La situación de interinidad política también tiene efecto en las aulas. El fracaso de las distintas negociaciones para la formación de Gobierno iniciadas desde el pasado diciembre ha dado al traste con las aspiraciones de los opositores a la reforma educativa impulsada por el exministro José Ignacio Wert de que un Parlamento con funciones plenas y un nuevo Ejecutivo –incluido uno del PP que tuviera que haber aceptado ciertas concesiones– limitara el impacto de esa norma en este curso. 

El calendario fijado por el Ministerio de Educación [consultar en PDF, aquí] prevé que en junio de 2017 más de medio millón de alumnos realicen por primera vez tanto la evaluación final de ESO como la evaluación final de Bachillerato, que es la que sustituye a la Selectividad. Este curso, al ser primero, ninguna de las dos tendrá efectos académicos, es decir, no será necesario superarlas para graduarse como sí ocurrirá a partir del curso 2017/2018.

A partir de ese año, los alumnos que no aprueben en 4º de ESO solo podrán matricularse en FP básica y los que no hagan lo propio con la de 2º de Bachillerato no podrán ir a la Universidad. Si quieren seguir estudiando se tendrán que conformar con la FP. No obstante, la prueba de Bachillerato sí tiene especial relevancia ya a partir de este curso, pues conformará el 40% de la nota final con la que cada estudiante intentará acceder a la Universidad. Como hasta ahora, el otro 60% procederá de la media del curso.

En las comunidades en las que siguen gobernando los conservadores –Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia– estas pruebas se harán tal y como se recoge en el real decreto de desarrollo. También se acatará la propuesta del ministerio en Castilla y León (PP), a pesar de las reticencias de su consejero de Educación, Fernando Rey, que ha señalado en alguna ocasión que estas evaluaciones podrían expulsar a alumnos del sistema educativo. 

Mientras, las comunidades opositoras intentarán que se paralicen. Los Gobiernos de Aragón, Canarias y la Comunitat Valenciana han anunciado que van a recurrir ante el Tribunal Supremo el decreto que regula ambas reválidas, que fue aprobado el pasado 29 de julio, con el Gobierno del PP en funciones. 

Educación: las reválidas "se harán" 

No obstante, si no prosperan estos recursos, las fuentes consultadas creen improbable que las autonomías opositoras lleven a cabo para las pruebas de Bachillerato métodos alternativos como los que sí pusieron en marcha con las evaluaciones que la ley prevé en Primaria. Es decir, que la evaluación de Bachillerato se hará tal y como está pautado. No hacerlo –señalan– podría contribuir a generar la sensación entre los estudiantes de que no hay "igualdad de oportunidades" en el acceso a la Universidad. 

En una entrevista en la Cadena Ser, el ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, aseguró que las reválidas "se harán" e intentó lanzar un mensaje de tranquilidad asegurando que la nueva prueba "se va a parecer mucho a la Selectividad". Una afirmación llamativa puesto que su predecesor y principal impulsor de la ley que ha traído estos cambios, José Ignacio Wert, dijo en 2013 que la Selectividad "no funciona" porque la "pasan" el 94% de los alumnos. 

En esa misma entrevista, Méndez de Vigo insistió en que la evaluación final de Bachillerato había sido pactada con los rectores, que durante los primero meses de 2016 intentaron –sin éxito– que el Gobierno accediera a prorrogar la Selectividad. Finalmente se creó una comisión mixta entre representantes del ministerio y rectores en la que Educación acabó cediendo: la prueba se seguirá haciendo en las facultades, será corregida por funcionarios y la nota final servirá para todos los campus.

No obstante, según el real decreto que regula ambas reválidas, que fue aprobado el pasado 29 de julio con el Gobierno del PP en funciones, el Ministerio de Educación tiene que establecer antes del 30 de noviembre de 2016 "las características, el diseño y el contenido" de esas dos pruebas para el curso 2016/2017. 

Pruebas externas de ESO 

Cuestión diferente es lo que pueda ocurrir con la evaluación final de ESO este curso que todavía no tiene efectos académicos. Aunque no prosperen los recursos presentados ante el Tribunal Supremo, las comunidades lo tendrían más fácil para buscar fórmulas que pudieran "minimizar" su impacto como ya hicieron el curso pasado con las evaluaciones externas de Primaria, aunque eso les pueda acarrear apercibimientos por parte del Ministerio. 

De hecho, las seis comunidades gobernadas por el PSOE –Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, la Comunitat Valenciana y Extremadura– sustituyeron el curso pasado el examen final de Primaria por "informes individualizados" realizados por los propios docentes y después supervisados por una "comisión externa".

Esta actuación provocó la reacción de la Alta Inspección del ministerio, que las apercibió por escrito. Educación también reprendió a los Ejecutivos de Cataluña (Junts Pel Sí) y el País Vasco (PNV) por no ceñirse a la ley en la realización de esta prueba. 

Gomendio vinculó el descenso de la tasa de abandono escolar con el aumento de matriculaciones en Formación Profesional debido, según dijo, al "mensaje" lanzado desde el Ministerio de Educación de que la formación en oficios tiene unos mayores niveles de empleabilidad. La realidad es que son miles los jóvenes que en los últimos años han vuelto la mirada hacia la enseñanza de oficios con la esperanza de que una mejor preparación les haga más competitivos a la hora de regresar o de incorporarse al mercado de trabajo.

Según las previsiones del Ejecutivo para este curso serán 793.034 los alumnos que cursarán estudios de FP, un 29,8% más de los 610.860 que lo hicieron en el curso 2011-2012. La número dos de Wert, sin embargo, evitó vincular este hecho con la crisis económica y la alta tasa de paro, especialmente entre los jóvenes, e insistió en que el gabinete que está al mando de Educación desde finales de 2011 "ha lanzado mensajes conceptuales que han calado en las famailias" más allá de las cuestiones "de concepto" que se implantarán ahora con la llegada de la reforma educativa. 

En cualquier caso, a pesar de esta bajada, la tasa sigue estando por encima de la media de los países de la OCDE y casi doblando la europea, por lo que la responsable educativa señaló que la tasa es "inaceptable" y que por eso es necesaria la reforma educativa.

Por otro lado, la secretaria de Estado anunció algunos de los puntos clave de la llamada Estrategia de Competencias que impulsará junto a la OCDE, la Comisión Europea y varios ministerios. Uno de los aspectos más relevantes de esta iniciativa es el hecho que, a la hora de elegir carrera o ciclo de FP, Educación quiere que los alumnos tengan información sobre el nivel de empleabilidad que puede ofrecerles estos estudios con datos relativos a la tasa de paro en ese sector o nivel salarial. Según dijo Gomendio esta es una iniciativa que ya conocen los rectores y que el ministerio espera que se pueda comenzar a aplicar a partir del próximo año. 

Pero, ¿saben los adultos responder a correctamente a las preguntas sobre competencia financiera a las que se han enfrentado los alumnos de 15 años? 

Puedes comprobarlo realizando este pequeño test elaborado por Europa Press a partir de preguntas reales utilizadas en la prueba. 

La última edición del Informe PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos) revela que España, a pesar de que escala posiciones de forma muy leve en Matemáticas y Ciencias, sigue estando por debajo de la media de los países de la OCDE, es decir, de las economías más desarrolladas del mundo, en los conocimientos y destrezas que mide este informe cada tres años. La situación es, por tanto, de estancamiento. Sin embargo, este documento también evidencia una tendencia preocupante. El sistema educativo español, considerado hasta la fecha muy equitativo, experimenta un avance hacia la desigualdad. De hecho en 2012, los alumnos con un nivel socioeconómico favorecido superaron a los alumnos menos favorecidos en 34 puntos. Se trata de una diferencia superior de seis puntos respecto a la observada en 2003.

infoLibre desgrana cuáles son algunos de los datos más relevantes del documento que los gobiernos presentaron este martes en todas las capitales de los 65 países participantes.

Leve mejora en los resultados. Aunque escalan posiciones, los jóvenes españoles de 15 años –a los que evalúa este informe– tienen competencias educativas que siguen estando por debajo de la media de las de sus semejantes en las economías desarrolladas. Así, en Matemáticas –destreza en la que se centra en esta ocasión el informe– los alumnos tuvieron una media 484 puntos, sólo un punto por encima del resultado logrado en en 2009. La media de la OCDE se sitúa en 494 puntos. Este resultado sitúa a España en el puesto 33 de los países participantes. El rendimiento en Lectura tampoco ha variado sensiblemente desde el año 2000 –ha disminuido de 493 a 488 puntos– por lo que no se considera significativo. En Ciencias, el rendimiento de España se sitúa justo por debajo de la media. Y ha permanecido prácticamente estable desde 2006, pues ha habido una mejora de 488 a 496 puntos. 

Menos equidad. El informe revela que la equidad en los resultados educativos ha empeorado entre 2003 y 2012. En 2012, los alumnos con un nivel socioeconómico favorecido superaron a los alumnos menos favorecidos en 34 puntos en Matemáticas. Se trata de una diferencia superior de seis puntos respecto a la observada en 2003. Además, los alumnos españoles "resilientes", es decir, los que tienen buenos resultados pese a su situación de desventaja social también caen del 8 al 6%. Por tanto, la equidad del sistema educativo español, una cualidad ensalzada hasta la fecha, comienza a tambalearse. "Tenemos un problema de equidad, que se ha ido deteriorando con los años", reconoció incluso la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, en la presentación de los datos ante la prensa. 

El lastre de los repetidores. Un tercio de los 25.313 alumnos de 15 años que se sometieron a esta prueba en mayo de 2012 declararon haber repetido al menos un curso. Se trata de un incremento de cuatro puntos porcentuales respecto a 2003. En España, según refleja este documento, el  coste anual por alumno repetidor se estima en más de 20.000 euros. Este es uno de los factores que contribuyen a empeorar la equidad. 

Excelencia. El informe también refleja que los alumnos excelentes son muy escasos en España. Tan solo un 8% alcanza los máximos resultados. En los países de más éxito, como Corea del Sur, Finlandia y Canadá, este tipo de escolares están por encima del 13% del total. Además, el 24% de los escolares de 15 años están rezagados en Matemáticas. Esta proporción es similar a la media de la OCDE y no ha cambiado significativamente desde 2003, cuando fue del 23%. 

Más inversión no es más éxito. Este nuevo informe de la OCDE vuelve a poner de manifiesto que no hay una relación causa-efecto entre inversión y éxito educativo. De hecho, los resultados sólo mejoran ligeramente en dos de las destrezas analizadas –Matemáticas y Ciencias– a pesar de que el gasto educativo ha aumentado un 35% desde 2003. 

Autonomías. El informe refleja grandes diferencias entre entre las autonomías. Y la brecha entre las comunidades ricas y las pobres es apreciable a simple vista con dos excepciones: Baleares y Castilla y León. Así, se observa una diferencia de hasta 55 puntos entre Navarra y Extremadura en rendimiento en Matemáticas, lo que equivale a "casi un año y medio de escolarización", según detalló la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio. Así, los alumnos de 15 años de Navarra, Madrid y Castilla y León son los que mejores resultados obtienen en Matemáticas, Lectura y Ciencias, respectivamente, entre las catorce comunidades que han participado con muestra propia en PISA 2012, por encima de las medidas de España y de la OCDE. Canarias, Comunitat Valenciana y Castilla - La Mancha esconden su población a los ojos fiscalizadores de este informe. Murcia y Extremadura se sitúan a la cola, por debajo de las medias citadas. En España, según datos del informe, más del 85% de las diferencias en el rendimiento en Matemáticas es atribuible a diferencias socioeconómicas, frente al 47% de las regiones de Italia, el 16% de Canadá y el 26% en Australia. 

Los países asiáticos, a la cabeza. En el informe varias regiones administrativas de China, con Shanghái a la cabeza, se sitúan entre los diez primeros puestos. En segundo lugar se sitúa Singapur, seguido de Hong Kong (China), Taipei (China), Corea del Sur, Macao (China) y Japón, mientras que completan la lista de los diez primeros Liechtenstein, Suiza y Holanda. Finlandia, el paradigma en las últimas ediciones de la excelencia educativa, ha caído hasta el puesto número 12, con 519 puntos.

La Plataforma Estatal por la Defensa de la Escuela Pública –integrada por asociaciones de padres, sindicatos de profesores y estudiantes– ha salido de nuevo a la calle este sábado para mostrar su oposición a una ley que, dicen, no sólo no fomentará la "excelencia y la calidad para todos" a la que tantas veces se ha referido el titular de Educación, sino que acarreará más desigualdad. En esta ocasión, la movilización se ha articulado en forma de 'Marcha a Madrid' desde todas las comunidades autónomas.

“Miles de personas han venido desde distintos puntos de la geografía española. Nosotros creemos que esta va a ser una generación perdida porque la LOMCE condena a la marginalidad a miles de familias y a sus hijos. Van a hacer imposible que los hijos de una familia perteneciente a las capas sociales más desfavorecidas de este país no tengan derecho a la educación”, explicó Jesús Sánchez, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), organización que ha presentado un recurso contra el Real Decreto de Becas al considerar que estas “tienen que ser un derecho y no un premio”.

La protesta, que llevó por lema No a LOMCE. No a los recortes. No a las contrareformas, recorrió el centro de la capital, desde la Plaza de España hasta la confluencia de Gran Vía con Alcalá, casi enfrente del Ministerio de Educación.

El texto que se aprobó de forma definitiva este jueves –el rodillo de los conservadores frenó en seco las peticiones de retirada del proyecto en comisiones del Congreso y el Senado– contiene las líneas maestras con las que salió del Gobierno, si bien consolida el giro hacia la enseñanza concertada y, entre otros asuntos, apuntala aspectos como la cesión de fondos públicos a colegios que segregan por sexo o las atribuciones de los docentes de la privada subvencionada. Aunque la norma mantiene el plazo de entrada en vigor, que será el curso 2014-2015, finalmente su aplicación se hará en dos años y no en tres tal y como reclamaron al Gobierno algunos consejeros de Educación de autonomías gobernadas por el PP.

Desde Asturias ha venido el maestro de escuela Jorge Fernández, quien ha criticado que el Gobierno “no escuche al pueblo” porque “toda la clase social y los trabajadores están en contra”. No obstante, Fernández ha lamentado la poca presencia de los jóvenes en las manifestaciones contra la Ley LOMCE y ha instado a las generaciones venideras a “tomar la calle”.

En representación del Sindicato de Estudiantes, Ana García, su secretaria general, ha manifestado que la LOMCE “es una ley franquista que pretende devolvernos a las cavernas educativas cuando solo los hijos de los ricos tenían derecho a una educación de calidad”.

Criticada por la comunidad educativa y la oposición por la falta de consenso con la que se ha construido, la llamada ley Wert contempla también adelantar al tercer curso de la ESO la elección de itinerarios hacia la FP o el Bachillerato; pruebas externas al final de cada etapa desde Primaria que serán reválidas al final de ESO y Bachillerato; refuerza el papel de la Religión, que tendrá una alternativa fuerte y contará para hacer media y acceder a becas o da más poder a los directores en detrimentos de las competencias que hasta ahora tenía el Consejo Escolar, entre otros aspectos.

Durante la protesta se escucharon gritos del tipo: “¡Wert dimisión, fuera de la educación!”, “¡Si esto no se arregla, huela general!” y “¡Que no, que no tenemos miedo!”. Los manifestantes, venidos de distintas localidades, portaban grandes banderas de sus respectivas comunidades autónomas con la leyenda “NO a la Lomce”.NO a la Lomce”.

“Después de hacer 400 km queremos que la voz de los hombres y mujeres de Euskadi digan no a esta ley que se acaba de aprobar. Van a conseguir que las cuestiones relativas a la educación pasen a un segundo término. Que las cuestiones de democracia y ciudadanía queden poco resultas y que las cuestiones de reparto democrático de la enseñanza queden relegadas a un segundo plano. Quieren imponer una enseñanza cada vez más dogmática y menos libre”, aseveró Pablo García de Vicuña, secretario general de CCOO de enseñanza de Euskadi.

La ley de la “fundación FAES” en lugar de un pacto nacional

Una de las cuestiones que empieza a escucharse en la calle es el denominado “pacto nacional de educación” que ponga de acuerdo a los partidos de distinto signo político y evite que las leyes de educación se rijan por un turnismo bipartidista. “Llegan unos y ponen una ley. Llegan los siguientes y la cambian. No tiene que ser un pacto de Estado, sino un pacto social que ponga de acuerdo a todo el mundo. Mientras sea algo político, nunca llegaremos a nada”, indicó Mari Luz González, del Sindicato Trabajadores de la Enseñanza Castilla y León.

No obstante, el profesor de educación secundaria de Palencia, Carlos Pedrosa, criticó que durante el último Gobierno “se estuvo a punto”, pero “ya sabemos porque no se hizo. El PP tenía su ley escondida para cuando llegara al poder”. El presidente de CEAPA, Jesús Sánchez, añadió que “conocedor de que las encuestas le daban la mayoría absoluta el PP hizo su ley, que no es ni suya. Es la ley de la fundación FAES, la que incluye la ideología de la derecha más rancia de este país”.

En la más absoluta soledad y a golpe de mayoría absoluta. Así se aprobó de forma definitiva este jueves en el Congreso la que será la séptima ley orgánica que regulará la Educación en democracia. El proyecto fue refrendado por 182 de 350 diputados. Sólo los parlamentarios conservadores votaron a favor. UPN se abstuvo. El resto de grupos lo hicieron en contra. E incluso Foro de Asturias, que se abstuvo en la primera votación en esta Cámara, se posicionó en contra en esta ocasión. Ni el presidente del Gobierno ni ningún ministro acompañaron a Wert durante el debate.

Si algo ha conseguido este texto es aglutinar un espectacular consenso en su contra. Y eso a pesar de que desde el PP y desde el Gobierno insisten en que la reforma está legitimada por los 10,8 millones de votos que auparon a Mariano Rajoy a la Moncloa. "Hay un tiempo de destruir y un tiempo de construir", dijo Wert antes de afirmar que, tras esta aprobación, "haya llegado el de construir". Sin embargo, la ley no gusta a la escuela pública, que la critica por favorecer la "inequidad", aunque tampoco a la concertada. Ha sido criticada por los sectores laicistas por poner la Religión a la altura de las Matemáticas, pero también cuestionada por los obispos, que creen que podría adaptarse más a sus intereses.

En el Congreso ha suscitado agrios debates e incluso ha arrancado el compromiso de toda la oposición, salvo UPyD, UPN y Foro Asturias, de derogarla si el PP sale del Gobierno. Las autonomías en las que no gobierna el PP la rechazan de forma frontal e incluso País Vasco y Cataluña se plantean la insumisión. Ambas han anunciado que la llevarán al Tribunal Constitucional. Y hasta el Consejo de Estado, en un dictamen no vinculante, recomendó mantener la asignatura de Educación para la Ciudadanía y mostró dudas sobre la financiación del proyecto.

Esta oposición unánime también se ha hecho evidente este jueves en el Congreso. De los versos cantados de la diputada de Amaiur Maite Aristegi –"Estamos construyendo nuestra propia educación en Euskal Herria, no permitiremos que la LOMCE entre en nuestras aulas", entonó en euskera desde la tribuna– a la camiseta verde con la que diputada de IU Caridad García expresó su rechazo a una norma que, dijo, es "mala desde sus inicios" y sólo gusta a los sectores más retrógrados de la comunidad educativa. Desde el PSOE, el parlamentario Mario Bedera dijo que el contenido de la ley es "excluyente" e "ineficaz" y que supone un canto al "ultraliberalismo más exacerbado". "Dimita y llévese bajo el brazo su ley y así otros pensaremos que ha sido un mal sueño", le dijo al ministro Wert, que le escuchaba desde un hemiciclo lleno de asientos vacíos.

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, en el Congreso. EFE

También criticaron la reforma los partidos nacionalistas, que sostienen que invade competencias. El portavoz de Educación de CiU, Martí Barberà, señaló que esta norma está hecha para "atacar el modelo de inmersión lingüística de Catalunya y el modelo de escuela catalana". “Señor Wert debe explicar claramente que usted busca una solución a un problema que no existe. Es un ataque ideológico a un pilar básico de nuestra identidad, de nuestra nación. Creo que sería de justicia ser claro y nítido, quiere recentralizar competencias, homogeneizar…controlar ideológicamente la educación, despreciar la diversidad e imponer su ideología”, aseveró. 

La diputada del PNV Isabel Sánchez Robles describió la ley como un "enorme muro" que separa al sistema educativo de la realidad social y educativa. Señaló también que es un "dislate jurídico", que presenta "injerencias" en el ámbito competencial y que "menoscaba" el derecho a la educación. 

En un tono más conciliador, el diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán, ironizó, frente a las críticas y acusaciones a Wert, que el ministro "no quiere despedir a todos los profesores y no se quiere comer a los niños crudos" con su normativa. Sin embargo, aseveró que el "principal error" de la LOMCE es que "vuelve a ser una ley de partido" y criticó el "sacrificio" que sufre la Filosofía o el "disparate" de mantener "a toda costa" las cuotas del Estado y comunidades autónomas en la definición curricular.

Giro hacia la concertada 

El texto que se ha aprobado de forma definitiva contiene las líneas maestras con las que salió del Gobierno, si bien consolida el giro hacia la enseñanza concertada y, entre otros asuntos, apuntala aspectos como la cesión de fondos públicos a colegios que segregan por sexo o las atribuciones de los docentes de la privada subvencionada. Aunque la norma mantiene el plazo de entrada en vigor, que será el curso 2014-2015, finalmente su aplicación se hará en tres años y no en dos tal y como reclamaron al Gobierno algunos consejeros de Educación de autonomías gobernadas por el PP. La reválida que sustituye a la Selectividad se retrasará hasta 2018. En la ESO la implantación comenzará en el curso 2015-2016 y la nueva reválida que se hará al final de este ciclo no tendrá validez para obtener el título en el curso 2016-2017.

Criticada por la comunidad educativa y la oposición por la falta de consenso con la que se ha construido, la llamada ley Wert contempla también adelantar al tercer curso de la ESO la elección de itinerarios hacia la FP o el Bachillerato; pruebas externas al final de cada etapa desde Primaria que serán reválidas al final de ESO y Bachillerato; refuerza el papel de la Religión, que tendrá una alternativa fuerte y contará para hacer media y acceder a becas o da más poder a los directores en detrimentos de las competencias que hasta ahora tenía el Consejo Escolar, entre otros aspectos. Asimismo, elimina del currículo la asignatura de de Educación para la Ciudadanía

Aloizio Mercadante (Sao Paulo, 1954) acude a la cita con una carpeta repleta de gráficos impresos a todo color. Son los esquemas que prueban los avances que Brasil, país del que es ministro de Educación, ha experimentado en la última década en términos de alfabetización y acceso a la escuelas. Participante de la fundación del Partido de los Trabajadores (PT), ha colaborado en todas las campañas de Lula y desde 2012 forma parte del Gobierno de Dilma Roussef. Acaba de publicar el libro Brasil: de Lula a Dilma. 2003-2013 [Clave intelectual], en el que desgrana la evolución del país bajo el mandato de dos líderes que conoce bien. Aunque evita dar lecciones –"el FMI nos dio muchas a los brasileños y se equivocó", asevera– dice que el mejor ajuste fiscal es el crecimiento económico. En su país, por acuerdo parlamentario, el 75% de los beneficios del petróleo se dedica a la educación pública. 

A pesar de los avances del último periodo, la Educación sigue siendo el talón de Aquiles de Brasil. El 20% de los alumnos que acaban la Primaria lo hacen sin saber leer y escribir, entre otros indicadores negativos. ¿Qué retos tiene por delante?

Nosotros tenemos un déficit histórico muy profundo. Cuando Harvard fue construida, en el siglo XVII, había doce universidades de lengua española en América Latina. Nuestras primeras universidades tienen apenas un siglo. Brasil tiene un proceso de colonización y desarrollo muy excluyente en relación con la Educación. Tenemos que ir muy rápido y eso no es fácil. En 1997 un 34% de los niños de 5 y 6 años estaban escolarizados. Hoy lo están el el 94%. La escuela era obligatoria a partir de los siete años. Hoy lo es desde los seis. Y en 2016 lo será a partir de los cuatro. 

En la enseñanza media en estos últimos diez años, el número de alumnos ha aumentado un 120%. Hay cinco millones de estudiantes más. Hoy tenemos 71 millones de estudiantes en la escuela pública, 200.000 colegios y dos millones de maestros. Lo que estamos haciendo es también una fuerte inversión en Educación Infantil con construcción de infraestructuras y con unas becas que se han doblado para los niños de familias más desfavorecidas. La matrícula universitaria ha aumentado un 160% en el mismo periodo. Hemos puesto en marcha programas de ayudas y de cuotas para la integración de todos los sectores de la población. En Brasil la población negra es el 51% del total. En 1997 sólo el 2% estaba estudiando o tenían un título superior. Hoy son el 10%. Queremos que tengan el peso relativo que tienen en la población. También estamos apostando por la Formación Profesional. 

Pero estas inversiones no se reflejan todavía en avances en estudios internacionales como puede ser el informe PISA. 

Partimos de muy atrás. Si mira el informe PISA, en el primero en el que participamos estábamos a la cola. En el último somos el tercer país que más desarrolló la calidad de la Educación entre los jóvenes 15 años. En el próximo –que se publica el próximo 3 de diciembre– estaremos entre los que más han evolucionado. Y eso a pesar de que en los últimos diez años hemos añadido al sistema a cinco millones de personas que no estaban escolarizadas. Con esta inclusión masiva mantener la calidad no es fácil. La fotografía actual no es buena, pero la película sí lo es. El cuadro histórico es desfavorable, pero la veolocidad de la evolución es muy importante. Hace diez años éramos trigésimo segundo país en producción científica, según la indexación en públicaciones científicas. Hoy somos los decimoterceros. 

Las deficiencias en la Educación fueron unos de los temas que sacaron a la calle a decenas de miles de brasileños el pasado verano. ¿No han sabido explicar bien estas políticas o es que realmente hay algo que no está funcionando? 

Estas movilizaciones fueron muy diferentes a las de la Primavera Árabe, donde se pedía democracia. O a las de Occupy, donde la ciudadanía tenía el objetivo de luchar contra un Gobierno que estaba salvando a la banca mientras la gente perdía sus casas. La de los indignados españoles fue una protesta contra el desempleo y la pérdida de derechos e ingresos. En Brasil no pasó eso porque ahora hay más empleo, más renta, más inclusión social, más acceso a la educación. La gente no sabía muy bien por qué estaba en la calle, pero sí por qué no estaba en casa. Y era porque pensaban que el fin de la pobreza es sólo el principio. Nadie quiere un retroceso político. Todos quieren más avances.

Pero algo habrán hecho mal para que la gente proteste... 

Sí. Tenemos problemas con los bajos sueldos de los maestros, o con la carencia de infraestructuras públicas e incluso con la falta de recursos educacionales en general. Pero no hay que olvidar que en Brasil el 75% de los beneficios del petróleo van para la educación pública. Y eso significa que en los próximos treinta años serán unos 350.000 millones de dólares. Eso nos permitirá avanzar más. Según el último estudio de la OCDE, Brasil es el Estado nacional que más compromete el presupuesto público con la educación, un 8,13%. El PIB per cápita de Brasil es de 12.600 dólares. La media es la OCDE es 36.000. 

Creemos que las manifestaciones son positivas. Queremos que la gente luche, participe, sea sujeto político de la historia y no tenga únicamente una actitud consumista e individualista. Hay gente que protestaba por ejemplo por la política de cuotas. Hay una clase media tradicional que siente incomodada porque el hijo de la señora de la casa está perdiendo el espacio en la Universidad en beneficio del de la empleada.

Esa voluntad de invertir en servicios públicos contrasta con las políticas que se vienen llevando a cabo en España en los últimos años. Por ejemplo en Educación habrá en 2014 un 24% menos de presupuesto que hace tres años. ¿Qué le parece? ¿En qué no recortaría nunca usted?

No nos gusta decir a otros lo que tienen que hacer. No somos un modelo, sólo queremos enseñar nuestra experiencia y, si es posible, que sirva a otros para mejorar. Durante mucho tiempo el FMI nos dijo qué era lo que teníamos que hacer y se equivocó. Lo que nos decían no ayudó a resolver nuestros problemas. No creemos en una política ortodoxa regresiva como forma de resolver los problemas económicos estructurales. El mejor ajuste fiscal es el crecimiento económico.

La mejor forma de aumentar la competitividad es crear más empleo, aumentar los ingresos y tener un gran mercado interno de consumo de masas. Es evidente que cuando hay crisis a veces hay que recortar. Es como cuando avión tienen mucha sobrecarga, está claro que tienes que quitarle peso. Pero si recortas en educación, en ciencia o en tecnología es como si a ese avión le quitaras la turbina. No va a llegar a lugar alguno. La educación tiene que ser el eje estructural de la política de desarrollo. Y eso es lo que estamos intentando hacer en Brasil. Por eso la mayor riqueza del país, que es el petróleo, una energía no renovable, irá para la Educación que es una riqueza infinita.

En España, durante los años de bonanza económica decenas de miles de jóvenes abandonaron los estudios para trabajar en la construcción o en empleos de baja cualificación. Ahora, con la crisis, son personas sin empleo y sin formación. ¿Teme que paso algo similar en Brasil al calor del Nuevo desarrollismo y los grandes eventos deportivos?

El peso del fútbol es muy grande en nuestra cultura, pero el peso relativo de la Copa o de las Olimpiadas en nuestra economía es muy pequeño, no tendrá gran importancia. Nosotros tenemos una tasa de desempleo de 5,2%. Apenas 13% de juventud está desempleada. En un país con una desigualdad histórica tan fuerte, las políticas de inclusión son la única forma de distribuir las rentas. Por eso estamos haciendo una política fuerte de Formación Profesional. Tenemos que aumentar la competitividad del trabajo. La estrategia de Brasil sólo se sustenta si la gente estudia, estudia y estudia. El mejor pasaporte para el mercado de trabajo es la educación. Siempre digo que quien estudia escoge lo que va a hacer, quien no estudia es ecogido o no. 

La crisis es como una neblina. España tiene una infraestructura fantástica, tiene una tradición de educación, de ciencia, de tecnología, tiene empresas con liderazgo... Lo que hay en este tiempo es una pérdida de confianza. Hace diez años que estoy en el Gobierno de Brasil, tengo una carrera de militancia política de cuarenta años, soy fundador del PT... Sinceramente querría tener los problemas que España tiene. Nosotros estuvimos veinte años con recesión, hiperinflación, políticas recesivas... y salimos. 

¿Pero por el camino el país no habrá perdido demasiado?

Nosotros perdimos. Lo importante es saber que pasará. Y la juventud no puede tener sólo la protesta como propuesta. Los jóvenes tienen que asumir responsabilidades, hacer alternativas. La gente tiene que decir: yo voy a cambiar esto. Y participar. Nosotros creamos un partido. Estuvimos más de veinte años derrotados y al final llegamos al Gobierno. Cometimos errores, tuvimos limitaciones, pero cambiamos el país. El país es mejor ahora de lo que era para mi generación. Voy a dejar para mis hijos una nación con mucha más perspectiva histórica. Creo que los espaloles tienen que tener confianza, optimismo, esperanza, ganas de luchar por un futuro diferente. 

Sin embargo, de las protestas de los brasileños, al igual de las que tuvieron lugar en España, subyace el mensaje de la desafección, la lejanía que existe entre población e instituciones y el lema “No nos representan”. 

La gente tiene que entender que democracia es disenso. La democracia no es la paz de los cementerios. La democracia es lucha. Mi generación no puede quedarse soñando con el futuro mientras la derecha gobierna. Hay que ser realista, tener organización, liderazgo interno. Cuando empezamos bajo la dictadura no había partidos, sindicatos libres, mucha gente murió luchando por un espacio democrático. Cambiamos las cosas. Los jóvenes tienen que entender ahora que Internet no sustituye a la política, sólo le da una dimensión nueva. La clave es la organización. 

Que la reforma educativa del Gobierno de Mariano Rajoy, la séptima que regulará este ámbito en democracia, da un giro hacia la enseñanza privada sostenida con fondos públicos es un mantra que docentes, padres y alumnos de la escuela pública llevan defendiendo desde que se conoció el primer borrador. El proyecto que salió del Ministerio de Educación ya contenía algunos aspectos que sugerían un giro hacia la remodelación neoliberal de la enseñanza que inició Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid.

Ahora, tras su paso por el Congreso y el Senado, el texto que será refrendado en la Cámara baja apuntala determinados aspectos como la cesión de fondos públicos a colegios que segregan por sexo, las atribuciones de los docentes de la privada subvencionada o la renovación de conciertos. infoLibre resume las principales concesiones a la escuela privada que prevé la reforma educativa: 

01. Demanda social

La batalla entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza –que se reconozca el derecho de los padres a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos, en el marco de los principios constitucionales– ha sido uno de los puntos de conflicto tradicionales entre izquierda y derecha en el terreno educativo. No obstante, fueron los socialistas los que en 1985 implantaron la doble red sostenida por el Estado para universalizar la educación básica. Ahora, la nueva legislación educativa que se aprobará en el Congreso incluye el concepto de "demanda social" a la hora de programar las plazas.

Es decir, señala que la preferencia de los padres estará por encima de la capacidad de las Administraciones de primar a la pública y que la creación de centros concertados no será una decisión del Gobierno de cada comunidad en función de su planificación y sus necesidades sino que por ley cualquier colegio privado, si tiene demanda, sea subvencionado.

Por otra parte, la ley actual, de 2006, señala que “las Administraciones educativas garantizarán la existencia de plazas públicas suficientes, especialmente en las zonas de nueva población”. El nuevo texto, sin embargo, no precisa si estas nuevas plazas tienen que ser concertadas y públicas y se limita a reseñar que se deberá asegurar la existencia de "plazas suficientes".

02. Enseñanza en castellano

La ley Wert también fortalece la apuesta por la enseñanza en castellano en todas las comunidades. En este sentido, señala que "la Administración educativa deberá garantizar una oferta docente sostenida con fondos públicos en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular".

Aunque no se nombra explícitamente en la normativa, este matiz se dirige a Cataluña, que tiene un modelo de inmersión lingüística en el que el catalán es lengua vehicular y donde recibir clases en castellano de forma mayoritaria en una escuela pública es practicamente imposible. Lo que realmente quiere decir este punto es que el Ministerio de Educación anticipará los fondos para pagar colegios privados con clases en castellano para las familias que lo soliciten y no vean satisfecha su demanda en centros públicos o concertados. 

03. Segregación por sexos

El proyecto de reforma educativa que el Gobierno remitió a Las Cortes ya contemplaba el blindaje a la financiación pública de los centros que segregan por sexo. Se recogía que "en ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social" y añadía que "no constituye discriminación la admisión de alumnos o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos". Sin embargo, el PP, en su paso por el Senado, aceptó dos enmiendas de Unión del Pueblo Navarro (UPN) encaminadas a beneficiar la educación separada por sexos.

Gracias a la primera de ellas la reforma incluirá una disposición transitoria por la que permitirá volver a solicitar el concierto a los centros a los que se les denegó en 2013 por el "único motivo" de tener un modelo segregador y que en principio estaba vetados para volver a solicitarlos hasta 2017, pues los conciertos se suelen suscribir cada cuatro años. Se trata de 17 centros –ubicados en Andalucía y Galicia– que rechazaron ser mixtos y a los que ambas impidieron la entrada de nuevos estudiantes con patrocinio público.  Varias sentencias del Tribunal Supremo señalan que la actual Ley Orgánica de Educación (LOE) no permite que se financien con dinero público. En estas se cuestiona no el modelo, sino que sea financiado con dinero público. La segunda enmienda hará que estos colegios no tengan que justificar su proyecto para suscribir el concierto.

La protección a estos conciertos en la nueva ley no es de extrañar si se tiene en cuenta que su principal impulsor, el ministro de Educación José Ignacio Wert, se ha referido a la escuela que separa por sexos como "una opción de libertad"

04. docentes

En su tramitación en el Congreso también se incluyó una enmienda del PP para que los profeores de la privada puedan corregir las reválidas que el Ejecutivo define como "pruebas de evaluación a nivel nacional en puntos críticos de cada etapa educativa". Es decir, corregirán los exámenes que decidirán si un estudiante pasa de ESO a Bachillerato o de este a la Universidad. Hasta ahora, la tarea de corregir los exámenes de Selectividad –que desaperecerá dentro de tres cursos– estaba destinada únicamente a funcionarios. 

En un informe no vinculante, el Consejo de Estado ya cuestionó que el proyecto de ley no especificara si la correción de esas evaluaciones "se va a ejecutar por profesores del sistema público, por profesores contratados o por empresas privadas". El PP enmendó el texto en este sentido para permitir que agentes externos puedan hacer esa tarea. 

05. Renovación conciertos

La reforma del ministro Wert también dará mayor seguridad jurídica a los centros concertados, tal y como venía reclamando la patronal del centros privados. Y lo hará aumentando el número máximo de años para renovar los conciertos, una fórmula que, hasta esta reforma, se regía por un real decreto que no ha cambiado de manera sustancial desde 1985. Ahora, en Primaria se pasa de un periodo máximo de cuatro años a un mínimo de seis. En Secundaria el mínimo también serán cuatro. Al eliminar el establecimiento de un tope máximo se facilita la renovación automática siempre que se cumplan las condiciones.

Es decir, los centros que tengan alumnado suficiente y pidan el patrocinio público podrán ampararse en esta norma a pesar de que la Administración pueda determinar que no es necesario porque en la zona hay plazas públicas suficientes.

06. Participación

La que será la séptima norma que regulará la educación en democracia también cambia las atribuciones de los consejos escolares. Pasarán a ser órganos meramente consultivos que no decidirán ni aprobarán nada. Se limitarán a informar y evaluar. Los centros concertados también están obligados a tener un órgano de estas características, algo que las patronales de la escuela privada subvencionada consideran una injerencia en sus competencias. Mas aún desde la LOE, porque esa reforma incluyó entre sus miembros a un “concejal o representante del Ayuntamiento en cuyo término municipal se halle radicado el centro”. Ahora la LOMCE elimina esta figura. 

07. Religión

La llamada ley Wert incluye viejas reivindicaciones de la jerarquía católica como que la calificación de la asignatura de Religión cuente para hacer media y para acceder a becas –esto no ocurría desde 1990– y que ésta tenga una alternativa fuerte. O que desaparezca Educación para la Ciudadanía, materia que se implantó en 2006 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que es considerada por los obispos como un instrumento que utiliza el Estado para adoctrinar ideológica y moralmente a los alumnos.

Estas modificaciones también puede interpretarse como un giro hacia la enseñanza concertada, pues los portavoces eclesiásticos, en una información recogida por Europa Press en febrero de 2012, aseguraron que hay 1,3 millones de alumnos en colegios concertados de titularidad de la Iglesia católica. Además, según datos del Anuario de la laicidad 2012 de la Fundació Ferrer i Guàrdia, 7 de cada 10 alumnos que cursan sus estudios en un centro concertado lo hacen en un centro religioso.

La escuela pública seguirá dando la batalla contra la política educativa del Gobierno del PP aunque su proyecto de reforma se haya convertido en ley, algo que está previsto para finales de este año. Ese es el mensaje conjunto que la Plataforma por la Escuela Pública –de la que forman parte docentes, padres y alumnos– ha lanzado este martes en una convocatoria ante los medios. Y esa lucha se hará en la calle y en los tribunales, según han señalado.  

"Vamos a convertir en un calvario jurídico para el Gobierno la implantación de una reforma que consideramos injusta y regresiva", ha avanzado Francico García, secretario general de Enseñanza de CCOO. En este sentido, ha recordado que su organización ya denunció diversos artículos de la reforma educativa ante la Comisión Europea y que plantean llevar ante los tribunales pertinentes los desarrollos normativos y los decretos de implantación de la ley educativa que consideren contrarios a la Constitución. Carlos López, secretario general de FETE-UGT, ha señalado que su sindicato puso una queja ante la Defensora del Pueblo contra el decreto que endurece los requisitos académicos para el acceso a becas y ayudas al estudio y la norma relativa a los precios de las matrículas universitarias y que se dispondrá a "recurrir" todos los desarrollos de la Lomce que "rompan" con la Carta Magna. 

Por otro lado, tanto CCOO como UGT pondrán a disposición de los grupos parlamentarios y la Defensora del Pueblo sendos informes jurídicos encaminados a propiciar un recurso de inconstitucionalidad de la reforma educativa. 

Además de las convocatorias previstas para este miércoles –por la mañana hay prevista una concentración ante el Senado, por la tarde movilizaciones en las principales capitales de provincia y los estudiantes han convocado además un paro de 24 horas– la escuela pública tiene marcada otra fecha en el calendario. Se trata del sábado 30 de noviembre, cuando han convocado una "gran marcha" a Madrid que recorrerá las calles del centro de la capital hasta acabar ante el Ministerio de Educación. La de este miércoles será la quinta gran jornada de movilizaciones de este 2013 de la escuela pública contra la política educativa del ministro Wert, incluyendo dos huelgas generales en todos los niveles de enseñanza.

"Con la aprobación no daremos carpetazo a las movilizaciones. Esta ley va a dar lugar a un modelo de escuela segregador y elitista que no nos gusta", ha dicho Jesús Salido, vicepresidente de la asociación de padres CEAPA. En este sentido, en en el "terreno de las ideas" ha avanzado que la comunidad educativa de la pública abordará en un Congreso que tendrá lugar en la primavera de 2014 "qué modelo" de educación persigue y que instará a las fuerzas políticas a que desarrolle los diez puntos acordados con la Plataforma para abordar una nueva política educativa. "Tenemos un ministro que ha pasado de provocarnos a mentirnos [en relación a las becas Erasmus] y hay que combatirlo", ha ampliado. 

Los estudiantes, muy combativos durante este proceso, piden a los sindicatos de docentes y las asociaciones de padres que les acompañen en un paro de 72 horas. "Es necesaria una huelga de tres días para triplicar la fuerza de oposición a estas políticas que se vio en las calles el pasado 24 de octubre", señala Ana García, portavoz del Sindicato de Estudiantes. Ese día tuvo lugar la tercera huelga general contra las políticas de Wert desde que está al frente de ese departamento. "El ministro está en su momento de máxima debilidad y eso hay que aprovecharlo", añade García.

La reforma educativa del Gobierno aborda ya los últimos pasos de su trámite parlamentario. Este miércoles el Senado le dará luz verde y de ahí saldrá hacia el Congreso, donde su aprobación definitiva está prevista para finales de año. Para ese mismo día la Plataforma por la Escuela Pública –de la que forman parte docentes, padres y alumnos– ha programado movilizaciones en las principales capitales de provincia.

El Sindicato de Estudiantes, además, convoca un paro de 24 horas en enseñanzas medias y universitarias. En Madrid una manifestación recorrerá las calles del centro la ciudad y acabará ante el Ministerio de Educación. También habrá una protesta en las inmediaciones de la Cámara Alta. Será la quinta gran jornada de movilizaciones de este 2013 de la escuela pública contra la política educativa del ministro Wert, incluyendo dos huelgas generales en todos los niveles de enseñanza. 

El texto que se aprobará de forma definitiva –el rodillo de los conservadores ha frenado en seco las peticiones de retirada del proyecto en comisiones del Congreso y el Senado– contiene las líneas maestras con las que salió del Gobierno, si bien consolida el giro hacia la enseñanza concertada y, entre otros asuntos, apuntala aspectos como la cesión de fondos públicos a colegios que segregan por sexo o las atribuciones de los docentes de la privada subvencionada. Aunque la norma mantiene el plazo de entrada en vigor, que será el curso 2014-2015, finalmente su aplicación se hará en dos años y no en tres tal y como reclamaron al Gobierno algunos consejeros de Educación de autonomías gobernadas por el PP. 

Criticada por la comunidad educativa y la oposición por la falta de consenso con la que se ha construido, la llamada ley Wert contempla también adelantar al tercer curso de la ESO la elección de itinerarios hacia la FP o el Bachillerato; pruebas externas al final de cada etapa desde Primaria que serán reválidas al final de ESO y Bachillerato; refuerza el papel de la Religión, que tendrá una alternativa fuerte y contará para hacer media y acceder a becas o da más poder a los directores en detrimentos de las competencias que hasta ahora tenía el Consejo Escolar, entre otros aspectos. 

Conocido por su caracter chulesco, el ministro Wert ha despreciado las movilizaciones contra su ley educativa y las ha calificado de "fiesta de cumpleaños" comparadas con las que han tenido lugar en Chile o México, donde también se están fraguando reformas. Sin embargo, docentes, padres y estudiantes creen que la mejor forma de responder al ministro es mostrar masivamente su oposición a una ley que, dicen, no sólo no fomentará la "excelencia y la calidad para todos" a la que tantas veces se ha referido el titular de Educación, sino que acarreará más desigualdad. Por ello, dicen que mantendrán las movilizaciones una vez que el proyecto se haya convertido en ley. 

"Habrá que ir viendo en cada momento, pero el objetivo es mantener una movilización sostenida en el tiempo tal y como venimos realizando. Quizá no contemplemos la posibilidad de convocar otra jornada de huelga, pero sí hay otros actos a realizar", dice Carlos López, secretario general de FETE-UGT. Los estudiantes, muy combativos durante este proceso, piden a los sindicatos de docentes y las asociaciones de padres que les acompañen en un paro de 72 horas. "Es necesaria una huelga de tres días para triplicar la fuerza de oposición a estas políticas que se vio en las calles el pasado 24 de octubre", señala Ana García, portavoz del Sindicato de Estudiantes. Ese día tuvo lugar la tercera huelga general contra las políticas de Wert desde que está al frente de ese departamento. "El ministro está en su momento de máxima debilidad y eso hay que aprovecharlo", añade García. 

Un ministro en horas muy bajas

La realidad es que el titular de Educación es un personaje incómodo tanto para el Gobierno, como para el PP, partido del que no tiene carnet. Es el ministro peor valorado por los ciudadanos: en el último barómetro del CIS publicado el pasado 6 de noviembre obtuvo 1,46 puntos sobre un máximo posible de 10, por debajo del 1,58 que obtuvo en julio. Acapara las críticas de la oposición en bloque –hay un compromiso en firme de todos los grupos salvo UPyD, Foro y UPN para derogar su reforma educativa si hay cambio de Gobierno–. E incluso con los rectores, que este verano se declararon "molestos" porque el ministerio no les había tenido en cuenta para elaborar su controvertido decreto de becas.

La pasada semana volvió a meter en un lío al Gobierno cuando uno de sus portavoces dijo que Bruselas recortaría el dinero que otorga a España para el programa Erasmus cuando la realidad es que la UE aumentará en 2014 de 51,2 a 53,4 los millones de euros que aportará a los erasmus españoles. El portavoz de la comisaria de Educación calificó de "sinsentido" este anuncio. Ante esta crisis, el presidente del Gobierno optó por darle su apoyo público. Primero le mostró su respaldo "pleno y total" desde París, donde acudió a una reunión sobre el plan de empleo juvenil. Y de vuelta en España lo acompañó a la presentación de un libro. 

Ese respaldo del PP volverá a escenificarse este miércoles, cuando la mayoría absoluta del PP apoye en el Senado un texto que la oposición tilda de "segregador", "elitista" o "antidemocrático". La comunidad educativa responde que, ese día, la mayoría parlamentaria "ocultará" la voz de una mayoría social está en frontalmente en contra de esta reforma. 

45 de los 48 colegios que reciben dinero público a pesar de que segregan a niños y niñas en clase están vinculados al Opus Dei. Para el actual curso académico, nueve autonomías mantienen los conciertos a estos centros a pesar de que varias sentencias del Tribunal Supremo señalan que la actual Ley Orgánica de Educación (LOE) –en vigor hasta que se apruebe la nueva reforma– no permite que se financien con fondos públicos.

De hecho, al menos 70 millones de euros saldrán de las arcas del Estado para financiarlos. De los 48 centros, sólo tres –Juan Pablo II, Monte Tabor y Stella Maris, todos en Madrid– no están relacionados con esta institución de la Iglesia católica. El primero pertenece a la Fundación Educatio Servanda, el segundo está vinculado al movimiento apostólico de Schoenstatt y el tercero a los Discípulos de Jesús y María. 

Del resto, 16 son de la empresa Fomento, una institución educativa vinculada al Opus. Según puede leerse en su página web, la compañía, que tiene 35 centros en once autonomías, fue "impulsada por un grupo de padres y educadores que promovieron la creación de colegios en los que se considera esencial la colaboración de las familias". En Cataluña, su empresa homóloga es la Institució Familiar d'Educació, también relacionada con el Opus y que cuenta con nueve centros segregadores en esta comunidad. 

Más vinculados todavía con esta institución católica, según explica Alfonso Aguiló, vicepresidente de la patronal de la enseñanza privada y concertada CECE, están las Obras corporativas del Opus Dei. Se trata de instituciones promovidas por fieles de esta organización y que tienen la "garantía moral" de la prelatura. En ellas el Opus Dei se encarga de lo relativo a la orientación cristiana. Hay once centros de estas características que separan por sexo y reciben dinero público ubicados en Madrid, Cataluña, Euskadi, Galicia, Navarra y la Comunitat Valenciana. Además, en el País Vasco y La Rioja hay otros cinco centros que separan a niños y niñas titularidad del Grupo Educativo COAS, también vinculado al Opus. Menos los tres citados anteriormente, el resto de los 45 centros segregadores con patrocinio público también están relacionados con esta institución de la Iglesia católica. 

¿Pluralidad? 

Entre los que ensalzan la "educación diferenciada" y su sostenimiento público el argumento principal suele ser su alto rendimiento académico. Además, se apoyan en que niños y niñas son distintos y maduran y aprenden a ritmos desiguales y la ventaja que, dicen, supone para ellos estudiar sin la presión del sexo opuesto. Señalan que evitar el contacto físico o social en las aulas entre ambos durante sus años más importantes de aprendizaje escolar y humano garantiza la "eficacia docente" y es "más justo" con los diferentes ritmos de maduración cognitiva.

Aguiló, que durante once años fue director del colegio Tajamar, uno de los 13 concertados que ofrecen educación separada por sexos en Madrid, añade un asunto que considera "crucial". "El marco legislativo tiene que garantizar la libertad de pensamiento, la decisión de qué centro es mejor es de la familia. Si sólo se subvencionan unos y no otros no se está garantizando la pluralidad ni la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. De esa manera sólo los que tienen dinero podrían elegir", señala. Y hace una comparación: "Es como si un Gobierno sólo financiara a los partidos o los medios de comunicación que le gustan. No habría ni libertad ni pluralidad, esto es lo mismo", amplía. 

Sin embargo, sobre estos centros caen otra serie de críticas como que fomentan la exclusión y generan un retroceso incompatible con una sociedad que es cada vez más diversa. Sobre los buenos resultados, los defensores de la coeducación señalan que los datos están viciados porque, en general, estas son escuelas de élite a las que acuden familias de entornos socioeconómicos favorables. Aguiló también rebate este argumento. Asegura que el centro que él dirigió, ubicado en Vallecas, uno de los barrios con menor renta de Madrid, está entre los mejores 250 colegios de la Comunidad. 

El blindaje de la 'ley Wert'

El proyecto de reforma educativa del Gobierno del PP no sólo blinda esta opción educativa sino que garantizará el retorno de los conciertos a los centros que los perdieron tras las sentencias del Supremo que consideraban el modelo discriminatorio. El PP, en su paso por el Senado, aceptó dos enmiendas de Unión del Pueblo Navarro (UPN) encaminadas a beneficiar la educación separada por sexos. Gracias a la primera de ellas la reforma incluirá una disposición transitoria por la que permitirá volver a solicitar el concierto a los centros a los que se les denegó en 2013 por el "único motivo" de tener un modelo segregador.

La segunda hará que estos colegios no tengan que justificar su proyecto para suscribir el concierto. En el texto que el Gobierno remitió al Congreso se recogía que "en ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social" y añadía que "no constituye discriminación la admisión de alumnos o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos". 

Tras el cuestionamiento que de este punto hizo el Consejo de Estado en un dictamen no vinculante, el Gobierno introdujo en el texto una cláusula por la que los centros educativos que segregan por sexo que soliciten financiación pública tendrán que justificar que su modelo es tan aceptable como el mixto. El órgano consultivo del Estado había reclamado que se exigiera "una justificación objetiva y razonable de la excepción general de la coeducación", a la vez que imponía a los centros medidas académicas a favor de la igualdad. Ahora, tras la enmienda de UPN aceptada por el PP, este punto será eliminado. 

La Ley Orgánica de Educación (LOE), actualmente en vigor, no se pronuncia claramente sobre este asunto. Detalla que en la admisión de alumnos no podrá haber “discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición". Y aunque en una disposición adicional establece que los colegios mixtos "serán objeto de atención preferente y prioritaria", en realidad deja el asunto en manos de las autonomías.

La séptima ley orgánica que regulará la educación en democracia, que encara ya los últimos pasos de su trámite parlamentario, ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la necesidad de establecer un gran pacto político que dé estabilidad legal al sistema. Es decir, un gran acuerdo de Estado que garantice la buena educación de las futuras generaciones y propicie que no haya grandes cambios legislativos cada vez que hay un nuevo Gobierno. Sin embargo, el pesimismo reina en este frente. Y la sensación es que el pacto educativo ni está, ni se le espera.

La dificultad para el acuerdo tiene su origen en la propia arquitectura constitucional y en las diferentes posturas desde las que derecha e izquierda han abordado tradicionalmente el tema educativo. De hecho, la ponencia de la Constitución llegó a romperse por este asunto. Finalmente, las posturas se acercaron y, tras cesiones de uno y otro bando, se firmó el artículo 27 de esta norma, el único acuerdo de fondo que deja muchos asuntos en el aire y que es el único logrado en toda la historia democrática en esta materia. 

La pelea entre escuela pública y privada, las divergencias en el modelo pedagógico y el protagonismo de la religión en las aulas fueron algunos de los factores de conflicto en aquel momento. Y aún hoy, 35 años después, son circunstancias que siguen lastrando la posibilidad de abordar un acuerdo de Estado por la Educación. Para el centro derecha, explica el diputado del PP Eugenio Nasarre y secretario general de Educación entre 2004 y 2008 cuando Esperanza Aguirre ocupó ese departamento, un pacto debe pasar por tratar temas como "la calidad, la vertebración del sistema y la libertad de las familias y de los proyectos educativos". Para la izquierda, explica Alejandro Tiana, actual rector de la UNED y secretario general de Educación entre 2004 y 2008, hay puntos irrenunciables como la participación en los centros o la programación general de la enseñanza. 

El exministro socialista Ángel Gabilondo intentó armar entre los años 2009 y 2010 un pacto centrado en solucionar los problemas educativos del país y en el que intentó pasar casi de puntillas por los asuntos que han provocado enfrentamientos ideológicos. Tampoco lo logró de esa forma. En mayo de 2010 el PP dio carpetazo al acuerdo bajo la argumentación de que el Gobierno no había querido apostar por cambiar un modelo "fracasado". La explicación del por qué de este fracaso depende de quién haga la interpretación.

"En Educación es casi imposible llegar a la unanimidad. Hay reflejos sociales, electorales... es difícil apartar del debate político la gestión de la educación. Aquel intento fracasó porque en un momento dado se cruzó por delante el Estatut y el PP vio que las cosas se le ponían bien de cara a las elecciones y que un acuerdo así podría condicionar sus políticas si llegaban a la Moncloa. Hay que separar lo que es un acuerdo social de un político", analiza Tiana. Cándida Martínez, consejera de Educación de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2008, cree el intento de Gabilondo fracasó porque "el PP no tenía voluntad de pacto".

En el otro lado, el catedrático José Luis García Garrido –que fue subdirector general de Univer­sidades entre 1972 y 1974 y años más tarde ocupó durante unos meses la presidencia del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid– considera que el "escollo vital" ha sido la creencia de los socialistas y de sus "sindicatos satélite" de que las "esencias" de la Educación les pertenecen por "derecho divino". "No dejo de culpabilizar al PP porque sus políticas no han sido ni hábiles ni buenas, pero es difícil dialogar con quien no quiere", amplía. En este sentido, García Garrido recuerda que otros partidos de tradición socialdemócrata en Europa sí aceptan la existencia de acuerdos de base en este ámbito para dar estabilidad al sistema. Es el caso, asegura, de Alemania, Francia o Reino Unido. 

Laicismo

La realidad es que en el intento de Gabilondo una histórica diferencia ideológica entre el PP y el PSOE como es el laicismo quedó fuera de la negociación. La derecha, espoleada por la Conferencia Episcopal, aboga por el mantenimiento del poder de la Iglesia católica en las aulas. De hecho, ahora, la reforma educativa del ministro Wert incluye viejas reivindicaciones de la jerarquía católica como que la calificación de la asignatura de Religión cuente para hacer media y para acceder a becas –esto no ocurría desde 1990– y que ésta tenga una alternativa fuerte. O que desaparezca Educación para la Ciudadanía, materia que se implantó en 2006 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que es considerada por los obispos como un instrumento que utiliza el Estado para adoctrinar ideológica y moralmente a los alumnos. 

"El PSOE, aunque utiliza el argumento algunas veces como guiño a parte de su electorado, nunca ha pretendido realmente sacar la Religión de los centros educativos", señala el diputado conservador Eugenio Nasarre. Ejemplos de ello es que nunca han tocado este asunto cuando han gobernado –lo ha hecho durante 22 años en toda la democracia– o que en su intento de llegar a un gran acuerdo los socialistas renunciaron a tratar este tema, lo que provocó la indignación de los sectores laicistas, que reclamaron al ministro Gabilondo que saldara una deuda histórica y sacara esta materia de las aulas. "Es algo que heredamos del franquismo. Y ahí la clave es ver en qué condiciones queda la Religión en las aulas", señala Alejandro Tiana. Cándida Martínez, que también fue portavoz de Educación del PSOE en la pasada legislatura, ve indispensable que la izquierda no renuncie a un modelo de escuela pública y laica. "Es el hegemónico en Europa y el que da resultado, no tiene sentido cuestionarlo", asevera. 

La pugna entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza –que se reconozca el derecho de los padres a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos, en el marco de los principios constitucionales– ha sido otro de los puntos de conflicto tradicionales en el tema educativo. Y eso a pesar de que fueron los socialistas los que, a través de la LODE (Ley Reguladora del Derecho a la Educación) aprobada en 1985 por el ministro José María Maravall, formalizaron el sistema de la escuela concertada para universalizar la educación básica. Sus ideólogos sostienen que la escuela privada sostenida con fondos públicos fue creada "para llegar a aquellos lugares donde no alcanzaba la pública" y así prestar el mismo servicio a la sociedad.

Sin embargo, la concertada está siendo utilizada por algunas comunidades autónomas para cambiar el modelo. De hecho, el PP quiere –tal y como se plasma en la LOMCE– que la creación de centros concertados no sea una decisión del Gobierno de cada comunidad en función de su planificación y sus necesidades sino que por ley cualquier colegio privado, si tiene demanda, sea subvencionado. En este punto, la perspectiva socialdemócrata es más proclive a que la concertada sea subsidiaria de la pública, si bien Tiana considera que la ampliación o no del régimen de conciertos "no tendría impacto en el rendimiento, aunque sí podría tenerlo en términos de equidad". 

Otro de los asuntos que tradicionalmente han creado controversia en el tema educativo es la polémica por el peso que se da en algunas autonomías a su lengua oficial propia o qué porcentaje de los currículos son elaborados por las comunidades. La derecha, explica Nasarre, quiere que la enseñanza en castellano en las autonomías bilingües sea impartida "en pie de igualdad". Y este punto también es relevante la programación de la enseñanza que, según Tiana, también ha sido un punto de fricción "entre partidos nacionales y nacionalistas". 

El PP también apuesta por otros aspectos como el blindaje al profesor o la cultura del esfuerzo y la disciplina. Este último punto molesta especialmente en la izquierda, reacia a que los conservadores se apropien de un concepto que ellos también dicen compartir. "Es un tema manido. Claro que defendemos que la autoridad es necesaria, pero la autoridad no es el ordeno y mando, es el reconocimiento por su labor y eso tiene que transmitirse por el conjunto de la ciudadanía", añade Martínez. 

¿Una incidencia "relativa"?

No obstante, entre las fuentes consultadas existe también la creencia de que la incidencia de un pacto sería sólo "relativa" y que lo verdaderamente urgente es resolver está relacionado con los cuestionables resultados de los alumnos al final de la ESO –el porcentaje de jóvenes de entre 18 y 24 años que no sigue estudiando después de la enseñanza obligatoria es del 23,9%–, la formación continua del profesorado, la mejora de la calidad o el hecho de que sean pocos los alumnos brillantes.

Sí coinciden en que sería positivo en términos de estabilidad, aunque también en la creencia de que es muy improbable que se lleve a cabo en un corto período de tiempo. "La realidad me ha hecho muy escéptico, pero con los actuales niveles de mediocridad jamás podremos competir con los países de nuestro entorno. Lo que necesitamos es un pacto real sin papel ni algaradas en contra de la mediocridad que elimine el menú único hasta los 16 años y un Bachillerato de dos años que es el hazmerreír de Europa", analiza García Garrido. 

Cándida Martínez tiene un análisis muy diferente: "Hay un error de base. No es posible alcanzar un pacto educativo si no hay un contexto global encaminado a afrontar de manera conjunta otros retos del país como son el encaje federal o incluso en el empleo. Tampoco lo habrá nunca si no se cuenta con las comunidades autónomas, que son las que están gestionando la educación, o con las fuerzas sociales. En todo caso hace falta mucha generosidad y voluntad política", concluye Martínez. 

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ya empieza a allanar el camino de los recortes que vendrán el curso que viene. En una reunión con los consejeros de universidades de las comunidades autónomas ha advertido de que el próximo curso habrá menos dinero para las becas Erasmus como consecuencia de los cambios que va a llevar a cabo la Unión Europea con el nuevo programa de becas conocido como Erasmus +. Fuentes de su gabinete han informado al término de ese encuentro –ni el ministro ni su número dos han atendido a los medios– de que la Unión Europea cambiará los criterios de distribución de recursos para estas becas que pasarán a repartirse en función del número total de habitantes de cada Estado. Hasta el momento se asignaban en relación al número total de universitarios de cada país y del número de movilidades. 

Aunque la decisión definitiva se tomará el próximo 13 de noviembre en una reunión en Bruselas, según cálculos del ministerio, esto supondrá que en la práctica las ayudas que consigna la UE se reduzcan a la mitad. Es decir, para mantener la asignación que los alumnos venían recibiendo hasta ahora, el número de beneficiarios se vería reducido de forma drástica. "Los 40.000 españoles que tienen becas Erasmus se pueden quedar en 20.000", han señalado estas fuentes. 

No obstante, el importe de la beca Erasmus consta de tres partes: la que paga el Ministerio de Educación, que ronda los 120 euros mensuales –y de la que nada han avanzado en Educación–; la que abonan las autonomías, que varía un función de cada una y no suele superar los 300 euros y la que pone la UE, que es de alrededor de 115 euros al mes. Hasta ahora, esta aportación económica complementaria del ministerio se otorgaba a todos los seleccionados, independientemente de su situación económica o de haber recibido o no una beca general el curso anterior. Este último criterio fue el que sembró la polémica la pasada semana porque el ministerio pretendía cambiarlo con el curso ya empezado. Finalmente el recorte llegará el curso que viene. 

El número de plazas que cada Universidad oferta depende de los acuerdos bilaterales entre las entidades participantes. En función del número de acuerdos y de las plazas previstas en cada acuerdo, se determinará el número total de plazas que oferta la Universidad. En los nuevos acuerdos se especificará qué tipo de plazas se ofertan (por áreas de conocimiento o por titulaciones, teóricas o prácticas) y para qué tipo de estudios (FP superior, grado o posgrado), explica el ministerio en una nota. 

Críticas de los representantes socialistas 

En esta reunión, los representantes de las autonomías en las que no gobierna el PP han afeado al ministro que, ante este cambio en las reglas del juego que prevé Bruselas, el Ejecutivo español no ponga sobre la mesa medidas compensatorias. El director general de Universidades de la Junta de Andalucía, Manuel Torralbo, ha revelado que el ministro "ha pintado un panorama nada positivo". A su juicio, es "una contradicción absoluta" defender la necesidad de que los estudiantes salgan del país y que a la vez se recorten las becas, por lo que ha pedido un esfuerzo al ministerio y ha adelantado que también las comunidades actuarán en función de sus posibilidades.

La consejera de Educación de Asturias, Ana González, ha lamentado que el ministro haya culpado de toda responsabilidad a la Comisión Europea y haya justificado el "recorte" con el cambio de criterio para el reparto de los fondos. "El ministro nos dice que esto va a peor porque habrá menos dinero para España y tendrá como consecuencia un menor número de alumnos becados", ha aseverado. Asimismo, ha censurado que este discurso se haga a la vez que se defiende la internacionalización de los estudiantes.

Ana González también ha reprochado al ministro su escasa "influencia" en Europa, según ha relatado después ella misma, y ha pedido una "apuesta política" al ministerio. "Si decimos que es necesario el nivel europeo, la internacionalización y la movilidad, debería hacer esfuerzo económico el ministerio", ha defendido.

Los cinco han ofrecido una rueda de prensa conjunta recogida por Europa Press antes de iniciar el debate de la ley en la Comisión General de Comunidades Autónomas, en la que se discutirá la incidencia de la LOMCE en las competencias autonómicas y en la que participarán 15 consejeros y el propio ministro de Educación, José Ignacio Wert.

Desde el Gobierno vasco, la consejera Cristina Uriarte ha reiterado el desacuerdo con el proyecto de ley de su Gobierno y ha subrayado que tienen "a toda la comunidad educativa" de su lado. Ha insistido en que la iniciativa invade competencias vascas, "carece de consenso político y social" cuando es un proyecto "sensible" que tendría que estar pactado, y ha añadido que los objetivos de la ley están "absolutamente superados" en el País Vasco. "Esta ley no nos sirve para mejorar el sistema de educación de Euskadi", ha zanjado.

Irene Rigau, consejera catalana, ha cargado contra la LOMCE por no contener "ni una vez" la expresión 'competencia compartida', que es lo que dice la Constitución. "Representa una involución, situaría a Cataluña 32 años atrás, cuando tuvimos el traspaso por real decreto de las transferencias. Y además altera el modelo lingüístico, el catalán deja de ser troncal", ha subrayado Rigau, que también ha censurado el calendario de aplicación de la ley que se impone, de dos años. "Eso es someter a un gran estrés y a muchas disfunciones nuestro sistema", ha criticado la consejera.

El consejero andaluz, Luciano Alonso, ha advertido de que "las leyes impuestas y sordas son una barrea infranqueable" y ha asegurado que este es el caso de la LOMCE, una norma que "rompe la igualdad", impide el apoyo para los más desfavorecidos e incluye herramientas "desfasadas" como las reválidas. "Esta ley ha roto el consenso de los grupos parlamentarios, de la comunidad educativa y de las comunidades autónomas. Si no hay rectificación, nos veremos obligados a ir al Constitucional", ha reiterado. "Nuestra apuesta es una educación integradora. Sirve de poco hacer individualidades ricas en conocimientos y actitudes si quien las posee no está dispuesto a ponerlas en causas comunes", ha agregado.

Por Asturias, la consejera Ana González Rodríguez se ha presentado en el Senado con el respaldo, ha dicho, del 90% de la comunidad educativa del Principado. "Y vengo también en nombre del Gobierno de Asturias para decir además que están invadiendo competencias de nuestra comunidad sólo con la pretensión ideológica de devolvernos a otros modelos educativos de hace mucho tiempo, segregadores, con reválidas. No tiene el objetivo de trabajar por la inclusión de todo el mundo", ha añadido.

En cuanto al consejero canario, el socialista José Miguel Pérez, vicepresidente además del Gobierno autonómico, ha asegurado que se ha difundido "el desprestigio del sistema educativo" para impulsar esta ley. Pérez ha dicho también que el proyecto aún ha empeorado con la tramitación parlamentaria y como ejemplo, "la desaparición de la educación como servicio público, definición eliminada para convertir el derecho a la educación en un negocio, lo que está buscando en definitiva el PP con esta ley", ha resumido.

La de este jueves es la segunda huelga del año contra séptima reforma que regulará la Educación en democracia y los recortes llevados a cabo por el Ejecutivo. Y la tercera con José Ignacio Wert como ministro de Educación. Convocados por la Plataforma por la Escuela Pública –integrada por el Sindicato de Estudiantes, CGT, UGT, FETE-UGT, CCOO, STEs, CEAPA y mRp–, más de 9,4 millones de estudiantes y casi 600.000 docentes están citados a movilizarse contra la reforma educativa del Gobierno y los recortes en el sector. Además, en esta ocasión, los principales sindicatos de la concertada –FSIE y ANPE–, tradicionalmente aliados del PP, apoyan la protesta. Sí se desmarca la confederación de padres católicos (Concapa). Durante toda la jornada habrá manifestaciones en más de 70 ciudades. 

La movilización de este jueves se enmarca dentro de un conflicto prolongado que tiene en la llamada 'ley Wert' y los tijeretazos en el gasto público educativo su piedra angular. Por segunda vez en este 2013, todos los niveles educativos se unirán en una jornada de reivindicación en la que subyace una cifra que explica la indignación de buena parte de la comunidad educativa. La inversión pública en educación se ha reducido a un 4,3% del PIB. Sin embargo, el panorama futuro es todavía más oscuro, pues la previsión del Ejecutivo es reducirla desde el 4,9% del PIB en 2010 al 3,9% en 2015.

Estas cifras casan con la reducción significativa del gasto educativo del Gobierno central y de las comunidades autónomas en los últimos años. Para 2014, el departamento de Wert tendrá un 24% menos de dinero que hace tres años. Y eso a pesar de que hay presupuestados 206 millones de euros más para este departamento. Las comunidades autónomas también han contribuido a aumentar el agujero de los recortes. Aunque no existe unanimidad en la distribución de los presupuestos puesto que las Consejerías de Educación tienen fórmulas diferentes en cada comunidad, según un informe de UGT, de media el gasto público descendió un 6,66% en 2013 respecto al año anterior y un 12% si se compara con 2010. Entre las que más han recortado está Madrid (-12,5%), Aragón (-10,8%); Asturias (-10,2%) y la Comunitat Valenciana (-9,7%). No obstante, entre 2010 y 2013 la inversión en Educación de las comunidades ha descendido en más de 4.800 millones de euros.

Estas cifras han tenido como consecuencia una elevada destrucción de empleo en el sector. Los centros públicos de enseñanza no universitaria contaron el curso pasado con 19.523 docentes menos a pesar de que el número de alumnos aumentó en 70.841. Esta cifra incluye a maestros (casi 10.000 menos), catedráticos y profesores de Secundaria (7.000 menos) o profesorado técnico de FP.

Además, el recorte de profesionales ha venido acompañado de otras medidas. En 2012 el Ejecutivo acordó elevar el número máximo de alumnos por clase, prohibió cubrir las bajas hasta pasadas dos semanas o incrementó el número de horas lectivas de los docentes. Al mismo tiempo se han liquidado programas de apoyo para los alumnos que van peor. El próximo año la partida de Educación compensatoria, que se dirige a asegurar la igualdad de oportunidades, aumentará sólo un 0,8%, es decir, 400.000 euros. Se queda con 53,26 millones. Y eso a pesar de que el pasado se recortó un 68%. 

Universidad 

En la Universidad la perspectiva no es mucho mejor. Los estudiantes denuncian que el nuevo decreto de becas, que endurece los requisitos académicos para acceder a las ayudas, también dificultará el mantenimiento dentro del sistema de miles de alumnos. El ministro de Educación, en una entrevista en TVE, cifró en unos 10.000 el número de estudiantes con una puntuación académica de entre el 5 y el 5,5 que no accederán a la exención de tasas de acuerdo con los requisitos establecidos en el nuevo reglamento. Y eso que ese cálculo no incluye a los que pueden perderla por no alcanzar el número de aprobados que se requiere para mantenerla.

La subida de las tasas es otra de las principales quejas de los universitarios. Especialmente después de que para este curso la mayoría de las Universidades consolidaran la subida del curso pasado, cuando el precio de los créditos se encareció entre un 20% y un 66%. No obstante, algunas autonomías como Madrid optaron por llevar a cabo este año un nuevo 'tasazo' que, alertan desde el Sindicato de Estudiantes, dejará fuera de las aulas a "miles" de estudiantes. Esta última comunidad, con un aumento medio del 20%, lidera la subida en los estudios de grado. Le siguen Baleares (5%), Aragón (3,6%), Cantabria (3,3%) y País Vasco (2,4%). 

Reforma educativa

Por otro lado, los convocantes señalan que la séptima ley orgánica que regulará la Educación en democracia, elaborada sin consenso, no sólo no fomentará la "excelencia y la calidad para todos" a la que tantas veces se ha referido el titular de Educación, sino que acarreará más desigualdad. En la pública denuncian su concepción "segregadora", pues plantea separar a los alumnos a los 15 años en función de lo que quieran estudiar, las pruebas externas –que serán reválidas en ESO y Bachillerato– o la prórroga a los conciertos a escuelas que segregan por sexo.

Además, la Plataforma por la Escuela Pública mantiene una consulta ciudadana sobre los recortes y las políticas educativas del Gobierno del PP, entre ellas el también polémico decreto de becas, que, según sus promotores, ya ha recogido centenares de miles que censuran la gestión de José Ignacio Wert al frente del ministerio.

La semana de lucha contra los recortes educativos y la ley Wert comenzó este martes con una huelga a la que estaban llamados tres millones de alumnos universitarios y de enseñanzas medias convocadas por el Sindicato de Estudiantes (SE). Según esta organización, más de 1.900 institutos de todo el país pararon las clases "en un porcentaje cercano al 90%". En las universidades de Madrid, Andalucía, Comunitat Valenciana, Extremadura, Aragón, Asturias y Galicia el seguimiento osciló entre el 80% y el 95%, siempre según datos del SE. En el resto de autonomía el respaldo fue "superior al 75%". Educación, que no ofreció porcentajes de seguimiento por carecer de información de varias autonomías, calificó la afluencia de "desigual". "La repercusión es prácticamente nula en Educación Primaria –donde no había paros convocados–, escasa en la Educación Secundaria Obligatoria y algo mayor en Bachillerato", señaló el departamento en un comunicado. 

La protesta estudiantil se extenderá hasta el próximo 24 de octubre. Y ese día está previsto que la protesta se extienda a todos los niveles educativos y que se unan a la movilización padres y profesores. Será la segunda convocatoria similar poco más de cinco meses.

En algunas facultades, como las de Matemáticas y Filología en Santiago, la de Filología de Salamanca o la de Ciencias de la Información de la Complutense hubo encierros de estudiantes que se alargaron durante varias horas. También hubo movilizaciones en el campus de Somosaguas de la Autónoma de Madrid donde irrumpieron efectivos de la Policía Nacional para levantar las barricadas que habían levantado algunos alumnos en las entrada del centro. En un comunicado, el Rectorado de la Complutense dijo considerar "legítimos" los motivos de la protesta y aseguró que la entrada se había producido "sin el conocimiento de las autoridades académicas". 

Los motivos para la huelga 

La subida de las tasas es una de las principales reivindicaciones de los universitarios. Especialmente después de que para este curso la mayoría de las Universidades consolidaran la subida del curso pasado, cuando el precio de los créditos se encareció entre un 20% y un 66%. No obstante, algunas autonomías como Madrid optaron por llevar a cabo este año un nuevo 'tasazo' que, alertan desde el Sindicato de Estudiantes, dejará fuera de las aulas a "miles" de estudiantes. Esta última comunidad, con un aumento medio del 20%, lidera la subida en los estudios de grado. Le siguen Baleares (5%), Aragón (3,6%), Cantabria (3,3%) y País Vasco (2,4%). El curso pasado, más de 3.500 estudiantes de la Complutense no puedieron pagar sus matrículas. 

Además, los universitarios denuncian que el nuevo decreto de becas, que endurece los requisitos académicos para acceder a las ayudas, también dificultará el mantenimiento dentro del sistema de miles de alumnos. El ministro de Educación, en una entrevista en TVE, cifró en unos 10.000 el número de estudiantes con una puntuación académica de entre el 5 y el 5,5 que no accederán a la exención de tasas de acuerdo con los requisitos establecidos en el nuevo reglamento. Y eso que ese cálculo no incluye a los que pueden perderla por no alcanzar el número de aprobados que se requiere para mantenerla.

"El ambiente de indignación es total. No existen alumnos que no estén afectados por los recortes", se queja Ana García, portavoz del Sindicato de Estudiantes. "La movilización es la mejor respuesta que podemos dar ante este saqueo a la educación pública", amplía.

Además, el aumento del 20% en la partida destinada a becas generales –engañosa por el endurecimiento de los requisitos– no eclipsa la consolidación de los recortes que sí sufren otras partidas del ministerio de José Ignacio Wert. El presupuesto educativo del Gobierno central aumentará un 10,6% el próximo año. Pasa de 1.944 millones a 2.150 en 2014. A pesar de este aumento, el departamento de Wert sigue teniendo un 24% menos de presupuesto que hace tres años. En 2011 fueron 2.843 millones de euros. Y eso se deja notar en algunos programas que sí sufren recortes. 

Es el caso del dinero para Secundaria, FP y Escuelas Oficiales de Idiomas. Esta partida, que será en 2014 de 100,93 millones de euros, sufre para el año que viene un recorte del 7%. Sin embargo, si es echa la vista atrás este apartado atesora un recorte acumulado del 70% desde 2011. La partida que más baja (-71,8%) es la dedicada a los servicios complementarios de la enseñanza, con un recorte muy drástico en el programa de cobertura de libros de texto, que pierde 18,52 millones y se queda sólo con 7,28 millones en 2014.

El PP responde en Twitter

Por su parte. los conservadores contratacaron a las protestas con una campaña en las redes sociales a favor de la reforma educativa. Bajo la etiqueta #SíALaLOMCE, defendieron la ley como la reforma que "universaliza la excelencia", "recupera la calidadad" o "garantiza la igualdad de oportunidades". También se refirió a las movilizaciones la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio. "Hay que tener en cuenta, de cara los padres, que el colectivo de docentes tiene un puesto de trabajo asegurado y, sin embargo, los padres se están enfrentando a unas tasas de desempleo muy elevadas y dificultades económicas importantes", dijo la número dos de Wert. 

Asimismo, acusó a los sindicatos de secundar y animar a la huelga con razones que "nada tienen que ver" con la reforma educativa del Gobierno. Y les acusó de justificar este paro sobre la base de unas reclamaciones laborales del profesorado, que tienen que ver con "mejoras salariales, disminución de la carga lectiva y de los alumnos por aula".

Si algo ha conseguido la séptima reforma educativa de la democracia –sumergida todavía en su trámite parlamentario– es aglutinar un espectacular consenso en su contra. La ley no gusta a la escuela pública, que la critica por favorecer la "inequidad", aunque tampoco a la concertada, cuyos principales sindicatos llaman a la huelga general educativa de este jueves. Ha sido criticada por los sectores laicistas por poner la Religión a la altura de las Matemáticas, pero también cuestionada por los obispos, que creen que podría adaptarse más a sus intereses. En el Congreso ha suscitado agrios debates e incluso ha arrancado el compromiso de toda la oposición, salvo UPyD, UPN y Foro Asturias, de derogarla si el PP sale del Gobierno. Las autonomías en las que no gobierna el PP la rechazan de forma frontal e incluso País Vasco y Cataluña se plantean la insumisión. Y hasta el Consejo de Estado, en un dictamen no vinculante, recomendó mantener la asignatura de Educación para la Ciudadanía y mostró dudas sobre la financiación del proyecto. 

Pero, ¿qué argumentos dan los que se oponen a ley Wert?

01. La escuela pública y la concertada

La comunidad educativa de la pública se ha unido en torno a un análisis común: la educación pública está "en peligro". Y por ello, dicen, hay que defenderla. Es el mayor frente contra esta ley. De hecho, el pasado mayo, por primera vez en la historia de España, docentes, padres y alumnos hicieron una jornada de huelga en todos los niveles de la educación pública. Esa convocatoria volverá a repetirse este jueves. Los convocantes –Sindicato de Estudiantes, CGT, UGT, FETE-UGT, CCOO, STEs, CEAPA y mRp– sostienen que este proyecto no sólo no fomentará la "excelencia y la calidad para todos" a la que tantas veces se ha referido el titular de Educación, sino que acarreará más desigualdad. Denuncian su concepción "segregadora", pues plantea separar a los alumnos a los 15 años en función de lo que quieran estudiar, las pruebas externas ( que serán reválidas en ESO y Bachillerato) o la prórroga a los conciertos a escuelas que segregan por sexo. Además, sostienen que los tijeretazos en educación traen consigo una "degradación sistemática" de la educación pública.

El texto tampoco convence al 100% en la concertada. De hecho, el sindicato FSIE, mayoritario en este sector, se ha unido a la convocatoria de huelga. Sostiene que "empeora" cuestiones importantes para la actividad de sus docentes y resto de trabajadores, aparte de la congelación salarial de 2014 y la consolidación de los "duros recortes" que padece el sector. Y eso a pesar de que recoge algunas de las reclamaciones tradicionales de la escuela concertada. Entre ellas, prevé que las autonomías tengan en cuenta la “demanda social” a la hora de programar la oferta de plazas en la etapa obligatoria, lo que se traduce en que esta prerrogativa primará sobre la voluntad de la Administración de proteger a la pública o abre la puerta a la renovación automática de los conciertos. E incluso en el debate de enmiendas en el Congreso se incluyó una modificación del PP por la que profesores de la privada podrán corregir las reválidas que se implantará con la nueva norma. Hasta ahora eran los docentes de la púbklica, que son funcionarios por oposición, los únicos que podían corregir este tipo de pruebas. 

02. Los sectores laicistas y los obispos

Entre otras cuestiones, el texto prevé que la asignatura de Religión cuente para la nota media por primera vez desde la LOGSE, cumpliendo así una de las reivindicaciones históricas de la Conferencia Episcopal. Además, blinda los conciertos con los colegios que segregan por sexo. Aunque el borrador prevé que en las escuelas no habrá discriminación por razón de "nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social", sí asegura mantener los conciertos a los colegios que separan a niños y niñas –un total de ocho centros situados en la Comunidad de Madrid– al señalar que lo dispuesto anteriormente "no será obstáculo para que los centros de educación diferenciada por sexos puedan suscribir los conciertos". Este asunto ha provocado la indignación de los sectores laicistas, que piden que la Religión salga definitivamente de la escuela pública. Asociaciones como Europa Laica denuncian que los conciertos de la escuela católica le cuestan al Estado 4.000 millones anuales de dinero público. Y que a esta cantidad se suman otros 610 millones que, según datos de esta organización, le cuestan al erario público los sueldos de los profesores de religión seleccionados por los obispos. El proyecto también plantea la eliminación de Educación para la Ciudadanía, materia contra la que la jerarquía católica volvió a movilizarse con la vuelta al poder de los socialistas tras años de la calma con la ley educativa que puso en marcha José María Aznar.

Sin embargo, el texto de ley también ha sido cuestionado por la jerarquía católica. La Conferencia Episcopal dijo hace tres semanas que "vulnera" los Acuerdos con la Santa Sede porque incluye Religión como optativa en Bachillerato, pues, según está redactada, esta materia no será de oferta obligatoria en Bachillerato. En este sentido, Martínez Camino señaló que "puede haber centros que no oferten la asignatura de Religión" cuando los Acuerdos establecen que esta materia "tiene que ser de oferta obligatoria por los centros y de elección voluntaria por los alumnos en primaria y secundaria". En el proyecto de ley, Religión se incluye en Bachillerato como una asignatura específica optativa más dentro de un bloque de más de diez del que los alumnos están obligados a cursar un mínimo de dos y máximo de tres. Mientras, en la ESO y en Primaria se introduce en los grupos de asignaturas específicas obligatorias con elección entre ésta y Valores Éticos o Valores Culturales y Sociales. La jerarquía dice estar "en conversaciones" con Educación para que se revise este punto. 

03. Las autonomías opositoras... y también del PP

La reforma educativa provoca recelos en algunos territorios. Especialmente, en los no gobernados por el PP. De hecho, Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y País Vasco se muestran radicalmente en contra. E incluso las dos últimas plantean declararse insumisas. Ambas consideran que la reforma "vulnera" su marco competencial y persigue la centralización. La consejera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau, calificó el proyecto de “herida enorme” al autogobierno catalán y a la dignidad institucional. Su homóloga en Euskadi, Cristina Uriarte, ha dicho que esta comunidad "preservará" su modelo educativo frente a las modificaciones que prevé la ley. De hecho, el ejecutivo de Iñigo Urkullu dice estar trabajando para avanzar hacia un modelo educativo propio que haga frente al marco estatal. 

Además, el paso del texto por la comisión de Educación y las enmiendas presentadas por los diferentes grupos fortaleció la apuesta por la enseñanza en castellano, que se define como "vehicular" en todas las autonomías. Y aunque no se nombra explícitamente en la normativa, este matiz parece dirigirse a Cataluña, que tiene un modelo de inmersión lingüística en el que el catalán es lengua vehicular y donde recibir clases en castellano de forma mayoritaria en una escuela pública es practicamente imposible. Esta modificación ha irritado todavía más a los partidos nacionalistas. El portavoz de CiU en la comisión de Educación del Congreso, Martí Barberà, consideró que esta enmienda supone un ataque al modelo educativo catalán y a la lengua catalana.

No obstante, algunos dirigentes conservadores consideran que el Gobierno debe actuar para que el texto de la nueva ley no pueda ser tildado de "elitista", especialmente en un contexto de fuerte crisis económica en el que muchas famlias españolas tienen problemas para que sus hijos vayan a la universidad porque no se lo pueden permitir. "La gente no llega a fin de mes no podemos permitir que se nos tache de insensibles", dijo un dirigente territorial a infoLibre. 

04. El Consejo de Estado

El Consejo de Estado también cuestionó en un informe no vinculante hecho público a finales del pasado abril  determinados aspectos de la nueva ley. Entre otros asuntos, sus miembros expresaron dudas sobre las garantías de financiación. A pesar de esta objeción, el ministro Wert explicó en la presentación del borrador en el Consejo de Ministros que el Gobierno no tenía planeado presupuestar más dinero. Sus planes pasan por intentar que el Fondo Social Europeo financie la mitad del gasto de la reforma (unos 200 millones de los 400 previstos en tres años), especialmente para la puesta en marcha de la FP básica. A partir de ahí, según recordó el ministro, serán las comunidades, sometidas a duros objetivos de déficit, las que asumirán los gastos de consolidación. 

El órgano consultivo del Estado también se oponía a que las autonomías con lengua cooficial tengan que pagar las clases en un centro privado si un alumno pide ser educado en castellano, tal y como prevé el proyecto. Este es otra de las cuestiones que más ha irritado a los partidos nacionalistas y especialmente a los catalanes. En su dictamen, el Consejo también criticó la eliminación de asignaturas "de formación ético-cívica", en referencia a Educación para la Ciudadanía. Y sugería sun inclusión.

05. La oposición parlamentaria casi en bloque 

Gran parte de la oposición –todos los grupos salvo UPyD, UPN y Foro– se comprometieron por escrito a derogar la ley cuando el PP salga del Gobierno. En un escrito conjunto,  se comprometen a anular, lo antes posible, el proyecto que este martes inició su trámite parlamentario. Asimismo, aseguran que iniciarán un proceso de reflexión que culmine en un consenso entre los grupos y la comunidad educativa sobre la nueva legislación educativa.

El texto también va acompañado de tres párrafos justificativos de por qué la oposición se compromete a derogar la reforma educativa que lidera el ministro de Educación, José Ignacio Wert, "como su carácter elitista o segregador", por ejemplo, según informa Europa Press.

Representantes de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública han llevado este jueves a la Presidencia del Gobierno, en el Palacio de la Moncloa, un millón de firmas a favor de la escuela pública y contra la reforma educativa del Gobierno. Se trata de las firmas que han recogido desde el pasado 23 de septiembre, cuando se puso en marcha la "consulta ciudadana" sobre la reforma educativa y los recortes educativos.

La Plataforma ha mostrado su disconformidad porque ningún miembro del Ejecutivo de Mariano Rajoy les ha recibido. "Dos funcionarias nos han cogido el documento para registrarlo y aquí ha quedado todo", se quejó Jesús Sánchez, secretario general de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa). "Una vez más nos dan con la puerta en las narices, pero nos da igual, el día 24 los estudiantes vamos a la huelga", dijo, por su parte, la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Ana García.

La Plataforma Estatal por la Escuela Pública ha convocado una jornada de huelga general educativa de estudiantes, padres, profesores y personal de los centros educativos y universitarios para el próximo 24 de octubre.

El Sindicato de Estudiantes de Los Realejos, Tenerife, defiende en un vídeo la educación pública de calidad y critica los recortes en el sector . 

La reforma educativa propuesta por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, está recibiendo duras críticas. Así lo demuestra la huelga general de estudiantes convocada los próximos días 22 y 23 de octubre, junto con la huelga general de toda la comunidad educativa que tendrá lugar el día 24.

Desde el Sindicato de Estudiantes de Los Realejos reivindican una enseñanza pública, laica y de calidad para todos. 

El Sindicato de Estudiantes ha denunciado este martes que en siete institutos de la Comunidad de Madrid los directores están "prohibiendo" la celebración de asambleas informativas sobre la convocatoria de semana de lucha que arrancará el próximo 22 de octubre y que culminará el 24 con una huelga general en el sector de la enseñanza en defensa de la escuela pública, informa Europa Press. 

En concreto, denuncian los institutos Parque Aluche, García Morato e Iturralde, los tres en el barrio madrileño de Aluche; el Instituto Europa de Rivas Vaciamadrid, el Vicente Alexandre de Pinto, el Manuel Elkin de Parla y el Gregorio Marañón, del barrio del Pilar; aunque afirman "la represión" se da en centros de toda España, especialmente en comunidades gobernadas por el PP. Sin embargo, los directores aseguran que esta organización no les ha solicitado formalmente la celebración de asambleas y niegan que la Consejería de Educación les haya dado órdenes de impedirlas. 

Según aseguran los estudiantes, hasta ahora se han celebrado 1.200 asambleas en centros de estudio y universidades, reuniones "para votar democráticamente si se celebra o no la huelga" educativa convocada para la próxima semana. Para organizarlas, los alumnos solicitan un aula a la dirección en la que poder reunirse o se organizan en los patios de los centros durante el tiempo de recreo.

Sin embargo, señalan que la dirección de estos centros estaría utilizando "excusas" para evitar las reuniones como "el alto riesgo que supone para el centro la concentración de alumnos", o "que el Gobierno de la Comunidad de Madrid les ha dicho que no se pueden celebrar estos encuentros". "El derecho de reunión de la juventud queda prohibido", ha asegurado el portavoz del Sindicato de Estudiantes, Tohil Delgado.

Pese a estas "prohibiciones", esta organización ha asegurado que el respaldo a la huelga es mayoritario y augura el "éxito rotundo" en las movilizaciones de la semana que viene. El próximo 23 a las 12.00 horas, los alumnos están convocados a participar en "mas de cien" manifestaciones y protestas en todo el Estado, que serán el "calentamiento de motores" para la marcha por la educación pública en la que participarán padres y profesores el jueves 24 de octubre.

"La del 24 será la mayor huelga educativa de la historia", ha señalado la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Ana García, que ha advertido de que los alumnos "no están dispuestos a que el franquismo vuelva a las aulas". A su juicio, las movilizaciones del curso pasado tuvieron como resultado el retraso de un año del proyecto de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

¿Huelga indefinida?

Pero no sólo quieren protestar contra el texto normativo, aprobado el pasado jueves en el Congreso, y que está pendiente de debate en el Senado, sino también contra la política de recortes del Gobierno, que, según García, "está dejando a miles de estudiantes fuera del sistema educativo" con medidas como la subida de tasas o el endurecimiento de los requisitos para optar a las becas.

Además, desde esta asociación ha advertido de que si el Gobierno "no retrocede", los estudiantes van a responder "con más fuerza" y no descartan convocar una "huelga indefinida", tomando la de los docentes de Baleares "un ejemplo y un referente a seguir". También han pedido a los dirigentes de UGT y CCOO Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, respectivamente, que convoquen un paro general de todos los sectores productivos "para defender la educación pública".