos investigados se ha suspendido por motivos de agenda de los abogados, según ha detallado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

La jueza también acordó en su auto pedir un informe a la Fiscalía sobre su posible falta de competencia territorial o jurisdiccional. Por el momento, la Fiscalía no ha emitido el informe, ya que está pendiente de la práctica de otras diligencias, según han informado a EFE fuentes del ministerio público.

La jueza solicitó además a Maersk que notificara quien era su responsable jurídico para, si fuese necesario, poderlo citar también como investigado.

La magistrada ha abierto esta investigación a raíz de una denuncia de la asociación Fin al Comercio de Armas con Israel, que sostiene que transportar material militar a Israel, "utilizando el Puerto de Barcelona como lugar de tránsito y abastecimiento de servicios y combustible" podría ser un delito de genocidio y lesa humanidad o, alternativamente, de los de acto preparatorio contra la Comunidad Internacional, tráfico de armas y contrabando.

Según los denunciantes, que se basan en el contenido de fuentes abiertas, como webs de la naviera, y de informaciones periodísticas los puertos españoles "se están utilizando como plataformas de tránsito para envíos de armamento y componentes militares con destino a Israel".

En un comunicado, los denunciantes sostienen que el Nexoe Maersk está atracado hasta las 19.00 horas de este martes en el Puerto de Barcelona. Según los denunciantes, tenía que hacer escala en los puertos de Barcelona, Valencia y Algeciras antes de recoger, en el puerto de Tánger, la carga militar procedente del Maersk Detroit para trasladarla hasta el puerto de Haifa, en Israel, desde donde se derivaría a la base aérea militar de Nevatim.

En su denuncia, la entidad asegura que el Maersk Detroit salió el pasado 5 de abril de Houston (EEUU) con el objetivo de transportar una carga de componentes de aviones de combate a la base aérea israelí de Nevatim y que tenía previsto cruzar el Estrecho de Gibraltar el pasado 20 de abril, haciendo escala en el Puerto de Tánger (Marruecos), donde descargaría el material.

"Los buques Maersk Detroit y Nexoe Maersk están directamente implicados en una cadena logística y programada de suministro armamentístico a Israel, coadyuvante con la ejecución del plan sistemático para atacar y acabar con la población civil gazatí", sostiene la denuncia.

Esta entidad ya solicitó sin éxito el pasado 15 de abril que un juzgado de Barcelona retuviera y registrara a uno de los dos buques, que había atracado en el Puerto de Barcelona. En aquella ocasión, el juzgado de instrucción 30 de Barcelona, que estaba de guardia, rechazó la petición por falta de indicios. El caso se remitió posteriormente, por reparto, al juzgado de instrucción número 6 de Barcelona.

Charla a charla y barrio a barrio. Así lo han hecho hasta ahora y así lo harán durante el mes que queda por delante hasta la fecha que han marcado en rojo en sus calendarios. Las decenas de colectivos y movimientos sociales que se han unido en la bautizada como Asamblea de Madrid contra el Rearme y la Militarización buscan que el 7 de junio sean "miles y miles" las personas que salgan a las calles de Madrid para clamar contra "los presupuestos de guerra". Contra "el rearme". Y contra "la militarización de la sociedad y la economía". "Nos infunden miedo y nos venden 'seguridad", claman en el manifiesto que hicieron público este miércoles en la parroquia San Carlos Borromeo, en el barrio madrileño de Entrevías. Desde allí hicieron un importante llamamiento: que se conformen más asambleas, que se movilice todo el que pueda. "Hay que animar a organizarse", señalaron.

A la misma hora, aunque a kilómetros de distancia, el Centro Delás de Estudios por la Paz presentaba Beneficio Colateral, un informe en el que revelaban que España ya se ha consolidado como uno de los principales mercados europeos de la industria militar israelí, sin importar los bombardeos contra Palestina. Es más, desde que se empezó a reducir de nuevo a escombros la Franja de Gaza, nuestro país ha importado del Estado hebreo armamento por más de 36 millones de euros. Sólo en "armas y municiones" han sido más de 15. Pero ya no es sólo eso. El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de llegar este año a gastar en Defensa lo equivalente al 2% del PIB —es decir, más de 10.000 millones—, también supone otro argumento fundamental para movilizarse.

El líder del Ejecutivo, que este miércoles volvió a defender esta política en el Congreso de los Diputados —donde aseguro que "hay que adaptarse, nos guste o no", a lo que marca la UE— aseguró que el incremento del gasto se hará sin recortes sociales, sin subir impuestos y sin aumentar el déficit público, pero la Asamblea contra el Rearme lo pone en cuarentena. "El rearme vendrá sin duda alguna de la mano del endeudamiento público", lamentan en su manifiesto, lo que les preocupa especialmente teniendo en cuenta el contexto de "precariedad en materia laboral, de vivienda, en las pensiones o en servicios públicos". "La política de rearme sólo puede contribuir a agravarla, fundamentalmente a costa de los derechos de la clase trabajadora", continúan.

Su objetivo principal es que su mensaje cale. Y se extienda. Por ahora cuentan con el apoyo de organizaciones culturales, de familias, de pensionistas, de algunos partidos políticos y de otros tantos sindicatos. También de asociaciones juveniles, ecologistas, feministas o pacifistas. Y de parroquias como la que hasta ahora ha dado cobijo a todas sus reuniones. El trabajo es por tanto arduo. De boca a boca. Lo que pretenden, explicaron durante la rueda de prensa, es que cada barrio y pueblo de la Comunidad de Madrid se organice en su propia asamblea. Y que desde ahí se corra la voz y se recupere, en resumen, la "tradición antimilitarista, antibelicista y antifascista" de la región. "Es muy importante que sepamos mantener ese legado de identidad y que Madrid sea una referencia", explicaron en su manifiesto.

"En el pasado, la ciudadanía ha demostrado su compromiso con la paz y con las políticas antibelicistas. Nuestra memoria colectiva está llena de demostraciones de rechazo a la guerra y, en su momento, a la entrada y permanencia en la OTAN, que en Madrid llegó a representar más de un 43% del voto emitido", recordaron.

Pretenden que Madrid sea referente, pero destacan también que no están solos en esto. El próximo 14 de junio celebrarán una asamblea a nivel estatal y colectivos y organizaciones de otras comunidades como Andalucía, Extremadura o Cataluña ya preparan movilizaciones similares. La vista está puesta, eso sí, en poder unirlas todas. "Todas las voluntades son necesarias. La situación es grave y no es admisible mirar para otro lado", sentenciaron.

Es la hora de los gigantes. Estados Unidos, Rusia y China se quieren repartir el mundo y el problema es que de esos tres países, dos son dictaduras. El tercero, dice la leyenda que era el guardián de la democracia, pero ha traicionado su propia historia al ponerse de parte de un criminal de guerra, al lado del invasor y de espaldas a sus aliados. La cosa pinta mal y se oye ruido de sables en la Casa Blanca y en la Plaza Roja; huele a tierra mojada, pero no con agua, sino con sangre, que a los señores de la guerra les parece, como se lo parecen todos los buenos negocios, un fertilizante de garantías. Recuerden que hay algo llamado industria armamentística, que tiene que seguir produciendo para ser rentable.

Aquí y ahora, la rentabilidad está asegurada: Donald Trump amenaza y manda rearmarse a Europa, hay que elevar el gasto en defensa y llenar los arsenales de tanques, cañones y misiles; pero, sobre todo, hay que comprárselos a él. Y así el círculo se cierra, el dinero va a parar a los mismos bolsillos de siempre, que en gran parte son los que han financiado su campaña electoral, y aquí paz y después gloria. Una paz, naturalmente, que ellos decidirán cuándo se firma y a qué precio, lo mismo que están haciendo ahora en Ucrania. La gran mentira es trasladar la idea de que cuantas más balas menos heridas y cuantas más amenazas menos peligro: dale a dos que están discutiendo un palo a cada uno y lo más probable es que lo usen, no que el miedo al del otro detenga la pelea.

Que en este baile de la muerte sean Trump y sus aliados de extrema derecha quienes marcan el paso, es terrible: si él pone aranceles, se los ponemos; si él retira tu apoyo militar implícito y explícito, nos hacemos nuestro propio ejército y ponemos una ametralladora en cada tejado… Y, por extensión, si él y los suyos se mueven hacia la ultraderecha, nosotros no vamos a ser menos. Para demostrarlo, la Unión Europea va a cambiar su reglamento para autorizar que se instalen fuera de las fronteras de sus países miembros diferentes centros de internamiento de personas inmigrantes. Es decir, lo mismo que hizo que se llevaran las manos a la cabeza y se rasgaran las vestiduras cuando lo propuso Meloni. Es un asunto tan grave que casi no se ha hablado de él, como suele ser norma en estos casos.

En España se habla también de incrementar el gasto en defensa, la cifra de salida en de tres mil quinientos millones, que obviamente no da ni para petardos de feria, y mientras unos pocos nos quedamos otra vez solos en la crítica y nos asombra e indigna a partes iguales que lo que no había para Sanidad o Educación lo haya para fusiles, muchos se vuelven de la mañana a la noche expertos en la materia  y pontifican que nuestro país no puede ni ser neutral, ni quedarse atrás, porque si todos apuestan por la pólvora y tú vas por ahí dándotelas de pacifista, no haces más que convertir el país en un presa fácil de esos depredadores hambrientos de poder y dólares.

Y en una cosa tienen razón: en este cuento no hay héroes solitarios que puedan cazar al lobo, o se hace todos a una o no hay victoria posible. Y teniendo clara una lección que deberíamos haber aprendido: a la ultraderecha se la combate con más democracia, no con más ultraderecha.

Un 75% de los españoles cree que la Unión Europea debería aumentar su capacidad de defensa, con lo que está comprometida la UE y España ante los cambios en la geopolítica mundial, mientras que un 67,8% está a favor de crear un ejército común, según el barómetro del CIS hecho público este lunes y que recoge EFE. El estudio ha sido elaborado entre el 28 de febrero y el 7 de marzo sobre una muestra de 4.028 entrevistas, en el contexto de los últimos movimientos del presidente estadounidense, Donald Trump, que presiona a Ucrania y a Rusia para alcanzar una paz a la medida de Washington, dejando fuera de las negociaciones a la Unión Europea.

Destaca también que un 19,2% de los españoles piensa que la UE no debería aumentar su gasto militar y un 24,1% que rechaza la creación de un ejército comunitario. Y la mayor parte (un 57,8%) considera que Europa no tiene la capacidad defensiva suficiente para hacer frente al nuevo escenario.

Estas conclusiones se han extraído de las preguntas planteadas solo a los entrevistados que creen que la relación trasatlántica va a cambiar con Trump. La vuelta del presidente republicano a la Casa Blanca es interpretada por los españoles como algo que tendrá efectos negativos para los europeos (un 80,5% opina que será malo o muy malo) frente a un 14,2% que está convencido de que será positivo o muy positivo.

Los números difieren cuando se les pregunta por las repercusiones para los estadounidenses, si bien mayoritariamente (un 63%) señalan que será malo o muy malo mientras que un 27,1% estima que Trump será positivo o muy positivos para EEUU.

Respecto a la invasión rusa de Ucrania, en el foco de todo este debate, el 65,9% dice estar "muy o bastante preocupado" mientras que un 18,9% afirma sentirse "poco o nada preocupado".

De la situación en Oriente Medio y Gaza, un 60,4 % declara estar "muy o bastante preocupado", mientras que un 20,1% dice que le importa "poco o nada".

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, presentó este martes una serie de propuestas con las que espera que se movilicen "cerca de 800.000 millones de euros" para el gasto en defensa en la Unión Europea. Esto incluye un nuevo instrumento que proporcionará 150.000 millones en préstamos a los Estados miembros y que se podrá usar también para Ucrania, según informa EFE. La propuesta se conoce pocas horas después de que EEUU anunciase que paraliza la ayuda militar a Kiev.

El plan, bautizado con el nombre de Rearmar Europa, lo presentó la política alemana en una breve declaración ante los medios de comunicación y lo expuso también en una carta, enviada hoy, a los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea, que el jueves próximo tendrán ocasión de debatirlo en una cumbre extraordinaria en Bruselas.

"Rearmar Europa podría movilizar cerca de 800.000 millones de euros de gastos en defensa para una Europa segura y resiliente", declaró Von der Leyen, quien advirtió que "vivimos tiempos peligrosos", ya que "la seguridad de Europa está amenazada de forma muy real".

La presidenta de la Comisión Europea especificó que el plan consta de cinco partes, incluido un nuevo "instrumento" que proporcionará 150.000 millones de euros en préstamos a los Estados miembros para la inversión en defensa. "Se trata básicamente de gastar mejor y juntos, y estamos hablando de capacidades paneuropeas, ámbitos como, por ejemplo, la defensa aérea y antimisiles, los sistemas de artillería, misiles y munición, drones y sistemas antidrones, pero también para abordar otras necesidades desde el ciberespacio a la movilidad militar, por ejemplo", expuso.

También apuntó que esa herramienta permitirá a los Estados miembros poner en común la demanda y comprar juntos. "Por supuesto, con este equipamiento, los Estados miembros pueden incrementar de manera masiva su apoyo a Ucrania, así que equipamiento militar inmediato para Ucrania", recalcó.

Consideró que ese enfoque de adquisiciones conjuntas "también reducirá costes, disminuirá la fragmentación, pero incrementará la interoperabilidad y, por supuesto, fortalecerá nuestra base industrial de la defensa". "Y puede ser en beneficio de Ucrania", insistió.

Otro punto del plan se centra en el presupuesto de la Unión Europea, un ámbito en el que según Von der Leyen "hay mucho que se puede hacer en el corto plazo para dirigir más fondos a las inversiones relacionadas con la defensa". En ese sentido, anunció que la Comisión Europea propondrá "posibilidades adicionales e incentivos" con los que los Estados miembros podrán decidir si quieren usar programas de la política de cohesión para incrementar el gasto en defensa.

Entre las propuestas, también figura la ya adelantada activación de las llamadas "cláusulas de escape nacionales" del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, gracias a las cuales se excluirán inversiones en defensa del cálculo del déficit. El objetivo es dar rienda suelta a la inversión pública en defensa a nivel nacional.

"Los Estados miembros están preparados para invertir más en su propia seguridad si tienen el espacio fiscal, así que tenemos que permitirles hacer eso. Por eso propondremos activar las cláusulas de escape nacionales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento", dijo la presidenta de la CE. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento fija los límites que no deben rebasar la deuda y déficit públicos de los Estados miembros.

Según Von der Leyen, esa medida permitirá a los países "incrementar de manera significativa los gastos en defensa sin activar el procedimiento por déficit excesivo". "Si los Estados miembros incrementarán su gasto en defensa en un 1,5 % del PIB de media, esto podría crear espacio fiscal de cerca de 650.000 millones de euros en un periodo de cuatro años", describió.

El plan de Bruselas también aspira a movilizar el capital privado acelerando la Unión de Ahorro e Inversión y también mediante el Banco Europeo de Inversiones.

El jefe del Kremlin, Vladímir Putin, se mostró este jueves dispuesto a reunirse "en cualquier momento" con el presidente electo de EEUU, Donald Trump. "No hemos hablado desde hace cuatro años. Yo estoy dispuesto a hacerlo (conversar) en cualquier momento y a reunirme, también", dijo el líder ruso en su conferencia de prensa final del año, que ha recogido EFE.

Putin reconoció que aún no sabe cuándo se produciría la eventual reunión, porque Trump "no ha dicho nada" al respecto. En todo caso, se mostró convencido de que ambos tendrán temas para tratar. "Si alguna vez nos reunimos con el presidente electo Trump, estoy seguro de que tendremos de qué hablar", insistió.

De hecho, la última reunión entre ambos tuvo lugar en junio de 2019 en los márgenes de la cumbre G20 en Japón y la semana pasada, el Kremlin informó de que el lider ruso no había recibido de Trump ninguna invitación para asistir a su toma de posesión, que tendrá lugar el 20 de enero próximo.

Trump, que se reunió recientemente con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha dicho en repetidas ocasiones que una de sus prioridades tras volver a la Casa Blanca será el fin de la guerra en Ucrania. 

Putin también planteó este jueves a Estados Unidos un "duelo" entre el nuevo armamento hipersónico ruso y los sistemas de defensa antimisiles occidentales, cuyo escenario sería la capital ucraniana, Kiev. "Que elijan cualquier instalación para que la ataquemos, digamos, en Kiev. Que concentren allí todas sus sistemas antiaéreos y antimisiles. Y nosotros atacaremos con (un misil) Oréshnik. Y veremos qué es lo que pasa. Nosotros estamos preparados para ese experimento. ¿Está dispuesta la otra parte?", dijo durante su conferencia de prensa anual.

Putin calificó dicho "experimento tecnológico" como un "duelo de alta tecnología del siglo XXI" entre Rusia y Occidente. Asimismo, destacó que el alcance máximo del Oréshnik, lanzado por primera vez el pasado 21 de noviembre contra una fábrica militar en Ucrania, es de 5.500 kilómetros.

"En unos pocos segundos comienza la separación de las ojivas. Y ya está, perdieron el tren. Así que no tienen ninguna opción de derribar estos misiles", aseguró. Además, subrayó que el escudo antimisiles creado por EEUU, al que Rusia desaconsejó seguir adelante con esos planes, es "costoso y hace poco a la hora de garantizar la seguridad de su país". "Nosotros hemos hecho mucho para superar el escudo antimisiles" estadounidense, resaltó.

El líder ruso destacó que en Rumanía y Polonia la OTAN ha instalado unas 24 baterías antimisiles, que en el caso del segundo país tienen un alcance de 1.000 kilómetros. Con todo, insistió: "Imagínese que nuestro sistema se encuentra a unos 2.000 kilómetros, pero ni siquiera, entonces, los sistemas antimisiles en territorio polaco podrán alcanzarlo".

Putin, que aprobó recientemente una nueva doctrina nuclear, mantiene que el nuevo armamento hipersónico ruso convierte en innecesario el empleo de armamento atómico.

Israel ha hecho uso de fósforo blanco, un químico incendiario capaz de causar "horribles y dolorosas heridas", en al menos 24 ocasiones en el actual conflicto de Gaza, que vuelve a señalar a las fuerzas israelíes por posibles crímenes de genocidio, de guerra o contra la humanidad, según denuncia un informe publicado este viernes por la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos que ha recogido EFE.

El informe, que se centra principalmente en seis meses del conflicto comprendidos entre noviembre de 2023 y abril de 2024, enumera por ejemplo seis usos del arma incendiaria en la capital de Gaza, nueve en el centro de la Franja y tres en Jan Yunis, algunos de ellos en campos de refugiados.

La oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk "verificó un incidente el 25 de diciembre en el que un bebé resultó quemado por fósforo blanco en una escuela en el campo de Al Bureij", tal y como indicaron en el documento de 32 páginas, que recogió testimonios de profesionales médicos en Gaza.

Aunque el fósforo blanco no es considerado un arma química su uso debería estar prohibido en virtud de las convenciones que vetan la utilización de armamento "con efectos indiscriminados" o el que causa "sufrimiento innecesario y heridas superfluas", según recordó el texto.

Organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW) ya habían señalado a Israel por utilizar fósforo blanco en Gaza, aunque éste es uno de los primeros documentos de Naciones Unidas que contiene esta acusación en la actual guerra. No obstante, en el conflicto de Gaza de principios de 2009 el llamado Informe Goldstone elaborado por una misión de investigación de la ONU también acusó entonces a Israel de utilizar esa sustancia incendiaria.

Según recuerda la Organización Mundial de la Salud (OMS), el fósforo blanco arde de manera instantánea cuando entra en contacto con el oxígeno, y es muy difícil de extinguir, además de ser propenso a adherirse a la piel y la ropa, causando quemaduras "profundas y graves, al penetrar incluso a través de los huesos". 

Elbit Systems, Rafael, Israel Aerospace Industries (IAI), Palantir... Las principales empresas armamentísticas con capital israelí tienen una importante presencia en España tanto en ventas de armamento como en el mantenimiento de los equipos adquiridos por el Ministerio de Defensa para los tres ejércitos. Los militares españoles usan desde hace décadas material de Defensa israelí. Misiles anticarro Spike, sistemas de artillería por control remoto Mini Samsom, morteros móviles Cardom o el dispositivo de guiado de misiles para cazas Litening. Algunos de estos contratos, estratégicos para España, se adjudicaron con posterioridad al inicio de la guerra de Gaza. Es el caso del lanzacohetes de alta movilidad SILAM para el Ejército de Tierra o el de sistemas de inteligencia artificial para las Fuerzas Armadas adjudicado a Palantir. Muchos de esos equipos están siendo utilizados en la actual campaña israelí en Gaza, Cisjordania y Líbano, según el Centre Delàs d'Estudis per la Pau, con los consiguientes problemas éticos. "Pero además, los beneficios generados por nuestras compras, tienen efecto en el conflicto porque, mediante esas importaciones, España fortalece a los principales suministradores de material bélico de Israel", explica Pere Ortega, investigador del grupo catalán de estudios sobre armamento.

La presencia armamentística israelí en España en parte se instrumentaliza directamente mediante sus filiales en nuestro país. Pero en las principales adjudicaciones españolas, Israel cuenta también con socios nacionales que cooperan en la adaptación de esos sistemas al material de las Fuerzas Armadas españolas. O en su mantenimiento. También fabrican material diseñado en ese país gracias a convenios de transferencias de tecnología. Indra, Escribano Mechanical and Engineering, la especialista en tecnología de las comunicaciones Tecnobit, Santa Bárbara (filial española del gigante de EE UU General Dynamics), Expal, Fabrica de Municiones de Granada (FMG)... Son algunas de las compañías españolas que cooperan para que el material militar y de seguridad procedente de Israel pueda ser usado en España. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que las importaciones de armamento israelí se han paralizado desde el inicio de la guerra en la Franja, el 7 de octubre de 2023. Pero los grandes programas de armamento procedente de ese país -aprobados antes, pero también con posterioridad a la guerra- siguen en marcha. Estos son sus principales actores.

PAP Tecnos Innovación, con sede en Torrejón de Ardoz (Madrid) es la filial española de la principal empresa pública de armamento israelí, Rafael Advanced Defense Systems. Se trata de la segunda compañía de armamento israelí en volumen de negocio y la número 33 a nivel global. Su director ejecutivo, el general Yoav Har-Even, la señala como "un pilar central en la seguridad nacional israelí" a la que contribuye con la célebre Cúpula de Hierro, el mayor sistema de defensa antiaérea del país que durante el conflicto de Gaza ha neutralizado gran parte de los ataques procedentes de la Franja y de la guerrilla libanesa Hezbolá. El 58% de sus ventas van a parar al Ejército israelí (casi 1.000 millones de euros al año) y en los últimos ejercicios ha venido aportando a su propietario, el Estado de Israel, un dividendo de unos 500 millones en cada uno de ellos.

Rafael, a través de su filial en España PAP Tecnos (fundada en 1996), suministra al Ejército español al menos desde 2006 -cuando consta una adjudicación de 324 millones de euros- de el misil anticarro Spike, con un alcance de entre 5,5 y 10 kilómetros. La última operación con estos sistemas de artillería se formalizó el pasado 22 de noviembre con la compra de 168 puestos de lanzamiento y 1.680 proyectiles del modelo LR2 por un valor de 237,5 millones de euros. Desde hace 15 años, la corresponsal en España de Rafael también distribuye al Ejército de tierra la plataforma de armamento por control remoto Mini Samson, que se puede instalar sobre vehículos todo terreno o blindados y monta ametralladoras y lanzagranadas automáticos. La compra de estos sistema implica, en muchas ocasiones, su mantenimiento y reparación por parte del fabricante. El último contrato con PAP Tecnos de este tipo de servicios, por 82.644 euros, se firmó el 23 de noviembre pasado.

Otra empresa con capital israelí y filial en España es la tecnológica especializada en análisis de datos e inteligencia Palantir Technologies, fundada por el magnate Peter Thiel y dirigida por el polémico Alex Karp. Palantir. Con sede en Denver (EE UU) es un socio estratégico del Gobierno de Benjamin Netanyahu al que, desde el inicio de la guerra, ha proporcionado sistemas de Inteligencia Artificial de uso militar que sirven para identificar objetivos a las tropas y proponer planes durante las operaciones. "En todas partes hay gente que no está de acuerdo con nuestras decisiones, especialmente con nuestra decisión de ayudar a Israel", dijo Karp el pasado enero. "Sus voces son escuchadas... y seguimos adelante con nuestro apoyo a Israel". El uso de Inteligencia Artificial en la guerra ha provocado la muerte de al menos 15.000 personas en Gaza, según una investigación de medios israelíes publicada en abril en la que también participó The Guardian. Estos sistemas utilizan algoritmos que analizan redes sociales y dispositivos móviles para buscar víctimas sin apenas intervención humana.

Pese a las críticas que ha suscitado el uso de este tipo de tecnología, el Ministerio de Defensa español firmó un contrato con su filial en España (Palantir Technologies Spain, con sede en el madrileño barrio de Salamanca) el pasado 6 de noviembre para que la multinacional facilite "una solución de fusión y análisis de inteligencia en el ámbito del sistema de inteligencia de las fuerzas armadas" y valorado en 16,5 millones de euros, según el pliego publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, adelantado por el Centre Delàs. "Estoy sumamente orgulloso de que después del 7 de octubre, en unas semanas, estemos en el terreno y participemos en operaciones cruciales en Israel", dijo Karp el pasado 13 de marzo. Su apoyo sin fisuras a Netanyahu ha provocado desde entonces que algunos empleados hayan dejado la compañía.

Uno de los proyectos más importantes del programa de defensa español es la adquisición del sistema lanzacohetes de alta movilidad SILAM, después de que el ejército jubilara su anterior modelo, el Teruel, en 2011 al haberse quedado obsoleto. El prototipo elegido es el dispositivo israelí PULS, fabricado por el principal actor israelí en el mercado de armamento, Elbit Systems. El programa, aprobado por el Gobierno antes de la guerra, se adjudicó el pasado diciembre, dos meses después de su inicio, por 576,5 millones de euros. La israelí Elbit pone la tecnología, pero la fabricación correrá a cargo de dos socios radicados en España bajo su licencia.

El primero de los socios españoles del gigante armamentístico israelí es Escribano Mechanical and Enigneering, la décima empresa en el sector español por volumen de negocio con sede en Alcalá de Henares (Madrid). La compañía familiar, liderada por los hermanos Ángel y Javier Escribano, empezó su trayectoria en 1989 como un pequeño taller de mecanizados y en 25 años ha conseguido colocar sus sistemas de armamento en 25 países además de convertirse en el principal socio industrial de Indra, con un 3% de su capital. En el proyecto SILAM, la compañía se encargará de fabricar los componentes mecánicos y electrónicos de los 12 lanzacohetes de patente israelí.

El segundo socio español que participará en el proyecto liderado por Israel será Expal Systems. Nacida en Nanclares de Oca (Álava) como Explosivos Alaveses en los años cuarenta del siglo pasado, fue adquirida en 2022 por el gigante alemán Rheinmetall, la firma que ocupa el número 20 en el ránking del sector armamentístico global. Especializada en explosivos y munición de artillería, tiene factorías en Albacete, Cáceres, Madrid, Murcia, Burgos y Asturias. Rheinmetall Expal Munitions fabricará los 680 cohetes de entre 35 y 300 kilómetros de rango inicialmente adquiridos por Defensa.

Escribano y Expal también participan como socios, esta vez de la israelí Rafael, en la fabricación de sistemas de misiles Spike LR2 adquiridos por Defensa en diciembre. Mientras la primera trabaja en el sistema de guiado del misil, el cañón con el que se dispara y el sistema de lanzamiento, Expal produce componentes de los motores y el explosivo. A ellas se suman otras dos compañías españolas: Tecnobit -del grupo Oesía y especializada en sistemas de visión inteligente y comunicaciones tácticas- que se encarga del sistema de guiado, y Fábrica de Municiones de Granada (FMG) que trabaja en el explosivo de las cabezas de guerra.

Tecnobit e Indra -esta última la cuarta empresa de Defensa española solo por debajo del conglomerado de Airbus y Navantia- también trabajan en programas de colaboración con la industria israelí en los contratos de suministro y mantenimiento del designador de objetivos láser Litening, fabricado por Rafael, que Defensa lleva adquiriendo varios años para guiar los misiles de sus cazas F-18 y Eurofighter. Indra, además, formó parte del consorcio mediante el que España compró cuatro drones Searcher a Israel Aerospace Industries (IAI) con los que cuenta desde 2008 (14,3 millones de euros). IAI es la segunda compañía de armamento israelí y la 28 a nivel global por volumen de negocio.

Sistemas de lanzacohetes, misiles anticarro o tecnología para aviones de combate. Son algunos de los contratos aprobados por el Ministerio de Defensa con empresas armamentísticas de Israel. Desde el 7 de octubre de 2023, las administraciones españolas ha firmado al menos 13 acuerdos para el suministro de armamento, componentes y material militar y de seguridad con empresas de ese país tras el inicio de los bombardeos en Gaza y la campaña posterior del Gobierno de Benjamín Netanyahu en Líbano, Siria e Irán que ha causado más de 40.000 muertes en el territorio palestino, entre ellas las de más de 16.000 niños. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este miércoles en una respuesta al ministro de Derechos Sociales Pablo Bustinduy, que las importaciones españolas de armas desde Israel se han detenido, aunque existen algunos contratos para la reparación de piezas.

Sin embargo, a día de hoy, esas 13 adjudicaciones, valoradas en casi 1.000 millones de euros, constan en la Plataforma de Contratación del Sector Público, tal y como adelantó en julio el Centre Delàs d'estudis per la Pau, con sede en Barcelona. Entre las adjudicatarias se encuentra la primera empresa armamentística israelí (la 24 a nivel mundial por volumen de negocio), Elbit Systems, de propiedad privada pero con un estrecho vínculo estratégico con el ejército de ese país. También la tercera y número 42 en el mercado global, Rafael, cuya propietaria es el Estado israelí. En algunas ocasiones, las compras se hacen directamente a la compañía y en otras a filiales españolas o a firmas nacionales que fabrican material de patente israelí por convenios de transferencia de tecnología.

infoLibre ha preguntado al Ministerio de Defensa sobre la vigencia de esos contratos en concreto, que constan oficialmente como adjudicados, tras las manifestaciones de Robles a Bustinduy. Fuentes de ese departamento se han remitido a las palabras de su titular: "Desde el 7 de octubre no ha habido relación comercial de compra y venta con Israel", han asegurado por correo electrónico desde su oficina de comunicación. "Las licencias de exportación temporal pendientes con Israel no corresponden a armas sino a repuestos, y en este momento están paralizadas", ha afirmado la ministra a su compañero de Gobierno de Sumar. Robles ha sido una de las ministras que más firmeza ha mostrado hacia Israel y asegura estar convencida de que está cometiendo un genocidio.

Estas son, con fechas e importes, algunas de las adjudicaciones aprobadas y publicadas.

Se trata del contrato más oneroso, por un importe de 576.449.122 euros. La adjudicataria es una Unión Temporal de Empresas de la que forman parte la española Escribano Mechanical & Engieering, la hispanoalemana Rheinmetall Expal en consorcio con la israelí Elbit Systems. Defensa aprobó el la adjudicación el pasado 15 de diciembre en un contrato negociado y sin publicidad, es decir, sin concurso de otras ofertas, procedimiento que se motivó "por considerar que es la única empresa capacitada técnicamente para el desarrollo del proyecto desde el punto de vista técnico". El acuerdo, que se extenderá hasta diciembre de 2027, contempla la venta de 12 lanzadores múltiples y móviles fabricados en España pero basados en el sistema israelí PULS fabricado por Elbit. En la fecha en el que se adjudicó la compra, Israel había comenzado a bombardear las ciudades de Jan Yunis y Rafah, en el sur de Gaza, donde se habían refugiado alrededor de un millón de personas que huyeron de los combates en el norte de la Franja.

El contrato aprobado entonces comprende, además de los 12 lanzamisiles, la adquisición de vehículos de municionamiento, drones armados y kamikazes y vehículos de carga y recuperación. El acuerdo incluye la compra de 680 cohetes de los modelos Accular, con un alcance de 40 kilómetros; Extra, con un rango de hasta 150 kilómetros, y Predator (300 kilómetros) para ser lanzados desde el dispositivo. La adquisición del nuevo sistema pretendía sustituir al antiguo lanzacohetes Teruel, retirado por el Ejército en 2011 sin la disposición de otro nuevo desde entonces.

El segundo contrato de compra de armamento israelí con mayor dotación (237.558.449 euros) fue adjudicado el pasado 22 de noviembre a PAP Tecnos Innovación, la filial española de la empresa pública israelí Rafael. La adjudicación se formalizó solo dos días antes de que el presidente Pedro Sánchez viajara a Israel y se entrevistara con Netanyahu en lo que provocó la primera crisis diplomática entre los dos países después de que calificara de "insoportable" el número de civiles muertos en Gaza. El órgano contratante es la Subdirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa.

Como el del lanzacohetes SILAM, el del Spike LR2 fue un contrato negociado sin publicidad al considerar que solo podía ser ejecutado "por un operador económico particular debido a la ausencia de competencia por razones técnicas". El lote, según el Centre Delàs consta de 168 puestos de tiro y apoyo logístico para estos dispositivos. Se trata de un misil anticarro con un alcance de 5,5 kilómetros si es lanzado desde tierra y 10 desde una aeronave, según informa PAP Tecnos en su página web. Su tecnología le permite actualizar su objetivo o abortar el ataque durante el vuelo al estar guiado por el sistema de infrarrojos IR/VIS y es capaz de abatir objetivos con blindaje activo.

Se trata de una nueva versión mejorada del Spike LR -también israelí- que, tanto el Ejército de Tierra como la Infantería de Marina española vienen empleando al menos desde 2009, según el portal especializado infodefensa.com.

La tecnología punta para los aviones de combate del Ejército del Aire y del Espacio también es otro de los objetos de la compra de armas a Israel desde el inicio de la guerra. La tercera adjudicación de mayor importe -valorada en 207.414.102 euros- se aprobó, también por la misma subdirección de Defensa, el pasado 15 de marzo un mes largo después de que el Tribunal Internacional de Justicia apreciara indicios de que Israel pudiera estar cometiendo un genocidio en Gaza. Se trata de la compra del POD de designación de objetivos Litening V para dotar de ese dispositivo a la flota de 45 nuevos cazas Eurofighter adquirida por las fuerzas armadas españolas.

El acuerdo marco que contempla esa compra se extenderá hasta 2027. Según infodefensa.com, el Gobierno dio el visto bueno al contrato en septiembre, antes del inicio de la guerra, pero la adjudicación no llegó hasta la pasada primavera. Antes de esa fecha, Defensa ya había adquirido varios de estos dispositivos para sus cazabombarderos. Sirve para detectar e identificar objetivos a grandes distancias. El aparato los señala para facilitar el impacto de los misiles guiados por láser y por GPS que se emplean en estas aeronaves. El Litening V es la quinta versión del artefacto de precisión que la israelí Rafael ha creado desde 1996 y se lanzó en 2015.

La lista de adjudicaciones adelantada por el Centre Delàs y que constan en la plataforma de contratación estatal, cuenta también con varios contratos de mantenimiento. Al gigante Elbit le correspondió el pasado 28 de noviembre el de repuestos de los sistemas de radioenlace, contratado por la jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico y valorado en 3,7 millones de euros. También el de material destinado a las reparaciones del mortero embarcado Cardom, también de fabricación israelí, con el que cuenta el Ejército de Tierra desde hace más de una década. Además, consta un contrato con PAP Tecnos, la filial española de Rafael, de apoyo al mantenimiento de la plataforma de armamento por control remoto RCWS Mini Samson, también adquirido a ese país, y que puede montar ametralladoras de hasta 14,7 milímetros y lanzagranadas automáticos.

Otras adjudicatarias israelíes fueron Netline Communications Technologies, a la que se concedió por 1,4 millones la adquisición de "bienes complementarios de los sistemas inhibidores de frecuencia" de los vehículos de las Fuerzas Armadas. Defensa no es el único organismo público que ha recurrido a empresas israelíes desde el inicio de la campaña de Gaza. El Ministerio del Interior también ha adjudicado contratos para la obtención de dispositivos de iluminación ultraviolenta e infrarrojos para la Policía Nacional. Por último, el Ayuntamiento de Ourense adquirió en ese país 100 chalecos antibalas para su policía local.

Los drones kamikaze, también conocidos como drones suicidas o, más modestamente, “drones merodeadores”, están diseñados para sobrevolar un campo de batalla, localizar objetivos potenciales y lanzarse sobre ellos para destruirlos con explosivos.

Aunque varios ejércitos de todo el mundo los utilizan, hasta hace poco nadie presumía mucho de ello. “El uso de munición merodeadora no es aceptable desde un punto de vista ético”, declaraba el general François Lecointre, entonces jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas francesas, ante la Asamblea Nacional francesa en junio de 2021. Lo justificó de la siguiente manera: “Cuanto mayor es la distancia del objetivo a destruir, más importante es la cuestión ética.”

Cuatro años después, su uso en el campo de batalla es de una banalidad desorientadora. El ejército ucraniano compra miles de drones comerciales baratos en Internet y los modifica, a veces con impresoras 3D, para que puedan llevar cargas explosivas; el ejército ruso lanza cada día drones iraníes Shahed y sus 40 kilos de explosivos contra las principales ciudades ucranianas; los drones miniatura israelíes son capaces de ponerse en modo “emboscada” para atacar en Gaza o Cisjordania, según sus fabricantes.

En cuanto a Francia, ahora quiere “ponerse al día” en ese ámbito y va a dedicar 5.000 millones de euros al desarrollo de sus drones y robots de aquí a 2030. Los drones kamikaze “aportarán rendimiento, precisión y letalidad con una relación coste-eficacia favorable”, explica fríamente la ley de programación militar aprobada por el Parlamento francés en agosto de 2023, que fija las prioridades para los próximos años.

Parece que ha pasado mucho tiempo desde que los pilotos de aviones no tripulados americanos que habían participado en ataques en Irak o Afganistán declararan: “Lo que hicimos como operadores y pilotos de aviones no tripulados te deja un agujero en el alma. Formar parte del programa de drones es una especie de locura que se te pega a la piel y no se va”.

Esta nueva realidad no está causando un revuelo mundial ni un debate ético sostenido. Tampoco el uso de armas químicas por parte del ejército ruso en las trincheras ucranianas, el empleo de fósforo blanco por parte de las tropas israelíes en zonas civiles del sur del Líbano, el envío de bombas de racimo a Kiev por parte de Estados Unidos o el uso sin precedentes de inteligencia artificial en las operaciones llevadas a cabo por el ejército israelí en Gaza.

Desde hace tres años, las guerras de Ucrania y Gaza parecen haber cambiado el rumbo de los tipos de armas que se consideran moral y éticamente aceptables. “Estamos asistiendo a una especie de apertura de compuertas para varios sistemas de armas que se habían convertido en bastante tabú porque las convenciones internacionales los habían prohibido”, observa Laure de Roucy-Rochegonde, directora del Centro Geopolítico de Tecnologías del Instituto Francés de Relaciones Internacionales (Ifri), que acaba de publicar La Guerra en la era de la inteligencia artificial (edit. PUF, 2024).

“Entre ellas se encuentran las minas antipersona, las municiones de racimo y el fósforo blanco, que es una de las armas incendiarias contempladas en la Convención (CCAC, Ginebra, 1980 -ndr) sobre ciertas armas convencionales”, afirma la investigadora. "Todo esto se desmorona poco a poco.” Ya no está en el orden del día ese «mundo libre de minas» que reclamaban y esperaban los defensores del desarme a finales de la década de 2000.

Sin embargo, a principios de siglo se dieron importantes pasos en esta dirección. Una campaña que duró casi treinta años, dirigida entre otras por la ONG Handicap International, condujo a la prohibición de dos tipos de armas conocidas por causar un gran número de víctimas civiles: las minas antipersona (diseñadas para activarse al paso de una o varias personas, permanecen enterradas y a menudo explotan años después del final del conflicto) y las bombas de racimo (que liberan multitud de pequeñas bombas, con precisión aleatoria, y que no siempre explotan inmediatamente). Las primeras fueron prohibidas en 1997 por la Convención de Ottawa (firmada por 133 Estados), las segundas en 2008 por la Convención de Oslo (firmada por 94 Estados).

En aquel momento, los defensores del desarme confiaban en que incluso los Estados que se habían negado a firmar esos dos tratados, como Estados Unidos, acabarían cambiando sus prácticas una vez entrados en vigor. “Incluso para los Estados más reacios a regularlo, existía una especie de tabú: se nos consideraba un tanto intratables si utilizábamos armas consideradas moralmente inaceptables por la mayoría de los Estados de la comunidad internacional”, recuerda Laure de Roucy-Rochegonde. Esa es una de las razones por las que Estados Unidos ha reducido considerablemente el uso y la producción de municiones de racimo.

El giro de los últimos años ha sido aún más espectacular. Desde 2023, los Estados Unidos de Joe Biden están entregando bombas de racimo a Ucrania para que Kiev se defienda de los ataques rusos. Estas bombas, al igual que las minas antipersona, han sido ampliamente utilizadas desde la invasión rusa de febrero de 2022, a ambos lados del frente. Se ha documentado la presencia de esas minas en once de las veintisiete regiones ucranianas.

El propio marco legal que prohíbe ese tipo de armas puede estar en peligro. El 25 de julio, Lituania anunció su retirada de la Convención de Oslo sobre municiones en racimo. “Las convenciones son importantes cuando todos los países las suscriben. El problema es que Rusia, en su agresión contra Ucrania, no se adhiere a ellas”, justifica el ministro lituano de Defensa, Laurynas Kasciunas.

Ese Estado báltico, cercano a la frontera rusa, ha expresado en repetidas ocasiones su temor a ser invadido por Moscú si Ucrania pierde la guerra. “Volveremos a la Convención si Rusia vuelve a ser un Estado normal y sensato”, afirma una fuente diplomática lituana.

Handicap International se muestra “consternada” por esa decisión, que califica de “bombazo para el derecho internacional humanitario” y un “gran revés para la lucha mundial” contra este tipo de armas. La ONG recuerda que “se supone que la Convención de Oslo [...] debe ser respetada por los Estados no sólo en tiempos de paz, sino también en tiempos de tensión y de guerra”.

Además de esas armas, que en su día quedaron relegadas a los anales de la historia y que ahora vuelven a utilizarse a gran escala, se han ido desarrollando rápidamente otras nuevas cuyo uso aún no está regulado (o prohibido) por una legislación específica  a raíz de las guerras emprendidas por Rusia e Israel.

Es el caso de la “munición merodeadora” y de todas las armas que incorporan cierto grado de autonomía gracias a la inteligencia artificial. Los drones capaces de definir un objetivo y bombardearlo sin intervención humana ya no pertenecen a la ficción. En sus folletos publicitarios, el fabricante israelí Israel Aerospace Industries (IAI) vende su dron kamikaze Mini-Harpy, de 40 kilos de peso y capaz de volar hasta a 370 kilómetros por hora, que puede utilizarse en versión “intervención humana” o en versión “totalmente autónoma”. Estonia, otro Estado báltico preocupado por posibles ataques rusos, habría encargado ya unos mil aparatos en mayo de 2023.

A mayor escala, Israel está utilizando programas informáticos que se basan en gran medida en la inteligencia artificial para definir “objetivos a eliminar”, especialmente en Gaza, con terribles consecuencias. Uno de esos programas, Lavender, asigna a cada gazatí una puntuación de seguridad de entre 1 y 100, en función de la probabilidad de que pertenezca a Hamás, y utiliza esta puntuación para ofrecer objetivos a los soldados israelíes. La mayoría de las veces, los soldados israelíes “validan” esos objetivos (deciden bombardearlos) en unos veinte segundos.

Se está intentando prohibir o controlar mejor ese tipo de equipos militares. En 2013, una coalición de unas cuarenta ONG lanzó una campaña internacional sobre el tema llamada Stop Killer Robots. Ese mismo año, las armas letales autónomas fueron objeto de las primeras reuniones internacionales en el seno de la CCAC (Convención de la ONU sobre ciertas armas convencionales), uno de los foros donde se debaten los proyectos de control de armas.

Pero esos esfuerzos tropezaron con obstáculos cada vez mayores. “Al principio, los debates eran principalmente prospectivos”, explica el politólogo Cyril Magnon-Pujo (Université Lumière Lyon 2), que investiga sobre la regulación de las armas autónomas y viaja regularmente a Ginebra (Suiza) para asistir a esas reuniones. “Luego, hacia 2019-2020, todo el mundo se dio cuenta de que ya no eran tan prospectivos: los retos militares eran concretos y estas armas se desarrollaban más rápido de lo previsto”, explica el investigador.

“Para los estados mayores de las potencias militares”, el objetivo pasó a ser entonces el de “limitar los daños y que los diplomáticos no se entrometan demasiado”. Luego vino la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, tras la cual “los rusos empezaron a bloquear cualquier avance” sobre una posible regulación, explica el investigador.

Rusia lo frena fácilmente porque la CCAC funciona por consenso. Sin el acuerdo de Moscú no puede ser aprobado ningún texto. “Rusia lo bloquea todo, y para los Estados que no están necesariamente a favor [del control de las armas letales autónomas] pero que no quieren ser vistos como los malos, no es muy difícil escudarse en ello”, añade Anne-Sophie Simpere, coordinadora en Francia de la campaña “Stop robots asesinos”. Entre los gobiernos más bien satisfechos de que las cosas no avancen se encuentra el de Estados Unidos, promotor desde hace tiempo de los drones armados, así como Australia e Israel.

¿Es vana toda esperanza para quienes, sin creer que existan “guerras buenas” o “armas buenas”, siguen pensando que los robots asesinos o las minas antipersona plantean un problema moral particular? Hay muchas razones para pensar que sí. “Muchos Estados ya no desean enmarcar la guerra en convenciones internacionales vinculantes y obligatorias”, como ocurría al final de la Guerra Fría, señala Cyril Magnon-Pujo.

En general, los grandes conflictos son casi siempre una oportunidad para desarrollar nuevas armas, que si no se utilizan, a menudo acaban por ser adaptadas para el bien, a pesar de que se consideraran moralmente problemáticas cuando se introdujeron por primera vez: aviones de combate y tanques en la Primera Guerra Mundial, la bomba atómica en la Segunda...

Pero hay contraejemplos. Las armas químicas, muy utilizadas en los campos de batalla europeos durante la Primera Guerra Mundial, dejaron de emplearse durante la Segunda (salvo en los campos de concentración). Y aunque la guerra acelera el desarrollo de las armas, también es el momento en que el mundo entero las ve en acción con todos su horror potencial. Desde las minas antipersonas en la antigua Yugoslavia hasta el napalm en Vietnam, verlas en acción puede llevar a pedir su prohibición.

En cuanto a los Estados que presionan para impedir cualquier regulación, podrían ser eludidos usando la creatividad. Para evitar los bloqueos rusos sobre las armas autónomas, varios Estados, entre ellos Austria, han tenido una idea: “sacar” el tema del ámbito donde actualmente está bloqueado, la CCAC, y llevarlo a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que no funciona por consenso sino por mayoría, y donde un país no puede bloquearlo todo. Esta propuesta de resolución austriaca podría examinarse a principios de noviembre.

Traducción de Miguel López