El paro bajó en 79.900 personas en 2022, lo que supone un 2,6% menos que en 2021, mientras el empleo creció en 278.900 puestos de trabajo (+1,4%), según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogida por Europa Press.

Ambos datos son mejores que los de 2020, año en el que el estallido de la pandemia llevó a los peores registros de paro y ocupación desde 2012, pero están muy alejados de los de 2021, cuando se generaron 840.700 empleos y el paro disminuyó en más de 600.000 personas.

Exceptuando 2020, el año del covid, el incremento de la ocupación registrado en 2022 es el peor dato desde 2013, año en el que se destruyeron 204.200 empleos. En el caso del paro, sin contar con 2020, el descenso de 2022 sería el peor registro desde 2012, cuando el desempleo aumentó en más de 700.000 personas.

Con el retroceso de 2022, el paro acumula dos años consecutivos de retrocesos. En el caso de la ocupación, se encadenan dos años de crecimiento del empleo tras un 2020 en el que se destruyeron 622.000 puestos de trabajo.

La tasa de paro se situó al finalizar 2022 en el 12,87%, porcentaje cuatro décimas inferior al de 2021, mientras el número total de desempleados cerró el ejercicio por encima de los 3 millones después de haber bajado de esa cifra en el tercer trimestre de 2022.

En concreto, el año finalizó con 3.024.000 desempleados, en tanto que el número de ocupados se situó en 20.463.900, la cifra más alta en un cierre de año desde 2007.

A estas cifras se llegó después de que en el cuarto trimestre de 2022 el paro experimentara una subida de 43.800 personas (+1,47%) y la ocupación disminuyera en 81.900 personas (-0,4%), sus peores datos en un cuarto trimestre desde 2012 y 2013, respectivamente.

En este sentido, el Ministerio de Asuntos Económicos ha destacado en un comunicado que la creación de empleo bajó su ritmo en el cuarto trimestre de 2022 "en línea con la ralentización de la economía mundial", aunque se mantuvo en el entorno de los 20,5 millones de ocupados.

El Departamento que dirige Nadia Calviño también ha resaltado que los datos de la EPA de 2022 reflejan el cambio "estructural" que ha supuesto la reforma laboral en el mercado de trabajo, pues la contratación indefinida registró un "máximo histórico" de 14,3 millones de trabajadores y la tasa de temporalidad se redujo más de 7 puntos, hasta mínimos del 17,9%, cifra que "se acerca" a la media europea.

De hecho, según los datos del INE, el repunte del empleo en 2022 lo acapararon los asalariados con contrato indefinido, que aumentaron en la cifra récord de 1.591.100 personas (+12,5%), frente a un descenso de los asalariados con contrato temporal de 1.193.800 (-27,7%).

El incremento de la ocupación se concentró en 2022 en el sector privado, con la creación de 228.200 empleos (+1,4%), frente a los 50.700 que se crearon en el sector público (+1,4%). No obstante, éste finalizó el año en un nuevo máximo de 3.526.200 ocupados, en tanto que el empleo privado acabó 2022 con 16.937.600 trabajadores.

El número de trabajadores asalariados aumentó el año pasado en 397.300 ocupados (+2,3%), en tanto que el de trabajadores por cuenta propia se redujo en 111.200 (-3,5%).

El incremento de la ocupación en 2022 fue, en términos absolutos, ligeramente superior entre los varones, con 146.800 ocupados más (+1,3%), frente a la creación de 132.100 empleos entre las mujeres (+1,4%). También el paro descendió más entre los hombres (-47.200 desempleados) que entre las mujeres (-32.600 desempleadas).

Los hogares con todos sus miembros en paro subieron en 2022 en 23.600, un 2,3% más que en 2021, hasta situarse de nuevo por encima del millón, cifra que se había conseguido abandonar en el tercer trimestre del año pasado.

En concreto, 2022 cerró con 1.047.500 hogares con todos sus miembros en el desempleo después de que en el último trimestre se incrementaran en 70.100, un 7,1% más que en el trimestre anterior.

Por su parte, los hogares con todos sus integrantes ocupados aumentaron el año pasado en 183.300 (+1,6%), hasta un total de 11.255.300 hogares. No obstante, en la recta final de 2022 se perdió el máximo histórico alcanzado al terminar el verano, debido a que en el cuarto trimestre los hogares con todos sus miembros ocupados bajaron en 38.900, lo que supone un 0,3% menos que en el trimestre anterior.

Los hogares con al menos un activo subieron en 2022 en 119.700 respecto a 2021 (+0,87%), hasta los 13,84 millones, mientras que en el último trimestre del año repuntaron en 18.400 en relación al trimestre anterior (+0,1%).

Por su lado, los hogares en los que no hay ningún activo se incrementaron en 91.100 en el conjunto del año pasado (+1,7%), hasta los 5,35 millones. En el último trimestre de 2022, estos hogares subieron en 52.100 (+1%).

Al finalizar 2022 había 576.800 hogares sin ningún perceptor de ingresos, 13.100 más que un año antes. Exceptuando 2020, año en el que se declaró la pandemia, la cifra de hogares sin ingresos de 2022 es la más alta en un cierre de ejercicio desde 2018, cuando las familias que estaban en esta situación superaron las 593.000.

La caída de la tasa de natalidad y el aumento de la esperanza de vida le han dado la vuelta a la famosa pirámide demográfica, lo mismo en España que en el resto de los países desarrollados. La población menor de 39 años se ha reducido en casi un 16% desde 2008, mientras que los mayores de 40 han crecido un 22,2%. En consecuencia, son muchos más quienes sobrepasan la cuarentena, 27,3 millones de personas, que quienes no llegan a esa edad, 19,7 millones, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Y la tendencia es imparable: con menos de 18 años hay nueve millones de personas en España, pero los mayores de 50 son más del doble, 19,6 millones.

Ese cambio tiene su traducción inmediata en el mercado laboral. Cada vez se incorporan menos jóvenes al trabajo, por lo que su número no cubre las jubilaciones. Las plantillas envejecen y la oferta de mano de obra se achica con cada nueva generación. De modo que se puede dar la paradoja de que el país campeón del paro en Europa, con una tasa de desempleo del 12,5% –la media del euro es del 6,5%, su mínimo histórico– sufra al mismo tiempo un problema de falta de personal. Ya está ocurriendo, al menos en algunos perfiles profesionales.

La población activa ha crecido desde 2008, tras superar el bache de la crisis financiera e inmobiliaria, aunque no mucho, un 1,1%. Pero mientras los activos de más de 39 años han aumentado un 36,3% desde el cuarto trimestre de 2008 hasta el tercero de este año –un 31,45% hasta el cuarto de 2019, antes de la pandemia–, el segmento más joven del mercado ha menguado un 29% en los últimos 14 años.

Si el foco de atención se coloca sobre los recién incorporados al mercado laboral, la EPA cuenta sólo 3,8 millones de activos –en disposición de trabajar– con menos de 29 años. En cambio, los que se encaminan hacia el final de sus carreras profesionales, entre 50 y 65 años, son el doble, 7,5 millones.

Esta brecha no tuvo siempre este dibujo. En 2008, cuando se rompió la burbuja inmobiliaria, la relación era la inversa: había más trabajadores jóvenes, 12,54 millones de activos por debajo de los 39 años, que maduros, 10,72 millones por encima de esa edad. Lo mismo ocurría con quienes tenían entre 16 y 29 años, que sumaban más que los mayores de 50: había casi 1,2 jóvenes por cada veterano. Es decir, se han perdido 1,63 millones de trabajadores jóvenes, los de ingreso laboral más reciente: casi un 30% de los 5,48 millones que había hace 14 años.

El vuelco lo dio la curva en 2011. A partir de ese año y hasta ahora el número de las nuevas incorporaciones se ha reducido al mismo tiempo que no deja de crecer el de quienes se acercan a la jubilación. Y el de quienes, de hecho, se jubilan. Si en 2008 las altas de nuevas pensiones sumaron 269.772, según las estadísticas de la Seguridad Social, en 2021 alcanzaron las 316.156. Un aumento del 17,2%.

En consecuencia, si antes de la crisis del ladrillo la edad media de los ocupados españoles era de 39,7 años, ahora es de casi 45. “Y si no hay un cambio radical, en poco tiempo superará los 50 años”, advierte Josep Oliver, catedrático emérito de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona y autor de un informe sobre envejecimiento demográfico para la empresa de recursos humanos Manpower que ya en 2018 alertó ante la pérdida de trabajadores potenciales, la caída del número de jóvenes nativos, la necesidad de cubrir ese déficit con inmigrantes y el creciente desplazamiento de los activos hacia quienes superan los 50 años.

Una buena muestra del declive demográfico y laboral está en las administraciones públicas. En España, el 46% de los empleados públicos supera los 55 años. Sólo Italia tiene funcionarios más envejecidos. La media de la OCDE es sólo del 26%. Desde 2015, además, el porcentaje de empleados públicos mayores ha crecido en España un 11%, impulsado por la política de no reposición de vacantes impuesta por los recortes de gasto público que siguieron a la crisis financiera. La edad media de los empleados de la Administración General del Estado es de 51,32 años. De hecho, el 64% de su plantilla tiene más de 50 años. En la Seguridad Social aún es peor: el 80,9% de sus trabajadores supera esa edad. Y el futuro no parece demasiado alentador. El último Estudio sobre el envejecimiento de las plantillas en la Administración General del Estado prevé que en 2032 se habrá jubilado el 58,6% de la plantilla actual, unos 97.000 empleados públicos.

Estas cifras exceden con mucho las del sector privado –los asalariados mayores de 50 años son un 30,3%, menos de la mitad que en el sector público–, pero no por ello es menos grave el fenómeno. Sobre todo porque no es un desarrollo coyuntural. La Estrategia España 2050, que ha elaborado la Oficina Nacional de Prospectiva del Gobierno, cifra en un 12% la pérdida de población en edad de trabajar que puede ocasionar hasta mediados del siglo el envejecimiento demográfico, unos 3,7 millones menos de trabajadores potenciales, e incluso prevé que habrá 2,5 millones menos de ocupados, si se mantienen las tasas de empleo anteriores a 2019, que fueron de un 2% en promedio.

Según sus estimaciones, la reducción de la población activa se traduciría en un descenso de la ocupación del 0,5% anual. “Lo que tendría consecuencias profundas para la economía y los ingresos públicos, y supondría una fuente de tensión par la sostenibilidad del estado de bienestar”, advierte la Oficina. Para llegar a esa conclusión se basa, a su vez, en proyecciones de Eurostat para la zona euro que calculan en 11 puntos porcentuales la caída de la ratio de población en edad de trabajar en la UE: del 65% en 2020 al 54% en 2050.

Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas –el centro de estudios de las cajas de ahorro– y miembro del Consejo Económico y Social (CES), cree que el impacto del encogimiento del mercado laboral dependerá de los perfiles de quienes ingresen en el mercado de trabajo: jóvenes y también emigrantes. De si su cualificación profesional se corresponde a la que demandan las empresas. Por el momento, la ocupación contradice los vaticinios de España 2050 y no sólo no se ha resentido, sino que sigue creciendo por encima de lo que está avanzando la economía, aunque cada vez de forma más titubeante por culpa de la crisis energética y la inflación desbocada. El paro continúa descendiendo, al tiempo que las vacantes que ofertan las empresas no se cubren. Torres explica que el mercado laboral no funciona “de forma mecánica”: no se puede esperar que, a menos trabajadores demandando empleos, haya menos parados; o que, con menos jóvenes entrando en el mercado de trabajo, haya automáticamente menos paro juvenil.

También Josep Oliver pone el foco en el desajuste entre los perfiles de la mano de obra y los perfiles que demandan las empresas. Se está produciendo, en efecto, un “vaciamiento de generaciones jóvenes”, asegura, ocasionado por la caída de la tasa de natalidad, pero los que comienzan a trabajar están “incorrectamente formados”, lo que los aboca al desempleo. A las elevadas cifras de abandono escolar se une que más de un tercio de los ocupados por debajo de 35 años están sobrecualificados. “A partir de los 25 años cae la tasa de paro porque se produce un ajuste de expectativas”, explica, “cuando, por ejemplo, muchos licenciados terminan aceptando empleos por debajo de su cualificación”. En España, al igual que en el resto de los países del sur de Europa, faltan ocupados con formación profesional, mientras que la cifra de quienes tienen sólo una cualificación baja o superior es muy elevada comparada con Alemania o los países nórdicos, continúa Oliver.

En 1995 entraban anualmente en la estadística laboral unos 750.000 mayores de 16 años, destaca el catedrático, pero 10 años después se quedaron en sólo 450.000. El déficit se cubrió con la llegada de inmigrantes.

“Según las últimas proyecciones del INE, si no llegan siete u ocho millones de inmigrantes, la población española bajará hasta los 44 millones de habitantes en 2050 [ahora es de 47 millones]”, anticipa el catedrático catalán. El INE calcula que haría falta un saldo migratorio anual de unos 300.000 inmigrantes para sostener la población española hasta mediados de siglo. El de este año lo cifra en 484.137 personas y prevé que se mantenga por encima de los 300.000 hasta por lo menos 2031. Si el saldo migratorio fuera cero, en 2072 España tendría sólo 31,8 millones de habitantes.

La pérdida de músculo, y de juventud, del mercado laboral causa serios perjuicios. Hace más difícil la transición tecnológica y agrava el ya de por sí grave déficit español de productividad, advierte Josep Oliver. A su juicio, la solución, además de por los inmigrantes, puede pasar por estimular la “movilidad” de los trabajadores. Es decir, trasladar el exceso de oferta de mano de obra de las provincias con más paro a otras con escasez de personal, o formar a trabajadores con un nivel educativo escaso o poco demandado para que adquieran competencias más solicitadas por las empresas.

En España, el 70% de los trabajadores entre 20 y 64 años están ocupados, recuerda Raymond Torres, pero en Alemania y los países nórdicos la tasa de ocupación asciende hasta el 80%. Aumentar la tasa española hasta esos niveles, asegura, permitiría compensar el impacto del envejecimiento demográfico. En Italia, compara el economista, el problema es el elevado número de inactivos, que son más difíciles de incorporar al mercado laboral que los parados y necesitan de “mecanismos muy específicos” para familias monoparentales, excluidos sociales, enfermos mentales o prejubilados. La propuesta de la Estrategia España 2050 para evitar el achicamiento del mercado de trabajo es, además de incorporar inmigrantes y reducir el paro juvenil, elevar la tasa de empleo de las mujeres en 20 puntos –ahora es del 57%–, lo que equivaldría a contar con casi dos millones de trabajadoras más en 2050. Porque, de lo contrario, la merma de la fuerza laboral estancará el crecimiento del PIB entre el 0,3% y 1,1% –cuando de 2014 a 2019 mejoró a un ritmo del 2,5%– hasta mediados de siglo.

La prolongación de la pandemia y las restricciones a la actividad económica están produciendo numerosos cambios en un mercado de trabajo como el español acostumbrado a la repetición cíclica de un mismo patrón. Este primer trimestre de 2021 ha perdido 137.500 ocupados respecto a diciembre de 2020, según los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) hechos públicos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del mayor descenso en un comienzo de año, un periodo que siempre es malo en términos de empleo, si se exceptúa el primer trimestre de 2020, cuando la irrupción del coronavirus obligó al cierre de la economía y destruyó 285.600 puestos de trabajo en apenas dos semanas de confinamiento estricto.

Sin embargo, de enero a marzo de este año el paro ha bajado en 65.800 personas, una caída inaudita en un primer trimestre. No había descendido el paro en un arranque de ejercicio desde 2015, pero entones sólo salieron de las listas del desempleo 13.100 personas. Así, la tasa de paro medida por la EPA se reduce y 14 centésimas respecto a diciembre y se queda en el 15,98%.

Pero ambos movimientos son el resultado de un mar de fondo también distinto al que hasta la llegada del virus era habitual. El número de activos, de quienes tienen entre 16 y 65 años y están disponibles para trabajar, ha sufrido una enorme caída, de 203.400 personas, la mayor en un primer trimestre desde 2009, desde la anterior crisis. Ni siquiera con el confinamiento total del inicio de 2020 fue tan grande el descenso de la población activa –164.600–. Y ha aumentado el flujo de trabajadores hacia la inactividad tanto desde las filas de los ocupados como de los parados.

El INE lo atribuye a las restricciones a la movilidad, que están impidiendo buscar empleo a personas que se declaran dispuestas a trabajar. Con la desescalada, en el tercer trimestre disminuyeron los inactivos, pero desde enero han vuelto a aumentar: 1,09 millones no han podido buscar trabajo pese a estar disponibles, 162.500 personas más que en diciembre.

Además, también ha crecido el número de mayores de 60 años que trabajaban en diciembre, pero han pasado a ser inactivas este primer trimestre. En concreto, han sido 138.000 las personas que han abandonado el mercado laboral en esta franja de edad a partir de enero. También 756.900 parados han tirado la toalla en la búsqueda de empleo y han pasado a la inactividad en el comienzo del año, 81.400 más que al acabar 2020.

A estas distorsiones del patrón hay que añadir los trabajadores protegidos por los ERTE, que figuran como ocupados y cuyo número ha crecido de enero a marzo en 80.000 personas, según la EPA.

Finalmente, también ha subido la cifra de quienes trabajan desde sus domicilios al menos la mitad de los días, 2,14 millones, que representan el 11,2% de los ocupados. En diciembre eran el 9,9%, y en 2019 sólo el 4,8%. La pandemia, por tanto, ha más que duplicado el teletrabajo en España.

Temporales y a tiempo parcial, los afectados

El descenso del empleo en el primer trimestre se ha cebado en los trabajadores más precarios. El número de los contratados temporales ha caído en 168.800 personas y el de los contratados a tiempo parcial en 103.000. Por el contrario, ha crecido la cifra de empleados indefinidos, 31.000 más, y la de quienes trabajan a jornada completa se ha reducido en 34.500, la tercera parte de quienes lo hacen a media jornada.

Por sectores, continúa la sangría en los servicios, con un recorte de 83.400 ocupados respecto a diciembre. La industria pierde 51.500 empleados y la construcción, 18.500. La agricultura crece en ocupación, con 15.800 trabajadores más que en diciembre. En estos 12 meses de pandemia, los servicios han destruido 344.500 empleos, por sólo 127.100 la industria y 16.000 la construcción. La agricultura ha ganado en un año 13.200 trabajadores. Pero si se pone la atención en los datos de paro, resulta que los servicios han recortado su número de desempleados en 97.500 personas –¿han pasado a la inactividad, han cambiado de sector, han encontrado trabajo?–, mientras que el resto de los sectores lo han aumentado, pero en cifras menores –3.100 en la agricultura, 1.400 en la industria y 1.000 en la construcción–. También han experimentado un alza los parados de larga duración, quienes llevan más de un año sin trabajo, 19.100 más este primer trimestre respecto al fin de 2020.

Las cuentas del empleo al año de irrumpir el virus

Transcurrido un año del comienzo de la pandemia, en España hay 474.500 ocupados menos y 341.000 desempleados más. De ellos, 249.700 son parados de larga duración, nada menos que el 73,2%. El empleo ha caído un 2,41% y el paro ha crecido un 10,29%. La tasa de temporalidad ha bajado hasta el 23,8%.

El reparto de paro y ocupación por comunidades autónomas sigue reflejando la dependencia de algunas de ellas del turismo y la hostelería, las actividades más impactadas por el covid-19. Baleares ha perdido un 4,16% de sus ocupados en el primer trimestre y Canarias un 3,31%. Son, junto con Extremadura, las comunidades con mayor destrucción de empleo. Por el contrario, en Madrid y Cataluña es donde más ha aumentado la ocupación, aunque con cifras pequeñas, un 1,32% y un 1%, respectivamente.

En el año de pandemia, el empleo en Canarias se ha hundido un 14%, triplicando las cifras de los siguientes en la lista negra, la Comunidad Valenciana –3,88%– y el País Vasco –3,08%–. La tasa de paro en Canarias es la más alta del país, el 25,42%, seguidas de Andalucía –22,54%– y Extremadura –22,22%–. En los últimos 12 meses, han abandonado el mercado de trabajo en Canarias 72.800 personas, la comunidad que encabeza el aumento de inactivos. A continuación, la Comunidad Valenciana, con 34.900 personas, y Castilla y León, con 22.800.

La brecha de género no sólo es salarial, sino que también se extiende a las pensiones cuando las mujeres dejan de trabajar. Dos entidades tan dispares como el BBVA y el sindicato CCOO coinciden a la hora de traducirla en cifras. Según un estudio elaborado por Mercedes Ayuso y Elisa Chuliá del Instituto BBVA de Pensiones, esa brecha entre las pensiones que cobran las mujeres y las que perciben los hombres es del 34%. CCOO la eleva un poco más, hasta el 37%.

Si las mujeres cobran salarios más bajos que los hombres, cotizan menos años o trabajan más a tiempo parcial, las pensiones contributivas resultantes se resienten y son menores. Pero el informe de Ayuso y Chuliá también apunta a la brecha de género que se revela si el foco se pone en el número de mayores de 65 años que percibe una pensión. Muchas más mujeres que hombres a partir de esa edad no cobran ninguna. Un documento de la Comisión Europea utilizado por las dos profesoras para su estudio cifra en un 28% las españolas de más de 65 años que no perciben pensión alguna. Es decir, 1,45 millones de mujeres. Sólo hay más en Malta, el 37%. De forma que la brecha de género entre pensionistas, del 34%, se dispara hasta el 52% en el caso de la brecha de género entre mayores, y se convierte en la más alta de Europa, sólo al mismo nivel que la de Irlanda. La media de la UE también es alta, pero se queda en el 44%.

La causa de ese elevado número de mujeres sin pensión es claro: no han tenido un trabajo remunerado durante toda su vida o, si lo tuvieron, no cotizaron los años necesarios, que son 15. En los años 70, explican Ayuso y Chuliá, las mujeres entraban en el mercado de trabajo entre los 20 y 24 años. La mitad de las que tenían esa edad estaban empleadas. Pero, a partir de los 25 años, cuando empezaban a casarse, dejaban el trabajo y la tasa de ocupación caía al 30%. En la década de los ochenta la historia cambia, el número de mujeres mayores de 24 años con trabajo empieza a crecer y ya no se detiene en todos los grupos de edad hasta la actualidad. Hoy la tasa de actividad femenina a partir de los 25 años supera el 80%, aun así entre cuatro y nueve puntos por debajo de la masculina.

No obstante, ese cambio en el comportamiento laboral de las mujeres “apenas se ha trasladado todavía al sistema de pensiones”, concluyen las autoras, puesto que “quienes lo han protagonizado aún no han entrado masivamente en el sistema de pensiones”.

“Tal como se diseñó en los años 60 del pasado siglo, el sistema de pensiones contributivas no discriminaba por sexo, pero sí se construyó sobre una concepción normativa de la sociedad que dio como resultado una fuerte desigualdad de género”, destaca el informe del BBVA. Así pues, las leyes de la Seguridad Social no diferenciaban entre hombres y mujeres, pero “al favorecer las carreras de cotización largas, continuadas y basadas en los salarios más recientes, provocaron una ventaja a favor de los hombres que hoy forman parte de la población jubilada”.

Mayoría de no contributivas y con complemento 

La escasa e intermitente incorporación laboral de las mujeres hasta los años ochenta se traduce también en un menor número de pensiones de jubilación contributivas. De las 5,88 millones en vigor a enero de 2018, 2,21 millones las cobran mujeres. Es decir, sólo el 37,7% de los pensionistas son jubiladas. Además, su pensión media es más baja, 794,46 euros frente a los 1.244,69 euros al mes de los hombres. Donde sí son abrumadora mayoría las mujeres, el 91%, es en las pensiones de viudedad, que perciben 2,17 millones. Pero únicamente el 14% de las pensionistas combina una prestación de viudedad con otra de jubilación. Según el estudio del BBVA, son sólo 576.311. Es decir, 1,6 millones de mujeres cobran sólo una pensión de viudedad, “como beneficiarias de un tercero, su marido”, resalta el informe del sindicato CCOO. La pensión media de viudedad apenas alcanza los 665 euros.

Otro efecto de la débil integración laboral de las mujeres en las pasadas décadas es su predominio entre quienes perciben pensiones no contributivas de jubilación. Son el 76,5% de las 257.442 personas que las cobran, según las estadísticas del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) correspondientes a enero de este año. En Extremadura llegan al 85% y en Castilla-La Mancha, al 80%. Tienen derecho a una pensión de este tipo todos aquellos ciudadanos que no hayan cotizado o lo hayan hecho de forma insuficiente para percibir una pensión contributiva. Pero además deben carecer de rentas o ingresos por encima de 5.178 euros anuales si viven solos o de 8.803 euros si viven con su cónyuge y haber residido en España durante al menos 10 años. Su cuantía no puede superar los 369,90 euros al mes.

Pero aun habiendo cotizado durante los 15 años que exige la ley para tener derecho a una pensión contributiva, puede ocurrir que la cuantía de esa prestación no alcance el mínimo legal, 639,3 euros mensuales. En ese caso, el pensionista recibe un complemento. De los 2,4 millones de jubilados que lo cobran, la mayoría, el 64,6%, son mujeres: 1,56 millones, según los cálculos de CCOO. Mientras que el 31,7% de las pensiones que generan las mujeres necesitan ese complemento a mínimos, sólo lo precisan el 18,4% de las que generan los hombres. Además, ese complemento es más alto en el caso de las mujeres, que necesitan una media de 219,27 euros al mes, frente a sólo 177,37 euros para los hombres.

Cambio de tendencia

No obstante, tanto CCOO como el BBVA dan cuenta del cambio que ya está empezando a producirse en las nuevas pensiones como consecuencia de la mayor participación laboral de las mujeres en los últimos años. Desde 2013 el número de jubiladas con pensión ha crecido cinco puntos porcentuales. También ha aumentado la cuantía de las pensiones que generan. Así, en las nuevas pensiones de jubilación la brecha de género cae desde el 37% hasta el 22%.

Aunque el informe de CCOO alerta de que el recorte en la distancia entre hombres y mujeres –“aún tímida y claramente insuficiente”– se debe a dos motivos. El primero es positivo, resultado de medidas que fortalecen las carreras de cotización de las mujeres: el reconocimiento como cotizados de los periodos de interrupción de la carrera profesional –por cuidado de hijos o familiares–, el cambio en el cómputo de las cotizaciones en el trabajo a tiempo parcial y el complemento de maternidad –56 euros al mes de media que han recibido 317.029 nuevas pensiones en 2016 y 2017–. El segundo, en cambio, es preocupante: la caída en el ritmo de crecimiento de la cuantía que perciben los jubilados varones, producto de la devaluación salarial durante la crisis. Así, mientras las nuevas pensiones de las mujeres han subido un 3,5% desde 2013, las de los hombres sólo han aumentado un 0,52%.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, respondió este miércoles en el Congreso que la economía española ha recuperado ya “todos los niveles de empleo de las mujeres de antes de la crisis”, cuando la diputada del PSOE Margarita Robles le preguntó por la brecha salarial. Ya lo había repetido en numerosas ocasiones anteriores la ministra Fátima Báñez: “Hay más mujeres trabajando que nunca, 8,5 millones”. En la misma Cámara, la titular de Empleo aseguró incluso que ahora “hay más oportunidades que nunca para las mujeres”.

Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), en el último trimestre de 2017 el número de mujeres ocupadas era de 8,66 millones, 18.700 más que en el mismo periodo de 2008. Datos similares resultan de los registros de afiliación de la Seguridad Social, donde aparecen 8,46 millones de mujeres cotizantes el pasado enero, frente a 8,07 millones en ese mismo mes de hace una década. Por el contrario, la EPA revela que aún hay 1,07 millones de hombres menos trabajando ahora que en 2008 y, según la Seguridad Social, 1,26 millones de hombres afiliados menos.

Es decir, Rajoy y Báñez dicen la verdad cuando se refieren al número de mujeres ocupadas. Pero también es cierto que omiten otros datos esenciales. Durante la crisis también ha aumentado la población activa femenina, hay 457.500 mujeres más en edad y disposición de trabajar. El número de hombres activos ha caído en 954.700 entre 2008 y 2018 y ello ha empujado en muchas parejas a la búsqueda activa de un empleo por parte de las mujeres.

La consecuencia de ese aumento de demandantes femeninas de trabajo, unido a la falta de oferta de empleos por la crisis, es el alza del número de mujeres paradas. El dato del que no hablan ni Báñez ni Rajoy. Así, según la EPA, en España hay ahora 438.800 mujeres desempleadas más que en el último trimestre de 2008. De hecho, desde el cuarto trimestre de 2015, siempre hay más mujeres en paro que hombres desempleados. Es decir, la recuperación está sacando del paro más a los hombres que a las mujeres. En los últimos tres meses de 2017 la EPA cuenta 1,94 millones de paradas y 1,82 millones de parados. Son 125.400 desempleadas más.

Más mujeres inscritas en el paro, menos contratos

Las cifras del paro tal y como lo registran los servicios públicos de empleo siempre arrojan cifras inferiores a las de la EPA, puesto que no todos los desempleados se inscriben en sus oficinas. Sin embargo, en el caso del paro femenino, los datos del ministerio superan los de la encuesta: el pasado mes de enero figuraban registradas en el SEPE dos millones de mujeres sin trabajo, 674.721 más que hace 10 años. También superan las desempleadas inscritas en el paro –son 525.570 más– a los hombres en paro. En 2008, la diferencia entre hombres y mujeres sin trabajo era menor, de 390.371 a favor de éstas. Pero porcentualmente poco ha cambiado el dato, ya que entonces las mujeres eran el 58,6% de los parados y hoy representan el 57,5%.

Las estadísticas de contratos revelan otra brecha añadida. El año pasado se registraron 21,5 millones de contratos, más que nunca. De ellos, 12,06 millones fueron para hombres, que firmaron 2,6 millones de contratos más que las mujeres. Hace 10 años las mujeres firmaban el 47% de los contratos; hoy, 4,2 puntos porcentuales menos. En 2008, cuando se registraron 16,6 millones de contratos y había 560.000 parados menos, los hombres firmaron 967.637 contratos más que las mujeres. Es decir, la grieta se ha ensanchado, al triplicarse la diferencia entre los contratos femeninos y los masculinos.

El saldo migratorio positivo en el primer semestre de 2017 de 52.926 personas compensa un saldo vegetativo negativo de 31.905 personas -más defunciones que nacimientos-, ya que en esta primera mitad de año han llegado a España 237.115 personas procedentes del extranjero, un flujo que se sitúa al nivel del segundo semestre de 2008, según las la Estadística de Migraciones. Primer semestre de 2017, publicada por el INE este jueves 14 de diciembre.

Así, la población residente en España se situó en 46.549.045 habitantes a 1 de julio de 2017, lo que supuso un aumento de 21.021 personas respecto a comienzos de año, que consolida el crecimiento de la población iniciado en el segundo semestre de 2016.

Los datos definitivos de 2016 reflejan que la población residente en España creció en 87.925 personas. Cabe reseñar que prácticamente todo ese crecimiento se produjo en la población de nacionalidad española, que registró un aumento de 85.821 personas, debido al proceso de adquisición de nacionalidad española, que afectó a 150.944 personas ese año.

Sin embargo, el crecimiento de la población de nacionalidad española cambió de signo, pasando a reducir su población en 24.355 personas. Según el INE, esto se debió, principalmente, a un saldo vegetativo negativo (-52.393) que no pudo compensarse con los procedimientos de adquisición de nacionalidad española que, según datos provisionales, afectaron a 41.014 personas.

El verano y la temporada alta del turismo han reducido el paro hasta el 16,38%, según la última Encuesta de Población Activa (EPA). Una tasa que equivale a 3,73 millones de personas3,73 millones de personas. Los tres meses que tradicionalmente concentran la máxima actividad en España han aumentado también el número de ocupados hasta los 19,049 millones, la cifra más alta desde 2009. Eso sí, de los 235.900 empleos creados, 148.900 fueron temporales, lo que representa el 68,8% de los 216.400 nuevos asalariados con contrato. A esta cifra hay que añadir 21.000 nuevos autónomos y 67.500 contratados indefinidos. Fruto de ese repunte, la tasa de temporalidad sigue creciendo y se sitúa ya en el 27,28%, por encima incluso de la que tenía Polonia –el campeón de la temporalidad en la UE– en el segundo trimestre del año, el 26,7%.

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, el empleo creado en el tercer trimestre ha sido temporal, a tiempo completo, masculino, joven y en el sector servicios. En su mayoría, además, en Baleares, Castilla-La Mancha, Canarias y la Comunidad Valenciana.

Así, de julio a septiembre ha crecido el empleo a tiempo completo en 380.200 personas, mientras que a tiempo parcial se ha reducido en 144.300. El 14,3% de la población activa trabaja con jornadas a tiempo parcial. Por lo que se refiere al sexo, han conseguido trabajo el doble de hombres –163.600– que de mujeres –72.300–. La mayor parte de los contratados, además, pertenecen al grupo de quienes tienen entre 20 y 24 años –101.000–, mientras que entre 30 y 34 años el número de ocupados ha disminuido en 12.400 personas. Para hacerse una idea del motor que supone la actividad estacional en la economía y el empleo, basta con detenerse en los 236.400 nuevos ocupados que pertenecen al sector servicios, una cifra que se sitúa por encima del número neto de empleos creados. Los 55.000 puestos de trabajo perdidos en la agricultura explican la caída del dato neto, puesto que han compensado los escasos 34.100 nuevos empleos en la industria y los 21.000 de la construcción.

Las cifras de la EPA también confirman la desaceleración de la bajada del paro. Pese a que los datos del tercer trimestre son tradicionalmente los mejores del año, la reducción del paro en 182.600 registrada hasta septiembre es la menor desde 2013. Menor incluso que la registrada en 2014, cuando comenzaba la recuperación económica y el PIB crecía a un ritmo del 1,4%. Este año se espera que la economía medre un 3,1%, más del doble.

En términos interanuales, comparando los datos con los del tercer trimestre de 2016, el empleo ha aumentado en 521.700 personas, a una tasa del 2,82%, de las cuales 299.300 tienen un contrato indefinido, otros 202.700 han firmado contratos temporales y 19.300 son autónomos. Por lo que respecta a la población activa, quienes cuentan entre 16 y 65 años y se encuentran en disposición de trabajar, sigue cayendo. En los últimos 12 meses ha descendido en 67.400, pese a que de julio a septiembre creció en 53.300. Se trata de un aumento enteramente masculino: el número de activos aumentó en 72.900, pero el de activas se redujo en 19.600.

Baleares y Aragón, a la cabeza

Por comunidades autónomas, el mayor crecimiento del empleo lo ha disfrutado este último trimestre Baleares, con un 5,64%, lo que multiplica por cuatro veces y media la media nacional del 1,25%. Cataluña es la segunda comunidad en que más aumentó el número de ocupados en términos absolutos hasta septiembre –46.100 personas–, sólo superada por la Comunidad Valenciana. En términos porcentuales, el empleo creció en Cataluña un 1,41%, por encima del 1,39% de la Comunidad de Madrid. En comparación interanual, el alza es del 2,88%, por encima de la media nacional. O de las cifras del País Vasco, donde la ocupación ha caído un 0,27%.

Si se toma en consideración la tasa de paro, la mayor bajada en los últimos 12 meses la ha conseguido Aragón, con un descenso de casi el 31%, más del doble de la media nacional. Cataluña es la quinta comunidad en que más se ha reducido el paro, con un 13,9%. En el último trimestre, Castilla-La Mancha y Baleares encabezan la caída del desempleo; ambas superan descensos del 17%, cuatro veces la media nacional. En cambio, la tasa de paro ha subido este verano en Andalucía –un 0,54%–, en Murcia –3,82%– y en el País Vasco –3,52%–.

“A un empujón”

Mientras CCOO y UGT han destacado el “fuerte componente estacional”, el carácter temporal y la “baja calidad” del empleo creado en el último trimestre, la CEOE elogia la “tendencia positiva del mercado laboral”, con un número de nuevos ocupados que es el mayor desde 2005. “Aunque la reducción del desempleo es un buen dato, la precariedad y la temporalidad, consecuencias directas de la reforma laboral de2012, son los males endémicos asociados al modelo laboral del PP, y vamos a seguir viendo sus efectos en la EPA mientras no se derogue esa reforma laboral”, ha asegurado por su parte el secretario de Empleo del PSOE, Toni Ferrer.

A juicio de la ministra de Empleo, España se encuentra “a un empujón” de que “la recuperación llegue a todos”“la recuperación llegue a todos”. “A día de hoy se puede decir que ya se ha recuperado el 90% del empleo indefinido destruido por la crisis y sólo el 50% del temporal”, aseguró Fátima Báñez.

Los tres años de recuperación tras la crisis económica más larga desde la posguerra han mejorado el panorama social gracias al crecimiento del empleo –1,2 millones de ocupados más desde 2014– y a un “incipiente aumento de las rentas de las familias”, según concluye el Consejo Económico y Social (CES) en su Memoria de 2016. No obstante, la institución, que reúne a la patronal y los sindicatos más representativos, también revela las “secuelas” que esa prolongada y dura crisis ha dejado en la sociedad española y su mercado de trabajo.

  1. Pérdida de población activa

La reactivación de la economía ha reducido el número de parados en 1,6 millones entre 2013 y 2016. Pero no todos los que han dejado las listas del desempleo han encontrado un trabajo. En estos tres años muchos de ellos han abandonado el mercado laboral. De ahí que la población activa –las personas entre 16 y 65 años dispuestas a trabajar– se haya recortado en 367.000 personas durante ese trienio. Sólo en 2016 se perdieron 100.000 activos. Y no sólo se debe a un fenómeno demográfico, apunta el CES, por la menor natalidad y la salida del país de los inmigrantes, sino también a una menor participación laboral. La bajada, de hecho, se concentra en los menores de 40 años, sobre todo entre los más jóvenes, porque prolongan sus estudios ante la falta de expectativas laborales. Sin olvidar que las mujeres siguen 10 puntos por debajo de los hombres en lo que a integración en el mercado de trabajo se refiere.

  2. Más desanimados

El descenso de la población activa también es culpa del aumento en el número de desanimados, quienes no buscan empleo porque no creen que vayan a encontrarlo. En España eran el 7,4% de la población activa en 2013 y el 5,4% en 2016, casi dos puntos por encima de la media de la UE. Son 336.400 personas. Además, su número ha aumentado entre los mayores de 50 años en el último año, el único grupo de edad que crece entre los desanimados. Otro dato preocupante: en 2007 en España había casi medio millón de personas que, según la definición de Eurostat, la Oficina Estadística de la UE, se consideran activos potenciales –pueden trabajar pero no buscan empleo por motivos no objetivos pero ajenos a su voluntad–, de los cuales 188.800 eran desanimados. Pues bien, en 2016, los activos potenciales son casi los mismos que antes de la crisis, 514.200, pero la cifra de desanimados es casi el doble que entonces.

  3. Paro de larga duración

Casi la mitad de los parados españoles –el 47,8%– son de larga duración, llevan más de un año sin trabajar. Y sólo se reduce su número entre los que están desempleados menos de dos años. Por el contrario, los que llevan cuatro años o más en el paro han crecido 7,1 puntos porcentuales entre 2013 y 2016: son el 18% de los desempleados, 760.000 personas. Además, el paro crónico entre los trabajadores de más edad se ha triplicado desde el comienzo de la crisis y ya son el 31,8% de los desempleados.

  4. Pérdida de empleo en la industria

Desde 2007 la industria ha perdido en España a 720.000 ocupados, un 24%. Según los sectores, la industria del mueble ha recortado un 50% su empleo y la textil, un 46%. A juicio del CES, esta pérdida de trabajadores “probablemente no es reversible”. La construcción ha empezado a recuperarse, pero aun así, ocupa ahora a 1,7 millones de personas menos que en 2007. La protagonista de la recuperación es la hostelería, que desde 2013 ha ganado el doble del empleo que perdió con la crisis y tiene 150.000 trabajadores más que en 2007. Sólo las plantillas de los servicios de alojamiento han crecido un 15% en 2016.

Por el contrario, han sufrido “descensos marcados” la I+D – un 6,4% en 2016– y las actividades profesionales, científicas y técnicas –un 17,2% desde 2008–. También el empleo público: las administraciones públicas han reducido sus plantillas desde 2011 en 186.000 personas.

El CES advierte igualmente de la “polarización” que está sufriendo el empleo, puesto que crecen más los empleos en los extremos: los más cualificados, los técnicos y profesionales, un 5,3% en 2016, y los menos cualificados, los peones, un 10,9%. En cualquier caso, esta disparidad no consigue revertir la “preminencia de las ocupaciones relacionadas con la hostelería y el comercio”.

Tampoco el empleo autónomo ha despegado con la reactivación económica, pese al impulso que el Gobierno le ha dado estos años con todo tipo de incentivos, ayudas y campañas mediáticas. Mientras que desde 2013 se ha recuperado cerca de una tercera parte del empleo asalariado perdido durante la crisis, el empleo por cuenta propia no ha recobrado ni el 20%.

  5. El contrato temporal es el rey

La tasa de temporalidad española –26,1%– es la segunda más alta de la UE, después de la polaca. En 2016, los contratos temporales crecieron un 6,8%, cuatro veces más que los indefinidos. Entonces se registraron en total 19,98 millones de contratos, un 7,6% más que el año anterior e incluso un 1,7% más que en 2007, antes de la crisis. Pero respecto a esa fecha se firmaron 1,9 millones de contratos temporales más y medio millón de contratos indefinidos menos. De hecho, el peso de los indefinidos en la contratación total ha caído 3,3 puntos respecto a 2007. Es decir, tras ocho años de crisis y recuperación, se mantiene la estructura de los contratos, pero más extremada aún.

Es más, la Memoria del CES revela que, pese al descenso que ha experimentado en el último año el empleo a tiempo parcial, el número de los contratos por horas, tanto temporales como indefinidos, es muy superior al que había en 2007, mientras que el de los de jornada completa de ambos tipos es muy inferior. “La contratación indefinida y a tiempo completo se ha convertido, a la salida de la crisis, en el caso menos frecuente”, concluye.

  6. Bucle empleo/paro

Otro fenómeno achacable a la reactivación económica tal y como se está desarrollando es la cada vez menor duración de los contratos, que el CES atribuye no sólo a cambios en la composición sectorial del empleo, sino también a un aumento del encadenamiento de los contratos y de la rotación laboral.

La duración media de un contrato en España no llegaba en 2016 a 51 días. Ha caído 28,1 días desde 2007. Pero es que, además, los contratos ultrabreves, de hasta una semana, son cada día más numerosos –el 28,1% de los que se firmaron en 2016–.

En consecuencia, también aumenta la rotación de los trabajadores, el número de personas que combinan periodos de empleo y de paro en un mismo año. La tendencia se confirma acudiendo a los datos sobre altas en las prestaciones por desempleo que publica el Ministerio de Empleo. Éstas pueden ser iniciales o reanudaciones. Las últimas, cuando se trata de contratos temporales, fueron en 2016 1,44 millones, casi el doble de las 791.200 iniciales. En el caso de altas en el subsidio de desempleo por falta de cotización para cobrar la prestación contributiva, las reanudaciones ascendieron a 926.000, triplicando las 288.000 iniciales. La elevada cifra de reanudaciones de las prestaciones es una buena muestra del gran número de episodios de empleo y paro, pero también revela que esa rotación se está concentrando, además, en una parte de la población laboral, destaca el CES. De otro modo, el 66% de todas las altas en prestaciones y subsidios de desempleo son reanudaciones, lo que demuestra lo difícil que resulta en España encontrar un trabajo estable. Es más, el 53% de quienes cobran una prestación tienen derecho a una durante seis meses o menos, consecuencia de haber trabajado antes con un contrato temporal o encadenando los más breves.

  7. Intermediación laboral a medio gas

Con un 18% de paro, la intermediación laboral –los servicios destinados a encontrar trabajo a los desempleados– es fundamental, recuerda el CES. Los servicios públicos de empleo autonómicos tuvieron un índice de colocación del 10% en 2016, más de tres puntos por encima del año anterior, pese a que enviaron un 32,4% menos de ofertas a demandantes de empleo. El 70,5% de esas colocaciones corresponden a trabajadores que no cobraban prestaciones. Sólo un 1% de las ofertas fueron rechazadas.

Las agencias privadas de colocación, por su parte, colocaron al 3,8% de los desempleados que les envió el ministerio, 12.333 personas. En 2016 recibieron del Gobierno un total de 175 millones de euros para cumplir con este cometido. La Memoria del CES se queja de la “falta de transparencia y la ausencia de datos completos y detallados” sobre la actividad de estas agencias.

  8. debilitamiento de la protección social

El Consejo Económico y Social alerta de los “síntomas de debilitamiento” que, a su juicio, presenta el sistema de protección social español. Los motivos, “el descenso continuado de la cobertura y la creciente asistencialización”. El primero se refiere a que el sistema de prestaciones por desempleo sólo protege a la mitad de los parados: en 2016, al 55,1% de los registrados en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). En 2010, la cobertura alcanzaba al 78,4%. Según la memoria, el recorte se debe no sólo a la reducción del paro, sino también a la pérdida de prestaciones que supone la prolongación del desempleo. Un desamparo que no parecen subsanar los sucesivos planes para parados de larga duración que agotan las prestaciones: Renta Activa de Inserción, Plan Prepara y Programa de Activación para el Empleo (PAE).

La segunda causa de debilitamiento del sistema es el cada vez mayor peso de los subsidios asistenciales –426 euros– respecto de la prestación contributiva –la cuantía depende del salario, la media en 2016 fue de 800 euros–. El aumento de las ayudas asistenciales se debe, otra vez, a la cronificación del paro. Y la consecuencia es un mayor riesgo de pobreza entre los desempleados: en 2016 el 46,5% de ellos se encontraba en situación de pobreza, según la Encuesta de Condiciones de Vida que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sobre todo si se tiene en cuenta que los subsidios son mayoritariamente percibidos por los parados de más de 55 años: suman el 42,1% de sus beneficiarios. Además, determinan la pobreza futura. Estas ayudas no cotizan a la Seguridad Social, excepto el subsidio para mayores de 55 años –el SEPE ingresa la cotización, pero por la base mínima–, por lo que se recorta en buena medida la cuantía de la futura pensión.

Los ministros de Economía y Hacienda, Luis de Guindos y Cristóbal Montoro, presentaron este viernes los Presupuestos del Estado de 2017 como las cuentas de la superación de una década de crisis. El regreso a 2007 de las grandes cifras de la economía nacional. Según las previsiones de Montoro, el Estado recaudará este ejercicio 200.963 millones de euros, un dato de récord que sobrepasa el de 2007, cuando el fisco ingresó 200.676 millones.

También será éste el año en que el paro bajará al 16,6% de la población activa y se alcanzarán los 19 millones de ocupados, casi los 20 millones que registraba la Encuesta de Población Activa (EPA) en el tercer trimestre de 2006, de acuerdo con el cuadro macroeconómico del Gobierno. Así, el empleo aumentará un 2,5%, tanto como el PIB. Por tanto, la economía crecerá menos que los dos últimos años –un 3,2%–, y lo mismo ocurrirá con el consumo privado –el 2,6% frente al 3,2% del ejercicio pasado–. “Son proyecciones muy prudentes, muy cautas y muy moderadas”, subrayó Luis de Guindos tras el consejo de ministros que aprobó el anteproyecto de los Presupuestos. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha avalado el cuadro macroeconómico que acompaña a las cuentas del Estado y considera “verosímiles” sus previsiones de crecimiento.

  IMPUESTO DE SOCIEDADES, A LA MITAD

El ministro Montoro anunció este viernes que la recaudación recuperará los niveles de 2007, cuando la economía crecía al 3,8%. Y sustentó su previsión en el hecho de que los ingresos tributarios han aumentado un 6,7% en los dos primeros meses del ejercicio. Así, de los 200.963 millones de euros previstos, 78.027 millones procederán del IRPF, cuya recaudación crecerá un 7,7%, y 67.463 millones del IVA, tras registrar un alza del 7,3%. Los impuestos especiales (tabaco, combustibles, alcohol) aumentarán un 4,6%. En efecto, los ingresos de estos tres tributos excederán las cifras de 2007. También subirá, y en un porcentaje mayor –un 12,6%–, la recaudación del impuesto de sociedades. Pero su importe, 24.399 millones de euros, según los cálculos del Gobierno, queda aún muy lejos de los ingresos del último año de bonanza de la economía. Entonces la Agencia Tributaria percibió 44.823 millones de euros por los beneficios de las empresas, casi el doble de lo previsto para el ejercicio en curso.

El ministro de Hacienda justificó este desfase en los efectos que sobre las bases imponibles de las empresas ha tenido “la peor crisis de la historia, con una caída del PIB durante cinco años y la destrucción de 3,5 millones de empleos”. Montoro recordó los 16.000 millones de euros en que se hundió la recaudación por sociedades en 2011 y aseguró que los cambios diseñados por el Gobierno en este impuesto permitirán subir los ingresos según se vayan recuperando los beneficios empresariales. Al tiempo, presumió de haber aplicado una bajada de impuestos “como nunca en la historia de España”, por la que las arcas públicas han dejado de ingresar 12.309 millones de euros en 2015 y 2016: 9.300 millones por el IRPF y 3.009 millones por el impuesto de sociedades. “Son cifras poderosas”, resaltó.

  NO HABRÁ CAMBIOS FISCALES

Los impuestos medioambientales y a las bebidas azucaradas, cuya creación anunció el titular de Hacienda el pasado mes de diciembre, tendrán que esperar. No habrá cambios fiscales este año, tampoco en el impuesto de sociedades. Los Presupuestos sólo incluyen la rebaja del IVA a los espectáculos en vivo. Los impuestos verdes deberán ser revisados en la comisión de expertos de la reforma de la financiación autonómica y local, apuntó Cristóbal Montoro. Y sobre el impuesto a los refrescos, el Gobierno, añadió, no ha empezado más que a “estudiar su viabilidad”. “No lo estamos desarrollando, ni siquiera hay un anteproyecto”, aseguró el ministro, tras desvelar que la patronal del sector ha expresado al Ejecutivo su preocupación por la posibilidad de que algunas comunidades autónomas creen sus propios impuestos sobre el azúcar y éstos sean “más agresivos”.

  EL GASTO SE MANTIENE

El gasto no financiero de las administraciones públicas será este año de 54.674 millones de euros, sólo 187 millones inferior al del presupuesto ejecutado en 2016 –que a su vez fue 3.304 millones inferior al inicialmente aprobado–. Las comunidades autónomas recibirán este año 5.387 millones de euros más y la Administración de Justicia, un 7,6% más. Los fondos para las políticas activas de empleo, los programas de formación para trabajadores y parados, crecerán un 5,5% –sufrieron un recorte de un tercio durante la crisis–. Y los destinados a investigación y desarrollo, un 4,1%, según se ocupó en destacar el titular de Hacienda. La lucha contra el fraude fiscal y los servicios de dependencia se beneficiarán del mismo aumento: 100 millones de euros. A la lucha contra la pobreza infantil y la protección de las familias se destinarán 342 millones. La partida cuya cuantía no reveló Montoro es la del préstamo que el Estado hará a la Seguridad Social para pagar las pensiones. “No podemos precisarla”, esquivó el ministro.

El progresivo vaciamiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social obliga al Gobierno a buscar alternativas para pagar las extras de las pensiones este año. Montoro sólo quiso asegurar que las pensiones “se pagarán, en plazo y con sus extras”, y que el préstamo –o la emisión de deuda como medida alternativa– no aumentará la deuda pública, actualmente situada en el 99,4% del PIB.

  OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO

El Gobierno ha anticipado la convocatoria de 7.969 plazas de las 67.000 que saldrán a concurso este año. Son empleos en la Policía Nacional y la Guardia Civil. Además, las comunidades autónomas podrán convocar otras 11.500 plazas en educación, 1.500 de ellas de profesores universitarios.

La Oferta Pública de Empleo permitirá reponer en un 100% las bajas en los considerados “sectores prioritarios”: educación, sanidad y justicia, así como atención al ciudadano, servicios de transporte y seguridad y emergencias. Para el resto de los sectores, la tasa de reposición será del 50%. El pasado miércoles el Gobierno firmó con UGT, CCOO y CSI-F un acuerdo para reducir en un 90% el número de interinos en el sector público durante los tres próximos años, mediante la consolidación de 250.000 plazas de interinos, la mayoría de ellos en la sanidad.

  16,6% DE TASA DE PARO

El Gobierno ha hecho público también el cuadro macroeconómico que utilizó para elaborar el anteproyecto de Presupuestos y que fija en el 2,5% el crecimiento del PIB para 2017, siete décimas que los dos años anteriores. Según sus previsiones, el empleo crecerá al mismo ritmo que la economía, otro 2,5%, lo que permitirá crear medio millón de puestos de trabajos. Y bajar así la tasa de paro al 16,6%, “10 puntos menos que en el peor momento de la crisis, en 2013”, como resaltó Luis de Guindos tras el consejo de ministros.

Sin embargo, el paro no bajará tanto como subirá el empleo, porque la población activa seguirá reduciéndose, un fenómeno que ha acompañado a toda la crisis. Desde que alcanzó su máximo en el tercer trimestre de 2012, con casi 23,5 millones de personas, la población activa –el número de quienes cuentan entre 16 y 65 años y están dispuestos y capacitados para trabajar– se ha recortado en 746.000 personas. Para este ejercicio, la previsión del Gobierno es que 48.000 personas más abandonen el mercado de trabajo.

  BAJA EL CONSUMO Y LA INVERSIÓN

Si el Gobierno acierta en sus previsiones, el crecimiento del consumo privado, uno de los motores de la economía, caerá este año seis décimas respecto del nivel alcanzado en 2016. El consumo de las administraciones públicas, atadas por el control del déficit, quedará inmóvil en un alza de sólo el 0,8%.

También se reducirá el ritmo de la inversión, otras cinco décimas, arrastrado por las inversiones en bienes de equipo, cuyo crecimiento se resentirá 1,5 puntos, mientras que la destinada a la construcción mantendrá la misma tónica que en en 2016, creciendo un 1,9%. En consecuencia, disminuirá la aportación de la demanda nacional al crecimiento del PIB, que será siete décimas inferior a la del ejercicio pasado.

  LAS EXPORTACIONES, AL ALZA

Guindos se congratuló especialmente del buen comportamiento de las exportaciones, que crecerán un 5,1% este año, siete décimas más que en 2016. Según el ministro de Economía, la demanda externa neta seguirá en 2017 en valores positivos por segundo año consecutivo, “lo que no ocurría desde 1997”, destacó. También aumentarán las importaciones, un 4,3%, un punto más que el ejercicio pasado.

  INFLACIÓN DEL 1,5% CON EL CRUDO A 56 DÓLARES

La previsión del Gobierno es terminar el año con un IPC de sólo el 1,5%. También el Banco de España proyecta un IPC del 1,5% para el ejercicio en curso.  Y ello pese a que en enero y febrero la inflación escaló hasta el 3% y en marzo el índice adelantado ha caído hasta el 2,3% debido a la bajada del precio de los carburantes y la electricidad. Precisamente, el cuadro macroeconómico calcula un precio del barril de crudo Brent de 56,4 dólares, 8,4 dólares más caro que en 2016.

Por último, el Gobierno prevé que al Estado le salga más cara la financiación, puesto que cree que el interés de los bonos a 10 años pasará del 1,4% al 2%.

Así ha cambiado el mercado de trabajo español en la última década. Terminó 2006 aún en pleno apogeo económico, que se rompió en 2009 cuando el paro superó los cuatro millones de personas, sufrió los cambios originados por la reforma laboral –los ERE aumentaron un 21%, se disparó el empleo a tiempo parcial– y vive ahora la recuperación con trabajos precarios y salarios devaluados. Lo explican las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Para volver a las cifras de empleo de hace una década, la economía española debe crear unos 500.000 empleos anuales durante los tres próximos años.

El número de desempleados se ha reducido el último año en 541.700 personas, lo que ha dejado la tasa de paro en el 18,63%, similar a la que se registraba en el cuarto trimestre de 2009. Sin embargo, la economía española creó en 2016 un total de 413.900 puestos de trabajo. Entre ambas cifras hay una diferencia de 127.800 personas, las que han dejado el paro aunque tampoco han encontrado empleo: abandonan el mercado de trabajo por desánimo o jubilación. De esta forma, la población activa desciende a los niveles de 2007, previos a la crisis. La tasa de actividad española, del 58,95%, es en la actualidad la más baja desde hace 10 años.

El número de activos llegó a su máximo el segundo trimestre de 2012, cuando rozó los 23,5 millones. Desde entonces, España ha perdido 746.000 activos, casi tantos como ocupados ha ganado, 840.400. A día de hoy, según la Encuesta de Población Activa (EPA), un total de 22,74 millones de personas de más de 16 años se encuentran en disposición y condiciones de trabajar, pero de ellas aún 4,23 millones no lo hacen, están desempleadas.

Por establecer una comparación con Europa: la tasa de actividad española se encuentra cinco puntos por debajo de la de Holanda –63,9%– y Reino Unido –63,2%–. En Holanda los activos representan el 64,1% de la población y en Alemania, el 61,2%, según datos de Eurostat, la oficina estadística de la UE.

De las 127.800 personas que han abandonado el mercado de trabajo en España el último año, 84.000 son hombres, una cifra que casi dobla a la de mujeres –43.800–. Entre la tasa de actividad de unos y otras hay una brecha, a favor de los primeros, que a comienzos de la crisis se elevaba hasta los 16 puntos y que ahora apenas supera los 10. El comportamiento de ambos ha sido dispar desde 2009: mientras la población activa femenina aumentaba con la crisis, la masculina se reducía. Los economistas lo llaman “efecto del trabajador adicional”: cuando crece el paro, miembros adicionales del hogar entran en el mercado laboral para sostener la renta de la familia.

Sólo en el último trimestre de 2016 la población activa se redujo en 102.400 personas –de las que 75.200, casi el 74%, eran hombres–. Esa cifra supera incluso a la de quienes dejaron las filas del paro, 83.000. El dato es uno más de los que ilustran cómo se está ralentizando el ritmo de creación de empleo. Entre octubre y diciembre pasados, además, se destruyeron 19.400 empleos, por lo que se invierte la tendencia de los dos años anteriores, cuando la economía española generó 65.100 puestos de trabajo en 2014 y 45.500 en 2015. Y ello pese a que las empresas de comercio y hostelería aventuraban una campaña navideña de récord.

Sin embargo, la destrucción de empleo que acompaña el fin de la temporada alta estival en ambos sectores –los motores de la economía– parece haber pesado más este año. Así, durante el cuarto trimestre el número de ocupados cayó un 10,63% en Baleares, una comunidad con una fuerte dependencia del turismo. Diez veces más que la media nacional.

Predominio del empleo temporal

Si el foco se pone en la evolución anual del mercado de trabajo, el enfriamiento se revela en las cifras de creación empleo: en 2016 se generaron 111.200 puestos de trabajo menos que en 2015, pese a que la economía ha crecido casi al mismo nivel, por encima del 3%, en ambos años. También se aprecia la misma tendencia si se atiende a los datos de paro. El desempleo se ha recortado en 541.700 personas, 136.500 menos que en 2015. Incluso los autónomos se han resentido este último año: su número ha aumentado un 40% menos que en 2015; de hecho, hay 17.000 autónomos con empleados a su cargo menos, como ha destacado la organización ATA.

Por el contrario, la contratación eventual no se desanima. La tasa de temporalidadtasa de temporalidad sigue en niveles de récord europeo, con un 26,47%, un punto por encima de la alcanzada en 2015. De entre los nuevos empleos creados el año pasado, 226.700 eran temporales y 169.900, fijos. Los primeros, además, crecieron casi un 6%, cuatro veces más que los indefinidos –sólo el 1,5%–. En cambio, se está corrigiendo la tendencia al alza del empleo a tiempo parcial, que disparó este tipo de jornadas hasta el 15,3% del empleo asalariado –en 2011 representaban el 11%–. En 2016 los contratos a tiempo completo aumentaron un 2,8%, mientras que los de tiempo parcial se redujeron un 0,4%.

Menos parados de larga duración y menos jóvenes

También llama la atención que el sector público haya destruido este último año un total de 14.600 empleos. Según el sindicato CSIF, las administraciones públicas acumulan un déficit de 320.000 puestos de trabajo desde 2011. Es más, en el sector público hay 680.800 trabajadores temporales, de los que 80.000, denuncia el sindicato, tienen contratos de menos de tres meses.

En el descenso del número de parados cabe destacar los 453.000 desempleados de larga duración que han dejado de serlo. Aun así, quienes llevan más de un año sin trabajo suman 2,39 millones y representan el 56,4% de los parados. De esa cifra, el mayor grupo, y con las mayores dificultades para encontrar un empleo, son los 1,76 millones de personas que llevan más de dos años sin trabajar, nada menos que el 73,5% del colectivo.

Igualmente continúa reduciéndose el número de parados menores de 25 años, un 10,7% en 2016, con lo que la tasa de desempleo juvenil se queda en el 42,91%, tres puntos por debajo de 2015. Y lo mismo puede decirse de los hogares con todos sus miembros en paro, de los que hay 168.900 menos. Aun así, quedan 1,38 millones de familias en esa precaria situación.

Un total de 72.540 españoles de nacimiento en edad de trabajar han salido del país en los dos últimos años en edad de trabajar . Aunque la cifra puede considerarse mínima porque son sólo aquéllos que se han inscrito en los consulados españoles en el extranjero y aparecen registrados en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE). El 65,1% de los nuevos inscritos tiene entre 16 y 64 años; es decir, han contribuido al descenso de la población activa española durante la crisis. Son la emigración del paro y el desánimo.

En cualquier caso, el país ha perdido al menos 112.347 nacidos en España en los dos últimos años, de todas las edades (o sea, incluyendo a menores y a mayores de 65), de acuerdo con los mismos registros. Y la tendencia es creciente. En 2014 la fuga aumentó un 9,3% respecto al año anterior. Si la lupa se coloca sobre los emigrantes en edad de trabajar, el alza es superior: un 11,2%.

Todas estas cifras se refieren sólo a los emigrantes nacidos en España. Excluyen a los extranjeros que, una vez nacionalizados como españoles, 344.717 personas, han vuelto a sus países de origenhan vuelto a sus países de origen en 2013 y 2014. Así, en estos momentos figuran inscritos en el Padrón de Residentes en el Extranjero un total de 2,18 millones de españoles, tanto nacionalizados como nativos. Desde 2009 ese registro ha crecido un 48%, el resultado de una doble fuga provocada por la crisis y la falta de trabajo: la de los inmigrantes que regresan a sus países de origen sumada a la de los españoles a la búsqueda del empleo que aquí no encuentran. El 33,6% de los inscritos, 733.387, son españoles nacidos en España, 100.000 más de los que se hallaban registrados en 2009.

En consecuencia, los mayores aumentos porcentuales de inscritos en el último año corresponden a países de América Latina: Ecuador (27,6%), Bolivia (23,4%) y Colombia (20,9%). Pero en términos absolutos, a excepción de Argentina (18.895 nuevos registrados), el mayor número de emigrantes corresponde a Estados Unidos (10.028 personas, un 9,7% que en 2013) y a países europeos: 9.797 se han trasladado a Reino Unido (un 12% más que en 2013), 8.453 a Francia (un 3,9% más), 8.061 a Alemania (un 6,6% más que el año anterior). A Brasil se mudaron en 2014 un total de 5.743 personas, un 4,9% más que en 2013. A Suiza, 3.769, un 3,7% más.

Galicia, aún a la cabeza de la emigración

El Padrón de Residentes en el Extranjero también proporciona una fotografía de cómo ha sido históricamente la emigración en España. La comunidad autónoma emigrante por excelencia es Galicia. Su número de inscritos en consulados extranjeros supera a los de las comunidades más pobladas. Son casi medio millón, contando nacionalizados y nativos. Los procedentes de la Comunidad de Madrid no llegan a 320.000.

Lo mismo ocurre si se cuentan sólo los nacidos en España. Galicia sigue liderando el ránking de emigrantes, con 158.133 inscritos, seguida de Andalucía, con 100.640. Andalucía supera los 8,4 millones de habitantes; Galicia sólo tiene 2,78 millones. En el último año han abandonado España 21.772 gallegos, 27.298 catalanes y 35.014 madrileños. Cataluña suma 7,5 millones; la Comunidad de Madrid, 6,4 millones.

La Seguridad Social ha perdido 489.730 afiliados extranjeros desde 2008, un 24% de sus cotizantes. Es decir, casi medio millón de inmigrantes han regresado a sus países de origen, están en el paro o en la economía sumergida desde que estalló la crisis. Sólo en el último año han desaparecido de los registros de la Seguridad Social 102.545 trabajadores extranjeros, de acuerdo con los últimos datos hechos públicos por el Ministerio de Empleo.

Esa cifra se traduce en una caída de la afiliación del 6,2%, muy superior a la que sufre el conjunto del sistema, del 0,51%. De hecho, la tasa de paro entre los extranjeros asciende al 36,3%, más de 10 puntos por encima de la tasa nacional. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2013, en España viven 4,3 millones de extranjeros de más de 16 años, de los cuales 3,17 millones son considerados activos, un 5% menos que hace un año y un 13,7% menos que en 2009, cuando alcanzaron su nivel máximo: 3,67 millones.

Precisamente el retorno de los inmigrantes se considera una de las causas de la caída de la población activa española de los últimos años, que de acuerdo con la EPA, ha sido de 268.000 personas en 2013. Desde 2011, en que se alcanzó su cifra máxima – 23,1 millones de activos–, la población activa se ha reducido en 449.000 personas. El desplome de la afiliación por nacionalidades resulta reveladora. Desde 2008 han salido de los registros de la Seguridad Social el 62,8% de los ecuatorianos. Hace cinco años había 227.110 cotizantes procedentes de ese país latinoamericano, hoy sólo quedan 84.286. También ha caído un 54,4% el número de afiliados colombianos –62.181 permanecen a fecha de diciembre de 2013– y un 49% el de peruanos –42.212–.

Fotografía del trabajo inmigrante

Entre los marroquíes, actualmente 185.834 cotizantes, el descenso ha sido del 24,4%, y entre los rumanos, el colectivo más numeroso, con 244.241 afiliados, la bajada alcanza el 15,8%. Sólo aumenta el número de cotizantes chinos, un 26% desde 2008. Ahora figuran en los registros de la Seguridad Social un total de 89.786 asiáticos. De ellos, 42.559 son autónomos y constituyen el grupo más numeroso desde 2009, cuando el desplome de la construcción acabó con la hegemonía rumana en este ámbito. En 2008 41.640 rumanos cotizaban a la Seguridad Social como autónomos, por sólo 24.005 chinos. En 2013 las cifras se han invertido y de los primeros sólo quedan en los registros 25.164. Los chinos, por tanto, casi han duplicado su actividad como emprendedores en los cinco años de la crisis.

Las estadísticas de la afiliación también permiten obtener una fotografía muy precisa del trabajo inmigrante en España. Así, la mayor parte está empleado en el sector servicios: 203.493 en la hostelería y 169.072 en el comercio. Otros 218.781 trabajan como empleados del hogar. Y 194.115 más en la agricultura. El 44% de los trabajadores extranjeros vive en Cataluña –345.697– y la Comunidad de Madrid –334.076–.

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre desmienten el cambio de tendencia que adivina el Gobierno en el mercado de trabajo. Por el contrario, confirman sus rasgos característicos y el rumbo con el que se ha movido durante toda la crisis: continúa el descalabro de la población activa, la mejoría del paro es estacional, fruto de la actividad turística de los meses de verano, y también temporal, mientras caen los contratos indefinidos y se fosiliza el paro de larga duración.

De julio a septiembre el paro ha bajado un 1,2%, 72.800 personas, con lo que el número de desempleados es de 5,9 millones, el 25,98%, tres décimas menos que en junio. El Instituto Nacional de Estadística (INE) destaca que es el mayor descenso en esos meses desde 2005. Según la EPA, en el tercer trimestre se han creado 39.500 empleos –un 0,24%–. Sin embargo, si se eliminan los efectos estacionales y de calendario, el paro ha aumentado un 0,21% y la ocupación se ha reducido un 0,42%. Y si se consideran los datos anualmente, el desempleo ha crecido un 2,2%, porque hay 126.700 parados más que hace 12 meses, y se han perdido 497.100 ocupados, un 2,9%.

Además, el efecto desánimo, el retorno de los inmigrantes y la emigración nacional agravan la sangría que sufre la población activa desde el segundo trimestre de 2012. El número de ciudadanos entre 16 y 65 años en disposición de trabajar ha descendido en 33.000 personas un 0,15% respecto a junio, y en 370.400, un 1,6%, respecto a un año antes. El Ministerio de Economía sólo atribuye el retroceso de la población activa al “descenso de la población mayor de 16 años de 85.200 personas respecto al segundo trimestre”. Por el contrario, CCOO achaca al descenso de la población activa el hecho de que el crecimiento del empleo – 39.500– sea muy inferior a la caída del paro – 72.800–. La tasa de actividad, que se sitúa en el 59,6%, es del 66,42% entre los hombres, pero más de 13 puntos menor entre las mujeres –53,1%–.

Un verano más, las cifras del paro mejoran porque el sector servicios ha creado 123.900 empleos, mientras que la agricultura pierde 55.000 y la construcción otros 9.700. Y donde más ha bajado el desempleo ha sido precisamente en las comunidades turísticas del litoral: Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana. Por el contrario, el mayor aumento del paro se ha producido en Andalucía, Madrid y Cataluña. El País Vasco continúa con la tasa de paro más baja de España, el 15,84%, menos de la mitad de la tasa que sufre Andalucía, el 36,37%.

Empleo precario

Igualmente, la calidad del empleo que se crea es débil. De julio a septiembre los contratados temporales han aumentado en 169.500 personas, un 5,3%, mientras que 146.300 trabajadores indefinidos han perdido su empleo, una caída del 1,4%. Así que la tasa de temporalidad se eleva un punto respecto al trimestre anterior, hasta el 24,3%, otro rasgo asociado al trabajo estacional durante la temporada alta del turismo. Respecto al año anterior, la contratación indefinida cae un 3,8%, un punto y medio más que la temporal.

Otro tanto ocurre con los empleos de tiempo completo, que respecto al año pasado disminuyen un 4%. Por el contrario, los de tiempo parcial aumentan un 3,9%, pese a que en comparación con el trimestre anterior hay 168.200 puestos de trabajo a jornada parcial menos. Lo que no impide que el peso de este tipo de jornadas sobre el total crezca con respecto a 12 meses antes en un punto: ahora quienes trabajan a tiempo parcial son el 15,3%.

Destrucción de empleo público

Este verano no se ha detenido la destrucción de empleo público que ha seguido a la reforma laboral. En el trimestre se han destruido 12.600 puestos de trabajo en las administraciones. En los últimos 12 meses, el empleo público se ha desplomado un 5,38%, más del doble de lo que ha caído el privado, un 2,34%. Aun así, en términos absolutos, 161.100 empleados públicos han perdido su trabajo durante el último año, mientras que se han quedado en el paro 336.000 personas en el sector privado.

Los desempleados de larga duración, aquéllos que llevan más de un año sin trabajar, son el colectivo que más aumenta este trimestre, un 12,5%. Hacrecido en 322.800 personas en los últimos 12 meses. Y los hogares con todos sus miembros en el paro son 1,8 millones, un 0,74% menos que en junio, pero un 4% más –9.800 más– que hace un año. Detrás, con un 7,8%, sube también el número de quienes buscan su primer empleo, que son 43.500 personas más. Mientras, los trabajadores que deciden autoemplearse se ha incrementado en 15.200 personas, un 0,5%.

Mientras la CEOE ha saludado los datos de la EPA, calificando de “alentadores” tanto el aumento del número de autónomos como el hecho de que se esté “moderando la destrucción de empleo en el sector privado”, UGT asegura que, a la vista de las cifras, “no hay razón para el optimismo y la propaganda del Gobierno” porque la caída del paro sólo se debe a “factores estacionales” y porque la población activa lleva cinco trimestres seguidos cayendo. CCOO critica que el Ejecutivo haya recortado un 56% la inversión por desempleado en los Presupuestos de 2014. “Sólo los Estados bálticos, Eslovaquia, Rumanía y Bulgaria tiene una inversión menor parado”, destaca. Para el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, las cifras muestran que España está en una fase “incipiente” de recuperación, lo que hace que el empleo, que va con cierto retraso respecto a otras variables, se esté aproximando al momento de la estabilización.

Para Hidalgo, que el paro supere la cota de los 6,2 millones de personas "está acorde" con la situación de recesión económica que atraviesa el país, según ha especificado en declaraciones a la prensa antes de asistir a la Primera Conferencia Económica Digital, organizada por AmChamSpain, para luego añadir que está situación "tiene que invertirse".

Por ello, la secretaria de Estado ha puesto en valor que desde el Ministerio de Empleo se está trabajando para que "entre todos" se generen "cuanto antes" las condiciones económicas que permitan el crecimiento y la creación de empleo. "Es nuestro día a día", ha apostillado.

En cualquier caso, Hidalgo ha apuntado que a lo largo de esta jornada Empleo analizará los datos para ver "cuáles son los incrementos interanuales, si el crecimiento está siendo menor que en los meses anteriores o cuánto es la composición del empleo público y privado".