En el número 10 de la calle Peironcely del madrileño barrio de Puente de Vallecas se tomó una fotografía que ha perdurado en el tiempo como imagen de España durante la Guerra Civil. Se trata de la fachada de una casa llena de marcas de metralla, en cuya acera están sentados unos niños, jugando y riendo. La tomó uno de los fotógrafos más influyentes del siglo XX, Robert Capa, que inició su carrera en nuestro país tras el golpe de Estado de 1936.

La casa protagonista ha seguido milagrosamente en pie, y junto a ella unas excavaciones arqueológicas intentan hacerse eco de la importancia de lo que ocurrió aquí y en sus alrededores. Se trata de la cuarta y última campaña “Tras la pista de Robert Capa”, comandada por Alfredo González-Ruibal, arqueólogo e investigador en el Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC, junto a la Fundación Manuel Fernández “Lito”, que se ha desarrollado hasta este 20 de octubre.

José María Uría, coordinador de la Plataforma “Salva Peironcely 10” y director del Área de Cultura y Centro Documental de la fundación, cuenta que gracias a esa fotografía el lugar se ha convertido en un referente de la vulnerabilidad de la infancia: “Creemos que puede ser importante a nivel internacional”. El proyecto de conservación incluye unos solares cercanos –los únicos no reconstruidos tras la guerra de toda la ciudad–, donde los investigadores encontraron restos de edificios y objetos de antes y después del conflicto, pudiendo hacer un análisis de la vida cotidiana y sus cambios a raíz del franquismo. 

Durante la época de Manuela Carmena al frente del Ayuntamiento de Madrid, esta institución se sumó a la causa con la expropiación del edificio, que pasó a ser de propiedad municipal junto a los solares. Sin embargo, en la actualidad ni el Ayuntamiento ni la Comunidad de Madrid han respondido a las peticiones de convertir estos hallazgos en algo público y musealizado, como solicitan los encargados de las excavaciones. Sí que existe un proyecto de rehabilitación sobre la antigua casa que comenzará en 2027, pero la plataforma no sabe cuál será su finalidad porque no se les ha consultado. Eso sí, saben que no será su propuesta de crear el Centro Robert Capa.

A Uría le parece paradójico que se exponga con mimo la famosa foto en el Museo Reina Sofía mientras observan el desprecio hacia el lugar en el que se tomó. “En cualquier otro lugar sería un monumento”. De hecho, en otras ciudades de Europa han surgido proyectos similares a los que se han hermanado. En Leipzig (Alemania), protegieron el edificio donde Capa tomó la última foto de la Segunda Guerra Mundial: “El último hombre en morir”. En Sicilia (Italia), se ha creado el Museo Robert Capa, y en París (Francia), el estudio fotográfico del mismo está también protegido. 

Por el momento, con su trabajo han conseguido que se reconozca como Lugar de Memoria Democrática, adelantan a infoLibre, lo que les concede algo de reconocimiento. Para celebrar esto, el 8 de noviembre, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y la Comisionada España en Libertad, quienes financiaron el proyecto, han organizado un acto público junto al edificio de Peironcely, 10. Desde la iniciativa aseguran que quieren “poner en valor los logros y los avances sociales que han ocurrido gracias a los movimientos de base”, y no solo desde las cúpulas de poder.

González-Ruibal, que también fue Premio Nacional de Ensayo de 2024, nos recibe en la excavación. El arqueólogo asegura a infoLibre, pico en mano, que “todo el patrimonio de la clase obrera está desapareciendo”. Con los restos de los edificios previos a 1936 y a las posteriores chabolas podemos observar “la vida antes de la guerra, durante y tras ella”. La mayoría de personas vivieron en las infraviviendas hasta el final de la dictadura, viniendo de pueblos de Andalucía o Extremadura para buscar una vida mejor. La mayoría de estas construcciones eran de unos 12 metros cuadrados en los que había familias enteras de al menos tres hijos, y a veces, hasta 10. “No entra en los intereses del PP la cultura de la clase obrera”, declara González-Ruibal.

El antropólogo asegura que han pasado miles de estudiantes en visitas guiadas, y siente que cuando los jóvenes ven el trabajo que se está realizando, empiezan a darle importancia. “Me parece que es importante porque se está empezando a glamourizar la dictadura franquista”. Y así parece confirmarlo las encuestas del CIS, donde se revela que casi el 20% de las personas de entre 18 y 24 años en España valoran positivamente la dictadura.

Estos escombros ofrecen una imagen de la vida antes del 36. Pese a que hay una parte que no han podido excavar porque no encuentran al dueño, descubren que había mobiliario abundante, diverso. En el laboratorio donde analizan las piezas, un espacio cedido por la parroquia de San Carlos de Borromeo –bautizada como “la parroquia roja”–, la antropóloga Sofía López Velasco asegura que en los restos “se ve el retroceso en la calidad de vida”. Fue en los 40, con el franquismo, cuando se promueve la segregación. 

En otros puntos de España, como Barcelona, ha habido excavaciones similares de chabolas. López cuenta que lo bonito de estos trabajos “es ver que mientras excavamos se acercan los vecinos. Uno nos dijo que enfrente había un castillo, creemos que era un teatro”. 

Al finalizar las labores estos restos se cubrirán, a expensas de que el Ayuntamiento o la Comunidad quieran hacer algo con ellos. La responsabilidad cultural queda en sus manos. Ahora, la vida y obra del fotógrafo que ha dado pie a estas investigaciones alberga una exposición hasta el 25 de enero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

La portavoz federal de IU, Sira Rego, ha subrayado que el referéndum celebrado en Berlín para expropiar viviendas a grandes tenedores para su socialización es un "buen ejemplo del que tomar nota", de cara futuras políticas en esta materia.

En rueda de prensa telemática, Rego se ha referido al resultado de la consulta entre los residentes de la capital alemana, que votaron a favor de expropiar 240.000 pisos que ahora están en manos de grandes empresas inmobiliarias y comerciales privadas, para que sean gestionados por una nueva empresa pública, según a informado Europa Press.

"Lo que ha sucedido en Berlín es muy buen ejemplo del que tomar nota. Ha hablado el pueblo y el referéndum ha dejado claro que casi un 60% de la gente en Berlín ha dicho exprópiese a los grandes tenedores de vivienda y creemos que esa es la línea que hay que seguir", ha disertado la también eurodiputada.

También ha añadido que se está hablando de "derechos" y sobre lo que pone el foco todo este tipo de procesos "es que no tiene sentido lo especulativo ligado a algo que tiene que ser un derecho y dirigido al bien común".

Sobre las negociaciones relativas a los Presupuestos Generales del Estado para 2022 en el seno del Gobierno de coalición, y en especial énfasis en la nueva Ley de Vivienda, Rego ha detallado que la "clave de la negociación" y se mantienen en "seguir desplegando la agenda social".

"Eso incluye reforma fiscal, vivienda, Estado social, precios de la luz, es decir, que la gente trabajadora de nuestro país tenga las máximas garantías y coberturas. La negociación está centrada ahí por nuestra parte y vamos a tratar de avanzar lo máximo posible", ha concluido.

Unidas Podemos impulsará la regulación de los alquileres en la comunidad de Madrid con la limitación del precio al 30 por ciento del salario medio de los hogares en las zonas de mercado tensionado donde se ubique la vivienda, gravará y expropiará el uso de viviendas vacías de grandes propietarios y frenará el proyecto urbanístico Madrid Nuevo Norte si llega al poder tras las elecciones del 4 de mayo, según recoge Europa Press. "Tenemos un compromiso con el derecho a la vivienda. Ha llegado la hora de proteger y promover este derecho en Madrid, un derecho fundamental que nos ha sido arrebatado en los últimos 26 años. Por eso promovemos estas medidas para conseguir que la región deje de ser el paraíso de la especulación inmobiliaria", ha afirmado en un vídeo publicado en redes sociales la candidata de Unidas Podemos a la Asamblea de Madrid y exabogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Alejandra Jacinto.

Entre otras medidas, también insta a expropiar el uso de la vivienda vacía en manos de grandes propietarios (bancos, socimis, fondos de inversión o propietarios de más de 10 viviendas) para destinarla a alquiler social tal y como ha anunciado el propio Iglesias a través de un vídeo en redes sociales. "Así movilizamos la vivienda en aquellos casos que se incumpla la función social de la vivienda prevista en la Constitución mediante la cesión obligatoria de uso", ha explicado.

De esta forma, las viviendas que se incorporen al parque público de viviendas en alquiler serán puestas a disposición de jóvenes, parados de larga duración de más de 50 años, familias monomarentales y otros colectivos vulnerables con alquileres asequibles, estableciendo el precio social del alquiler en el 15 por ciento de los ingresos medios de los hogares en la zona en la que se halle sito el inmueble.

Asimismo, Unidas Podemos plantea un nuevo impuesto a la vivienda vacía de grandes propietarios y especulares, "que actualmente impide que bajen los precios de los alquileres" –cuyo uso no haya sido expropiado para alquiler social–, en consonancia con el trabajo que se está llevando a cabo en la Comunidad Valenciana. "Si eres un pequeño propietario esto no te afecta, quedarás exento.

Finalmente, la formación morada ve necesario aprobar la primera Ley de Derecho a la Vivienda de la Comunidad de Madrid con enfoque de derechos humanos, tomando como punto de partida la Iniciativa Legislativa Popular presentada en la Asamblea de Madrid por asociaciones a favor del derecho a la vivienda fue rechazada en 2017 por PP y Ciudadanos.

Iglesias marca como aspecto esencial la vivienda

Con ello, Unidas Podemos vuelve a apostar por las propuestas en materia de vivienda como uno de los elementos centrales de su candidatura a los comicios del 4 de mayo y traslada al ámbito autonómico uno de sus principales objetivos mientras estuvo en el Ejecutivo estatal: la regulación del alquiler.

Precisamente la regulación del precio del alquiler fue uno de los compromisos del acuerdo de gobierno coalición entre PSOE y Unidas Podemos a nivel nacional, que también plasmaron en el pacto sobre los Presupuestos Generales del Estado.

Su plasmación se negocia entre ambos socios en el marco de la nueva Ley de Vivienda, que el candidato quería encarrilar antes de dejar sus cargos ejecutivo con un sistema que fije un tope de precios en zonas de mercado tensionado (aunque el PSOE apuesta por un sistema de incentivos fiscales a propietarios que bajen su vivienda).

Así, la normativa daría cobertura competencial a ayuntamientos y comunidades para intervenir el mercado del alquiler para fijar límites de precios.

En esta nueva ley estatal tanto PSOE como Unidas Podemos han avanzando también en incluir un recargo al IBI como fórmula para gravar la vivienda vacía, aunque no han pactado aún la cuantía que tendría dicho recargo y que la formación morada quiere que tenga un margen mucho más elevado que el 50% inicialmente planteado por el Ministerio de Transportes. En el ámbito de Madrid el exvicepresidente alude directamente a un impuesto sobre la vivienda vacía.

Por otro lado, los morados reclaman introducir en la Ley de Vivienda estatal la obligación de que los grandes propietarios destinen el 30 por ciento de sus viviendas a alquiler social, lo que supondría incorporar en el conjunto del país entre 140.000 y 150.000 viviendas al parque público.

Ya advirtió de los problemas de precios en Madrid

De esta forma, la propuesta del líder de Podemos, Pablo Iglesias, en Madrid pivota sobre este techo, pues en la regulación recogida en su programa pauta que los alquileres no puedan superar el 30% del salario medio de la zona correspondiente en zonas objetivamente con mercado tensionado.

En un actos específico sobre vivienda, Iglesias subrayó que los alquileres en Madrid han subido un 57% entre 2015 y 2020 y que en 2019 las familias dedicaban el 55% de su salario a pagar la renta, que en el caso de los jóvenes se eleva incluso a más de todo su sueldo. También citó que siete de los 20 municipios con los alquileres más caros se ubican en Madrid

También retoma la definición de gran propietario que se incluyó en el decreto antidesahucios del Gobierno central, al incluir dentro de esta definición a propietarios con más de 10 inmuebles.

Dos miembros de la organización juvenil Arran han irrumpido este lunes en un bus turístico de Barcelona y han colgado un cartel con el mensaje Paremos la masificación turística en los Països Catalans cuando el bus estaba detenido en la parada Port Olímpic.

En un comunicado, la organización ha explicado que han hecho una "acción reivindicativa contra el modelo turístico" en un autobús, donde han lanzado dos botes de humo en la parte superior del vehículo, que está descubierta.

Aseguran que el bus turístico ya fue considerado como "objeto simbólico de las acciones del pasado año" contra la masificación turística, ya que el pasado julio, Arran atacó un bus turístico de Barcelona en la zona del Camp Nou, al que pintaron el cristal delantero y pincharon una de las ruedas delanteras.

Fuentes de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) han explicado a Europa Press que dos jóvenes han subido a una parada del bus turístico y, al llegar a Port Olímpic sobre las 9.50 horas, han desplegado la pancarta y usado botes de humo, sin causar ningún desperfecto ni alteración del servicio, y poco después han bajado.

El 19 de junio de este año, activistas de esta organización arrancó su campaña #capitalismofòbiaencadenándose al dragón del Park Güell, y proponía expropiar a las principales empresas y activos turísticos y prohibir de forma inmediata la actividad de las empresas relacionadas con pisos turísticos.

El Banco de España ha trasladado al Banco Central Europeo (BCE) la denuncia que una inmobiliaria española, Inversión Hogar SA, presentó contra Ana Patricia Botín, Rodrigo Echenique, Ignacio Benjumea y Matías Rodríguez Inciarte, todos ellos miembros del comité ejecutivo del Banco Santander, a los que acusa de apropiación indebida y administración desleal en una operación que presuntamente causó un perjuicio de 50 millones de euros a la propia entidad financiera.

La empresa denunciante considera que el comportamiento de los cuatro altos ejecutivos vulnera la “honorabilidad” y la “idoneidad” de éstos como miembros del consejo de administración del banco y contraviene, por tanto, la nueva política de gobierno corporativo del BCE. Al tratarse el Santander de una “entidad significativa”, el Banco de España está obligado a enviar la denuncia al supervisor europeo. A preguntas de infoLibre, un portavoz del BCE ha declinado comentar el estado en que se encuentra la tramitación de la denuncia, asegurando que el organismo “no hace comentarios sobre instituciones específicas”. Tampoco el Banco de España ha querido dar ningún dato sobre el procedimiento amparándonse en la “confidencialidad”. Un portavoz del Santander tampoco ha querido comentar las circunstancias de la operación que originó la denuncia.

La operación denunciada se remonta a octubre de 1996. Inversión Hogar, una inmobiliaria que construía viviendas en Andalucía, solicitó la suspensión de pagos el 30 de abril de 1991. En julio de 1994 el juzgado aprobó un convenio con los acreedores, en virtud del cual el Santander debía conceder un crédito de 3,7 millones de euros a Inversión Hogar y, a cambio, la empresa debía entregarle cuatro fincas, situadas en Mijas y Manilva (Málaga), Mairena del Alfaraje y Alcalá de Guadaira (Sevilla), así como pagarle 1,8 millones de euros. Además, una filial de la inmobiliaria, Atlantic Village, debía abonar al Santander 1,13 millones de euros.

Inversión Hogar pagó los 1,8 millones y entregó las cuatro fincas, valoradas en casi 73 millones de euros. Pero como la filial no abonó sus 1,13 millones y una de las fincas aportadas no pudo registrarse “por falta de superficie bastante según el Plan General de Ordenación Urbana”, el banco no otorgó el crédito de 3,7 millones. El concurso sigue vivo aún hoy: la empresa debe a sus acreedores más de 3.000 millones de pesetas –18 millones de euros–. Santander e Inversión Hogar llevan desde los años 90 enzarzados en los tribunales a costa del convenio.

Pero, mientras tanto, el Santander vendió una de las fincas, ubicada en Mijas, a una sociedad denominada Las Vertientes de Calahonda SL. Lo hizo el 20 de diciembre de 1996, por un precio de sólo 450.759 euros. El terreno, catalogado como “urbanizable programado”, tenía una superficie de 518.000 metros cuadrados; es decir, se vendió por poco más de un euro el metro cuadrado. El convenio por la suspensión de pagos, sin embargo, valoraba la finca en 1,3 millones de euros, aunque ya en 1989 Tasaciones Hipotecarias lo había tasado en 6,3 millones de euros y en 1991 el propio Banco Santander le calculó un precio de 10 millones.

Además, la operación se firmó sólo un día antes de que parte del terreno fuera expropiado para construir la autopista de peaje de la Costa del Sol, la AP-7. En 2008 el Jurado Provincial de Expropiación de Málaga valoró la tercera parte de la finca en 20 millones de euros. Es decir, 44 veces más de lo que pagó la sociedad Las Vertientes de Calahonda al Santander. El resto del terreno esa sociedad lo vendió en 2002 por 7,2 millones de euros a otra, Desarrollos Inmobiliarios Costa del Sol SL. Posteriormente, Las Vertientes de Calahonda recurrió la tasación del jurado de expropiación, elevando aún más el valor de la finca, hasta los 30,3 millones.

Según consta en la inscripción del Registro Mercantil, uno de los socios de Las Vertientes de Calahonda era Joaquín Alberto Arrupe Ferreira, abogado apoderado del Banco Santander, y otro era la sociedad Tinre Etablissement, radicada en Liechtenstein. Arrupe Ferreira ha sido apoderado de Santander de Titulización y de Altamira Santander Real Estate. Representa desde hace más de 20 años al Santander en las decenas de juicios que ha tenido que celebrar el banco en los juzgados y la Audiencia Provincial de Málaga.

Ocho días antes de la venta

Tinre Etablissement, por su parte, tenía su sede en Vaduz, la capital de Liechtenstein, y su administrador único cuando se firmó la operación con el Santander era Heinz Batliner, presidente del Verbindung Bank y hermano de Herbert Batliner, abogado del bufete Batliner & Partner, uno de los más importantes del Principado. Ambos aparecieron implicados en esos mismos años en la operación Carburos y en los negocios que llevaron a la cárcel a Mario Conde y Arturo Romaní.

Además, según los denunciantes, la firma de la operación entre Santander y Las Vertientes de Calahonda estuvo llena de "irregularidades". La sociedad fue constituida el 12 de diciembre de 1996, sólo ocho días antes de la compraventa de la finca, así que los denunciantes entienden que en la fecha en que se firmó la operación Las Vertientes de Calahonda "aún no tenía personalidad jurídica ni capacidad de obrar" porque no se inscribió en el Registro Mercantil hasta un mes después, el 20 de enero de 1997.

Este conjunto de circunstancias llevan a los denunciantes a asegurar en su escrito ante el Banco de España que Las Vertientes de Calahonda y sus socios funcionaron en realidad como “testaferros” de los ejecutivos del Santander, que se ocultaban tras el abogado del banco Arrupe Ferreira y de la sociedad radicada en Liechtenstein.

Las Vertientes de Calahonda entró en disolución en octubre de 2009, pero sigue litigando por el precio de la expropiación en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Los 50 millones de euros que, según la denuncia, los supuestos testaferros han “distraído” del patrimonio del Santander se derivan del precio que el banco dejó de percibir por la finca vendida, por la expropiada y por los intereses acumulados.

Suspensión de pagos "inducida" por el banco

La historia en los tribunales de la caída de Inversión Hogar es larga. Sus gestores fueron juzgados por estafa, acusados por unas 90 familias que le reclamaban más de 300 millones de pesetas –1,8 millones de euros– por unos pisos que pagaron pero jamás vieron. Fueron absueltos por la Audiencia Provincial de Sevilla en septiembre de 1998. Los jueces no apreciaron “ninguna irregularidad en la gestión ni en la contabilidad”. Por el contrario, señalan los jueces que la empresa hizo “un notable esfuerzo” para concluir las promociones en curso, entregando casi 1.000 viviendas. E incluso aseguran que la suspensión de pagos de Inversión Hogar fue “inducida” por el Santander al “retrasar deliberadamente el pago de certificaciones de obra contra las cuales se entregaban las cantidades pactadas en la póliza de crédito”. “Todo ello derivaba de la intención del banco de reforzar las garantías ante unos riesgos que consideraba insuficientemente cubiertos”, explica la sentencia. También aseguran los jueces que la entidad “desencadenó” así “una decisión que no era esperable por la situación general de la empresa”. Cuando se solicitó la suspensión de pagos, de hecho, el activo de Inversión Hogar era de 8.619,4 millones de pesetas (51,8 millones de euros), superior a su pasivo, de 8.040,2 millones (48,32 millones de euros).

Caso bien distinto es el del convenio de la suspensión de pagos. En 2001 Inversión Hogar pidió la cancelación de ese convenio. En una primera sentencia, en 2006, el Juzgado de Primera Instancia número 19 de Madrid condenó al Banco Santander a pagar a Inversión Hogar 74,7 millones de euros, el valor de las cuatro fincas entregadas en 1994 más los 1,8 millones abonados, como cancelación del citado convenio, y los intereses.

En ese momento, la inmobiliaria pidió al juzgado como medida cautelar el embargo de un total de 101 millones de euros de la cuenta de tesorería que el Santander posee en el Banco de España. El juzgado cursó la petición al organismo supervisor, pero éste la rechazó con el argumento de que detraer esa suma “particularmente elevada de la citada cuenta de tesorería, podría suponer un desajuste en el cumplimiento por la entidad de sus compromisos” y, por tanto, generar un “impacto en el sistema financiero”.

Como el Santander, además, recurrió la sentencia, la medida no llegó a ejecutarse. Es más, la Audiencia Provincial de Madrid absolvió al banco en julio de 2007. Al igual que el Tribunal Supremo en otra sentencia de 2011.

Los pleitos judiciales continúan

Sin embargo, los pleitos han continuado. El pasado 28 de septiembre, el Juzgado de Primera Instancia número 20 de Madrid desestimó una nueva demanda de una aseguradora, Fianzas y Crédito, y de Urbanizaciones y Construcciones Andaluzas (Urcansa), una filial de Inversión Hogar, por la que reclamaban la nulidad del convenio firmado en 1992 con el Santander con motivo de la suspensión de pagos. También pedían que el banco devolviera a la masa de los acreedores el importe de las fincas entregadas. Según argumentan, “la única causa y finalidad del convenio era el pago de las deudas al Banco Santander y no reflotar a Inversión Hogar”. Es decir, se favorecía supuestamente a un acreedor en detrimento del resto.

La sentencia lo rechaza y dictamina que el convenio “se realizó precisamente para facilitar el buen fin del expediente de suspensión de pagos en beneficio de todos los acreedores”. Inversión Hogar ya ha anunciado su intención de recurrir la decisión de la jueza.

infoLibre ha preguntado al Banco Santander por todos estos pleitos y por la denuncia ante el Banco de España y el BCE por la supuesta falta de idoneidad de sus máximos ejecutivos. La entidad financiera se ha limitado a contestar que el caso está “juzgado y sentenciado”, pero no ha querido comentar nada sobre la operación con Las Vertientes de Calahonda, la presencia en esa sociedad de uno de sus abogados, o la participación en ella de una firma radicada en Liechtenstein.

El Ayuntamiento de Madrid ha decidido finalmente que expropiará Peironcely 10 —la casa en Vallecas inmortalizada por Robert Capa durante la Guerra Civil— y sí realojará a los inquilinos, según ha confirmado este miércoles el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, en la comisión del ramo.

Aclara así las palabras de la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, también presidenta de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), que ayer apuntó en comisión que las viviendas en las que viven las trece familias de Peironcely 10 no entran dentro de la categoría de emergencia social y únicamente se tramitarían los realojos si llegara a producirse una expropiación.

El delegado ha concretado que el expediente de planeamiento correspondiente al cambio de calificación por una modificación puntual que implica la expropiación ya se ha iniciado, con fecha de 20 de septiembre. Espera tener la aprobación inicial antes de final de año. Y, "por supuesto, habrá realojo de residentes".

Calvo ha explicado que la Junta Municipal de Puente de Vallecas, con Paco Pérez al frente, paralizó la licencia de demolición por un defecto de forma. El siguiente paso fue la denegación de la licencia después de que el propietario del inmueble afirmara que entendía que se le otorgaría tras una serie de meses por silencio administrativo. "La Junta tomó esa decisión para que no se derribara", ha apuntado.

"Estamos comprometidos a proteger el edificio, de mano del PSOE", ha indicado el concejal a palabras de la edil socialista Mar Espinar.

La socialista Mar Espinar ya llevó Peironcely 10 a la comisión de Equidad dando a conocer la situación de algunos de sus vecinos y defendiendo que el Ayuntamiento podría dar respuesta a estos inquilinos incluyendo su situación en el marco de la emergencia social de la vivienda, lo que supondría garantizarles una alternativa habitacional.

La delegada Higueras, por su parte, expuso que ante la precaria situación económica de las familias se pone a disposición de todos los vecinos de Madrid los recursos de los servicios sociales, incluido su solicitud a vivienda protegida. De las familias de Peironcely 10 sólo la han pedido cinco de ellas, indicó. Las solicitudes se hicieron en enero y se les dará el tratamiento que indique la valoración de los servicios sociales.

En Marea e Izquierda Unida, ambos en el grupo de Unidos Podemos, registrarán la próxima semana una iniciativa en el Congreso para que se expropie el Pazo de Meirás (A Coruña), propiedad de la familia de Franco, porque consideran que "es un peligro para los valores democráticos" que la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) esté gestionando las visitas al edificio.

Según detalla en un comunicado la responsable de Memoria Democrática de IU, Esther López, el hecho de que esta fundación sea la que gestione el lugar incumple con el artículo 37.3 de la norma que protege los bienes culturales ante un posible "uso incompatible con sus valores", por lo que supone una "causa justificada" que la Administración lleve a cabo su expropiación.

"Dado que los valores exaltadores del fascismo son absolutamente contrarios a los establecidos en el actual marco constitucional, IU considera que las administraciones públicas han de velar por la protección adecuada de nuestros bienes culturales desde todos los ámbitos posibles y no incurrir por omisión en la exaltación del fascismo", ha apuntado la formación.

Por este motivo, dado que "es una anomalía democrática" que este inmueble "continúe en manos de los herederos del dictador", López ha advertido del "peligro" que supone para "los valores democráticos".

En Alemania no pasa

Del mismo modo, ha asemejado la figura de Franco con la de Hitler y ha señalado que es "inconcedible" que "el Pazo siga asociado a la figura del fascista [de Franco]", "sin que el Gobierno haya movido un dedo para impedir dicha salvajada".

"Sería inconcebible que en Alemania siguiera la familia de Hitler ostentando privilegios generados a partir de la usurpación de bienes durante la barbarie nazi y que, además, se permitiera a una organización filofascista realizar visitas guiadas para alabar al genocida. Sin embargo, en España está sucediendo", ha apuntado.

A través de una iniciativa parlamentaria, IU exigirá la expropiación del Pazo dado el "interés público del inmueble", así como su "inmediata disposición" para fines culturales una vez sea patrimonio del Estado. De este modo, quiere que se ponga "en valor" que este edificio fue la residencia de la escritora Emilia Pardo Bazán, "elemento fundamental para resignificar así el propio edificio", ha explicado.

La Cámara Baja del Parlamento de Austria aprobó la expropiación del edificio en el que nació Adolf Hitler, en un paso más para reformar el lugar y reducir su atractivo como punto de peregrinación para los neonazis.

El texto aprobado a última hora del miércoles no especifica cómo se llevará a cabo la reparación, motivo por el que algunos diputados dijeron que se oponían a la ley. Entre sus detractores figuran algunos miembros del pequeño partido liberal Neos, según un comunicado del Parlamento, recogido por Europa Press, pero no hay disponible un desglose de los votos.

La ley debe ser aprobada ahora por la Cámara Alta, un trámite que se espera sea una mera formalidad. El ministro del Interior, Wolfgang Sobotka, dijo que el Gobierno apoya una "remodelación arquitectural" de la vivienda en la que Hitler nació cerca de la frontera con Alemania en 1889, lo que podría incluir la demolición del edificio.

La expropiación de la vivienda en la localidad de Braunau am Inn debería poner fin a la larga disputa con su propietaria, una jubilada que ha rechazado las ofertas anteriores del Estado para adquirir el edificio.

Sobotka dijo que el edificio de tres plantas podría ser usado por el municipio "para fines caritativos u oficiales" tras su conversión. El Ministerio del Interior tiene alquilado el edificio desde 1972 y lo cedió a Braunau.

"Todo sea por el Recre". La frase es del alcalde de Huelva, Gabriel Cruz (PSOE), y la pronunció este viernes al anunciar la momentánea "salvación" del Recreativo de Huelva, el conocido como Decano del fútbol español, fundado en 1889 y que milita en Segunda División B.

El club tenía un primer escollo para su supervivencia el jueves 30 de junio, cuando expiraba el plazo para pagar casi un millón de euros a la Asociación de Futbolistas Profesionales (AFE), garante del cobro de las nóminas de los profesionales, para evitar el descenso a Tercera División, lo que hubiera acentuado el riesgo de desaparición. La aportación económica se realizó in extremis con lo recaudado por una campaña popular, Líberos del Decano, y por distintas empresas, entidades, asociaciones e instituciones, en una iniciativa liderada por el alcalde, Gabriel Cruz, al que el presidente de la federación de peñas del Recre, José Antonio Cabrera, llama "nuestro capitán".

Ahora este "capitán" está a punto de culminar un empeño aún más ambicioso que esta "salvación" momentánea: la expropiación de las acciones del Recreativo para evitar definitivamente su desaparición, una operación de riesgo para el Ayuntamiento, según ponen de relieve los informes del interventor y el secretario municipal, así como una auditoría del club, documentos a los que ha tenido acceso infoLibre.

La expropiación aún no está culminada. Es, a juicio del Gobierno local, el cierre de un proceso global que tenía su primer hito en el 30 de junio con el final del plazo de la AFE, que pendía sobre la cabeza del club como una espada de Damocles. El último empujón para cumplir con los requerimientos de la asociación que vela por los intereses de los profesionales –que sufren reiterados impagos en el Recreativo– lo dio casi sobre la bocina la Caja Rural del Sur, que financió una aportación de 236.000 de la empresa Onubafruit.

35.000 euros de la Diputación de Huelva

Antes, también a última hora, la Diputación de Huelva aportó 35.000 euros para llegar a tiempo a pagar a los futbolistas. La implicación en la solución de Caja Rural del Sur se produjo después de que el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, llamara personalmente al presidente de la entidad financiera, José Luis García Palacios, el jueves antes de las 8 de la mañana. "Acababa de sacar a mis perros", rememora García Palacios, que activó la maquinaria a toda velocidad para ofrecer una garantía de pago a la AFE antes de las 12.00. El concejal de Huelva y vicepresidente de la Diputación, José Fernández, se ha implicado directamente en negociaciones en Madrid con el presidente de la AFE, Luis Rubiales.

Los límites de lo público y lo privado se desdibujan en este proceso de "salvación" del Recreativo, como así la llama el propio alcalde. Y en adelante se desdibujarán aún más. El Ayuntamiento está a punto de culminar la expropiación de las acciones del club que posee Gildoy, con lo que el Consistorio onubense se quedaría con un 99,8% de la entidad. Así lo aprobó el pleno municipal el 6 de junio con el apoyo del PSOE, que promovió la iniciativa, el PP, Ciudadanos y Mesa de la Ría, y con la abstención de Participa Sevilla y el voto en contra de Izquierda Unida.

El "interés social" de un Bien de Interés Cultural

El texto aprobado invoca el "interés social" del Recreativo, así como su próxima inscripción por parte de la Junta de Andalucía como Bien de Interés Cultural en la categoría de Actividad de Interés Etnológico. Así se justifica su expropiación, al establecer que Gildoy, y en particular el actual máximo accionista, Pablo Comas, están incumpliendo las obligaciones de protección de los bienes que forman parte del "Patrimonio Histórico Andaluz".

Lo que previsiblemente ocurrirá será la municipalización de un club en "quiebra técnica", situación financiera admitida por el propio Ayuntamiento en el texto aprobado. El 27 de junio el pleno desestimó las alegaciones de Comas –considerado por la afición y el Ayuntamiento responsable de la ruina del club–. La culminación de la expropiación aún no tiene fecha establecida. "De momento estamos en lo más inmediato", explican desde el Ayuntamiento, donde no aclaran incógnitas como, por ejemplo, qué pasará y quién pagará, cuando el club pase a ser municipal, a la plantilla de trabajadores del Recre, que sufre impagos.

Un ayuntamiento "intervenido", un club líder en la lista de morosos

La expropiación conlleva que el Ayuntamiento de Huelva, con una deuda de 221,8 millones de euros e "intervenido" económicamente, según el propio alcalde, asumirá a su vez la deuda que tiene el Recreativo de Huelva, que asciende al menos a 21,2 millones de euros, según las cuentas del club de la temporada 2014-2015. Este "al menos" es una prevención, ya que la realidad financiera del club es una incógnita, también para el Ayuntamiento. Una auditoría firmada el 18 de mayo de 2016 por el auditor de cuentas Jenaro López, de Hispacontrol, proyecta sombras inquietantes sobre la realidad de un club a punto de ser nacionalizado.

El informe de Hispacontrol señala que el auditor ni siquiera tiene base suficiente para conocer la situación del club, dada la escasez y sesgo de la información entregada. En cuanto al funcionamiento interno, la auditoría describe una ausencia de mecanismos de control interno, escasa o nula planificación, falta de documentación sobre los actos... "Las indicadas carencias [...], la ausencia de protocolos internos [...] afecta a la confianza que el auditor deposita en los estados contables analizados", señala el informe. infoLibre ha intentado sin éxito recabar la opinión del Recreativo de Huelva y de su máximo accionista, Pablo Comas. El Ayuntamiento va a asumir el 99,8% de un club del que no se conoce su realidad. Sí se sabe que el Recre está en la lista de morosos de Hacienda, con una deuda de 13,5 millones de euros, el club que lidera esta clasificación de morosidad.

El propio acuerdo aprobado en el pleno señala que, “una vez preservada la continuidad y viabilidad del Recreativo”, se procederá a “devolver otra vez el club a la iniciativa privada, en cumplimiento de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local”. Es decir, el Ayuntamiento no tiene el menor interés en quedarse con el Recreativo. Pero tampoco puede ofrecer garantías de que aparezca un inversor interesado en un club endeudado hasta las cejas que milita en Segunda División B. Mejor dicho, un club que militará en Segunda B –categoría que salvó la última temporada tras un emocionante final– si deposita este mismo mes de julio el aval de 250.000 euros necesario para competir, aunque este es un escollo que, una vez superado el de la AFE, ahora parece ciertamente asequible. El Recreativo también tiene que pagar 750.000 euros a la Federación Española de Fútbol antes del 31 de julio.

Objetivos de estabilidad, deuda y pago a proveedores incumplidos

Ni el interventor ni el secretario municipal se han opuesto expresamente a la expropiación del Recreativo. Pero sus informes sobre el tema evidencian dudas sobre la operación. Fernando Varela, interventor municipal, recuerda que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local sólo permite a las entidades locales hacer aportaciones patrimoniales a sociedades mercantiles "si se ha cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y periodo medio de pago en el ejercicio anterior". "Objetivos", señala el informe del interventor del 3 de junio, "que no se han cumplido por este Ayuntamiento".

El mismo día, 3 de junio –tres antes de someter al pleno el texto para la expropiación–, emitió su informe el secretario general del Ayuntamiento, Felipe Albea. Al igual que el interventor, Albea no se opone a la expropiación, que no constituye en ningún caso una ilegalidad. Pero sí pone el dedo en la llaga de la mala situación de un ayuntamiento que acude al rescate de un club en quiebra. "Una vez preservada la continuidad y viabilidad del club, y debidamente estructurada y planificada la gestión de la sociedad que ejerce su actividad, el Ayuntamiento debería plantearse la más pronta devolución de la misma a la iniciativa privada", señala el texto del secretario. El Ayuntamiento no ha hecho público aún el plan para garantizar la viabilidad del club, ni a quién lo venderá.

Competencia "impropia"

El secretario municipal subraya la "dificultad" que, desde la perspectiva de la Ley de Administración Local, "presenta el hecho de que un ayuntamiento, en las condiciones financieras en las que se encuentra el de Huelva, pueda desarrollar una competencia impropia como la gestión de un club de fútbol profesional". El Ayuntamiento sí tiene como competencia propia la gestión del agua, pero en este caso la empresa que la gestiona sólo es del Ayuntamiento en un 51%, mientras el restante 49% es privado. Cuando se culmine la expropiación, se dará la circunstancia de que el Ayuntamiento tendrá más participación en el club de fútbol que en la empresa de gestión de aguas.

Uno de los aspectos más sorprendentes de este intento de evitar la desaparición del Recre es la campaña ciudadana Líberos del Recre, que ha logrado reunir más de 700.000 euros, en una sorprendente demostración de relaciones públicas y persuasión. Ha sido una muestra más del clima de presión social para salvar al Recre, que ha incluido manifestaciones, una enorme presencia de la cuestión en los medios de comunicación, actividades solidarias...

El colectivo de aficionados Recreativo Supporters Trust, uno de los promotores de la campaña de salvación, tiene como objetivo último que el club, a través de los fondos recaudados, pueda ser propiedad de la afición, convirtiéndose en una suerte de club popular. De momento, está a punto de convertirse en un club municipal.

España se encuentra en los primeros puestos del ranking de presencia en tribunales de arbitraje privados, que median entre los intereses de las grandes multinacionales y los Estados al margen de la justicia ordinaria y que el TTIP pretende potenciar. 34 grandes empresas españolas han litigado ante el más importante, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), lo que sitúa al país en el quinto puesto cuyas compañías más utilizan este recurso. A su vez, España ha sido demandada ante el Ciadi un total de 26 veces, empatada con Egipto y solo superada por Venezuela y Argentina. Grandes empresas como Abengoa, Repsol, Telefónica y Unión Fenosa son asiduas a demandar a países ante estos tribunales privados, cuya decisión depende de juristas de la parte demandada y la demandante, que les permiten obtener indemnizaciones millonarias en compensación a las acciones legislativas que perjudiquen sus beneficios.

Un mecanismo llamado, por sus siglas en inglés, ISDS y considerado "un ataque directo a la soberanía de los pueblos" por los autores del informe Justicia privatizada, Beatriz Plaza y Pedro Ramiro, del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) y editado por Ecologistas en Acción. El documento fue presentado este lunes y señala que en los principales tratados de comercio –en negociación y aprobados– este recurso a los tribunales arbitrales se incluye como principal mecanismo de resolución de conflictos entre empresas y Estados. Se trata de uno de los puntos más polémicos del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) y que a España no le es ajeno, dado el gran número de disputas que Industria mantuvo y mantiene con países latinoamericanos y con empresas europeas que litigaron contra el hachazo a las renovables.

El informe se basa en los datos públicos del Ciadi, dependiente del Banco Mundial. En palabras de los autores, no es el único tribunal de arbitraje, pero sí el más transparente. Cuando una gran empresa considera que una política de un Estado le perjudica, puede demandarlo ante organismos como el Ciadi. Si falla a favor de la gran compañía, obliga en la práctica al Gobierno del país a desembolsar grandes indemnizaciones en concepto de compensación por los beneficios perdidos. Las multinacionales españolas están en el quinto puesto de demandantes ante el Ciadi por país de origen. En su mayoría, por expropiaciones y otras decisiones tomadas por Gobiernos progresistas latinoamericanos, explica el informe. Un 90% de los litigios pertenecen a este ámbito.

El segundo enfoque que aborda Justicia privatizada es el relativo a las demandas interpuestas contra el Estado español, que aumentaron de manera significativa durante los últimos tres años. El Gobierno de Rajoy frenó en 2012 los incentivos que hasta entonces el Gobierno ofrecía a las empresas que apostaran por instalaciones de energías renovables, lo que provocó una cascada de reclamaciones de firmas europeas que hasta entonces se estaban aprovechando de una "burbuja especulativa", a juicio de los autores del informe.

El documento señala tres ejemplos ilustrativos. En primer lugar, el de Repsol, que llegó a un acuerdo con Argentina tras la expropiación del 51% de YPF en 2012; el de Unión Fenosa contra Egipto, que reclama una compensación por la paralización de las actividades de su planta de licuefacción de Gas Natural Licuado en 2013 (pendiente de resolución); y el de Abengoa, que obtuvo 31 millones de euros por parte de México por haber impedido la puesta en funcionamiento de una planta dedicada al almacenamiento y manejo de desechos industriales peligrosos que contó con el rechazo frontal de las comunidades locales. Tres ejemplos de una práctica manejada con asiduidad por las grandes compañías con sede en España, y que se verán potenciadas si el TTIP finalmente se aprueba: contempla que la mediación entre Estados y empresas por parte de estos tribunales ajenos a la justicia ordinaria sea el mecanismo principal por el cual las empresas defiendan sus intereses.

El ISDS está "en el centro" de todo tratado comercial, más allá del TTIP. Es "uno de los acrónimos más tóxicos de Europa", como declaró la comisaria de Comercio de la Comisión Europea, Cecilia Malmström. El portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González, señaló en la presentación del informe que estos procedimientos son paralelos a la justicia porque "los jueces están dotados de imparcialidad e independencia", algo con lo que no cuentan los abogados de la parte demandante y la demandada que toman las decisiones en los tribunales privados. "Es la ciudadanía la que hace las leyes", recalcó, por lo que, en su opinión, este arbitraje internacional carece de legitimidad democrática.

La portavoz de la campaña #NoalTTIP de Ecologistas en Acción, Concepción García, aseguró que tribunales como el analizado Ciadi buscan "proteger a la inversión", lo que en la práctica es otorgar "grandes superderechos"a las multinacionales "frente a los derechos de la ciudadanía", que carece de recursos para defender sus intereses con el mismo nivel de efectividad. Defiende el sistema como una "estructura de impunidad" que, como explica el informe, "impide a las personas, en el marco de unas sociedades formalmente democráticas, ejercer el derecho a decidir sobre cómo organizar su vida en sociedad".

La Comisión Europea organizó una consulta preguntando por los mecanismos ISDS y su posible inclusión en el TTIP. El 97% de participantes se declaró en contra, ante lo cual el departamento de Malmström propuso un nuevo sistema: el ICS. Para García solo se trata de "maquillaje" para la impunidad de las compañías que denuncia el informe y su organización. Si, finalmente, el TTIP sale adelante, la oportunidad que probablemente brindará a las grandes empresas de obviar a los tribunales ordinarios no pillará de nuevas a las grandes firmas españolas.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha llamado a "retomar la convivencia" en el barrio de Gràcia tras los disturbios de la última semana después del desalojo del 'Banc Expropiat', para lo que ha vuelto a pedir la mediación de las entidades vecinales.

En una entrevista este lunes en BTV recogida por Europa Press, ha agradecido el "esfuerzo de contención de todas las partes" que ha facilitado que los enfrentamientos entre policía y manifestantes hayan sido menores en las últimas horas.

Ha afirmado que tras la primera reunión con las asociaciones de vecinos que hicieron el jueves, mantendrán "tantas como haga falta" y han reclamado también la intermediación de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB).

Garganté

Preguntada por la participación en las protestas del concejal de la CUP en el Ayuntamiento Josep Garganté –quien ha asegurado haber sido golpeado por un agente– ha dicho que "como cualquier ciudadano tiene derecho a ir a las manifestaciones que quiera" igual que muchos diputados acudieron el sábado a una protesta contra los recursos del Gobierno al Tribunal Constitucional.

"Estoy segura de que es el primero que no quiere ningún trato diferencial ni protagonismo por ser concejal", ha planteado Colau, que se ha mostrado convencida de que Garganté denunciará la agresión si cree haberla sufrido.

El mandato de José Manuel Soria al frente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha estado marcado, en el ámbito de las políticas relacionadas con el departamento, por aspectos como la reforma energética para acabar con el déficit de tarifa del sistema eléctrico o la polémica por las prospecciones de hidrocarburos en Canarias.

El ministro, que renunció este viernes a su cargo en funciones, también ha tenido que abordar otras cuestiones como la expropiación de YPF a Repsol en 2012, el preconcurso de Abengoa, la reforma de la Ley de Hidrocarburos, los sucesivos planes PIVE de apoyo a la compra de vehículos, la apuesta por el frackingfracking o las controversias acerca de Castor, el autoconsumo, Garoña o el proyecto de Almacén Temporal Centralizado (ATC).

En la parte final de la legislatura, la caída del precio del petróleo marcó el pulso del sector y se presentó como un "viento de cola" para la economía. Además, el turismo ha registrado cifras récord durante la legislatura y se ha convertido en un ámbito en el que Soria se ha desenvuelto con mayor comodidad.

El mandato de Soria comenzó con la aprobación, en enero de 2012, de la llamada moratoria verde, por la que se suspendía de forma temporal la instalación de nueva potencia renovable incentivada mediante primas. Dos meses después, Industria aprobó un primer recorte de costes regulados del sistema eléctrico, especialmente a la distribución y a los pagos por capacidad, para contener el déficit de tarifa.

También en marzo de 2012, Industria se vio forzada a aplicar una sentencia del Tribunal Supremo que obligaba a refacturar el recibo de luz a millones de consumidores para repercutir las subidas que no aplicaron ni el PSOE en su última revisión trimestral antes de salir del Gobierno, en octubre de 2011, ni el PP en la primera al llegar al poder, en enero de 2012. Durante varios meses y hasta diciembre de 2012, los consumidores de luz tuvieron que abonar un 7% más por el recibo.

Para acabar con el déficit de tarifa, el departamento dirigido por Soria abordó dos grandes reformas, una en 2012 bajo el mandato de Fernando Marti como secretario de Estado de Energía, consistente en una batería de impuestos eléctricos que entre otras cosas contribuyó al cierre temporal de Garoña, y otra en 2013 acometida por el sucesor de Marti, Alberto Nadal, y centrada en los costes regulados.

La reforma energética

Tras alertar en varias ocasiones del riesgo de quiebra del sistema eléctrico, Nadal presentó un conjunto de medidas por las que los contribuyentes asumirían 900 millones de costes extrapeninsulares, los consumidores una subida del 3,2% en el recibo y las empresas del sector un recorte de 2.700 millones que afectaría en buena parte a las renovables y que se materializaría a través de un nuevo esquema retributivo basado en una rentabilidad anual del 7,5%.

Este recorte a las tecnologías verdes, que se sumó a otros anteriores durante la legislatura y a los aplicados en la última etapa del PSOE, puso al sector en pie de guerra. Los inversores han presentado recursos ante distintas instancias en España y ante los organismos de arbitraje internacional, que por el momento ya han avalado las medidas aplicadas por el exministro Miguel Sebastián.

En todo caso, la reforma energética puso fin al déficit de tarifa y permitió que en 2014 el sistema eléctrico arrojase un superávit de 550 millones, que podría verse incrementado en otros 900 millones en 2015. Está por ver si las medidas serán capaces de revertir las fuertes subidas del recibo de la luz iniciadas en 2005.

Tras la reforma, se produjo en diciembre de 2013 el escándalo de las subastas eléctricas. El mercado mayorista de electricidad, conocido como pool, alcanzó ese mes cotas históricas e hizo que la subasta del 19 de diciembre para fijar la tarifa de luz para el primer trimestre de 2014 concluyese con un alza del 11% del recibo.

El Gobierno suspendió la puja tras las "circunstancias atípicas" detectadas por la CNMC y puso en marcha el nuevo Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) y la nueva tarifa por horas, que se ha convertido en todo un reto tecnológico, al permitir, para el caso de los contadores inteligentes, la facturación hora a hora.

Autoconsumo y Abengoa

En el sector eléctrico, la legislatura también ha estado marcada por la subida del término fijo de la electricidad, con la que el Gobierno garantizaba los ingresos del sistema pese a empeorar la señal de ahorro en el consumo, y por el real decreto de autoconsumo, especialmente criticado por el llamado impuesto al sol, por el que estos productores deben sufragar los costes regulados del sistema.

Finalmente, Industria eximió provisionalmente a los consumidores domésticos de pagar cargos por la parte variable de la electricidad autoproducida. El decreto sigue siendo objeto de polémica por incluir fuertes multas y trabas administrativas.

En cuanto a Abengoa, la decisión de Gonvarri de romper su acuerdo para entrar en el capital de la compañía precipitó el preconcurso de acreedores, en el que ya hay un acuerdo de reestructuración financiera. En este caso, el Gobierno no quiso intervenir ni inyectar dinero público.

El petróleo canario

La decisión del Gobierno de permitir a Repsol la exploración del subsuelo en aguas canarias generó un fuerte encontronazo entre el Gobierno de Paulino Rivero y la Administración central.

La movilización popular en contra de las prospecciones vino acompañada de la convocatoria de un referéndum cuyos términos anuló el Constitucional y que a efectos prácticos no tuvo mayor repercusión, ya que en enero de 2015 Repsol anunció que bajo las aguas de Canarias hay gas, pero sin el volumen ni la calidad suficientes para valorar una posible extracción.

Ocho planes PIVE

Durante la etapa de Soria al frente de Industria se han aprobado un total de ocho ediciones del Plan PIVE, de incentivo a la compra de automóviles nuevos a cambio de achatarrar uno antiguo, con un importe total de 1.100 millones de euros.

Asimismo, se ha impulsado la adquisición de vehículos eléctricos con el Plan Movele, dotado con 20 millones de euros, y del actual Movea, con 10 millones de euros. Igualmente, el Ministerio ha participado en el Plan PIMA Aire (38 millones de euros) y en el PIMA Transporte, que, en sus dos ediciones, ha ofrecido financiación a la compra de vehículos industriales por casi 3.000 millones de euros.

En la parte final de la legislatura, se produjo el escándalo del software de Volkswagen para manipular las pruebas de emisiones. Soria obtuvo en sus reuniones con los máximos directivos de la compañía el compromiso de que se mantendrían las inversiones en España, al tiempo que su departamento coordinó un comité de seguimiento con la empresa, los sindicatos y los representantes de la Administración.

"Un elefante en una cacharrería", según las ONG ambientales

Las asociaciones ambientales valoraron positivamente la renuncia de Soria, puesto que consideran que ha sido como "un elefante en una cacharrería" en materia energética. En declaraciones a Europa Press le achacaron el "desmantelamiento" del sector de las energías renovables y su apuesta por las fósiles y por los intereses de las empresas eléctricas.

Así, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Paco Segura, cree que su dimisión estaba "cantada" por las continuas contradicciones en que ha incurrido en sus explicaciones pero más allá, en su tarea como ministro le califica de "nefasto".

En su opinión, José Manuel Soria ha sido el "ariete" contra las renovables, ya que ha generado una "inseguridad jurídica completa". Con sus "continuos recortes a las subvenciones, ha arrasado con el sector", que "se ha venido abajo totalmente", más aún al final con el decreto contra el autoconsumo, declaró.

En cuanto a su papel respecto a la energía nuclear, Segura criticó que en estos cuatro años, Soria, en la disyuntiva entre los intereses comunes y los de las empresas, el ministro optó por los de las eléctricas y lamenta que "parecía él más interesado en reabrir la central nuclear de Santa María de Garoña que Iberdrola y Endesa".

Asimismo, el director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, dice de Soria que ha sido "el peor ministro de Industria que España ha tenido, con diferencia", por el "grado de retroceso" en sus materias, por su apuesta contra las renovables y a favor del petróleo, la nuclear, el fracking y los retrocesos en los procesos de control en la central nuclear de Garoña.

En definitiva, dijo que el paso de Soria en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo "como un elefante en una cacharrería" donde ha producido un "daño" que tardará mucho tiempo en repararse.

Los internautas no echarán de menos al exministro

El presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domínguez, aseguró que "no le echarán de menos", tras una legislatura en la que, según valoró, "se ha dejado que el sector funcionara solo" y que "el mercado campara a sus anchas", en lugar de desempeñar una función reguladora.

Como consecuencia de ello, señaló, por ejemplo, las "importantísimas subidas de tarifas" de las operadoras telefónicas y de Internet durante el último año o las cuestiones relativas a la propiedad intelectual, en las que "se ha dejado en manos del Ministerio de Cultura" legislar "sin comparecencia del Ministerio de Industria" en materias con mucha incidencia en el desarrollo de la sociedad de la información.

"La oficina del usuario de telecomunicaciones ha pasado a un tercer plano en todo lo que ha supuesto la acción de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, no ha habido un seguimiento ni una petición de opinión a las asociaciones en materias importantísimas, en materia de protección de datos, la brecha digital entre el mundo urbano y rural, la protección de menores y todas las cosas que se están desarrollando en el mundo de la sociedad de la información", lamentó.

El pleno del Tribunal Constitucional estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra el decreto ley andaluz de medidas para asegurar el cumplimiento del fin social de la vivienda al considerar que la expropiación de dichas viviendas invade la competencia exclusiva del Estado en materia de "coordinación de la planificación general de la actividad económica".

La sentencia, adelantada este martes, explicó que el Estado ha puesto en marcha unas medidas que tienen una doble finalidad, proteger a los deudores hipotecarios y, al mismo tiempo, promover el mercado hipotecario con la constitución de un fondo social de viviendas propiedad de las entidades de crédito.

Así entiende que el decreto ley andaluz, con las expropiaciones, obstaculiza la eficacia de las medidas de política económica desarrolladas por el Gobierno. La sentencia cuenta con tres votos particulares de magistrados progresistas: el de la vicepresidenta del TC, Adela Asua; el de Encarna Roca, y al que se adhiere Fernando Valdés Dal-Re y el de Juan Antonio Xiol.

Cabe recordar que de forma posterior a este decreto, el Parlamento andaluz aprobó una Ley de Función Social de la Vivienda que derogó en parte el decreto ley. Dicha ley fue también recurrida ante el TC por el Gobierno de Mariano Rajoy y está pendiente de resolución por el pleno.

"¿Por qué hay que aceptar que alguien, por el hecho de tener mucho dinero, puede llamar a un periodista y decirle cómo tiene que escribir sobre algo?". Sobre esa idea ha gravitado la presentación del libro Conversacion con Pablo Iglesias, escrito por el periodista Jacobo Rivero –amigo, como ha reconocido, del líder de Podemos– y que, en un formato de entrevista, expone algunas de las ideas principales del político y tertuliano.

La obra trata temas como la relación de Podemos con el 15M, los referentes políticos tanto pasados como presentes de Iglesias o su exposición mediática. No obstante, las preguntas al eurodiputado durante el acto de presentación –al que han asistido más de medio centenar de personas, entre ellas muchos periodistas, a quienes Iglesias ha señalado que le resulta "extremadamente sencillo" responder porque siempre "repiten exactamente las mismas preguntas"– se han centrado en la polémica surgida a raíz de las declaraciones del propio Iglesias en la obra acerca de la necesidad de establecer una "regulación" de los medios de comunicación.

En este sentido, el líder de Podemos se ha mostrado ambiguo con respecto a propuestas concretas, aunque sí ha dejado clara una cosa: hay que limitar la "concentración de la propiedad" en los medios para evitar "el riesgo de que se vulnere la libertad de expresión" de los periodistas. "Yo no sé si la expresión 'imperios mediáticos' es compatible con la democracia", ha asegurado Iglesias, que ha utilizado las mismas palabras que uno de sus interlocutores para preguntarle retóricamente si cree "razonable que el 80 o 90% de lo que ven los españoles lo decidan dos imperios".

"Para hacer una ley de medios hay que preguntar a los periodistas"

"Nosotros no estamos en contra de la iniciativa privada, pero sí de ese modelo de burocracias que implica que hay oligopolios que lo controlan todo, incluidos los medios de comunicación", ha señalado el eurodiputado, que no obstante no ha querido dar propuestas concretas en cuanto a su iniciativa más allá de fomentar la creación de "cooperativas" o modelos donde los periodistas "tengan más peso". Sin embargo, sí ha sido tajante a la hora de afirmar que "para hacer una ley de medios hay que preguntar a los periodistas", y en este sentido ha recalcado que él no es "un druida" ni tiene una "fórmula mágica" y que deben ser los propios profesionales los que se encarguen de proponer medidas.

¿Y en cuanto a la Ley de Prensa de Ecuador aprobada por el presidente Rafael Correa por la cual se le pregunta en el libro? Iglesias ha alegado no conocer en profundidad la legislación ecuatoriana, por lo que ha declinado responder las repetidas preguntas sobre si su propuesta iría en la linea de una norma que, según han denunciado organizaciones como Human Rights Watch, "cercena la libertad de prensa". En cualquier caso, el líder de Podemos ha querido dejar claro que su propuesta "no trata de imponer un solo modelo". "Eso sería una barbaridad, yo quiero medios conservadores y medios progresistas, pero lo fundamental es que puedan trabajar en libertad, y para eso hay que acabar con la concentración de la propiedad", ha insistido.

"Si hubiera unas elecciones entre los trabajadores de los medios de Lara [el propietario del grupo Atresmedia, que agrupa medios como Antena 3, La Sexta o el diario La Razón] no creo que saliera elegido Lara", ha ejemplificado Iglesias, que ha denunciado que "el 95% de lo que vemos, leemos y escuchamos en España es propiedad privada de extranjeros". "Avanzar en un sentido democrático hacia el respeto de la libertad de expresión pasa por asumir que no es razonable que todo lo que la gente reciba dependa de fondos de inversión estadounidenses o empresarios italianos", ha remachado.

Iglesias, contrario a la elección directa de los alcaldes

Al líder de Podemos también le han preguntado por la propuesta del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que los alcaldes sean elegidos directamente a través de la lista más votada, una iniciativa de la que varios expertos han alertado que limitaría la representatividad y que tiene incluso visos de inconstitucionalidad porque podría no respetar el modelo de elección proporcional que consigna la Carta Magna. Iglesias ha incidido en esta idea, y ha asegurado que la propuesta de Rajoy parte de intereses partidistas porque, incluso con un sistema electoral "que tiene, en la práctica, efectos de sistema mayoritario", al PP "no le salen los números para mantener el poder". "Pero no está bien cambiar la ley electoral cuando uno va a perder", ha denunciado jocosamente el eurodiputado.

En cuanto a la contrapropuesta de personajes como Jesús Posada o algunos sectores del PSOE, que han pedido que este sistema de elección directa, de implantarse, se celebrase a dos vueltas precisamente para paliar los problemas de representatividad, Iglesias ha reconocido no haber "podido leer todavía" la proposición concreta, por lo que ha declinado opinar. De lo que sí se ha mostrado mucho más favorable es de limitar el número de aforados, algo que "a priori" le suena "muy bien", aunque ha señalado que tiene que existir una iniciativa concreta para poder valorarla con más profundidad.

También le han preguntado a Iglesias por su decisión de entregar tres cuartas partes de su salario al programa online La Tuerka, que dirige y presenta junto a otro de los líderes de Podemos, Juan Carlos Monedero, un dinero que otros eurodiputados de Podemos, como Teresa Rodríguez, donarán a la caja de resistencia de sindicatos. En este sentido, el líder de la formación ha rebatido que del mismo modo que los obispos españoles tienen derecho a poner su dinero donde quieran [el periodista que le ha hecho la pregunta era de la Cadena Cope], nuestro sueldo puede ser enviado a iniciativas que sean favorables a los fines de Podemos".

De igual forma, a Iglesias le han preguntado sobre las declaraciones que hizo hace unos días la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, quien relacionó a Podemos “con el chavismo, con el castrismo y con ETA”. El líder de la formación ha recalcado que las palabras de Aguirre salen del límite de la crítica y son una "infamia". Y por contra, "si yo digo que Aguirre estuvo vinculada a las empresas de la Gürtel, o que favoreció a empresas de sus amigos, estoy diciendo lo que ocurrió", ha contraatacado. Ante la insistencia de los periodistas, ha adelantado que en los próximos días hará un anuncio sobre Esperanza Aguirre, contra quien ha insinuado que podría emprender acciones legales.

Es la foto de la resistencia y la dignidad. Caraval empuja la silla de ruedas de su mujer, Conchín, enferma de Alzheimer. Ellos fueron de los primeros en colgar la pancarta de Rehabilitación sin destrucción de sus ventanas en el grueso edificio de la plaza Martí Grajales, junto al mercado del Cabanyal. Era 1998 y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, acababa de diseñar su pirámide: la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta al mar sobre las ruinas de cerca de 1.651 viviendas. Y la apertura de un bulevar de norte a sur que borraba del callejero decenas de inmuebles, entre ellos la colmena de Martí Grajales. Muchos de sus propietarios, vendedores del mercado, enarbolaron las pancartas hasta que Barberá indultó el edificio para ganarse el favor de los comerciantes. En la mole sólo quedó al aire la solitaria misiva de Caraval y Conchín. Y como la conciencia suele ser un espejo deformador y amenazante, muchos vecinos les retiraron el saludo y la palabra.

La de los dos ancianos es uno más de los incontables relatos de un barrio en pie contra la barbarie. Pequeños gestos que suman una lección de ética y decencia. Historias de héroes minúsculos. Como Emilio, a quien la alcaldesa le envió en 2007 una carta de expropiación forzosa de su casa de la calle San Pedro. La angustia y la tensión le costó el matrimonio. O Vicent, a quien le expropiaron hace décadas su alquería de la huerta de Vera para ampliar la Universidad Politénica. Y a los pocos años de mudarse al Cabanyal, la alcaldesa planeó demoler su casa después de indemnizarle cuatro veces por debajo del precio de mercado. Ayer, al paso de la marcha, Vicent saludaba desde el balcón junto a un puñado de cañas secas, último recuerdo de la alquería de su infancia.

Plan consensuado

Por un nuevo plan en El Cabanyal con participación ciudadana. Este fue el lema de la manifestación convocada por la plataforma Salvem El Cabanyal y la asociación de vecinos, que reunió a miles de ciudadanos contra el proyecto urbanístico de Barberá de derruir este antiguo poblado marinero, declarado Bien de Interés Cultural en 1993. Un plan contestado en la calle y en los tribunales, y que ha situado a la alcaldesa en una evidente posición de insumisión política. En 2009 el Supremo requirió al Ministerio de Cultura que elaborara un informe sobre los efectos que provocaría en el barrio la ampliación de la avenida. La orden ministerial de 29 de diciembre de 2009 fue categórica: prolongar Blasco Ibáñez supondría un expolio del patrimonio español.

Pero Barberá, apoyada por la mayoría del PP en Les Corts, promovió una ley favorable a los derribos y liquidó un decena de inmuebles entre el 6 y el 8 de abril de 2010. El litigio finalizó con una paralización cautelar por el Tribunal Constitucional. Recientemente, el Consejo de Ministros ha pedido al PP valenciano que acate la orden y preserve un conjunto histórico único de calles trazadas a escuadra sobre el solar de las antiguas barracas y con fachadas decoradas siguiendo los patrones del modernismo popular de principios del siglo XX. “Iré a la cárcel por El Cabanyal”, ha llegado a decir en alguna ocasión Barberá, quien esta semana destacó que el ayuntamiento ha adquirido casi un tercio de las 1.651 viviendas afectadas.

Muchas de estas casas de propiedad municipal están tapiadas y otras tantas utilizadas como despachos de venta de droga o ocupadas por familias sin recursos con años en listas de espera en los servicios sociales. Algo que, según Faustino Villora, líder histórico de Salvem, “es una estrategia del PP para, al mismo tiempo, promover y criminalizar la pobreza, y degradar el barrio, las personas y la convivencia en favor de las excavadoras”. Villora cerró la marcha con un aviso en forma de comunicado para los representantes de los partidos de la oposición que acudieron a la marcha. “El plan de rehabilitación que vendrá no se redactará en los despachos. Saldrá de los vecinos y vecinas del Cabanyal sin exclusiones”, advirtió.

La lucha por la restitución de las tierras en Colombia terminó arrancando del país a uno de los máximos impulsores de este proceso, Gerardo Vega Medina. El director de la Fundación Forjando Futuros, Premio Nacional de Paz 2012, abandonó la región tras recibir amenazas contra su vida. Refugiado en España tras su precipitada salida describe la magnitud de un problema que amenaza el proceso de paz en la región. 

“Mi salida se debe a un plan criminal que se descubre después del asesinato de Gildardo Padilla el pasado 17 de noviembre”, explica Vega. Padilla se sumó entonces a los once miembros de su familia liquidados por reclamar la restitución de tierras en la región de Urabá. “Desde 2008 hasta ahora 64 reclamantes de tierras han sido asesinados –relata Gerardo Vega en declaraciones a infoLibre–, después de estos 64 asesinatos sólo hay un detenido, el 90% es impunidad en el país”.

Gerardo Vega y Carmen Palencia denunciaron ante la Fiscalía, el 22 de noviembre, la existencia de un plan para atentar en contra de sus vidas y las de Alfranio Solano y Carlos Páez, integrantes de la Organización Tierra y Vida. Un mes después de la presentación de la denuncia no se les asignó un fiscal ni se puso en marcha ninguna investigación.

El actual proceso de restitución de tierras en Colombia forma parte de las medidas de reparación a las víctimas del conflicto establecidas en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011). “El Gobierno creó esta ley y creó los juzgados de tierras que documentan los casos, pero en dos años no han restituido ni 20.000 hectáreas”, recalca Vega. Una cifra fútil teniendo en cuenta que los datos oficiales estiman que más de 8,3 millones de hectáreas han sido despojadas como consecuencia del conflicto y el Registro Único de Población Desplazada estima un total de 5.163.815 desplazamientos forzados.

“Hay una tragedia humana –explica el líder campesino–; estos últimos 10 años consistieron en legalizar el robo: 'unos iban matando y asesinado, otros comprando y otros iban legalizando', un dicho popular que refleja cómo se produce el despojo”. Así los grupos paramilitares llevaban a cabo la ejecución material del delito, a través del terror y el miedo lograban que la gente abandonase sus tierras: "O vende usted o vende su viuda", profetizaban. Mientras, los comisionistas recibían un incentivo por confirmar que los campesinos vendían a 200.000 pesos la hectárea, unos 100 euros; y finalmente los funcionarios de Gobierno y notarías legalizaban el saqueo.

La técnica del despojo y abandono forzoso de tierras compromete a “empresarios muy fuertes económicamente que han colaborado en campañas presidenciales”, señala Vega. Desde la Fundación Forjando Futuros como desde la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), entidad involucrada en el proceso de restitución de tierras, piden al Gobierno colombiano que “desmantele la organización criminal que comete los atentados y así llegue al fondo del asunto: hasta quienes financian, patrocinan y fomentan a los verdaderos autores, al aparato organizado del poder criminal”.

Y es que, “el autor material es lo de menos –explica Vega–. Detrás hay un grupo que, aunque pequeño, es muy poderoso económicamente. Se trata de empresarios bananeros, ganaderos y palmicultores”. A pesar de conocer los nombres de algunos de los responsables de promover la extorsión y las amenazas entre los campesinos, además de contar con pruebas de su vinculación y financiación a grupos paramilitares, la Fiscalía no ha iniciado ninguna investigación, según denuncian desde la Asamblea de Cooperación por la Paz.

“Lo que queremos es que a través de sus disposiciones judiciales, la Fiscalía actúe. Queremos que llegue a los empresarios que de verdad están promoviendo y financiando el despojo de tierras”, remarca el director de la Fundación Forjando Futuros. La ley de Víctimas y Restitución de Tierras “es la mejor ley del país, pero puede ser la peor si no se aplica”, relata Vega recordando las palabras de Baltasar Garzón. Si la normativa no se pone en práctica se convertirá en “una frustración más, y Colombia lleva 50 años de conflicto armado donde el principal problema es la tierra”.

Entre los cinco puntos a tratar en la negociación entre el Gobierno colombiano y las FARC en Cuba aparece “el tema de la tierra, el mismo ejecutivo reconoce así que existe un problema social que tiene que resolver con la guerrilla”, puntualiza Vega. El 52% de la tierra está en manos del 1,15% de la población, según el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Cifras que arrojan luz sobre la magnitud del problema del despojo y tenencia de la tierra en el país.

Cerca de seis millones de campesinos se han visto afectados por la expropiación violenta de sus fincas. Si bien la ley de 2011, avalada por el Gobierno de Juan Manuel Santos, pretende resarcir a las víctimas su aplicación deja mucho que desear. “No existen garantías ni protección para que los afectados puedan reclamar sin riesgo y, al final, las víctimas renuncian, eligen entre sus vidas o sus tierras”, remarcan desde la ACPP.

La Fundación Forjando Futuros, dirigida por Vega, ha documentado 550 casos de expropiación violenta de tierras. Organizaciones como la de este activista agilizan un proceso que no gusta a comerciantes de armas, narcotraficantes y terratenientes reticentes a perder su poder y dominio en Colombia. Mientras el Gobierno no sea el “único portador de la fuerza” y ponga fin a los movimientos guerrilleros, la restitución real de las tierras no será posible. “Estar fuera supone que ganan la pelea, que dejemos de hacer lo que hacemos, en el fondo es eso…”, se lamenta Vega, muy a su pesar, lejos de Colombia.

La petrolera Repsol reunirá el consejo de administración el 22 de enero. La convocatoria, ordinaria, puede poner el broche final al principio de acuerdo alcanzado en noviembre de 2013 a varias bandas, con la participación de tres Gobiernos (Argentina, España y México), para compensar a Repsol por la expropiación de la filial argentina YPF en abril de 2012. El principio de acuerdo prevé que Argentina indemnice a la petrolera española con bonos por un importe de 5.000 millones de dólares. Repsol reclamaba en principio 10.000 millones (7.368 millones de euros).

Las negociaciones están muy avanzadas.

avanzadas Lo explicó esta misma semana el ministro de Economía argentino, Axel Kiciloff. "El acuerdo con Repsol, como se ha dicho, es un acuerdo muy complicado, un acuerdo que está afortunadamente avanzando muy bien", indicó a periodistas el ministro. Así lo  confirman también fuentes cercanas a los principales accionistas de la petrolera española, la mexicana Pemex (9,2% del capital) y Caixabank (12,2%).

Todo está manos de los abogados de las partes, que deben tener en cuenta, explican las fuentes consultadas, no solo los aspectos legales y económicos, sino también las posiciones de los principales actores del acuerdo, incluidas las del presidente de la petrolera española, Antonio Brufau. Éste no participó en la fase final del principio de acuerdo cerrado con la participación del ministro de Industria, José Manuel Soria y el presidente de Caixabank, Isidro Fainé.

Críticas a Brufau

La compañía mexicana Pemex, que ha empujado con fuerza para cerrar la disputa entre Repsol y el Gobierno argentino, ha sido muy crítica con la gestión de Brufau.ha empujado Mexicanos y argentinos querían cerrar el acuerdo antes de que acabara 2013. No ha sido posible, pero no quieren dilatarlo mucho más.

El Gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto ha roto el tabú del petróleo como recurso propiedad del Estado y de Pemex como su único guardián. Ha reformado la Constitución y, en los próximos meses, aprobará las leyes menores (reglamentos) que amplían el margen de maniobra de Pemex para actuar en el negocio petrolero.

Por eso, el tema de Repsol y de YPF tiene que estar resuelto en semanas antes que en meses, sostienen fuentes al tanto de las negociaciones.  Los mexicanos quieren participar en el desarrollo del gran yacimiento de gas de YPF llamado Vaca Muerta (provincia de Neuquén). YPF no puede acometer el proyecto en solitario, pero las reclamaciones de Repsol por la expropiación (10.500 millones de dólares) dificultaban las alianzas entre compañías que mantienen buenas relaciones.

En todo el proceso para poner paz en el conflicto con YPF y el Gobierno de Cristina Kirchner, las formas son muy importantes. El acuerdo, impulsado por los Gobiernos y perfilado por las empresas, debe tener una escenificación correcta. Por ello, sostienen las  fuentes, es lógico que el compromiso de paz lo firmen los máximos responsables de las empresas: Miguel Galuccio por parte de YPF y Antonio Brufau por parte de Repsol. A partir de ahí, tanto Pemex como Caixa dan por hecho que se abre un periodo nuevo y, en un plazo de meses, sin la presencia de Brufau.

Respaldos

Frente a este escenario, fuentes no oficiales de la petrolera atribuyen las informaciones en ese sentido a intoxicaciones informativas destinadas a desestabilizar la compañía. Esas fuentes destacan que el consejo  respaldó por 15 votos contra uno (el de Pemex), la gestión de Brufau.

Por parte de CaixaBank, un portavoz precisó a infoLibre que "no se ha hablado" del relevo en la presidencia de Repsol. Sin embargo, otras fuentes conocedoras de los contactos mantenidos en México y Argentina por los negociadores españoles sostienen que el relevo de Brufau sí se ha tratado "en niveles políticos" y se concretará unos meses después de la firma del acuerdo.

La posición de Pemex está clara.  A finales de 2013, su director general, Emilio Lozoya, criticó duramente la gestión (y el salario) de Brufau al frente de Repsol en el Parlamento mexicano y el consejero de la compañía en la petrolera española, Arturo Henríquez, votó contra su gestión y justificó su posición en el consejo en una tensa intervención.

Pemex, accionista destacado de Repsol junto con CaixaBank (en torno al 9% del capital en ambos casos), quiere que la petrolera española cierre el acuerdo megociado con el Gobierno argentino por la expropiación del 51% de YPF antes de fin de año. Una delegación de la empresa estatal mexicana se ha trasladado a Buenos Aires este lunes para participar en los contactos que los representantes de la petrolera española mantienen con el Gobierno de Cristina Fernádez de Kirchner.

Repsol celebra el miércoles una reunión del consejo de administración. En la reunión se analizará el estado de los contactos con el Ejecutivo argentino y las garantías que ofrece para asegurar el cobro, por parte de Repsol,de los 5.000 millones de dólares acordados como indemnización por la expropiación de YPF en los niveles políticos de México, Argentina y España.

Un portavoz de Repsol declinó comentar el estado de las negociaciones, así como la posibilidad de que el consejo del miércoles de el visto bueno a la oferta de Argentina y suponga el cierre del pleito que se abrió en abril de 2012.

Denuncias en Argentina

Fuentes al tanto de las negociaciones destacan que en los últimos días ha habido movimientos en Argentina que podrían acelerar la firma del compromiso entre Repsol y los representantes del Gobierno Kirchner. Se refieren a las denuncias planteadas contra el ministro de Economía, Axel Kicillof y el presidente de YPF, Miguel Galuccio, por las negociaciones entabladas con la parte española.

Quien impulsa la investigación es el fiscal federal Ramiro González. En ella, entre otros, apunta al ministro de Economía, Axel Kicillof y al secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini. González quiere que  "se certifique si el Tribunal de Tasaciones (de Argentina) ha tomado intervención" en el proceso indemnizatorio.

La presión, sea real o no, existe. El Observatorio Petrolero Sur (Opsur) ha señalado que "todavía no está claro si el Tribunal de Tasación va a intervenir en determinar el monto indemnizatorio o será a través de una negociación entre las partes, ni tampoco si se va a dar intervención en la negociación a las provincias que integran el directorio de YPF". El mensaje parece estar claro: todo se puede complicar si las partes dilatan la negociación en exceso.

Fuentes conocedoras de las negociaciones mantenidas desde abril de 2012, cuando el Gobierno argentino expropió la filial a la petrolera española, sostienen que tanto Pemex como La Caixa prevén que los detalles del acuerdo de indemnización (en torno a 5.000 millones de dólares pagaderos en deuda argentina) estén cerrados para que el Parlamento mexicano lo apruebe a principios de 2013.

Encargo al astillero Barreras

Mientras tanto, informa Europa Press, responsables de Pemex-PMI han confirmado  el encargo de, al menos, cinco barcos para el astillero vigués Barreras, a los que se podrían sumar otros tres en el primer trimestre de 2014, además del flotel, que la empresa confía en que se construirá en la grada de Beiramar, lo que haría un total de nueve contratos. Así lo ha manifestado el coordinador de asesores de Pemex, Carlos Roa.

Roa ha confirmado que ya se ha cerrado un acuerdo con la armadora mexicana Procesa, para la construcción de un astillero (un encargo que, según el comité de empresa, rondará los 20 millones de euros) cuyos trabajos podrían empezar en febrero próximo; también se ha firmado el "memorando de entendimiento" con la empresa Diavaz, para construir un buque abastecedor por valor de 85 millones de euros.

La Junta de Andalucía tramita en la actualidad más de 100 expedientes de familias en situación de especial necesidad que desean acogerse a la Ley de Función Social de la Vivienda. La norma permite evitar el desahucio tras perder el derecho de propiedad de la primera residencia, y garantiza a sus beneficiarios un plazo de tres años durante el cual pueden permanecer en su domicilio. A cambio, deben abonar, como máximo, el 25% de sus ingresos.

Este martes, el Consejo de Gobierno autonómico ha dado luz verde definitiva a la primera operación de este tipo. A cambio de la expropiación, se ofrece a la entidad propietaria del inmueble en concepto de justiprecio el 2% del importe por el que haya adquirido el inmueble en subasta. 

Para beneficiarse de esta norma, los beneficiarios deben presentar una solicitud formal y acreditar el cumplimiento de varios requisitos. Este es el proceso a seguir hasta lograr la expropiación del derecho de uso de un inmueble:

UNO. Presentación de la solicitud

El primer paso es acudir a una de las oficinas del programa andaluz en defensa de la vivienda. Existen nueve centros, uno por provincia y uno más en el Campo de Gibraltar. El listado puede consultarse en la página web de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta.

DOS. los requisitos

Quien demande la expropiación del derecho de uso de la vivienda debe cumplir una serie de requisitos:

TRES. Publicación en el Boletín Oficial

Si se cumplen todos los requisitos, se procede a la publicación de los bienes afectados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, al igual que cuando la Administración expropia para, por ejemplo, ejecutar un proyecto de obra pública. A partir de entonces, la entidad afectada puede presentar sus alegaciones. En el primer caso, resuelto este martes, Ahorro y Titulización esgrimió que al no ser un banco, sino una sociedad gestora de fondos de titulización, la ley no le afectaba. La Junta desestimó su reclamación, ya que este tipo de financieras están expresamente recogidas en el texto legal.

CUATRO. utilidad social pública

Concluido el plazo de alegaciones, el Consejo de Gobierno de la Junta declara el interés social y la necesidad de ocupación para proceder a la expropiación forzosa y temporal del derecho de uso de la vivienda. En ese mismo momento, se declara de urgente ocupación el inmueble, un trámite de nombre confuso que en la práctica es la garantía para que la familia no tenga que abandonar en ningún momento el inmueble. Además, a la entidad titular de la propiedad se le ofrece como justiprecio el 2% del importe por el que haya obtenido el inmueble en la subasta del procedimiento de embargo hipotecario.

Y CINCO. Alegaciones

Si la entidad financiera acepta el pago del 2% del justiprecio, el proceso finaliza. Si no lo hace, puede recurrir en primer lugar a la Comisión Provincial de Valoración, dependiente de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía. Este organismo tiene la facultad de revisar el precio establecido para el acuerdo, tanto al alza como a la baja. Una vez emitido su dictamen, concluye la vía administrativa. Si la entidad sigue en desacuerdo con la oferta, puede acudir a los tribunales. Durante todo este proceso, la familia puede seguir disfrutando de su residencia habitual.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha autorizado por primera vez la expropiación del derecho de uso de una vivienda para evitar un desahucio. La familia afectada había acreditado estar en riesgo de exclusión social. Ahora, podrá permanecer en el inmueble durante tres años en situación de alquiler social y a cambio del 25% de sus ingresos (con un tope de 130 euros mensuales). Por su parte, la sociedad que se adjudicó la vivienda en subasta recibirá 4.711 euros en concepto de justiprecio.

El paso aprobado hoy supone el final de un largo recorrido iniciado el 23 de abril, cuando la familia solicitó acogerse al decreto de función social de la vivienda. Esa medida estuvo en vigor apenas unos meses, ya que el Gobierno central, tras las advertencias de Guindos y Gallardón al Ejecutivo autonómico, decidió recurrir ante el Tribunal Constitucional, que paralizó de forma cautelar el decreto. La réplica de la Junta llegó a finales de septiembre, cuando impulsó las mismas medidas en forma de ley. 

Además de aprobar la primera expropiación de este tipo en España, la Junta ha destacado este martes que los potenciales beneficiarios de la ley y de las expropiaciones son "ilimitados". De hecho, hay ya 17 expedientes publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía a los que sólo les queda recibir el visto bueno del Consejo de Gobierno. Y otros 113 casos en una fase previa, si bien ya se ha constatado que las familias cumplen los requisitos. En total, 130 expropiaciones en proceso y otras 507 personas que han iniciado los trámites para acogerse a la ley andaluza.

"Estafa de clase"

En palabras de la consejera andaluza de vivienda, Elena Cortés (IU), la expropiación del derecho de uso de las viviendas es "un colchón" para evitar que las familias "caigan en el vacío social que supone perder la casa". "En Andalucía ni hay ni va a haber tregua contra los desahucios", ha subrayado, al tiempo que ha añadido que los desalojos son una consecuencia de la "estafa de clase". A continuación se ha referido al caso de la primera familia beneficiada, residente en Huelva y formada por María del Carmen Andújar, su marido y sus dos hijos. Los cuatro miembros viven con unos ingresos inferiores a 542 euros mensuales.

Cortés también ha acusado a la sociedad que consiguió el derecho de propiedad de la vivienda en una subasta, la gestora de activos Ahorro y Titulización, de participar en operaciones especulativas. Las mismas, ha asegurado, "que han hundido el sector de la vivienda, el empleo y la garantía del derecho a la vivienda". La entidad no ha querido responder a las palabras de la consejera y tampoco ha aclarado si aceptará el justiprecio de 4.711 euros por tres años de expropiación. Esa cuantía es el resultante de calcular el 2% de lo que Ahorro y Titulización pagó por convertirse en propietaria del inmueble.

La gestora de activos dipone ahora de 15 días para dar por buena esa propuesta o recurrir. En ese caso, la Comisión Provincial de Valoraciones, dependiente de la Consejería de Presidencia, sería la encargada de revisar el justiprecio, pudiendo modificarlo tanto al alza como a la baja. Tras su dictamen, la financiera podría aceptarlo o acudir a los tribunales, al igual que ocurre cuando la Administración expropia, por ejemplo, para ejecutar un proyecto de obra pública. Sea como sea, la Junta garantiza a la familia que no tendrá que abandonar el inmueble bajo ningún concepto hasta dentro de tres años, tal y como establece la ley autonómica.