El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha arremetido contra el Gobierno de Pedro Sánchez y sus políticas en inmigración o vivienda, pero también contra los gobiernos autonómicos del PP a los que Vox dio su apoyo "inicial", algo con lo que ha confesado no sentirse satisfecho porque no se han producido "los cambios que esas regiones necesitan".

En un mensaje en vídeo con motivo del fin de año, publicado en su cuenta de X, Abascal ha deseado poder decir adiós al finalizar 2025 "a toda una época de la política española que ha conducido a nuestra nación a una degeneración acelerada, constante, casi programada".

Tras una breve mención a "las fechorías, abusos y miserias que hemos padecido bajo este gobierno", ha puesto en cuestión el apoyo de Vox al PP en seis gobiernos autonómicos y ha recordado que decidió abandonarlos al comprobar que sus responsables "no se han dado cuenta de que el momento histórico exige soluciones históricas".

"Por eso desde la oposición al bipartidismo del consenso hemos pedido a los españoles más fuerza en las urnas que permita que se escuche el disenso de cada vez más españoles", ha apuntado el líder de Vox, partido que dobló el apoyo electoral en las pasadas elecciones en Extremadura, que ganó el PP.

Tras este resultado, Abascal ha aprovechado este mensaje para destacar que existe "la convicción, cada vez más mayoritaria, de que las viejas fórmulas de los partidos corruptos ya se han agotado".

"España necesita una reforma profunda, una desregulación radical, una recuperación de las libertades básicas, un debate abierto y sin censuras sobre las nuevas realidades que afectan no sólo a nuestro país sino al mundo entero", ha apuntado.

Y es que a su juicio, "mientras otras naciones, amigas y hermanas, ya han iniciado un nuevo rumbo, España sigue atrapada en la corrupción estructural del PSOE y del PP, responsables de haber convertido la política en un barrizal de mentiras, de taifas, miseria moral y luchas de poder absurdas".

Para el líder de Vox ambos partidos comparten "la política del desastre, la economía de la ruina, la complicidad con el egoísmo separatista y la agenda globalista".

Abascal también ha criticado "la inmigración ilegal masiva y descontrolada", que, sostiene, "se ha convertido en una auténtica invasión, cuyas consecuencias ya se sufren en demasiados pueblos y ciudades".

"Alentar esa llegada de millones de personas como ha hecho el bipartidismo no solo ha comprometido gravemente nuestra seguridad, especialmente la de las mujeres, sino que ha puesto al borde del colapso los servicios públicos, en especial la Sanidad y los servicios sociales", ha señalado.

Además ha responsabilizado a la inmigración de los "salarios de miseria" y de haber hecho "inaccesible la vivienda para jóvenes y no tan jóvenes".

"Esta invasión amenaza nuestra identidad, menospreciada, mientras crece y se expande una ideología totalitaria disfrazada de religión: el islamismo", ha enfatizado.

También ha reprochado el trato que se da a "nuestro campo, nuestra industria y a nuestras pequeñas y medianas empresas", que considera son "asfixiadas por burocracias totalitarias que nacen en Bruselas".

Por todo ello ha apelado a recuperar "el debate serio y profundo". "Si lo hacemos con honradez y con decencia -ha añadido- llegaremos a conclusiones y acuerdos beneficiosos para todos".

¿Vivimos en una democracia plena o imperfecta? ¿Quién pone nota a cada país y en qué se basa para decidir qué Estados tienen una hoja de servicios más aseada que otros? Los expertos en ciencia política llevan años tratando de diseñar y perfeccionar métodos estandarizados con los que medir la calidad de los regímenes de gobierno y el grado de libertad del que gozan los ciudadanos en todo el mundo, pero todavía no han logrado ponerse de acuerdo en un sistema aceptado por todos.

En el mundo contemporáneo conviven en estos momentos numerosos índices internacionales que pretenden establecer calificaciones por países en función de la calidad de la democracia, el respeto al derecho a la información o la libertad de empresa. Los partidos españoles y sus líderes los citan cada vez más a menudo en España como arma arrojadiza. Unos, los de la oposición, para culpar al Gobierno del supuesto retroceso del país. Otros, los que apoyan al Ejecutivo, para jactarse de lo bien que lo están haciendo. O para cuestionar sus imperfecciones, como ha hecho el vicepresidente y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, como parte de su estrategia para marcar perfil propio dentro del Gobierno de coalición.

Uno de los más citados últimamente y al que más recurren los medios de comunicación es el Índice de Democracia creado por la revista The Economist. Pero está lejos de ser el único y desde luego no es el más reconocido por el mundo académico. Otros prefieren tomar como referencia el Freedom in the World, elaborado por la organización no gubernamental Freedom House con sede en Washington (Estados Unidos). Una entidad que se autoproclama “una voz clara para la democracia y libertad por el mundo” y que muchos especialistas consideran claramente escorada hacia valores estrictamente norteamericanos.

Algunas clasificaciones tienen una inspiración ideológica. Es el caso del que publica The Wall Street Journal, la biblia del capitalismo, junto a la Fundación Heritage, vinculada a la derecha conservadora estadounidense. Esta clasificación mide supuestamente la libertad económica y es, de todos los consultados por infoLibre, el que peor nota otorga a nuestro país. España ocupa el puesto 69 de una lista de 180 en la que encontramos, en puestos de cabeza, regímenes autoritarios como Singapur (2º), dictaduras teocráticas como Emiratos (8º) o naciones totalitarias como China (11º).

Lo cierto es que ninguno de estos índices tiene carácter oficial y, en la mayoría de los casos, su metodología tiene inevitables componentes subjetivos. En parte porque no existe una definición de democracia o de libertades que pueda expresarse en una escala matemática y en parte porque muchas de las conclusiones son valoraciones de expertos, no expresiones numéricas o dicotómicas homologables y comparables.

Con todo, los expertos en ciencia política tienen, naturalmente, sus preferencias. Y entre ellas destacan dos índices. En primer lugar, el conocido como Polity IV, en el que España está en el grupo de países con máxima calificación democrática, dentro de la categoría “democracia plena”. De él los expertos aprecian su base de datos, que se remonta al año 1800. Aunque a muchos les hará dudar de su fiabilidad que estuviese patrocinado hasta hace muy poco por un proyecto de investigación creado por la CIA, lo cierto es que en su último informe (2020), en pleno apogeo de la era Trump, redujo la calificación de Estados Unidos a lo que sus autores denominan “anocracia”: un sistema de gobierno que incluye características de inestabilidad política, ineficacia y una mezcla incoherente de rasgos y prácticas autoritarias y democráticas.

El informe anual que más credibilidad tiene, según la mayoría de los expertos en ciencia política consultados por infoLibre, es el V-Dem de la Universidad de Gotemburgo (Suecia).

Variedades de Democracia (V-Dem) es un acercamiento para la conceptualización y medición de la democracia que se confecciona gracias a la colaboración de más de 30 académicos de todo el mundo organizados conjuntamente por el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Gotemburgo y el Instituto Kellogg de la Universidad de Notre Dame (Indiana, Estados Unidos). En su elaboración anual participan seis investigadores principales, dos coordinadores, quince gestores encargados de las áreas temáticas, más de treinta gestores regionales, casi 170 coordinadores de países y aproximadamente 3.000 expertos de todo el mundo, lo que lo convierte, según sus promotores, en “uno de los más grandes proyectos de recogida de datos de las ciencias sociales centrado en investigación”.

Este índice examina tanto la celebración de elecciones libres y justas como la libertad de asociación y la libertad de expresión y trata de medir los límites impuestos a los gobiernos en dos aspectos clave: la protección de las libertades individuales y los controles y equilibrios entre instituciones.

Para detallar más el examen que llevan a cabo sus autores, dividen el trabajo en torno a cinco principios o concepciones de alto nivel sobre la democracia: electoral, liberal, participativa, deliberativa e igualitaria. Teniendo en cuenta asuntos tales como la independencia judicial, la democracia directa o la equidad de género, entre otros.

España, a la cabeza

La última revisión del índice de Gotemburgo (2019) situaba a España en el grupo de cabeza, como la décima mejor democracia liberal del mundo. Sólo por detrás de Dinamarca, Estonia, Suecia, Suiza, Noruega, Bélgica, Portugal, Costa Rica y Nueva Zelanda. Y por delante de países tan poco sospechosos de mala calidad democrática como Finlandia, Irlanda, Reino Unido, Holanda, Francia, Alemania, Canadá o Italia. Para encontrar a Estados Unidos hay que descender al puesto 36.

Una manera de entender mejor qué mide el V-Dem es detenerse en sus principales apartados. El primero de ellos, el índice de democracia electoral, pretende captar no sólo el grado en que los regímenes celebran elecciones limpias, libres y justas, sino también su libertad de expresión real, las fuentes alternativas de información y asociación, así como el sufragio masculino y femenino y el grado en que la política gubernamental recae en los funcionarios políticos elegidos. El índice del componente liberal, en cambio, pone el foco en la importancia de proteger los derechos individuales y de las minorías tanto “contra la tiranía del Estado como contra la tiranía de la mayoría”. También recoge los métodos “horizontales” de responsabilidad entre instituciones más o menos igualitarias que garantizan los controles y equilibrios efectivos entre las instituciones y que, en particular, limitan el ejercicio del poder ejecutivo. Esto se consigue mediante “un Estado de Derecho sólido y unas libertades civiles protegidas” por la Constitución, un poder judicial independiente y un parlamento fuerte que puedan exigir responsabilidades al ejecutivo y limitar sus poderes.

El tercer índice que elabora la Universidad de Gotemburgo como parte del V-Dem es el que mide el componente igualitario. Es decir, hasta qué punto todos los grupos sociales gozan de las mismas capacidades para participar en el ámbito político. Se basa en la idea de que la democracia es un sistema de gobierno “por el pueblo” en el que los ciudadanos participan de diversas maneras. El principio igualitario de la democracia está fundamentalmente relacionado con la participación política, ya que las desigualdades sistemáticas en los derechos y recursos de los ciudadanos de determinados grupos sociales limitan las capacidades para participar en los procesos políticos y de gobierno. Por lo tanto, una distribución más equitativa de los recursos entre los grupos da lugar a la igualdad política y, por lo tanto, a la democracia.

El cuarto índice de V-Dem se fija en el principio participativo de la democracia, haciendo hincapié en la participación activa de los ciudadanos en todos los procesos políticos, electorales y no electorales. Este principio da más valor al gobierno directo de los ciudadanos, por ejemplo, que a la representación indirecta.

Por último la Universidad de Gotemburgo publica anualmente como parte de V-Dem un índice del componente deliberativo con el que tratan de medir hasta qué punto se cumple el principio deliberativo de la democracia, evaluando el proceso por el que se toman las decisiones en un sistema político. Un proceso deliberativo, tal y como lo entiende V-Dem, es aquel en el que “el razonamiento público, centrado en el bien común, motiva las decisiones políticas, en contraste con las apelaciones emocionales, los apegos solidarios, los intereses o la coerción”. Según este principio, la democracia ideal requiere algo más que una agregación de las preferencias preexistentes, necesita de un diálogo respetuoso en todos los niveles —desde la formación de preferencias hasta la decisión final— entre participantes informados y competentes que estén además abiertos a la persuasión.

Es verdad que el V-Dem puede ser el más riguroso, pero el más conocido de todos y que empieza a ser utilizado como un estándar, al menos en España, a juzgar no sólo por los medios de comunicación que lo citan sino por los líderes políticos españoles que lo usan como referencia, es el que publica anualmente The Economist.

El Índice de Democracia de la revista británica se expresa en una escala de 0 a 10 y se basa en las calificaciones de 60 indicadores agrupados en cinco categorías: proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación política y cultura política.

Los valores del índice se utilizan para clasificar los países en cuatro tipos de régimen: democracias plenas (puntuaciones superiores a 8), democracias defectuosas (entre 6 y 8), regímenes híbridos (entre 4 y 6) y regímenes autoritarios (por debajo de 4).

España, según el último índice publicado, tiene un 8,12. Así que, de acuerdo con este índice, es una democracia plena. O lo que es lo mismo: “Un país en el que no sólo se respetan las libertades políticas básicas y las libertades civiles, sino en el que hay una cultura política que favorece el florecimiento de la democracia”. Donde el funcionamiento del gobierno se considera satisfactorio, los medios de comunicación son independientes y diversos, existe un sistema eficaz de controles y equilibrios, el poder judicial es independiente y las decisiones judiciales se cumplen.

Esta clasificación se basa en el criterio de expertos, pero a diferencia de otros utiliza, si están disponibles, encuestas de opinión pública, principalmente la Encuesta Mundial de Valores, un proyecto global de investigación social que explora los valores y opiniones de la gente, cómo estos cambian con el tiempo, y su impacto social y político y que lleva a cabo desde 1981 una red mundial de científicos sociales y politólogos. Los indicadores basados en las encuestas predominan en las categorías de participación política y cultura política, aunque se utilizan algunos en las categorías de libertades civiles y funcionamiento del gobierno. Además de la Encuesta Mundial de Valores utilizan otras fuentes como el Eurobarómetro, los sondeos de Gallup, el Barómetro Asiático, el Barómetro Latinoamericano, el Afrobarómetro y las encuestas nacionales.

Resultados por afinidad

¿Y qué pasa en los países en los que faltan los resultados de las encuestas? Los encargados de elaborar la clasificación sencillamente “utilizan los resultados de las encuestas de países similares y la evaluación de los expertos para rellenar las lagunas”, según reconoce el informe de metodología del índice.

The Economist admite además que algunas materias e indicadores están en permanente discusión. Por ejemplo, la participación electoral. Después de haber aumentado durante muchos años, desde la década de 1960 se ha producido una tendencia a la disminución de la participación electoral en la mayoría de las democracias establecidas. Y la baja participación puede deberse al desencanto, pero también puede ser “un signo de satisfacción”, admiten los redactores del estudio. “Sin embargo, muchos ven la baja participación como algo indeseable, y hay un gran debate sobre los factores que afectan a la participación y cómo aumentarla”.

Por lo general, una alta participación se considera generalmente una prueba de la legitimidad del sistema actual, aseguran. “En contra de la creencia generalizada, existe, de hecho, una estrecha correlación entre la participación y las medidas generales de democracia, es decir, las democracias desarrolladas y consolidadas tienen, con muy pocas excepciones, una mayor participación (generalmente superior al 70%) que las democracias menos consolidadas”.

En cuanto al equilibrio entre los poderes ejecutivo y legislativo, “es muy discutido en la teoría política”, se excusan. En su modelo, “el claro predominio del poder legislativo se valora positivamente, ya que existe una correlación muy fuerte entre el predominio legislativo y las medidas de democracia general”.

A la vista de las explicaciones de los autores del Índice de Democracia es evidente que la fiabilidad de muchos indicadores está en discusión. Cuanto más se basan en criterios objetivos, mejor es el resultado. Pero no siempre están disponibles en todos los países o se obtienen de manera homogénea. Son en su mayor parte obra de agentes privados y en parte por esa razón tampoco son completamente transparentes, según los expertos consultados por infoLibre.

El índice de la ONG estadounidense The Freedom House (Freedom in the World) sitúa a la cabeza de la calificación mundial a Finlandia, Noruega y Suecia, con puntuaciones de 100 sobre 100. España ocupa el puesto 46, con 90 puntos sobre 100.

La elaboración de este informe se lleva a cabo a través de una evaluación de los derechos y libertades de cada país más que de la actuación de los gobiernos porque parte del criterio de que los derechos políticos y las libertades civiles pueden verse afectados tanto por actores estatales como no estatales, incluidos grupos insurgentes o armados. Los datos salen, según la propia ONG, de un equipo de analistas internos y externos y asesores expertos de las comunidades académica, de think tanks y de derechos humanos. En la edición de 2021 participaron más de 125 analistas y casi 40 asesores.

Para entender mejor cómo funciona es muy ilustrativo examinar la calificación de España. Los panelistas de Freedom House otorgaron a nuestro país la máxima puntuación en relación con el proceso electoral y pluralismo político y participación, pero nos restaron puntos en relación el funcionamiento del Gobierno (la inestabilidad de 2019 jugó en contra) o las salvaguardas frente a la corrupción o la libertad de expresión (concentración de medios, agresión a periodistas o persecución de tuiteros). La lista completa puede consultarse aquí.

El "cambio de criterio" de Hacienda esgrimido una y otra vez este miércoles por Màxim Huerta antes de dimitir como ministro de Cultura nunca existió. La legislación tributaria española, y así lo subrayan las dos sentencias por fraude fiscal que hace solo un año condenaron al periodista a pagar 365.939 euros por fraude fiscal en 2006, 2007 y 2008, ya exigía en aquel momento que las denominadas "operaciones vinculadas" se hicieran "a precio de mercado". 

Traducido, lo anterior significa entre otras cosas lo siguiente: que cualquiera está legitimado para crear una sociedad y utilizarla para facturar a terceros sus servicios profesionales. Pero que si esa misma sociedad decide, por ejemplo, contratar a su accionista –se llaman operaciones vinculadas porque se realizan entre partes unidas por un vínculo societario directo o indirecto–, debe hacerlo "a precio de mercado" y no por un importe inferior dirigido a que el socio-asalariado se ahorre impuestos en su declaración de IRPF.

Y eso, autocontratarse por un sueldo ficticio y muy inferior a los verdaderos ingresos que recibía a través de una sociedad cuyo único objetivo era canalizar los pagos que sus clientes de Huerta abonaban por los servicios profesionales de Huerta, servicios de carácter "personalísimo" y por tanto intransferible, fue lo que, según las dos sentencias del Tribunal Superior de Madrid (TSJM), hizo el periodista a lo largo de tres ejercicios. Hubo fraude fiscal pero no delito. Para que el fraude revista carácter penal la cuota defraudada debe superar necesariamente el umbral de los 120.000 euros por año.

¿Cómo determinó aquí Hacienda el "valor de mercado de las operaciones" vinculadas entre la empresa de Huerta como persona jurídica -Almaximo Profesionales de la Imagen SL- y el propio periodista como persona física? El TSJM lo explica: "a partir de los ingresos que Almaximo Profesionales de la Imagen SL ha obtenido de sus clientes (terceros sujeto pasivos independientes), por los servicios que a esos clientes le prestó Huerta, y una vez corregidos atendiendo a los gastos necesarios incurridos por la sociedad (no admitiéndose la deducibilidad los gastos no relacionados con la actividad)".

La segunda de las dos resoluciones judiciales relativas a Huerta y que analiza lo sucedido en 2007 y 2008 es la que aporta cifras con mayor claridad. El primero de esos dos años, la empresa de Huerta  ingresó 287.094 euros, de los que -sostuvo Hacienda y revalidó luego el TSJM- 80.480 eran gastos "relacionados con la actividad artística" aunque el periodista contabilizó como tales nada menos que 213.751 euros. Su sueldo oficial como asalariado se cifró en solo 43.000 euros.

¿Qué sostenía la Agencia Tributaria y qué dijo el TSJ de Madrid? Que en realidad, Huerta debería haber declarado como rentas del trabajo los 206.614 euros resultantes de restar los 80.480 euros de gastos en lugar de por los 43.000 euros en que se cifraba la nómina que él mismo se había puesto. Y 43.000 euros representa el 20,8% de 206.614 euros. Así, en la declaración de IRPF de aquel año Huerta solo tributó por uno de cada cinco euros de los que había ingresado por su trabajo como persona física.

Según El Confidencial, que este miércoles por la mañana desveló las dos sentencias, entre los gastos que Huerta anotó como deducibles figura un piso de Alicante donde el periodista y presentador suele veranear y que no guarda ninguna relación con la actividad de Almaximo Profesionales de la Imagen SL.

Al año siguiente, ocurrió otro tanto. Almaximo ingresó 303.506 euros, de los que Hacienda aceptó como gastos relacionados con la actividad artística y legalmente deducibles 24.451 euros aunque, de nuevo, el hoy exministro computó como tales 110.796 euros. Esta vez, Huerta se fijó como salario 60.000 euros. Según Hacienda, los rendimientos reales del trabajo deberían haberse cifrado en 279.054 euros. Por tanto, y dado que para su declaración de IRPF solo tuvo en cuenta los 60.000 ya mencionados, Huerta tributó como persona física por una cifra equivalente al 21,5% de su remuneración real.

Evitar el parapeto de las sociedades pantalla

La norma que obliga a que las "operaciones vinculadas" se realicen a valor de mercado persigue un objetivo esencial en cualquier política de fiscalidad progresiva: que quienes más ganan tributen más según sus ingresos reales sin parapetarse tras sociedades pantalla, es decir, puramente instrumentales y sin más actividad que la de procurar un manto de cobertura a sus propietarios. Y lo que, según el TSJ de Madrid, hizo justamente Huerta fue parapetarse tras una mercantil creada "con la única finalidad de obtener una menor tributación mediante la elusión de los tipos marginales del IRPF y la deducción de mayores gastos, algunos no deducibles por ser ajenos a la actividad", es lo que Huerta hizo según el Tribunal Superior de Madrid.

Según El Confidencial, Huerta habría tenido que afrontar un tipo del 48% en su declaración de IRPF de haber contabilizado los ingresos que canalizó a través de su empresa Almaximo. El tipo vigente para el impuesto de sociedades era muy inferior, de en torno al 25%.

Hasta el último momento, Huerta repitió este miércoles que había sido víctima de una caza de brujas y de una "jauría", al tiempo que vindicaba la buena fe de su comportamiento como contribuyente. Tanto Hacienda como el TSJM alcanzaron una conclusión opuesta. El tribunal lo expone así: "Se produce, como sostiene la Inspección, un remansamiento de rentas en sede de la sociedad que se encuentra sujeta al Impuesto sobre Sociedades donde el tipo impositivo es menor y cabe deducir mayores gastos que en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, en el que el tipo marginal es mas elevado y por lo que se refiere al reparto de dividendos puede ocurrir que no se distribuyan beneficios o que se repartan al albur de la entidad. No se trata de una opción entre dos posibilidades legítimas de tributación".

Almaximo, dice asimismo la resolución judicial, es "una sociedad que únicamente emite facturas, realiza la correspondiente gestión de cobro de las mismas y realiza pagos". "Se trata, por tanto -añade el texto- de una sociedad que no añade ningún margen, ni aporta valor añadido alguno a la actividad de los artistas, de carácter personalísima, realizada para los clientes por parte de Huerta, no asumiendo ningún riesgo ni aportando ningún activo propio relevante".

En otras palabras, quienes contrataban a Almaximo estaban en realidad contratando única y exclusivamente a Huerta. "Y respecto a los medios materiales -aduce el tribunal- Almaximo Profesionales de la Imagen SL no aportaba al ejercicio de la actividad artística más inmovilizado material que un inmueble, que es una vivienda situada en la provincia de Alicante, mientras que la actividad por la que se emiten las facturas tiene lugar en Madrid y tiene que ver con la presentación de programas de TV y publicidad".

La confianza de los españoles en el Gobierno se ha reducido a prácticamente la mitad en los últimos diez años, y ahora mismo, en Europa solo los ciudadanos griegos y eslovenos confían menos en su Ejecutivo. Es una de las conclusiones que se extraen del informe ¿Cómo es la vida?, un documento bienal publicado por la OCDE este miércoles que refleja, además de la escasa confianza en sus instituciones, que la población española es menos feliz de media que la del promedio de los países que componen la organización o que también confía menos en su policía.

El informe recoge una gran cantidad de indicadores sobre la calidad de vida y el día a día de los ciudadanos de los más de treinta países que componen la OCDE, y también expone datos sobre la opinión que mantienen de sus instituciones. Y en España, la corrupción y la crisis económica han erosionado profundamente la confianza en el Gobierno: según los datos de la OCDE, apenas un 26,4% de los ciudadanos afirma fiarse del Ejecutivo central, un porcentaje que no ha dejado de descender gradualmente desde el año 2005, cuando eran el 50,2% de los españoles los que decían tener confianza en sus gobernantes. La cifra bajó al 43,6% en el periodo comprendido entre los años 2008 y 2010, y sufrió su mayor descalabro entre 2011 y 2013, cuando se desplomó hasta el 27,7% de los encuestados.

De entre los Estados europeos, sólo los gobiernos de Grecia y Eslovenia tiene un problema aún mayor de credibilidad entre sus ciudadanos: apenas un 25,3% de los griegos afirman confiar en el Ejecutivo, por un escaso 21% de los eslovenos. Pero incluso contando a los países del resto del mundo pertenecientes a la OCDE –en la que están presentes naciones como EEUU, Canadá, Chile, Australia o Turquía–, España no sale bien parada: además de los de Grecia y Eslovenia, sólo el Ejecutivo de Corea del Sur –en el que dicen confiar solo un 26,2% de los surocoreanos– merece menos crédito a sus ciudadanos que el español. De media, en la OCDE el 37,6% de los ciudadanos dice fiarse de su gobierno, y la cifra crece hasta el 77,9% en Suiza o hasta el 60% en Alemania.

Y es que a los españoles no les parece que pinten mucho en las decisiones que toma el Gobierno que en la actualidad lidera Mariano Rajoy. Según el informe de la OCDE (que, en este asunto, recoge datos de 2012), sólo el 23,4% se siente concernido por la acción del Ejecutivo y cree que lo que piensa influye en sus determinaciones, una cifra inferior a la media de los países desarrollados, que se sitúa en el 32,8%. El porcentaje es sensiblemente inferior al de países como Dinamarca (50,1%), Noruega (49,4%), Suecia (45,3%) o Grecia (70,9%): de hecho, sólo los ciudadanos checos, franceses, italianos y eslovacos creen que influyen menos en las decisiones de sus gobiernos que los españoles. Tampoco ayuda que más del 80% de los ciudadanos crean que la corrupción está "extendida" en el Gobierno, una cifra más de 20 puntos superior a la media de la OCDE.

La confianza en la policía es otro de los indicadores que mide el informe de la OCDE entre los relativos a la situación social de cada uno de los países, y de nuevo España no sale bien parada. Los ciudadanos aprueban a las fuerzas de seguridad, pero con un 5,4 raspado, y aunque en este caso la diferencia con la media de la OCDE no es tan grande –ésta se sitúa en el 6,1–, se trata de la séptima peor nota de los 28 países analizados –en este punto, algunos Estados no ofrecen datos–. La policía mejor valorada por los ciudadanos de su país es la finlandesa, a la que le otorgan una nota de 8,2 puntos, y las únicas que suspenden son la eslovaca, con un 4,4, y la checa, con un 4,9.

El segundo país con más paro de larga duración

Varios de los indicadores laborales y económicos del informe de la OCDE tampoco dejan a España en un buen lugar. La tasa de desempleo de larga duración se encuentra entre las más altas de los países desarrollados, ya que asciende al 9,5% y sólo es superada por la griega (que está en el 17%), mientras la media de la OCDE es del 2%. En este sentido, el porcentaje de población activa con empleo en España es la cuarta más baja de la OCDE, tras Turquía, Grecia e Italia: apenas el 60,5% de las personas en edad de trabajar lo hacen, mientras el promedio de la organización es del 67,1%. Y de lo que ingresan, los ciudadanos tienen que dedicar a mantener su hogar un 21,8% del total, un dato casi tres puntos por encima del promedio y que ha sido de los que ha crecido más vertiginosamente en la última década.

El documento también refleja la extrema inseguridad del mercado laboral español, que de nuevo sólo es superada por la del griego: de media, una persona que pierda su empleo y se quede en el paro durante un tiempo perderá el 17,3% de sus ingresos, por apenas un 4,9% de promedio en la OCDE. "Esta pérdida de ingresos depende del riesgo de quedar desempleado, el tiempo que se espera que dure esta situación y el grado de atenuación de estas pérdidas de ingresos que proporcionan las prestaciones por desempleo", explica el informe.

No obstante, los datos recogidos por la OCDE también incluyen puntos positivos para España, que junto a Dinamarca es el país donde los trabajadores a tiempo completo tienen más horas no dedicadas al trabajo al día: 15,9 de las 24 diarias, una más que el promedio. Además, sólo el 4,5% de los trabajadores hacen regularmente diez horas extra o más a la semana, mientras la media de la OCDE se sitúa en el 12,6% y alcanza el 33,8% en países como Turquía. Sin embargo, el 40,8% tiene una carga de trabajo superior a la que puede asumir, un porcentaje superior a la media, que está en el 36,9%.

Así las cosas, los españoles se declaran menos felices que el promedio de los ciudadanos que viven en los países de la OCDE, ya que ponen una nota de 6,4 sobre 10 a sus vidas, una décima menos que la media. Y es que la insatisfacción de los españoles con sus vidas ha aumentado el triple que la media de la OCDE entre 2005 y 2015: hace algo más de una década, la nota media que los ciudadanos daban a su vida era un 7,1 por el 6,7 que registraba la OCDE. No obstante, la esperanza de vida es la segunda más alta de los países desarrollados, tras Japón: un español puede esperar vivir 83 años al nacer.

La plataforma Polétika, integrada por más de 500 organizaciones de la sociedad civil enfocadas a vigilar las iniciativas y compromisos adquiridos por los partidos políticos en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, denuncia en su informe anual que el Gobierno y el Parlamento suspenden en infancia, protección social, acogida de refugiados, sanidad, cooperación al desarrollo o educación. Hablan de "un año perdido" en protección social.

El documento evalúa las iniciativas llevadas a cabo tanto por el Gobierno como por el Parlamento en esta materia, y las compara con las promesas realizadas en el periodo electoral y concluye que el resultado de estos doce meses es "decepcionante" con una nota media "insuficiente".

La plataforma señala que el Gobierno y Parlamento han dado "algunos pasos positivos, pero claramente insuficientes" para que representen un "cambio real" en la vida de millones de personas. Destaca la subida del salario mínimo interprofesional en un 8%; el Pacto de Estado contra la violencia de género; el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y transición energética; avances en la Ley de Transparencia y regulación de los lobbieslobbies, o la creación de la Comisión no Legislativa de Derechos de Infancia y Adolescencia.

"Pero también ha habido nulos avances o retrocesos en otras áreas", subraya Polétika, como el incumplimiento con el compromiso de acogida de las personas refugiadas, en el que España apenas ha traído al 11% de las comprometidas; la "negación a derogar" el Real Decreto-Ley 16/2012 para la sanidad universal, o el "insignificante" presupuesto en Ayuda Oficial al Desarrollo.

"Urge un giro inmediato y ambicioso en las iniciativas políticas presentadas en lo que va de legislatura para que se garanticen los derechos de las personas, especialmente, las más vulnerables", señalan las más de 500 entidades en su informe, en el que señalan que es una "condición necesaria" si España quiere avanzar en el cumplimiento del compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, firmados en 2015. Asimismo, apuntan que la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado puede ser una "oportunidad" para revertir la situación.

"Un año perdido en protección social"

En cuanto a las materias suspensas, Polétika subraya que este último año ha sido un tiempo "perdido" en protección social y advierte que a pesar de que 1,8 millones de familias de bajos ingresos y sin derecho al subsidio por desempleo podrían beneficiarse de Iniciativa Legislativa Popular en este sentido, esta permanece "secuestrada por el Ejecutivo" y no termina de tramitarse tras el periodo de enmiendas.

Por ello, esta plataforma pide que se "priorice" la creación de un sistema de garantía de ingresos mínimos para que todas las personas puedan tener una vida "digna", así como "blindar" las políticas sociales que garantizan los derechos básicos y la igualdad de oportunidades, y el compromiso de establecer un indicador de desigualdad y un órgano que vigile dicho indicador.

De infancia, destaca que no ha habido ni presupuestos ni cambios legislativos pese a ser el colectivo "más vulnerable". Si bien admite que todos los grupos han propuesto iniciativas relativas a las cuestiones de infancia, pero sin avanzar en legislaciones pendientes y que se definan dotaciones presupuestarias para la reducción de la pobreza y exclusión infantil.

En cuanto a la atención a personas refugiadas, alerta de que tras un año de Legislatura, el Gobierno "ha demostrado falta de voluntad política como tónica general" en estos asuntos frente a un Parlamento "mucho más activo y exigente" con él. "Exigimos que el Gobierno asuma como una prioridad la protección de civiles atrapados en conflictos, para lo que es imprescindible aumentar el volumen de Ayuda Humanitaria, frenar el comercio con armas y promover vías legales y seguras", apostilla.

En materia de educación, Polétika apunta que ha sido un año "marcadamente continuista, con escasos avances y mucha incertidumbre" y subraya que es preciso derogar la LOMCE y abrir un proceso de diálogo "real y abierto" con toda la comunidad educativa y la sociedad civil, para consensuar una nueva ley "sostenible, sin intromisiones de los poderes fácticos". Además, apunta que es "urgente" revertir los recortes educativos y aumentar la inversión.

La situación de bloqueo político se ha disparado en la lista de los problemas de España que cada mes prepara el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), y aunque el paro y la corrupción siguen en cabeza, tras la fallida investidura de Mariano Rajoy los políticos han pasado a ser el tercer problema del país aumentando diez puntos (29,3%) y la falta de Gobierno se ha encaramado a la quinta plaza al subir hasta el 11,6%, informó Europa Press.

El barómetro de septiembre se basa en 2.483 entrevistas realizadas entre los días 3 y 12 de dicho mes, justo después del intento fallido de Mariano Rajoy para ser investido presidente del Gobierno con el apoyo de PP, Ciudadanos y Coalición Canaria.

Para los españoles, el paro seguía siendo el primer problema de España, pero su porcentaje cae hasta el 71,6%, una cifra que no se veía en los últimos siete años. Dos meses antes, en julio, la preocupación por el desempleo estaba en el 75,6% y un año antes, en primavera de 2015, rondaba el 80%.

Como segundo problema del país a juicio de los españoles sigue figurando la corrupción y el fraude, pero la inquietud es menor que en barómetros anteriores representando un 36.6% de las menciones frente al 43,4% e julio o el 50,8% de abril de 2015.

Lo que aumentan son las menciones a los políticos y a los partidos como un problema de España, que en julio figuraban en el cuarto puesto con un 19,4% y en septiembre se dispara diez puntos hasta el 29,3%, lo que le sitúa en el tercer puesto.

El Partido Progresista anunció este martes que abandona la coalición de Gobierno en Brasil, en lo que supone un nuevo revés Brasil, para la presidenta Dilma Rousseff, después de que el Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) hiciese lo mismo a finales de marzo.

El presidente del Partido Progresista, el senador Ciro Nogueira, confirmó que abandonan la coalición y que sus miembros dejarán los cargos que ocupan en el Ejecutivo. Los primeros en dimitir serán el ministro de Integración Nacional, Gilberto Occhi, y el presidente de la empresa estatal brasileña Codevasf, Felipe Mendes, según Europa Press.

"Se trata de una decisión que no defiendo, no lo voy a negar. He defendido hasta el último momento la permanencia del partido en la coalición gobernante. Pero no me queda otra alternativa como presidente que cumplir con la decisión de la organización", dijo Nogueira, según informó el diario O Globo.

El partido había sido un importante aliado de Rousseff y con 49 diputados podría decidir el resultado de la votación del domingo, con la que se podría abrir un juicio político contra la mandataria.

El también dirigente del Partido Progresista Aguinaldo Ribeiro dijo este mismo martes a periodistas, en la ciudad de Brasilia, que la mayoría del partido está a favor del juicio político o  impeachmentimpeachment.

Pasaron sólo dos meses y un puñado de días. El 10 de diciembre Mauricio Macri salió al balcón de la Casa de Gobierno y saludó a quienes se habían reunido para celebrar su asunción. “Parece que fue ayer cuando nos animamos a soñar que los argentinos podíamos vivir mejor. Y hoy estamos acá, a punto de empezar una etapa maravillosa de nuestro país”, aseguró. Luego siguió con unas pocas frases propias de un libro de autoayuda. “Les quiero agradecer que crean en ustedes mismos. Yo estoy acá porque creo en ustedes y necesito que ustedes crean en ustedes”, sostuvo antes de ponerse a bailar al ritmo de la cumbia No me arrepiento de este amor. “¡Los amo! ¡Amo este país! ¡Con ustedes y por ustedes vamos a construir la Argentina que soñamos!”, concluyó.

Pese a aquellas promesas llenas de entusiasmo, lo que vino después está lejos de parecer una “etapa maravillosa”. Entre las distintas medidas que se han ido tomando sobresalen la devaluación del peso, una creciente desregulación financiera, la reducción y eliminación de impuestos a las exportaciones agropecuarias y mineras, el despido de empleados públicos, la subida de las tarifas de luz y el intento de limitar los aumentos salariales en un escenario de inflación creciente.

En el gobierno afirman que el presente es parte de la herencia del pasado. Sostienen que es necesario restablecer una supuesta “normalidad” perdida durante los 12 años del kirchnerismo en el poder y presentan el ajuste como un “sinceramiento” requerido para lograr ese objetivo. En todo momento han buscado instalar la idea de que lo ocurrido hasta ahora era algo inevitable y que llevará tiempo y esfuerzo salir adelante.

Desde el kirchnerismo, en cambio, responden que lo que está haciendo Macri es beneficiar a los sectores más concentrados de la economía y que el camino elegido es consecuencia de una decisión política. Incluso recuerdan que antes de las elecciones habían advertido sobre muchas de las medidas que Macri tenía en carpeta y entonces los acusaron de llevar adelante una “campaña del miedo” para asustar a los votantes.

Esa disputa por cómo interpretar lo que está ocurriendo se observa luego de cada medida que el nuevo gobierno ha ido tomando. Por ahora, Macri gana la batalla con el respaldo de la mayoría de los grandes medios de comunicación. Al menos eso reflejan las encuestas, donde su imagen positiva continúa siendo alta, aunque el impacto en el bolsillo de los trabajadores ha hecho que la tendencia se muestre a la baja en las últimas semanas.

La principal medida que tomó Macri cuando llegó al poder fue devaluar la moneda. A mediados de diciembre eliminó las restricciones cambiarias que había impuesto el kirchnerismo y el dólar trepó en un día de 9,84 a 13,90 pesos, un 41 por ciento. El objetivo fue incrementar la competitividad de las exportaciones para incentivar a las cerealeras a liquidar sus stocks de granos.

Durante la campaña electoral, el entonces candidato a ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay había anticipado la devaluación, pero había dicho que no iba a impactar en los precios internos porque la mayoría de los bienes y servicios tenían como referencia el dólar negro que había surgido a la sombra de las restricciones cambiarias y que por entonces estaba en torno a los 15 pesos. “Subirá el oficial, que no afecta prácticamente a nadie”, aseguró, pero lo ocurrido fue muy diferente.

La devaluación golpeó de lleno en los precios, acelerando una inflación que ya de por sí era una de las más altas del mundo. No hay un dato que muestre el impacto nacional porque el gobierno dejó de publicar momentáneamente estadísticas oficiales con el argumento de que no eran confiables. Sin embargo, mientras prepara los nuevos indicadores pidió que se tomen como referencia los valores que arroja el Índice de Precios de la Ciudad de Buenos Aires y esos datos vienen siendo alarmantes.

Hasta noviembre, la inflación interanual era de 23,9%, pero en diciembre el aumento fue de 3,9 y en enero de 4,1%, lo que elevó a 29,6% la subida interanual. En el caso de los alimentos la situación es peor porque entre noviembre y enero trepó de 20,4 a 29% interanual.

Esta situación no sólo se potenció por la subida del dólar, que este lunes 22 de febrero llegó a 15,35 pesos acumulando una subida de 56% en dos meses, sino también por la reducción de los impuestos a las exportaciones agropecuarias y mineras.

Históricamente, cada vez que Argentina devaluaba su moneda para contrapesar el impacto en precios se solía apelar a los impuestos a las exportaciones agropecuarias. El objetivo era captar para el erario público parte de la renta extraordinaria que la devaluación le generaba al campo y al mismo tiempo limitar la suba de precios en el mercado local. En esta ocasión, en cambio, la devaluación vino acompañada de una quita de impuestos a la exportación. El gobierno afirma que es para incentivar las exportaciones y así incrementar el ingreso de dólares, pero la consecuencia inmediata ha sido una aceleración de los precios. A esa medida se le sumó luego una quita de las retenciones mineras que le restaran al Estado una recaudación anual de 220 millones de dólares, la cual irá a parar a las arcas de un puñado de multinacionales extranjeras.

A su vez, para febrero se espera que la inflación se mantenga nuevamente por encima del 4% mensual ya que el gobierno autorizó una fuerte suba en las tarifas de luz que supera el 700% para los usuarios del área metropolitana de Buenos Aires, donde vive cerca del 40% de la población del país. Los valores que pagaban esos hogares por la energía eléctrica venían siendo irrisoriamente bajos porque el gobierno anterior había decidido subsidiar a las empresas para mantener congeladas las tarifas durante más de una década.

Así fue como un cliente de Buenos Aires que consume 550 kilovatio hora pagaba 50 pesos por bimestre (3,3 dólares de acuerdo a la cotización actual del dólar), mientras que ahora pasará a pagar 400 pesos (26,7 dólares).

Las asociaciones de consumidores cuestionaron que la subida no haya sido gradual porque si bien las tarifas venían siendo muy bajas los hogares tenían un presupuesto organizado en base a esos valores. Además, se quejan por los recurrentes cortes en el servicio. El gobierno encima no descartó la posibilidad de aplicar un nuevo incremento en los próximos meses y ya anticipó que habrá un ajuste similar en los precios del gas.

Al intento por captar dólares comerciales a partir del incentivo que supuso la devaluación y la reducción de los impuestos a la exportación se sumó la decisión de avanzar con una creciente desregulación financiera para tratar de atraer inversiones. Al eliminar las restricciones al ingreso y salida de divisas y subir la tasa de interés de referencia para los depósitos en pesos, se buscó seducir a fondos especulativos dispuestos a ingresar dólares al país para hacer una ganancia alta de corto plazo. Sin embargo, por ahora el ingreso de dólares financieros ha sido menor al previsto, en parte por la delicada situación financiera internacional que ha llevado a muchos fondos a refugiarse en activos más seguros.

Frente a este escenario complejo, el gobierno decidió acelerar la negociación con los fondos buitres para intentar cumplir lo antes posible con el fallo del juez neoyorkino Thomas Griesa que en noviembre de 2012 le ordenó a Argentina pagarle el cien por ciento de la deuda a un grupo de holdouts (fondos buitres) que vienen litigando contra el país desde el default (suspensión de pagos) de 2001 y no aceptaron ninguna restructuración. Como Argentina no cumplió con ese fallo, la justicia estadounidense bloqueó en 2014 los pagos de toda la deuda externa. Si el gobierno logra un acuerdo, podría destrabar esos pagos y eso le facilitaría volver a tomar deuda en el mercado internacional, descomprimiendo la presión sobre el tipo de cambio que genera la escasez de dólares, aunque el resultado de ese pleito todavía es incierto.

Otro de los frentes abiertos que tiene el gobierno es el de la negociación salarial. Los trabajadores han visto como en los últimos dos meses su poder adquisitivo se licuó sustancialmente. Por lo tanto, ahora que comienzan las paritarias --las comisiones de negociación entre representantes sindicales y empresarios--, la mayoría de los gremios reclaman aumentos cercanos al 40 por ciento anual. El gobierno sabe que si las empresas otorgan esas subas probablemente trasladarán su impacto a los precios y se reeditará la carrera de precios contra salarios, acrecentando la inestabilidad política y social. Para tratar de evitarlo, presionan a los trabajadores para que acepten subas de entre 20 y 25% anual.

De hecho, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, las dos jurisdicciones locales gobernadas por el frente Cambiemos que llevó a Macri a la presidencia, le ofrecieron a los docentes de las escuelas públicas aumentos salariales de 22 y 24,1% anual, respectivamente, fijándole una referencia baja al sector privado. Los maestros rechazaron esa oferta y peligra el inicio de clases, previsto para el mes de marzo.

El ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay les dijo a los gremios del sector privado que si presionan mucho por salarios podría verse afectado el nivel de empleo. "Creo que cada paritaria discute lo que puede discutir y acá no es sólo la dimensión del salario sino también cuidar el empleo", aseguró. La declaración fue rechazada por extorsiva, pero logró instalar el fantasma de la desocupación como un elemento disciplinador, algo que había estado ausente en los últimos años del kirchnerismo, donde el desempleo bajó hasta un piso de 6,6% en 2015 luego de haber llegado a un record de 21,5% en mayo de 2002. El gobierno no sólo colaboró discursivamente para alentar ese fantasma. También lo hizo despidiendo trabajadores estatales. Según el Observatorio del Derecho Social de la Central de los Trabajadores Argentinos Autónoma, entre diciembre y enero hubo 27.199 despidos en las administraciones públicas nacional, provinciales y municipales y la gran mayoría de esos casos se registró en jurisdicciones gobernadas por el frente Cambiemos.

Desde el kirchnerismo, incluso denunciaron persecución política porque muchos de los despedidos son militantes de la agrupación juvenil La Cámpora que responde a Cristina Fernández de Kirchner. El macrismo buscó justificar las desvinculaciones con el argumento de que era gente a la que se le venció el contrato o “ñoquis”, como se denomina en la Argentina a quienes cobran un salario pese a no trabajar. También hubo casos de represión policial a trabajadores despedidos, como los ocurridos en una protesta de municipales de La Plata y otra de empleados de la empresa avícola Cresta Roja, lo que llevó a la oposición a denunciar que el gobierno busca criminalizar las protestas. La detención de la dirigente social Milagro Sala en la provincia de Jujuy también constituye un antecedente peligroso en ese sentido.

Hasta el momento, y pese a las crecientes dificultades económicas, Macri conserva un porcentaje de aprobación popular cercano al 50%. Su esfuerzo por endilgarle la mayoría de las responsabilidades al kirchnerismo ha sido efectivo y el apoyo se potencia con una estrategia de marketing destinada a contrarrestar a quienes lo acusan de comandar un gobierno de derecha que responde a las grandes corporaciones económicas.

“Nosotros creemos que izquierda y derecha no son términos relevantes. Al votante no le importa eso, se da cuenta de que no son términos reales. Es mucho más relevante la diferencia entre viejo y nuevo que entre izquierda y derecha, es el siglo XXI y el siglo XX. Mauricio plantea el liderazgo de un Estado menos ideológico y más real, al servicio de la gente”, aseguró hace un par de semanas el filósofo Alejandro Rozitchner, uno de los encargados de escribir los discursos de Macri. El intento por generar empatía con la población es permanente. De hecho, cuando la inflación se aceleró, comenzaron a aparecer en las redes sociales fotos “casuales” de varios funcionarios haciendo compras en el supermercado, en un claro esfuerzo por mostrarlos cerca de los problemas de la gente. Ninguna de esas acciones es producto del azar.

El diario argentino Perfil informó el pasado 7 de febrero que Macri armó un “gabinete paralelo” compuesto por dos ministerios, dos secretarías, cinco subsecretarías y hasta una Dirección de Discurso que se encargan específicamente de cuidar su imagen y los mensajes del gobierno. El gran interrogante es cuánto tiempo durará ese blindaje si la economía no mejora.

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Y, sin embargo, en cualquier discusión racional sobre el tema, las viejas, sólidas, ideas de izquierda y derecha están olvidadas por la mayoría de los votantes. De lo que se habla (cuando se habla y no se grita) es de democracia y de desigualdad.

De a “cuánta” democracia se puede aspirar y cuánta desigualdad podemos soportar. Y, en mi opinión, es en esta “geometría” en la que debemos encajar a las diferentes opciones políticas.

En un extremo del eje democracia está quienes piensan que la mayoría de las personas no deberían participar en el gobierno, que sólo unas élites (económicas, ideológicas, familiares, académicas…) están capacitadas para elegir y ser elegidas. En el otro extremo, tendríamos a quienes creen que el mejor sistema de gobierno es aquél en el que más personas, y en más ocasiones, participan.

Un extremo del eje desigualdad lo ocuparían quienes creen que eliminar la desigualdad es la primera prioridad de cualquier gobierno. En el otro quienes piensan que la desigualdad es, no sólo inevitable, sino beneficiosa.

Si analizamos los actos (las palabras de los políticos en año electoral ya sabemos lo que valen) de los partidos (el que más y el que menos ya tiene responsabilidades de gobierno) seremos capaces de situarlos en este sistema de coordenadas que, creo, se ajusta más a lo que esperamos de quienes queremos que nos gobiernen. 

Jesús Cabañas Galán es socio de infoLibre

El paro no ha bajado en el primer trimestre del año. Es rotundamente falso. Ha bajado en comparación el mismo periodo del año 2014 pero este trimestre ha subido.

Ha subido la tasa de paro, baja el número de trabajadores en activo (si así se pueden llamar a los que tienen la desgracia de trabajar cuatro horas a la semana) y el aumento de trabajadores no compensa esa pérdida, así que el porcentaje empeora.

Aumenta el número de parados de larga duración, personas que cada día que pasa se encuentran más hundidos y desesperados, a la par que impotentes y que en muchos casos han interioirizado que no encontrarán un trabajo decente en su vida. Ya son más de 2.700.000 personas las que sufren esta situación.

Casi 1.800.000 de familias tienen todos sus miembros en paro, a la par que desciende el número de familias que tienen un trabajo todos sus miembros.

143.000 empleos se han destruido en el sector privado y si las demoladoras cifras del desempleo no son aun peores es debido al santo del año (San Elecciones), que ha hecho aumentar el empleo público, ya que las admnistraciones entienden que repartiendo unas migajas en año electoral nos hará olvidar todo el sufrimiento y les volveremos a votar.

El paro sólo "desciende" entre los hombres un pírrico 0,8% mientras que aumenta en el resto de grupos analizados, mujeres, jóvenes, inmigrantes (un 33% de los inmigrantes están en paro y al no contar cn apoyo familiar en muchos casos, sus situaciones sueles ser más desesperadas).

Si hablamos de la comunidad en la que habito, la situación es aún peor. Aquí ni siquiera pueden mentir para engañarnos, los datos no admiten discusión. Estamos a la cabeza de España en destrucción de empleo y por ejemplo, sólo en el sector servicios se han destruido 13.400 empleos en tres meses. Simplemente desastroso.

Entonces, ¿de qué presumen en el Gobierno?

Realmente vienen a ser patético como manipulan y retuercen los datos estadísticos hasta que escupen algo parecido a su discurso y si ni así lo consiguen, pues queda el recurso del argumentario que repiten como un mantra para que salga reproducido en los medios de comunicación afines.

Disminuye el número de trabajadores, aumenta el exilio de españoles hacia el extranjero y cada vez es más difícil que las pensiones se paguen, de hecho aunque dicen que aumenta el número de afiliados a la seguridad social, en cambio la recaudación casi no aumentan.

Pero miremos un poco más adelante, no hay que ser cortoplacistas.

Pues realmente las perspectivas son terribles:

Con una deuda nacional de un 100%, estamos simple y llanamente hipotecados de por vida, y de por vida de nuestros hijos y quizás nietos.

Un exiguo porcentaje de la población que tenga la suerte de tener un trabajo lograrán cotizar los años suficientes para obtener el 100% de la misma y si encima los salarios siguen a la baja, estamos hablando de que las pensiones de dentro de unas décadas serán casi de miseria.

Practicamente todos los empleos que se crean en España son en la construcción y en el sector servicios, precisamente los sectores donde los empleos son más precarios y con los salarios más bajos. (El miércoles, por ejemplo, veía estupefacto como en un programa de máxima audiencia, concretamente Pesadilla en la cocina, se hablaba de trabajadores de la hostelería que trabajaban diez horas al día sin descanso y con contrato de media jornada).

Pues estos son los verdaderos datos que no nos hacen ser precisamente optimistas. El optimismo es para el Gobierno que para eso tienen su vida solucionada.

José Mera López es socio de infoLibre

El Gobierno vasco ha defendido "el modelo Londres/Escocia" frente al de "España/Cataluña" que conlleva "inestabilidad y descontento" y ha destacado que ha quedado "patente" que "el sentimiento independentista se extiende cada vez más en las regiones europeas". Además, espera que la suspensión de la autonomía catalana se quede en "una amenaza dialéctica" y apuesta por "el pacto y el acuerdo".

En una entrevista concedida a Europa Press, la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, se ha congratulado por el proceso de referéndum celebrado en Escocia, la alta participación que ha existido participacióny "el espíritu democrático" con el que se ha realizado.

Pese a que ha vencido el 'no' a la independencia escocesa, cree que el resultado demuestra "el sentimiento independentista" que, según ha asegurado, ha aumentado de un 25 a casi 45%. "Y ésa es una realidad que es inevitable", ha indicado.

A su juicio, es "indudable" que Escocia "es un referente a futuro que hay que tener en cuenta" y, por tanto, "no se puede obviar esa realidad". Tras señalar que el escenario después del referéndum es "la necesidad de trabajar y volver a restaurar las relaciones entre Escocia y Londres", ha apuntado que "el resultado no ha dejado indiferente" al Ejecutivo de Iñigo Urkullu, que ve en este modelo su "referente" a tener en cuenta en el futuro.

Pragmatismo político

Estefanía Beltrán de Heredia, que ha subrayado que ha quedado "en evidencia el pragmatismo político en todo este procedimiento", ha señalado que "ahora le toca a Londres y a Escocia empezar a trabajar en ese día a día, en esas mayores cotas de autogobierno, que también los conservadores tienen en su agenda".

La consejera ha asegurado que el Gobierno vasco tiene "un modelo propio, que apuesta por el diálogo, el debate, la negociación, el acuerdo y, finalmente, el refrendo en las urnas", lo que tiene "su reflejo" en la ponencia de autogobierno del Parlamento vasco. En su opinión, en este foro es en el que se debe llegar a un acuerdo a través del diálogo entre los partidos, que sea refrendado por los ciudadanos.

Beltrán de Heredia, que considera que ha quedado "patente" que el sentimiento independentista "cada vez se extiende más en las regiones europeas" para abogar por "más Europa, más cohesión social y por unos medios financieros también diferenciados", ha subrayado que Euskadi "tiene su apuesta propia", es "una realidad que existe en UE, y por tanto, "los distintos Gobiernos deben considerarla".

Cataluña

También ha defendido que Cataluña "lleva su propio proceso" y ha considerado que hay diferentes "modelos para gestionar" estas realidades, como se ha constatado con Escocia. "Queda en evidencia, una vez más, el inmovilismo español, que no ha sabido gestionar ni encauzar la negociación por las vías políticas", ha subrayado.

En su opinión, se puede abordar "el modelo Londres/Escocia o el modelo España /Cataluña", pero ha advertido de que este último "genera muchísima inestabilidad y desconcierto", mientras que la vía debe ser "la del pacto y el acuerdo".

La consejera de Seguridad ha expresado su confianza en que el Gobierno catalán "tome las decisiones adecuadas, haga las cosas bien y, finalmente, el pueblo catalán pueda expresar su opinión al respecto". "No tengo ninguna duda de que sabrán hacerlo correctamente", ha manifestado.

Además, espera que la posible suspensión de la autonomía catalana, a la que aludió el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, se quede en "una amenaza dialéctica", y la apuesta sea por "el diálogo".

"La realidad actual, social y europea nos lleva a gestionar, por la vía del pacto y el acuerdo, cualquier reivindicación en materia de autogobierno de las regiones", ha indicado.

En este sentido, ha subrayado que ello "tiene que contribuir a una Europa más fuerte". "No hay que tener miedo a la opinión de los pueblos y la vía es la negociación para darle solución política", ha afirmado, para añadir que "la crispación y el desasosiego no ayudan".

El pasado martes saludé al presidente Zapatero en un sencillo pero muy militante acto de presentación del libro de Ignacio Sánchez-Cuenca, con el Gran Wyoming y con Jesús Maraña, todos ellos colegas de InfoLibre. Allí estaba en primera fila sentado el presidente sin hacer el más mínimo ruido. Discreto y silencioso. Sospechamos que sus varias intervenciones en los medios de comunicación de las últimas semanas son fruto más de la presión de su editorial que de su afán de protagonismo. Si tenemos en cuenta que el actual secretario general del PSOE fue jefe de campaña en 2004, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista tras la victoria electoral, y luego ministro de Interior y vicepresidente del Gobierno… y si tenemos en cuenta también que Rubalcaba estuvo en todas y cada una de las grandes decisiones de aquellos siete años de Gobierno, en todas y cada una de las reuniones relevantes, incluidas las de los maitines de los lunes en las que estaba siempre presente con independencia de su cargo, resulta sorprendente este humillante y ridículo olvido al que parecen estar condenados los siete años de Gobierno socialista inaugurados hace exactamente diez años.

Recordemos algunas cosas por las que aquel presidente, y también quienes le acompañaron, el más destacado de los cuales fue probablemente Alfredo Pérez Rubalcaba, deberían ser objeto de recuerdo y de homenaje este 14 de marzo.

1. Ni un solo caso de corrupción. Ni en la Ejecutiva que dirigía ni en el Gobierno que presidía. El ministro de Justicia dimitió cuando se supo que estaba cazando con una licencia de otra comunidad autónoma. Y el “caso Campeón” obligó a orillar a Pepe Blanco, pero el Supremo concluyó que no había motivo ni siquiera de sospecha. Ponemos siempre ejemplos de los alemanes y los nórdicos cuando hablamos de altos estándares de honestidad, pero bajo el mando de Zapatero esos mismos estándares se aplicaban aquí mismo. Se dirá que el PSOE tiene muchos casos de corrupción pasados y presentes, y es cierto, pero en aquellos años nadie pudo decir el presidente del Gobierno hubiera estado recibiendo sobresueldos en billetes de 500.

2. Un país a la vanguardia en derechos y libertades. Antes de que pasáramos de ser los más guapos y ricos del planeta a ser los más feos y miserables, daba gusto ir por el mundo, porque todos sabían que Zapatero había retirado las tropas de Irak; que había promovido la igualdad de derechos de los homosexuales; que había protegido como nadie antes a las mujeres maltratadas y perseguido como nunca a los agresores; en los últimos años de su mandato, que había acercado la legislación española sobre la maternidad a la del resto de países de Europa, con una fórmula mixta de plazos y supuestos para interrumpir el embarazo; que había incorporado al programa educativo de los niños la educación en valores cívicos en esa asignatura llamada “educación para la ciudadanía”….

3. Una mejora real de las prácticas democráticas. Por ejemplo, con la superación de la “era Urdaci” en RTVE, después de haber negociado con los sindicatos una difícil reforma, y de haber modificado la ley para que el presidente de la casa fuera elegido por el Parlamento con mayoría reforzada. Nunca tuvieron la radio y la televisión pública en competencia con las privadas un mayor prestigio ni índices de audiencia más altos. Recordemos que el PP modificó luego las reglas del juego para poder poner y quitar al compás de su mayoría absoluta. Más ejemplos: darle algo más de aire al Senado acudiendo allí para las sesiones de control; o dejarse preguntar una vez al trimestre en ruedas de prensa sin hora de finalización previa; o conceder entrevistas a medios “hostiles”, para cabreo de quienes se creían con derecho a una relación vip con cualquier presidente socialista; o aprobar unas normas de buen gobierno que ponían mayor coto aún al clientelismo y el tráfico de influencias.

4. El fin de ETA y un sufrido pero eficaz manejo de los asuntos territoriales. Después de aguantar lo que no está escrito en forma de eslóganes apocalípticos (“usted traiciona a los muertos”, “España se rompe”…), lo cierto es que ETA está prácticamente muerta. En el ámbito más blanco de las tensiones territoriales pacíficas, la inteligente amabilidad de Zapatero con Ibarretxe y luego con el nuevo Estatuto de Cataluña, que generó en la derecha ahora gobernante una reacción virulenta y desmedida, parece una broma al lado de la deriva independentista que sufrimos hoy.

5. Un estoicismo a prueba de decenas de humillaciones. Hoy parece la prehistoria, pero hace solo cinco años que terminó la época de Zaplana y Acebes. Entre 2004 y 2008, Zapatero tuvo que aguantar manifestaciones lamentables promovidas por una Asociación de Víctimas del Terrorismo liderada entonces por un ultraderechista con evidentes desequilibrios, obispos que salían por primera vez a la calle para reclamar una muy convencional forma de familia, despreciando cualquier otra forma posible, una Conferencia Episcopal que miraba para otro lado mientras otro simpático e ingenioso ultraderechista de la rama anarcoide echaba cada mañana en la radio espuma por la boca.

6. Un sacrificio político personal para que nuestra economía no fuera intervenida. Nadie parece querer recordar –excepto el propio protagonista en su libro, que está muy bien, por cierto– que fue Zapatero, y no Rajoy, quien evitó que nuestra economía fuera intervenida, tomando aquellas decisiones que terminaron por alejarle de su electorado aún más, y que fueron un auténtico suicidio electoral. Lo hizo presionado y en contra de sus propios principios, pero es justo reconocer el coste altísimo que tuvo para él.

7. La discreción. Mientras Zapatero gobernaba, Aznar le ponía a parir en sus conferencias por el mundo, en las que hablaba (es posible que hasta lo creyera) del “milagro económico” que obró en España cuando él llegó al Gobierno, desde 1996 (el ex presidente obviaba que el crecimiento en realidad había empezado con González y con Solbes, en 1994). Aznar no tenía problema alguno en cuestionar la gestión de su sucesor, y el rencor por una victoria electoral inesperada era evidente. Como antes Felipe González, Zapatero ha guardado un respeto reverencial por su sucesor, en fuerte contraste con el acomplejado presidente Aznar. Pero a diferencia de sus dos antecesores, Zapatero no ha renunciado al puesto de miembro del nato del Consejo de Estado para formar parte de algún lucrativo consejo de Administración en empresas privadas. El presidente ha preferido ocupar su más modesto puesto en el alto órgano consultivo del Estado.

En lugar de dedicarse a maldecir, cotillear o conspirar a propósito de esta o tal otra decisión de sus compañeros de partido, el PSOE entero sabe que Zapatero tiende a no hablar mal de nadie y a dejar que las decisiones se tomen democráticamente. Me consta, porque me lo dijo él mismo hace unas semanas, que confía en que las primarias devuelvan al PSOE la fuerza y que eso le permita ganar las próximas elecciones generales. Quizá tenga motivos el presidente para el optimismo. Yo creo que para que el PSOE pueda afrontar bien su futuro, debería también reconciliarse con su pasado más reciente. En ese ejercicio encontrará muchas cosas que corregir, sin duda, y muchos errores que reconocer y purgar, pero también aciertos que recordar y reivindicar. Y es ridículo, por no decir ruin, no hacerlo como se debe.

En España, todos los presidentes del Gobierno han salido del poder repudiados por la opinión pública (excepto Leopoldo Calvo-Sotelo, que no tuvo tiempo dada la brevedad de su presidencia). Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero entraron con buenas valoraciones ciudadanas y al final de sus mandatos estaban totalmente quemados desde un punto de vista político. Mariano Rajoy sigue la misma senda que sus predecesores, sólo que la está recorriendo mucho más deprisa.

Las circunstancias en las que cada uno de los presidentes se ha quemado son muy distintas. Suárez perdió la iniciativa política en su segunda legislatura; además, el control de su partido, la UCD, se le fue de las manos. González, tras trece años de ejercicio del poder, se marchó envuelto en escándalos de corrupción y con el baldón de la guerra sucia contra ETA. Aznar perdió todo su crédito político por involucrar a España en la farsa de la guerra de Irak y, sobre todo, por mentir vilmente sobre la autoría del peor atentado terrorista de nuestra historia. Y Zapatero, que se resistió a reconocer la gravedad de la crisis y asumió como suyos los principios de las políticas de austeridad, abandonó el poder entre la incomprensión y el reproche generalizado de la ciudadanía.

Aunque las historias son distintas en cada caso, debe haber un hilo conductor que explique por qué todos los presidentes españoles se queman de esa forma y salen tan desprestigiados. Aquí va mi conjetura.

Pasado algún tiempo de la formación del gobierno, el presidente se enfrenta a sus primeros errores y a situaciones imprevistas que le obligan a tomar decisiones que no estaban en el guión original. En consecuencia, recibe los primeros ataques, muchos de ellos en ese lenguaje hosco, zafio y descalificatorio que resulta tan habitual en columnas y tertulias. Por muy dura que sea la piel del político, es inevitable que procure blindarse ante la crítica, sobre todo si esta se formula en términos tan brutales.

Ahí comienza un repliegue que acaba dando lugar al llamado “síndrome de la Moncloa”

. El presidente, quizá sin tener plena conciencia de ello, pondrá barreras psicológicas para que la crítica no le haga mella: pensará en los motivos mezquinos (envidia, resentimiento, ingratitud) que llevan a tantos comentaristas a criticarle de forma tan acerba. Y se refugiará, por tanto, en las opiniones “amigas” que transmiten algo de calor y complicidad ante la tarea ciertamente ardua de tener que tomar decisiones al máximo nivel.

El presidente, pues, se irá aislando poco a poco de la sociedad. Contribuye a ello la forma absurdamente jerárquica en la que se organiza el poder político en España, en la que el presidente nunca se mezcla con los niveles más bajos de su gobierno, por no hablar ya de posibles contactos con la ciudadanía. Durante su mandato, Bill Clinton reservaba una noche de viernes al mes para reunirse con todo su equipo de asesores, incluyendo los más junior, y cenar unas pizzas en un ambiente distendido en el que todo el mundo opinaba sin cortapisas, provocando así una “tormenta de ideas” de la que el presidente norteamericano sacaba provechosas enseñanzas. En nuestro país, que sigue en esto la tradición francesa, esta manera de proceder resulta simplemente inconcebible. El presidente siempre está recluido y rodeado por sus colaboradores más estrechos. El diálogo con gente que pueda proporcionarle una perspectiva más fresca es inviable.

A medida que se ahonda el aislamiento de la sociedad, el presidente llena el hueco con nuevos contactos, que proceden de las esferas más altas. Sus interlocutores, fuera del ambiente asfixiante y muchas veces viciado del propio gobierno, pasan a ser los consejeros delegados de las grandes empresas, directores de banco, directores de medios de comunicación y gente similar. Sus fuentes de información y análisis van sesgándose progresivamente a favor de las élites del país.

Por otro lado, todos nuestros presidentes, hasta el momento, se han caracterizado por no hablar idiomas, no haber vivido nunca fuera de España y tener unos conocimientos muy rudimentarios sobre la esfera internacional antes de llegar al gobierno. En este sentido, la experiencia del poder les cambia profundamente. Descubren un mundo nuevo y quedan deslumbrados por los consejos europeos, los encuentros con otros mandatorios y, en general, por la “alta política”. En ese ambiente reciben un mejor trato que en su propio país, gozando de un reconocimiento que en casa se les regatea.

Llega un momento en que la sociedad se desdibuja en la mente del presidente, quedando reducida a las tablas de datos de las encuestas de opinión pública. Inevitablemente, los puntos de apoyo del presidente pasan a ser entonces su camarilla de gobierno, las élites económicas y financieras del país y sus homólogos en otros países. Cuando actúa, piensa en mayor medida en la reacción que van a tener estos grupos que en la reacción de la ciudadanía. Como todo ser humano, el presidente necesita contar con un cierto grado de aprobación, pero ya no lo busca en la sociedad, sino en las élites del país y en la esfera internacional.

Cuando se consuma este divorcio entre el presidente y la sociedad, los errores se multiplican. La sociedad deja de entender al presidente y su valoración ciudadana inicia un descenso que sólo se detendrá con la salida del poder. Se rompe la sintonía que había en los primeros tiempos con la opinión pública y se pone en marcha una erosión popular imparable. La historia se ha repetido con nuestros cuatro presidentes anteriores y todo apunta que ya está ocurriendo de nuevo con Rajoy. Es una forma única de combustión política que merece algo más de atención de la que se la prestado hasta el momento.

"Más españoles pobres y con menos derechos". Este fue el balance de 2013 del coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, que calificó los últimos 12 meses como un periodo "negro" en que no se han abierto puertas "ni al empleo ni al crecimiento económico".

Lara, en rueda de prensa en el Congreso, criticó el "relato idílico" y "triunfalista" del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su balance sobre el 2013. "La deuda continúa creciendo, aumenta la pobreza y bajan los salarios", destacó. Ante esta realidad, "no hay razones que avalen el triunfalismo de Rajoy", dijo.

El coordinador federal de IU calificó 2013 como "el año del avance de la involución social, económica, de derechos y libertades". En este sentido recalcó la reforma del sector financiero, las pensiones y el "paquete ideológico del PP" encabezado por la LOMCE, la "ley mordaza" –la Ley de Seguridad Ciudadana– y la propuesta sobre la Ley del Aborto. 

Lara también hizo especial hincapié en la corrupción. "Este ha sido el año de blanquear la trama de corrupción", señaló. El dirigente de IU apuntó que ni María Dolores de Cospedal ni Mariano Rajoy "pueden abanderar la Ley Anticorrupción o la Ley de Transparencia". 

"Al servicio de las eléctricas"

Respecto a la subida de un 2,3% de la factura de la luz anunciada por Rajoy, Lara recalcó que "con esta decisión el Gobierno sigue al servicio de las eléctricas". Subrayó además que en los últimos diez años el precio de la luz aumentó un 104%, fruto del "oligopolio en el sector energético", puntualizó.

En su discurso el dirigente de IU también hizo referencia a la congelación del salario mínimo interprofesional. "El Gobierno de Rajoy está bajando los salarios mínimos mediante la reforma laboral, lo que supone un descenso del poder adquisitivo y continúa con el empobrecimiento de la clase media", destacó. El salario mínimo actual, 645,30 euros, es el mismo que "hace 20 años", puntualizó para finalizar su balance de 2013. 

—Oiga, por favor, no me robe.

—¡Nazi!

—La Justicia, ¿no debería ser igual para todos?

—¡Antisistema!

—Los políticos habrían de estar al servicio del pueblo.

—¡Terrorista! ¡A mí la autoridad!

En esas situaciones se abalanzan prestos a enarbolar el argumento de que gobiernan porque les han votado (sólo faltaba), y que gozan de mayoría absoluta, como si eso fuera patente de corso para hacer y deshacer lo que les venga en gana. Si un maltratador, llevado por su mujer a juicio, expusiera en el mismo que la víctima se casó con él voluntariamente, encontraríamos el alegato, además de obsceno, absurdo, ¿verdad? Un contrato matrimonial no da derecho a maltratar a la pareja, del mismo modo que un puñado de votos, ni siquiera una mayoría absoluta, debiera ser nunca un talonario en blanco con el que se les permita emitir cheques a su antojo durante los años que resten hasta la próxima cita electoral, único momento en el que volverán a «escuchar» a los ciudadanos.

Podemos y debemos protestar, faltaría más. Una urna no es nada sagrado, una urna no es el arca de la Alianza, ni los políticos son, como el cofre del Antiguo Testamento, intocables. Es más, estaría justificado incluso el poner en entredicho la tan cacareada «legitimidad» de este Gobierno, porque si el PP se hubiese presentado a las elecciones advirtiendo de que pretendía llevar a cabo una dura reforma laboral, subir los impuestos, privatizar la sanidad, atacar a la educación pública, asfixiar a los científicos, convertir la religión católica en evaluable, volver a transformar RTVE en un aparato de propaganda del partido, aprobar una amnistía fiscal para los defraudadores, etc., igual no hubiera obtenido esa mayoría absoluta. Es más, tal vez no estarían en el Gobierno. Ellos lo sabían, claro, y por eso lo ocultaron.

Los votantes dan su consentimiento el día de las elecciones. Si dos años después de la boda la mujer ya no tiene duda de que el marido la engañó durante el noviazgo, regalándole el oído con mil promesas para hacer después todo lo contrario, y además la agrede y se gasta el dinero de ambos con sus amigotes, ella está en todo su derecho de disolver ese matrimonio. Pero es que si los programas electorales valieran para algo más que para derrochar alegremente el dinero del contribuyente en faraónicas campañas, ese matrimonio debería declararse nulo. Durante demasiado tiempo infinidad de mujeres han tenido que aguantar de todo por culpa del «hasta que la muerte nos separe», aunque afortunadamente eso está ya casi superado (en España). Luchemos porque tenga sus días contados también el igualmente fatídico juramento de «amar y respetar a tu Gobierno, en la honradez y la corrupción, en la burbuja inmobiliaria y en la crisis, todos los días de la legislatura, hasta que las elecciones nos separen».