El Gobierno de Donald Trump envió este martes el primer vuelo con migrantes arrestados en territorio estadounidense hacia un centro de detención en la Base Militar de Guantánamo (Cuba). "Ya no permitiremos que Estados Unidos sea un vertedero de criminales ilegales de naciones de todo el mundo", dijo Trump este martes en declaraciones a la cadena Fox News que recoge EFE.

En un avión militar, el grupo de diez migrantes -de los que aún se desconoce la nacionalidad- salió este miércoles desde la base militar de Fort Bliss, en El Paso (Texas), según informaron medios estadounidenses. De acuerdo con la cadena CNN, todos ellos tenían algún tipo de antecedente criminal.

El Ejecutivo de Trump ha emprendido una campaña en contra de los más de 11 millones de migrantes indocumentados en el país, tildándolos de "criminales" y prometiendo llevar a cabo la mayor campaña de deportación en la historia de Estados Unidos. En sus primeras semanas en el poder, las autoridades han detenido a más de 3.000 personas en todo el país, una cifra alejada de las redadas "masivas" que Trump se comprometió a realizar.

El presidente ordenó ampliar la capacidad de detención en la base naval de Guantánamo para albergar a más de 30.000 personas y el Pentágono ha desplegado ya a más de 150 militares para dicha tarea. Entre los militares desplegados se encuentran Infantes de Marina y otros militares del Comando Sur de Estados Unidos, encargado de Latinoamérica.

El pasado miércoles, al firmar el memorando para ampliar la capacidad del centro de migrantes en Guantánamo, Trump afirmó que la medida busca "detener a los peores inmigrantes ilegales criminales que representan una amenaza para el pueblo estadounidense".

Bajo la ley estadounidense, vivir en el país sin autorización o estatus legal no es una falta criminal sino civil. Por lo tanto, es falso que las personas indocumentadas tengan de por sí un "historial criminal", como ha asegurado el actual Gobierno. Cruzar la frontera sin inspección -codificado como 'ingreso indebido'- o intentar entrar en EEUU después de haber sido deportado o expulsado, sí está tipificado en la legislación penal: el primero como un delito menor y el segundo como un delito grave.

Múltiples estudios, incluyendo una investigación de la Universidad de Stanford que analiza datos desde la década de 1960, han encontrado que los migrantes tienen menos probabilidades de cometer crímenes o ser condenados por un crimen que las personas nacidas en Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles una memorando para que el Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional habiliten 30.000 camas en la base naval de Guantánamo (Cuba) con el fin de detener a inmigrantes indocumentados, según informa EFE.

El texto del memorando habla de expandir el actual centro "hasta su plena capacidad" sin indicar una cifra concreta, aunque en declaraciones durante un acto en la Casa Blanca Trump aseguró que serán 30.000 camas.

"Tendremos 30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores inmigrantes ilegales criminales que son una amenaza para el pueblo estadounidense", aseguró Trump durante el acto, antes de firmar el memorando.

"Algunos son tan peligrosos que ni siquiera confiamos en sus países de origen para que se los queden, porque no queremos que regresen. Así que los enviaremos a Guantánamo", dijo al promulgar una ley contra migrantes con delitos menores. "Es un lugar duro. Es un lugar del que es difícil salir", añadió sobre Guantánamo.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) opera desde hace décadas en la base militar de Guantánamo un centro de detención para inmigrantes, el cual administra de manera independiente a la prisión destinada a sospechosos de terrorismo. El zar de la frontera de Trump, Tom Homan, aclaró en declaraciones a periodistas que seguirá siendo el ICE la agencia responsable de operar el centro de detención con 30.000 camas.

Los migrantes que hasta ahora llegan a la base de Guantánamo son aquellos que las autoridades estadounidenses interceptan en el mar cuando intentan alcanzar las costas del país, principalmente procedentes de Cuba y Haití. Homan dijo que el centro ampliado será para "lo peor de lo peor".

La población migrante en la base suele ser muy baja. De acuerdo con datos publicados por The New York Times, entre 2020 y 2023, el centro solo albergó a 37 personas.

La base de Guantánamo funciona en un vacío jurídico donde no se aplican las mismas garantías legales en materia migratoria que rigen en territorio continental estadounidense. La situación en las instalaciones migratorias de Guantánamo ha sido históricamente opaca, con poca información pública sobre lo que ocurre allí.

Un reportaje publicado en septiembre de 2024 por The New York Times, basado en informes internos del Gobierno, reveló que los detenidos enfrentan condiciones precarias en Guantánamo, incluyendo denuncias de que son obligados a usar gafas de visión opaca durante los traslados dentro de la base, que sus llamadas con abogados son monitoreadas y que algunas instalaciones están llenas de ratas.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, calificó este miércoles como un "acto de brutalidad" el anuncio y denunció que la base de Guantánamo se ubica en "territorio de Cuba ilegalmente ocupado".

La tan esperada ampliación de la justicia universal está un paso más cerca de convertirse en realidad. Una década después del golpe que el Gobierno de Mariano Rajoy asestó a dicha jurisdicción, el Congreso de los Diputados acaba de dar luz verde a la tramitación de una proposición de ley de Sumar con la que se busca, precisamente, corregir los aspectos más nocivos que trajo consigo la reforma conservadora. Todos los partidos del bloque de investidura se han mostrado a favor de regresar al modelo previo a 2014, mucho menos restrictivo. Una vuelta al pasado que, en caso de culminarse en los términos previstos, permitiría reabrir investigaciones judiciales sobre crímenes que quedaron impunes. Causas que acabaron en un cajón como consecuencia del recorte del Ejecutivo del PP.

España ha sido un país pionero en el desarrollo y aplicación del principio de justicia universal. El mismo ya se incluyó en 1985 en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero la amplitud que se recogía en aquella versión inicial se ha ido limitando con el paso de los años. La reforma de 2009 de la norma introdujo en dicha jurisdicción la necesidad de acreditar determinados “puntos de conexión” o un “vínculo” relevante con España para que nuestros tribunales pudieran hacerse cargo de determinados delitos. Y luego llegó la modificación conservadora de 2014, que terminó dando la puntilla final a la jurisdicción universal con la introducción de nuevos condicionantes que limitaron todavía más la competencia para perseguir hechos de gran gravedad fuera de nuestras fronteras.

Aquella reforma se tramitó de manera exprés tras la decisión del juez Ismael Moreno de dictar una orden de detención internacional contra el expresidente de China Jiang Zemin y el ex primer ministro Li Peng por genocidio, torturas y crímenes de lesa humanidad contra la población del Tíbet en los ochenta y noventa. De ahí que tanto en la judicatura como a nivel político se diera por hecho que el cambio solo buscaba destensar relaciones con el gigante asiático. A partir de la reforma, nuestros tribunales sólo pueden conocer casos de genocidio y crímenes de lesa humanidad cuando el autor es español o extranjero residente en España. Y en los de tortura, es necesario que el procedimiento se dirija contra un nacional o que la víctima tenga nacionalidad española y el autor esté en nuestro país.

Ahora, una década después, el bloque de la investidura parece dispuesto a regresar al modelo anterior, el que permitía a nuestros tribunales asumir cualquier caso relacionado con hechos de este tipo cometidos fuera del territorio nacional por personas físicas españolas o extranjeras, sin necesidad de que estas últimas residan en nuestro país o se encuentren en nuestro territorio. Una vuelta al pasado que, coinciden los expertos consultados por infoLibre, permitiría reabrir aquellas causas que el cambio normativo del PP obligó a archivar —porque la reforma conservadora vino acompañada de una disposición transitoria que obligaba a sobreseer los procedimientos en tramitación que no se ajustasen a los nuevos requisitos—.

“En principio, y siempre que se apruebe en los términos previstos, no debería haber ningún obstáculo para reiniciar las investigaciones que estaban abiertas en aquel momento si sobre las mismas no se decretó el sobreseimiento libre, que tiene fuerza de cosa juzgada”, apunta al otro lado del teléfono el exmagistrado de la Audiencia Nacional y director del despacho de abogados Ilocad, Baltasar Garzón. Coincide Manuel Ollé, abogado, profesor y uno de los expertos en derecho internacional que formó parte del consejo asesor para la recuperación de la jurisdicción universal durante la etapa de Dolores Delgado al frente del Ministerio de Justicia: “Podría dar lugar a la reapertura de los casos siempre que concurran los requisitos que finalmente queden fijados en la nueva ley”.

La reforma planteada ahora por Sumar, cuya tramitación acaba de arrancar en la Cámara Baja y aún debe superar todo el proceso de enmiendas, trata de dejar esto bien atado. De ahí que la proposición incluya una disposición transitoria que obliga a los juzgados o tribunales a reabrir “de oficio” todos aquellos procesos que fueron sobreseídos o archivados tras el recorte impulsado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, con independencia de “su estado, de los recursos presentados y del tribunal que conociera su resolución”. Uno de ellos es el caso Couso, centrado en el asesinato del cámara español José Couso en un ataque del Ejército de Estados Unidos contra el Hotel Palestina, donde se alojaba la prensa internacional durante la guerra de Irak.

No fue, sin embargo, el único procedimiento que acabó metido en un cajón una vez entró en vigor la reforma impulsada por el Gobierno conservador. La misma suerte corrió la investigación por el genocidio chino en Tíbet, que generó una crisis diplomática con el gigante asiático y precipitó el recorte de la jurisdicción universal del PP. O el caso Falun Gong, que tuvo su origen en una querella presentada por varias víctimas de la represión que sufrieron los miembros de este grupo religioso por parte de las autoridades chinas desde finales de los noventa. Cambios normativos que también afectaron al caso Ruanda, que se siguió por genocidio, torturas, terrorismo y crímenes contra la humanidad en ese país y el Congo en los noventa.

El sobreseimiento de todos estos procedimientos se acordó con base en lo establecido en la disposición transitoria que incluía la reforma del PP. Una modalidad que, se encargó de señalar el Supremo, tiene “unos efectos similares” al “sobreseimiento provisional”, lo que implica que tales carpetazos no deben entenderse como definitivos. Eso fue lo que pasó también con la causa abierta en su día por el ataque que el Ejército israelí perpetró en 2010 contra activistas de la Flotilla de la Libertad, en el que murieron nueve personas, tres de ellas españolas. Tras el recorte de la jurisdicción universal, la Audiencia Nacional tuvo que decretar el sobreseimiento provisional del caso. Y lo mismo ocurrió con la investigación centrada en las torturas producidas en la cárcel de Guantánamo.

Ollé pone también el ojo en los crímenes cometidos por el Ejército de El Salvador a finales de los ochenta. A pesar de la reforma de la jurisdicción universal, la Audiencia Nacional continuó con la investigación del asesinato de cinco jesuitas españoles —Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Armando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo— agarrándose al delito de atentado terrorista. Y la justicia española llegó a condenar a 133 años de cárcel al coronel salvadoreño Inocente Montano por estos hechos. Sin embargo, impunes quedaron el resto de responsables y los asesinatos de tres ciudadanos salvadoreños que había sido ejecutados aquel mismo día. La Audiencia Nacional solo pudo hacerse cargo de sus nacionales.

Han pasado 20 años desde que llegaran a Guantánamo los primeros detenidos. El centro de detención norteamericano está ubicado en una base naval situada en el este de Cuba. El gobierno cubano reclama continuamente su cierre y considera que se encuentra en territorio ocupado. La prisión se construyó en 96 horas, tras los terribles ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y ha llegado a contar con 780 prisioneros. Pertenecían a 49 nacionalidades distintas, sobre todo afganos, saudíes, yemeníes y paquistaníes y, cuando fueron detenidos, sus edades oscilaban desde los 13 a los 89 años. Guantánamo es un lugar inexpugnable donde la tortura y la impunidad estaban —y es de suponer que están aún—, a la orden del día.

Sin duda sigue siendo una demostración de lo peor de un Estado y de lo que los seres humanos son capaces de inferir a sus semejantes. En estas dos décadas solo han sido procesados doce de los recluidos y de ellos dos fueron condenados por una comisión militar. Hoy quedan aún 39 personas presas, 27 de ellas, por tanto, sin cargos. Las 27 personas sobre las que no pesa acusación alguna en todo este tiempo permanecen allí en el concepto de que son detenidos de guerra en el conflicto con Al Qaeda, sin que se vea final a su situación.  Señalo, como recordaba recientemente el diario La Vanguardia, que el juicio a los cinco presuntos cabecillas del 11-S, entre ellos el supuesto líder Jalid Sheij Mohamed, sigue sin iniciarse después de diez años de audiencias previas.

En 2002, desde el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, yo había dictado un procesamiento contra el ciudadano español Hamed Abderraman Ahmed —alias Hamido y preso en Guantánamo— como integrante de la célula española de Al Qaeda y, en diciembre de 2003, emití una orden de detención. Esto me sirvió para reclamar a Estados Unidos su extradición. Se consiguió su libertad en febrero de 2004 a cambio del compromiso del Gobierno de José María Aznar de mantenerlo en prisión, asunto que está claro era en realidad de mi competencia en base al procedimiento abierto. El 13 de febrero, Interpol me confirmó su entrega. Recuerdo que, ese mismo día, recibí la llamada del ministro de Justicia, José María Michavila pidiéndome la seguridad de que el detenido no sería puesto en libertad, pues podría perjudicar las elecciones que se iban a celebrar el 14 de marzo siguiente. Le respondí de forma contundente que lo que me decía estaba fuera de lugar.

Aquel iba a ser el primer caso en el mundo en el que se conseguía liberar a una persona de aquella prisión. Se trataba de que alguien que había estado privado de todos sus derechos los recuperara, sin perjuicio de las imputaciones que se le pudieran hacer y que eran anteriores a su marcha desde España a Afganistán. Una vez que llegó, ordené que fuera sometido a un exhaustivo examen médico, pero antes, le pregunté sobre la detención y el trato recibido en Guantánamo.

Reproduzco mis notas de aquellas fechas: “Me habló de celdas individuales de hierro (jaulas) de 2 x 1,5 m; con salida, no todos los días, de quince minutos al exterior, en silencio permanente, con capucha en la cabeza, golpes en el rostro, sucesivos interrogatorios sin abogado. Durante más de dos años, esta persona ha vivido una situación de no derecho. He acordado que le ingresen en el Gregorio Marañón, a pesar de que los informes médicos no son desfavorables. He experimentado una sensación confusa. Por una parte, la satisfacción de que me hayan entregado a un presunto terrorista, pero, por otra, la pena, el malestar, la repugnancia y el desasosiego que me produce la desorientación que traía, el calvario que ha tenido que pasar en ese campo de concentración. He autorizado que la familia lo vea en espacio abierto y cómodo (el despacho del secretario y no en los calabozos) por si esta alternativa le pudiera traer lo vivido en Guantánamo. El letrado Javier Nart ha estado muy profesional y me ha comentado que presentará una demanda de responsabilidad civil contra los Estados Unidos”.

En el 2009 inicié la apertura de una causa judicial para investigar a los responsables de las torturas contra los presos de Guantánamo. Se sumaron varias denuncias y querellas. Hoy todavía, como aquel día de 2004, me sobrecoge el relato de las víctimas. La práctica de la tortura ha sido una tentación y una constante a lo largo de la historia. En múltiples investigaciones así se ha constatado (dictaduras, Guantánamo, Abu Ghraib, terrorismo, cárceles, interrogatorios). Es la negación en sí misma de la racionalidad del ser humano y la negación más grosera del Estado de derecho.

Como es natural, las autoridades norteamericanas nunca colaboraron sino para impedir la investigación con la colaboración inestimable de algunos funcionarios españoles, según se desveló en el 2010 por WikiLeaks. No se me olvidan aquellos cables de la embajada de Estados Unidos en Madrid que hablaban de «torcer el brazo a Garzón» o «sospechamos que Garzón va a conseguir toda la publicidad para el caso a no ser que se le obligue a abandonarlo». Probablemente esa publicación salvó precisamente el caso e hizo que los magistrados de la Audiencia Nacional confirmaran la competencia y ordenaran la continuación de la investigación. El Tribunal Supremo español calificaría Guantánamo de limbo judicial, considerando que cualquier prueba obtenida allí era ilegal.  

El 9 de diciembre de 2014, un informe del Senado norteamericano dejaba claro que Guantánamo constituye la escenificación de la barbarie de un sistema que perdió toda referencia humanitaria y que olvidó el Estado de derecho en las cloacas de los centros de detención clandestinos, prisiones secretas y en cada golpe o humillación sobre personas desvalidas, privadas de los más elementales derechos. En un artículo que publiqué días después en la web de mi Fundación, FIBGAR, reseñaba lo mismo que hoy pienso, que la justificación de la necesidad de aplicar estos métodos para combatir el terrorismo, además de constituir una aberración jurídica, es falsa y soporta un engaño de más de doce años, compartido por muchos gobiernos y sistemas judiciales que han permanecido en un ominoso silencio. Y que la vergüenza se extiende a todos aquellos países cuyos dirigentes han consentido y siguen consintiendo las ilícitas acciones de las agencias norteamericanas y de quienes les ayudan o soportan.

Pero, más aún, que ese dictamen del Senado confirmaba que tales acciones criminales de la CIA en Guantánamo fueron inútiles pues los detenidos —que no habían sido juzgados— ante estos métodos expeditivos, firmaban declaraciones falsas que debían servir para justificar a los altos responsables de esa agencia de información y a las autoridades USA que torturaron sistemáticamente como medio para luchar contra el terrorismo y como política de Estado para someter a otros países.

En cuanto a la administración estadounidense, el presidente George Bush admitió que los talibanes y afganos detenidos quedarían cubiertos por la Convención de Ginebra. En 2006, el Tribunal Supremo estableció que ese convenio se aplicaba a todos los detenidos y que el sistema de comisiones militares violaba las leyes internacionales. Fueron excarcelados 500 de los arrestados. Otros 200 saldrían de su encierro durante el mandato de Obama, quien planteó cerrar el centro en un año. Llegó Donald Trump y paralizó este proceso. Joe Biden alcanzó la presidencia con la promesa de clausurarlo. Hasta la fecha solo se ha trasladado a un preso. La postura de su administración es clara: Guantánamo es “una mancha moral”, como declaró el portavoz del Departamento de Estado Ned Price. Pero Biden se enfrenta a la postura de los republicanos en el Senado que rechazan cualquier posibilidad en este sentido. Consideran a los reclusos peligrosos y se prohíbe que se utilicen fondos públicos para su transporte a cualquier destino o para mejora alguna en las instalaciones penitenciarias.

En Londres, actualmente se suceden protestas por lo que denominan presos eternos. “Acusadles o soltadles”, reclaman los manifestantes. Guantánamo se constituye como una vergüenza y un paradigma de lo que un país que se disfraza de derechos humanos, es capaz de hacer contra ellos equivocando el mensaje de salvaguarda del mundo.

La Jurisdicción Universal, instrumento que nos permitió en España llevar a cabo esta instrucción y los juicios posteriores, se había revelado como una herramienta capaz de poner en jaque los ataques sistemáticos y arbitrarios por parte de cualquier régimen por poderoso que fuera, pero la política soporta mal las presiones y, en demasiadas ocasiones, los jueces no luchan como debieran por su independencia. La Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal, con el gobierno del PP, venía a echar el cierre definitivo tras una primera reforma en 2009 con un gobierno socialista, que la limitaba. Si España había sido un referente mundial, los intereses geopolíticos remataron la actitud combativa contra la impunidad y el amparo a los vulnerables.

En cuanto a Guantánamo, siempre busqué la fórmula para sacar de aquel lugar de pesadilla a quienes podía. Las consecuencias que me han reportado mis convicciones han sido diversas y evidentes. Pero todo ello no ha hecho sino reafirmarme, hoy y durante estos veinte años, en que la defensa de las víctimas y las garantías del Estado de Derecho se deben mantener por encima de cualquier componenda, y que es crucial denunciar a aquellos que buscan poner obstáculos al ejercicio de la Justicia independiente. Por muy poderosos que sean.

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Baltasar Garzón es presidente de FIBGAR.

Sólo dos días después de asumir el cargo de presidente de Estados Unidos, Barack Obama firmó el decreto ejecutivo 13492, el 22 de enero de 2009, por el que se ordenaba el cierre del “centro de detención” de la Bahía de Guantánamo. Debía llevarse a cabo “lo antes posible y no más tarde del año siguiente”, se precisaba en ese momento.

La prisión, inaugurada el 11 de enero de 2002, entra en su vigésimo año de existencia. 40 personas permanecen allí detenidas, 15 de ellas desde el año de su apertura. 780 personas han pasado por ella desde 2002. Símbolo del territorio sin ley, de la arbitrariedad y la tortura, Guantánamo es la vergüenza de Estados Unidos. Donald Trump nunca ha dejado de defender Guantánamo. Después de explicar que “la tortura funciona, funciona de verdad”, prometió “llenarla de nuevo de tipos malos”, cosa que no hizo.

Pero Joe Biden no firmará ningún decreto presidencial. No ha prometido cerrar Guantánamo lo antes posible. Preguntado al respecto durante la campaña, el exvicepresidente de Obama no se explayó al respecto. Esta prisión “socava la seguridad nacional norteamericana al fomentar el reclutamiento de terroristas y entra en contradicción con nuestros valores”, respondió. Sí, claro, está a favor de cerrar Guantánamo, pero Biden evitó decir cuándo y cómo.

“No se puede hacer sin el Congreso”, se limitó a constatar el hombre que ahora se ha convertido en presidente y que dispone de mayoría en ambas Cámaras del Congreso. Personas de su entorno, en declaraciones a The New York Times, aseguraron que no se iba a repetir la promesa de Obama, una compromiso no cumplido, que habría de actuar de otro modo, de forma sin duda más discreta.

De hecho, el Congreso, con el apoyo de una mayoría de demócratas, bloqueó sistemáticamente todas las iniciativas de Obama para conseguir dicho cierre durante los ocho años que duró su mandato. Aunque su determinación fue real hasta los últimos días de su presidencia, los congresistas demócratas siempre respaldaron a los republicanos para asegurar la pervivencia de Guantánamo.

¿Será Biden capaz de cambiar esta ecuación política? Es una prueba importante, ya que Guantánamo es una ignominia que sólo va a más. Desde su nacimiento, esta prisión ha sido un escándalo humanitario y legal ya que incumple las normas de la guerra (las Convenciones de Ginebra), todas las normas y tratados internacionales, y se organizó como una extensión de la red de prisiones secretas de la CIA, donde se practicaba la tortura de forma masiva.

Pero desde entonces, la prisión de Guantánamo también se ha convertido en un escándalo financiero y administrativo. Moviliza a 1.500 personas (personal militar, administrativo, judicial, médico, etc.) para custodiar a 40 detenidos. Cuesta más de 500 millones de dólares al año (13 millones por detenido). Y, después de veinte años, se necesitaría una inversión de cientos de millones en obras para renovar las instalaciones degradadas.

¿Todo esto estimulará a la Administración Biden y a los congresistas demócratas a acabar de una vez por todas con ella? Esto es lo que pide Amnistía Internacional, que el 11 de enero publicaba un extenso informe, que ofrece una visión general actual de la situación en la Bahía de Guantánamo (se puede consultar aquí, en inglés).

Amnistía recuerda el discurso de Joe Biden en la conferencia anual de seguridad en Múnich el 7 de febrero de 2009: “EE.UU. no torturará. Cerraremos el centro de detención de la Bahía de Guantánamo. Le decimos a nuestros amigos que las alianzas, tratados y organizaciones internacionales que construyamos deben ser creíbles y efectivas”.

La organización que trabaja en defensa de los derechos humanos reclama hechos de forma inmediata. Sin embargo, hace dos años, a finales de 2018, el Pentágono ordenó a los dirigentes del recinto que planificarán la continuación de las operaciones durante los próximos 25 años. ¡Hasta el 2043! Para entonces, el prisionero mayor tendrá 96 años, si sigue vivo, y el menor, 62 años.

Además de convencer a los demócratas, Joe Biden tendrá que enfrentarse a dos poderes que no quieren oír nada: el Ejército y la CIA. Cerrar Guantánamo significa decidir la suerte de sus 40 prisioneros mediante procesos judiciales ordinarios, lejos de las “comisiones militares”, los tribunales excepcionales creados en Guantánamo.

Sin embargo, desde hace años, todo ha demostrado que es imposible un proceso “normal”, ya que sacaría a la luz los abusos y las torturas sufridas por los detenidos y abriría paso al enjuiciamiento de los autores. No sólo George Bush, su vicepresidente Dick Cheney, su ministro de defensa Donald Rumsfeld y un batallón de abogados organizaron la tortura. También se cuentan por cientos los agentes y el personal militar que practicaron los “nuevos métodos de interrogación mejorados”.

Entrevistada hace unos meses por Mediapart (socio editorial de infoLibre), la abogada Sharon Weill, autora de un estudio (disponible en francés) sobre la Justicia en Guantánamo, insistió en este punto. “La tortura y la protección de los que la han practicado es lo que impide el funcionamiento de estas comisiones militares. Todo tropieza ahí y se ha puesto todo en marcha para evitarla publicación de informaciones relativas a las torturas practicadas por la CIA”, cuenta.

Amnistía Internacional realiza esta constatación en su informe. Los 40 prisioneros de Guantánamo se encuentran detenidos desde al menos 12 años. Más de la mitad pasaron antes por las cárceles secretas de la CIA. Seis de ellos tienen ahora la condición de “transferibles”, es decir, personas que pueden ser liberadas y enviadas a otro país. Ninguno de ellos lo ha sido (¡uno de ellos es transferible desde 2010!).

Hasta la fecha, sólo un detenido ha sido condenado por las comisiones militares y está cumpliendo una sentencia de cadena perpetua en la base. Otras ocho personas han sido acusadas pero sus juicios están todavía en la fase de “audiencias preliminares”. Y 25 prisioneros no han sido acusados ni juzgados. Pero siguen detenidos porque siguen siendo “extremadamente peligrosos” (high value detainees), según los organismos de inteligencia y el Ministerio de Defensa.

En el caso Moath al-Alwi que llegó hasta la Corte Suprema, los abogados del Departamento de Justicia y del Departamento de Defensa llegaron a defender que la cadena perpetua sin cargos ni juicio estaba perfectamente justificada, ya que en Afganistán e Irak seguía existiendo una situación de guerra contra el terrorismo.

La pandemia del covid-19 ha detenido la mayor parte del trabajo de las comisiones militares. Así, el juicio de Jalid Sheikh Mohammed, presunto organizador de los ataques del 11 de septiembre, y cuatro de sus cómplices acaba de ser aplazado una vez más. Después de siete años de trámites, debía celebrarse el mes próximo. Tendrá lugar, como mucho, pasado septiembre de 2021, según el juez militar a cargo del caso.

Aparte de proteger a los organizadores y autores de la tortura, Guantánamo no ha logrado ninguno de sus objetivos, empezando por el primero de ellos, “juzgar y castigar a los terroristas”, según decía George Bush. Los ciudadanos estadounidenses se han visto privados del gran juicio público del “9/11”, según explicó la organización Human Rights First, cuando, al mismo tiempo, “los tribunales federales ordinarios han condenado a casi 500 terroristas desde el 11 de septiembre”.

Guantánamo son “detenciones inexorablemente ligadas a múltiples estratos de conducta ilegal del gobierno a lo largo de los años: traslados secretos, interrogatorios en régimen de incomunicación, alimentación forzada de personas en huelga de hambre, tortura, desapariciones forzadas y falta total de garantías procesales”, estima Daphne Eviatar, una de las responsables de Amnistía Internacional Estados Unidos. Una lista no exhaustiva que requiere que la administración Biden haga del cierre una prioridad.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

El 10 de septiembre, un juez federal de Washington rechazaba un dictamen médico independiente de Sharqawi al-Hajj, un preso de Guantánamo que el mes anterior había intentado cortarse las venas con un trozo de vidrio. Sharqawi al-Hajj, de 45 años, yemení, no está acusado. No ha sido juzgado, no está a la espera de juicio. Pero no puede quedar en libertad. Permanece detenido en la base estadounidense de la Bahía de Guantánamo desde septiembre de 2004. Anteriormente, había pasado dos años en prisiones secretas de la CIA en Jordania y Afganistán, sometido a tortura e interrogatorios.

En 2017, Sharqawi al-Hajj se puso en huelga de hambre, una más. “Está al borde de un colapso físico total”, advirtieron entonces los médicos. Desde ese momento su estado psicológico se ha deteriorado a un ritmo acelerado. Empezó a hablar a sus abogados de suicidio. En 2018, le explicó a uno de ellos: “Este es nuestro destino, morir sin haber sido declarados culpables, sabiendo que incluso la muerte, que podría aliviarnos de esta injusticia y sufrimiento, es inaccesible para nosotros”.

En el mismo grupo de celdas de la Bahía de Guantánamo está Moath al-Alwi, también yemení. Capturado en diciembre de 2001 en Afganistán, fue uno de los primeros veinte “combatientes enemigos”, según la terminología elaborada por la Administración Bush, internado en Guantánamo cuando se abrió en enero de 2002. En los últimos 17 años, no ha sido acusado ni juzgado. En junio, la Corte Suprema se negó a revisar su caso.

Sin cargos, sin juicio, sin condena. Sharqawi al-Hajj y Moath al-Alwi se encuentran entre los “forever prisoners”, los “prisioneros para siempre” que siguen viviendo en Guantánamo, en contra de los derechos humanos más básicos y todos los tratados y convenciones internacionales. Todavía hay 40 detenidos en las celdas de alta seguridad de la base militar estadounidense en la isla de Cuba (la lista nominal puede leerse aquí).

Sobre 26 de ellos no pesa ningún cargo. Las respuestas a cada caso presentado por sus abogados son las mismas: las agencias y el Ministerio de Defensa creen que no pueden quedar en libertad porque siguen siendo “muy peligrosos” (high values detainees) y es deber de Estados Unidos protegerse de cualquier amenaza. Otros cinco detenidos fueron declarados aptos para su puesta en libertad, pero no fueron liberados, ya que la Administración Trump se negó a hacerlo. Siete de ellos están siendo juzgados; algunos juicios de los cuales empezaron hace diez años. Sólo dos han sido condenados.

Guantánamo no es sólo un escándalo judicial y humanitario. Es un cáncer que está consumiendo la democracia estadounidense, demostrando al mundo que una Administración, la de George W. Bush, fue capaz de construir una monstruosidad con total impunidad que nadie puede deshacer hoy en día. Barack Obama lo intentó durante ocho años, sin éxito. En su último discurso sobre el estado de la unión, dijo de nuevo: “Guantánamo es caro, innecesario y sólo sirve de folleto de reclutamiento para la organización Estado Islámico”.

780 personas han pasado por Guantánamo desde 2002. Los resultados son abrumadores. Nueve murieron detenidos (incluidos siete suicidios), 730 quedaron en libertad y trasladados a los países de acogida después de un promedio de más de diez años de detención. Sólo ocho fueron condenados por las “comisiones militares"”, este sistema de justicia de excepción concebido ad hoc. De estas ocho condenas, tres fueron totalmente revocadas por los tribunales federales en apelación, una de ellas parcialmente.

Al mismo tiempo, Human Rights First señala que “los tribunales federales ordinarios han condenado a casi 500 terroristas desde el 11 de septiembre”. A los ciudadanos estadounidenses se les privó del gran juicio público del “11-S, el “juicio más importante desde Núremberg” tan prometido y tan anunciado. Todos o casi todos ignoran que desde 2013 se celebra un juicio contra cinco prisioneros, entre ellos Jalid Sheikh Mohammed, presentado como el autor intelectual de los atentados. ¡Ya se han celebrado 33 audiencias previas para casi nada! Está previsto que la vista oral comience en febrero de 2021. 20 años después.

Guantánamo ha perdido así todos los objetivos que se le habían atribuido: “Juzgar y castigar” a los terroristas; demostrar al mundo que, tras ganar la “guerra contra el terrorismo”, el sistema norteamericano podría obtener una reparación ante los tribunales. El resultado es una catástrofe que daña permanentemente la imagen de la primera potencia. Esto es lo que las asociaciones eficaces de derechos humanos y libertades están diciendo hoy en día en voz alta y clara. Pero no sólo eso.

Batallones de exgenerales, almirantes, altos oficiales del Ejército, personal militar que pasó por la Bahía de Guantánamo, jueces militares, fiscales y abogados están pidiendo que se ponga fin a la catástrofe de Guantánamo lo antes posible. “Si fuera por mí, cerraría Guantánamo, no mañana, esta tarde. Y yo transferiría a sus prisioneros a nuestro sistema legal federal”, declaraba Colin Powell, exsecretario de Estado de George W. Bush, en junio de 2007.

Morris Davis fue fiscal general de Guantánamo de 2005 a 2007 antes de dimitir, negándose a someterse a la presión de sus superiores de utilizar confesiones o declaraciones obtenidas bajo tortura. “Se han gastado miles de millones de dólares para nada. Y las comisiones militares son un fracaso espectacular”, explicó en una carta abierta publicada diez años después.

A pesar del fracaso y la vergüenza, a pesar de los intentos de la administración Obama sistemáticamente bloqueados por el Congreso, el escándalo de Guantánamo persiste. A finales de 2018, el Pentágono incluso pidió a los líderes del campamento que planearan la continuación de sus operaciones durante los próximos 25 años. ¡Hasta 2043! En esa fecha, el preso de más edad tendrá 96 años, siempre que siga vivo, y el de menos 62 años. La decisión está tomada: con o sin juicio, los 40 detenidos envejecerán y morirán en Guantánamo, a menos que se produzca un cambio político.

“El 'efecto Frankenstein', un monstruo que toma el control de lo demás”

Sin embargo, la Administración Trump ha defendido sistemáticamente Guantánamo y justificado la tortura. Recordamos las palabras del candidato Trump antes de entrar a la Casa Blanca. Aseguró que le gustaba "mucho el waterboarding”, esta técnica de simulación de ahogamiento y añadió que ni siquiera era “suficiente”. “La tortura funciona, chicos, ¿de acuerdo? Creedme, funciona”. En cuanto a Guantánamo, Trump prometió “llenarla de nuevo con algunos horribles”. La única crítica era que el campo de detención era demasiado caro y Trump estaba dispuesto a gestionarlo por “cinco millones, por tres millones, incluso por dos”.

La línea no ha cambiado. El mes pasado, una investigación de The New York Times revelaba que cada prisionero cuesta 13 millones de dólares al año y que el gobierno gastó más de 540 millones de dólares en 2018. “Es una locura, cuesta una fortuna y creo que es una locura”, declaraba Trump, haciendo un paralelismo con el coste de un recluso en una sección de alta seguridad de una prisión federal (78.000 dólares al año).

Sin embargo, ni hablar de cerrar Guantánamo. La única inflexión de Trump es la decisión de no trasladar más detenidos a la isla de Cuba. Sin embargo, los presupuestos están empezando a recortarse. Por ejemplo, se han suprimido los comités de evaluación, encargados de examinar las posibilidades de liberación de los presos, así como la “oficina de reubicación” encargada del seguimiento de los presos trasladados al extranjero.

2043, Guantánamo de por vida para sus detenidos. Para entender las razones, debemos mirar el fiasco actual de las “comisiones militares”, estos tribunales especiales creados por los abogados de la Administración Bush y su secretario de Defensa, Donald Rumsfeld.

Ya en 2002, este último había teorizado la excepción. “Estos detenidos son combatientes enemigos y no prisioneros de guerra. La guerra contra el terrorismo requiere un nuevo marco legal”, dijo Rumsfeld. Adiós a la Convención de Ginebra y al sistema judicial norteamericano.

Muchas asociaciones de derechos humanos han documentado meticulosamente el escándalo de este sistema de justicia excepcional . Recientemente, dos especialistas en derecho internacional, Sharon Weill y Mitch Robinson, publicaron en la revista Les Cahiers de la justice un interesante estudio titulado “Plongée au cœur des procès pénaux de Guantanamo” (En el corazón de los juicios penales de Guantánamo); un abogado de un detenido, Mitch Robinson pudo participar en varias “comisiones militares”, cuyo funcionamiento describe en detalle.

La conclusión de los dos autores es abrumadora. “Las comisiones militares sufrieron el efecto Frankenstein, la experiencia dio lugar a que un monstruo tomara el control de todo lo demás. La manifestación de la justicia está tan distorsionada por la existencia de la tortura que los procedimientos establecidos parecen estar colapsando por su propio peso”, escriben.

Sharon Weill, contactada por Mediapart (socio editorial de infoLibre) insiste en la causa principal. “Es la cuestión de la tortura y la protección de los que la practican lo que impide el funcionamiento de estas comisiones. Todo gira alrededor y se ha puesto todo en marcha para evitar la publicación de informaciones sobre la tortura por parte de la CIA”, dijo.

Sharon Weill cita el caso del detenido Ahmed Ghailani, el único preso de Guantánamo que ha sido trasladado a Nueva York para ser juzgado por un tribunal ordinario. Sin duda fue condenado por un cargo, pero fue absuelto por otros 280, casi todos ellos atribuidos bajo tortura...

Al temer un revés judicial, “a raíz de este caso, el Congreso ha bloqueado sistemáticamente el cierre de la Bahía de Guantánamo y la batalla legal sobre la legalidad misma de los tribunales militares continúa hoy en día”, agregó.

Los dos autores también detallan los poderes exorbitantes de la CIA en la preparación y celebración de audiencias. Un agente central puede interrumpir en cualquier momento la transmisión pública de las audiencias, sin hablarlo con los magistrados y abogados. Estos últimos debe firmar un acuerdo de confidencialidad que viola todos los derechos ordinarios de la defensa. Las actas de las audiencias pueden clasificarse como secretas o censuradas en cualquier momento, etc.

Porque el reconocimiento de la tortura, sus detalles, sus autores y su carácter sistemático, abre la puerta a una avalancha de procesos contra líderes políticos y militares. Hasta la fecha, todos los procedimientos (incluidos los de Bush, Cheney y Rumsfeld) han fracasado. El exfiscal general de la Bahía de Guantánamo, Morris Davis, dijo que Obama “cometió un error cuando dijo en relación con el programa de tortura que Estados Unidos” debería mirar hacia el futuro y no hacia el pasado". Era obvio entonces que nadie involucrado en este programa sería considerado responsable”.

Atención al final de la vida

La impunidad sigue siendo la tónica de la CIA y el Pentágono. Y para ello Guantánamo debe seguir funcionando, a cualquier precio. En el caso Moath al-Alwi llevado ante el Tribunal Supremo, los abogados del Departamento de Justicia y del Departamento de Defensa alegaron que la cadena perpetua, sin cargos ni juicio, estaba perfectamente justificada, ya que todavía existía una situación de guerra contra el terrorismo en Afganistán e Iraq.

De ahí este nuevo plan “Guantánamo 2043”, que trae nuevos escándalos. Una periodista lo reveló metódicamente en detalle. Carol Rosenberg, ahora en The New York Times después de años en The Miami Herald, ha estado trabajando a tiempo completo en el campo de prisioneros de la Bahía de Guantánamo durante 17 años. Conoce cada rincón, cada actor y cada horror.

Fue ella quien reveló en la primavera que la actual directora de la CIA, Gina Haspel, muy probablemente dirigía una prisión secreta de la CIA dentro de la Bahía de Guantánamo en 2002 y 2003 (la agencia no lo negó). También se sospecha que ha dirigido un black site de la agencia en Tailandia.

También fue una de sus investigaciones lo que derivó en la destitución del comandante militar del campamento el pasado mes de abril. El almirante John Ring había hablado demasiado con algunos periodistas de la base, especialmente con Carol Rosenberg. “A menos que la política estadounidense cambie, en algún momento tendremos que proporcionar aquí atención al final de la vida. Muchos de mis internos son prediabéticos. ¿Vamos a hacer diálisis aquí? ¿Se realizarán aquí tratamientos complejos contra el cáncer? No lo sé”, explicó.

Sus equipos, añadió, estaban empezando a pensar en el rediseño de las celdas. Sillas de ruedas, camas médicas, equipos ortopédicos, sistemas de transfusión... En definitiva, celdas altamente medicalizadas para presos ya rotos por la tortura, la acumulación de secuelas físicas y trastornos psicológicos. Convertir Guantánamo en una residencia de la tercera edad medicalizada, para sospechosos de terrorismo, o en un hogar de cuidados paliativos: los pensamientos del Almirante Ring en voz alta le costaron el cargo.

Sin embargo, se perfila esta línea. Antes de su marcha, Ring envió un equipo al continente para ver cómo se ocupa la administración penitenciaria federal de los prisioneros enfermos y moribundos. El Pentágono ya está buscando 90 millones de dólares para construir un centro médico de alta seguridad en la base. Hasta ahora el Congreso se ha negado a financiarlo. Habrá que reforzar los equipos médicos, traer en avión a especialistas, enfermeras, cirujanos, etc.

¡Los 40 detenidos en la Bahía de Guantánamo precisan en estos momentos de casi 1.500 personas! Los equipos rotan en la base cada seis meses. Se ha puesto en marcha una enorme burocracia para gestionar el campo de prisioneros y su personal. Cada audiencia de la comisión militar -una audiencia dura una semana- deriva en docenas de puentes aéreos que trasladan a personal, archivos, abogados, agentes de la CIA, comida, etc.

“Es un horrible desperdicio de dinero, ¡es catastrófico!”, señalaba Michel Paradis, abogado de uno de los detenidos, en la radio pública de la NPR, donde se refirió a los más de 6.000 millones de dólares gastados desde 2002. ¿Podrá el dinero, precisamente, superar Guantánamo, cuando se hayan descartado todas las razones humanitarias y jurídicas? Probablemente no, porque la cuestión de la tortura y los juicios sigue sin resolverse. Sólo es necesario ver la energía que está desplegando actualmente la Administración Trump contra la Corte Penal Internacional (CPI).

La institución con sede en La Haya, para olvidar sus sucesivos fiascos, está considerando la posibilidad de abrir una investigación sobre los crímenes de guerra cometidos en Afganistán. La fiscal General Fatou Bensouda, que lleva 20 años de retraso, se dirige explícitamente a Estados Unidos. Porque si bien el país no es firmante del tratado que da la razón de ser a la CPI, Afganistán sí lo es y debe cooperar en una posible investigación. Una investigación que establecería las realidades del programa de tortura diseñado en Washington e identificaría a los responsables...

En los últimos seis meses, Estados Unidos ha redoblado sus esfuerzos y ha presionado tanto a los Estados que reconocen la CPI como a Afganistán. Es muy probable que la investigación solicitada por la fiscal nunca vea la luz del día. Si este fuera el caso, es casi seguro que nunca tendrá éxito. Casi veinte años después del 11 de septiembre, la ignominia de la Bahía de Guantánamo está programada para durar y perdurar. Hasta que llegue la muerte.

Traducción: Mariola MorenoLeer el texto en francés:

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La Unión Europea y la ONU han acordado un plan de 50 millones de euros para combatir el feminicidio en América Latina, una región en la que 12 mujeres mueren asesinadas cada día.

La Iniciativa Spotlight nace con el objetivo de financiar programas políticos y sociales en Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y México, de tal forma que se fortalezcan las instituciones, se promuevan actitudes en favor de la igualdad o se proporcionen servicios para las víctimas de la violencia.

La secretaria general adjunta de la ONU, Amina J. Mohammed, ha subrayado que "nadie debería morir solo por el hecho de ser mujer", por lo que ha considerado imprescindible afrontar la lacra del feminicidio desde "múltiples ángulos" para lograr "resultados duraderos", según un comunicado.

Por su parte, la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka,ha subrayado que "la violencia por razones de género afecta a todos los países y a mujeres y niñas de todas las partes del mundo", por lo que ha defendido la necesidad de trabajar para contener este desafío "de una vez por todas".

La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, también ha asegurado que "terminar con la violencia contra las mujeres y las niñas es una prioridad" para el bloque comunitario, por lo que ha llamado a aumentar la labor en "educación, sensibilización, prevención y rendición de cuentas".

"Queremos asegurarnos de que las mujeres y las niñas nunca más vivan con miedo, ni en América Latina ni en Europa u otras partes del mundo", ha añadido la jefa d ela diplomacia europea.

"Cuando se trata de terrorismo, haremos lo que sea necesario para proteger a nuestra nación", ha subrayado, revocando la sección de una orden ejecutiva aprobada por la Administración de Barack Obama ordenando el cierre de Guantánamo, informa Europa Press.

La orden firmada por el mandatario subraya que Estados Unidos seguirá teniendo la opción de "detener a combatientes enemigos adicionales en Guantánamo como sea necesario", agregando que "el proceso de revisión periódica existente será usado para determinar si la detención es necesaria para cualquier futuro detenido en Guantánamo".

La Casa Blanca ha resaltado que "Estados Unidos sigue en un conflicto armado con Al Qaeda, los talibán y fuerzas asociadas, incluido Estado Islámico", recordando que "el presidente mantiene la autoridad de detener a ciertas personas como parte de sus poderes constitucionales como comandante en jefe".

"La orden ejecutiva [firmada por Trump] preservará la detención militar como una herramienta de la lucha antiterrorista manteniendo las instalaciones de detención en Guantánamo", ha apuntado.

En este sentido, ha sostenido que "más de un centenar de detenidos liberados de Guantánamo han vuelto a participar en combates, y algunos han matado a miembros de la coalición y ciudadanos estadounidenses".

El propio Trump ha confirmado durante su discurso del Estado de la Unión que ha firmado la orden poco antes de comparecer ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Durante su discurso, ha resaltado que "en el pasado, Estados Unidos ha liberado estúpidamente a cientos y cientos de terroristas peligrosos, sólo para encontrarlos de nuevo en el campo de batalla, entre ellos el líder de Estado Islámico, Abú Bakr al Baghdadi, a quien se capturó y liberó".

El Ejército de Estados Unidos liberó a Al Baghdadi tras ser capturado en 2004 y encarcelado en el Campamento Bucca, una cárcel en Irak gestionada por las tropas estadounidenses.

El presidente del país norteamericano ha manifestado que "la coalición para derrotar a Estado Islámico ha liberado casi el cien por cien del territorio que una vez controlaron los asesinos [de Estado Islámico] en Irak y Siria".

Sin embargo, ha advertido de que "queda mucho trabajo para hacer". "Continuaremos nuestra lucha hasta que Estado Islámico sea derrotado", ha remachado Trump.

Con motivo de la visita del próximo 26 de septiembre del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, al presidente norteamericano, Donald Trump, la ONG Amnisitía Internacional ha escrito una carta al español para que alerte a su homólogo del incumplimiento de su país en materia de derechos humanos.

En primer lugar, la ONG pide que Rajoy "rechace las medidas discriminatorias que la administración estadounidense quiere sacar adelante en materia de inmigración y refugio por vulnerar los derechos de las personas que precisan de protección internacional al huir de violencia y conflictos armados". Advierte que Trump ha reducido la cuota de refugiados en más de un 50% de la del año anterior, de 110.000 a 50.000, además de que la prohibición de entrada a musulmanes es una "forma de discriminación por motivos religiosos que demoniza a inocentes".

Sobre el muro fronterizo con México, advierte que "esta medida no tiene en cuenta la situación de las miles de migrantes que huyen de la violencia armada en México y América Central, y a las que se les se les niega la opción de plantear demandas de asilo".

También exige el cierre de Guantánamo por la "impunidad ante la tortura sin juicios" de sus prisioneros y que ambos mandatarios garanticen que "las bases militares en España no sean usadas para facilitar o cometer violaciones de derechos humanos".

Asimismo, insta a Rajoy a que "pida un compromiso para poner fin a la pena de muerte", especialmente contra las personas que sufren discapacidades psíquicas "y establecer una moratoria oficial de las ejecuciones como primera medida hacia su plena abolición". Además, la organización pide que respalde el caso de Pablo Ibar, ciudadano español que fue condenado a pena de muerte en Estados Unidos y ahora está a la espera de que se repita el juicio.

La Organización recuerda que "en los nueve primeros meses de 2017 ya se han registrado 18 ejecuciones", que contrastan con las 20 del pasado año.

El que en su día fue el preso más joven detenido en la prisión de Guantánamo, el canadiense Omar Khadr, recibirá una indemnización millonaria del Gobierno de Canadá, según han confirmado fuentes gubernamentales a la cadena nacional CBC, y recoge Europa Press.

Además de una disculpa pública, el Gobierno de Justin Trudeau entregará 10,5 millones (más de siete millones de euros) a Khadr, quien confesó haber matado a un médico del Ejército estadounidense cuando tenía 15 años después de un interrogatorio que, posteriormente, fue calificado como "opresivo".

Khadr fue herido y capturado por las fuerzas estadounidenses en Afganistán en 2002, durante un enfrentamiento que se cobró la vida del soldado estadounidense Christopher Speer. El Pentágono terminó acusando a Khadr de cinco delitos en virtud de una ley militar redactada años después de su captura.

En 2010, terminó confesando que había arrojado la granada que mató al soldado Speer como parte de un acuerdo con el Pentágono que le permitió regresar a Canadá para cumplir los ocho años que le quedaban de sentencia. Sin embargo, después afirmó que no tenía conocimiento del enfrentamiento en el que falleció el militar y que solo confesó para escapar de Guantánamo.

El cierre del centro de detención de Guantánamo fue una de las grandes promesas de campaña de Barack Obama, pero dejará la Casa Blanca sin haberla cumplido. Este fracaso marca su legado en materia de derechos humanos, donde las ONG admiten que hizo algunas cosas bien pero quizá no con todo el entusiasmo o el empeño con que habría podido.

"Obama ha hecho muchas cosas bien pero su actitud en materia de derechos humanos ha sido siempre poco entusiasta. Los ha apoyado si no era muy difícil pero ha capitulado cuando la cosa se ponía dura", valoró el director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), Kenneth Roth, en declaraciones a Europa Press.

En su opinión, esto quedó de manifiesto "en su actitud hacia el terrorismo, hacia Siria e incluso en su enfoque respecto a Rusia o China". En su política exterior, añadió, "promovió los derechos humanos si no era muy costoso hacerlo, pero si había una disputa o un coste para Estados Unidos no lo hizo". "Los derechos humanos eran una prioridad, pero no una máxima prioridad", subrayó.

"El mandato de Obama comenzó con grandes promesas y por desgracia vemos después que termina con una mezcla de resultados positivos y negativos", opinó por su parte Blanca Hernández, portavoz de Amnistía Internacional. "Sí que se han producido grandes avances pero en algunos temas seguimos igual que cuando empezamos o incluso peor", añadió.

Ambos coinciden en que el hecho de que Guantánamo continúe abierto ocho años después es sin duda uno de sus grandes fracasos y subrayan que, aunque el Congreso trató de obstaculizar su cierre y algunas de las medidas relacionadas con el centro de detención adoptadas por Obama, el presidente podría haber hecho más de lo que ha hecho.

Aunque "el Congreso ha intercedido para prolongar el cierre de Guantánamo, Obama nunca vetó sus leyes", subrayó Roth. Según el director de HRW, "él mismo siempre creyó que había unas dos decenas de sospechosos que debían permanecer en Guantánamo pese a que no habían sido imputados o juzgados".

"Nunca tuvo un plan de cerrar Guantánamo"

En su opinión, "nunca tuvo realmente un plan de cerrar Guantánamo". Además, reprochó al presidente demócrata que "aceptó que las personas que fueran imputadas lo fueran ante una comisión militar en vez de un tribunal estadounidense y aceptó la idea de que había dos decenas de personas que eran demasiado peligrosas para ser liberadas pero para las que no hay pruebas suficientes para imputarles".

"Estas dos decisiones son dos razones clave por las que Guantánamo sigue abierto hoy y por las que será más fácil para Donald Trump comenzar a repoblarlo", advirtió el director de HRW.

Hernández coincidió en que Obama no solo no ha cerrado el centro de detención sino que "tampoco ha eliminado el marco que permitió la apertura". "La responsabilidad no es solo de Obama, sino que el Congreso y la judicatura tampoco han cumplido con su obligación de cumplir con el derecho internacional y por tanto cerrar Guantánamo", añadió.

Pese a las trabas del Congreso, "eso no significa que Obama quede eximido de su responsabilidad para hacer cumplir la ley", insistió la portavoz de Amnistía. En este sentido, indicó que a la organización le preocupa especialmente el hecho de que quienes están en el centro de detención "sean juzgados ante comisiones militares", si bien reconoció que "ha mejorado un poco" el sistema establecido por su predecesor, George W. Bush.

"Siguen sin cumplir con los estándares internacionales para un juicio justo y piden la pena de muerte para algunos de los casos", añadió Hernández.

Con todo, confió en que Obama aún pueda cumplir con su promesa antes de dejar el cargo el próximo 20 de enero y "cierre Guantánamo y no deje en manos de Trump un lugar que potencialmente podría convertir en permanente".

Procesas a torturadores

Por otra parte, Roth también reprochó a Obama "su decisión de no procesar a los torturadores de la era Bush", y ello pese a que bajo su mandato se decidió poner fin a las torturas y a las cárceles secretas que operaba la CIA con su antecesor en el marco de la lucha antiterrorista.

Asimismo, defendió que fue Obama y no el Congreso, quien "no ha presionado" al presidente ruso, Vladimir Putin, y al presidente sirio, Bashar al Assad, "por atacar a civiles sirios".

Tanto el director de HRW como la portavoz de Amnistía coincidieron en que uno de los aspectos positivos del mandato de Obama en materia de derechos humanos fue su defensa de los derechos de los LGTBI, con algunas medidas a nivel nacional y que también "promovió en el extranjero", según Roth.

Según Hernández, "tanto el presidente Obama como su Administración han presentado una defensa de los derechos este segmento de la población y han impulsado medidas contra la discriminación tanto a nivel federal como haciendo presión a los estados".

Inmigración

En lo que se refiere a la inmigración, según ambos expertos, se puede hablar de un legado con aspectos positivos y negativos. Con Obama, según Hernández, "han aumentado las protecciones y se han creado programas específicos para los menores que llegaron de manera ilegal y que básicamente solo han conocido Estados Unidos para que tengan acceso hacia la ciudadanía".

Pero, por otra parte, su Administración "ha realizado un número altísimo de deportaciones y en algunos momentos ha sido la que más ha deportado", algo que preocupa a Amnistía, precisó, puesto que cuando se extradita de forma masiva es menos probable que se cumplan las normas que regulan esta medida y "se violen los derechos humanos".

Roth opinó que "en materia migratoria el presidente mejoró con el tiempo". "Deportó a millones de personas, incluidas algunas con fuertes vínculos en Estados Unidos pero al final de su mandato se ha centrado más en los verdaderos delincuentes graves y ha intentado proteger a quienes llegaron a Estados Unidos de niños o llevan residiendo desde hace mucho tiempo incluso si no tienen documentos", resaltó, admitiendo que "debido a un recurso por algunos republicanos no pudo aplicar por completo ese plan".

Por otra parte, Hernández identificó como uno de los logros la reforma sanitaria, el conocido como Obamacare, que "ha acercado a Estados Unidos a poder cumplir sus obligaciones en esta materia". "No está todo resuelto pero como mínimo se ha empezado un camino positivo", valoró.

Asimismo, puso en valor que durante sus ocho años de mandato "no ha habido ninguna ejecución a nivel federal", aunque admitió que en este periodo se produjeron problemas en el país con los medicamentos empleados en la fabricación de la inyección letal, el principal método de ejecución. "Hemos echado en falta que hubiera demostrado más liderazgo para acabar con la pena de muerte o para frenarla", agregó.

La portavoz de Amnistía resaltó igualmente las investigaciones llevadas a cabo por el Departamento de Justicia "en materia de derechos civiles que han sido muy importantes y en las que han demostrado un liderazgo muy positivo para el país". En concreto, se refirió a la investigación llevada a cabo sobre la actuación policial en Ferguson a raíz de la muerte a manos de la Policía del afroamericano Michael Brown.

En el otoño de 2016, en Washington, las temperaturas fueron inusualmente altas. Calabazas y esqueletos de Hallowen penden de los árboles de hojas rojizas de los jardines de Georgetown, un barrio exclusivo de la capital federal donde transcurre la tranquila jubilación de John Rizzo, ex abogado general de la CIA. Cada mañana, antes de salir a pasear por las bonitas callejuelas bordeadas de viviendas unifamiliares de ladrillos de colores, se preocupa por combinar los calcetines con el polo elegido ese día. Hace 14 años, este dandi que peina canas formó parte del reducido grupo que, en secreto, en la sede de la CIA, convirtió en legal un nuevo método de interrogatorio: las llamadas técnicas reforzadas dirigidas a “acabar con la resistencia” de los prisioneros de la guerra contra el terror.

De Guantánamo a Abu Ghraib, dichas técnicas iban a transformar el rostro de Estados Unidos y a abrir la puerta al empleo de varias formas de tortura. Si bien los medios de comunicación han presentado estas técnicas de ahogamiento simulado como símbolo de la tortura de EEUU, las agresiones y las humillaciones sexuales a las que se somete entonces a los presos siguen manteniéndose en un segundo plano. Sin embargo, la violencia sexual como técnica de interrogatorio “reforzado” se empleó metódicamente para derrotar a los individuos.

Este 20 de octubre de 2016, el que fuera abogado general se muestra afable y relajado. “Una palabra mía y todo se habría paralizado antes incluso de haber dado comienzo”, dice con una media sonrisa. No la dijo y lo asume: “En modo alguno podíamos permitirnos que se nos reprochara [a la CIA] un segundo 11 de septiembre”. Para comprender el origen de las “técnicas de interrogatorio reforzadas” (Enhanced Interrogation Techniques, EIT), según la terminología, púdica y oficial, elegida por la Agencia, hace falta remontarse a la situación traumática por la que atravesaba Estados Unidos en los albores del nuevo milenio: los atentados del 11 de septiembre de 2011. Los agentes de la inteligencia no pudieron impedir nada, erraron. “Estábamos terriblemente avergonzados por no haber descubierto lo que se tramaba”, comenta John Rizzo.

  producto de la CIA

El 17 de septiembre, seis días después de los atentados, el gabinete del presidente otorgaba plenos poderes a la CIA para aprehender a los potenciales terroristas y dar forma a un nuevo sistema de interrogatorios. John Rizzo lo recuerda como si fuese ayer: “Nunca habíamos hecho nada parecido. Esta vez, se trataba de un programa que no se había aplicado con anterioridad... y mantener en el secreto a un reducido número de personas era un error”. Sobre el terreno, acorralar a los terroristas no es tarea fácil. Los agentes tienen dificultades para llegar hasta los cerebros del 11 de septiembre. Después de largos meses, por fin caía en manos de la CIA, en Pakistán, un primer detenido supuestamente “valioso”. Corría el mes de marzo de 2002.

A Abu Zubaydah, un saudí treintañero, se le considera uno de los responsables de los ataques, incluso una persona del entorno de Osama bin Laden. “Si alguien estaba al corriente de un eventual nuevo ataque, ese debía de ser Zubaydah [...] pero a decir verdad, no era el pez gordo que esperábamos”, explica el exabogado. Ante el tradicional modus operandi de pregunta-respuesta, Abu Zubaydah guarda silencio. “[Nuestros interrogadores] estaban convencidos de que ocultaba cosas, así que teníamos que hacerle hablar”, recuerda John Rizzo.

  “Sucias obligaciones internacionales”

En ese momento, la Agencia decidió recurrir a dos psicólogos, James Mitchell y Bruce Jessen. A día de hoy demandados por la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU). Estos hombres nunca habían participado en un interrogatorio real. Improvisarán, fingiendo que se inspiran en la psicología conductista. De hecho, adaptan casi punto por punto el programa de entrenamiento militar SERE [1]. Dicho plan, basado en los métodos de tortura norcoreanos, busca “incomodar [al detenido] para derrotarlo”, explica John Rizzo. Al abogado, le presentaron una lista de técnicas, que incluían “desvestirlos”, el “recurso a fobias individuales”, la “utilización de posiciones de estrés” o “interrogatorios de 20 horas”.

En esos momentos, el flemático abogado se sintió presa del pánico: “Me dije: '¡No es posible hacer algo así!”. John Rizzo sabía a la perfección que esas técnicas no se ajustaban a derecho. No en vano, Estados Unidos se encuentra entre los firmantes del Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra y de la Convención contra la tortura. “Sucias obligaciones internacionales”, como escribe entonces en un e-mail dirigido a un colega de la CIA. Decide hacer la vista gorda y se alinea con los supuestos expertos en psicología. “Siempre era mejor que correr el riesgo de sufrir un nuevo atentado y ver morir de nuevo a cientos o a miles de norteamericanos inocentes”, dice ahora.

Zubaydah se convierte así en la “cobaya” [2] de la agencia. Fue encerrado desnudo en una caja del tamaño de un ataúd, "alimentado" por vía anal, permaneció desnudo durante largas sesiones y fue sometido a técnicas de ahogamiento ficticio [3] en 83 ocasiones. Si se compara con el ahogamiento y el confinamiento en un ataúd, la desnudez puede parecer una forma de maltrato menor. No lo es y la CIA era consciente de ello. “Los expertos habían llegado a la conclusión de que Abu Zubaydah era una especie de pervertido. Según ellos, desnudarle le pasaría factura y lo avergonzaría tanto que acabaría con su resistencia”, expone tranquilamente John Rizzo.

El abogado es consciente de que cruzaba una línea roja: “Sabía que el día en que esto saliera a la luz, estaríamos jodidos”, explica. Así que se cuida a la hora de vincular a la Casa Blanca con la decisión. Las técnicas, según John Rizzo, fueron objeto de reuniones diarias en la oficina del director de la CIA, en presencia de algunos miembros escogidos del Gobierno [4] y con la notable excepción del presidente Bush.

  “La historia habría podido ser otra”

Las técnicas se discuten una a una. Según siempre la versión de John Rizzo, la Consejera de Seguridad Nacional, Condoleeza Rices, se mostró muy contrariada por la desnudez que se impone a los detenidos en determinados momentos de los interrogatorios. ¿Comprendió las graves consecuencias que van aparejadas a una medida así? Quizás, pero no se opuso con firmeza. “Pese a las objeciones que presentaron Rice a la desnudez forzada y Powell a la privación del sueño, ambos simplemente dijeron ‘no me siento cómodo con eso’, nunca dijeron que no deberíamos hacer eso”, subraya el jubilado.

El reducido comité validó la técnica propuesta por los psicólogos. En julio de 2002, Condoleezza Rices, en nombre del Gobierno, daba luz verde a la CIA. La “desnudez forzosa” se aplica a aquellos individuos, sospechosos para la Agencia, de tener vínculos, cercanos o no, con la nebulosa de Al Qaeda.

La técnica se inscribirá en los memorandos que circularán por el Ministerio de Defensa. Junto con la de “jugar con las fobias individuales”, conducirá a lo que se puede denominar “tortura sexual”. A excepción de John Rizzo, ninguna de las personas citadas anteriormente han querido responder a nuestras preguntas. La CIA, a través de su portavoz Ryan Trapani, nos contestó el 7 de octubre de 2016 que la Agencia no tenía nada que “compartir” sobre la cuestión para, a continuación, desearnos “buena suerte”. Por su parte, el Ministerio de Defensa, preguntado por estos graves hechos, prefiere echar balones fuera. Su portavoz, la lugarteniente coronel Valerie D. Henderson, en un e-mail del 30 de diciembre de 2016, nos aseguraba que “el Ministerio trata a todos los detenidos con humanidad, conforme a la ley federal y a las obligaciones internacionales, lo que incluye el artículo 3 de la Convención de Ginebra. La ley norteamericana prohíbe la tortura y, como se estipula en el Detainee Treatment Act de 2005 [que pone fin oficialmente a la aplicación de los EIT], ningún individuo detenido por Estados Unidos o bajo su control físico [...] debe estar sometido a un castigo o a un trato cruel, inhumano o degradante”. Añade también que “el Ministerio investiga todas las alegaciones de abuso creíbles y toma las medidas necesarias, incluidas demandas penales”.

En los pasillos de la Casa Blanca, la mayoría de los altos funcionarios ignoraban por completo que la CIA trabajaba, a pocos pasos de allí, para que una democracia legalizase la tortura. Lawrence Wilkerson creía ser de los pocos que sabían de la deriva política de su país; no en vano, este veterano de Vietnam, entrevistado el 20 de octubre de 2016, era el jefe de gabinete de Colin Powell. Nos cita en una cafetería Starbucks, en un centro comercial de la periferia de Washington. Es un hombre educado que viste pequeñas gafas redondas y una chaqueta elegante de tweed con un pin del águila norteamericana. “En resumen, nos enteramos por la televisión de que habíamos perdido el debate [en lo que se refiere a obviar la Convención de Ginebra]”, señala, todavía escandalizado.

  “Golpe de estado”

El alto funcionario comprendió que había sido apartado. Todo esto, explica ahora, no fue sino un “golpe de Estado” por iniciativa de Dick Cheney. “De 2001 a 2005, el día a día del vicepresidente era tomar decisiones e ir al Despacho Oval a convencer al presidente para que lo apoyase. Después presentaba su decisión al resto de gabinete”. Cuando entendió que la CIA recurrió al programa SERE para crear sus técnicas, entró en cólera. “Fui corriendo a ver a Powell a decirle: ‘tú, que eres militar como yo, ¿eres capaz de entender cómo esos salvajes del nivel del secretario de Defensa se han creído todas esas gilipolleces?' Es una locura que cayeran en la trampa”.

Lo que Lawrence Wilkerson temía era que las técnicas de la CIA proliferasen en el Ejército. Militar e hijo de militar, el hombre conoce bien a los soldados y sabe de lo que son capaces cuando se les da carta blanca. El peor de los escenarios imaginado no tardaba en producirse. En el otoño de 2002, el Ejército hacía suyas las técnicas de excepción ideadas por la CIA.

El oficial de mando de la Sección Joint Task Force Guantánamo, el general Michael Dunlavey (reemplazado por el general Miller el 9 de noviembre de 2002), quiso entonces romper las defensas de un detenido especialmente duro, el detenido 63. Este joven saudí de 22 años, llamado Mohammed Al-Qahtani, había sido capturado en noviembre de 2001 en Afganistán y permanecía en Guantánamo desde hacía meses. El general solicitó, y consiguió, a fuerza de persuasión, la autorización del ministro de Defensa Donald Rumsfeld para aplicar también él “técnicas de interrogación reforzadas” al detenido 63. Durante 49 días, 20 horas al día, el preso fue torturado y regularmente agredido sexualmente. Los interrogadores del Ejército le adherieron en el cuerpo desnudo fotos pornográficas, le amenazaron con violar a su madre, le hicieron desfilar en sujetador, tal y como se puede leer con todo lujo de detalles en los informes desclasificados posteriormente.

En abril de 2033, Donald Rumsfeld, secretario de Defensa, iba aún más lejos al dar carta blanca formal a los soldados. En un documento (página 6) que recoge la manera en que deben aplicarse estas técnicas, precisaba que “es importante que los interrogadores tengan libertad para variar las técnicas aplicadas en función de la cultura del detenido, sus debilidades y sus fortalezas [...] teniendo en cuenta [...] la urgencia a la hora de obtener informaciones que el detenido tiene sin duda”. De modo que la humillación puede ir bastante más allá de la desnudez forzosa. Y los militares harán uso de esa carta blanca.

  Violados por turnos

El cielo pesa sobre Lyon, donde el otoño se va abriendo paso poco a poco. Desde la autovía se ven los bloques de viviendas de los barrios de Vénissieux. Allí nos cita Nizar Sassi, en una cafetería Brioche Doréé, en un centro comercial venido a menos. “No es algo de lo que se habla fácilmente por teléfono”, avisó cuando le llamamos. Este hombre, de 37 años y padre de 3 hijos, se dedica a la reparación de ascensores en Lyon. Su físico de actor y su día a día tranquilo no permiten adivinar su agitada vida anterior, sí quizás su mirada profunda: es uno de los seis “franceses de Guantánamo”. Nizar Sassi tiene ganas de hablar de los abusos sexuales, “lo peor” que sufrió en la prisión cubana. Es la primera vez que habla del asunto en detalle, para romper el tabú.

Influido por un chico de su barrio, cuando tenía 22 años, el joven Nizar acabó en un campo de entrenamiento de Bin Laden con un amigo, Mourad Benchellali. Corría el verano de 2001. Capturado en Pakistán cuando trataba de volver a Francia, fue conducido al campo de Kandahar, en Afganistán. “Fuimos de los primeros apresados. Fuimos golpeados, maltratados, pero lo que viví peor son las violaciones [5]”, confía.

Tras ser duramente golpeado, le llevaron, en compañía de otros 30 hombres, a una tienda. “Nos pusieron en fila india. Nos bajaron los pantalones y nos violaron por turnos. No sé lo que nos metieron por detrás, pero era muy violento. Me desgarró. Después, nos lavaron con agua a presión y formaron con nosotros una montaña de hombres desnudos. Mientras, nos hacían fotos”. Pese a que está acostumbrado a expresarse en público, Mourad Benchellali, su compañero de infortunios, con el que nos entrevistamos en París el 11 de septiembre de 2016, no consigue hablar del tema. “¿Recuerdas las fotos de Abu Ghraib de las pirámides de detenidos? Pues igual, pero más que humillante”.

Después de Kandahar, los dos compañeros de infortunios fueron transferidos a Guantánamo, en enero de 2002. En la prisión cubana, donde permanecerá hasta el verano de 2004, los tactos rectales serán, con la excusa de la seguridad, violentos y repetidos. “Cada vez que nos hurgaban en las partes íntimas, se deleitaban palpando, insistiendo”, precisa Nizar Sassi. “Los golpes se van, pero eso permanece”, confía. Mientras que en las mesas vecinas las familias hablan en torno a un chocolate caliente, Nizar, algo incómodo, susurra lo que le sucedió. Le faltan palabras, recurre a los gestos. Levanta tres dedos para representar la mano del soldado que le penetró sin previo aviso.

  El mayor escándalo de la medicina de EEUU

Según los cuatro exprisioneros con los que nos entrevistamos, estos tactos rectales abusivos se practicaban bajo la atenta mirada de los médicos. “No nos tocaban, pero estaban detrás del estrado, con los oficiales, mientras que los soldados nos violaban”, recuerda el exreo. En las prisiones clandestinas de la CIA, los médicos fueron más allá de la mera observación. Participaron en el empleo de supuestos procedimientos médicos para permitir modificar los comportamientos de “los peces gordos” que se supone habían caído en sus redes. Dado que diferentes informes del Ejército siguen estando clasificados, los nombres de los médicos todavía no han trascendido.

Sospechoso de financiar los ataques del 11 de septiembre, Mustafa al Hawsawi durante durante 13 años pasó por cárceles secretas [6] de la CIA y por Guantánamo, donde sigue preso. Acaba de ser operado del recto; Estados Unidos ha costeado la intervención. Hasta la intervención, padecía de hemorroides crónicas, fisura del ano y de prolapso. “Concretamente, una parte del intestino se le salía y debía reintroducírselo con la mano después de ir al baño [7]”, cuenta su abogado, Walter Ruiz.

El detenido, que carecía de antecedentes médicos particulares, ha desarrollado estos problemas desde que permanece en prisión, lo que permite deducir que las secuelas –según su abogado– se deben a la “rehidratación rectal”, una especie de lavativa, y a otra forma de “nutrición por vía rectal”. “El informe del Senado sobre la tortura subraya además que se emplearon los tubos más grandes disponiblestubos más grandes”, [8] subraya el abogado. “Fueron sodomizados y los médicos que insertaron tubos en el ano de esa gente siguen ejerciendo la medicina”.

“Esos métodos no existen en los procedimientos médicos salvo si la persona carece de intestino grueso o se encuentra en estado vegetativo”, subraya Sarah Dougherty, especialista en la cuestión de la tortura norteamericana de la asociación de médicos y científicos Physicians for Human Rights, que proporciona peritaje médico a las organizaciones que documentan crímenes contra la humanidad. La médica se muestra visiblemente molesta: “Es uno de los mayores escándalos de la historia de la medicina y ha habido muy pocas tentativas por parte de la profesión para que los culpables rindan cuentas ante la Justicia”.

  “No fue un accidente”

En los pasillos de Guantánamo, los relatos de agresiones sexuales avanzan por los pasillos de las celdas. Las narraciones de saudíes, yemeníes y argelinos son los peores. Se les grapaba en el cuerpo fotos sacadas de revistas pornográficas y las interrogadoras no se muestran tiernas o, más bien, lo son demasiado. Se frotan contra ellos, se desvisten, emplean ropa interior y compresas para hacerles hablar. “Recurren mucho a técnicas de humillación sexual con presos procedentes de Oriente Medio”, explica Nizar Sassi. “Estos hombres nunca en su vida se han relacionado con una mujer occidental y aún menos con una mujer desnuda que simula que se les entrega. Estaban traumatizados tenían más miedo de eso que de los golpes”.

¿Mujeres que se desvisten en las salas de interrogatorios de la bahía de Guatánamo? Mourad Benchellali recuerda a una de ellas, situada contra la pared, completamente desnuda y muda durante el tiempo que duró uno de los interrogatorios. Según los informes internos del Ejército, relativos a las prisiones de Guantánamo y de Abu Ghraib, [9] estas mujeres eran militares. En el informe Schmidt, un oficial al frente de Inteligencia confiesa que le pidió a una de sus subordinadas que comprase un perfume de mujer barato, que se embadurnarse las manos y las frotara sobre un detenido que estaba rezando para romper su resistencia [10].

En otros casos, con la presión de conseguir resultados, las mismas militares deciden convertir su propio cuerpo en un instrumento de humillación. En el libro Inside the wire, el extraductor del Ejército Erik Saar, relata los entresijos de un interrogatorio llevado a cabo conjuntamente con una soldado, Brooke. En un momento dado, ésta considera que el detenido gracias a la oración saca fuerzas para resistir. “Voy a hacerlo impuro e impedirle que rece” [11], explica. “¿No te gustan estas enormes tetas americanas, Fareek?”, le dice. “Veo que se te empieza a poner dura”. Por consejo de un vigilante, la mujer llega a hacerle creer al detenido, ya hundido, que le rocía con flujo menstrual. Erik Saar se acuerda de su colega, sorprendida por su propio comportamiento: “Me miró y se puso a llorar. Pensaba que había hecho lo mejor para obtener una información que sus jefes le pedían que consiguiera” [12].

  Los militares no tenían que respetar las leyes

Mark Fallon, en Guantánamo, era el encargado de investigar a los detenidos para que fueran juzgados. Era el comandante adjunto de una sección criminal interna del Departamento de Defensa (CITF), que se creó para la ocasión. El 19 de octubre de 2016, en Washington, el jubilado rememora aquella época que no deja de atormentarle. Aquellos momentos en que trató de dar la voz de alerta, junto con un puñado de militares de alto rango [13], y denunciar actos “vergonzosos y lamentables”. Con una gran experiencia como interrogador como agente especial, este hombre de aspecto sobrio pasó años infiltrándose en redes criminales, disfrazándose de camello, cazador furtivo o de traficante de armas, según lo requería la ocasión. Investigaba a Al Qaeda desde los años 90. No es de extrañar por tanto que las autoridades norteamericanas acudieran a él cuando decidieron poner en marcha una sección de inteligencia especial para los detenidos de Guantánamo.

El comandante Fallon dirigía un equipo de 230 personas, que trabajaba codo con codo con los soldados del general Geoffrey D. Miller, comandante de la Joint Task Force Guantánamo, radicada en la prisión cubana [14]. Ambos militares se sitúan en las antípodas, por lo que no tardaron en pasar a ser rivales. Mark Fallon no tiene estima ninguna por este general de artillería sin experiencia en inteligencia militar. Por su parte, a Miller le molestaba la mansedumbre de Fallon. “Se veía venir: querían ahogar a la gente. Sus tropas desvestían a los detenidos, los regaban, era insultante y de aficionados”, recuerda el jubilado. Estaba preocupado porque el general Miller, como especialista en artillería, no conocía nada de inteligencia, de interrogatorios... le pidieron que hiciese el trabajo sucio y fue ascendido”.

  Pirámides de hombres desnudos

Rápidamente, los hombres de Mark Fallon le dieron el relevo a su jefe a la hora de llevar a cabo estas prácticas inquietantes aplicadas bajo las órdenes del general Miller. Muy sorprendido, el militar envió el 28 de octubre al Consejo de la Marina, institución de la que depende la base naval de Guantánamo, un e-mail al que hemos tenido acceso: “Debemos asegurarnos de que el gabinete del abogado general de la Marina [Alberto Mora] está al corriente de las técnicas adoptadas por la sección 170 [dirigida por el general Miller]. Comentarios [que definen estas técnicas] del lugarteniente Diane Beaver como que “si el detenido muere es que lo habéis hecho mal” [...] o bien “el personal médico debe estar presente para tratar eventuales accidentes” parecen probar que se encuentran fuera de la legalidad [...] Alguien debe tener en cuenta la manera en que la Historia considerará esto”, escribe.

En septiembre de 2003, el general Miller fue enviado a Irak con la misión de guantanamizar la prisión de Abu Ghraib,guantanamizar es decir, importar los métodos de interrogatorios empleados en Cuba. “Cuando le vi marcharse para allá, envié a uno de mis hombres para hacerle frente. Temía que si Miller se dirigía allí, sería como un cáncer maligno que se extiende. Produciría graves abusos”.

Apenas un año después, en abril de 2004, Mark Fallon comprende que su pesadilla se había hecho realidad. Fotos de la prisión iraquí de Abu Ghraib dan la vuelta al mundo. Prisioneros desnudos amontonados en forma de pirámide, boca abajo o forzados a masturbarse delante de soldados que ríen. Aparecen desnudos, atados con correa, en manos de mujeres uniformadas. Toda América se encuentra en shock. El ministro de Defensa Donald Rumsfeld limitó de inmediato este comportamiento a casos aislados. Algunas “manzanas podridas” [15].

  Epílogo, ¿días tranquilos?

Después del escándalo de Abu Ghraib, la mayoría de los militares reconocibles en las fotos fueron sancionados, también la comandante de la prisión Janis Karpinski. Son los únicos procesados. “Janis Karpinski dice que no era culpable y estoy de acuerdo con ella. Fue la cabeza de turco”, dice Lawrence Wilkerson, exbrazo de hierro de Colin Powell. “Por el contrario, algunas personas empezando por Dick Cheney tendrían que ser juzgados por crímenes de guerra. Como mínimo debería haber sido apartado de sus funciones”.

Pero a día de hoy, los burócratas de Washington actúan bien. Tiene pocas posibilidades de cambiar. Durante la campaña de las presidenciales de 2016, el candidato republicano Donald Trump prometió “llenar Guantánamo de tipos sucios” y restablecer la utilización de las técnicas de ahogamiento ficticio [16]. Aunque el presidente electo es conocido por cambiar de opinión [17] sistemáticamente, pese a todo, no cabe duda de que mirará hacia delante sin echar la vista atrás, sin reconocer los crímenes de EE. UU. Una nación que, durante un tiempo, hizo del arma sexual una herramienta contra el terrorismo.

Nizar Sassi, que tiene marcado en su cuerpo su paso por Guantánamo, apura su café largo en la Brioche Dorée. Como los otros cinco detenidos de Guantánamo, trata de que se le reconozca víctima de la tortura y de las violaciones sufridas en una denuncia colectiva que tiene pocas posibilidades de salir adelante. El general Miller, entonces conocido como “el rey de Guantánamo”, fue llamado por la Justicia francesa en marzo de 2016. No acudió, no estaba obligado. Como muchos otros, Nizar Sassi ha perdido la esperanza en la humanidad. “Confío en el juicio final. El juicio de Alá”, concluye.

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NOTAS

[1] El programa SERE (Survival Evasion, Resistance and Escape) fue creado después de la guerra de Corea para preparar a los soldados y civiles en caso de caer en manos de los servicio secretos de la nación comunista.

[2] Sobrenombre con el que lo conocían los medios de comunicación y los expertos en la cuestión.

[3] La CIA destruyó en 2005 los vídeos de estos interrogatorios.

[4] Están presentes, según John Rizzo, Dick Cheney, Donald Rumspfeld, Condoleezza Rice y Colin Powel.

[5] Entrevista mantenida con los autores el 20 de septiembre, en Vénissieux

[6] La CIA dispone de numerosas cárceles secretas en el mundo entero para llevar a cabo estos interrogatorios.

[7] Entrevista con los autores llevada a cabo en Washington, el 18 de octubre de 2016.

[8] La expresión “los mayores tubos disponibles” de Walter Ruiz figura en el informe del Senado, página 126.

[9] El informe Schmidt, sobre Guantánamo, menciona por ejemplo a mujeres militares que practican danza del vientre o que utilizan tinta roja para simular el flujo menstrual y perfume de mujer con el fin de desestabilizar a los presos. Los informes Fay, Chruch y Taguba relatan hechos similares ocurridos en Abu Ghraib.

[10] Informe Schmidt. Testimonio de un alto mando presentado como un jefe de la Intelligence Control Element.

[11] Erik Saar, Inside the wire, página 223

[12] Op cit., pág. 228

[13] También nos entrevistamos con Alberto Mora, ex abogado general de la Navy que trató de dar la voz de alerta y que ha dado su opnión sobre los nuevos métodos de inteligencia, en 2003.

[14] El general Miller sucedió a George Dunlavey en diciembre de 2002.

[15] Expresión utilizada por primera vez en una conferencia de prensa en verano de 2004.

[16] En el debate del 3 de marzo de 2016, en Detroit, el candidato reiteró que estaba de acuerdo en la utilización del método del ahogamiento ficticio y añadió que “con esos animales de Oriente Medio” [ISIS], “deberíamos ser más duros”.

[17] Trump, presidente electo reiteró sus palabras el 22 de noviembre de 2016 en The New York Times, donde dijo estar seducido por los argumentos de un general de la Marina, James Mattis. El soldado había afirmado “dadme un paquete de cigarrillos y dos cervezas y lo haré mejor [que con la tortura]”, lo que “impresionó” al presidente.

Traducción: Mariola Moreno

El Gobierno de Estados Unidos efectuará el traslado de cuatro presos a Arabia Saudí en las próximas 24 horas, según han confirmado a la cadena Fox dos altos cargos del Gobierno.

Si bien sus identidades aún no han sido reveladas, los cuatros traslados serán los primeros del último impulso que realizará el presidente saliente, Barack Obama, en la recta final de su mandato para cerrar de forma paulatina el centro, informa Europa Press.

Asimismo, el traslado tendrá lugar a pesar de la oposición del que será el próximo inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, que este mismo martes pidió que se pusiera fin a este tipo de transferencias desde la cárcel militar que el país posee en la bahía de Guantánamo (Cuba) debido a su extrema peligrosidad.

Fuentes del Pentágono han señalado que las salidas de presos de Guantánamo continuarán pese a las objeciones del magnate republicano.

En la prisión militar todavía quedan 59 detenidos, muchos de los cuales fueron encarcelados sin cargos en su contra o sin celebrarse un juicio durante más de una década, provocando condenas a nivel internacional.

Obama, que se comprometió a enviar a los presos a países que acepten acogerlos, tiene previsto trasladar a una veintena de ellos antes de que Trump asuma el cargo, algo que hará el próximo 20 de enero, dentro de algo más de dos semanas.

La última vez que Arabia Saudí recibió presos de Guantánamo tuvo lugar el pasado mes de abril, cuando Estados Unidos envió nueve presos yemeníes, entre ellos un interno en huelga de hambre desde 2007, Tariq Ba Odah.

Este fue el grupo más numeroso que había salido de Guantánamo desde que Obama anunció en febrero su plan para cerrar la prisión, si bien en agosto Washington anunció el traslado de otros 15 reclusos, destinados a Emiratos Árabes Unidos.

El campo de detención de Guantánamo se encuentra en Cuba, fuera de la jurisdicción de EEUU. Esta situación geográfica dificulta aún más el complicado proceso carcelario. Aunque el Tribunal Supremo de EEUU ha defendido que los presos tienen derecho a ser juzgados ante tribunales civiles, los jueces federales secundan la estrategia del Pentágono de retener a personas sin derecho a un juicio.

A los presos de esta cárcel los clasifican como combatientes enemigos ilegales. Una nueva categoría que conculca el Convenio de Ginebra, que prohíbe los castigos y las represalias a los presos. Así, George Bush creó las comisiones militares como herramienta para tratar a estos presos. Un procedimiento que, aparte de considerar a los presos 'no ciudadanos' como sospechosos de terrorismo, viola el derecho a ser juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial.

Pese a ello, Estados Unidos tiene la obligación jurídica internacional de garantizar a todas las personas detenidas un procedimiento judicial adecuado que permita comprobar la legalidad de su detención. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recalca la importancia del recurso de habeas corpus para la protección de los derechos no derogables, necesario para preservar la legalidad en una sociedad democrática.

Esta herida abierta en EEUU ha sido difícil de cerrar, pese a los intentos de Barack Obama que prometió acabar con la escandalosa situación de Guantánamo. En un principio firmó una orden ejecutiva para cerrar la prisión. Sin embargo, la Cámara de Representantes se negó a incluir dentro de la ampliación del presupuesto para las guerras de Irak y Afganistán una partida de 80 millones de dólares para relocalizar a los presos. Incluso, él mismo acabó por reanudar las comisiones militares de George Bush.

Hay cierta esperanza en que con el tiempo se pueda acabar con esta situación. En 2010, Ahmed Khalfan Ghailiani fue el primer preso en someterse a un juicio ordinario. De un total de 285 cargos de los que se le acusaba, solo se le culpó de uno. La propia Fiscalía reconoció la dificultad del juicio ya que las pruebas presentadas no eran aceptables al ser sospechosas de haberse obtenido mediante tortura. Desde entonces, Obama ha liberado a 144 presos. Siete de ellos volvieron al terrorismo, según un informe del Director Nacional de Inteligencia.Otra de las dificultades a las que se enfrentan los presos es a la reinserción. La dificultad de que puedan encontrar asilo en un país se suma a las innumerables trabas.

La situación en Guantánamo continúa sin un plan para su cierre. Desde distintas organizaciones como Amnistía Internacional reclaman algo tan básico como es la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo. No se trata de humanizar a delincuentes, sino de defender una justicia equitativa. Una herida abierta que incumbe a todos los países y que ahora está en manos del nuevo presidente, Donald Trump.

Gabriel Arrese Leza es socio de infoLibre

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado este martes la falta de jurisdicción de los tribunales españoles para investigar torturas en la base estadounidense de Guantánamo (Cuba), según ha informado Europa Press. El tribunal confirma la decisión en el mismo sentido que adoptó la Audiencia Nacional el pasado mes de enero y rechaza así los recursos planteados por varios particulares y por asociaciones de derechos humanos de Berlín y Nueva York, y la Asociación Pro Dignidad de los Presos y Presas de España.

La sentencia del alto tribunal, de la que ha sido ponente el magistrado Carlos Granados, avala la decisión de la Audiencia de decretar la conclusión del sumario sin procesamientos y el sobreseimiento de la causa, al no cumplirse los requisitos legales que permiten extender la jurisidicción española a delitos ocurridos fuera de España, de acuerdo a la reforma sobre la justicia universal.

"No existe dato o elemento alguno que permita sostener que ciudadanos españoles hubiesen intervenido en los presuntos hechos delictivos que se dicen cometidos en ese campo de prisioneros, por lo que es de reiterar, una vez más, que no se cumplen los requisitos legales que extienden la jurisdicción española a delitos ocurridos fuera de nuestro territorio", indican los magistrados en la resolución.

Para el Supremo se investiga lo ocurrido en "un campo de prisioneros ubicado en un lugar muy alejado del territorio nacional, sobre el que España no tiene ningún tipo de jurisdicción. Quienes estaban al mando de ese campo de prisioneros no son españoles ni tampoco lo son quienes tomaron la decisión de establecerlo o fueron responsables de las prácticas que allí se realizaron".

Por o contra un español

Añade la Sala que se dicen cometidos delitos de tortura por parte de determinados sujetos, no españoles, y en el extranjero, por lo que es de aplicar lo dispuesto, en la redacción actual, en el artículo 23. 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que sólo admite competencia cuando el procedimiento por torturas se dirija contra un español o a la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos y la persona a la que se impute la comisión del delito se encuentre en territorio español.

La Sala recuerda que el modelo inicial de la LOPJ consagraba un sistema de jurisdicción universal absoluta e incondicionada. "Pero este sistema, con independencia de la opinión particular que pueda sostenerse sobre él, no viene impuesto imperativamente con carácter general por los Tratados Internacionales o por el Derecho Internacional Penal consuetudinario, ni tampoco viene impuesto específicamente por la Convención de Ginebra para los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado", añade.

Por ello, "y para que quede claro en éste y en otros procedimientos con similar fundamento, conforme a la vigente Ley, el Supremo establece que los tribunales españoles carecen de jurisdicción para investigar y enjuiciar delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado cometidos en el extranjero, salvo en los supuestos en que el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España.

También se mantiene la competencia, según el Supremo, en las causas contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas. "Sin que pueda extenderse dicha jurisdicción in absentia en función de la nacionalidad de la víctima o de cualquier otra circunstancia", precisa la sentencia.

El fiscal ante el Tribunal Supremo se ha opuesto a investigar las torturas denunciadas por Hamed Abderrahaman Ahmed, conocido como el talibán español, durante su detención en Guantánamo porque considera que la última reforma de la justicia universal imposibilita atender a esta demanda sustentada en el interrogatorio en el penal de dos funcionarios españoles que, sostiene el Ministerio Público, no participaron en "ninguna irregularidad", informó Europa Press.

El expreso de Guantánamo, de 41 años, fue detenido de nuevo el pasado 23 de febrero por liderar presuntamente una célula desarticulada por la Policía Nacional. Hamed Abderrahaman Ahmed es conocido como el talibán español por ser el único de esta nacionalidad que pasó por el penal estadounidense de Cuba tras ser detenido en Pakistán huyendo de Afganistán.

El talibán español fue condenado en octubre de 2005 por la Audiencia Nacional a seis años de cárcel por un delito de integración en la organización terrorista Al Qaeda. Su defensa presentó ante el Supremo un recurso después de que, el 8 de enero de 2016, la Audiencia Nacional sobreseyera su denuncia por un delito de torturas e integración moral.

El representante del Ministerio Público argumenta su posición aludiendo a la última reforma de la justicia universal, citando para ello lo establecido por el alto tribunal: "La nueva regulación del principio de justicia universal respecto a los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra ha procedido a una restricción tan sustancial del derecho de los ciudadanos españoles víctimas de tales delitos en el extranjero que excluye de forma extrema su acceso a la jurisdicción dentro del territorio español, dadas las escasísimas posibilidades de que uno de los presuntos autores resida habitualmente en España".

El fiscal advierte un cambio de estrategia de la defensa de Abderrahaman Ahmed al señalar ante el Supremo que en los delitos de torturas en Guantánamo pudieron haber participado por acción u omisión ciudadanos españoles, lo que abriría la puerta a una investigación de la Justicia española. Sin embargo, considera que este argumento "no es de recibo".

Interrogatorio voluntario

"Es obvio que el objetivo de la investigación es lo ocurrido en un campo de prisioneros localizado en una isla muy alejada del territorio nacional, sobre la que España no tiene ningún tipo de jurisdicción", sostiene el fiscal sobre Guantánamo, oponiéndose así a atender a la petición del talibán español de investigar las posibles torturas por la presunta participación en el penal estadounidense de dos funcionarios españoles al menos durante los días 22 y 23 de julio de 2002.

"No existe, pues, la mínima sospecha de que los funcionarios españoles desplazados a Guantánamo", dice el Ministerio Pública tras calificar esta presencia como cierta, "cometieran en dicho espacio temporal ningún atisbo de irregularidad". Además, subraya que se trata de unos hechos ya juzgados y con una sentencia firme que reconoce que Abderrahaman Ahmed y otros seis querellantes "se sometieron a un interrogatorio voluntariamente aceptado".

"Solo quiero decir que he escrito un libro recientemente, mientras estaba aquí en la cárcel, sobre toda mi historia, ¿de acuerdo? Lo envié para su publicación al distrito [de] Columbia, y cuando esté publicado os aconsejo, chicos, que lo leáis. Una pequeña advertencia. Es un libro muy interesante, creo".

Eso aseguró Mohamedou Ould Slahi (Rosso, Mauritania, 1970) ante la Junta Administrativa de Revisión que estudiaba su caso el 15 de diciembre de 2005. Llevaba en Guantánamo tres años, cuatro meses y diez días, y pese a los interrogatorios constantes no había una sola prueba contra él ni, como tantos otros, sabía de lo que se le acusaba. La Junta no leyó su libro entonces. Ese libro —466 páginas manuscritas— tardó siete años más en salir a la luz pública. Ese libro es Diario de Guantánamo, el único escrito hasta ahora por un preso, que se convirtió en un best-seller a su publicación en inglés en 2015, y que el sello Capitán Swing edita ahora en español. Mohamedou sigue preso, y van 12 años, en el campo estadounidense. 

En verano y otoño de 2005, Slahi redactó en su celda —enfriada por los guardias hasta hacerle temblar— el relato de su captura entre julio de 2002 y ese momento. Es decir, el espacio de su emprisionamiento del que es responsable el Gobierno estadounidense. Antes, el mauritano, que había vivido en Alemania y Canadá, había sido arrestado por su Gobierno, que le liberó tras considerar que no había pruebas de que hubiera participado en la Trama Milenio, un intento de atentado contra el aeropuerto de Los Ángeles. En 2001, este ingeniero electrónico volvió a ser detenido por el mismo motivo y puesto en libertad. Poco después, fue arrestado de nuevo.  "Estoy segura de que le dijo a su madre: 'Vuelvo en seguida'. Su familia no ha vuelto a verle", dice su abogada, Nancy Hollander, en un documental realizado por The Guardian, que apoyó la publicación del volumen desde su inicio.

El título tiene un editor muy particular, además de Larry Siems, escritor y activista por los derechos humanos que, junto a las abogadas del autor, hizo que el texto viera la luz. El primero que puso sus manos en el manuscrito fue el Gobierno de los Estados Unidos. En el mismo momento en que Slahi redactó esas 122.000 palabras, estas pasaron a ser material clasificado. En 2012, finalmente fue declarado "no confidencial" y una copia del diario fue entregada a sus abogadas, que a su vez se la pasaron a Siems.  La copia tenía 2.500 barras negras que censuraban el texto de Slahi. A veces, son solo un nombre, unas cuantas palabras. Otras, esas líneas quiebran una frase a la mitad, haciéndola incomprensible. En las notas al pie, Siems hace un trabajo de exégesis a través de otros informes oficiales, tratando de reconstruir lo que apuntaba el autor. Pero, en ocasiones, las barras se extienden durante páginas enteras—entre la 97 y la 101, entre la 313 y la 319—. Tras ellas se ocultan interrogatorios completos. Es imposible saber qué sucedió en ellos, pero sí es posible imaginarlo.  

El relato de Slahi refleja su confusión, sobre todo en el primer capítulo. En 2001, después de su detención en Mauritania, es trasladado a Jordania, donde es interrogado durante siete meses por los servicios de inteligencia jordanos. De ahí se le lleva a la base estadounidense de Bagram, Afganistán, y de allí, después de dos semanas, al campo de detención de Guantánamo. Pero este relato, a priori tan sencillo y lineal, ha tardado años en dibujarse con claridad. Por supuesto, en ese momento Slahi no sabía qué estaban haciendo con él ni qué buscaban. Cree que está en Alemania, luego piensa que quizás en Filipinas. No tiene claro a qué cuerpo pertenecen los que le interrogan o dan órdenes. No sabe qué día es. El corpus de informes legales, declaraciones y artículos de prensa reunidos por Siems tratan de suplir la información de la que Slahi carece. 

Su relato contiene todo lo que el lector ya imagina de Guantánamo. Slahi, prisionero 760, es golpeado. Es obligado a permanecer desnudo. Se le niegan las condiciones mínimas de higiene. Se le impide rezar. Se le humilla. Se le somete a torturas burdas —asfixia— y sutiles —privación de sueño, frío, juegos psicológicos—. Se abusa sexualmente de él. Se le interroga a todas horas, de todas las maneras, hasta obtener una falsa confesión, arrancada por la fuerza en 2003. No aparece, durante todo el relato, el habeas corpus, esa figura jurídica que exige que el ciudadano comparezca ante un juez, y que este decida, en base a los delitos de los que se le acusa y las pruebas existentes, si debe ser liberado o no. Aunque un magistrado concedió el habeas corpus a Slahi en 2009, la administración Obama recurrió esta decisión. El caso está todavía pendiente. Nunca se ha redactado una hoja de acusaciones contra él. 

Lo único que liga a Slahi con los atentados del 11-S de los que se le quiere hacer responsable es que perteneció a Al Qaeda en los noventa, cuando miles de jóvenes como él se unían al grupo para luchar contra el régimen comunista en Afganistán, lo que Estados Unidos miraba con buenos ojos. "Pero, como ha dicho muchas veces, se desligó completamente cuando el comunismo cayó y las facciones muyahidines empezaran a enfrentarse las unas con las otras", dice Siems. "El Gobierno sostuvo primero que Slahi era susceptible de ser detenido por 'apoyar al 11-S' (...), pero ahora ha abandonado esta teoría y reconoce que Slahi probablemente ni siquiera conocía los ataques del 11-S", recoge un auto judicial de 2009.  "Creo que he leído todo lo que se ha hecho público sobre su caso, y no entiendo por qué se le llevó a Guantánamo", asegura el editor. 

Lo que sí hay en el relato de Slahi es humor, humor muy negro. Y ternura y apoyo con otros presos, e incluso con algún guardia. Hay hasta perdón: "En una reciente conversación con uno de sus abogados, Mohamedou dijo que no le guardaba rencor a ninguna de las personas que menciona en este libro, que les insta a que lo lean y lo corrijan si piensan que contiene algún error, y que sueña con el día en que pueda sentarse con ellos ante una taza de té, después de todo lo que han aprendido unos de otros", recoge el libro. En palabras del editor: "Lo asombroso es que Mohamedou haya encontrado una voz en medio del vacío".

Un grupo de seis expertos de Naciones Unidas pidieron el pasado viernes al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que investigue "a fondo" las violaciones de las garantías fundamentales cometidas en la prisión militar de Guantánamo y que "se procese debidamente a los responsables".

Los relatores especiales sobre combate al terrorismo, tortura, independencia de los jueces, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y orden internacional equitativo difundieron este comunicado conjunto tras el anuncio del mandatario estadounidense de sus planes para el cierre de la prisión.

"No se trata sólo de cerrar las instalaciones y transferir a los actuales detenidos. Se trata de cerrar un capítulo en la historia de Estados Unidos", advirtieron los expertos de la ONU, que denunciaron que la llamada guerra global contra el terrorismo (posterior a los ataques terroristas del 11-S en Nueva York) justificó "una cadena de violaciones graves de las leyes humanitarias y de derechos humanos".

Por ello, reclaman a las autoridades estadounidenses que "emprendan investigaciones imparciales e independientes de todas las denuncias de atropellos de las garantías fundamentales perpetradas en ese contexto, entre ellas la tortura y las detenciones secretas".

En este sentido, reiteran que los resultados de dichas investigaciones "deben ser públicos" y que los culpables de estas violaciones de los derechos humanos "deben ser procesados".

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció este martes que ha enviado al Congreso una propuesta del Pentágono para cerrar "de una vez por todas" la cárcel de Guantánamo porque su existencia perjudica a la seguridad del país. Esta instalación "no mejora nuestra seguridad nacional, al contrario, la perjudica", aseveró.

El presidente lamentó que los republicanos en el Congreso hayan impedido hasta ahora cerrar el centro de detención como él prometió antes de llegar a la Casa Blanca, y confió en que con el fin de Guantánamo acabará un "capítulo en la historia" de Estados Unidos.

Según informa Europa Press, Obama aseguró que el Gobierno está comprometido con proceder a su cierre "de una manera responsable y segura", y que para ello se han identificado posibles lugares a los que trasladar dentro de Estados Unidos a los prisioneros a los que aún no se ha aprobado trasladar a otros países.

Asimismo, arropado por el vicepresidente, Joe Biden, y el secretario de Defensa, Ashton Carter, el presidente resaltó que el cierre de Guantánamo "ahorrará dinero" a las arcas públicas, concretamente 80 millones de dólares al año.

Un grupo de expertos en Derechos Humanos de la ONU y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) instó este lunes al Gobierno de Estados Unidos a cerrar inmediatamente el centro de detenciones de la Bahía de Guantánamo en Cuba.

En una carta abierta publicada al cumplirse 14 años de la instalación del centro penitenciario, los especialistas también reclamaron fin a la impunidad relacionada con las violaciones de las leyes humanitarias y de Derechos Humanos durante la llamada "guerra global contra el terror".

En este sentido, subrayaron que Estados Unidos "debe limpiar su propia casa" e instaron al país a acabar con el oscuro capítulo de las medidas adoptadas tras los ataques del 11-S en respuesta al terrorismo.

El texto añade que todos los implicados, incluyendo al más alto nivel de autoridad, deben ser considerados "responsables de ordenar o ejecutar entregas extrajudiciales, detenciones secretas, detenciones arbitrarias de civiles y las llamadas técnicas de interrogatorio mejoradas".

Los expertos recordaron que cerca de un centenar de detenidos todavía se encuentran en Guantánamo después de años de detención arbitraria sin juicio, fuera del Estado de Derecho y de los tribunales estadounidenses, a pesar de la orden ejecutiva emitida por el presidente Barack Obama en enero de 2009 para liberarlos o transferirlos y cerrar la instalación en el plazo de un año.

La carta la firman los relatores de la ONU sobre tortura, Juan Méndez; sobre la independencia del poder judicial, Mónica Pinto; el líder del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, Seong-Phil Hong; además del director de la oficina para instituciones democráticas de la OSCE, Michael Georg Link.