La Ley de Residuos obliga desde el pasado 1 de enero a que las prendas y textiles que tiran los hogares a la basura se recojan por separado para facilitar su reciclaje, como se hace con los envases. Los responsables de hacerlo son los fabricantes, como Inditex, El Corte Inglés o Ikea, pero la normativa todavía no se cumple y los vertederos continúan llenándose de ropa. El porqué de este retraso se explica por razones administrativas, según fuentes del sector.

Las compañías están a la espera de que el Ministerio de Transición Ecológica publique el reglamento que regula la recogida separada de textil, y este organismo está a su vez pendiente de que Europa publique una modificación en la directiva de residuos. Mientras tanto, son los ayuntamientos los que asumen los costes de la basura textil, con sus reducidos presupuestos municipales.

Recoger por separado la ropa que se tira es imprescindible para que el residuo sea de calidad, y hasta ahora solo el 10% del textil recuperado en España lo es de forma individual, gracias a las campañas de caridad, y menos del 1% se recicla, según datos de Cáritas. De hecho, el textil es el segundo residuo más importante en el día a día: representa entre el 12% y el 15% del peso de la basura de un hogar, solo por detrás de los restos orgánicos, y está incluso por delante del plástico. En total, cada año llegan 990.000 toneladas de ropa a vertederos en España.

Como la Ley de Residuos concluye que la responsabilidad sobre la recogida de la basura recae sobre quien la genera, el Gobierno dio tres años a los fabricantes para poner en marcha lo que se conoce como un sistema de responsabilidad ampliada del productor (Scrap), y tenía que estar plenamente operativo como tarde el 10 de abril de 2025.

Un Scrap es un sistema que garantiza que las prendas y tejidos no acaban en el cubo genérico, y la fórmula más habitual es mediante la instalación de un cubo específico, como ocurre con el plástico, el vidrio y el papel. En estos casos, la responsabilidad es compartida entre Ecoembes y Ecovidrio, y el textil ya ha creado su organización, Re-Viste, donde están agrupadas firmas como Decathlon, El Corte Inglés, H&M, IKEA, Inditex, KIABI, Mango o Primark. Como ocurre con el cubo amarillo o azul de las calles, los ayuntamientos serían los que coordinarían esta recogida, y luego Re-Viste —con dinero aportado por las marcas— devolvería a los alcaldes el coste del sistema.

Pero la recogida separada no funciona todavía, y parece que tardará más de un año en empezar a hacerlo.

Juan Ramón Meléndez, director de Re-Viste, insiste en que ellos están preparados para empezar a operar, pero que el Ministerio de Transición Ecológica no ha publicado el reglamento que necesitan para poder empezar. "La ley daba hasta el 8 de abril de 2025 para hacernos cargo del flujo de residuo textil, pero no se va a cumplir porque nos falta un reglamento del decreto que defina los objetivos y los plazos para trabajar", defiende Meléndez. 

Según añade, el Gobierno está a su vez esperando a que la Unión Europea saque adelante su revisión de la Directiva de Residuos, donde se esperan cambios importantes en las obligaciones del sector textil. "Lo poco que sabemos de Transición Ecológica es de conversaciones que tuvimos hace meses. Parece ser que no quieren adelantarse con un reglamento por si la directiva da unas indicaciones distintas para el tratamiento de la ropa", añade Meléndez.

El problema es que, mientras todos los actores esperan, son los ayuntamientos quienes costean con sus presupuestos la recogida de prendas de ropa, porque toda la basura que acaba en el cubo gris, el cubo marrón y las papeleras es responsabilidad de la administración local. Además, desde el 1 de enero de 2025 los alcaldes están obligados a recoger por separado los residuos textiles con cubos y camiones específicos, pero falta que se ponga en marcha el segundo eslabón de la cadena: que las marcas paguen a los ayuntamientos ese coste a través de un Scrap.

Igor González, fundador de Ecotextil, la primera organización de recogida de residuo textil del país —la predecesora de Re-Viste—, opina que el Gobierno y las empresas han hecho bien su trabajo, y que tiene sentido esperar a que Bruselas dé el siguiente paso antes de poner en marcha el Scrap. "No tiene sentido que el ministerio saque un reglamento cuando Europa te ha dicho que prepara una modificación sustancial de la directiva que afectará al reciclado textil. Sería poner en marcha un sistema que probablemente luego habrá que cambiar", afirma el experto. González cree que "el Scrap textil no estará plenamente operativo hasta la segunda mitad de 2026".

En todo caso, aunque la culpa sea de las administraciones, los fabricantes también avanzan muy lentos en el diseño de su sistema de recogida del textil desechado. Re-Viste está pendiente de iniciar un proyecto piloto en seis municipios de España —Zaragoza es el más grande— para perfeccionar el sistema, y durará "como mínimo un año".

La idea de los fabricantes es que cuando el Scrap se ponga en marcha en toda España, funcione con contenedores de ropa que estarán en la vía pública, en puntos limpios y en zonas comerciales. Una vez recogida, la ropa se clasificará entre la que puede volver a circular en el mercado de segunda mano, y la que tiene que reciclarse para fabricar nuevos productos.

Raúl González, director de Ecodicta, una empresa de reutilización de prendas, es muy crítico con el sistema de Scrap que prepara la gran industria textil. Afirma que la recogida selectiva de ropa en la calle no resuelve el problema de consumo abusivo de ropa, y que allí donde se ha probado no ha funcionado. En Francia llevan más de diez años utilizando un formato similar, a través de una organización textil llamada Re_Fashion, y los fabricantes no logran recoger en los contenedores ni un cuarto de la ropa que les corresponde tratar. 

"Re-Viste es copiar el fallido modelo Ecoembes en el textil. Solo provoca que los consumidores se relajen todavía más pensando que hay gente ocupándose de las prendas que tiran, pero la realidad es que el mercado está inundado de ropa de segunda mano, y no van a poder hacer nada con ella", explica González. "Separar la ropa y reciclarla es muy caro, la única solución es que la industria se comprometa a reducir la producción con un cambio del sistema", añade.

Desde el pasado 1 de enero, todos los municipios de España están obligados a recoger de forma separada los residuos textiles de sus vecinos. Al igual que ocurre con los envases de plástico, el vidrio, el papel y el orgánico, la ropa y otros artículos elaborados con tejidos tendrán que tener sus propios cubos de depósito para garantizar que no acaban mezclados con la basura en los contenedores genéricos, como ocurre ahora. El sistema tiene que ser organizado y financiado por las empresas textiles, y en teoría no costará dinero a los ayuntamientos, aunque los expertos dudan que vaya a ser así, porque la experiencia similar de la recogida de envases —que en teoría deben pagar las empresas del plástico— ha terminado costando cientos de millones cada año a los alcaldes. 

La normativa de recogida separada de textiles introdujo con la Ley de residuos de 2022, que a su vez es proviene de la directiva europea de residuos, pero se dio un periodo de adaptación a los ayuntamientos hasta el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, es evidente que el sector no ha cumplido con el calendario porque la recogida separada todavía no se está llevando a cabo en la inmensa mayoría del territorio. La ley también recoge que el 1 de enero de 2025 se tienen que recoger por separado aceites de cocina usados, residuos domésticos peligrosos y voluminosos (muebles y enseres).

La política europea de residuos se basa en el principio de que cada empresa debe hacerse responsable de la basura que generan sus productos, por eso debe ser la industria textil la que financie el coste de recoger la ropa. Igual que en el sector de los plásticos es Ecoembes quien debe pagar a los ayuntamientos a cambio de la recogida de los envases, las empresas de ropa, calzado y tejidos tendrán a partir de ahora que pagar a los alcaldes el coste de instalar cubos específicos para textiles, así como su recogida.

Hace solo tres meses, en octubre, la patronal de los fabricantes de ropa presentó la organización que se encargará de esta gestión, Re-viste, donde participan empresas como Inditex, H&M, Mango o Primark. La industria se encuentra todavía muy lejos de cumplir con la normativa porque Re-viste todavía no está operativo. En abril comenzará una prueba piloto de un año en seis municipios de España donde recogerán ropa y tejidos en contenedores urbanos y en puntos clave como centros comerciales, tiendas, colegios y parroquias. Los textiles que se recuperen en buen estado se destinarán a reventa, mientras que los desgastados se clasificarán por composición para ser después reciclados. 

Raúl González, director de Ecodicta, una empresa de ropa de segunda mano, se muestra muy escéptico con el sistema Re-viste. Este experto en moda circular explica que en Francia llevan más de diez años utilizando un formato similar y los fabricantes no logran recoger en los contenedores ni un tercio de la ropa que les corresponde tratar. En concreto, la principal sociedad creada para este cometido en Francia, Re_Fashion, apenas recuperó en 2023 el 23% del textil que pusieron sus empresas en circulación. "El ejemplo francés nos dice que la recogida separada de textil es muy difícil. En realidad lo que van a montar es un sistema que sirve para maquillar a los fabricantes porque les permite seguir con su negocio de venta de fast fashion intacto. Lo que tenemos que exigir es que se vendan menos prendas", afirma.

Alberto Vizcaíno, experto en residuos y autor del libro Contenedor Amarillo S.A., advierte también de que la industria textil está siguiendo peligrosamente los pasos de Ecoembes, la sociedad creada por los fabricantes de plásticos para hacerse cargo de los envases. Ecoembes lleva más de dos décadas funcionando y sus resultados son nefastos, puesto que todavía hoy solo se hace cargo realmente de cuatro de cada diez botellas que pone en circulación. "Una de las propuestas originales era formar una organización textil a partir de Ecoembes, pero las grandes marcas se han desligado. En todo caso, quien dirige Re-viste es una persona de la compañía", explica Vizcaíno. Se refiere a Juan Ramón Méndez, director general de Re-viste, que trabajó seis años en Ecovidrio y entre 2013 y 2018 fue alto cargo de Ecoembes.

La industria del plástico ideó en los años 90 un sistema que todavía funciona basado en la recogida de envases en las calles mediante contenedores amarillos, que después recogen los ayuntamientos con sus equipos de limpieza. Una vez separados y almacenados los envases, Ecoembes paga a los ayuntamientos por haberse hecho cargo del proceso. El sistema es similar al que se plantea ahora para el textil, por eso los expertos temen que Re-viste tenga un desempeño tan nefasto como el de los plásticos. 

El sector textil es una de las industrias más contaminantes del mundo y las prendas cada vez se desechan con menos usos, generando una cantidad ingente de basura que acaba en los vertederos. Según la Agencia Europea de Medioambiente, cada europeo tiró a la basura 16 kilos de ropa en 2020, el dato más reciente disponible, y solo el 12% de esa cantidad se recogió por separado en contenedores específicos. Los productos de tejidos naturales y sintéticos son especialmente difíciles de reciclar, según los expertos, por lo que prácticamente todos los textiles que acaban en la basura mezclados con comida, metales o plásticos, nunca se recuperan. De media en Europa, el 87% de la ropa usada acaba en vertederos o en incineradoras.

"El reciclaje de ropa es muchísimo más complicado que el de otros residuos, como las botellas", explica Raúl González. "Las prendas combinan fibras de muchos materiales e incluso de plásticos de diferentes tipos, y tienen también cremalleras de metal. En general, es más barato fabricar prendas nuevas en países en vías de desarrollo que reciclar la ropa, por eso hasta ahora no había voluntad de invertir en estos sistemas", añade.

"Un pin parental contra el adoctrinamiento en ideología de género". Es el enunciado bajo el que Hazte Oír envió, con el inicio del curso escolar, miles de cartas –acompañadas por el libro Dejad a los niños en paz. Una respuesta ciudadana al adoctrinamiento de género– a alrededor de 23.000 colegios públicos y concertados de todo el país. La misiva se presenta como el centro de la campaña #MisHijosMiDecisión, que tiene como objetivo difundir ejemplares del denominado pin parental, una solicitud de "información previa y consentimiento expreso" para impedir que el alumnado reciba educación afectivo-sexual, equitativa y en pos de la diversidad. Este lunes, CCOO ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Cree que la acción iniciada por la organización ultracatólica podría ser constitutiva de un delito de incitación al odio, tipificado en el artículo 510 del Código Penal.

"Súmate a esta campaña en favor de la implantación obligatoria del pin parental, para que sin el consentimiento de los padres no se pueda adoctrinar a los niños en ideología de género en las aulas. Dile a Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal que lo implanten en aquellas comunidades autónomas en las que gobiernan", insta Hazte Oír en su petición. PP y Ciudadanos no parecen sentirse especialmente incómodos. Al menos no lo han expresado públicamente.

Y la extrema derecha de Santiago Abascal se ha alineado con la organización y ha hecho suyas las peticiones. "En la escuela pública, privada o concertada, se enseña y se forma a los niños y jóvenes. En la familia se educa conforme a los valores de los padres. Por eso creemos en la libertad de elección y en el pin parental para evitar el adoctrinamiento", indicó en redes sociales Vox Leganés. El pin parental es "una herramienta eficaz para defender a las familias de las intromisiones ideológicas no deseadas", dicen en Sevilla y lo suscriben en territorios como Murcia o Guadalajara. Los ultras defienden la implantación de este instrumento de forma generalizada y allá donde tiene representación.

El modelo de pin parental que propone Hazte Oír consiste en un formulario a cubrir por los progenitores del alumno, con los datos personales de cada solicitante. Y añade, en la exposición de motivos, la solicitud de información sobre "cualquier actividad, charla, taller o similar que quieran impartir en el colegio al que hago referencia y que afecte directamente a la la educación moral del alumno en cuestiones socialmente controvertidas, como son las relativas a la educación afectivo-sexual, la identidad y expresión de género, la diversidad sexual y afectiva o los diferentes modelos de familia". De no contar con dicha información previa, añade el texto, el progenitor solicitará a la "Consejería de Educación y del centro que se exima al alumno de la participación en la actividad en cuestión y se le garantice la debida atención educativa durante el tiempo correspondiente a aquella".

Francisco Pérez, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, explica en conversación con infoLibre que la recepción de las misivas ha generado, entre los docentes, "indignación y preocupación". "Ahora habrá profesores y directivos que se sientan intimidados pensando que algún padre podría tomar medidas", lamenta. El efecto directo de la campaña no es otro que "ejercer presión", algo que el sindicalista tacha de "inaceptable". Por el momento, el sindicato no ha recibido noticias de ningún conflicto en los centros a raíz de la campaña.

Denuncia ante la Fiscalía

Y precisamente con el fin de evitar una situación de enfrentamiento en las aulas ha actuado CCOO. El sindicato ha presentado la mañana del lunes una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y otra ante la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia.

Comisiones argumenta, en su escrito, que Hazte Oír "carece de finalidad educativa y por lo tanto se produce una intromisión ilegítima de la asociación en los centros educativos dependientes de la Administración Pública". Además, los propios estatutos de la organización "no prevén entre sus fines este tipo de participación o de acciones", de manera que, a juicio del sindicato, podría estar dando lugar a "declarar actos ilícitos estas actuaciones".

Por otro lado, la campaña "incita a cometer una ilegalidad" en cuanto se trata de actos contra la educación en valores. "La ley educativa que está en vigor establece en su preámbulo con claridad el fomento de una educación en valores que respete la diversidad y plantee la igualdad como objetivo educativo", subraya García. Además, las trece comunidades con leyes LGTBI cuentan con "un reconocimiento claro y expreso de esta cuestión". Por ello, recuerda el sindicalista, "cuando se hacen estos talleres se hacen en el marco de la situación legal".

Los cursos, insiste, están "incorporados en programaciones didácticas, aprobadas por la administración educativa", que se encarga de su supervisión, revisión y corrección dado el caso. "Dentro del horario lectivo ya está recogido, pero ocurre lo mismo cuando se trabaja como actividad complementaria, dentro de la programación del centro y es aprobado por el claustro e igualmente revisado por la comunidad educativa y la administración", resalta García. La educación en valores, resume, "forma parte del consenso democrático y constitucional". "La igualdad, el respeto y el reconocimiento de las diversidades forma parte del pensamiento civilizado y eso no es objetable".

La carta confeccionada por la asociación ultracatólica, desarrolla Comisiones en su denuncia, "fomenta la homofobia, en cuanto que, desde el entorno educativo, la sexualidad representa también un reto pedagógico digno de atención, que no puede estar desprovisto de programas y estrategias a favor del desarrollo social".

El sindicato apoya su denuncia en diversos tratados internacionales, así como en el ordenamiento jurídico español y en jurisprudencia. Cita, por ejemplo, una sentencia del Tribunal Constitucional que exige una "incitación indirecta a la comisión de delitos" o una "provocación de modo mediato a la discriminación, al odio o a la violencia" como elementos necesarios para considerar "constitucionalmente legítimo" castigar el discurso de odio. Las actuaciones denunciadas, continúa la organización sindical, "instan a la promoción de ideas u opiniones contra el colectivo LGTBI". "La incitación a la comunidad educativa a que los padres no autoricen a sus hijos a las charlas, informaciones, clases, relativas a la educación de identidad de género, conlleva negar nuestro derecho constitucional de convivencia", apostilla.

García tiene claro que la pretensión de Hazte Oír pasa por "facilitar el discurso de odio: si dejas de educar a los niños al final podrá ocurrir que fenómenos de acoso y violencia se puedan recrudecer, es un peligro".

El pasado jueves, la Agencia Española de Protección de Datos anunció también la apertura de una investigación a Hazte Oír "por posible tratamiento ilícito de datos personales en relación a las actividades incluidas" en la campaña.

Cruzada contra la coeducación

En cuanto a Hazte Oír, su perseverancia parece no cesar. Tras la interposición de la denuncia de CCOO, la asociación se ha apresurado a dejar claro que "no va a ceder ni un milímetro en su campaña contra el adoctrinamiento de ideología de género en las aulas a pesar de las amenazas y presiones de la izquierda y los grupos LGTBI".

La acción tejida por la organización ultra no resulta especialmente novedosa. En el año 2016, Izquierda Unida denunció el envío de propaganda con un claro contenido "homófobo y sectarista" a los centros escolares. El procedimiento era el mismo: la organización envió a los centros folletos y cartas dirigidas a los cargos directivos, denunciando la supuesta imposición de las "leyes de adoctrinamiento sexual". En la misma línea, el PSOE pidió a los colegios que rechazaran el libro ¿Sabes lo que quieren enseñarle a tu hijo en el colegio? Las leyes de adoctrinamiento sexual, que también fue difundido por la organización y que los socialistas tacharon entonces de "panfleto homofóbico".

La Comunidad de Madrid, de hecho, decidió sancionar a la asociación con 1.500 euros. Para la imposición de la multa se apreció el agravante de intencionalidad, al haber actuado "con voluntad consciente de lo que hacía". La asociación recurrió la multa y finalmente el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número cuatro de Madrid decidió estimarlo parcialmente en junio de este año.

Miembros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) encierran habitualmente en celdas de detención a baja temperatura a los inmigrantes que atrapan en la frontera o cerca de ella, incluyendo a menores, según ha denunciado Human Rights Watch (HRW).

En la investigación En el congelador: las condiciones abusivas en las que se encuentran las mujeres y los niños en las celdas reservadas a inmigrantes en Estados Unidos, la organización ha explicado cómo los agentes les piden a las mujeres y a los niños que se quiten los jerséis y otras prendas de abrigo, supuestamente por razones de seguridad.

Tras eso, los policías les obligan a dormir en celdas de detención a baja temperatura, sobre el suelo, con una manta térmica como única protección, según HRW. Los agentes de inmigración han negado en repetidas ocasiones que las celdas de detención sean frías, pero mujeres y menores inmigrantes han insistido en que la temperatura en estos centros es mucho más baja que en otras instituciones de detención de inmigrantes.

La agencia ha tratado de justificar el hecho de no poner colchones a disposición de las mujeres diciendo que las celdas no están diseñadas para que la gente pase la noche en ellas, aunque casi todas las personas entrevistadas por HRW señalen haber pasado al menos una noche en estas instalaciones.

Al parecer, los agentes tampoco ofrecen jabón y otros artículos de higiene a estas mujeres y a estos menores y muchas veces ni siquiera les permiten ducharse durante su encarcelamiento, de acuerdo con el estudio.

"Estábamos sentados en el suelo de cemento, completamente congelados", ha relatado una mujer a la ONG, que fue detenida junto a su hijo de cinco años tras haber vadeado un río. "Al final, tuve que dormir sentada, con mi pequeño en el regazo, porque no podía dejar que se tumbara en el suelo", ha añadido la mujer.

Familias separadas

Y no solo eso. La organización también ha puesto el foco sobre los policías, que suelen separar a los hombres y a los jóvenes de sus familiares en estas celdas y que no permiten que los hombres se reúnan con sus familias cuando son trasladados a prisiones, lo que va en contra de la normativa de la propia agencia.

Para recoger estos datos, HRW ha entrevistado a 110 mujeres y niños. En un comunicado, la organización ha recalcado que todo esto tiene "consecuencias adversas serias para la salud mental, especialmente para aquellos que ya de por sí padecen un trauma". La mayoría de mujeres y niños entrevistados por la organización confesaron que huyeron de sus países natales al convertirse en objetivos de violencia y de persecución.

"Todos los inmigrantes detenidos tienen el derecho a ser tratados con dignidad y humanidad y los menores tienen que tener ciertas garantías", ha manifestado HRW. "Las condiciones en las celdas de detención de inmigrantes violan estándares internacionales, las políticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y probablemente también los términos de varias sentencias federales", según la organización.

"La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza debería asegurarse de que hay condiciones higiénicas en las celdas de detención, que todos los inmigrantes pueden acceder a jabón, duchas, cepillos y pasta de dientes", ha manifestado la ONG y ha añadido que la temperatura de las celdas debería ser la adecuada para que los detenidos estuviesen cómodos.

"Las celdas de detención deberían ser utilizadas solo durante cortos periodos de tiempo. La gente no debería pasar allí la noche, a menos que sea inevitable, excepto con los niños, que no deberían dormir allí en ninguna circunstancia", ha destacado la organización. "La gente que pase la noche en estas celdas debería tener acceso a colchones y mantas", ha zanjado.

Basta con echar una ojeada a las etiquetas de procedencia de los artículos de ropa que vemos a nuestro alrededor para saber que identificar un "made in Spain" es como encontrar una aguja en un pajar. India, China, Turquía, Rumanía, Marruecos o Vietnam son los nombres que más aparecen junto al código de barras de muchas prendas y forman parte de una larga lista de países donde a pesar de no respetarse la mayoría de los derechos laborales de los trabajadores, numerosas empresas textiles españolas fabrican ropa y complementos.

¿Pueden los consumidores españoles comprar "ropa limpia", desvinculada de cualquier práctica abusiva, en las tiendas de las principales marcas de ropa españolas?

Encargados de distintas cadenas de ropa, entre las que destacan Mango, Zara, Sfera, (filial de El Corte Inglés), Adidas y Sisley (del grupo Benetton), reconocen que ningún cliente les ha preguntado nunca por el origen de la ropa de sus tiendas, y afirman que en sus empresas nadie les ha “puesto al tanto de esa información”. En estas tiendas no existe un control de procedencia de los artículos, ni se aplican protocolos específicos cuando alguien busca una prenda fabricada en un país determinado. El único modo de obtener esa información es revisando una a una las etiquetas de cada producto.

“Todo está en la etiqueta”

Los vendedores tampoco saben qué es un código de conducta, por lo que ignoran tanto si su empresa lo tiene, como si lo lleva a la práctica. “La información que necesitas está en el código de barras y si quieres más llama al número de atención al cliente”, informa la encargada de Zara en la calle Fuencarral. Desde atención al cliente responden que Inditex se responsabiliza de fabricar ropa limpia y que para ello "trabaja con sindicatos textiles internacionales" y realizan "controles sorpresa" a las empresas fabricantes para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores. Inditex fabrica el 51% de sus prendas entre las 12 fábricas que hay en Arteixo (A Coruña), Portugal y Marruecos; el 30% en Asia y el resto en Latinoamérica. La empresa textil, que se ha sumado al pacto internacional para reforzar seguridad laboral en Bangladesh, había fabricado ropa en el taller donde el pasado 8 de mayo murieron siete personas a causa de un incendio.

La responsable de una de las tiendas de la firma Ese O ese que hay en Madrid  asegura que el 90% del stock está hecho en España mientras que el 10% restante corresponde a proveedores extranjeros que fabrican sobre todo en China e India. “Todos los fulares que vendemos aquí se producen en la India”, aclaró. Para ello, la firma asiste a las ferias de moda que se celebran en ese país donde los fabricantes exhiben sus productos y se compran a un precio muy bajo, “ampliando así el margen de beneficios”. En la tienda Adidas, reconocen que la multinacional trabaja con diferentes proveedores dependiendo del punto de venta al que se dirijan los productos. “Aquí hemos comparado dos camisas exactamente iguales que solo se diferencian en que una ha sido fabricada en China y otra en India”, explica el encargado de la tienda. Cada país dispone de su propio lote de productos y contrata a unos proveedores determinados.

La firma Mango especifica en su última memoria de Responsabilidad Corporativa, correspondiente al 2011, dónde se fabrican sus colecciones: China, Vietnam, Turquía, Bangladesh e India, son parte de una lista donde no figura España. El servicio de atención al cliente ha declarado a infoLibre que desconoce si hay proveedores españoles en la lista. 

Por una ropa limpia

No es casual que el derrumbe del edifcio Rana Plaza en Bangladesh, donde perdieron la vida 1.127 personas que trabajaban en los talleres textiles distribuidos por sus 8 plantas, haya puesto el foco sobre las grandes multinacionales de moda. Muchas de ellas llevan años intentando silenciar las deplorables condiciones laborales y la falta de medidas de seguridad a las que se someten muchos de los operarios a cambio de un salario insignificante.

Tras hacer públicos los nombres de empresas textiles que subcontratan la producción de ropa a un coste mínimo, multitud de ONG's se han unido a la campaña Ropa Limpia (CRL), para reclamar, entre otras cosas, la implicación de todos los consumidores preocupados por poner fin a la precariedad laboral que sufren quienes fabrican la mayor parte de la ropa que usamos.

Es pronto para conocer hasta qué punto es eficaz y sincera esta anunciada pretensión de dignificar algunas de las condiciones de esclavitud en las que trabajan más de cuatro millones de empleados (la mayoría mujeres) con los salarios mínimos más bajos del planeta (29 euros al mes).

Las españolas Inditex, El Corte Inglés y Mango firman ahora el texto propuesto por el sindicato IndustriALL, aunque hace menos de un año se negaron a asumir otro acuerdo muy similar a éste. Lo que hasta el momento venían haciendo esas marcas después de cada tragedia era señalar como únicas responsables a las autoridades de Bangladesh. Si hemos conocido que empresas tan prestigiosas como El Corte Inglés o Inditex tenían acuerdos de producción en esos talleres asiáticos, ha sido por los restos de documentación hallados entre las cenizas del derrumbe, no por la transparencia de las citadas empresas. Gracias al trabajo de información y denuncia de campañas promovidas por ONGs como 'Ropa Limpia', en unas semanas se han acelerado negociaciones y contactos que se venían dilatando o esquivando desde hace meses o años.

Se trata en algunos casos de marcas españolas tan bien gestionadas que están consiguiendo esquivar los efectos de la crisis de consumo a base de extenderse en otras zonas del mundo o de abaratar sus precios. Pero también contribuyen (y mucho) a esos resultados la deslocalización y la producción a unos costes y unas condiciones incompatibles a menudo con la dignidad humana. Hay voces que critican a los pocos medios que hemos informado con todo el detalle posible acerca de las marcas señaladas, con el argumento de que "todas las multinacionales lo hacen". Incluso acusan en las redes sociales a las ONGs o a los periodistas denunciantes de "perjudicar los intereses de España". Es obvio que no todos pensamos de la misma forma acerca de los rasgos que deberían definir la "marca España"; pero sobre todo las diferencias tienen que ver con conceptos como dignidad, solidaridad o progreso. No es de recibo que un empresario presuma de estar en la vanguardia de la Responsabilidad Social Corporativa y oculte cualquier dato sobre las condiciones en las que trabajan los empleados de las fábricas proveedoras. La transparencia no puede funcionar a golpe de tragedia.

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(Este artículo ha sido actualizado a las 12,45 horas del jueves 16 de mayo)

De acuerdo con el decálogo elaborado, es posible calcular cuál debe ser el sueldo mínimo a percibir para poder vivir con dignidad. "La Alianza Asia Floor Wage hizo el trabajo más difícil y en 2009 presentó el cálculo de lo que representaría un salario digno para los trabajadores de la confección en Asia", indican. De acuerdo con ese estudio, la cifra mínima debería ser, en el caso de Bangladesh, de unos 9.450 takas mensuales. Actualmente, el salario mínimo legal es de tan sólo 3.000 (unos 29 euros).

Ropa Limpia también denuncia que el coste de la mano de obra apenas representa entre el 1% y el 3% del precio final de las prendas, por lo que argumentos como la coyuntura económica o las reticencias del consumidor a pagar más por el producto en el país de destino no se sostienen: "Empresas con beneficios anuales de millones de euros podrían asumir sin mucho problema el incremento", señalan.

Por último, el texto hace referencia a los códigos de buena conducta de las empresas, que a menudo incluyen medidas como el "pago del salario digno". Sin embargo, Ropa Limpia considera que "las empresas deben explicar públicamente qué entienden por salarios dignos, especificar qué cifras manejan", ya que, a pesar de que los códigos son un paso, corren el riesgo de quedarse en meras declaraciones de intenciones.

La Campaña Ropa Limpia, una red internacional activa en 14 países europeos y que reúne a ONG, sindicatos y organizaciones de consumidores, ya señala en su página que la adopción de un código de conducta es importante, sí, pero apenas "sólo un primer paso". Porque el verdadero reto es "ponerlo en práctica" y, a largo plazo, "mejorar las condiciones laborales de la compañía". Objetivos que también señala Labour behind the Label. En líneas generales, se pide que el código sea exhaustivo, creíble, transparente y haga referencia a los principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además, debe exigirse que se garanticen los derechos sindicales (incluido el derecho a un convenio colectivo), que no haya trabajo forzado ni infantil, que se prohíba la discriminación, que se establezca un máximo de horas de trabajo, unas condiciones de higiene y seguridad, un salario mínimo y estabilidad laboral.  

Si uno echa un vistazo a los informes anuales y memorias de RSC de cuatro grandes de la industria textil española –Inditex, Mango, El Corte Inglés y Cortefiel–, todos ellos cuentan con referencias a códigos de conducta. Uno de los más prolijos es el de la empresa fundada por Amancio Ortega y de la que Zara es el buque insignia. Señala que Inditex "no permitirá ninguna forma de trabajo forzado ni involuntario en sus fabricantes"; que sus proveedores no contratarán a menores de 16 años; que garantizará a sus trabajadores, "sin excepción", los derechos de asociación, afiliación y negociación colectiva, sin que quepan "represalias"; que se asegurarán unas mínimas condiciones de "luz, ventilación, higiene, protección contra el fuego, medidas de seguridad y acceso al agua potable"; que en caso de conflicto entre las leyes locales y los estándares internacionales, prevalecerá la norma "más favorable" para los obreros, que estos trabajarán un máximo de 48 horas semanales y no más de 12 horas extra (pagadas mejor) o que se reconoce a los trabajadores un salario que deberá cubrir, "al menos, las necesidades básicas" de sus familias. La empresa alega que es la responsable de la implementación de su código de conducta. 

Cuando la libertad sindical no está garantizada

Ropa Limpia, sin embargo, subraya que Inditex no obliga a garantizar un sueldo mínimo vital durante el horario normal de trabajo (sin extras) y que no se hace referencia a todos los convenios fundamentales de la OIT. La plataforma también le recrimina que parte de su producción se fabrica en zonas y países donde la libertad de asociación no está garantizada por ley, una deficiencia que se hace aún más grave si se tiene en cuenta que la compañía no dispone de un canal para vehicular las quejas de sus trabajadores. Y no publica, incide Ropa Limpia, "la lista de proveedores, los resultados detallados de las auditorías realizadas y de las acciones correctivas acordadas con los proveedores en caso de resultados irregulares", según su veredicto de 2010. No se tasan las sanciones, por tanto, ni se explica a fondo cómo se vigilará que todas sus normas se cumplen al cien por cien. 

Con Mango las cosas no son muy diferentes. Sus preceptos son semejantes (aunque mucho más genéricos), y los fallos que detecta la red internacional, también: que no se obliga a un salario mínimo vital, que no prevé condiciones especiales para los trabajadores menores de 18 años o que no toma medidas para "fomentar el trabajo decente" en los países donde la libertad de asociación y la negociación colectiva están limitadas. Tampoco divulga su lista de proveedores, aunque sí la facilita cada año a Ropa Limpia "y a otros actores sociales". El Grupo Cortefiel –que agrupa marcas como Cortefiel, Springfield, Pedro del Hierro, Antonio Miró o Women' Secret– dispone de un código bastante vago. Como Mango, no especifica el máximo de horas semanales. Y sobre las retribuciones, afirma que "serán como mínimo las establecidas por la legislación vigente o, en su caso, los acuerdos colectivos que sean de aplicación". 

El Corte Inglés, por su parte, exige a sus proveedores que acaten el compromiso ético que supone el código de conducta del BSCI (Business Social Compliance Initiative), organización internacional a la que pertenece el grupo desde marzo de 2008. El texto es más exigente que los dos últimos: se precisa que los jóvenes no pueden trabajar en horario nocturno o que la jornada no puede superar las 48 horas semanales y las 12 extras, remuneradas a una tasa más alta. 

Mayor producción asiática... menos en Cortefiel

Ninguna de las cuatro compañías facilita un listado pormenorizado de proveedores en sus memorias anuales colgadas en sus webs. Como mucho, indican la procedencia geográfica de quienes les suministran la mercancía. Así, El Corte Inglés asegura que, de sus fabricantes auditados, el 45% es de China; el 17%, de India; el 13%, de Bangladesh –el grupo de Isidoro Álvarez reconoció que había producido "un número reducido de prendas" en el complejo siniestrado de Savar–; el 9% de Turquía y, de otros países, el 16%.

En el caso de Inditex, según su memoria de 2011, un 44,70% de su ropa es fabricada en Asia. Le siguen la Unión Europea (32,7%), la Europa no comunitaria (9,3%), África (8,77%) y América (4,58%). La matriz de Zara fabricó en el taller bangladesí arrasado por un incendio hace unos días. Mango produce, sobre todo, en China (40%), Vietnam (17%), Marruecos y Turquía (11%), India (7%) o Bangladesh (4%). La marca catalana tuvo que aclarar en su perfil de Facebook que aunque Phantom, uno de los dueños del Rana Plaza, no trabajaba para ella, sí tenía previsto realizar unas "muestras", que aún no había iniciado. Cortefiel se abastece de talleres, sobre todo, en España (44,59%), Francia (8,39%) y Bélgica (6,73%). 

Las empresas textiles encargan la vigilancia de sus códigos éticos a auditorías externas. Pero tampoco todos los datos son transparentes. El gigante de la moda española, Inditex, es de nuevo, la que proporciona una información más completa, pero no íntegra. Así, indica que de sus 1.398 proveedores, 573 (el 40,99%) cumplieron con el compromiso ético, otros 501 (35,84%) no acataban "algún aspecto no relevante", 183 (el 13,09%) no respetaban "algún aspecto sensible) y 107 (el 7,65%) desobedecían alguna cuestión "crítica". La empresa forma parte de la iniciativa multi-stakeholdermulti-stakeholderEthical Trading Initiative, que agrupa a empresas, sindicatos y ONG "en la lucha por la mejora de las condiciones de trabajo a nivel mundial". Ropa Limpia recuerda, no obstante, que esta plataforma de diálogo "no lleva a cabo procesos de verificación independiente". La ONG agrega en su web que las iniciativas multi-stakeholder (MSI en inglés), si bien son "un paso adelante", "no significa que todas las prendas de ropa que la empresa comercialilza sean aceptables". Simplemente, quieren decir que la marca "se ha comprometido a cumplir un programa de trabajo determinado, y que los trabajadores y sus organizaciones tienen el derecho de presentar quejas a la iniciativa si piensan que la empresa miembro ha infringido el código". 

Mango admite, en su memoria de sostenibilidad de 2011, 23 "incumplimientos" (10 en Turquía) detectados "en las diferentes auditorías realizadas en fábricas". La firma catalana no se ha sumado a una MSI, pero sí agradece la red internacional que le proporcione los listados de suministradores. Cortefiel hizo 43 auditorías en 2011, y ninguna de ellas dio como resultado "desviaciones de gravedad sobre las que no se pudieran implantar medidas correctivas y que impliquen el rechazo del proveedor". El Corte Inglés no enseñó los resultados de su policía externo en su informe último, del ejercicio de 2011. Sin embargo, la compañía reconoció que BSCI no se puede encargar de controlar la seguridad de los edificios, tarea que recae, insistió, en las "autoridades locales". BSCI señaló en un comunicado que la tragedia del Rana Plaza no era un hecho aislado, ya que llegaba después de varios siniestros en Bangladesh, y añadía que las leyes del país sobre seguridad de las infraestructuras "no se aplican correctamente". 

"No a un programa publicitario de RSC"

Las auditorías sociales no son, desde luego, una panacea. La Federación Americana del Trabajo (AFL-CIO), la mayor central sindical de Estados Unidos, denunció en un reciente informe que debajo de la fachada de estas empresas de certificación subyace una "muy preocupante dejación de responsabilidades", tanto por parte de los gobiernos en su tarea de proteger los derechos humanos en el lugar de trabajo, como por parte de las compañías "a la hora de respetar estos derechos ejerciendo la diligencia debida". En resumen, que tapan los "abusos" laborales cotidianos en estos países y respaldan a la dirección de la empresa. "El mejor sistema para identificar y corregir los problemas en el lugar de trabajo, ya sea acerca de la seguridad de los trabajadores o del derecho de sindicalización, es a través de los propios trabajadores y sindicatos, no un programa publicitario de responsabilidad social corporativa”, afirmó AFL-CIO. "Los trabajadores y sus sindicatos casi nunca juegan un papel en los sistemas voluntarios que las corporaciones han elegido apoyar para asegurar el cumplimiento de los derechos del trabajador y los estándares del sitio de trabajo. Al igual que la mayoría de los programas de RSC, estos programas están formados por propuestas unilaterales por parte de las corporaciones para regular sus propias actividades sin papeles importantes para los gobiernos o los sindicatos", reza el documento.

Ahí reside parte del problema. Como dice Mónica Melle, de Economistas frente a la Crisis y profesora titular de Economía Financiera de la Universidad Complutense de Madrid, los códigos de conducta son "voluntarios, unilaterales", no son coercitivos ni contemplan sanciones. "Es una certificación carente de valor, porque no se contrasta sobre el terreno, no es una auditoría en condiciones como los exámenes financieros que pasan obligatoriamente las compañías. Todo es un poco márketing, imagen, reputación, queda bien tener un programa de RSC. Pero en el fondo es una pantomima". La docente pone el ejemplo de la petrolera BP: mucho dinero había invertido en aparecer como una firma verde y solidaria, "modélica desde el punto de vista medioambiental". En cambio, no fue capaz de evitar en 2010 el mayor vertido de crudo de la historia de EEUU. Ahora, prevé que las marcas afectadas por el derrumbe de Bangladesh desplieguen nuevas campañas para lavar su imagen: "No es que estén más sensibilizadas. Es que están preocupadas por su cuenta de resultados. Si a un consumo anémico le sumas este siniestro...". 

La responsabilidad también es del consumidor

Melle indica que en muchos de estos países los sindicatos no son potentes, los trabajadores no denuncian, y es difícil "seguir la pista" a los abusos. Además, la deslocalización de las empresas occidentales, que buscan una tupida red de suministradores baratos en distintos países, hace que la fiscalización sea "inmanejable". "Las empresas no tienen ningún interés en ser más transparentes. Ahí están sus domicilios en paraísos fiscales, su condiciones de trabajo precarias... Lo que les interesa es engordar su cuenta de resultados. Ellos saben qué ocurre en sus fábricas, si no sería dejación de responsabilidades. Pero buscan el máximo beneficio, no son almas cándidas". Por eso la profesora de la UCM cree fundamental que los gobiernos actúen, que obliguen a las marcas a una auditoría externa "independiente". Lo mismo sostiene Ropa Limpia, que extiende la culpa a los organismos multilaterales: "Las limitaciones a los abusos de las empresas transnacionales no pueden venir sólo de sus medidas de responsabilidad social voluntarias. Hace falta una regulación internacional y organismos que puedan imponer su cumplimiento y que tengan capacidad sancionadora". 

La deslocalización, el afán por producir barato aunque sea atropellando los derechos de los trabajadores, se ha expandido como una fiebre en todo tipo de empresas, "incluso las medianas". Pero Melle también mira hacia los consumidores: "También somos responsables. Queremos mucha ropa y muy barata". Confía en que poco a poco se camine hacia una mayor transparencia y exhaustividad en los datos financieros y no financieros–la llamada información integrada, integrated reporting–, hacia un mayor control de los gobiernos y hacia una globalización más humana: "El crecimiento a toda costa ya no sirve. Hace falta bienestar social. Crecer para vivir mejor".