El descenso de las cifras de homicidios de mujeres debería ser un motivo de alegría para toda la sociedad, pero desde el machismo no lo ven así.

Cuando estos días de conmemoración del 20 aniversario de la Ley Integral contra la Violencia de Género se ha hablado de una disminución de homicidios del 19,4%, y de un descenso de la violencia física del 5,6% y de la psicológica del 15,2% en la UE, muchos machistas se han mostrado incómodos y molestos, y han saltado a las redes para atacar y hacer todo tipo de comentarios críticos con las medidas contra la violencia de género, sin embargo no han criticado nada del modelo androcéntrico ni de los hombres que la llevan a cabo.

Y no son los números los que los hacen reaccionar de ese modo, sino su significado dentro de las circunstancias actuales. El machismo no busca alcanzar un determinado número de agresiones u homicidios, sino mantener su “orden” en el que persista la desigualdad como estructura y los hombres como referencia para continuar con sus privilegios. Los números son una consecuencia del “desorden” que ellos perciben, por eso les preocupan cuando bajan.

Si nos vamos 50 años atrás, no había tantos homicidios como hoy ni tampoco se producían tantas agresiones como en la actualidad, pero existía la misma violencia contra las mujeres a través del control social, las imposiciones y la amenaza de que las agresiones y los homicidios se podían producir si ellas no se ajustaban a lo que se les imponía en la sociedad y en las relaciones de pareja o familiares. Es lo que me decía una mujer un día para explicar que ella no había sido agredida, “a mí mi marido nunca me ha puesto la mano encima… claro que yo tampoco le he dado ningún motivo”. Es decir, la agresión se utiliza cuando el control resulta insuficiente.

Los números de la violencia de género aumentan conforme las mujeres y el feminismo cuestionan el modelo androcéntrico, y se inicia un proceso de transformación social en todos los ámbitos (educativo, familiar, identitario, político, económico, laboral…) que también llega a lo jurídico con diversas leyes que consolidan dichos cambios, normas que terminan por regular contra la violencia que sufren las mujeres. Pero este último paso se produjo hace solo 20 años, y porque quienes se oponían a reconocer la violencia de género no tuvieron más remedio que apoyarlo ante el clamor social y la toma de conciencia sobre el significado que había en las agresiones y homicidios de mujeres. Porque dos años antes, en septiembre de 2002, la mayoría absoluta del PP rechazó la proposición de Ley Integral que presentó el PSOE en el Congreso de los Diputados. Fue el único partido que votó en contra en un entonces que también integraba a Vox.

Y claro, como dice el refrán, “a la fuerza ahorcan”. Pero en cuanto ha surgido la oportunidad no han dudado en pactar de nuevo con sus “hermanos pródigos” allí donde ha hecho falta, sin importarle que negaran la violencia de género y que la consecuencia fuera la supresión de muchas de las medidas dirigidas contra ella. El objetivo es recuperar el orden que evitaba los números, pues sin recursos ni ayudas, y con una cultura machista que sigue hablando de normalidad en esta violencia y responsabilizando a las propias mujeres que la sufren, muchas mujeres quedarán atrapadas en la relación violenta sin atreverse a denunciar como ocurría años atrás, y nadie verá denuncias ni tantos homicidios.

El problema que tienen estas posiciones políticas y sociales es que la transformación social es una cuestión de conciencia y de compromiso vital, no sólo una propuesta política que puede ir o no en el programa de un partido. Por lo que esta transformación a favor de la igualdad y en contra de la violencia de género es imparable con independencia de que algunos partidos la puedan intentar detener o desviar hacia otros conceptos que la oculten, como el de violencia “doméstica o familiar”. No lo conseguirán, como en su día no consiguieron derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo en 2010 cuando dijeron que lo harían; es más, el “derogado” fue el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

Por eso los machistas se sienten incómodos y no quieren que se hable de una disminución de la violencia de género. El razonamiento es sencillo: la transformación social a favor de la igualdad genera un desorden en su modelo androcéntrico, este desorden debido al cambio de actitud de las mujeres conduce a que muchos hombres intenten controlarlas por medio de la violencia y a la visibilización de los casos; y los casos de violencia de género exigen la respuesta en forma de diferentes medidas, como lo fue la Ley Integral contra la Violencia de Género en 2004. Las posiciones machistas preferirían que la solución fuera detener la transformación para volver a su “orden” con la figura del hombre dominando y la de la mujer sometida, pero eso ya es imposible. De manera que las medidas contra la violencia de género les molestan por el significado que tienen respecto a los números de la violencia.

Por eso el machismo se siente incómodo cuando los números indican que la violencia baja en su resultado y aumenta en lo referente a un mayor posicionamiento crítico expresado a través de las denuncias. Y esto es lo que ha sucedido al comprobar que en la última década los homicidios han bajado un 19,4% y las denuncias han subido un 27%. La preocupación machista surge porque, por un lado, significa que hay menos machismo en la sociedad, y por otro, se demuestra que las medidas contra el machismo son eficaces para prevenir y responder ante la violencia de género, lo cual pone de manifiesto que la causa de la violencia contra las mujeres es el machismo.

Por eso tienen tanto interés en negarla, porque esta violencia muestra la construcción cultural machista, y facilita que la sociedad que se posiciona contra la violencia entienda que también tiene que hacerlo contra el modelo androcéntrico que la causa. Si se niega la violencia de género se oculta la referencia que lleva a la crítica de su modelo y esta no se produciría, por eso el “negacionismo” de la violencia de género en realidad es un “afirmacionismo” del machismo.

Cuando bajan los números de la violencia de género el machismo no se alegra, se preocupa porque comprueba que la sociedad y la transformación que protagoniza van por el buen camino alejándose cada vez más de las ideas y argumentos androcéntricos. Y ante esta evolución social, el tiempo, que siempre había sido su aliado, empieza a verse como una amenaza.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

Diana Marisol, de 29 años y que fue presuntamente asesinada por su expareja en Madrid la madrugada del lunes, es la víctima mortal número 47 de la violencia de género en lo que va de 2024 y la 1.292 desde que comenzaron a elaborarse las estadísticas de feminicidios en 2003. Según informa Efe, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado la naturaleza machista del crimen y ha informado de que constaban denuncias previas por maltrato contra el presunto agresor, un varón de nacionalidad dominicana de 60 años, que ya ha sido detenido.

La víctima, de 29 años, era de origen paraguayo y tenía una hija menor de edad. La madrugada del lunes, su expareja acabó presuntamente con su vida después de acuchillarla. El hombre tenía una orden de alejamiento después de haber sido denunciado por maltrato machista.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado el crimen machista y ha reclamado unidad y consenso "para erradicar esta violencia estructural": "Es nuestro deber". "Todo mi cariño para la familia de la mujer, de tan solo 29 años, asesinada hoy en Madrid por su pareja y que deja huérfana a una niña menor de edad", traslada Sánchez en su cuenta de X.

En 13 de los 47 asesinatos de este año, el presunto feminicida tenía antecedentes policiales por violencia de género, un 27,6%. Más de la mitad de las víctimas mortales de este año eran de origen extranjero, mientras que los agresores, sin embargo, son mayoritariamente españoles: comenten un 63% de los crímenes machistas.

Como consecuencia de los 47 crímenes de 2024, 36 niñas y niños han perdido a sus madres. Además, este año nueve menores de edad han sido asesinados por sus padres, por las parejas o exparejas de sus madres en crímenes de violencia de género.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Primero fueron las denuncias en redes sociales. Después la dimisión. Tras ella, las palabras de compromiso con las víctimas. Y por último, la asunción de las posibles responsabilidades en lo ocurrido. ¿Había herramientas suficientes para detectarlo? ¿Y para pararlo? ¿Qué se podía haber hecho mejor? El sábado, apenas 48 horas después de que Íñigo Errejón dimitiera de todos sus cargos y se apartase de la vida institucional, Sumar pidió disculpas y confesó que los mecanismos para prevenir y actuar en posibles casos de violencia machista habían fallado. Por eso ahora, tras este "punto de inflexión", pondrán en marcha una herramienta para evitar casos similares. Y también un programa formativo para todos los integrantes de la formación y cargos públicos. Sin embargo, en ningún caso se trata de instrumentos nuevos.

Sobre el papel, la legislación ya estableció hace años la obligatoriedad de establecer mecanismos antiacoso por parte de formaciones políticas y empresas. Específicamente sobre las primeras, la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la ley del solo sí es sí, obliga a los partidos a contar con protocolos internos para detectar y combatir el acoso sexual cuyo objetivo sea "prevenir, detectar y combatir" conductas inadecuadas de índole sexual. La reciente ley de paridad insistió en ello en su disposición final quinta, en la que obliga a los partidos a contar con planes de igualdad internos y promover protocolos de actuación ante la violencia machista que "se ejerzan dentro o fuera de la organización", por parte de "afiliados" o bien por personas que, "sin estar afiliadas", tengan "un cargo de representación o hayan sido designadas para una función específica".

¿Y en cuanto a las empresas? La Ley de Igualdad de 2007 ya obligó a promover condiciones de trabajo que eviten tales delitos y a arbitrar procedimientos específicos para su prevención. Según explica CCOO a infoLibre, esta misma norma ya es la que impuso esa necesidad de aprobar los protocolos antiacoso, "obligatorios para todas las empresas" y parte ineludible de los planes de igualdad de aquellas compañías obligadas a tener uno. Es decir, de aquellas que tienen más de 50 trabajadores y trabajadoras, las que así lo recogen en su convenio de aplicación o las que lo estipularon tras un procedimiento sancionador.

Sea como fuere, todos los procedimientos de actuación contra el acoso incluyen, detalla el sindicato, tres puntos ineludibles: una "declaración de principios, definición de acoso sexual y por razón de sexo e identificación de conductas que pudieran ser constitutivas de acoso", un "procedimiento de actuación frente al acoso para dar cauce a las quejas o denuncias que pudieran producirse, y medidas cautelares y/o correctivas aplicables" y una última "identificación de las medidas reactivas frente al acoso y en su caso, el régimen disciplinario". "No se suelen actualizar y suelen ser operativos para investigar lo acontecido dentro de la empresa", detallan desde CCOO.

Pero detengámonos en el segundo apartado: ¿cómo es ese "procedimiento"? ¿Qué pasa cuando se pone una denuncia?

Cada formación política y cada empresa es la que decide. No todas las herramientas son iguales, pero sí que hay pautas que pueden ayudar a elaborarlas. En este sentido, el Instituto de las Mujeres elaboró una guía que establece, por ejemplo, que el ámbito de aplicación de los protocolos antiacoso involucrarán a toda la plantilla de las empresas, pero también a aquellas que, aun no teniendo una relación laboral directa, presten servicios a la misma. Las normas establecidas, además, se aplican no sólo en el centro de trabajo, sino también en los desplazamientos, actividades sociales o de formación relacionadas con la actividad laboral, en los medios de comunicación digital dispuestos por la compañía y en los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo.

En cuanto a las herramientas y su activación, es la misma institución la que da unas pautas a seguir. A través de su página web ofrece dos modelos de protocolo antiacoso, uno para aquellas empresas que lo elaboran como parte de su obligatorio plan de igualdad y otro para aquellas compañías que lo redactan e implementan de manera voluntaria. Pero en síntesis, y más allá de los puntos que explica CCOO, ambos documentos recogen prácticamente el mismo procedimiento.

Todo protocolo se activa a través de una denuncia que se realiza a través de un correo electrónico u ordinario al que sólo tiene acceso aquella persona "instructora" designada por la empresa para dar cauce a estos casos. Siempre se hará de forma anónima y el procedimiento puede ser iniciado por la víctima o por cualquier otra persona que tenga conocimiento de las conductas o situaciones posiblemente constitutivas de acoso sexual. "Recibida una denuncia en cualquiera de las dos modalidades apuntadas, la persona encargada de tramitar la denuncia o reclamación la pondrá inmediatamente en conocimiento de la dirección de la empresa y de las demás personas que integran la comisión instructora", recoge el borrador de protocolo.

En este punto, siempre que se aprecie una conducta presuntamente delictiva habrá que acudir directamente al Ministerio Fiscal. Y adoptar medidas cautelares dentro de la empresa. Pero eso sí: siempre hacia el presunto agresor. "En ningún caso se obligará a la víctima a un cambio de puesto, horario o de ubicación dentro de la empresa", recoge el documento.

Una vez interpuesta la denuncia, será la víctima la que marque los tiempos y la que permita, o no, entrevistarse con la persona "instructora" de la empresa, que podrá hacer lo propio con la persona agresora o con ambas. El objetivo de esto es "resolver la situación de acoso de forma urgente y eficaz para conseguir la interrupción de las situaciones de acoso y alcanzar una solución aceptada por las partes". Habrá siete días para hacerlo. Pasado ese tiempo, la falta de acuerdo llevará necesariamente al siguiente punto del protocolo, que no obstante puede empezar a aplicarse en caso de que la denunciante así lo escoja.

¿Y si sí hay acuerdo? Se plasmará por escrito ante la dirección de la compañía y la representación legal de los trabajadores.

Pero volvamos al supuesto de que no lo haya. La persona o la comisión instructora iniciará una investigación, para la cual hablará con testigos y pedirá la documentación que considere pertinente. Siempre respetando el anonimato de la persona denunciante y haciendo cumplir las medidas cautelares que la dirección de la empresa acuerde para minimizar el daño a la víctima, que será separada de inmediato del presunto agresor.

Ambos en este caso sí serán entrevistados. Y podrán hacerlo acompañados de alguien de su confianza o de la representación de los trabajadores. La empresa, por su parte, podrá recibir, recoge el protocolo del Instituto de las Mujeres, un "asesoramiento externo en materia de violencia sexual, integridad moral, acoso, igualdad y no discriminación". Una vez finalizada la investigación, se levantará acta. Y ahí se recogerá lo sucedido y si hay indicios o no de cualquier tipo de acoso.

¿Qué pasa después? Si se aprecia acoso pero no constitutivo de delito, se dará conocimiento a la empresa, que será la que adopte las medidas oportunas, pudiendo incluso proponer el despido disciplinario de la persona agresora. Lo decidirá en un plazo máximo de tres días laborables y lo comunicará por escrito a todas las personas implicadas.

¿Y qué sanciones hay para los agresores? El despido disciplinario es la decisión más dura, pero antes se pueden tomar otras medidas como el traslado del trabajador, la suspensión de empleo y sueldo o la limitación de sus posibles ascensos, siempre en función de la gravedad de lo ocurrido. En todo caso, si no hay despido debe haber una vigilancia activa para evitar una posible reincidencia. Y durante los 30 días posteriores a la adopción de la medida, la persona o personas instructoras deberán de analizar el resultado de la decisión.

Como publicó infoLibre, la mitad de los partidos con representación en el Congreso no cuentan con protocolos específicos ni planes de igualdad. Por el contrario, Podemos fue la primera formación a nivel nacional que elaboró uno. Fue en 2019 y su contenido es similar al de los protocolos propuestos por el Instituto de las Mujeres. En concreto, el partido contempla dos cauces de denuncia: uno "amistoso, informal y pedagógico" —solamente disponible para las faltas catalogadas como leves— y otro "formal".

El PSOE, partido mayoritario del Gobierno, también cuenta con un protocolo, aunque más reciente, del año 2021. En él se establecen tres fases a la hora de abordar un caso de acoso sexual: la prevención proactiva, la detección temprana de situaciones de riesgo de violencia y de acoso en el trabajo y la gestión del conflicto, donde existe un periodo de la denuncia, otro de investigación y otro de resolución y elaboración del informe de la investigación.

La nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha admitido "fallos" en la protección a las víctimas de violencia machista tras el asesinato de cinco mujeres esta semana, aunque ha puesto en valor los avances registrados en los últimos veinte años en esta materia. "España no es la misma de hace 20 años, ya no es la misma del caso Nevenka", ha argumentado la titular de Igualdad.

Redondo, en una entrevista en la Cadena Ser, ha reconocido que el sistema para proteger a las víctimas "no es perfecto". "Ojalá tuviéramos el sistema adecuado para responder a cada una de las mujeres" y ha asegurado que "las mujeres denuncian, pero no denuncian todo lo que deberían denunciar ni tampoco su entorno", pese a que "muchas viven una situación de absoluto horror, de absoluta angustia". Por ello, ha insistido en la importancia de la denuncia y de "mantener la presión, implementar medios, redoblar todos los esfuerzos y más coordinación".

Para ello se reunirá el próximo 7 de diciembre con el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y tiene previsto convocar en los próximos días el comité de crisis y la comisión integral de Igualdad que lleva sin reunirse desde el año 2018 y cuyo objetivo es mejorar la coordinación interministerial.

El objetivo de la reunión con Marlaska será conocer "dónde están los fallos del sistema, dónde no es suficiente la coordinación y dónde hay que mejorar". "No podemos defender a todas las víctimas en todo momento, pero tenemos que ser conscientes de dónde se encuentran las fallos del sistema", ha indicado la titular de Igualdad.

Redondo ha defendido el sistema Viogén de protección a las víctimas, al ser preguntada por las quejas de su predecesora en el cargo, Irene Montero, sobre la falta de disponibilidad de recursos policiales y ha asegurado que, desde el Ministerio del Interior "está haciendo un enorme esfuerzo porque ésta es una máxima prioridad de este Gobierno".

La ministra ha asegurado que Viogén "está modificándose y adaptándose constantemente", pero ha expresado su deseo de conocer bien su funcionamiento para ver de cara a los presupuestos del próximo año "cómo puede mejorarse, implementar los recursos y reforzarlos".

Ha incidido en la coordinación de todos los recursos al ser preguntada por el asesinato de una mujer y su hija en Carabanchel que estaba en el sistema Viogén y cuyo agresor había sido absuelto tras una denuncia hacia unos meses. "Hay que conocer todas las causas y circunstancias; sobre estas personas había un sistema de protección que, por lo que sea, no se reforzó y eso es lo que hay que ver, por qué una vez que un caso entra dentro de la estructura y de sistemas de protección, esos sistemas no se refuerza o no se protege suficientemente a la víctima", ha añadido Redondo quien ha recordado que la semana "no puede ser más triste, más dolorosa, más terrible".

El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, ha elogiado a las jugadoras de la selección española femenina y las ha puesto como ejemplo de la defensa de los derechos de las mujeres por su posición contra la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), mientras que ha censurado toda "dominación opresiva y patriarcal" de las mujeres, ya sea "dentro o fuera del campo de fútbol".

"Muchas personas de todo el mundo se han sentido inspiradas por las posiciones decididas y de principios adoptadas recientemente por la selección española femenina de fútbol", ha reivindicado Turk durante un acto en Madrid con motivo del 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ha recogido Europa Press.

Para el Alto Comisionado de DDHH de Naciones Unidas, "no debe haber lugar" para la discriminación, la humillación y la "dominación opresiva patriarcal de las mujeres", ya sea en los estadios de fútbol, en las escuelas, en la calle, en el trabajo o en el hogar.

Turk ha puesto como ejemplo a las jugadoras de la selección después de afirmar que la política exterior feminista de España "está dando lugar a un aumento de la defensa y la acción humanitaria" para promover los derechos de las mujeres y las niñas "en todo el mundo", incluida las iniciativas de paz, el cambio climático, y la protección de las defensoras de derechos humanos.

En este sentido, ha mostrado su confianza de que España adoptará "todas las medidas necesarias" para erradicar el racismo y para defender "una gobernanza de fronteras basada en los derechos humanos" y los derechos de las personas migrantes y refugiados.

También ha elogiado la "exhaustiva" Ley de Memoria Democrática aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, ya que se presta, según ha dicho, "los derechos de las víctimas y a las experiencias específicos de las mujeres y las niñas".

Ellas son, desde hace una década, mayoría en la carrera. Pero rara vez consiguen llegar hasta lo más alto de la cúpula. A pesar de los avances en un sector cada vez más feminizado, el techo de cristal sigue sin derrumbarse en una judicatura donde ellos son quienes integran, fundamentalmente, los puestos de más responsabilidad. No importa si se centra el foco en el Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia. En la inmensa mayoría de los casos, son magistrados quienes están al frente del órgano o sus diferentes salas, frente a unas compañeras cuyo ascenso se ve frenado por el tiempo dedicado a los cuidados familiares. "Es un problema que se está tardando en resolver más tiempo de lo razonable", señalan las expertas.

La última memoria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que fue presentada a comienzos de septiembre, da buena cuenta de esta realidad en los diferentes órganos judiciales colegiados. El más importante de ellos, el Tribunal Supremo, arrancó 2023 con 65 miembros, después de meses de jubilaciones que no han podido ser cubiertas por la interinidad del órgano de gobierno de los jueces. Medio centenar eran hombres. Y solo quince, el 23,08%, mujeres. Sus cinco salas, además, se encuentran presididas en estos momentos por magistrados. De hecho, hasta ahora solo una mujer ha llegado hasta lo más alto: María Luisa Segoviano, quien fuera elegida en 2020 presidenta de la Sala de lo Social –ahora ejerce como magistrada del Constitucional–.

Algo más elevada es la proporción femenina en la Audiencia Nacional o los Tribunales Superiores de Justicia, aunque en ninguno de ellos llega a alcanzar el 40% –se queda en el 39% en ambos–. Una cifra que, de nuevo, disminuye a medida que se mira hacia la cúpula. En el primer órgano, presidido por José Ramón Navarro, tanto la Sala Contencioso-Administrativo como la de lo Social están lideradas por magistrados –la presidencia de la Sala de lo Penal aún está vacante–. Mientras tanto, de los diecisiete tribunales superiores, una quincena están presididos por hombres y solo dos, el 11,76%, por mujeres. Es el caso del de Extremadura y Comunitat Valenciana, que dirigen María Félix Tena y Pilar de la Oliva, respectivamente.

Un problema de paridad que también se da, según las cifras del Consejo General del Poder Judicial, en las Salas de estos últimos órganos. Sólo un 20% de presidencias de lo Civil y lo Penal de estos tribunales superiores de justicia están en manos de magistradas, mientras que en las de lo Contencioso-Administrativo esa cifra se sitúa en el 33,33%. Algo más equilibrado, sin embargo, está el asunto en la sección de lo Social. En ese caso, de las 19 contabilizadas por el órgano de gobierno de los jueces, 10 se encuentran dirigidas por hombres y 9 por mujeres, lo que equivale al 47,3%.

Nada tiene que ver en esta realidad la estructura demográfica de la carrera. Más que nada porque la judicatura es, desde hace años, un sector feminizado. Si hace tres lustros ellas representaban un 46,77% de la profesión en activo, en estos momentos son el 56,2%. Una tendencia que, además, continuará de cara al futuro. Solo hay que echar un vistazo a las tres últimas promociones, en las que alrededor de siete de cada diez jueces en prácticas eran mujeres. Del mismo modo, las expertas tampoco sitúan la raíz de este problema en la antigüedad, cuya diferencia no es demasiado grande –23,2 años ellos y 19,5 ellas–. De hecho, en el Supremo las magistradas tienen de media más experiencia que sus compañeros: 36,3 años, frente a los 30,3 de los magistrados.

Glòria Poyatos, cofundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) y magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pone el foco, más bien, en la carga de los cuidados, que siguen asumiendo mayoritariamente ellas. Los datos están ahí. A comienzo de este año, según las cifras recogidas en la memoria del Consejo General del Poder Judicial, había 18 miembros de la judicatura en excedencia voluntaria por cuidado de hijo. Diecisiete, el 94,4%, eran mujeres. "Y mientras cuidan, no pueden hacer méritos para ascender", señala. Coincide, también en conversación con infoLibre, la magistrada Carla Vallejo: "No es sencillo hacer currículum cuando la responsabilidad de los cuidados recae sobre nosotras".

Unos cuidados que, opinan las dos juristas, deberían tenerse en cuenta y ser valorados a nivel curricular. "Aumentan la inteligencia emocional y permiten desarrollar habilidades como la paciencia o la empatía, que son imprescindibles a la hora de impartir justicia", sostiene Poyatos al otro lado del hilo telefónico. E insiste: "Hay que trasladar la ética del cuidado a la ética de la justicia para que ésta sea realmente justicia". En la misma línea se pronuncia Vallejo: "En el tiempo que yo estuve al cuidado de mi hijo lo que aprendí fue más completo y útil que lo que aprendo en el trabajo".

En el II Plan de Igualdad de la Carrera Judicial, que vio la luz a comienzos de 2020, el Consejo General del Poder Judicial ya se comprometía a "considerar el valor curricular de las labores de cuidado y atención a la familia y personas dependientes" en el "establecimiento de los méritos para el acceso a cargos de nombramiento discrecional".

A este problema se suma, además, el hecho de que los nombramientos para ocupar estos puestos de la cúpula judicial sean discrecionales. "Por lo general, se les suele primar a ellos", explica Vallejo. Eso se debe, en parte, a los estereotipos sexistas que tanto tiempo han pervivido sobre la falsa inferioridad intelectual de las mujeres o su debilidad, un compendio de ideas machistas que muchas veces acaban instaladas en el subconsciente y afloran a la hora de tomar determinadas decisiones. "Con dos currículos parecidos, muchas veces se tiende a dar el puesto al hombre", trata de resumir Poyatos.

Algo que ocurre, también en algunos casos, con currículos menos brillantes. En 2018, por ejemplo, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial eligió como magistrado del Supremo a Fernando Román, ex secretario de Estado de Justicia en el Gobierno de Mariano Rajoy, frente a María Asunción Salvo, que entonces ocupaba el segundo puesto en el escalafón de la especialidad de Contencioso-Administrativo. Y un año después, se decantó también para la Sala de lo Social del Alto Tribunal por otro magistrado frente a una candidata que se encontraba algunas posiciones por delante en el escalafón.

"Estamos tardando en resolver este problema más tiempo de lo razonable", asevera Vallejo. Un techo de cristal grueso que Poyatos plantea ir resquebrajando adoptando una serie de medidas. Primero, impulsando acciones positivas de carácter temporal para ir equilibrando la proporción de mujeres y hombres en los puestos más destacados de la judicatura. Segundo, teniendo en cuenta los cuidados a nivel curricular. Tercero, abandonando la "discrecionalidad" y apostando decididamente por una "baremación objetiva de los méritos". Y, por último, dando cumplimiento efectivo a todos los compromisos adoptados en los planes de igualdad del CGPJ.

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Godella (Valencia) exigen el cese del vicealcalde, Vicente Estellés (PP), por decir a la concejala de Cuidem Godella Irene Ferré en una comisión informativa: "Tan abierta que eres, cuando quieras hacemos un trío", ha informado Europa Press.

En un comunicado, PSPV, Compromís per Godella y Cuidem Godella explican que el también concejal de Agricultura, Servicios Municipales y Fiestas dijo esta frase el pasado 21 de septiembre, en la comisión de Urbanismo y Asuntos municipales y sociales, mientras se debatía sobre la idoneidad de una actividad realizada en el municipio dirigida a adolescentes.

Según la oposición, algunas concejalas titulares de la comisión consideraron que esta actividad no era adecuada, algo que manifestó Irene Ferré, tras lo que la presidenta de la sesión, Cristina Sarasqueta (PP), le dijo que había que tener "la mente más abierta". La edil de Cuidem Godella contestó que ella consideraba que tiene "la mente más abierta que muchos miembros de la sala".

Fue entonces cuando, de acuerdo al relato de estos grupos, el vicealcalde soltó a la concejala la frase: "Tan abierta que eres, cuando quieras hacemos un trío".

La oposición asegura que este comentario provocó las risas del edil de Vox Carlos Villanueva, además de subrayar que "no pasó desapercibido para otros concejales y concejalas del PP, ni tampoco para las concejalas de Cuidem Godella, Compromís y PSOE" que estaban en la sala en calidad de oyentes.

Además, estos grupos aseguran que el vicealcalde "arrastra un largo historial de improperios, comentarios fuera de lugar, racistas y sexistas, desde que forma parte del consistorio hace ya varios años".

"Sus malas formas han sido motivo para llamarlo al orden en más de una comisión y en algún que otro pleno", subrayan, y denuncian que "su comportamiento reprobable ha sido especialmente intenso" contra la concejala de Cuidem.

De hecho, la oposición sostiene que "el martes de la semana pasada ya la cuestionó de manera grosera y alzándole la voz sobre el trabajo realizado en la anterior legislatura, aunque ella le había preguntado por las calles que pensaba asfaltar".

El Ayuntamiento de Godella tiene desde 2018 un protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo, que estos grupos consideran que el vicealcalde incumplió el pasado jueves por "hacer chistes y bromas sexuales ofensivas, hacer comentarios sexuales, realizar insinuaciones directas y hacer uso de chistes y/o humos sexista".

Por todo ello, defienden que el comportamiento de este edil del PP "no es propio de un representante público y no es digno de representar al pueblo de Godella" y exigen su dimisión inmediata "no sin antes disculparse públicamente": "Su condición de concejal en el gobierno acosando a otra concejala evidencia su falta total de respeto hacia las mujeres".

En caso de no dimitir, los tres grupos urgen al alcalde, José Mª Musoles (PP), a cesarlo inmediatamente. Y respecto al concejal de Vox, reclama su disculpa pública y explicaciones sobre "las risas que le provocaron ese comentario".

Según las formaciones de la oposición, los hechos se abordaron en la junta de portavoces de este pasado martes y "el alcalde insiste en desoír al resto de grupos para proteger a su concejal". "En todo caso, nos invita a tomar medidas legales, cosa que estamos estudiando hacer", advierten.

Por su parte, el Ayuntamiento de Godella ha emitido un comunicado este miércoles en el que manifiesta "su defensa absoluta y sin reticencias de la igualdad entre hombres y mujeres en relación a las informaciones aparecidas en medios sociales y de comunicación tras la celebración de una comisión municipal", sin hacer referencia al vicealcalde ni a la concejala afectada.

"El Consistorio, y todas las personas que forman parte del mismo, respalda la igualdad efectiva y rechaza rotundamente cualquier manifestación sexista que pueda vulnerar los principios básicos de convivencia. De hecho, Godella apuesta de forma decidida desde hace años por impulsar políticas de igualdad que creen una sociedad más justa e igualitaria en la que no tengan cabida actitudes, manifestaciones o acciones que no representan, en ningún caso, el sentir del municipio y del conjunto de sus habitantes. En el Ayuntamiento de Godella se rechaza cualquier actitud, declaración o acción que vulnere los derechos fundamentales de cualquier persona que forme parte de nuestra sociedad", asevera.

En algún momento de sus vidas, o en muchos, las mujeres sienten miedo. Es difícil no haber pasado por algún lugar de noche, o estar en una estación de metro vacía, o atravesar un campo o un camino sin haber sentido el halo del posible peligro. Desde muy pequeñas aprendemos a ser precavidas, a no volver solas a casa, a tener cuidado con la bebida, y a desconfiar de las intenciones de los hombres. Es terrible, pero es así. El miedo forma parte de nuestra normalidad y, lo peor de todo, es que existen poderosas razones para que siga siendo así, a pesar de la enorme transformación que, sin duda, han sufrido nuestras sociedades y de las mayores cotas de igualdad que han alcanzado las mujeres.

Los datos sobre los que apoyamos nuestra lucha contra la violencia de género son tozudos y resistentes. Los delitos contra la libertad sexual mantienen una tendencia al alza: entre 2019 y 2022 las violaciones ascendieron a 2.870, lo que supone un incremento del 53’2% en ese periodo. Hay que tener en cuenta que estos datos no son exactos puesto que, muchas veces, el delito ocurre en espacios privados, inaccesibles a la observación directa. Es posible que nunca lleguemos a conocer la magnitud del problema, aunque, en los últimos años y gracias a una mayor conciencia social e individual, las mujeres se atreven a denunciar cada vez más.

Según la macroencuesta del Ministerio de Igualdad (2019), más de la mitad de las mujeres mayores de 16 años habían sufrido algún tipo de violencia y más de 450.000 mujeres en España habían sido violadas alguna vez en su vida. Todas sabemos que algo así puede sucedernos algún día, por eso el miedo opera como escudo defensivo y forma parte de nuestra cotidianidad. El verano que está a punto de acabar ha sido un tiempo trágico que cuestiona con crudeza la eficacia del Estado en cuanto a la protección de la vida de las mujeres. En julio fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas ocho mujeres en España. De ellas, sólo una había denunciado previamente a su agresor. En agosto fueron siete y, de nuevo, sólo una de las víctimas había denunciado a quien acabó siendo su asesino.

Para muchas víctimas, denunciar a su agresor sigue siendo difícil, cuando no imposible: miedo, vergüenza, dependencia e inseguridad sobre la suerte que correrán sus hijos son los argumentos más extendidos cuando se les pregunta a las mujeres por qué no acudieron a la policía o a los servicios sociales. Por eso me atrevo a afirmar que, siendo la denuncia un elemento esencial para que los mecanismos de protección se pongan en marcha, no puede ser el único instrumento del que se dote el Estado para intervenir. Debemos ir mucho más allá. 

Es urgente actuar en el terreno sanitario; médicos de cabecera, centros de salud, farmacias, pediatras, son agentes que están generalmente en el círculo de confianza de las víctimas y podrían actuar como elementos de alerta de la situación en la que se encuentran esas mujeres. Fiar toda nuestra acción protectora al hecho de que la víctima sea capaz de producir una denuncia contra el padre de sus hijos o, en todo caso, contra el hombre al que ama o ha amado, es muy insuficiente. 

Mientras sus maridos, novios o ex parejas piensan en el asesinato, muchas mujeres no pueden/quieren creer que él acabará matándolas. La minimización del riesgo que corren es otra de las características de la violencia que sufren las mujeres. No hay que olvidar que, en la mayoría de los casos, las víctimas ya han sufrido violencia física o psicológica y se encuentran en un estado anímico depresivo, con miedo y ansiedad permanentes.

A la escasa eficacia de las administraciones ante los asesinatos de mujeres se añade una muy baja conciencia social sobre este drama. Los últimos datos consultados del CIS nos indican que la violencia de género ocupa el puesto 40 en la lista de las inquietudes de la población, y el Estudio de la Fundación FAD Juventud (2021) afirma que uno de cada cinco chicos jóvenes niega directamente la existencia de una violencia dirigida contra las mujeres. Además, en esta era del negacionismo, asistimos a los discursos políticos –y las decisiones– de una extrema derecha que opera siempre contra los derechos de las mujeres.

Los crímenes contra las mujeres se dan en todas partes del mundo porque su raíz es la desigualdad y la subordinación del sexo femenino al masculino, y esa es una realidad global. Pero las democracias avanzadas tienen que ser capaces de ir mucho más deprisa en la erradicación del machismo que mata. Si, como sucede este año en España, cada mes son asesinadas cinco mujeres a manos de sus parejas o ex parejas, es que hay un boquete muy serio en el Estado de Derecho. Es necesario volver a analizar cómo se están utilizando la gran cantidad de recursos públicos puestos a disposición de este combate tan difícil y tan complejo. Seguro que podemos hacerlo mejor y que, algún día, las niñas y las mujeres podrán vivir sin miedo.

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Elena Valenciano es patrona de la Fundación Alternativas y presidenta de la Fundación Mujeres.

La Fiscalía ha anunciado este mismo viernes un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) de rebajar un año --de 15 a 14-- la pena de prisión impuesta a uno de los cinco condenados por 'La Manada' por la violación grupal de los Sanfermines de 2016, al aplicarle la conocida como ley del sólo sí es sí.

Según fuentes fiscales consultadas por Europa Press, el anuncio ha venido por parte de la Fiscalía navarra y será la del TS quien tenga la última palabra, si bien todo apunta a que se formalizará recurso.

El TSJ explicó que le bajaba la pena porque el propio Supremo señaló en la sentencia con la que agravó la condena a La Manada que imponía una pena de 15 años, "próxima" o "cercana" al mínimo legal, unos mínimos que la citada ley rebajó "sensiblemente". En concreto, detalló que con la nueva ley la pena mínima cae 1 año y 3 meses, pasando de 14 años, 3 meses y 1 día a 13 años.

"En consecuencia, los 15 años de prisión impuestos quedan 2 años por encima del mínimo posible que, efectivamente, están dentro del arco penológico posible, pero que, a juicio de la mayoría de esta Sala, ya no cumple el parámetro fijado por el Tribunal Supremo en su sentencia, cuando calificaba la pena impuesta como 'muy próxima al mínimo legal', o como 'pena superior al mínimo legalmente previsto, aunque muy cercana al mismo", argumentó el TSJ.

No obstante, la rebaja se acordó con el voto particular de la magistrada Esther Erice Martínez, que aboga por mantener la condena dictada en su día por el Supremo, en contra de la decisión mayoritaria. La Audiencia Provincial ya rechazó el pasado febrero la revisión solicitada por la defensa de este condenado, que pedía pasar de 15 años a 13 años y 9 meses.

En declaraciones a Europa Press, la abogada Teresa Hermida, que representa a la víctima de La Manada, también anunció que recurrirá la rebaja de pena, al tiempo que contó que la joven se encuentra "intranquila", "disgustada" y "apenada" tras conocerse la resolución del TSJ.

El Supremo fijó criterio el pasado junio sobre las revisiones de condenas firmes efectuadas a causa de la ley del sólo sí es sí y avaló las rebajas de pena al rechazar la aplicación de la disposición transitoria quinta del Código Penal (CP) de 1995, que recoge la tesis del Ministerio Público.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, había instruido a los miembros del Ministerio Público para que abogaran por mantener la pena antigua cuando fuera posible conservarla con el nuevo marco penal.

441 miembros y sólo 38 mujeres. Así fue la asamblea para decidir el futuro de Rubiales, tras ser acusado de besar sin consentimiento a una jugadora. Dos días después, en Las Rozas, se reunían los presidentes de las federaciones autonómicas en una imagen no menos impactante: veinte hombres y una mujer, la transcriptora.

El abuso a Jenni Hermoso ha puesto de manifiesto la falta de paridad en las altas esferas del deporte español. En el caso del fútbol, solamente Valencia cumple con el umbral mínimo de un 40% de cargos femeninos dentro de la junta directiva, y lo hace porque existe una normativa autonómica que obliga. La disparidad se da en todos los ámbitos: de los once miembros del estamento de árbitros, diez son hombres; de los 16 de entrenadores, son el 100%.

Con la nueva Ley del Deporte de 2022, todas las federaciones tendrán que cumplir con lo que ya establecía la Ley Orgánica de 2007: “No puede haber ni más de un 60% de personas de un sexo, ni menos de un 40% del otro”. Parece un reto complicado a menos de cuatro meses de que termine el fin de ese plazo, ya que la mayoría de federaciones no lo cumple y, en el caso de la RFEF, las mujeres son apenas un 9% de la plantilla.  

Sumar ha enviado una carta al ministro Miquel Iceta exigiendo la aplicación de los controles necesarios para hacer que se cumplan estos cupos, así como pidiendo que se modifique el texto jurídico para incluir sanciones específicas. La Asociación Para Mujeres en el Deporte Profesional lleva denunciando hechos similares desde 2016. Pilar Calvo, secretaria general de la organización y jugadora profesional de tiro al plato, afirma: “Nosotras exigimos que haya paridad total desde hace ya casi diez años y no han cambiado las cosas, así que sí, hacen falta sanciones. Si no, nadie va a hacer nada”. 

Un 3% de las federaciones que hay en España están presididas por mujeres, es decir, dos de las 64. En remo está Asunción Lorente y, en salvamento y socorrismo, Isabel García Sanz. Ambas han asegurado haberse sentido discriminadas y cuestionadas por compañeros en su proceso de toma de poder. Calvo recuerda que “más del 85% de los puestos de toma de decisiones están ocupados por hombres” o, lo que es lo mismo, sólo el 25% de los 1.684 cargos de las comisiones delegadas y juntas directivas (órganos de decisión) son femeninos, según datos del Consejo Superior de Deportes. En el caso de las delegaciones autonómicas está cifra cae al 7%. Sucede, por ejemplo, en ciclismo, natación o tenis. Son tres deportes donde el número de mujeres y hombres federados es similar, pero donde hay menos de tres o cuatro presidentas de federaciones autonómicas. 

En el caso de la gimnasia, el baile deportivo o la hípica, donde las licencias femeninas superan hasta en un 30% a las masculinas, no se da esta disparidad. El número de presidentas autonómicas sigue siendo minoritario y, en el voleibol, con un 73% de federadas, sólo hay un 19% de mujeres en la junta. Todas ellas vocales. Entre los diez deportes con mayor presencia femenina, el surfing es el único en el que hay más directivas que porcentaje de suscritas, eso sí, es tan sólo un 0,05% superior.

Calvo denuncia que muchas de las federaciones que han incluido mujeres en los últimos años las han relegado a puestos “sin poder efectivo", como los de vocales o secretarias, para poder recibir las ayudas a la igualdad del CSD: “Las federaciones actúan como les da la gana. Hay hombres que llevan ahí toda la vida y se agarran como pueden al poder, sin que haya ningún tipo de control”.

En baloncesto se espera que Elisa Aguilar acabe por convertirse en la primera mujer de la historia que presida la FEB. Ahora mismo el órgano está en funciones y ninguna mujer dirige una junta directiva regional. En este deporte, sus jugadoras llevan más de una década intentando impulsar un convenio colectivo. Llegaron a tenerlo en 2008 pero no duró ni un año por las presiones de los clubes.

“En 2019 fue muy sonada la sanción que recibieron las jugadoras de vóley playa de Noruega por negarse a competir con poca ropa. Ese uniforme, ¿sabes dónde se elige? En las juntas compuestas por hombres. Y son estas juntas las que escriben los reglamentos, por ejemplo, los de esgrima y tenis que contemplan 15 minutos de descanso por un cólico, pero no que se pueda parar un partido porque a una jugadora que ha sido madre le sube la leche. Todo eso lo están decidiendo hombres que ni se plantean cuáles son nuestros problemas. Por eso es necesario que haya mujeres en todas, de ello dependen nuestros derechos”, explica Calvo, que lamenta que se toman medidas “puntuales” cuando se denuncia, pero luego todo “queda olvidado”. 

Antes de que se renovara la Ley del Deporte, el Consejo Superior de Deportes puso en marcha una subvención de hasta 67.000 euros para las federaciones que incluyeran en sus juntas, primero a tres mujeres y, más tarde, a cuatro o más, en función de su tamaño. “Ese dinero no se destinaba al deporte, sólo a temas como la conciliación o el estudio. Además, lo tenían que solicitar previamente los directivos y no lo han hecho en todos los deportes", puntualiza Calvo. La deportista también señala la falta de control en estas adjudicaciones, ya que en el fútbol han estado recibiendo la ayuda sin cumplir con esos mínimos. 

“Llevamos muchos años desde que se aprobó la ley de Igualdad y no ha cambiado absolutamente nada. Ahora dice el ministro que van a cambiar las cosas. A ver si es verdad", añade Calvo, que pone más ejemplos. En 2022 denunciaron que se habían retrasado dos años sin justificación las elecciones a la junta directiva de tiro al plato, a las que se iba a presentar la medallista olímpica María Quintanar: “¿Cuáles son las consecuencias? Ninguna, aunque lo hayamos denunciado.” No es optimista de cara al futuro y cree que la única solución para las federaciones grandes, como la de fútbol, es que se creen dos, una para los clubes masculinos y otra para los femeninos. 

La desigualdad en las altas cúpulas deportivas no se queda sólo en España. Hay un problema de representación a nivel internacional, que afecta a clubes, federaciones y comités olímpicos. Sólo un 7,6% de dichas organizaciones tienen una mujer al frente. Annika Sörenstam, presidenta de la Federación Internacional de Golf, o Marisol Casado, en la Unión Internacional de Triatlón, son algunas de esas pocas. De todas las federaciones reconocidas por el COI, 16 de ellas (un 40%) no tienen ninguna mujer entre los tres puestos de mayor relevancia, mientras que 5 de 40 cuentan con más de dos. Vela, surf y taekwondo son las que más representantes femeninas tienen ( 4 y 2 respectivamente). 

El estudio Women 's Leadership and Decisión, de Step Un Equality Project, realizó una encuesta entre decenas de profesionales del deporte. Un 48% de ellas creía que la principal barrera para llegar a puestos de liderazgo era el ambiente hostil y poco solidario; por detrás, un 25% señalaba la limitación de roles y el sexismo.

Calvo lo tiene claro: “Si no hubiera pasado todo el escándalo de Rubiales, si sólo hubieran ganado el Mundial –algo que hacen las mujeres constantemente, la última victoria fue en judo– no habría pasado absolutamente nada”, pero gracias a toda la visibilidad que se está dando a la denuncia de Hermoso se está poniendo el foco en un sector acostumbrado a las desigualdades, como pasó anteriormente con las futbolistas de Estados Unidos, que lograron la paridad salarial con sus compañeros gracias a las protestas.

Son 40 las mujeres asesinadas víctimas de la violencia de género en España en lo que va de año. La confirmación de que un expolicía atrincherado en una casa en el municipio valenciano de Alzira mató este miércoles a su exmujer eleva la cifra que ya había crecido la misma mañana del miércoles. El hombre disparó después de que la Policía intentara mediar y se llevó por delante la vida de su expareja, de 58 años, a la que había tomado como rehén, para después suicidarse. En Béjar (Salamanca), horas antes los agentes detuvieron a otro hombre que había asesinado a su pareja. Los 18 asesinatos machistas ocurridos entre junio, julio y agosto cierran el verano con cifras que llevaban a la baja desde 2019.

Casi el 50% de los asesinatos machistas de este año se han cometido durante el verano, lo que confirma que la temporada estival se consolida cada año como la más vulnerable para las mujeres, un "fenómeno de concentración de asesinatos" en el que insiste Maria Soleto, directora de la Fundación Mujeres. A principios de agosto, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ya alertó de que "el verano es una época comprometida para las mujeres que sufren maltrato" por la mayor convivencia que se da con sus agresores debido a las vacaciones. Las parejas jóvenes enfrentan el peor porcentaje de crímenes: el 41% de los asesinatos de hombres a mujeres ocurren en parejas de 31 a 40 años.

Además, los datos de este año han supuesto un incremento con respecto a los tres últimos veranos, en los que se había logrado reducir la cifra de víctimas mortales por violencia de género. Sin embargo, Soleto apunta que este no es el único gráfico al que prestar atención para comprender la situación. Según datos del Ministerio de Igualdad, el 80% de las víctimas no había denunciado previamente a su agresor, lo que preocupa a los expertos. Además, de las 8 mujeres que habían interpuesto una denuncia, solo tres contaban medidas de protección. Estos feminicidios dejan a 45 menores huérfanos.

Aunque los asesinatos ocurridos este verano ponen en alerta al ministerio, Soleto señala la tendencia descendiente desde el año 2003, con años puntuales en los que el número se eleva. 2023 tiene uno de los registros más altos de los últimos años, el repunte es claro, señala la experta, y el avance de España es lento. Una parte del discurso negacionista quiere mostrar con estos datos que la Ley contra la Violencia de Género de 2004 ha fracasado, indica, pero los repuntes también ocurrieron en 2019, 2014, 2010 y 2007.

Igualdad ha convocado un nuevo comité de crisis el próximo lunes para analizar los siete asesinatos de agosto, que se suma a la anterior convocatoria en julio. Este mecanismo se convoca en los meses en los que se producen cinco o más feminicidios o ante aquellos en los que concurran circunstancias de "especial relevancia". Desde que se creara este órgano en julio de 2022 se han convocado cinco comités. Justicia, Interior y Fiscalía y las comunidades autónomas también participan en estos encuentros para mejorar en la detección y prevención de nuevos crímenes. "Concluimos en que siempre todas las víctimas, incluso las asesinadas, nos enseñan algo, nos permiten mejorar", subrayó Rosell tras el comité del pasado julio.

Raquel y Charo han sido la últimas víctimas mortales, pero antes de ellas estaban Encarni, de 63 años, la semana pasada en la localidad gaditana de Chipiona; Soledad, de 50 años, en el barrio madrileño de Moratalaz; el asesinato de Juana, de 31, en Pozoblanco (Córdoba); el de Evarista, de 91 años en Tenerife y el de Zhour, de 27 años, en Almería. La primera víctima del verano fue Zhen Jiang, de 47 años, asesinada por su pareja el 1 de julio en el bar que ambos regentaban en Pamplona (Navarra). Detrás de ella perdieron la vida a manos de sus parejas y exparejas Kirsty, de 36 años en Tarragona; Carmen, de 54 años en Málaga; Carla, de 27, en Girona; Salwa, de 35 en La Rioja; Ilham, de 38 en Valencia; una mujer de 29 en Barcelona y Erica Vanessa, de 22 años, en Sevilla.

El teléfono 016 es gratuito y está disponible las 24 horas del día para atender la violencia de género, así como el canal de WhatsApp en el número 600 000 016 y el correo 016-online@igualdad.gob.es

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado este lunes un decálogo con las primeras medidas que aprobará si llega al Palacio de la Moncloa: bajar el IRPF a rentas medias y bajas, llamar a los agentes sociales para fijar los objetivos de la legislatura y convocar una Conferencia de Presidentes. Además, ha señalado que convertirá la lucha contra la violencia de género en una política transversal, aprobará una nueva Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y revisará "una a una" las leyes y medidas "en las que el voto de Bildu" ha sido "decisivo", recoge Europa Press.

"El voto de Bildu no va a servir para nada en nuestro país, salvo que se adecue a la Constitución", ha proclamado Feijóo, para poner el acento en la evolución de la relación de Pedro Sánchez con Bildu, que ha pasado del pacto "a escondidas" al "elogio", tal y como a su juicio, puso de manifiesto la pasada semana el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, al subrayar que la formación abertzale ha salvado muchas vidas.

Así se ha pronunciado en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, al que han asistido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y los candidatos a presidir la región de Murcia y de La Rioja, Fernando López Miras y Gonzalo Capellán, respectivamente. También estaba presente buena parte de la dirección nacional del PP y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, entre otros.

Tras subrayar que el cambio no consiste en un cambio de un gobierno por otro sino de una política "detestable por una política decente", Feijóo se ha mostrado convencido de que hay una mayoría social de españoles dispuestos a "empujar el cambio" ante un Sánchez, que ofrece "cuatro años más de lo mismo".

"No ofrece una rectificación de lo que hizo sino una continuidad aumentada, con cuatro años más de lo mismo", ha enfatizado, para reiterar que su objetivo es lograr una mayoría suficiente para gobernar en solitario, sin depender de Vox.

Feijóo, que se ha presentado como una persona previsible y moderada, ha dado por "iniciado el cambio" tras los resultados del 28M, en los que el PP ha aumentado considerablemente su poder municipal. "Hemos demostrado a los españoles que hay otra forma de hacer política", ha apostillado, para agregar que el PP ha emprendido "el mejor camino para que nuestro país recupere la centralidad y rompa de una vez por todas la política de bloques".

A renglón seguido, Feijóo ha concretado el decálogo de sus primeros 100 días si gobierna: en primer lugar ha dicho que los españoles pagarán "menos por sus gobiernos y por toda la corte que circunvala al Gobierno", que será "más pequeño que el actual". En segundo lugar, ha dejado claro que los ciudadanos sabrán desde el principio "la situación de su país" porque les dirá como están las cuentas.

En tercer lugar, ha indicado que "pagarán menos impuestos para 2023" porque bajará el IRPF a rentas medias y bajas. En cuatro lugar, ha señalado que recuperará el delito de sedición y aumentará las penas por corrupción".

Además, después de más tres años y medio con el actual mandato del CGPJ bloqueado, Feijóo ha destacado que en los primeros 100 días remitirá al Congreso de los Diputados una Ley orgánica del CGPJ para garantizar la independencia del Consejo y de jueces, magistrados y fiscales.

Dentro de este decálogo, el líder del Partido Popular ha señalado que la lucha por la igualdad y contra la violencia de género será una "política transversal", "alejada de cualquier intento partidista por parte de nadie".

Unos días después del pacto que han cerrado PP y Vox en la Comunidad Valenciana, con la violencia intrafamiliar en el centro del debate, Feijóo ha advertido a "izquierda y derecha" de que el Partido Popular no dará un paso atrás en la lucha por la igualdad y contra la violencia machista".

"Que nadie espere que vayamos a dar un paso atrás en la lucha por la igualdad y contra la violencia machista. No se me ocurrirá negarla ni hacer leyes que desprotejan a las mujeres y derogar las propias leyes que ha hecho el PP", ha afirmado, para recordar que el actual Gobierno ha aprobado leyes como la del 'solo sí es sí' que ha permitido la rebaja de penas de más de mil agresores sexuales.

También ha avanzado que revisará "una a una las leyes y medidas en las que el voto de Bildu sea decisivo". "Mientras otros elogian a Bildu, nosotros le cerraremos el paso; mientras otros se apoyan en el independentismo, nosotros no; mientras otros hacen cualquier cosa y al precio que sea por resistir, nosotros lo que sea para mejorar España", ha proclamado.

Feijóo ha rechazado que los españoles tengan que agradecer a Bildu las vidas salvadas, en alusión a las palabras del delegado del Gobierno en Madrid. "No es verdad. A quien han hecho un gran servicio es a Sánchez, pero a los españoles no", ha proclamado.

Además, ha confirmado que si gobierna llamará a los agentes sociales para fijar los objetivos de la legislatura en el ámbito del diálogo social, al tiempo que ha garantizado que la Presidencia española será una cuestión de Estado, que no "ocultará" al líder de la oposición.

Asimismo, ha señalado que otra de sus actuaciones al llegar a Moncloa será convocar una Conferencia de Presidentes para fijar el calendario de trabajo de cuestiones imprescindibles, como los fondos europeos, la política del agua o la financiación autonómica.

En el caso de los fondos europeos, se ha comprometido a ejecutarlos con rigor si gobierna, buscando la competitividad de nuestra economía y defendiendo el interés general, en coordinación con las comunidades autónomas, a las que el Ejecutivo de Sánchez ha dejado al margen, según ha dicho.

Además, Feijóo ha confesado que le ha "dolido" y cree que "no es justo" que el Ejecutivo sostenga que "peligran los fondos europeos si gana el Partido Popular" tras la trayectoria de su formación. "No es de recibo", ha proclamado.

Al ser preguntada por la información de OK Diario acerca de que Son Blanc, la localidad menorquina de Cuitadella donde la vicepresidenta Teresa Ribera tiene su casa de veraneo contará con ayudas del Gobierno del plan de sostenibilidad turística por importe de 4,2 millones de fondos europeos, Feijóo ha señalado que si eso es sí, "habrá que dar una explicación". "Espero y deseo que esa explicación la podamos conocer a lo largo de la mañana", ha apostillado.

El presidente del PP considera que el cambio político en España ha dejado de ser una mera esperanza o una expectativa remota, para convertirse en una posibilidad real y cercana. A su entender, las municipales y autonómicas reflejan la mayoría social que "ha dicho basta" porque los españoles han empezado a ver en su "desgobierno y en su presidente el mal mayor".

"Había una mayoría silenciosa que esperaba la primera oportunidad de manifestarse en las urnas, y lo ha hecho de forma elocuente", ha manifestado, para añadir que los españoles están "hartos de bandos, del insulto, el ataque, la mentira y la polarización".

Además, ha puesto en valor las decisiones que el PP ha tomado en ciudades como Barcelona o Vitoria, donde, según ha dicho, el partido ha hecho prevalecer el "sentido de Estado", sin pedir nada a cambio. "Otra política es posible. Las trincheras ya no sirven, el sanchismo las cavó, pero la realidad acaba con ellas. El PP ha salido de la política de bloques y va a seguir siendo el partido de los puentes", ha dicho.

Las jóvenes de 16 y 17 años podrán interrumpir su embarazo sin permiso paterno a partir de este jueves 2 de marzo, mientras que la baja por menstruación o por interrumpir el embarazo entrará en vigor a principios del próximo mes de junio, según ha informado Europa Press.

La norma se publicará este miércoles en el Boletín Oficial del Estado, según han confirmado a Europa Press fuentes gubernamentales y el grueso de la ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

La ley orgánica por la que se modifica la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, fue aprobada definitivamente por el Congreso de los Diputados el pasado 16 de febrero de 2023.

Además de eliminar el requisito del consentimiento paterno para abortar en el caso de las menores de 16 y 17 años, la norma también suprime los tres días de reflexión, garantiza que la interrupción del embarazo se pueda llevar a cabo en hospitales públicos y blinda el aborto frente a protocolos antiabortistas como el que propuso Vox en Castilla y León.

El día de su aprobación en el Congreso, la ministra de Igualdad, Irene Montero, aseguró que es era "día histórico" para las mujeres. "Recuperamos el derecho que hurtaron a las jóvenes de 16 y 17 años a decidir sobre su propio cuerpo, informando y compartiendo ese proceso con sus familias, con quien quieran pero siendo ellas y solo ellas las que deciden. Y también el Estado manda un mensaje contundente a las mujeres: creemos y respetamos sus decisiones; las mujeres, cuando deciden interrumpir su embarazo han reflexionado el tiempo que han necesitado", manifestó Montero.

Entre otros cambios, la reforma de la ley del aborto también introduce el reconocimiento de la salud menstrual como parte del derecho a la salud; la distribución de métodos anticonceptivos en centros penitenciarios, de servicios sociales y durante las campañas de educación sexual en los institutos de secundaria, o la corresponsabilidad de los hombres en el uso de los anticonceptivos.

Si bien, la baja por menstruación incapacitante y por interrupción del embarazo, sea voluntaria o no, no entrará en vigor hasta comienzos del mes de junio, ya que en la ley se especifica que algunas disposiciones finales no serán aplicables hasta tres meses después de la publicación de la ley en el BOE.

En concreto, estas disposiciones finales se refieren a la modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social para incluir en el derecho a baja laboral "las situaciones especiales de incapacidad temporal por menstruación incapacitante secundaria, interrupción del embarazo, sea voluntaria o no, y gestación desde el día primero de la semana trigésima novena".

Otra de las novedades que incluye la ley es la prohibición de protocolos antiabortistas como el que planteó Vox en Castilla y León. En concreto, a través de una enmienda transaccional introducida durante la tramitación de la Ley en el Senado, apoyada también por el PP, se estableció que las administraciones "velarán por evitar que la solicitante sea destinataria de prácticas que pretendan alterar, ya sea para afianzar, revocar o para demorar, la formación de su voluntad sobre la interrupción o no de su embarazo" con "la excepción de la información clínica imprescindible y pertinente".

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha afirmado que "es preciso rectificar" la conocida como ley del solo sí es sí "inmediatamente" y ha añadido que "alguien tendrá que pagar por esta muestra de incompetencia total que puede acarrear muchos males", según informa Europa Press.

Guerra ha recogido en Cádiz el II Premio José Pedro Pérez-Llorca y Rodrigo, que reconoce los valores emanados de la Constitución de 1978, otorgado por el Colegio de Abogados de Cádiz, y, a preguntas de los periodistas, ha señalado que "cuando una ley tiene las consecuencias que está teniendo, la primera conclusión inmediata es que ha habido una incompetencia legislativa, que la técnica legislativa ha sido penosa".

En este sentido, ha añadido que "cuando se entrega la redacción de una ley de esa envergadura a personas que no tienen competencia para hacerlo, lo normal es que suceda lo que está sucediendo".

Por ello, a su juicio, "es preciso rectificarla, inmediatamente", además de que "alguien tendrá que pagar por esta muestra de incompetencia total que puede acarrear muchos males, porque no solo es que se rebajen penas, en contra de lo que se pensaba que iba a ocurrir con la ley, es que si tuviéramos la terrible desgracia de que uno de estos liberados volviera a delinquir en el mismo terreno, sería espantoso".

Finalmente, el exdirigente socialista ha afirmado que el hecho de "que no haya habido todavía en el equipo redactor que ha hecho la Ley un gesto de dimisión colectiva, me parece un poco extraño".

La Fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer ha contestado al Ministerio del Interior que su propuesta para alertar a mujeres que denuncien una agresión por violencia de género en el caso de que convivan con un agresor con antecedentes puede llevarse a cabo siempre que no sea una práctica generalizada ni automática y si previamente se concluye que existe un "factor de riesgo relevante" para la mujer denunciante, según informa Europa Press.

En su escrito de 13 de diciembre la fiscal Teresa Peramato Martín contesta a María Jesús Cantos Cebrián, comisaria de la Policía Nacional del Área contra la Violencia de Género del Ministerio del Interior realizando una serie de observaciones a la medida que quiere impulsar el titular de esta cartera, Fernando Grande-Marlaska.

"Es parecer esta Fiscal de Sala —dice textualmente— que la transmisión de la referida información a la víctima en los términos que se plantea la consulta no puede llevarse a cabo de manera automática y/o generalizada y que únicamente debiera realizarse una vez se concluya, tras el examen y valoración de las circunstancias particulares de cada caso, no solo que los referidos antecedentes suponen un factor de riesgo relevante, sino que comunicar esa concreta información a la víctima resulta necesario para prevenir, en ese supuesto concreto, la comisión de una infracción penal mediante la adopción de medidas adecuadas de protección o autoprotección".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, negó ayer que hubiera discrepancias con Justicia sobre esta medida que quiere poner en marcha en las "próximas semanas", una vez reciba el visto bueno de la Abogacía del Estado sobre que se están respetando requisitos constitucionales como el derecho a la intimidad o la protección de datos de carácter confidencial.

El Ministerio, a través de la consulta el 11 de noviembre de la comisaria María Jesús Cantos, consultó a la Fiscalía para "aquellos casos en los que una mujer denuncia una agresión por violencia de género en dependencias policiales y se comprueba en el Sistema Viogén que ese agresor tiene más víctimas".

Interior lo que quiere, según consta en el escrito del Ministerio Público, es que "los agentes intervinientes avisen de ese riesgo al que está sometida". Para ello, alegan —como ha señalado públicamente Grande-Marlaska— que la experiencia policial refleja que existe "mayor riesgo de ser agredida nuevamente con más intensidad y menor tiempo de latencia".

Tras recordar la legislación en la materia, la fiscal Teresa Peramato recuerda que el responsable del "tratamiento" de dichos datos personales es el Ministerio del Interior, concretamente el director general de Coordinación y Estudios, cargo que ostenta José Antonio Rodríguez.

En su escrito, la Fiscalía comienza con dos apartados de "observaciones" en relación con las limitaciones marcadas por la Ley Orgánica 7/2021 sobre protección de datos, señalando que Interior debe cambiar su protocolo sobre gestión de seguridad y protección de las víctimas recogido en la instrucción 4/2019.

También recuerda el artículo 136.4 del Código Penal, que dispone que las inscripciones de antecedentes penales en las distintas secciones del Registro Central de Penados y Rebeldes "no serán públicas".

En su repaso a la legislación cita la Ley Orgánica 3/2018 sobre Protección de datos personales y garantía de derechos digitales, así como la Ley de protección Integral de violencia de género o el Estatuto de la Víctima, en este último caso sobre la obligación de "recibir sin retrasos innecesarios información adaptada a sus circunstancias y condiciones".

Según la Fiscalía, en el nuevo protocolo de alertas sobre agresores con antecedentes de violencia de género tiene que "superar un triple juicio: idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Es decir, aclara, evaluar "si la injerencia producida en el titular del derecho objeto de restricción por la medida es la mínima en aras al logro del fin legítimo perseguido con aquella".

La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, ha avanzado que esperan que la Ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí', sea ratificada por el Congreso de los Diputados en un pleno extraordinario a finales del mes de agosto. Así lo ha adelantado la secretaria de Estado de Igualdad este jueves durante la inauguración del 'Foro social contra la trata con fines de explotación sexual', según informa Europa Press.

"Desde el principio hemos dicho que la trata con fines de explotación sexual, la explotación sexual y la explotación de la prostitución ajena son formas de violencia contra las mujeres, tanto es así que forman parte del objeto y del ámbito de aplicación de la ley de libertad sexual que está a punto de ser ratificada finalmente por el Congreso, esperemos que en un pleno extraordinario a finales de agosto", ha precisado Ángela Rodríguez.

La ley del 'solo sí es sí' no pudo ser aprobada definitivamente en el Senado el pasado 19 de julio, pese a las previsiones del Ministerio de Igualdad, después de que una enmienda de Junts saliera adelante con el apoyo del PP, ERC, Ciudadanos, Más Madrid y Coalición Canaria, entre otros. Los letrados del Senado avalaron finalmente la enmienda aprobada tras estudiar si se había votado por error, según confirmaron fuentes parlamentarias. Las dudas habían surgido porque la enmienda aprobada solo cambia una letra en todo el texto. Los cambios introducidos obligan a que el texto regrese al Congreso.

La enmienda introducida que impidió aprobar definitivamente la ley es una adición a su preámbulo cuando se pide "dar respuesta a las violencias sexuales más ocultas". Concretamente, según la enmienda del Senado, Junts pedía la introducción específica de "la mutilación genital femenina, la detección de casos de aborto y esterilizaciones forzosos".

Fuentes de Igualdad consideraron que la votación había sido un error de los letrados porque el texto ya se había introducido en el Congreso. Sin embargo, hay una diferencia entre ambos párrafos: donde el texto del Congreso dice "casos de aborto y esterilizaciones forzosas", la enmienda del Senado dice "casos de aborto y esterilizaciones forzosos".

Según señalaron fuentes parlamentarias, no se trata de un cambio de una letra sino de un cambio de concepto que pretende especificar que el adjetivo forzosos abarca tanto a las esterilizaciones como a los abortos, lo que aclararía que no es violencia oculta cualquier tipo de aborto sino solo los forzosos.

El Gobierno no ha logrado aprobar este martes definitivamente la ley del solo sí es sí en el Senado, después de que una enmienda de Junts haya salido adelante con el apoyo del PP, ERC, Ciudadanos, Más Madrid y Coalición Canaria, entre otros. El texto tendrá que volver al Congreso, según ha proclamado esta tarde el presidente de la Cámara Alta, Ander Gil, y ha informado la institución a través de su cuenta de Twitter, según informa Europa Press.

Por tanto, la norma no se podrá aprobar hasta después del verano, pese a las previsiones del Ministerio de Igualdad, que esperaba que el texto entrase en vigor ya. Los letrados del Senado han avalado finalmente la enmienda aprobada tras estudiar si se había votado por error, según han confirmado fuentes parlamentarias. Las dudas han surgido porque la enmienda aprobada solo cambia una letra en todo el texto.

De este modo, aunque la ley ha sido aprobada por el Pleno del Senado con el apoyo de todos los grupos, excepto PP y Vox, no ha podido ser aprobada definitivamente y el presidente del Senado ha informado de que se dará traslado de dicha enmienda al Congreso de los Diputados para que se pronuncie sobre la misma. Pero la Cámara Baja no tiene prevista nuevas sesiones plenarias hasta el próximo curso parlamentario, que arrancará en septiembre.

La enmienda introducida en el texto que ha impedido aprobar definitivamente la ley es una adición a su preámbulo cuando se pide "dar respuesta a las violencias sexuales más ocultas". Concretamente, según la enmienda del Senado, Junts pedía la introducción específica de la mutilación genital femenina, la "detección de casos de aborto y esterilizaciones forzosos".

Fuentes de Igualdad consideran que la votación ha sido un error de los letrados porque el texto ya se había introducido en el Congreso. Sin embargo, hay una diferencia entre ambos párrafos: donde el texto del Congreso dice "casos de aborto y esterilizaciones forzosas", la enmienda del Senado dice "casos de aborto y esterilizaciones forzosos". Según las fuentes parlamentarias, no se trata de un cambio de una letra sino de un cambio de concepto que pretende especificar que el adjetivo forzosos abarca tanto a las esterilizaciones como a los abortos, lo que aclararía que no es violencia oculta cualquier tipo de aborto sino solo los forzosos.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha intervenido este martes por la mañana en el Pleno del Senado, tres horas antes de la votación, había dado por hecho que la ley se aprobaría definitivamente.

"Hoy decimos a nuestra hijas, amigas, compañeras de trabajo, que su presente y su futuro va a ser mucho más libre que nuestro pasado", ha afirmado Montero. También desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se ha difundido un vídeo por su cuenta de Twitter en el que se anunciaba que "2022 será el verano de las mujeres". "Este será el verano del consentimiento y del solo sí es sí", añadía esta misma mañana la delegada del Gobierno, Victoria Rosell, en rueda de prensa.

Por su parte, el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha bromeado en Twitter sobre la vuelta al Congreso de la norma. "Enhorabuena, Irene", ha añadido tras recordar que la ministra ha intervenido en el pleno del Senado dando por aprobada la ley. Entre otras novedades, la ley del solo sí es sí recoge una nueva definición de consentimiento que señala que "solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona".

Además, reforma el Código penal para eliminar la distinción entre abuso y agresión sexual, entre otras cuestiones y, finalmente, no incluye las medidas relacionadas con la prostitución y la lucha contra la trata con fines de explotación sexual.

Para la ministra de Igualdad, con esta ley, España dará "un paso decisivo para responder a la deuda histórica del Estado y las instituciones con Nagore (Laffage) y su madre, con las jóvenes de Alcácer, con la víctima de 'La Manada' de Pamplona y la de Manresa, con Laura Luelmo, con las mujeres agredidas en estos Sanfermines" y con todas "las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia machista".

En el debate –que ha comenzado con un minuto de silencio por las últimas cinco víctimas de la violencia de género– PP y Vox se han vuelto a mostrar contrarios al texto en su defensa de las propuestas de veto. En palabras del diputado de Vox, José Manuel Marín Gascón, se trata de "una chapuza jurídica" ya que, a su juicio, "este proyecto de ley viola la técnica jurídica más elemental, viola derechos fundamentales, viola la igualdad, viola la libertad y viola hasta el sentido común más básico".

Para Gascón, la "ley del solo sí es sí es en realidad la ley del no, del no a derechos fundamentales, como la presunción de inocencia", además de cuestionar que "no agrava las penas". También ha denunciado que la ley "adoctrina" y "conduce al enfrentamiento visceral entre hombres y mujeres".

Desde el Grupo Parlamentario Popular, María Adelaida Pedrosa Roldán, ha lamentado que se trata de "una mala ley, con un sesgo ideológico" ya que el texto "instrumentaliza el dolor y el sentimiento de las víctimas". "Tenemos delante una ley que deja desprotegidas a las víctimas y en el aire sus derechos, entre otras cuestiones", ha afirmado. Pedrosa también ha hecho alusión a la dimisión de Adriana Lastra, la ya exvicesecretaria general del PSOE, "por estar embarazada". "¿Dónde están las feministas de su partido, porque un embarazo no justifica una dimisión?", se ha preguntado. En el turno en contra, la senadora del PSOE, María Elena Diego Castellanos, ha lamentado las intervenciones de ambas formaciones, subrayando que "la violencia que se ejerce contra las mujeres es una cuestión de Estado".

"Esto no es una broma, esto no va de piropos, va de una cultura machista que impregna nuestra sociedad, nuestro lenguaje y nuestra educación y de que nunca se ha preguntado a las mujeres y las niñas que se sienten en situaciones de acoso real y normalizado en nuestras calles. Estamos hablando de algo mucho más serio", ha zanjado.

En el turno de portavoces, la mayoría de las intervenciones se han mostrado a favor de la ley y contrarios a los vetos, como ha manifestado la senadora Pilar González (Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal) ya que, en su opinión, los vetos hacen "retroceder a un tiempo oscuro", en línea con María Teresa Rivero Segalàs (JxCat), quién ha reconocido que es "una ley mejorable, pero es del todo necesaria". "Es un paso muy importante", ha dicho, aunque ha precisado "que solo con esta ley no vamos a hacer que el mundo sea sea más seguro". "Nos falta mucho recorrido, mucha pedagogía y seguramente tendremos que batallar", ha asegurado.

La senadora María Dolores Etxano Varela (EAJ-PNV) ha reclamado "la necesaria puesta en marcha de recursos adecuados" para ayudar a las víctimas, mientras que la senadora de ERC, Sara Bailac, ha sentenciado: "quien no esté preparado para vivir en el siglo XXI, que vuelva a la Cueva". Jaime de los Santos (PP) y María Elena Diego Castellanos (PSOE) han protagonizado uno de los 'rifirrafes' del debate al referirse el primero a los casos de abusos a menores tuteladas en la Generalitat Valencia y Baleares. "Hermanas, sí te creo, a excepción", de estos casos, ha referido, además de negar que el PP haga uso de las víctimas, que sí ha achacado al Ejecutivo y que ha negado Castellanos.

"Es muy lamentable tanto el veto de Vox como ustedes han dicho que están en contra de esta ley porque tiene un sesgo ideológico. Somos políticos, no tenemos ideología", ha defendido la senadora socialista.

El Gobierno no ha logrado aprobar este martes definitivamente la Ley de solo sí es sí en el Senado, después de que una enmienda de Junts haya salido adelante con el apoyo del PP, ERC, Ciudadanos, Más Madrid y Coalición Canaria, entre otros. El texto tendrá que volver al Congreso y, por tanto, no se podrá aprobar hasta después del verano, pese a las previsiones del Ministerio de Igualdad, que esperaba que el texto entrase en vigor ya, según informa Europa Press.

Aunque la ley ha reunido los votos suficientes en el Pleno del Senado, con el apoyo de todos los grupos, excepto PP y Vox, el texto no ha podido ser aprobado definitivamente ya que ha salido adelante una enmienda introducida por Junts. El presidente del Senado ha informado de que se dará traslado de dicha enmienda al Congreso de los Diputados para que se pronuncie sobre la misma. Pero la Cámara Baja no tiene prevista nuevas sesiones plenarias hasta el próximo curso parlamentario, que arrancará en septiembre.

Esto ha ocurrido pese a las previsiones de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha intervenido este martes por la mañana en el Pleno del Senado, tres horas antes de la votación, dando por hecho que la ley se aprobaría definitivamente.

"Hoy decimos a nuestra hijas, amigas, compañeras de trabajo, que su presente y su futuro va a ser mucho más libre que nuestro pasado", ha afirmado Montero. También desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se ha difundido un vídeo por su cuenta de Twitter en el que se anunciaba que "2022 será el verano de las mujeres". "Este será el verano del consentimiento y del Solo Sí Es Sí", añadía esta misma mañana la delegada del Gobierno, Victoria Rosell, en rueda de prensa.

La enmienda introducida en el texto que ha impedido aprobar definitivamente la ley es una adición su preámbulo para "dar respuesta a las violencias sexuales más ocultas" y añadir específicamente la mutilación genital femenina, la detección de casos de aborto y esterilizaciones forzosos".

La Comisión de Igualdad del Senado ha aprobado este martes la Ley Orgánica de Garantías de la Libertad Sexual, con el rechazo a los vetos presentados por el Grupo Parlamentario Popular y Vox, y ha dado así un paso más para su aprobación definitiva, que se prevé la próxima semana en el pleno de la Cámara Alta, en caso de que no se apruebe ninguna de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios según informa Europa Press.

El texto, remitido por el Congreso y que ha obtenido luz verde en esta comisión con 17 votos a favor y 10 abstenciones, por parte del PP, hace del consentimiento una cuestión indispensable para juzgar los delitos sexuales, así como reforma el Código penal para eliminar la distinción entre abuso y agresión sexual, entre otras cuestiones y, finalmente, no incluye las medidas relacionadas con la prostitución y la lucha contra la trata con fines de explotación sexual.

Ante esta norma, a la que los grupos han presentado unas 150 enmiendas, el PP ha formulado un veto que ha defendido la portavoz, María Adelaida Pedrosa Roldán, quien ha criticado que la ley esté "instrumentalizando el dolor de las víctimas", que, a su juicio, "quedarán desprotegidas".

"Es una mala ley, no vamos a avanzar nada en igualdad ni en reconocer ni ayudar a estas víctimas", ha advertido, para criticar la norma también en términos de seguridad jurídica y de presunción de inocencia. Este veto ha sido rechazado con 18 votos en contra. Por su parte, la senadora de Vox, Yolanda Merelo, ha dado por defendido su veto, que ha sido tumbado al obtener 18 votos en contra y nueve abstenciones —del PP—.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista, la vicepresidenta primera de la Comisión de Igualdad, Donelia Pedrosa Roldán, ha afeado al PP que se "quede otra vez solo con Vox en un tema de mujeres". "Ustedes quieren posicionarse en contra de cualquier modificación que afecte a las mujeres", ha cuestionado a los 'populares'.

Tras el turno de portavoces, en el que todos los grupos se han posicionado en contra de los vetos, excepto los que los han presentado, solo el Grupo Vasco y el GPP han defendido sus enmiendas, mientras el resto las ha dado por defendidas.

En concreto, la portavoz del GPV, María Dolores Etxano, ha ratificado su apoyo a la ley para dar una "respuesta correcta" para adecuar la legislación a la "sensibilidad social", pero ha avisado de la necesidad de medidas de prevención. También, ha lamentado que en el texto se observa un "evidente espíritu centralista de quienes redactan el proyecto".

Por su parte, desde el GPP, Jaime Miguel de los Santos González, ha criticado que no se les haya permitido apoyar enmiendas de otros grupos para mejorar la ley, al tiempo que ha puesto en "entredicho" la preocupación sobre las mujeres. "No es un tema solo de mujeres por mucho que las víctimas sean ellas, nos tiene que preocupar en especial a los hombres, que son los agresores, cuando lo son", ha puntualizado.

Asimismo, ha manifestado su "sorpresa" porque "las penas no vayan siempre en crecimiento" y su preocupación por "la inversión de la carga de la prueba", que, ha aseverado, "deja una vez más a la justicia española en una indefensión". "Vemos que por parte de la señora Montero esta realidad va en contra del ordenamiento jurídico español", ha apostillado, para añadir que la ley "genera dudas", "está llena de imprecisiones y de grandes vacíos".

"Qué lástima que las competencias de igualdad no las siga detentando el PSOE, porque estoy seguro que con la señora Carmen Calvo al frente esta ley sería infinitamente mejor", ha concluido.

Por su parte, el socialista José María Oleaga Zaldivea ha destacado el acuerdo de los grupos para que la ley salga adelante "cuanto antes", para lo que el PSOE, ha recordado, retiró sus enmiendas en el Congreso y "conscientemente" no las ha presentado en la comisión de este martes. "Hemos antepuesto el interés general, el acuerdo, porque creemos que los acuerdos son buenos (...) sobre todo para que por fin sea verdad que tengamos en nuestro país una ley según la cual 'solo sí es sí'", ha resaltado.

Ya en el debate final, la portavoz del Grupo Nacionalista, María Teresa Rivero Segalàs, ha expresado su apoyo a esta "necesaria" ley que, no obstante, ha tildado de "perfectible". "Hay cosas en su contenido que pueden ser mejorables, pero rompemos la lanza en favor del consenso", ha defendido.

Asimismo, la portavoz del Grupo Vasco ha celebrado que la ley tenga la finalidad de "garantizar una respuesta adecuada, integral y coordinada, que proporcione atención y reparación a las víctimas", pero ha cuestionado su título: "Se habla de garantía integral de la libertad sexual, lo que en mi opinión resulta quizá un tanto ambicioso".

Por su parte, la portavoz del Grupo Esquerra Republicana-EH Bildu, Sara Bailac, ha advertido de que el cambio en este ámbito "no debe ser únicamente normativo, sino que tiene que ser cultural".

Por último, la portavoz del PP ha defendido que las víctimas pueden ser "hombres y mujeres" y ha acusado al PSOE de "venderse a Unidas Podemos para seguir destrozando España y que las políticas de igualdad no sigan avanzando".

"Esta no es la ley que nos gustaría, es un alegato a las políticas de Unidas Podemos. La indefensión con la que se van a encontrar los ciudadanos ante el abuso de poder de Montero, no tiene limites", ha apostillado Pedrosa.

"Es un auténtico disparate", ha agregado sobre la norma, que, ha alertado, "compromete la presunción de inocencia" y "permite que sea siempre una parte, sin dudas y sin pruebas, a la que se crea, creando indefensión sobre la otra". "Es un terreno peligroso", ha sentenciado.

Le ha respondido la socialista María Elena Diego Castellanos, quien ha tachado de "gravísimas" las declaraciones de Pedrosa: "No confundamos a la sociedad: hablamos de víctimas hablamos de víctimas mujeres porque no hay manadas de mujeres que violen a hombres por la calle". Igualmente, ha asegurado que hay que defender la presunción de inocencia, pero ha criticado que el PP la coloque por encima de la seguridad de las mujeres.

Se cumplen 90 años de la aprobación del derecho al voto de la mujer en España. Un día como hoy, 1 de diciembre de 1931, se ratificó el artículo 36 de la Constitución que reconocía el sufragio Universal en nuestro país y que pudo ejercerse por primera vez en las elecciones generales de noviembre de 1933.

España se adelantó a otros países de nuestro entorno a la aprobación de este derecho. Francia, por ejemplo,  tardó 14 años más en reconocerlo y en Italia no se aprobó hasta 1945.

Nuestro país sigue siendo pionero en el reconocimiento de derechos y ejemplo para otros de leyes que han supuesto un avance de colectivos discriminados a los que tradicionalmente se han hurtado sus derechos.  

Estos derechos siempre se han logrado por el tesón de los progresistas y con la oposición de las fuerzas conservadoras. Y el PSOE ha sido fundamental en la consecución de todos ellos.

Es triste comprobar que los herederos ideológicos de los que se opusieron a este reconocimiento de un derecho de las mujeres, en lugar de reivindicar este logro de la sociedad española, intenten manchar con falsas polémicas el hito histórico que deberíamos reivindicar todos con orgullo. Eso sí que sería un gesto de patriotismo digno de ser ensalzado.

Por el contrario, la derecha se dedica a ensuciar la historia para intentar reescribir lo sucedido y, aprovechando la confusión generada, pretender confundir a la ciudadanía con sus bulos e insultar de paso a los que sí podemos reivindicar unas siglas y un pasado de defensa de los derechos de las mujeres.

El ahora autoproclamado director de orquesta del PP, Pablo Casado, como otros destacados líderes de la derecha y la ultraderecha, se han inventado que el PSOE no apoyó el voto femenino en 1931. Simplemente hay que acudir al Diario de Sesiones del Congreso para refutar esa insidia: el artículo en cuestión que reconocía el derecho de las mujeres a votar se aprobó gracias, entre otros, a los diputados del PSOE que aportaron la mitad de los votos que permitieron su aprobación.

El debate sobre el artículo 34 (que resultó aprobado como el 36 de la Constitución) se desarrolló los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 1931. Y se aprobó el último día por 161 votos a favor frente 121 en contra según recoge el Diario de Sesiones del Congreso de esa fecha en su página 14.

La discusión sobre el artículo 34, que finalmente se aprobó como artículo 36, se llevó a cabo en 2 días: el 30 de septiembre y el 1 de octubre de 1931. Durante esta última jornada se concedió el voto a la mujer aprobando el sufragio activo universal para los mayores de 23 años por 161 votos a favor (84 de diputados del PSOE) frente a 121 en contra, según se recoge en el Diario de Sesiones del Congreso de aquel día (pág. 14). No hay lugar a dudas porque figuran los nombres y apellidos de todos los que votaron: ningún miembro del PSOE votó en contra.

Buena parte del mérito de este logro lo tiene la diputada Clara Campoamor, una mujer valiente que con su empeño y buen hacer consiguió convencer a una mayoría de diputados suficiente. Son de justicia los homenajes dedicados y todo lo publicado donde se documenta fielmente su verdadero trabajo. Un ejemplo de ellas es “Clara Victoria”, el último libro de Isaías Lafuente donde arroja luz para despejar la oscuridad que sufrió durante años.  

Porque Clara Campoamor pagó caro su “atrevimiento”. Primero por ser condenada al exilio por el triunfo del golde de Estado y la Dictadura posterior. Murió fuera de España en 1972 sin poder regresar al país al que dedicó lo mejor de sí misma. Y después por sufrir la condena al olvido, la tergiversación de su obra y la demonización de su persona.

Rescatando a Clara Campoamor personificamos en ella y homenajeamos a tantas mujeres que lucharon por los derechos conculcados por la cerrazón y la ignorancia. Recuperando la historia quitamos el polvo arrojado por la carcunda para evitar la muerte política por olvido al que la condenaron los predecesores de los que ahora, ante la evidencia, quieren apropiarse de su figura. 

Las posiciones no han cambiado tanto en estos 90 años. Seguimos los progresistas trabajando por conquistar derechos de ciudadanía y consolidando avances sociales mientras las derechas más ultras se dedican a oponerse. El periódico El Socialista que se publicó al día siguiente de la votación en el Congreso resumía lo ocurrido en la Cámara: “Los demócratas burgueses tienen miedo a la democracia… Como sabemos que todo su radicalismo es verbalista no nos ha sorprendido lo ocurrido. Son republicanos, viejos republicanos defensores de la igualdad de derechos para uno y otro sexo; pero sólo en la verborrea fácil del mitin; luego se asustan, y cuando la Constitución concede el voto a la mujer, no solo como un derecho sino como un deber tiemblan de pánico”.

Ahí siguen anclados. Sólo han evolucionado en la modernización de sus técnicas. Ahora copan con fake news las redes sociales pero siguen oponiéndose al inexorable triunfo de la igualdad que se abre paso gracias a una sociedad valiente y comprometida que conquista derechos y encara el futuro con decisión pese a la oposición de los que solo se entretienen en regodearse en las mentiras sobre el pasado.

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Rafi Crespín es secretaria General del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso