Decenas de miles de alumnos de Bachillerato, aunque también procedentes de Formación Profesional y Artísticas, estrenan este martes una Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) que por primera vez evaluará no solo los conocimientos adquiridos sino también la madurez de los estudiantes. Los exámenes de la fase obligatoria y de la fase específica de la PAU empiezan este martes en casi todas las comunidades, salvo en Cataluña (que la PAU será el 11, 12 y 13 de junio), Canarias (4, 5, 6 y 7 de junio) y Valencia (afectados por la dana 1, 2 y 3 de julio) y durarán entre tres y cuatro días seguidos.

Lengua Castellana y Literatura II es la primera prueba a superar partir de las 9.30 horas de la mañana en muchas comunidades y será entonces cuando el alumnado pueda relajarse, una vez conocido el espacio, la organización y las normas. Los diecisiete distritos universitarios han enviado a los centros adscritos el dossier sobre la organización de la nueva PAU, en la que cada materia presentará un modelo único de ejercicio.

Después de cinco años con el 'modelo pandemia' en el que el alumnado tenía más opción para elegir e incluso podía descartar materia, el diseño de la nueva PAU se hace más exigente al incluir al menos un 20% de preguntas prácticas.

"La PAU no solo es una prueba de conocimientos sino también una prueba de madurez y responsabilidad", recuerda el Vicerrrectorado de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid al aconsejar contestar solo a lo que se pregunta y "no irse por las ramas". Lo importante es argumentar las respuestas y añadir ejemplos para dejarlo claro, inciden.

En Andalucía se presentarán 51.928 estudiantes a la PAU, y solo en Madrid 39.801 estudiantes; 12.588 acudirán a la Universidad Complutense, un 2,5% menos respecto al curso anterior y 9.847 alumnos realizarán las pruebas en la Autónoma. En la Universidad de Alcalá de Henares se examinarán 5.600 estudiantes.

En otras comunidades se han alcanzado cifras históricas de matriculados en la PAU, como es el caso de Castilla-La Mancha con un total de 9.551 estudiantes, que supera el récord de 2020. También en la Rioja, donde casi se rozan los 1.600 matriculados se ha superado el dato del año pasado mientras que en Asturias se examinarán 5.113 alumnos, en Baleares, 4.860, en Canarias, 5.369 o en Murcia, Extremadura y Cantabria, 7.774, 5.536 y 3.074, respectivamente.

Cada prueba durará 90 minutos y el alumno o alumna podrá llevar material adicional como calculadoras, diccionarios o Tipex.

Entre los cambios principales destaca la penalización máxima por faltas de ortografía, que será de 2 puntos de máximo para Lengua Castellana y Literatura II y lenguas cooficiales; 1,5 puntos máximo para el examen de lengua extranjera, y de 1 punto para el resto de materias.

Las universidades públicas de Navarra y de Madrid presentan los precios de matrícula de grado más caros mientras que estudiar en universidades gallegas es hasta un 61% más barato, aunque en general el precio medio de los créditos ha bajado en los últimos diez años, informa EFE.

Según la Estadística de Precios Públicos Universitarios publicada este viernes por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el precio medio de las titulaciones de grado en las universidades públicas españolas en el curso 2024-25 ha descendido un 25% en una década y se sitúa en los 15,37 euros de media.

Se trata del precio medio más bajo de toda la serie histórica y la bajada en primera matrícula ha sido de 5,26 euros de media con respecto a 2014-2015. Este precio medio se calcula como una media aritmética de los precios por crédito de las titulaciones impartidas, ya que los precios de los créditos varían según los grados.

En este sentido el precio medio más elevado es el de las titulaciones de Grado en Informática, Agricultura, Veterinaria, Ingeniería, Industria y Construcción, donde se superan en algunos casos los 17 euros por crédito.

Los grados de Artes y Humanidades, Educación, Negocios, Administración y Derecho presentan los créditos más económicos, al rondar una media de entre 14,15 y 13,72 euros.

No obstante, las primeras matrículas en grados de Informática, Ingeniería, Industria y Construcción también han sido las que más han descendido desde 2017-2018, a tasas de entre el 26 % y el 27 %.

Los precios medios más altos se concentran en la Comunidad Foral de Navarra (19,29 euros), la Comunidad de Madrid (18,55 euros) y Cataluña (18,15 euros), mientras que los más bajos se encuentran en Galicia (11,95 euros), Asturias (12,34 euros), Canarias (12,5 euros) y Andalucía (12,62 euros).

Por otra parte, el precio medio de las titulaciones de Máster habilitantes o vinculados a una profesión regulada en primera matrícula ha bajado en los últimos años, pasando de 30,39 euros el crédito en el curso 2014-15 a 15,76 euros en el curso 2024-2025, lo que supone una reducción alrededor del 48%. Por autonomías el precio mayor se da en la Comunidad Foral de Navarra y en la Comunidad de Madrid, con 20,2 y 18,76 euros el crédito, respectivamente.

Además, en el curso 2024-2025 el precio medio en primera matrícula de titulaciones de Máster no habilitantes ni vinculados a profesión regulada se sitúa en 30,04 euros el crédito, lo que supone un descenso de 13,84 euros con respecto al curso 2014-2015.

Según la estadística, la Comunidad de Madrid cuenta con los mayores precios por crédito en este tipo de titulaciones mientras que los precios por crédito más reducidos se encuentran en Galicia, Canarias y Andalucía.EFE

Todas, al unísono, se han levantado. Las universidades públicas de Andalucía han mostrado su "firme rechazo" a la "estrategia de privatización" del sistema que ha puesto en marcha, acusan directamente, la Junta de Juanma Moreno. Ha sido tras caer la gota que ha colmado el vaso. La Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios, integrada en la Universidad Pontificia Comillas, con sede en Madrid, ha aterrizado en el campus de Bormujos de Sevilla. Además, de forma "exprés", sin autorización del Consejo de Gobierno, lo que preocupa todavía más. "Sienta un preocupante precedente", lamentan los rectores. Pero no es un caso aislado. El sector privado lleva años ganando presencia en la universidad. En toda España, además. Los datos así lo muestran y los expertos así lo corroboran. "La universidad es ya un auténtico negocio en nuestro país", denuncia Enrique Díez Gutiérrez, profesor titular de la Facultad de Educación en la Universidad de León.

Se comprueba se mire donde se mire. Empecemos por las estadísticas oficiales. Porque el número de centros privados y públicos está a punto ya de equipararse. Desde el año 1998 no se ha creado ni una sola universidad pública, pero en el último cuarto de siglo se han creado 25 privadas, es decir, a un ritmo de una al año. Dicho de otro modo: ahora mismo hay 50 públicas y 39 en manos privadas.

Vayamos ahora a las titulaciones. El número de grados ha crecido en todas las universidades, aunque de forma muchísimo más acuciada en la privada, donde desde el curso 2015-2016 lo han hecho un 49,7% (pasando de haber 665 a 996). En la pública, en paralelo, lo han hecho un 13% (de 2.062 a 2.326). La consecuencia, claro, se observa en la cantidad de alumnado. Mientras que en las primeras ha crecido un 68%, en las segundas ha disminuido un 5,7%.

Pero en cualquier caso lo más grave no se encuentra aquí, sino en los máster. "Es de ahí de donde realmente está sacando dinero el sector privado", critica Díez Gutiérrez. Las cifras también son claras en este caso: mientras la oferta en estos títulos ha descendido un 7% en la pública, en la privada han crecido un 59%. Si hace ocho años sólo había 747 titulaciones, ahora mismo ya hay 1.188. Por eso su alumnado en este ámbito ha crecido un 161%. "Está claro que la privada está robando los máster a la pública", lamenta Cynthia Martínez-Garrido, profesora de Métodos de Investigación en Educación en la Universidad Autónoma de Madrid.

Pero, ¿por qué? No es una mera casualidad. "Los grados no suponen un negocio porque exigen tener mucho profesorado, una docencia presencial e instalaciones. En definitiva, ser una universidad", explica el profesor. En cambio, los máster "tienen mucha más flexibilidad". En primer lugar porque pueden impartirse de manera online, una modalidad que ya escoge, según relata Martínez-Garrido, el 56% del alumnado de la privada pero menos del 10% del de la pública. Y que favorece el ahorro de los costes en plantilla, además.

La segunda posible razón, abunda Díez Gutiérrez, es que ofrecen titulaciones propias que, aunque no garanticen la "calidad" de la enseñanza, sí otorgan eso: un título. Aquí lo que cuenta, señala el experto, es la posible salida laboral. Y para muestra, un dato: el 25% de los nuevos profesores de Educación Secundaria salió de un máster privado y a distancia. "Ya hay maestros que se han titulado sin saber lo que es dar clase", lamenta Díez Gutiérrez.

El profesorado es otro indicador importante. En la última década, el personal docente investigador ha crecido un 11%, pero los funcionarios en la pública han descendido un 15%. "Al final, no se está haciendo una reposición tras las jubilaciones", lamenta Martínez-Garrido. En paralelo, la plantilla de docentes investigadores ha aumentado un 55%. "A mí lo que me dicen estos números es que la situación va a ir a peor, porque parece que la privada se está preparando para la llegada de más alumnado", señala.

Volvamos a los centros. En 1997, hace 27 años, había 16 universidades privadas, pero hoy son ya 39. Han crecido, por tanto, un 143%. Pudiera parecer, leyendo las cifras, que el incremento responde a una necesidad demográfica, pero no es así. Ni lo será. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística recogidos por los colectivos Por otra política educativa. Foro de Sevilla y Unidigna, la población de entre 18 y 25 años no ha aumentado significativamente en todo este tiempo y la infantil es cada vez más pequeña, así que la consecuencia es clara: la población en edad universitaria no va a aumentar de forma significativa en los próximos años.

No es una cuestión banal. Según recuerda Díez Gutiérrez, uno de los requisitos para que las administraciones autoricen nuevas universidades privadas es, precisamente, que estos centros repondan a la "demanda social". Dicho de otro modo: que no compitan con el sector público. "En teoría, si en una ciudad ya hay una universidad pública que da respuesta a la población, no se puede crear otra", recuerda el profesor. Es más, los datos que recoge Martínez-Garrido cifran en 150 los municipios a los que llega la pública de forma presencial y en 59 a los que cubre la privada.

Así que se puede afirmar de forma vehemente: la privada no cubre una posible falta de oferta.

Hay que tener en cuenta, además, que en 2021 el Gobierno endureció los requisitos para autorizar centros nuevos, fijando unos mínimos exigibles de calidad docente y de investigación, como también de profesorado, equipamientos y organización que, en cualquier caso, no tienen porqué demostrarse antes de 2026. "Aunque no cumplan todos estos criterios, y aunque los informes de las instituciones así lo señalen, las comunidades autorizan", lamenta Díez Gutiérrez.

Sobre todo ocurre en Madrid, donde ya hay 12 centros privados y seis públicos que, además, denuncian estar infrafinanciados. Lo hicieron también al unísono el pasado mes de abril, cuando la media docena de rectores lamentó tener un 15% menos de financiación que en 2010, una precariedad del 49% y una plantilla altamente envejecida de la cual, además, se jubilará el 30% en la próxima década. "La financiación que recibimos de la comunidad no cubre ni los gastos de personal. Tenemos una obsolescencia en todas las infraestructuras, estamos anticuados", expresaron.

"La financiación es fundamental y lo que vemos es que los gobiernos autonómicos, en su mayoría los del PP, están desfinanciando la universidad pública, lo que genera también mucha precariedad entre las plantillas", lamenta Díez Gutiérrez.

Pero mientras las administraciones secan la pública, los fondos de inversión riegan la privada. El último ejemplo se conoció este mes de abril, cuando el fondo EQT se hizo con una participación mayoritaria en la Universidad Europea tras llegar a un acuerdo con Permira, que desembolsó 770 millones en 2019 por adquirir ese centro, el campus de Valencia, el de Canarias y otros dos en Portugal.

Ahora, sus números tienen mejor cara que nunca. Desde ese año el fondo ha duplicado su volumen de ingresos y ha multiplicado por 2,5 su resultado bruto de explotación. En paralelo, además, han triplicado su número de alumnos.

Pero no ha sido el único. La facturación del sector, según el Observatorio Sectorial DBK de Informa, alcanzó los 2.390 millones en 2022, lo que supuso un 10,4% más que un año antes. En concreto, las seis universidades no presenciales con actividad en 2022 generaron unos ingresos conjuntos de 480 millones de euros en ese ejercicio, tras crecer un 8,8% respecto a 2021. Por su parte, las universidades presenciales alcanzaron en 2022 los 1.910 millones de euros, un 10,8% más.

Los números tienen sentido porque, según denuncian los colectivos Por otra política educativa. Foro de Sevilla y Unidigna, el coste medio de un curso en estos centros multiplica por cinco o hasta por seis el de una universidad pública. Y eso, sumado a lo anterior, implica consecuencias claras. Para Díez Gutiérrez, el avance del sector privado en la educación superior supone que ésta deje de ser un derecho y se convierta en algo "sólo para las élites que puedan pagarlo", que además es educada en valores como "la competitividad y el capitalismo". "Los centros en manos de empresas no forman en valores humanistas y que buscan el bien común y la solidaridad, por eso cada vez hay más jóvenes que votan a la extrema derecha", lamenta.

En términos de competitividad, además, tenemos la prueba de las notas. Y es que en la universidad ocurre algo parecido a lo que ocurre en Primaria o Secundaria: el alumnado de la privada obtiene mejores calificaciones que el de la pública. En concreto, y según ha recogido Martínez-Garrido, la tasa de rendimiento de los universitarios de los centros públicos está en un 78,9%, un porcentaje que en os privados asciende hasta el 88%. "Es decir, en estos últimos tienes más posibilidades de aprobar", señala la experta. La diferencia se ve todavía más en la rama de arquitectura o de cualquier ingeniería. "En las públicas sólo hay un 33% de alumnado que aprueba un curso por año, más o menos. En la privada es un 51%, son casi 20 puntos más", lamenta.

La explicación en este caso nos vuelve a llevar a la concepción de la educación, en este caso superior, como un negocio. "En términos de publicidad a la privada le interesa dar a conocer estos números, porque es evidente que estudiar en sus centros es mucho más caro", lamenta Martínez-Garrido.

En cualquier caso este aspecto nos conduce directamente a la desigualdad. Porque este alumnado que aprueba con más facilidad procede, a su vez, de las familias más adineradas, que son las que mayormente acuden a estos centros.

Pero hay más. Porque el hecho de que triunfen los máster lleva, a su vez, a que los grados pierdan valor. Y a que lo que valga sea, precisamente, un mero título de máster. "Es una forma de diferenciación social que al final lastra el acceso al mundo laboral de quien no tiene un estudio de ese nivel", critica Díez Gutiérrez. ¿Y quienes son? Los hijos e hijas de las familias más humildes.

El precio de la primera matrícula de un curso de grado varía entre 518 euros y 1.361 euros, conforme el Análisis de la situación final, el curso 2022-2023, tras los acuerdos sobre precios públicos de matrícula universitaria presentado este miércoles por el Observatorio del Sistema Universitario, según informa Europa Press.

Precisamente, el informe revela que una misma carrera del ámbito de las Artes y Humanidades hoy cuesta más del doble en Cataluña que en Asturias y una de las carreras sanitarias más caras cuesta 1,8 veces más en La Rioja que en Andalucía.

El precio de la primera matrícula de un curso de máster habilitante para o vinculado al ejercicio de una profesión regulada en España varía entre 591 euros y 1.283 euros, mientras que un mismo máster habilitante como el de Formación del Profesorado de Secundaria cuesta más del doble en Navarra que en Galicia, y uno del ámbito de la Ingeniería cuesta 1,7 veces más en Navarra que en Andalucía.

El informe destaca que la "aplastante mayoría" de los másteres oficiales (90,1%) no habilitan para ni están vinculados al ejercicio de una profesión regulada en España y sus precios no han sido objeto de acuerdo alguno para su contención. Como resultado, un máster no habilitante puede llegar a costar más de cuatro veces y media más en Murcia que en Andalucía, y alcanzar los 2.818 euros por curso (sin incluir los másteres a precios diferenciados).

Además, los másteres oficiales a precios diferenciados, algunos de los cuales son incluso habilitantes, alcanzan los 13.500 euros por curso en primera matrícula.

El informe señala que todas las comunidades autónomas aplican coeficientes multiplicadores del precio de las segundas y posteriores matrículas, pero "lo hacen de forma muy desigual, no sólo en importes, sino también en criterios".

"Este castigo económico a la repetición de asignaturas, que es totalmente atípico en el conjunto del Espacio Europeo de Enseñanza Superior, configura un panorama poco o nada consistente, en el que el estudiantado con pocos recursos puede verse atrapado en situaciones económicamente complicadas según el nivel de estudios y la comunidad autónoma y resulta un condicionante disuasorio a la hora de elegir los estudios a cursar", apunta la investigación.

Tampoco se han producido acuerdos sobre los precios del doctorado, que "han sufrido incrementos significativos y son tremendamente dispares entre comunidades autónomas", según subraya el estudio.

Demasiadas veces he escuchado en los últimos meses eso de “¿pero esta carrera tiene salidas?”. Y se te cae el alma a los pies cuando alguien que está mirando el mundo buscando su vocación lo haga con esa mirada tan corta, limitándose a las salidas laborales que tiene. Nos pasó a nosotros, bien los sabemos aquellos que decidimos estudiar Periodismo. Se nos hizo bola cuando lo dijimos en casa, al menos a mí: era la carrera del paro, de la mochila y el bocadillo como decían algunos, de acabar trabajando en todo menos en esto. Pero el gusanillo de contar lo que pasaba en el mundo estaba ahí y aunque sabías que iba a ser difícil, querías intentarlo.

Pero ahora lo de la vocación se aparca por pura necesidad y pesa más el dato de la empleabilidad de cada profesión. Las crisis es lo que tienen, que lo condicionan todo dependiendo de en qué época vital te pillan. Si has crecido escuchando que los jóvenes tienen trabajos precarios, que muchos tienen que salir fuera porque aquí no tienen salidas, se te desarrolla un nuevo instinto, de supervivencia nata, de aprovechar y exprimir cada oportunidad, de no perderse en preámbulos y de ir al grano. Y eso, que está muy bien, que te ayuda mucho en determinadas situaciones, tiene un gran pero: que te desnuda de cualquier motivación puramente emocional y te hace pensar con cabeza fría. Hay pocas oportunidades y, las que se ofrecen, hay que aprovecharlas.

Y lo triste es que a los que piensan y eligen su futuro universitario con ese criterio los informes les dan la razón. Esta semana sabíamos que casi tres de cada diez universitarios no encuentran trabajo cuatro años después de haber terminado la carrera. Que sus estudios universitarios no les abren esas puertas que ellos buscaron empujar con ahínco mientras pasaban horas estudiando. Somos el país europeo donde más universitarios tenemos empleados en puestos de baja cualificación y no es por una cuestión de preparación, sino de oportunidades.

Y como siempre, las peor paradas, ellas. Ellas consiguen peores empleos, y peor pagados. El informe desvela que aunque, de media, terminan su carrera con mejor nota que ellos, al cabo de los cuatro años ellas tienen peores condiciones laborales que sus compañeros de clase. Esto es lo que hay y desgraciadamente lo saben. Así que cuesta empujarles a buscar aquello que les motiva, aquello que les apasiona, aunque sepas que lo van a tener muy crudo, aunque sepas que su camino va a ser un Tourmalet interminable. Pero la vida es siempre complicada, cierto, escojas el camino que escojas. Y las ganas y la ilusión por aquello que te apasiona a veces se pierden por el camino, cierto. Y tienes que hacer el esfuerzo de pararte y volver a encontrarlas. Incluso cuando nadie te da la oportunidad de demostrar lo que vales, incluso cuando las puertas se cierran una y otra vez.

El informe del Ministerio demostraba que la preparación y el talento de nuestros universitarios son altos, igual que el del resto de universitarios europeos. Así que ahí no está el problema: el problema está en la dinámica de nuestro tejido empresarial. La mayoría de las empresas no pueden invertir en investigación y desarrollo y eso limita las ofertas laborales que pueden realizar. Quienes más preparados salen de la universidad menos salidas laborales tienen.

Por tanto revertir esas cifras de empleo en universitarios es necesario abordar el problema desde varios frentes, hace falta implicar a las empresas, y a un mercado laboral que cada vez se convierte en un mayor embudo.

Primero fueron los plagios del antiguo rector Fernando Suárez; después, las contrataciones fraudulentas de profesores y, más tarde, "el falso máster de Cristina Cifuentes, el máster cursado con privilegios de Pablo Casado" y el posgrado "cursado con privilegios y plagiando el TFM de Carmen Montón". Los alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) están hartos del desprestigio de su universidad y, sobre todo, de sus títulos. Por eso este jueves dijeron basta y convocaron una huelga que comenzó con encierros en los campus de Fuenlabrada y Aranjuez durante la noche del miércoles. La jornada de paro fue convocada por siete asociaciones de estudiantes del centro agrupadas bajo la denominación URJCrítica. El lema es el mismo que ya usaron en las movilizaciones que protagonizaron cuando saltó el escándalo del máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid: "Fuera la mafia de la universidad".

Según informaron los estudiantes a infoLibre, el seguimiento de la huelga fue mayoritario. "En el campus de Fuenlabrada la asistencia a clase ha estado entre el 10 y 15%. En Vicálvaro, como mucho ha ido a clase un 20% de los alumnos", afirman fuentes de Res Pública, una de las asociaciones. 

Esta, junto a las demás, llama al paro ante la "pérdida de prestigio" de la universidad por el escándalo del caso máster en el que la Justicia mira con lupa las presuntas anomalías detectadas en los cursos de postgrados dirigidos por el catedrático Enrique Álvarez Conde en el Instituto de Derecho Público. "Son nuestros títulos los que son desprestigiados por la corrupción y nepotismo de los altos cargos de la URJC, y por ello nosotras y nosotros, que luchamos día a día por sacar nuestros estudios adelante, nos vemos en la obligación de defenderlos y dejar constancia del esfuerzo que en ellos depositamos", critican los estudiantes. Por eso, tienen claras sus exigencias: el inicio de una investigación externa a la universidad, la "limpieza completa" de la misma, la regeneración de sus órganos de gobierno y la dimisión del rector, Javier Ramos.

Ramos, de hecho, ha sido el foco de las protestas estudiantiles de la URJC de los últimos meses. "Nunca quiso hacer una verdadera limpieza de la institución. Nunca asumió que el problema de la URJC era estructural y no de 'manzanas podridas', pues entonces tendría que asumir su servidumbre y la de su equipo a estos sectores de la universidad hasta llegar a rector", critican los estudiantes en su manifiesto de convocatoria.

El propio Ramos les pidió perdón este miércoles por esos problemas "del pasado". Pero insistió en la idea que critican los estudiantes: esos conflictos estuvieron "focalizados en uno o dos caraduras". Aun con sus disculpas, criticó la huelga. "No creo que sea lo mejor para la comunidad universitaria. Mi intención es recuperar el prestigio que nunca debió perder la Universidad", dijo en declaraciones a la Cadena Ser, donde también negó cualquier vínculo político. "Mi obligación, como rector de la URJC, es defender el servicio público que damos, yo no tengo ninguna obligación en defender a ningún responsable político", afirmó.

Manifestación en el campus de Vicálvaro

Los estudiantes del campus de Vicálvaro de la URJC comenzaron pasadas las 10.30 horas a asentarse en la plaza Cervantes, donde se sitúa el aulario universitario, para asistir a todo lo que ocurra durante la jornada de huelga. El resto del campus está vacío, según informó Europa Press. Mónica, Fátima y Catalina están sentadas justo debajo de la estatua de Cervantes. Son estudiantes del Grado de Administración y Dirección de Empresas. Hoy quieren defender sus derechos. "No todos somos iguales y no tenemos la culpa de lo que está pasando", afirmó Mónica en declaraciones a la agencia. 

Por otro lado, algunos estudiantes han utilizado las redes sociales para manifestarse a favor de la universidad y bajo en el hashtag #YoSoyURJC han grabado vídeos y editado textos a favor de la institución y de su funcionamiento.

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, ha ordenado este martes a la jefa de Inspección de Servicios de la institución abrir una investigación sobre los estudios de grado que cursó el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado.

En un comunicado recogido por Europa Press, la universidad pública madrileña informa también de la apertura de una información reservada sobre los estudios del alumno de máster de Derecho Autonómico A.M.H., "distintos a los que están siendo investigados por la Justicia" y por el que está imputado por presunta falsificación de documento público en la causa del máster de la expresidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes.

El comunicado de la URJC hace referencia a los estudios de Grado del dirigente popular, ya que Casado estudió, aparte de un máster de Derecho Administrativo —similar al de Cifuentes, pero unos años antes—, una licenciatura de Administración y Dirección de Empresas en esta universidad.

Este viernes, el rector dará debida cuenta en el Consejo de Gobierno de estos "importantes temas relacionados con la crisis institucional" que vive la universidad, recoge el mismo escrito que se ha enviado tanto a los medios como a la comunidad educativa.

No obstante, en el comunicado del Vicerrectorado de Comunicación enviado a la comunidad universitaria, se añade una cuestión más, y es que el equipo de Gobierno de la URJC manifiesta su "sorpresa y frustración por el uso extensivo reciente de algunos titulares que no se corresponden con el conjunto de informaciones que encabezan".

"Si bien creemos que las críticas fundadas son legítimas, no pensamos lo mismo de las que responden a otro tipo de intereses", añade la institución.

Máster de Cifuentes

La URJC procedió también a la apertura de una información reservada por las presuntas irregularidades sobre el polémico máster de Derecho Autonómico que cursó la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Ante los indicios de presunto delito de falsificación de documento público, sobre todo en lo referido al acta del Trabajo de Fin de Máster al reconocer la profesora Alicia López de los Mozos que la firma de ese documento no correspondía a su rúbrica, se procedió a remitir este asunto a la Fiscalía.

Posteriormente, el juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha abierto una investigación tras la querella que presentó la catedrática de la Universidad de Salamanca Ángela Figueruelo por la presunta falsificación de su firma en un acta de convalidación de asignaturas del máster de Cifuentes.

La magistrada titular de este juzgado ha imputado al catedrático de la URJC y exdirector del Instituto de Derecho Autonómico Enrique Álvarez Conde, a la propia Alicia López de los Mozos, y al catedrático de Derecho de la misma universidad y que ordenó el cambio de nota en una de las asignatura de Cifuentes, Pablo Chico, en el marco de las investigaciones.

También acordó abrir una pieza separada para esclarecer si Enrique Álvarez Conde pudo cometer un delito continuado de prevaricación y ha solicitado a esta universidad que remita información sobre el máster que cursó en el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, en el periodo 2008-2009.

Fuentes jurídicas han señalado a Europa Press que la apertura de esta investigación en la universidad "no tiene nada que ver" con la información requerida por la jueza Carmen Rodríguez-Medel a la URJC para que le remita en el marco de una pieza separada toda la documentación sobre el máster que estudió Casado en el curso 2008/2009, el mismo que Cifuentes pero en otra promoción.

La Complutense investiga sus estudios de Derecho

Por otra parte, la Universidad Complutense de Madrid ha formalizado también la petición de información para recabar el expediente del vicesecretario de Comunicación del PP de sus estudios cursados en el CES Cardenal Cisneros, centro adscrito a esta universidad pública, tal y como adelantó este martes la Cadena SER.

Fuentes de la universidad han indicado a Europa Press que se trata de la apertura de un proceso de información previa, un formalismo de procedimiento para solicitar la información sobre el expediente de Casado y analizar esa documentación.

Las mismas fuentes apuntan a que este trámite sirve para dar cobertura formal de cara a revisar el expediente del dirigente popular, sin prejuzgar nada al respecto. La semana pasada la Complutense avanzó que iba a solicitar toda la información relativa a estos estudios y en caso de haber indicios de irregularidad, adelantaba que iba a actuar con contundencia.

El rector de la Complutense, Carlos Andradas, ha justificado la petición de información sobre los estudios cursados por el vicesecretario de Comunicación del PP en el CES Cardenal Cisneros al considerar que se trata de un "fenómeno inusual" porque los estudiantes no suelen aprobar doce asignaturas en un curso, como hizo el dirigente conservador, pero entiende que tampoco es "imposible".

El exdirector del CES Cardenal Cisneros Alberto Pérez de Vargas cree que "no hay razón para sospechar" que el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, recibiera allí trato de favor para terminar su carrera de Derecho, aunque reconoce que "había interés" en la Comunidad de Madrid por su situación académica.

Pérez de Vargas se refería al año 2007, cuando él dirigía este centro universitario adscrito a la Universidad Complutense de Madrid y Pablo Casado, que obtuvo aquel año un escaño en la Asamblea de Madrid, llegó con su expediente desde ICADE para terminar la carrera de Derecho y allí "pasó por todo lo que tenía que pasar" hasta completar los estudios.

"No hay ninguna razón para sospechar que le aprobaran por un favor, que por otra parte es rarísimo en la Universidad, porque te puede caer mejor o peor y eso puede influir en tu forma de calificar, pero es muy difícil que alguien tergiverse la calificación de un alumno", ha señalado en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press.

No obstante, reconoce que "Casado era un muchacho prometedor para las filas del PP y tenía muy buenas amistades en la Comunidad de Madrid" y él, como director del Cisneros, era "consciente del interés que tenían" en la administración por él.

"El alumno llegó allí con dos profesores, me lo presentaron como secretario o presidente de Nuevas Generaciones del PP, estuvo en mi despacho, me explicó que venía de ICADE y que quería convalidar y me quería hacer llegar los programas para que yo se los hiciera llegar a los profesores", ha señalado en declaraciones a la SER recogidas por Europa Press.

Pérez de Vargas ha reconocido que "eso no es habitual, salvo que sea el hijo de un amigo que te lo manda". "Este era sin duda alguna un señor que venía naturalmente, de alguna forma cobijado o ayudado por las autoridades de la Comunidad, pero nada más que eso. No es que llegara con una carta de recomendación ni nada por el estilo", ha comentado.

En la misma línea, ha afirmado que "había en el ambiente una sensación de que era un personaje ligado a los propietarios del centropropietarios", cuyo patronato preside el consejero de Educación y que por tanto está ligado al Gobierno regional. Dice que la entonces presidenta, Esperanza Aguirre, "estaba interesada, aunque no más que eso".

Con todo, asegura que Aguirre "jamás" le llamó personalmente para pedirle "ningún tipo de intervención" sobre Pablo Casado, aunque cree que "sí llamaba al resto de los profesores". "No tengo prueba fehaciente de que eso ocurriera, pero no hay duda de que se trataba de alguien extraordinariamente bien visto", ha dicho en Onda Cero.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha propuesto este martes la gratuidad de la primera matrícula para los estudiantes de grado de las universidades públicas, inspirándose, según ha apuntado, en la medida que el Gobierno de Susana Díaz aplica en Andalucía sobre la gratuidad de las matrículas universitarias por asignaturas aprobadas.

Así lo ha anunciado Pedro Sánchez durante su intervención en un desayuno informativo en Sevilla, que ha contado con la presencia de la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

El dirigente socialista ha enmarcado esta medida en su propuesta de un pacto educativo en España, donde la universidad pública "debe ser el centro de nuestras prioridades". Ha señalado que en este país ningún joven puede quedarse fuera de la universidad por el hecho de no poder afrontar el pago de la matrícula.

El sistema de ayudas al estudio ha sido uno de los grandes damnificados de la política de recortes presupuestarios impuesta en los últimos años. Así lo pone de manifiesto el informe La Universidad española en cifras 2015-2016 [consultar en PDF], elaborado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que critica que el Gobierno se ahorre cada año 70 millones a costa de la "precarización" de los becarios. 

El Gobierno del PP dio en 2012 un vuelco radical al modelo de becas. En un polémico reglamento añadió ciertos criterios académicos, que suponen principalmente alcanzar una nota mínima de 5,5 para optar a la matrícula gratuita y obtener al menos un 6,5 en el expediente para optar a las ayudas más cuantiosas, que son las que otorgan una cantidad para estudiar en otra comunidad y que también sirven para compensar que los hijos de familias más desfavorecidas estudien en lugar de trabajar. Hasta entonces, las exigencias de rendimiento académico sólo se exigían para la renovación de la credencial de becario. 

Según los rectores, la "estrechez" impuesta por este modelo ha supuesto la "exclusión discrecional" de alumnos de nuevo ingreso a los se les niega total o parcialmente la posibilidad de solicitar ayudas de carácter económico, lo que supone una "merma" en el principio de igualdad de oportunidades. El informe cifra en 70.000 los estudiantes que, cada año, han visto alteradas sus expectativas de acceso a las ayudas. Para las arcas públicas este modelo está suponiendo un ahorro de 70 millones de euros anuales. Eso sí, un ahorro que, según los responsables de los campus, se está produciendo a costa de la "precarización" del estatus de los becarios. 

Este nuevo sistema, por ejemplo, ha provocado que el número de becarios que solo perciben la ayuda de compensación de precio de matrícula se haya multiplicado por 2,8 en el curso académico 2015-2016 frente al registro del curso 2012-2013 en las universidades públicas, según datos de la CRUE. De hecho, la dotación per cápita excluyendo el pago de la matrícula ha caído en un 23,5% entre el curso 2011-2012 y el 2015-2016 (de 2.331 a 1.784 euros). El curso pasado los campus destinaron a becas 132 millones de sus presupuestos propios para suplir el tijeretazo del ministerio.

A este respecto, los rectores denuncian que el balance de las modificaciones muestra un "empobrecimiento" de los becarios durante los años de crisis y sostienen que resulta "más preocupante" que, ahora que las magnitudes macroeconómicas comienzan a registrar tasas de crecimiento, las autoridades ministeriales no consideren necesario cambiar ninguno de los parámetros establecidos. Los responsables de los campus defienden que el acceso a la condición de becario debe estar condicionado exclusivamente por la capacidad económica del solicitante. 

Tasas universitarias 

En paralelo a estos datos, el documento también alerta de que en el curso 2016-2017 España continuó manteniendo uno de los niveles de precios públicos universitarios más elevados de la Unión Europea. De hecho, solo en Irlanda, Reino Unido, Holanda e Italia las matrículas son más caras, según datos del estudio National Student Fee and Support Systems [consultar, aquí], publicado por la Comisión Europea. Todas las comunidades han incrementado en los años de la crisis sus precios públicos universitarios. Donde menos intensidad ha tenido esa subida es en Galicia, con subidas del 5,1%, y donde más en la Comunitat Valenciana y Cataluña, con cotas máximas de hasta el 94%.

En este sentido, los rectores critican las grandes diferencias que existen en el precio de las tasas universitarias en las comunidades autónomas, unas diferencias que califican de "discrecionales" y que solo pueden explicarse en términos de compensación ante las disminuciones de las transferencias corrientes de las administraciones educativas, pues no hay información objetiva sobre el coste de la provisión de los servicios docentes requeridos por cada una de las titulaciones impartidas. 

Los responsables de los campus también han analizado el esfuerzo que supone para las familias el pago de la matrícula universitaria en relación a la capacidad de renta en cada comunidad. Los datos son significativos. Mientras en Castilla-La Mancha el abono de las tasas supone el 6,23% de renta per cápita, en Galicia ese esfuerzo es apenas del 2,75%. Otras autonomías con un nivel de renta elevado como País Vasco, Navarra o Baleares también registran esfuerzos de las familias significativamente inferiores. Los rectores piden "actuaciones" que corrijan estas diferencias que, a su juicio, "ponen en cuestión el principio de igualdad de oportunidades". 

En su amplio informe, los responsables de los campus también hacen un repaso de la influencia de los recortes de los últimos años en una cuestión esencial como es la investigación, pues las universidades públicas siguen sin recuperarse de la caída que sufrieron durante los años de crisis económica en la financiación captada para el desempeño de la actividad investigadora. De hecho, los fondos dedicados a esta partida se han reducido un 23,5% entre 2008 y 2015 (de 1.472,3 millones de euros a 1.125,7). 

Los rectores ponen de manifiesto, además, que los sistemas universitarios con mayor capacidad investigadora no logran recuperar sus niveles máximos de financiación. El documento destaca especialmente el caso de las universidades públicas de Andalucía que han perdido un 37,9% de los fondos –tanto públicos como privados– que recibían para investigación en el periodo analizado, así como las de la Comunidad de Madrid (-23,9%), Cataluña (-18,6%) y la Comunitat Valenciana (-15%).

El documento también alerta de que la inversión total de las universidades públicas, aunque se va recuperando, sigue estando muy lejos de la que había antes del inicio de la crisis. Así, los campus funcionaron en 2015 con 1.138 millones de euros menos que en 2010, lo que supone un descenso del 11,4%. Los recursos humanos, que se han visto muy afectados por esta caída de la financiación, también empiezan a restablecerse aunque la inversión todavía está un 2,08% por debajo de 2010. 

El Ministerio de Educación anunció este miércoles que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017 prevé que las comunidades autónomas que lo deseen puedan bajar el precio de los másteres no habilitantes, los que no son necesarios para ejercer ciertas profesiones y que son los más demandados por los estudiantes para complementar su formación.

Los alumnos de estos estudios han sido, sin duda, los más perjudicados por el decreto de "racionalización del gasto educativo" que, en 2012, promovió un cambio en las formas de pago en los campus públicos al dar a las autonomías la posibilidad de establecer la parte del coste educativo que asume directamente el estudiante en base a unas horquillas.

Desde entonces, en primera matrícula, el crédito de estos estudios se podía posicionar entre el 40 y el 50% del coste real que supone impartirlo. Asfixiadas por el déficit, algunas autonomías llevaron esta norma hasta el extremo. Lo que supuso, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo de las familias, un aumento generalizado de los precios. Pues bien, Educación propone ahora que ese margen baje a entre el 15 y el 50% del coste total de los estudios.

El ministerio señaló que, de esta forma, el Gobierno "permite" a las comunidades "igualar" el precio de estos estudios al de los grados y los másteres habilitantes (los necesarios para el ejercicio de las profesiones reguladas) en los que, desde 2012, el precio del crédito se posiciones entre el 15 y el 25% del coste real. La última palabra, no obstante, la seguirán teniendo las autonomías, que tendrán que fijar un porcentaje entre la parte baja de la horquilla (15%) y la alta (50%), lo que dejaría los precios como hasta ahora. Educación no explicó por qué si el objetivo era que bajaran los precios no se ha limitado al 25% la parte alta de la horquilla. 

Precisamente esta cuestión es la que critican los estudiantes, que temen que la propuesta de Educación acabe en "papel mojado". "Las universidades están asfixiadas económicamente por los recortes del PP así que dudamos de que vayan a bajar las matrículas. No limitar la parte alta de la horquilla evidencia que el ministerio no tiene una voluntad real de que los posgrados se abaraten", denuncia a preguntas de infoLibre Ana García, secretaria general del Sindicato de Estudiantes. 

Por su parte, el presidente de la Confederación de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), Gorka Martín, considera que la medida es "positiva, aunque insuficiente", pues las comunidades podrán seguir optando por no bajar los precios. Martín, que recuerda que España es el cuarto país de Europa con los precios públicos más elevados, reclama asimismo que se aumente la "insuficiente" partida de becas. 

Incrementos 

El sistema implantado por Educación en 2012 supuso incrementos de al menos el 50% en el precio medio de los créditos de los másteres no habilitantes en diez autonomías, tal y como ha constatado infoLibre analizando los datos del Ministerio de Educación y de los boletines oficiales de las comunidades. La tabla completa con todos los precios se puede consultar aquí. 

No obstante, los principales aumentos se han registrado en Cataluña, Castilla y León y la Comunitat Valenciana, donde los másteres han llegado incluso duplicar su precio en el último lustro. En Cataluña, el precio medio del crédito ha pasado de 27,73 euros en el curso 2011-2012 a 65,87 euros en el 2016-2017 (+138%); en Castilla y León, ha subido de 20,63 euros a 41,58 (+102%); y en la Comunitat Valenciana ha pasado de 23,83 euros a 46,20 (+94%).

El precio total del posgrado es el resultado de multiplicar el número de créditos del programa completo –al menos 60 en el caso de los másteres– por el importe de cada crédito. Así, por ejemplo, hacer un máster en una universidad pública catalana ha pasado de costar, como mínimo, alrededor de 1.660 euros, a casi 4.000 euros. Además, los alumnos tienen que satisfacer otros gastos administrativos como la apertura del expediente académico, el seguro escolar o los gastos de secretaría.

Sistema desigual 

La norma ideada por el exministro Wert también contribuyó a consolidar un sistema de precios que ya era dispar, pues cada comunidad fijó su reparto de la carga económica. De hecho, actualmente, los precios llegan hasta a multiplicarse por cuatro en una autonomía respecto a otra por realizar programas que, en principio, son similares. [ver la tabla completa del precio medio por crédito en cada comunidad, aquí]

Cataluña (65,87 euros de media el crédito), Madrid (52,65 euros) y la Comunitat Valenciana (46,20 euros) –que también están entre las comunidades que han registrado mayores subidas en los últimos años– son también en las que más caro ha salido matricularse este curso en estudios de posgrado. Por el contrario, Castilla-La Mancha (15,81 euros), Galicia (26,49 euros), Andalucía (29,57 euros) o Baleares (30,61 euros) volvieron a ser las autonomías con precios más bajos.

En su última memoria anual [ver en PDF] el Consejo Económico y Social (CES) constató la "considerable heterogeneidad" en los precios de las diferentes comunidades autónomas y advirtió de que estas diferencias "aumentan el riesgo de que se acentúen las desigualdades en los datos de educación terciaria, ya que la capacidad económica de las familias de los estudiantes puede ser decisiva a la hora de solicitar una plaza en una determinada universidad".

Los dirigentes de la Confederación de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) y de la Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas (FAEST) ven "positivo" que el Gobierno permita a las comunidades autónomas bajar los precios públicos de los másteres no habilitantes, pero consideran que es una medida "insuficiente" y pide bajar también las tasas de los grados.

"Lo vemos insuficiente porque ya de por sí las tasas de los grados y los másteres son desmesuradamente altas. No hay que olvidar que España es el cuarto país con los precios públicos más elevados de Europa", ha afirmado el presidente de CREUP, Gorka Martín, en declaraciones a Europa Press.

Asimismo, ha señalado que la medida anunciada este miércoles en el Congreso por el secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Marcial Marín, que se integra en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, "puede generar que las diferencias de precios entre comunidades autónomas sean incluso mayores" porque la parte superior de la horquilla se mantiene en el 50%.

"Aunque se iguala el nivel inferior de la horquilla, nos podemos encontrar con comunidades en las que el alumnado asuma el 15% del coste y otras en las que lo haga en un 50%", ha afirmado Martín, que ha pedido a los grupos parlamentarios que en sus enmiendas al proyecto de los PGE planteen también una bajada de las tasas de los másteres.

A su juicio, en España sólo accede a la educación universitaria "el que se la puede pagar" porque, según ha denunciado, la política de becas es "claramente insuficiente", una reflexión que comparte el presidente de FAEST, Alejandro Delgado.

Este último señala que la bajada de los precios debe ir acompañada de una mayor dotación presupuestaria a las comunidades autónomas y universidades porque aunque el Ministerio es el que establece la normativa básica, las administraciones educativas las que establecen los precios de los estudios universitarios. "No se les puede cargar a las comunidades con este asunto si a la vez se les ahoga para que cumplan con el déficit", ha añadido.

Delgado ve "fundamental" reducir las tasas de los grados universitarios y que se iguale a la baja las de los másteres para evitar que exista este escalón, ya que "el mercado laboral, que tanto importa a este Gobierno, exige el máster" y, con los actuales precios, "el acceso está vetado a muchos alumnos". "El máster acaba siendo casi obligatorio, la especialización viene de la mano de estos cursos y precisamente por eso deberían ser más baratos", ha aseverado.

La Sala Tercera de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo sostiene que el Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, conocido como 3+2, que permite que las universidades puedan diseñar títulos universitarios de grado de 180 créditos (tres años), no vulnera el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación de los alumnos con peores notas o los que tienen menos recursos.

El Alto Tribunal ha rechazado el recurso presentado por la Federación de Enseñanza de CCOO a la norma aprobada por el exministro de Educación José Ignacio Wert, rechazado por gran parte de la comunidad universitaria. La fórmula elegida por España para su incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior, más conocido como Plan Bolonia, fue de 4+1, es decir, cuatro años de grado (240 créditos) y uno de máster (60 créditos).

"La previsible opción por los tres años de grado y dos de máster que cursarán estudiantes de menores recursos económicos o los estudiantes con peores calificaciones para obtener el grado con celeridad no deja de ser un hipótesis, que no va acompañada de sustento justificativo alguno, y que desde luego no pone de manifiesto el carácter discriminatorio de la norma", asevera en la resolución a la que ha tenido acceso Europa Press.

El Supremo señala que en estos momentos la norma impugnada pretende "nivelar u homogenizar" la duración de los estudios universitarios con respecto a otros países del Espacio Europeo de Educación Superior –la mayoría tiene una estructura de 3+2– y "favorecer la movilidad de los estudiantes españoles hacia el exterior y de los extranjeros hacia España".

Defiende que la reforma, que permite que haya títulos de 180 créditos y másteres de 120 para el acceso a programas de doctorado, "trata de paliar la desigualdad" que para cursar estos estudios terciarios, que precisa de 300 créditos, "se producía entre estudiantes españoles y los de otros países europeos". También indica que esta nueva ordenación académica "no guarda relación ni tiene incidencia alguna" sobre el sistema de becas porque el decreto impugnado no lo regula.

Desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte Por último, indican, tras conocer la sentencia, que en el seno del Consejo de Universidades –presidido por el ministro e integrado por los rectores de las universidades españolas– se está trabajando por un acuerdo en el que se dé "publicidad y seguridad" a los ciudadanos sobre la duración o carga lectiva que tienen que tener los estudios universitarios oficiales de Grado en España.

El ministro Íñigo Méndez de Vigo se ha mostrado partidario de establecer un listado para que los títulos que no pueden ofertarse en la modalidad de tres años –todos los pre-Bolonia–, como le ha solicitado CRUE Universidades Españolas en reiteradas ocasiones. Los rectores han pactado hasta en dos ocasiones una moratoria para la aplicación del decreto 3+2.

Un total de 11.171 alumnos han devuelto el importe de las becas de estudio de la convocatoria del curso 2014-2015 por no haber destinado el dinero para la finalidad para la que les fue concedido o por incumplir alguno de los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación, como no haber aprobado la mitad de las asignaturas o créditos matriculados, entre otros. El importe total recuperado se eleva a 12,6 millones de euros.

Así consta en dos respuestas parlamentarias del Ejecutivo al Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, a las que ha tenido acceso Europa Press, relativas al reintegro por parte de los estudiantes de enseñanzas universitarias y no universitarias de todos los componentes de las becas, excepto la matrícula, por no haber hecho un uso adecuado de las mismas.

El Gobierno aclara que el plazo para iniciar los trámites de devolución de estas subvenciones estatales es de cuatro años y añade que como se trata de un proceso que está en curso, sólo puede ofrecer datos a nivel nacional y no por comunidades autónomas o provincias.

En concreto, se han iniciado 8.697 expedientes de reintegro en la convocatoria general de niveles universitarios, que en 4.333 casos los beneficiarios ya han devuelto voluntariamente el importe de la beca al Tesoro Público y, en su caso, a la comunidad autónoma que haya financiado una parte de la mismas, por un total que asciende a 5,3 millones de euros.

Respecto a los alumnos de enseñanzas no universitarios, el departamento se han incoado 16.997 expedientes, de los cuales 6.838 ya se han resuelto con el reintegro voluntario por parte de los beneficiarios por un total de 7,36 millones de euros.

Este proceso es fruto de la resolución de julio de 2014 de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades del Ministerio de Educación, por la que se convocan las becas de carácter general para el curso 2014-2015, que establece el control sobre el cumplimiento de la finalidad de la beca.

La norma señala que las secretarías de los centros docentes, los citados órganos y universidades deben comprobar el uso de las subvenciones que han hecho los beneficiarios. Los estudiantes universitarios tienen que superar el 50% de los créditos matriculados, que en el supuesto de enseñanzas de las ramas de Ciencias y de Enseñanzas Técnicas, este porcentaje mínimo es del 40%.

Además, establece que el becario no ha destinado la beca a la finalidad para la que le fue concedida cuando hay anulación de la matrícula o el alumno no ha presentado el proyecto de fin de carrera para el que pidió la subvención.

Los estudiantes de niveles no universitarios tienen que devolver el importe de las ayudas al estudio si incurren alguna de las siguientes situaciones: Haber causado baja de hecho en el centro antes de que finalice el curso; no haber asistido al 80% de las horas lectivas; no haber aprobado el 50% de las asignaturas; o no haber presentado el proyecto de fin de estudios en el plazo de un año.

La investigación en las universidades públicas es una de las grandes damnificadas de la política de recortes presupuestarios impuesta en los últimos años. Así lo pone de manifiesto el informe La Universidad española en cifras2014-2015 [consultar en PDF], elaborado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que detalla que los fondos públicos para investigación en las universidades se han reducido un 21% entre 2008 y 2014 al pasar de 1.113 millones de euros a 876 (-237 millones de euros). 

Los rectores ponen de manifiesto, además, que los sistemas universitarios con mayor capacidad investigadora son los que presentan mayores "retrocesos" en su financiación. El documento destaca especialmente el caso de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, que han perdido un 43% de los fondos –tanto públicos como privados– que recibían para investigación en el periodo analizado, así como las de Andalucía (-37%), Cataluña (-16%) y la Comunitat Valenciana (-15%). 

El informe destaca que aunque todas las fuentes han visto disminuir su caudal financiero en estos años, las aportaciones procedentes del sector privado han mostrado mayores descensos, hasta del 47% acumulado entre 2008 y 2014 –de 359 millones de euros a 191– sin que puedan observarse, además, cambios de tendencia en 2014. 

No obstante, los autores del documento sí son algo más optimistas respecto a la reactivación de la inversión por parte del sector público, del que destaca que ha sido "más moderado" en sus recortes que el privado. Así, destaca el aumento del 22% en los fondos públicos para investigar registrados entre 2013 y 2014, período en el que la cuantía pasó de 720 millones de euros a 876. 

Caída de la inversión 

En paralelo a estos datos, el documento también alerta de que la inversión de las universidades públicas sigue sin tocar fondo. En este sentido, pone de manifiesto que las cifras de los presupuestos de gastos liquidados por los campus en 2014 marcan un nuevo mínimo en la caída que viene produciéndose desde el inicio de la crisis económica. Y es que los campus públicos funcionaron ese año con 929 millones de euros menos que en 2008, lo que supone un descenso de los gastos liquidados del 41%. 

El 75% de este recorte lo sufrió la inversión material destinada a la construcción y reparación de edificios y a la adquisición de equipamientos, que perdió 694 millones de euros en ese período; y el restante 25% la inversión inmaterial que registra, fundamentalmente, los gastos directos de la actividad investigadora universitaria. Esta partida perdió en seis años 235 millones de euros. 

Los recursos humanos de las universidades públicas se han visto igualmente afectados por esta caída de la financiación. De hecho, en el período analizado se han destruido más de 7.500 empleos (entre ellos 3.486 profesores e investigadores). Los autores consideran que esta es una "grave pérdida", especialmente porque no ha sido posible reponerla con captación de talento joven y de excelencia. 

No obstante, pese al recorte en medios, la producción científica ha crecido un 54% entre  2008 y 2014, un hecho que los autores del informe atribuyen a la "capacidad" y "determinación" de las universidades por mantener los proyectos y programas de investigación con cargo a los recursos propios generados por los remanentes de la actividad de I+D+i, que en lugar de convertirse en gastos de estructura o destinarse a incentivos para el personal investigador se han dedicado a mantener la actividad investigadora. 

Modelo de becas 

El informe de la CRUE constata también que España se sigue manteniendo entre los cuatro países con el nivel de precios públicos universitarios más altos de la Unión Europea, sólo superada por Reino Unido, Irlanda y Holanda. Una circunstancia que va aparejada a un sistema de becas que los autores definen como "muy insuficiente". De hecho, alertan de que la reforma de las becas que impulsó en 2012 el exministro José Ignacio Wert ha dejado sin beca a 40.000 universitarios y ha reducido las cuantías medias. 

El Gobierno del PP dio en 2012 un vuelco radical al sistema de ayudas al estudio. En un polémico reglamento añadió criterios académicos, que suponen principalmente alcanzar una nota mínima de 5,5 para optar a la matrícula gratuita y obtener al menos un 6,5 en el expediente para optar a la ayuda general. E introdujo un baremo que incluye una parte de ayuda fija y otra variable que se otorga en función del número de demandantes y del presupuesto.

La consecuencia es que este sistema permite que un mismo estudiante con una renta similar e idénticas notas pueda cobrar cantidades distintas de un curso al siguiente en función del presupuesto disponible. Las partidas anuales destinadas a las becas sufrieron un tijeretazo de treinta millones en 2012 –pasaron de 1.168 millones a 1.138 (-2,6%)– y desde ahí han ido subiendo de forma progresiva hasta los 1.416,5 millones actuales. 

Además, los datos aportados por los rectores evidencian las consecuencias que ha tenido este cambio de modelo en el sistema de ayudas en la igualdad de oportunidades. Así, el informe pone de manifiesto cómo han ganado peso las ayudas menos cuantiosas, como la compensación por los precios de matrícula –antes de 2012 el 27% del presupuesto se dedicaba a estas ayudas y ahora es el 40%–; y han perdido las que suponen dar dinero al alumno para que pueda estudiar en otra comunidad o para compensar que los hijos de familias con rentas más bajas estudien en lugar de trabajar. Estas últimas han pasado de copar el 58% del presupuesto a apenas el 28%. 

La universidad privada le ha venido comiendo terreno a la pública desde los últimos años, sobre todo debido a la subida de las tasas universitarias para grado –antigua licenciatura– y para máster. Así, todas las autonomías excepto Castilla-La Mancha, Asturias y Galicia, han visto incrementados los precios de sus grados desde el curso 2011-2012, cuando el exministro de Educación José Ignacio Wert abanderó un real decreto que supuso una revolución en el sistema de precios públicos que se conocía hasta la fecha, pues dio a las autonomías la posibilidad de establecer la parte del coste educativo que asume directamente el estudiante en base a unas horquillas.

Alumnos de máster en universidades privadas: un 315% más

El decreto de "racionalización del gasto educativo" de 2012 ha perjudicado especialmente a los estudiantes de posgrado. Esta medida provocó que el precio medio de los créditos de estos estudios se viera incrementado al menos un 50% en diez autonomías, tal y como constatan los datos del Ministerio de Educación. 

Estas subidas han propiciado que los precios de los estudios de máster de las universidades públicas sean cada vez más semejantes a los de las universidades privadas. Con estos datos, no extraña que el número de alumnos matriculados en un máster privado se haya incrementado un 315% desde el curso 2009-2010 al curso 2015-2016, pasando de 12.694 matriculados a 52.710. Por su parte, los alumnos matriculados en estudios de posgrado en un campus público pasaron de ser 68.791 en el curso 2009-2010 a 114.198 en el curso 2015-2016 (un aumento del 66%). 

Los estudios de posgrado en las universidades no subvencionadas se han visto, al igual que sus alumnos, incrementados notablemente desde el curso 2009-2010, cuando impartían 275 máster. Al mismo tiempo, la universidad pública ofrecía un total de 1.761. Ahora, después del trasvase de alumnos de la universidad pública, la oferta de estudios de máster en la privada ha crecido hasta 709 (434 estudios más en el curso 2014-2015, último del que existen datos en el Ministerio de Educación), mientras que en la pública han pasado a ser 2.979. Es decir, según datos de Educación, en términos relativos las privadas ofertan el 15% de másteres, mientras que captan el 21% del estudiantado de este tipo de formación.

El alumnado de los grados públicos disminuye un 6%

Los grados universitarios públicos, al igual que los másteres, se han visto perjudicados en cuanto al número de alumnos desde el curso 2009-2010. Entonces contaban con 1.235.168 alumnos matriculados, que descendieron hasta 1.155.728 en el curso 2015-2016 (un descenso del 6,43%, 79.440 alumnos menos). Por su parte, el alumnado de los campus privados pasó de ser 156.104 a 173.381, es decir, 17.277 matriculados más (un aumento del 11%).

Este aumento se produjo a pesar de la diferencia entre las ofertas de las universidades públicas y privadas. Las primeras, en el curso 2014-2015, tenían un total de 2.028 grados, mientras que las segundas ofertaban tan solo 610. 

Según denuncia Comisiones Obreras (CCOO), los argumentos que esgrimen desde el Ministerio para justificar este cambio de tendencia en la Universidad española se basa en que ha habido un descenso de la población entre los 18 y los 24 años de edad. Sin embargo, el sindicato atribuye el descenso de alumnos de los centros públicos al "aumento de las tasas y la disminución de las becas y las ayudas, además del endurecimiento para acceder a estas". 

Desde entonces, en primera matrícula, el crédito se puede posicionar entre el 15 y el 25% del coste real que supone impartir un grado, variable que puede alcanzar hasta el 100% a partir de la cuarta matrícula. Asfixiadas por el déficit, algunas autonomías llevaron esta norma hasta el extremo. Lo que supuso, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo de las familias, un aumento generalizado de las matrículas tanto de los grados como de los másteres. 

De hecho, el precio de los grados se ha incrementado en todas las autonomías [ver la tabla completa, aquí] salvo en Castilla-La Mancha, donde tras un aumento del 42% en el curso posterior al tasazo, los precios volvieron en el curso 2013-2014 a niveles de 2011-2012; y Asturias y Galicia, donde se ha mantenido congelado todos estos años. Además de los citados aumentos de Castilla y León, Cataluña, Madrid y la Comunitat Valenciana también han sido significativas las subidas en Baleares (+15%) o Murcia (+14%). 

Aunque de forma menos relevante también han aumentado los precios públicos de los estudios de grado en Aragón (+9%), Cantabria (+7%), Navarra y País Vasco (+5%), Extremadura y La Rioja (+4%), y Andalucía (+3%). Estos datos explican que, a pesar de las bajadas o congelaciones que algunas comunidades han llevado a cabo especialmente desde el curso 2014-2015, las matrículas continúen lastradas por las subidas de años anteriores. 

La consolidación del tasazo 

Por ejemplo, Madrid es la única comunidad que ha anunciado que bajará (un 5%) los precios este curso. Sin embargo, estudiar a una universidad madrileña seguirá costando un 42% más que hace cinco cursos. El precio medio del crédito era de 18,26 euros en el curso 2011-2012, llegó a subir hasta los 30,33 euros en el 2013-2014 y en el que está a punto de comenzar será de 25,94 euros. El precio total es el resultado de multiplicar el total de créditos matriculados por el importe de cada crédito. 

Más ejemplos. El Gobierno de Castilla y León lleva tres años presumiendo de la congelación de las tasas académicas. Sin embargo, matricularse este curso de un grado en las universidades públicas castellanoleonesas costará un 81% más caro que hace un lustro. En el curso 2011-2012 el precio medio del crédito alcanzaba los 12,90 euros, mientras que ahora llega hasta los 23,34 euros. En Cataluña, en el mismo período, ha pasado de costar 20,11 euros a 33,52.

El caso de Canarias es particular. Aunque en el período analizado el precio medio del crédito en los estudios de grado ha aumentado un 42% –era de 10,71 euros en el curso 2011-2012 y actualmente alcanza los 15,21 euros– esta comunidad sigue siendo la quinta autonomía más barata para estudiar por detrás de Extremadura, Cantabria, Andalucía y Galicia. 

En relación a este asunto, en su memoria anual publicada recientemente [ver en PDF, aquí], el Consejo Económico y Social (CES) constata que la "aproximación de los precios públicos de los servicios académicos de las universidades al coste efectivo de los mismos" ha producido que España "se aleje del modelo de precios más moderados en las titulaciones de grado (menos de 1.000 euros)", que sí mantienen países como Francia, Bélgica o Austria. 

Sistema de precio muy desigual

La norma ideada por el exministro Wert también contribuyó a consolidar un sistema de precios que ya era dispar, pues cada comunidad fijó su reparto de la carga económica. De hecho, actualmente, los precios llegan hasta a triplicarse en una autonomía respecto a otra por realizar programas que, en principio, son similares. [ver la tabla completa del precio medio por crédito en cada comunidad, aquí]

Cataluña (33,52 euros de media el crédito), Madrid (25,94 euros) y Castilla y León (23,34 euros) –que también están entre las comunidades que han registrado mayores subidas en los últimos años– son también en las que más caro saldrá matricularse este curso en estudios de grado. Por el contrario, Galicia (11,89 euros), Andalucía (12,62 euros) o Cantabria (13,50 euros) volverán a ser las autonomías con precios más bajos. 

En su memoria, el CES también constata la "considerable heterogeneidad" en los precios de las diferentes comunidades autónomas. Y advierte de que estas diferencias "aumentan el riesgo de que se acentúen las desigualdades en los datos de educación terciaria, ya que la capacidad económica de las familias de los estudiantes puede ser decisiva a la hora de solicitar una plaza en una determinada universidad". 

En este sentido, el organismo en el que están representados sindicatos, patronales, organizaciones de consumidores y usuarios y el Gobierno señala que los precios públicos "deben relacionarse con la política de becas y ayudas al estudio, para conocer de manera adecuada el coste que conllevan los estudios universitarios". 

Los estudiantes de posgrados son, sin duda, los más perjudicados por el decreto de "racionalización del gasto educativo" que, en 2012, promovió un cambio en las formas de pago en los campus públicos. El nuevo sistema supuso incrementos de al menos el 50% en el precio medio de los créditos en diez autonomías, tal y como ha podido constatar infoLibre analizando los datos del Ministerio de Educación y de los boletines oficiales de las comunidades. La tabla completa con todos los precios se puede consultar aquí. 

No obstante, los principales aumentos se han registrado en Cataluña, Castilla y León y la Comunitat Valenciana, donde los másteres han llegado incluso duplicar su precio en el último lustro. En Cataluña, el precio medio del crédito ha pasado de 27,73 euros en el curso 2011-2012 a 65,87 euros en el 2016-2017 (+138%); en Castilla y León, ha subido de 20,63 euros a 41,58 (+102%); y en la Comunitat Valenciana ha pasado de 23,83 euros a 46,20 (+94%).

El precio total del posgrado es el resultado de multiplicar el número de créditos del programa completo –al menos 60 en el caso de los másteres– por el importe de cada crédito. Así, por ejemplo, hacer un máster en una universidad pública catalana ha pasado de costar, como mínimo, alrededor de 1.660 euros, a casi 4.000 euros. Además, los alumnos tienen que satisfacer otros gastos administrativos como la apertura del expediente académico, el seguro escolar o los gastos de secretaría. 

Pero estas no son las únicas comunidades en las que los posgrados han aumentado de precio de manera significativa. En Madrid –a pesar de que ha habido descensos progresivos en los dos últimos ejercicios– estudiar un máster costará este curso un 79% más que hace cinco años, pues el crédito ha pasado de costar 29,41 euros de media a 52,65. En Navarra, por su parte, los precios llevan congelados desde el curso 2013-2014, pero desde entonces se ha consolidado un aumento medio del 69%, al pasar de 26,29 euros a 44,32. El porcentaje de aumento es similar en La Rioja (+66%), donde el crédito vale ahora casi 16 euros más que hace cinco cursos (de 23,83 a 39,52).

Una subida consolidada 

Los másteres se han encarecido por encima del 50% en más comunidades. Es el caso también de Cantabria (+64%), Murcia (+54%) y Extremadura (+52%). En Aragón, la subida ha sido superior al 49% en el período analizado. Aunque de forma menos relevante también han aumentado los precios públicos de los estudios de posgrado en Asturias (+30%), Canarias (+18%), Baleares (+13%) o País Vasco (+11%). 

La tabla la cierran Galicia, donde los másteres apenas han subido un 6% en el período analizado, y Andalucía, donde el aumento ha sido del 3%. Además, Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma en la que cursar un posgrado es ahora bastante más barato que hace un lustro. El Ejecutivo de Emiliano García-Page (PSOE) anunció el pasado abril que el precio de los másteres se iba a reducir prácticamente a la mitad. Ese descenso se plasmó en una orden que el boletín oficial publicó el pasado 23 de junio. 

Estos datos explican que, a pesar de las bajadas o congelaciones que algunas comunidades han llevado a cabo especialmente desde el curso 2014-2015, las matrículas continúen lastradas por las subidas de años anteriores prácticamente en casi todas las comunidades. Precisamente para el curso que está a punto de empezar hasta cinco comunidades han anunciado rebajas, si bien sólo en Castilla-La Mancha estos descensos supondrán realmente revertir el tasazo de Wert. En cualquier caso, las tasas sí serán más baratas que el curso anterior en Aragón (-20%), Madrid (-10%), Murcia (-6%) y Cantabria (-4%). 

Además, España sigue manteniendo un sistema de precios muy dispar. De hecho, hacer un máster en una universidad pública catalana cuesta cuatro veces más que hacerlo en la más barata de España, la Universidad de Castilla-La Mancha: 65,87 euros el crédito frente a 15,81. Es decir, por estudios que en principio son similares, un alumno puede pagar casi 4.000 euros y otro apenas 950. [Ver la tabla completa del precio medio por crédito en cada comunidad, aquí]

Entre las comunidades más caras, a Cataluña le siguen Madrid, donde el crédito cuesta 52,65 euros de media; la Comunitat Valenciana (46,20 euros); Navarra (44,32 euros); Castilla y León (41,58 euros) y Murcia (41,46 euros). Por el contrario, Castilla-La Mancha (15,81 euros), Galicia (26,49 euros) o Andalucía (29,57 euros) volverán a ser las autonomías con precios más bajos.

La reforma del 3+2

Los estudios de posgrado han estado en los últimos cursos en el centro del debate por las críticas de la comunidad educativa al decreto –aprobado en enero de 2015– que da a los campus la posibilidad de impartir carreras de tres años a complementar con másteres de dos años. Aunque los rectores acordaron aplazar esta reforma de las carreras hasta 2017 al considerar que el Ejecutivo proponía una aplicación "apresurada", los estudiantes se han movilizado durante el último curso contra su implantación. 

Es cierto que este modelo de 3+2 aproxima a España al modelo dominante en Europa, donde se considera que los tres años del grado proporcionan un conocimiento genérico que debe ser completado con la especialización del master. De hecho, sólo Grecia, Ucrania, Bulgaria o Chipre siguen manteniendo un sistema similar el español, según un informe de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP).

Sin embargo, su aprobación ha generado la repulsa de colectivos de estudiantes, sindicatos, partidos de la oposición y parte de los rectores, que coinciden en resaltar su coste social e insisten en ubicar la reforma en un contexto de recortes que ha dejado tocado el sistema de becas. Expertos consultados por infoLibre para un reportaje publicado en 2015 [consultar, aquí] también coincidían en señalar que esta reforma acarrearía una devaluación de los grados y que los posgrados, con precios más altos, se harían "más necesarios" pero, claro, para quien los pueda pagar.

"Es importante situar este decreto en un escenario de aumento de las tasas y en el que el precio de los créditos de los másteres, de media, duplica el de los grados. Ahí se va a generar una cuestión económica en dos sentidos: los posgrados van a ser más caros [la docencia pasará a ser de dos años] y el grado como título en el mercado de trabajo se va a devaluar. No olvidemos que un año supone el 25% de la formación", señaló el sociólogo José Saturnino Martínez, experto en economía de la educación. 

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Mañana, segunda parte:

Análisis de la evolución de las tasas

en los estudios de grado (antigua licenciatura)

El sistema universitario español no cuenta con ningún representante entre los 150 mejores campus del mundo, según la clasificación que elabora anualmente la Universidad de Shanghái, informa Europa Press. De hecho, sólo un centro español, la Universidad de Barcelona, ocupa un puesto por debajo de los 200, concretamente el 176. El centro catalán repite la posición que obtuvo en 2015 y sigue siendo la española mejor valorada. 

En la posición 201 se coloca la Universidad Autónoma de Barcelona, seguida por la Autónoma de Madrid, que ha avanzado al puesto 202 en un año. Ambas ya estaban hace un año en la horquilla entre 200 y 300. La Universidad Complutense de Madrid y la Pompeu Fabra, por su parte, que en 2015 habían alcanzado el top 300, caen ahora un peldaño y se sitúan en 2016 entre las 301 y las 400 mejores de la lista de Shanghái.

Entre las 301 y las 400 mejores se encuentran también la Universidad Politécnica de Cataluña, la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Santiago de Compostela, que ha subido puestos en este último año, pues que en el pasado se encontraba entre las 401 y las 500 primeras instituciones académicas. La Politécnica de Valencia, por su parte, mantiene su retroceso, ya que en 2014 también figuraba entre las 300 primeras.

En los cien últimos puestos del listado mundial aparecen la Universidad del País Vasco, la Universidad de Valencia y la Universidad Rovira i Virgili, que hace un año estaba fuera de las 500 mejores. De este modo, en el último año se han caído del ranking mundial de las 500 mejores la Universidad de Zaragoza y la Universidad de Sevilla, que volvió a estar incluida el año pasado y que se queda de nuevo fuera.

Lideran el ranking las universidades estadounidenses, con Harvard a la cabeza, que ocupan ocho de los diez primeros puestos junto a las británicas Cambridge –quinta– y Oxford –décima–. El resto del top 10 lo conforman la Universidad de Stanford, el Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT), la Universidad de California-Berkeley y la de Princeton, el Instituto Tecnológico de California, y las universidades de Columbia y Chicago.

Las últimas estadísticas difundidas por el Ministerio de Educación [consultar, aquí] constatan un descenso del 4,8% en el número de universitarios que recibieron becas financiadas por este departamento en el curso 2014-2015 respecto al anterior. En cifras absolutas, el descenso fue de 24.734, pues el número de estudiantes que recibieron ayudas estatales pasó de 547.158 a 524.409. Por el contrario, el número de becarios de las autonomías se mantuvo muy estable. Hubo un descenso de 12 (de 74.285 a 74.297). 

Esta caída en el número de becarios se explica principalmente por el cambio de los criterios de acceso a las becas Erasmus que puso en marcha con polémica el exministro José Ignacio Wert. El importe de la beca Erasmus consta de tres partes: la que paga el Ministerio de Educación, la que abonan las autonomías, y la que pone la UE. Pues bien, Educación acordó entonces que sólo accederían al complemento ministerial los alumnos que cumplieran los requisitos de las becas denominadas de carácter general. 

Las estadísticas reflejan ahora las consecuencias de una decisión que el ministerio argumenta señalando que hay "un menor número de beneficiarios, pero que reciben una ayuda mayor". Lo cierto es que mientras en el curso 2013-2014 un total de 39.125 alumnos recibieron el complemento del ministerio para estudiar en el extranjero, en el 2014-2015 apenas fueron 8.022 los que accedieron a esas becas más cuantiosas, pero también académicamente más exigentes. El descenso es del 79,5%. 

Suben las compensatorias 

En cualquier caso, el sistema ideado por José Ignacio Wert tiene los días contados. El pasado mayo el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, anunció que se iba a rectificar el modelo volviendo al sistema anterior. Justificó el cambio con las quejas de los rectores ante la carga de gestión y las trabas administrativas que generaba tener dos programas distintos: el de los estudiantes que mantenían la ayuda estatal (Erasmus.es) y el de los que sólo recibían la de la UE (Erasmus+).

La caída en el conjunto de becas de carácter estatal (-24.734) es inferior a la registrada entre los erasmus (-31.103) porque aunque hubo partidas que se mantuvieron estables, otras sí registraron aumentos. Es el caso, por ejemplo, de las llamadas becas compensatorias, que son las que reciben los estudiantes de familias de ingresos muy bajos, que pasaron de 87.443 a 92.447 (+5,7%); o de las de transporte, que aumentaron un 25,5% al pasar de 3.966 a 4.978. 

En el curso 2014-2015 también hubo 146.931 becas menos en las enseñanzas obligatorias (infantil, primaria, secundaria y especial) que en el 2013-2014. Este descenso se explica por la bajada en las ayudas para libros de texto, las que reciben las familias con menos recursos. Estas pasaron de 437.738 a 265.612 en el período analizado. El descenso fue de 172.126 (casi un 40%), de las que 140.433 fueron en Galicia, donde los alumnos que antes recibían becas ahora acceden a un sistema de préstamo. 

El gasto total, a la baja 

Las estadísticas publicadas este viernes por el Ministerio de Educación también ofrecen una panorámica de la evolución del gasto educativo en España. Y evidencian que la crisis económica ha dejado muy debilitado al sector. Entre 2009 (cuando hubo un pico de inversión) y 2014 (el último ejercicio del que hay datos disponibles), el dinero que destinan las Administraciones a la educación ha pasado de 53.895 millones a 44.846 millones. En cifras absolutas el descenso es de 9.048 millones de euros (-16,8%).

La educación no universitaria perdió en ese período 5.857 millones de euros (-15,9%) al pasar de 36.854 millones a 30.997. Especialmente mermadas quedaron las partidas dedicadas a la investigación educativa, que perdió un 63% de su presupuesto al menguar de 151 millones de euros a apenas 55; o el dinero para la formación del profesorado, que pasó de 276 millones anuales a 145 (-47,5%). 

Por otro lado, la formación universitaria también vio reducidos sus fondos, al pasar de disponer de un presupuesto anual de 10.541 millones de euros a 8.886 (-15,7%). En concreto, las universidades públicas vieron recortados sus presupuestos entre 2009 y 2014 un total de 1.419 millones de euros al pasar de 10.179 millones de euros a 8.759. En porcentaje, el recorte es del 13,9%.

Mientras tanto, el número de alumnos subió un 6,5% en las enseñanzas de régimen general en el mismo período (493.181 más hasta los 8,1 millones de estudiantes) y el 9,3% en universitaria, con 114.000 más hasta un total de 1,3 millones. 

En términos de participación del PIB del año 2014, el gasto educativo se sitúa en el 4,31%, es decir, en el mismo nivel que en 2005, algo menos que en 2013 (4,36%) y lejos del 4,99% que se alcanzó en 2009. Desde el departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo apuntan, no obstante, que los datos de 2014 representan una "estabilización del gasto en educación en España tras los ajustes realizados en ejercicios anteriores debido a la crisis económica".