Marcel Deschamps estaba desesperado. Empleado en una fábrica canadiense, llevaba meses acosado por una sucesión de estafadores que se habían ganado su confianza y convencido para que invirtiera grandes sumas de dinero en criptoactivos falsos, pero nunca le dejaron retirar ni un céntimo. Como resultado, apenas le quedaba dinero para comprar comida para su gato ni casi para él. Entonces, la última estafadora que le había contactado, se hacía llamar Mary Roberts y se presentaba como una profesional experta en criptoactivos, volvió a telefonearle.

Marcel ya se había dado cuenta de que ella también le estaba estafando, por lo que amenazó con denunciarla a la policía canadiense. Ella soltó una carcajada. “Eres tan ridículo”, cacareó en un inglés con mucho acento. “Eres tan estúpido. Aunque llames a la policía de Canadá, a la de Quebec, a la de Alberta, a la de Calgary, a la de Ontario o a la de todo el mundo, nunca encontrarás mi verdadero pasaporte. Eres un puto imbécil”.

Mary tenía razón en que sería difícil localizarla: era una profesional. La joven, de 26 años, trabajaba en un centro de llamadas de Tiflis (Georgia), uno de los destapados en Scam Empire. Siguiendo el protocolo, había tomado precauciones para ocultar sus huellas al tratar con Marcel. Las fotografías personales que había compartido con él eran falsas. La imagen del pasaporte que le había enviado era falsa. El nombre Mary Roberts era falso.

Pero ahora, tras una investigación de seis meses sobre la industria de las ciberestafas de inversiones, basada en una extraordinaria filtración de 1,1 terabytes de datos del call-center de Tiflis, OCCRP ha identificado a Mary y a muchos de sus colegas.

Scam Empire es una investigación del consorcio OCCRP, al que pertenece infoLibre, junto con la televisión pública sueca SVT y otros 30 medios de comunicación. Basándose en 1,9 terabytes de datos filtrados obtenidos por SVT, los periodistas han puesto al descubierto dos redes con call-centers en Israel, Europa del Este y Georgia, cuyos empleados indujeron al menos a 32.000 personas de todo el mundo a hacer “inversiones” por al menos 275 millones de dólares –265 millones de euros–.

Todos utilizan seudónimos anodinos –entre los compañeros de Mary figuran Anthony Adams, Alexander Richards y Carl Green– y recurren a toda una serie de documentos falsificados para hacerse pasar por asesores financieros británicos, franceses o españoles. Pero entre bastidores, todos ellos son jóvenes georgianos con estudios universitarios, políglotas, con ganas de ascender y sedientos de dinero.

Desde sus discretas oficinas en el centro de Tiflis, este grupo de 85 estafadores y su personal de apoyo ingresaron 35,3 millones de dólares –33 millones de euros– procedentes de más de 6.100 clientes de todo el mundo entre mayo de 2022 y febrero de 2025, según sus propias hojas de cálculo internas, utilizadas para hacer un seguimiento de los fondos recibidos y los gastos de oficina.

Se autodenominaban abiertamente “estafadores” (skameri en georgiano) y publicaban en las redes sociales sus lujosas vacaciones y carísimas compras. Unos meses después de su airado enfrentamiento con Marcel, Mary se fue de vacaciones a una isla griega. Otra skamer de primer nivel llegó a su boda en helicóptero, lo que abrió todo tipo de especulaciones en las redes sociales georgianas. “¿Qué boda millonaria es ésta?”, preguntaba un comentarista.

Pero estas exhibiciones públicas de riqueza fueron también su perdición. OCCRP y sus colaboradores en Georgia, Studio Monitori, iFact y GMC, lograron identificar a los skameri relacionando sus conversaciones entre bastidores –especialmente las referencias a vacaciones, coches y a sus cónyuges– con el contenido que publicaban en internet. Al final, incluso encontraron el verdadero pasaporte de Mary: lo había publicado en Instagram.

Mary Roberts es, en realidad, Mariam Charchian y tiene 26 años. Publicó esta imagen en su Instagram Stories cuando estaba a punto de subir a un avión. Se puede ver su nombre en un billete de avión asomando por su pasaporte.

Los periodistas no sólo han averiguado sus nombres. También han podido echar un vistazo al interior de su organización y escuchar grabaciones de las llamadas telefónicas con las que intentaban sacar a sus clientes todo el dinero que podían, desde Canadá hasta Estonia, desde España hasta Noruega. Además, los periodistas han visto cómo celebraban cada transferencia que hacían sus víctimas, derrochaban en compras caras y se animaban mutuamente a aplicar tácticas cada vez más duras para exprimir a sus clientes y robarles aún más dinero.

En muchos aspectos, se parecen a los jóvenes trabajadores de cualquier empresa tecnológica. El centro de llamadas de Tiflis es como cualquier otra oficina moderna, con paredes de ladrillo visto y decoraciones cromadas. Lo gestiona una compañía llamada AK Group, registrada como empresa de telemarketing y propiedad de Meri Shotadze, una georgiana aparentemente corriente de 36 años.

Los teleoperadores suelen quejarse de su horario y de sus jefes. Reciben evaluaciones detalladas de su rendimiento y se les clasifica en función del volumen de ventas que hacen, con una lista online que registra quién tiene más éxito. Los mejores pueden ganar más de 20.000 dólares al mes y competir por premios como iPhones y BMW.

Pero en ese cuadro se deslizan detalles mucho más inquietantes. Las evaluaciones de rendimiento de los trabajadores se basan en lo bien que mienten. Cuando son reprendidos por sus supervisores, es porque no han acosado a sus clientes con la suficiente agresividad: “Este cliente se ha dado cuenta de que es una estafa. No te vayas hoy sin llamarle. Llama y consigue el dinero”.

Y, en sus conversaciones internas, hay un claro reconocimiento de que están destrozando vidas.

Como la mayoría de los oficinistas jóvenes de hoy en día, los empleados de AK Group mantienen un flujo constante de conversaciones en chats privados mientras trabajan. En grupos de Telegram con nombres como Back Office y AK-ers, intercambian GIF animados de famosos de Hollywood, memes locales y, de vez en cuando, fotos de mujeres con poca ropa. Hablan de lo que van a comer. O se quejan del trabajo.

Emma: Vamos a hacer un descanso a las cuatro, tengo mucha hambre.

Sasha: Tres personas de nuestro equipo se van a tomar un descanso a las cuatro.

Emma: Uhh!

Sasha: ¡Es el destino del estafador!

Emma: ¡Mierda de vida!

Además, celebran las “ventas” con imágenes de champán estallando o copas chocando. También es popular el GIF a cámara lenta de Leonardo DiCaprio aplaudiendo en El lobo de Wall Street.

Y, a veces, se saltan las normas. A pesar de las estrictas instrucciones de referirse a los demás sólo por sus nombres falsos, los estafadores más entusiastas cometen algún desliz de vez en cuando y utilizan los nombres reales de los demás mientras hacen el tonto en internet. “¡Nos van a detener!”, dice uno medio en broma, después de compartir una fotografía suya con dos colegas.

Mary Roberts chatea con los demás, pero es muy prudente. Se abstiene de compartir información sobre su vida y borra los mensajes personales casi tan pronto como los envía. De hecho, su afición a borrar mensajes parece ser una broma de oficina: “¡Mary, no borres esto o te pego!”, la amenazó un colega tras enviarle un GIF de la película Spiderman. Cuando alguien sube la foto de una mujer desnuda en un chat, Mary responde con el emoji del beso: “Espero que esto nunca ocurra en el lugar de trabajo de mi marido”.

En la oficina, su estatus es la de alumna favorita del profesor. No sólo cumple las normas, sino que además, durante muchos meses, fue una de las estrellas del mejor equipo de AK Group, el equipo Koen.

Este grupo, que reunía a siete de los mejores agentes del centro de llamadas, lo dirigía Kseniya Koen, el seudónimo de una muy motivada mujer especializada en el trato con clientes de habla rusa. Koen, o KK, como muchos la llamaban, era una jefa exigente: “Antes de que acabe el mes, tenemos que procesar 30.000 al día. Hasta que no alcancemos los 30.000 diarios, sabed que no saldré de la oficina. Hay siete agentes de ventas de primer nivel dedicados a esta tarea: 30.000 al día no debería ser un problema para vosotros. No repitamos la misma conversación una y otra vez. Presionad a vuestros clientes y conseguid esas ventas. Levantaos, presionad a vuestros clientes, y hacede que fluya el dinero. Si no, tendré que intervenir”·.

Los chats filtrados revelan que Koen imponía normas a otros equipos del centro de llamadas. En una conversación el año pasado, reprendió a un colega llamado Fabio Bravo, que dirigía un grupo de agentes de habla alemana, por no dedicar suficiente tiempo a llamar a clientes.

–“Tus agentes no deberían dedicar menos de cuatro horas a hablar. Controla esto, por favor”.

–¿Cuatro horas?

–Deberían tener un mínimo de tres horas.

–Está bien. Cuatro horas es ridículo. De acuerdo.

–¿Cuántas horas de trabajo tenemos?

–Entiendo que son ocho, pero no me pidas un imposible.... Tú no hablas con alemanes todos los días. Créeme, es imposible.

–Por nueve horas, la empresa paga un sueldo fijo que engloba las llamadas y, además, si el agente tramita algo, cobra una prima. Es así, ¿no? Si un agente se sienta a hablar durante una hora, ¿crees que alguien me dará una palmadita en el hombro y me dirá: “Buen trabajo, Koen. Tus agentes trabajan bien”? ¿De verdad crees que es así?

–Entendido, Koen.

En cambio, Koen tenía debilidad por Mary Roberts, que a menudo encabezaba la clasificación diaria del centro de llamadas.

En febrero de 2024, el equipo Koen tenía la tarea de recaudar 420.000 dólares al mes, y cada agente tenía asignado su propio objetivo personal. El de Mary era uno de los más altos: 80.000 dólares. “Sabes, cuento contigo este mes”, envió Koen un mensaje de texto a Mary entonces, después de comprobar una hoja de cálculo de objetivos de ventas que mostraba que el equipo tenía mucho camino por recorrer. Mary respondió con un gran corazón rojo, como diciendo: “Es cosa mía”.

Scam Empire muestra que los agentes de los centros de llamadas suelen dividirse en dos grandes grupos. Así es también como está organizado AK Group. Un equipo de “conversión” se ocupa de los objetivos justo después de que hayan sido captados por los estafadores al hacer clic en un anuncio. Normalmente se trata de recién contratados que acaban de aprender el arte de la estafa, y prometen pasar al nuevo cliente a un bróker experimentado que le “ayudará” a ganar dinero.

Estos estafadores más veteranos forman parte del equipo de “retención” y se dedican a sacar el máximo dinero posible a los clientes. En “retención”, los subequipos se especializan en zonas geográficas, cada uno con un objetivo de ventas diferente, dependiendo de lo lucrativo que sea el mercado. Cada equipo tiene un jefe y varios agentes, que son los que hacen las llamadas.

En AK Group, hay pequeños equipos de “retención” dedicados a hablantes de alemán, español, ruso y árabe, así como tres equipos distintos de habla inglesa, que suelen ser los que más dinero aportan, según las hojas de cálculo que muestran clientes e ingresos. El año pasado, el servicio de atención telefónica en inglés ganó más de 15,6 millones de dólares –14,4 millones de euros–.

Al contrario que en su lugar de trabajo, la cara que Mary presentaba a sus clientes era emocional, cercana, y exigente. Solía describirse a sí misma como madre soltera con una hija pequeña llamada Alice. A veces tenía que mantener a sus padres ancianos. Otras, era una emigrante polaca en el Reino Unido que se había abierto camino en el mundo de las finanzas a base de coraje y determinación.

También parecía guapa. En sus primeros intercambios, solía buscar una excusa para enviar una fotografía de su supuesto aspecto: una mujer impresionante de piel aceitunada y ojos

verdes. Los periodistas de OCCRP rastrearon la imagen hasta la página de Instagram de una modelo ucraniana. Resultó que Mary tenía una carpeta entera de fotos de esa mujer guardadas en su ordenador del trabajo.

Cuando sus objetivos le respondían, era rápida y pródiga en cumplidos. “Qué guapo eres”, le dijo a uno. “No pareces tener más de 40”, piropeó a otro.

Mary se puso en contacto por primera vez con Marcel, el trabajador canadiense, en febrero del año pasado, el mismo mes en que se le encargó a ella sola recaudar 80.000 dólares. Para entonces, varios estafadores del centro de Tiflis ya habían llamado a Marcel, de 59 años, que vive en la pequeña comunidad rural de Alexandria, a unos 100 kilómetros al este de Ottawa, la capital de Canadá.

Una, que se hacía llamar Veronika Nowak, le había convencido para que hiciera una pequeña inversión a través de una plataforma falsa llamada Golden Currencies. “Está muy interesado y motivado... quiere hacer inversiones para el futuro”, escribió Veronika en una nota interna después de hablar con él. Veronika también anotó que Marcel ya había sido estafado antes, y que estaba teniendo problemas para recuperar los fondos que había perdido, que según dijo ascendían a unos 200.000 dólares canadienses –128.785 euros–.

La siguieron varios colegas más, entre ellos algunos que pretendían representar a Golden Currencies, y otros que decían pertenecer un organismo regulador británico que podía ayudarle a recuperar su dinero. Algo que nunca ocurrió. En lugar de eso, siguieron convenciéndole para que pagara más, si quería ecuperar sus fondos.

Finalmente, Mary se puso en contacto con él. Le dijo que era de Blockchain y que había encontrado sus 200.000 dólares perdidos. También encontró rápidamente una excusa para enviar a Marcel una imagen de la modelo ucraniana. Él compartió un selfie a cambio. “¡¡¡Pareces un adolescente!!!”, exclamó ella. Ese mismo día, Mary tecleó una nota en el programa informático que el centro de llamadas utilizaba para hacer un seguimiento de sus objetivos: “Ya ha empezado a quererme”.

Mary era “simpática, amable”, recuerda Marcel, y tenía todas las respuestas que él buscaba tras haber sido presa de estafas en el pasado. Él era escéptico sobre sus credenciales, pero ella le tranquilizó enviándole una copia escaneada de su pasaporte. Finalmente, le convenció de que, si le enviaba un poco más de dinero, podría ayudarle a desbloquear su criptomonedas perdidas.

“Confié en ella”, admitó más tarde. “Parecía muy convincente. Y me dijo que iba a recuperar mis fondos. O sea, me pedía dinero para liberar los fondos”.

Pero después de enviar unos 3.500 dólares canadienses y de que le pidiera más, se dio cuenta de que le habían estafado de nuevo. Cuando Mary volvió a llamarle, se enfrentó a ella, provocando el enfrentamiento en el que se burló de él diciéndole que nunca lo localizaría. “Me acabas de joder el crédito. No tengo ni un puto dólar para las próximas dos semanas. ¿Cómo coño voy a vivir? Podría suicidarme ahora mismo....”. le espetó Marcel a Mary en esa llamada. “Vale, adelante, suicídate”, le contestó ella. “Puedo timar a quien quiera y no es asunto tuyo, joder. Tu vida está arruinada. Y me alegro mucho, porque eres una persona espantosa”.

Dos meses después de aquella escalofriante conversación, Mary Roberts estaba preparando un viaje a Grecia. Habló de sus planes con otra agente, la misma Veronika Nowak que antes se había puesto en contacto con Marcel.

–Tengo que comprar los billetes a Grecia.

–Creo que ya no vamos a Mykonos.

–Tengo que adelgazar antes, si no, acabaré en un ataúd. No quiero trabajar más.

–No estás gorda. Yo también perderé peso, poco a poco.

–El dinero se me escapa de las manos tan rápidamente…

Mary no se sinceraba con mucha gente en el call-center, pero estaba claro que Veronika y ella eran algo más que compañeras. Hablaban a menudo de trabajo y se quejaban de sus jefes. La mayoría de las veces escribían en georgiano, pero entre ellas a veces añadían palabras en armenio. Y esa relación resultó ser la clave para desentrañar la verdadera identidad de Mary Roberts.

A diferencia de Mary, Veronika no era especialmente cuidadosa a la hora de ocultar su identidad: dejaba pequeñas migas de pan por todos los chats de grupo del centro de llamadas. En uno de ellos, mencionó que tenía 21 años y que había estudiado en Ozurgeti, una ciudad del extremo oeste de Georgia conocida por su producción de té negro. En otra ocasión, a un colega se le escapó que su verdadero apellido era Charchian.

Los periodistas empezaron a rastrear las redes sociales en busca de mujeres con este perfil. Rápidamente encontramos una candidata: Mariam Charchian, una mujer de Ozurgeti aficionada a publicar imágenes suyas con ropa de diseño en las principales ciudades de interés turístico de Europa. Pero su edad no encajaba: era mayor de 21 años. Entonceslos periodistas cayeron en la cuenta de que Mariam tenía una hermana menor, Veriko.

Cuanto más estudiaban sus conversaciones en el trabajo, más claro quedaba que Veronika y Mary no eran sólo colegas, sino hermanas. Eso significaba que la Mariam que habíamos encontrado inicialmente en internet no era otra que la propia Mary Roberts.

Veriko y Mariam, que ahora tienen 22 y 26 años, crecieron en una familia de etnia armenia en Ozurgeti. Sus perfiles en las redes sociales muestran que vivían modestamente hasta hace unos años. Cuando Mariam se anunció para buscar compañera de piso en 2018, compartió fotos de un apartamento escaso.

Pero hace unos dos años las hermanas empezaron a hacer ostentosas demostraciones de riqueza en internet, enseñando joyas caras como pulseras con incrustaciones de diamantes de Cartier y Van Cleef & Arpels.

Veriko celebró su 21º cumpleaños en Dubái y el 22º en París. Mariam suma viajes a Chipre, París, Grecia, Dubái y Milán. “Compras de ensueño, hecho”, publicó en Instagram mostrando la imagen de una caja que contenía una pulsera Cartier de 6.000 euros.

Y los viajes de Veriko encajaban a la perfección con lo que Veronika contaba a sus compañeros ellos. Cuando Veronika mencionaba un próximo viaje a Dubái, Veriko Charchian publicaba en Facebook imágenes suyas en el emirato. Cuando Veronika decía que iba a comprar billetes para volar a Grecia, Veriko Charchian posaba con ropa de diseño en Santorini y Mikonos.

Ni Mariam ni Veriko Charchian han respondido a los correos que OCCRP les ha enviado con preguntas sobre su trabajo en el centro de llamadas o su enriquecimiento.

“No puedo entender por qué alguien puede hacerle eso a alguien”, expuso Marcel Deschamps tras conocer las verdaderas identidades de Mariam y Veronika durante una entrevista con CBC/Radio-Canada en su casa de Ontario el mes pasado. Los periodistas enseñaron a Marcel algunas de las publicaciones en las redes sociales que mostraban a las mujeres viajando por el mundo. “Llevan una vida de lujo”, aseguró con gran pesar. “Y no escatiman nada.... gracia a mi dinero”.

Al igual que los propios estafadores, AK Group ha mantenido un perfil bajo. Desde fuera, es como si el centro de llamadas no existiera. No tiene página web y, aunque está registrada como empresa de telemarketing, no hace publicidad de su trabajo. No hay carteles en el exterior de su oficina principal en la calle Kavtaradze de Tiflis, ni de una oficina auxiliar que tiene en la calle Shartava.

Y estas direcciones no tienen ningún vínculo oficial con la empresa. En su lugar, ambas oficinas son alquiladas en su nombre por otras empresas propiedad de testaferros: un desplazado interno de la región separatista de Abjasia y su anciana suegra. Estas empresas también pagan las facturas de internet.

Las dos oficinas principales de AK Group en Tiflis están alquiladas por empresas propiedad de personas que parecen ser testaferros: uno es un desplazado interno de Abjasia, una empobrecida región secesionista que ha sido escenario de estallidos periódicos de violencia desde la caída de la Unión Soviética y ha sido ocupada por Rusia.

Este hombre, Zaza Izoria, ni siquiera tiene casa: su domicilio es un centro de acogida para desplazados internos en Zugdidi, una ciudad a cuatro horas al oeste de Tiflis. La empresa que alquila la oficina de la calle Kavtaradze, Za Traiding, también está registrada en este centro de acogida.

Izoria, que no respondió a los correos enviados por OCCRP, estaba en nómina de AK Group, del que recibió entre 400 y 800 dólares al mes desde 2023 hasta principios de este año, a pesar de que su empresa pagaba más de 20.000 dólares al mes por el espacio de oficinas de la empresa, según las facturas de la filtración.

Otra sucursal de AK Group opera en otro lugar de Tiflis, en la calle Shartava. El alquiler lo paga una empresa completamente distinta, propiedad de la suegra de Izoria, de 71 años, que también vive en Zugdidi y no tiene otros intereses comerciales ni propiedades.

Después de que las facturas ayudaran a los periodistas a localizar las oficinas del centro de llamadas, un documento inesperado, encontrado en la filtración, ayudó a descubrir el nombre de la empresa que lo gestionaba: una carta de recomendación en la que se elogiaba el rendimiento de un empleado en AK Group. A pesar de haber tenido tanto cuidado en pasar inadvertido, AK Group había cometido un grave descuido: una empresa de fotografía que había utilizado en su fiesta de fin de año de 2023 colgó automáticamente todas las imágenes en internet, en forma de llamativos GIF animados.

Estas fotografías en movimiento fueron una mina de oro para los periodistas, ya que proporcionaron las pruebas definitivas que necesitaban para confirmar las identidades reales de otra docena de georgianos que trabajaban en el call-center, además del nombre del propio centro.

Los GIF animados muestran las luces rosas que iluminan el salón de baile de un hotel mientras los empleados, engalanados con diamantes y lentejuelas, posan para las fotos agarrados a botellas de whisky. Detrás de ellos, la imagen ondulante de un logotipo corporativo gigante se proyecta en una pantalla: “AK Group”, se lee.

Uno de los empleados es Meri Shotadze, de 36 años, que aparece contoneándose con un vestido de encaje negro en muchos de los GIF. Aunque los periodistas ya sabían que Shotadze figuraba como propietaria de AK Group en el Registro Mercantil de Georgia, verla riéndose y abrazando al personal de la empresa en una imagen tras otra dejaba claro que también estaba involucrada en la vida del propio centro de llamadas.

Posando junto a Shotadze en los GIF aparece Akaki Kevkhishvili, de 33 años, que no figura en ninguno de los papeles del call-center pero que, cada vez estaba más claro, dirigía la organización entre bastidores. Incluso parece haber prestado sus iniciales dar nombre a la empresa.

Los chats internos revelan que es Kevkhishvili quien decide los salarios de los trabajadores y sus ascensos. Los teleoperadores le llaman “jefe”. En los grupos de Telegram de la empresa, siempre utiliza la misma foto de perfil: un león con corona. También es quien mueve el dinero de las cuentas de AK Group. Según las hojas de cálculo financieras internas, que desvelan que retiró más de 130.000 dólares de febrero a mayo de 2024. Además, tiene un servicio de seguridad privada pagado por la empresa, según consta en las cuentas.

En la actualidad, Kevkhishvili conduce un flamante Range Rover y ha publicado imágenes en sus redes sociales al volante de un Rolls-Royce y un Lamborghini.

Pero, al igual que las hermanas Charchian, la riqueza de Kevkhishvili parece ser sólo de fechas recientes. En los registros no constan a su nombre ninguna propiedad, terreno o negocio sustancial en Georgia hasta 2024, cuando compró acciones en dos empresas, una que fabrica muebles y otra que comercia con frutos secos. Los miembros de su familia tampoco tenían propiedades ni negocios hasta hace poco.

En pocos meses, la madre de Kevkhishvili, Mzevinar Kurtanidze, de 56 años, pagó más de 740.000 dólares por una casa de nueva construcción y un apartamento en Tiflis. Los periodistas no han encontrado ningún negocio o terreno de su propiedad que explique el origen de los fondos. En uno de los documentos de la compra, Kurtanidze también indicaba la dirección de correo electrónico de su hijo como información de contacto.

En sus publicaciones más antiguas en las redes sociales, Kevkhishvili aparece posando con armas de fuego y luciendo tatuajes de estrellas de ocho puntas en las rodillas, un símbolo del submundo criminal postsoviético.

Si Kevkhishvili es el rey de AK Group, Shotadze es la reina. En su cuenta de Telegram también aparece la imagen de una corona, y los periodistas han descubierto que es una persona cercana a Kevkhishvili.

Fuera del call-center, es su socia en la empresa de muebles de la que es copropietario. También es la dueña registrada de un Range Rover con una matrícula personalizada con las iniciales de Kevkhishvili, que los periodistas vieron aparcado frente a su casa en varias ocasiones. Su propio coche, un Toyota más modesto, tiene una matrícula personalizada que sugiere su identidad dentro del centro de llamadas: CO777EN.

Resulta que era Shotadze la que se ocultaba tras el seudónimo Kseniya Koen, la mujer que presionaba a los empleados del centro de llamadas a trabajar más horas y presionar más a sus clientes. Los chats internos dejan claro que, además de hacer cumplir las normas, Shotadze ayudaba a Kevkhishvili a gestionar el call-center, actuando como colchón entre él y su joven plantilla, a veces protestones. “Kaki es nuestro jefe. A veces discute con nosotros, a veces es muy amable, [pero] quiere a su equipo”, aseguró a una empleada que se había enfadado tras recibir una reprimenda.

No está claro si Shotadze y Kevkhishvili son las únicas personas que se lucran gracias a AK Group o si hay otras figuras que les respaldan. Ninguno de los dos ha respondido a las solicitudes de comentarios que les ha enviado OCCRP. Cuando los periodistas intentaron entrevistarse con Kevkhishvili en su domicilio, los guardias de seguridad les echaron.

Tras recibir preguntas de los periodistas, la Fiscalía georgiana asegura que está investigando a AK Group. “En caso de detectar cualquier actividad delictiva, responderá de acuerdo con la legislación georgiana”, indicó la acusación pública en un breve comunicado.

Hasta hace unas semanas, los skameri de AK Group seguían disfrutando de la buena vida. Su fiesta de Nochevieja para celebrar la llegada de 2025 fue aún más extravagante que la del año anterior: costó 107.000 dólares, según sus propios registros internos. Contó con dos celebridades georgianas de renombre como presentadores y con un elaborado espectáculo de cabaret con bailarinas ataviadas con tocados brillantes y máscaras que se contorsionaban en el escenario y se descolgaban del techo. Al final de la noche, se sirvió una enorme tarta envuelta en oro y coronada con un diamante de azúcar hilado y las letras AK fundidas en chocolate.

Además, seguían con sus estafas. Mary Roberts robó 31.000 dólares a unas víctimas ancianas a principios de febrero, según los registros internos del call-center, mientras que su colega Alex Davis convenció a un canadiense de 78 años para que le enviara más de 50.000 dólares.

Pero el pasado 15 de febrero, OCCRP y sus socios solicitaron por correo electrónico a AK Group, Kevkhishvili, Shotadze y otras figuras relacionadas con el centro de llamadas sus comentarios sobre la investigación que habían llevado a cabo.

OCCRP no ha recibido aún respuesta de ninguno de ellos, pero casi inmediatamente después de enviar las preguntas, empezaron a desaparecer de internet pistas sobre su identidad. Meri Shotadze borró rápidamente una imagen suya con un reloj Rolex por el que los periodistas le habían preguntado por correo electrónico. Pocos días después, desactivó por completo su cuenta de Telegram.

Los días 24 y 25 de febrero Shotadze vendió dos apartamentos de su propiedad en Tiflis. También se deshizo de su matrícula CO777EN, según los registros oficiales de Georgia, lo que sugiere que pudo haber vendido también su coche.

Lana Vakhtangadze, también conocida como Lana Lehmans, la agente que había llegado a su boda en helicóptero, cerró su cuenta de Facebook. Lo mismo hizo Takhir Sultanovi, alias Barry Anderson, que el año pasado sustituyó a Shotadze al frente del equipo de “retención” del centro. El guardaespaldas de Kevkhishvili borró de su cuenta de Facebook imágenes en las que aparecía su jefe.

En cuanto a Mariam Charchian, Marcel pudo llamarla y enfrentarse a ella un día de mediados de febrero. Le preguntó si sus familiares sabían a qué se dedicaba y le recordó su nombre. “¿Marcel? No, no me acuerdo de ti”, respondió ella. “¿Eres Mariam Charchian? ¿O eres Mary Roberts?”, le preguntó. Ella colgó. Aun así, consiguió lo que esperaba: la sensación de que, por una vez, tenía ventaja sobre la estafadora.

“Me siento muy bien”, confesó a los periodistas, mientras se relajaba en la cocina después de la llamada. “Soy un blando y no guardo rencor a nadie, pero... lo que me hizo a mí, sé que se lo está haciendo a todo el mundo. Espero que pare pronto”. “Es divertido estar al otro lado de la mesa por una vez”, concluyó.

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Con la colaboración de CBC/Radio-Canada 

El Gobierno de Argentina investigará si la compra de Telefónica Argentina por parte de Telecom Argentina, acordada este lunes, no configura una situación de monopolio en el mercado de las telecomunicaciones en el país suramericano. El Ejecutivo de Javier Milei anunció en un comunicado que dará intervención al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom, regulador de las telecomunicaciones en Argentina) y a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNCD) "para evaluar si esta operación no constituye la formación de un monopolio", según informa EFE.

Además, señaló que "esta adquisición podría dejar aproximadamente el 70% de los servicios de las telecomunicaciones en manos de un solo grupo económico, lo que generaría un monopolio formado gracias a décadas de beneficios estatales que recibió dicha empresa", en referencia al grupo argentino de medios Clarín, uno de los principales accionistas de Telecom Argentina.

El Gobierno de Milei advirtió que, de confirmarse una situación de monopolio, "el Estado nacional tomará todas las medidas pertinentes para evitarlo". Recordó que el marco de regulación vigente establece un sistema de control sobre las transferencias, cesiones y adquisiciones de las empresas con licencias de servicios de la información y las comunicaciones.

"Así como ocurre en otros países de Occidente, el Gobierno nacional está comprometido con evitar la formación de un nuevo monopolio, que con estas características, creado a la luz de décadas de beneficios estatales, iría en contra de la libre competencia y atentaría contra el proceso desinflacionario que está atravesando la Argentina", añade el comunicado. El Ejecutivo aseguró que "tomará todas las medidas para garantizar el derecho de elección de los usuarios, la libre competencia y la accesibilidad a los servicios de la telecomunicación".

Este lunes, Telefónica Hispanoamérica -empresa del grupo español Telefónica- llegó a un acuerdo con Telecom Argentina para vender la totalidad de sus acciones en el capital social de Telefónica Argentina.

Según un comunicado difundido por Telefónica Argentina, la transacción, valorada en 1.245 millones de dólares, se inscribe en la estrategia del grupo español de "reducir la exposición a la región y continuar operando de forma sostenible para construir valor para sus accionistas".

Telecom y Telefónica dominan el mercado argentino de las telecomunicaciones desde que a finales de la década de 1990 el entonces Gobierno de Carlos Menem (1989-1999) privatizó la empresa estatal de telefonía y dividió en dos regiones al país para otorgar los servicios a estas dos empresas.

Telecom Argentina, cuyas acciones se cotizan en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York, está participada en un 28,16% de las acciones por Cablevisión Holding (empresa controlada por el grupo Clarín) y en un 30,03% por el fondo Fintech Telecom (controlado por el empresario mexicano David Martínez), mientras que un 21,84% de las acciones está en un fideicomiso y un 11,42% está en cartera de la Administración Nacional de la Seguridad Social de Argentina.

El fondo británico Zegona, que gestiona el negocio de Vodafone en España desde comienzos de este mes, ha planteado a los sindicatos un expediente de regulación de empleo (ERE) para un máximo de 1.198 empleados, lo que supone el 36,65% de la plantilla, integrada por un total de 3.268 trabajadores, según ha informado la compañía en un comunicado.

Vodafone España ha convocado a los sindicatos para iniciar el periodo de consultas, si bien todavía no se ha fijado la fecha de inicio para la negociación de este despido colectivo.

"Dicho procedimiento surge desde el convencimiento de que es la única fórmula para garantizar la viabilidad y competitividad de la empresa a futuro y se aborda con una actitud responsable y dialogante, desde la operadora, y con la voluntad de alcanzar el mejor acuerdo posible para todas las partes", ha subrayado la empresa.

La compañía ha argumentado que el ERE se debe a "razones económicas, productivas y organizativas" ante el "fuerte deterioro financiero y comercial".

En concreto, y según los datos ofrecidos por la empresa, la teleco ha disminuido sus ingresos totales en un 8% y ha perdido aproximadamente 400.000 clientes de contrato en los dos últimos años.

"También se debe a la necesidad urgente de efectuar un cambio organizativo y operativo, con el objetivo de redimensionar la organización para adaptarse a la nueva realidad de mercado y recuperar la competitividad. Este procedimiento de despido colectivo no afectará ni a la calidad del servicio ni al soporte que se presta a los clientes", ha añadido la empresa.

Los 197 operadores que atienden el servicio de atención telefónica de la Tesorería de la Seguridad Social gracias a una subcontrata con la empresa de contact-center Konecta BTO se quedan sin trabajo el próximo jueves, 5 de octubre. El Ministerio de Seguridad Social no va a volver a sacar a concurso el contrato, que lleva ejecutando personal externo desde hace casi una década. A partir del día 6, el teléfono lo atenderán funcionarios de la Seguridad Social, o al menos es lo que Konecta BTO ha comunicado al comité de empresa y de lo que algunas direcciones provinciales de la Tesorería General han informado internamente.

De manera que el comité de empresa de Konecta BTO, integrado por CGT, CCOO, UGT, Solidaridad Obrera y Valorian, ha convocado un día de huelga para este mismo lunes. Porque, al expirar el contrato de la Seguridad Social, los 197 trabajadores se quedan en la calle, sin indemnización ni derecho a cobrar prestación de desempleo. “En el limbo”, según explica Goyi Sánchez, representante de CCOO en Konecta. Y, a juicio de los sindicatos, no debería ser así: reclaman que la Seguridad Social cumpla la Ley de Contratos del Sector Público y el convenio colectivo del sector de contact-centers, firmado el pasado de mes de mayo, y se haga cargo de los 197 trabajadores.

La ley, en su artículo 130.3, establece que “en caso de que una Administración Pública decida prestar directamente un servicio que hasta la fecha venía siendo prestado por un operador económico, vendrá obligada a la subrogación del personal que lo prestaba, si así lo establece una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general”. Y eso es lo que hace precisamente el convenio colectivo en su artículo 20: determina que las plantillas se subrogarán “cuando el cliente principal extinga el contrato mercantil de la campaña o servicio para internalizar el objeto principal de dicha campaña”.

Sin embargo, el Ministerio de Seguridad Social se niega a subrogar a los operadores telefónicos, algunos de los cuales llevan atendiendo el 901 de la Tesorería General desde 2015, aunque sólo cobrando de Konecta desde 2019, cuando esta empresa se hizo con el contrato. Han ido pasando de adjudicatario en adjudicatario, como suele ser habitual en las subcontratas. El departamento que dirige José Luis Escrivá argumenta, tras “elevar las correspondientes consultas jurídicas”, que ahora “no se produce el supuesto de hecho que puede dar lugar a la subrogación”, sin precisar más. Es decir, que no le corresponde asumir a los trabajadores. Tampoco ha querido el ministerio confirmar a infoLibre si va a “internalizar” el servicio de atención telefónica para que lo presten funcionarios. Según indica, “la contratación de ciertos servicios de empresas externas para determinadas labores puntuales, así como la extinción de estos contratos, son procesos habituales en la Administración”. Konecta, concluye, “ha proporcionado un servicio y los trabajadores son de esa empresa, no son empleados de la Seguridad Social”.

Por el contrario, Lola Panero, responsable de la sección sindical de CCOO en la Seguridad Social, asegura que algunas direcciones provinciales sí han publicado instrucciones internas comunicando que la atención telefónica de la Tesorería la prestarán funcionarios del ministerio. Probablemente, algunos de los 2.000 interinos que se han incorporado a la Seguridad Social este año. “Pero no tenemos comunicación oficial”, se queja Panero, quien pide que este asunto se debata en la mesa delegada cuya convocatoria urgente han pedido al departamento. La dirigente sindical encuadra la asunción del servicio telefónico en la reestructuración que se está llevando a cabo para crear la Agencia de la Seguridad Social.

En mayo, después de que CCOO y CSIF convocaran una huelga –la primera de la historia de la Seguridad Social– en protesta por el mal funcionamiento de la atención a los ciudadanos, el ministerio firmó un acuerdo con los sindicatos donde se sientan las bases de un plan estratégico de recursos humanos. A su vez, el primer paso para reordenar las plantillas de cara a la creación de la futura Agencia. Entre otras medidas, el ministerio se compromete a acometer “un importante refuerzo de las unidades de gestión de la Seguridad Social” mediante la incorporación de los 2.000 interinos antes citados. Aunque también precisa que el empleo interino sólo podrá ser un recurso “excepcional”, sólo aceptable “para los estrictos casos indispensables, a fin de dar cobertura a nuevos servicios o para garantizar mediante un plan de choque la atención a la ciudadanía en las oficinas de la Seguridad Social”.

Este mismo viernes, el comité de empresa de Konecta y su responsable de Recursos Humanos se han reunido en los servicios regionales de mediación, en un último intento por evitar la huelga. Konecta le ha ofrecido aplicar un ERTE a partir del 6 de octubre, que presenta como una forma de que los trabajadores puedan cobrar prestaciones. Los representantes sindicales han rechazado lo que tachan de “ERTE exprés”, puesto que no tienen tiempo para cumplir en sólo unos días con los plazos de negociación exigidos por el Estatuto de los Trabajadores. “Konecta quiere saltarse la ley en su propio beneficio, reduciendo el procedimiento legal a su conveniencia económica y delegando en el SEPE lo que debería ser su responsabilidad”, critican en un comunicado público.

Este periódico ha contactado con Konecta BTO para preguntarle por el conflicto, pero la empresa se ha limitado a responder que está “trabajando en buscar una solución”. El ministerio adjudicó a Konecta en diciembre de 2019 el contrato para prestar el servicio de atención telefónica de la Tesorería General, por un importe de 16,26 millones de euros, impuestos incluidos. Tenía dos años de duración, pero fue prorrogado hasta cinco veces, la última vez el pasado 6 de julio. Por esos dos años adicionales, el ministerio pagó a Konecta un total de 9,96 millones de euros, de acuerdo con los documentos publicados en la Plataforma de Contratación del Estado.

Orange y MásMóvil han anunciado este martes que han comenzado un período de negociación en exclusiva para combinar sus negocios en España, ha informado Europa Press.

La entidad resultante tendría la forma de una "joint venture" controlada por Orange y MásMóvil al 50%, con una valoración de la entidad conjunta de 19.600 millones de euros.

Ambas entidades se valoran de forma "atractiva", con una valoración de Orange España de 8.100 millones de euros y una valoración de MásMóvil de 11.500 millones de euros.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) seguirá la pista de los teléfonos móviles de los españoles desde hoy hasta el próximo jueves, 21 de noviembre, gracias al acuerdo que alcanzó con Vodafone, Movistar y Orange con el objetivo de obtener información sobre la movilidad de los ciudadanos.

Los datos telefónicos que facilitarán las operadoras al INE serán completamente anónimos y el seguimiento comprenderá en total ocho días: los cuatro que van desde hoy hasta el jueves (todos ellos días laborables); el 24 de noviembre (domingo); 25 de diciembre (festivo); 20 de julio, y 15 de agosto.

De esta forma, se podrá obtener información sobre la movilidad de los españoles en días de trabajo, en domingo, en algunos momentos del verano y en un festivo tan destacado como el Día de Navidad, cuando muchas familias se reúnen para celebrar esta fiesta.

Los datos que proporcionarán las operadoras no son posicionales, es decir, no consistirán en dar la posición de los teléfonos móviles, sino en el recuento de terminales que haya en un lugar a una hora determinada. De este modo, no se entra en colisión con la Ley de Protección de Datos.

Con la información obtenida se podrá, por ejemplo, saber dónde se desplaza la población para trabajar o a qué partes de España viaja cuando se coge vacaciones, lo que a su vez proporciona información sobre los transportes y servicios públicos que podrían mejorarse.

El INE explicó que la metodología de este estudio sobre movilidad divide el territorio nacional en unas 3.200 celdas, cada una de ellas con al menos 5.000 residentes.

Para cada celda, el organismo estadístico recibirá información de los tres principales operadores de telefonía móvil de España sobre cuántos terminales se encuentran en dicha celda en varios momentos del día. Esta información se limitará a un recuento de terminales que será proporcionada al INE en forma de tablas agregadas de resultados.

Por ello, Estadística dejó claro en su momento que "los operadores no facilitarán datos individuales sobre números de teléfono, ni sobre los titulares de las líneas, por lo que en ningún caso el INE podrá rastrear la posición de ningún terminal".

El INE recalcó asimismo que se trata de una estadística sometida, como todas las que elabora, a la Ley de la Función Estadística Pública, que garantiza el secreto estadístico y que cumple con todos los requerimientos de la Ley de Protección de Datos.

Las operadoras: son datos anonimizados

Movistar, Orange y Vodafone aseguraron a finales de octubre que los datos que transmitirán al INE para su proyecto sobre la movilidad de los españoles respetan toda la normativa en materia de privacidad de datos y se envían tras un proceso de anonimización y agregación que hacen imposible la identificación de los usuarios y la transmisión de datos personales.

Desde Telefónica incidieron en que la privacidad de los datos individuales de sus clientes es "de máxima prioridad" y remarcaron que el proyecto del INE, al utilizar datos estadísticos anonimizados y altamente agregados, no contiene registros individualizados vinculados a personas físicas, no siendo posible su identificación. "En consecuencia no se pone en riesgo su privacidad", aseguraron a Europa Press.

La anonimización de los datos con fines estadísticos o de investigación es un tratamiento lícito amparado por el marco jurídico vigente, tanto en materia de protección de datos como de servicios de telecomunicaciones.

En esta línea, Orange también explicó que se realizará un proceso de anonimización que impide cualquier identificación de usuarios, por lo que no se transfiere ningún dato personal, sino atributos como número de personas en una zona geográfica. "No se puede reidentificar, porque siempre hay un mínimo de agregación para poder facilitar dichos datos", resaltó la compañía gala.

Así, precisó que se trata solo de un cambio tecnológico, ya que este tipo de datos ya se ofrecían vía encuestas y ahora con la tecnología se puede hacer con menor incertidumbre, con ahorro de costes frente a encuestas al uso y respetando lo recogido en en el artículo 89 de la RGPD, la normativa de privacidad de la UE.

Por su parte, desde Vodafone también subrayaron a Europa Press que son datos "totalmente anonimizados" a través de Vodafone Analytics, que no incluyen datos personales y que únicamente permiten saber el número de dispositivos que hay conectados en un momento concreto a una antena concreta, sin que se conozca el flujo de los mismos.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha llegado a un acuerdo con Vodafone, Movistar y Orange que permitirá, durante ocho días, al organismo seguir la pista a los teléfonos móviles en toda España con el objetivo de obtener información sobre la movilidad de los españoles, han confirmado a Europa Press en fuentes del organismo.

Los datos telefónicos que facilitarán las operadoras al INE serán completamente anónimos y el "rastreo" comprenderá estos ocho días: 18, 19, 20 y 21 noviembre (todos ellos días laborables); 24 de noviembre (domingo); 25 de diciembre (festivo); 20 de julio, y 15 de agosto.

De esta forma, se podrá obtener información sobre la movilidad de los españoles en días de trabajo, en domingo, en algunos momentos del verano y en un festivo tan destacado como el Día de Navidad, cuando muchas familias se reúnen para celebrar esta fiesta.

Fuentes del organismo han indicado a Europa Press que los datos que proporcionarán las operadoras no son posicionales, es decir, no consistirán en dar la posición de los teléfonos móviles, sino en el recuento de terminales que haya en un lugar a una hora determinada. De este modo, no se entra en colisión con la Ley de Protección de Datos.

Con estos estos datos se podrá, por ejemplo, saber dónde se desplaza la población para trabajar o a qué partes de España viaja cuando se coge vacaciones, lo que a su vez proporciona información sobre los transportes y servicios públicos que podrían mejorarse.

Según publica este lunes El País, para realizar esta estadística, el INE dividirá el territorio nacional en 3.500 celdas con un mínimo de 5.000 personas en cada una y durante los días de "rastreo" se recontarán los móviles entre las doce de la noche y las seis de la mañana para establecer el lugar de residencia y entre las nueve de la mañana y las seis de la tarde para analizar dónde se desplazan. Para considerarlo destino cotidiano, el móvil tendrá que permanecer en una misma zona al menos cuatro horas en dos de los cuatro días.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado distintos expedientes sancionadores a siete empresas (Dialoga Servicios Interactivos, Alai Operador de Telecomunicaciones, Operadora de Telecomunicaciones Opera, Orange Espagne, BT España, Vodafone España y Xtra Telecom), por indicios de un mal uso de la numeración 902.

En concreto, estas empresas estarían presuntamente ofertando la contratación de numeración perteneciente al rango 902, proporcionando un beneficio económico a las empresas que les contrataban estos números, según ha informado el organismo presidido por José María Marín Quemada. Este hecho podría suponer una infracción grave de la Ley General de Telecomunicaciones, al implicar el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de las atribuciones y el otorgamiento de los derechos de uso de los recursos incluidos en los planes de numeración.

Con frecuencia, según ha explicado la CNMC, las empresas contratan los 902 y de esta manera tienen centralizados sus servicios bajo el paraguas de un mismo número (muy habituales en servicios de atención al cliente). Se trata de un número inteligente que permite a la empresa conocer desde qué lugar geográfico se hace la consulta o a qué hora y le permite mejorar sus servicios. No obstante, el precio de estas llamadas en general resulta más elevado que las llamadas a números geográficos, ya que no está incluido en las tarifas planas que son actualmente mayoritarias en la contratación de servicios de telefonía.

La CNMC explica que esto permite al operador fijar el precio que considera oportuno. Por ejemplo, si se llama desde un fijo, el precio suele ser similar al de una llamada interprovincial, mientras que si se hace desde un móvil, el precio puede ser bastante más elevado a este último. La normativa no prevé qué servicios se deben prestar a través de esta numeración, pero sí prohíbe expresamente la retribución al abonado que contrata la numeración 902.

Esto significa que la empresa a la que el usuario llama para recibir una información no puede recibir dinero por esa llamada. El usuario paga el coste íntegro de la llamada a su compañía telefónica. Por este motivo, las asociaciones de consumidores han librado una batalla contra el uso del 902 en los servicios de atención al cliente, que consideran que deberían ser gratuitos para los ciudadanos.

La CNMC se ha manifestado varias veces sobre los 902 con el fin de proteger a los usuarios de estas líneas de tarificación especial, un tema que también protagonizó el podcast de dicho organismo 902: ¡Mucho cuidado al marcar!. La incoación de estos procedimientos no prejuzga el resultado final de la investigación. Se ha abierto, a partir del acuerdo de incoación, un periodo máximo de 12 meses para la instrucción de los expedientes y para su resolución por la CNMC.

Vivimos pegados al móvil, de esto hemos hablado muchas veces aquí, y en Francia han decidido que es una tontería luchar contra ello. A partir de noviembre, el principal operador francés dejará de comercializar contratos de telefonía fija. Sí. Dejarán de instalarse nuevas líneas de teléfono convencional en domicilios y empresas. Y han marcado como límite la fecha de 2023 para que definitivamente desaparezca. Sólo se instalarán teléfonos conectados a internet a través de una IP. Los que ya lo tienen seguirán funcionando con su teléfono en teoría hasta esa fecha, 2023, y después les colocarán otro tipo de instalación para que puedan mantener su teléfono y su número, si es lo que quieren.

¿Pero por qué enterrar el teléfono fijo? Dicen que han comprobado que apenas utilizamos el teléfono de casa, el de toda la vida. Y la verdad es que si nos paramos a pensar, puede que tengan razón. Puede que esto también nos esté ocurriendo a nosotros. Piensen: ¿cuánto hace que no les suena el teléfono del salón? ¿Cuánto hace que no les llaman a casa? Yo admito que hace tiempo que se estropeó y no he buscado un recambio. Ahí está, cogiendo polvo la base sin un teléfono al que alimentar de energía. Algo que hace años nos parecería una extravagancia, prescindir del teléfono fijo, es ya el futuro.

Ocurrió con las cabinas de teléfono a pie de calle y ese ostracismo también ha llegado al aparato doméstico. Pero en la decisión de la compañía francesa ha habido más razones que su desuso. Porque además de los hábitos están también las fobias: los franceses admiten que no soportan que al teléfono de casa sólo les llamen compañías comerciales para venderles productos o cambios de línea telefónica. Sus familiares, sus amigos, se comunican con ellos a través del móvil. Y esto es así: ni siquiera mi madre me llama ya al teléfono fijo, también es cierto que ya sabe que hace tiempo que se estropeó el aparato y ya ni lo intenta. Ella sigue usando el suyo para hablar con sus hermanas, para pedir citas médicas, para casi todo, pero también se ha sumado al teléfono móvil. Le costó entender eso del whatsapp y ahora es una usuaria excelente de la mensajería rápida. Manda notas de voz y fotos con total naturalidad. A sus 80 años ha sabido de nuevo adaptarse. Es verdad que la misma foto te la puede reenviar dos veces, pero oye, la mujer se apaña. Y lo mismo le ha ocurrido a gente con edad de mi entorno.

Algunos confiesan que se sienten mucho más conectados con el teléfono móvil. Que sus hijos, sus nietos, les mandan de forma rápida un “qué tal”. Que responden incluso más rápido a ese wahtsapp que a una llamada telefónica. Pero es verdad que es esa franja de edad la que más preocupa a la compañía francesa. Ellos son casi sus únicos clientes, los últimos que de forma más o menos asidua utilizan el teléfono fijo. Y estudian qué solución darles cuando definitivamente supriman el servicio y corten el cable del teléfono.

Aquí en España supongo que todavía nos quedan unos años más para mantener la línea fija, pero lo que está claro es que éste es el camino. El teléfono de rueda, el inalámbrico, pasarán a ser piezas de museo y habrá que explicar que, no hace mucho, el teléfono sólo se utilizaba para dar avisos importantes y muy urgentes. Como ahora...

¡Feliz regreso de vacaciones!

Vodafone tendrá que devolver más de 4 millones de euros a medio millón de usuarios por el cobro indebido derivado de la liberación de móviles, ha informado Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae). 

La sentencia dictada este lunes por la Audiencia Provincial de A Coruña confirma el abuso en el cobro por desbloqueo y liberación de móviles una vez finalizado el periodo de permanencia. 

Adicae ha habilitado una plataforma para reunirr a los afectados y a través de la cual facilitar la devolución de unas cantidades que, aunque son de pequeño importe, 9,68 euros, deben ser reembolsadas a los clientes. 

Adicae y la Fiscalía de Galicia consiguen gracias a esta demanda colectiva interpuesta contra Vodafone poner sobre la mesa un fraude masivo que afectó a un total de 519.360 afectados. La asociación ha pedido a la empresa de telecomunicaciones el listado de clientes afectados, subraya la asociación. 

La Audiencia Provincial condena a Vodafone a suprimir el uso de estas claúsulas en los nuevos contratos  y eliminarlas en los contratos que todavía las contengan, así como reembolsar el cobro indebido con una indemnización que se han incrementado en un 2% de penalización.

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Telefónica informa de que su cifra de negocio en el conjunto de 2017 alcanzó los 52.008 millones de euros, un 0,1% menos que los 52.036 millones de euros de 2016. Sin embargo, en términos orgánicos los ingresos subieron un 3,4%.

El resultado operativo antes de amortizaciones (Oibda) de Telefónica alcanzó los 16.187 millones de euros, un 7,1% más que los 15.118 millones de euros de 2016, aunque en términos comparables la subida se redujo hasta el 5,3%.

Por su parte, el flujo de caja libre creció un 13% en 2017, hasta los 4.947 millones de euros, mientras que la deuda neta financiera se situó en 44.230 millones de euros a cierre de 2017 tras reducirse en 2.992 millones de euros en el cuarto trimestre.

Este descenso obedece fundamentalmente a la generación de caja libre (1.721 millones de euros), el cierre de la venta del 40% de TelxiusTelxius (1.275 millones de euros), la emisión de instrumentos de capital (915 millones de euros) y el menor valor en euros de la deuda neta en divisas (125 millones de euros), que más que compensan el pago del primer tramo del dividendo de 2017 (858 millones de euros) y el pago de compromisos de origen laboral (189 millones de euros).

El capex (gastos de capital) en el conjunto del ejercicio alcanzó los 8.697 millones de euros, incluyendo 538 millones de euros por la adquisición de espectro, un 1,2% menos en términos orgánicos y un 2,6% menos en reportados. La inversión se ha destinado principalmente a la expansión de redes 4G y UBB y a la simplificación y digitalización de procesos y sistemas.

En el cuarto trimestre de 2017, Telefónica obtuvo un beneficio neto atribuido de 693 millones de euros, 4,8 veces más que en los tres últimos meses de 2016, mientras que los ingresos descendieron un 4,1%, hasta los 13.162 millones de euros, pese a subir un 4,8% en términos orgánicos.

Ingresos por divisiones

Por divisiones, Telefónica ingresó en España un total de 12.653 millones de euros el pasado año, lo que representa un descenso del 1,3% en comparación con 2016. En términos orgánicos, la cifra de negocio de la compañía en su principal mercado se redujo un 1,2%.

En el caso de su división en Alemania los ingresos descendieron un 2,8% en ambas variables, hasta los 7.296 millones de euros, mientras que en la de Reino Unido se redujeron un 4,7% en términos orgánicos y subieron 2,2% en reportados, hasta situarse en los 6,540 millones de euros.

Por su parte, Telefónica Brasil registró una subida de la facturación del 8,4% en términos reportados y del 1,4% en orgánicos, hasta los 12.019 millones de euros, mientras que la filial en Hispanoamérica redujo sus ingresos un 0,2%, hasta los 12.552 millones de euros, pese a que en términos orgánicos subieron un 15,3%.

En este contexto, el grupo destaca que la evolución de los tipos de cambio ha tenido un "impacto negativo" en sus cuentas principalmente por la fuerte devaluación del bolívar venezolano y por la depreciación frente al euro del peso argentino y la libra esterlina. En concreto, ha reducido en 3,2 puntos porcentuales el crecimiento de los ingresos y en 4,7 puntos porcentuales el del Oibda de 2017.

Sólidos resultados

El presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha destacado los "sólidos resultados" logrados en 2017 "a pesar del impacto negativo de la regulación", que han permitido a la compañía cumplir con los objetivos fijados para el conjunto del ejercicio, que fueron revisados al alza a mitad de año.

Además, ha incidido en que, más allá de los resultados financieros, Telefónica mantiene su "intenso proceso" de digitalización y avanza en la transformación hacia una compañía de plataformas. Así, ha subrayado que las inversiones de los últimos años la sitúan en "una posición de fortaleza", ya que cubre más del 90% de la población en Europa con 4G y supera los 70 millones de unidades inmobiliarias pasadas con fibra.

"Empezamos el año 2018 con unas prioridades claras para ejecutar nuestra estrategia, con crecimiento en ingresos, expansión de margen Oibda por tercer año consecutivo y menor intensidad de capital gracias a los esfuerzos ya realizados. Asimismo, mantenemos nuestro objetivo de seguir reforzando la estructura financiera, compatible con una atractiva remuneración al accionista", ha incidido.

En este sentido, Telefónica ha confirmado que el segundo tramo del dividendo de 2017 (0,20 euros por acción en efectivo) se pagará en junio de 2018, mientras que con cargo al ejercicio 2018 se abonará un dividendo de 0,40 euros por acción en efectivo, pagadero en el diciembre de 2018 (0,20 euros por acción) y en junio de 2019 (0,20 euros por acción).

Menor número de clientes

Telefónica cerró 2017 con un total de 343,45 millones de clientes, los que supone un 1,9% menos que los 349,97 millones que tenía a finales de 2016. En concreto, los accesos móviles descendieron un 1,7% y los de telefonía fija un 3,6%, mientras que, por el contrario, los de datos de Internet subieron un 1% y los de televisión de pago un 2,2%.

En este sentido, la operadora destaca la mejora de la calidad de la base de clientes, ya que se ha registrado un aumento interanual del 5,4% del ingreso medio por cliente (ARPU) y un churn estable, como consecuencia de la creciente demanda de datos, velocidad y contenidos.

Es especial, destaca que los clientes de LTE alcanzan los 97,5 millones, 1,5 veces que hace un año, mientras que los accesos de contrato y los smartphones crecen el 5% y el 8% interanual, respectivamente. Además, los clientes de fibra y cable crecen el 20% frente a 2016 y los accesos de TV de pago aumentan un 2%.

Facua-Consumidores en Acción denunció ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a las compañías de telecomunicaciones Movistar, Vodafone y Orange por la subida de tarifas "al unísono" en sus paquetes convergentes, según informó la asociación en un comunicado recogido por Europa Press.

Facua advierte a la CNMC de que este incremento de precios de los planes conjuntos de telefonía, Internet y televisión de las tres operadoras "puede responder a un pacto que sería contrario a la Ley de Defensa de la Competencia".

La asociación denuncia que los usuarios "sufren las consecuencias de un mercado dominado por un oligopolio que renuncia a competir y encarece continuamente los precios, aprovechándose de que desde hace años el Gobierno no regula limitaciones en las tarifas de los principales servicios".

En este sentido, recuerda que en los últimos tiempos las grandes compañías han comprado medianas y pequeñas operadoras como Tele2, Ono o Jazztel, "que habían introducido elementos de competencia en el sector".

Asimismo, la asociación de consumidores incide en que, aunque la última subida de precios tuvo lugar este mes de febrero de 2018, sólo es "una más de una serie de incrementos que se vienen produciendo desde el año 2015".

La asociación apunta que estas subidas recuerdan a lo que la Directiva 2014/10/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de noviembre de 2014 define como cártel: "todo acuerdo o práctica concertada entre dos o más competidores cuyo objetivo consista en coordinar su comportamiento competitivo en el mercado o influir en los parámetros de la competencia mediante prácticas tales como, entre otras, la fijación o la coordinación de precios de compra o de venta u otras condiciones comerciales".

"Cabe cuestionarse por tanto la competencia real entre las tres operadoras", denuncia FACUA en su escrito a la CNMC, en el que añade que si la práctica totalidad del mercado está ocupado por ellas e igualan sus precios prácticamente a la vez, el usuario "se verá obligado a aceptar la subida impuesta unilateralmente al no disponer de una alternativa real a la que portar los servicios".

El presidente ejecutivo de Telefónica, Jose María Álvarez-Pallete, ha llevado a cabo una importante reorganización de la cúpula directiva de la compañía, en la que se incluyen cambios relevantes como el nombramiento de Emilio Gayo como nuevo presidente de Telefónica España en sustitución de Luis Miguel Gilpérez.

Según explica la empresa en un comunicado, la comisión de nombramientos, retribuciones y buen gobierno de Telefónica va a proponer al consejo de administración que se celebrará mañana el nombramiento de una nueva estructura organizativa que busca "simplificarla y adaptarla al mundo digital".

Esta reestructuración incluye cambios tanto en áreas corporativas, como la unificación de las áreas de Secretaría General y de Asuntos Públicos y Regulación, que quedarán bajo el mando de Pablo de Carvajal, como en las áreas dependientes del consejero delegado, entre los que se encuentran el relevo en Telefónica España, el cambio de consejero delegado en Telxius o la escisión en dos unidades de Telefónica Hispanoamérica.

Tras estos cambios, el presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha destacado que el mundo digital exige a la compañía "una renovación permanente", una exigencia a la que obedece la estructura propuesta este martes.

"Un relevo generacional en la organización de la compañía, que hará de Telefónica una compañía más ágil, más sencilla y definitivamente centrada en la gestión, el servicio al cliente, el crecimiento, la eficacia y la rentabilidad", ha agregado.

Telefónica España

Uno de los cambios más relevantes en la nueva estructura de la directiva es el nombramiento de Emilio Gayo como presidente ejecutivo de Telefónica España en sustitución de Luis Miguel Gilpérez, quien abandona el cargo que ha ocupado desde septiembre de 2011.

Gayo fue director de Operaciones Internacionales de Telefónica Móviles desde 2004 a finales de 2006, cuando pasó a ser director de Desarrollo Móvil en Telefónica Internacional hasta junio de 2010, cuando fue nombrado director de Desarrollo de Negocio, Estrategia y Regulación en Telefonica Latam. En Junio 2011 pasa a ser director de Gran Público en Telefónica España y en 2013 toma la responsabilidad de la Dirección de Marketing y Servicios Comerciales Gran Público y Empresas.

Junto al nombramiento de Gayo, la compañía ha decidido también crear la figura de consejero delegado de Telefónica España, que ocupará María Jesús Almazor, hasta ahora directora de Territorio Sur de la filial española.

España se convierte así en la última de las grandes filiales en cambiar de máximo directivo desde la llegada de José María Álvarez-Pallete, ya que en los últimos dos años se han renovado las presidencias de Reino Unido, Alemania y Brasil.

En concreto, hace un año Markus Haas asumió la presidencia de Telefónica Deutschland en sustitución de Thorsten Dirks y Eduardo Navarro de Carvalho fue nombrado presidente y consejero delegado de Telefónica Brasil tras la renuncia de Amos Genish. Asimismo, desde agosto de 2016 año Mark Evans es el consejero delegado de Telefónica O2 en sustitución de Ronan Dunne.

Otras de las divisiones afectadas por la nueva organización es Telefónica Hispanoamérica, hasta ahora liderada por Eduardo Caride, que se escinde en dos unidades para "atender de forma más efectiva las diferentes situaciones del mercado".

Telefónica Hispam Sur englobará las operaciones de Argentina, Chile, Perú y Uruguay y estará dirigida por Bernardo Quinn, hasta ahora director de Recursos Humanos globales. Telefónica Hispam Norte, que incluye las operaciones de Colombia, México, Centroamérica, Ecuador y Venezuela, tendrá al frente a Alfonso Gómez Palacio, hasta ahora consejero delegado de Telefónica Colombia.

En este contexto, Gómez Palacio será sustituido por Fabián Hernández, hasta ahora director de Asuntos Públicos y Regulación en Telefónica Colombia. Recientemente la compañía renovó la dirección de sus filiales en Venezuela y Perú.

Cambios en áreas corporativas

Por otro lado, la reestructuración puesta en marcha por Álvarez-Pallete también ha afectado a las áreas de Secretaría General y de Asuntos Públicos y Regulación, hasta ahora bajo la dirección de Ramiro Sánchez de Lerín y de Carlos López Blanco, respectivamente, que se unifican en una división y pasarán a ser lideradas por Pablo de Carvajal.

De Carvajal era desde el 1 de junio de 2001 secretario general y del consejo de Telefónica España y desde abril de 2013 era, además, director de Operadores y Regulación. Anteriormente, fue abogado del Estado desde abril de 1991 hasta diciembre de 1999, que se incorporó a Jazz Telecom.

Asimismo, la compañía ha decidido potenciar el área de Personas (RRHH), que pasa a reportar directamente al presidente ejecutivo. Al frente de esta dirección se ha colocado a Marta Machicot, que se integrará en el comité ejecutivo del grupo.

Dentro de las áreas dependientes del consejero delegado, Ángel Vilá, se ha nombrado a Natalia Sainz, hasta ahora directora de Planificación Financiera y Coordinación, como directora de la Oficina del Consejero Delegado de Telefónica en sustitución de Mario Martín.

Por su parte, Mario Martín pasa a ser consejero delegado de la filial de infraestructuras Telxius, que depende del área de Recursos Globales liderada por Guillermo Ansaldo.

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha designado a Telefónica como operador Telefónicaencargado de la prestación de los servicios universales relativos a la oferta de cabinas y la elaboración y entrega de guías telefónicas al menos durante un año más, después de que el concurso para ambos servicios quedara desierto por la ausencia de participantes, informa Europa Press.

El Boletín Oficial de Estado (BOE) publica este miércoles sendas órdenes en las que obliga a Telefónica a seguir prestando estos servicios desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre del mismo año, con la posibilidad de que esta designación pueda extenderse hasta el 31 de diciembre de 2018.

El Ministerio explica que la prórroga en un año de la obligación a Telefónica de hacerse cargo de las gestión de las cabinas y la guía telefónica dependerá de si ambos servicios siguen considerándose un servicio universal o esta calificación es suprimida o modificada por la normativa nacional o comunitaria aprobada en materia de comunicaciones electrónicas.

Para la fijación del plazo se ha tenido en cuenta la necesidad del operador designado de contar con un período suficiente para definir y ejecutar un plan de negocio realista, así como la conveniencia de revisar cada cierto número reducido de años las condiciones de prestación en competencia de los distintos elementos del servicio universal.

En este contexto, recuerda que en marzo la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) remarcaba que estaba "en claro declive" y aconsejaba replantearse la conveniencia de seguir exigiendo normativamente la prestación de este elemento del servicio universal dado su bajo nivel de demanda y que en un número significativo de países de la Unión Europea ya no se designa operador encargado de su prestación.

A este respecto, añade que la propuesta de la Comisión Europa de septiembre de 2016 de reforma del marco jurídico de las comunicaciones electrónicas en Europa, el denominado Código Europeo de las Comunicaciones, ya no incluye como obligatorio el suministro de una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago y la elaboración y entrega de la guía telefónica como parte integrante del servicio universal de telecomunicaciones.

Por todo ello, la orden emitida este miércoles por el Ministerio también prevé que la designación de estos elementos del servicio universal de telecomunicaciones puedan no alcanzar en su integridad el citado período de un año, incluida su posible extensión por un año adicional.

18.161 cabinas

Según datos del Ministerio, el número de cabinas telefónicas a finales de 2016 era de 18.161, mientras que la demanda de guías telefónicas es muy reducida, ya que el número de ejemplares en formato impreso entregados durante 2015 ha sido solamente de 127 y el número de ejemplares en formato electrónico entregados mediante descarga ha sido de 9.998.

Respecto a que se haya optado por designar un único operador para todo el territorio nacional, explica que esto aporta "indudables ventajas" en términos de una mayor simplicidad técnica y operativa en su prestación, mayores sinergias en las condiciones de planificar las mejores opciones para garantizar su prestación, así como en las condiciones económicas que redunden en un menor coste en la prestación del servicio y, en definitiva, proporciona una mayor eficacia y eficiencia en la gestión del sistema y la prestación de estos servicios.

Por otro lado, el BOE publica una tercera orden relacionada con el servicio universal en el ámbito de las telecomunicaciones relativa al suministro de la conexión a la red pública de comunicaciones electrónicas y a la prestación del servicio telefónico disponible al público.

En este caso, se ha designado a Telefónica como el operador encargado de prestar este servicio para el período comprendido entre el día 1 de enero de 2017 y el día 31 de diciembre de 2019, ambos inclusive, en todo el territorio nacional.

La Comisión Europea ha decidido retirar su polémica propuesta para limitar el 'roaming' gratuito dentro de la Unión Europea a un máximo de 90 días al año, tras las críticas recibidas desde que trascendió la iniciativa a principios de semana, informa Europa Press.

Los servicios de la Comisión retiraron la propuesta "a petición del presidente" del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, y trabajan en una "nueva versión", informaron a la agencia fuentes comunitarias.

La Unión Europea pondrá fin en junio de 2017 al sobrecoste por las comunicaciones en itinerancia de los europeos que se encuentren de viaje en otro Estado miembro, pero lo hará con límites para evitar distorsiones del mercado, según acordaron los Estados miembros con la Eurocámara.

Con este mandato, Bruselas presentó el pasado día 5 una propuesta para evitar los "abusos" de los usuarios sobre los servicios de las operadoras móviles.

El documento, que la Comisión definió este viernes como un "borrador", fue presentado a los Estados miembros con el objetivo de que fuera adoptado antes del 15 de diciembre.

El proyecto planteaba que las compañías pudieran imponer un recargo por itinerancia a partir de los 90 días al año de uso del roaming gratuito, que los clientes no podrían disfrutar más de 30 días seguidos.

La polémica suscitada por esta propuesta, que el Ejecutivo comunitario defendió a lo largo de la semana, ha obligado a Juncker a pedir su retirada.

"Era una propuesta técnica que el presidente estima que no es suficientemente buena y que requiere trabajar sobre algo mejor", confirmó en una rueda de prensa el portavoz comunitario, Alexander Winterstein.

Los servicios comunitarios trabajarán ahora en una iniciativa para la que no hay fecha, pero que se espera que sea presentada "pronto".

Según el portavoz, el jefe del Ejecutivo comunitario no había supervisado la propuesta antes de ser presentada, porque se trataba de una cuestión técnica.

En cualquier caso, la Comisión sostiene que los recargos por roaming van a "desaparecer plenamente" en junio de 2017 y que "nada va a cambiar a este respecto".

Aunque insiste en que deben definirse medidas para evitar que el servicio de roaming gratuito sea utilizado por otras razones que las de viajes ocasionales a otros Estados miembros, que el nuevo reglamento define como el "uso justo".

Bruselas apostó por establecer un límite de 90 días basándose en la estimación de que cada europeo viaja una media de doce días al año a otros países de la UE, por lo que considera que el periodo cubría sobradamente las necesidades de los usuarios.

Además, los servicios de la Comisión insistieron en que los 90 días no eran un tope fijado a las compañías, sino un mínimo exigido, por lo que no impedía a las operadoras seguir ofreciendo tarifas o abonos más ventajosos.

Movistar comenzará a cobrar a sus clientes de telefonía móvil desde este miércoles el consumo de datos una vez se supere el paquete contratado por el usuario, manteniendo así la máxima velocidad de navegación, salvo que solicite expresamente la opción de navegar a velocidad reducida sin coste adicional.

La compañía informó a sus clientes durante las últimas semanas en sus facturas de que a partir del 18 de mayo de 2016, una vez superada la franquicia de datos incluida en la tarifa contratada, seguirán navegando a máxima velocidad en modalidad de pago por uso a un precio de 1,5 céntimos por MB.

Movistar fijó el límite máximo de navegación que se tarificará en la modalidad de pago por uso en 1 gigabyte adicional al mes, por lo que el impacto máximo que puede tener este cambio en la política de la compañía en la factura del usuario será de 15 euros al mes.

Sin embargo, los usuarios podrán cambiar este importe máximo llamando gratuitamente al 223528 y fijarlo en 0 euros, en cuyo caso la operadora no aplicará al cliente el pago por uso mientras no solicite modificar nuevamente el límite o cambie de contrato.

"Superada la franquicia de datos y el límite que elija podrá seguir navegando a velocidad reducida sin coste adicional", asegura la operadora.

Por otro lado, Movistar también ha ofrecido a los usuarios la posibilidad de resolver su contrato con la compañía sin penalización antes del 18 de mayo si no están conformes con este cambio, sin perjuicio de otros compromisos, llamando gratis al 1004 o al 1489.

Un juez de Pamplona ha estimado la demanda presentada por un cliente de Telefónica y ha anulado la subida del paquete de Movistar Fusión al entender que la empresa modificó sin justificación el coste de un producto que había sido contratado con un precio "para siempre". Telefónica deberá devolver al demandante las cantidades cobradas de más, así como los intereses.

En la sentencia, que puede ser recurrida ante la Audiencia de Navarra, el magistrado sostiene que no hay prueba ni presunción alguna de que el demandante hubiera dado consentimiento para la novación del contrato, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y recoge Europa Press.

Al respecto, el juez recalca que "de la novación es predicable que no se presume nunca, y el pago del nuevo precio no lo presupone", simplemente el cliente cumple la obligación del pago "y evita una eventual causa de resolución del contrato". "De la propaganda, publicidad, información, noticias, solo en principio, artículo 1228 del Código Civil, vinculan, según el caso, a quien los emite", destaca el magistrado.

En su demanda, el cliente exponía que el 14 de septiembre de 2009 Telefónica promocionaba su producto Movistar Fusión consistente en una sola factura y para siempre al precio total de 60,397 euros. En octubre de 2012, mediante una llamada al 1004, el demandante solicitó la sustitución del servicio Dúo por el de Movistar Fusión y por Fusión Línea Adicional. Desde entonces, y hasta julio de 2015, se le facturó 49,90 € y 20,00 €, respectivamente, por cada servicio.

A partir de esa fecha, según el demandante, se produjo una subida en la facturación a pesar de que fue contratado el precio "para siempre". Por estos motivos, solicitó que se declarasen nulas las subidas de precios, le devolvieran las cantidades cobradas de más y se compeliera a Movistar a que en lo sucesivo se abstuviera de aplicar subidas de precio al servicio de Fusión contratado.

Movistar, por su parte, se opuso a la demanda. Alegó que el demandante, abogado de profesión, conocía la posibilidad de modificación de los precios establecida en la cláusula 12 del contrato. Además, argumentó que a los clientes se les comunicó en mayo de 2015 la subida de la tarifa mensual y se les ofreció la posibilidad de darse de baja de forma gratuita.

El magistrado expone en la sentencia que lo que se ofertó "es un contrato de tiempo indefinido a precio fijo". Asimismo, el juez descarta que el precio se pudiera modificar bajo la justificación de unas supuestas mejoras técnicas o tecnológicas que no se han probado.

Según detalla, una variación de las características técnicas o tecnológicas que afecten al producto, para su validez y eficacia, tienen que ser relevantes y resultar probadas "por la sencilla razón de que el contrato no puede quedar al arbitrio de una parte".

En este sentido, el juez resalta que en la primera comunicación relativa al aumento del precio se hablaba de mejora del servicio, "pero en sí no hay prueba que lo acredite", y sobre la última subida asegura que carece de cualquier tipo de justificación.

En conclusión, según el magistrado, Telefónica incumplió el contrato y por tanto le asiste al demandante el derecho a exigir su cumplimiento, lo que da lugar a considerar nulas las repetidas subidas de precio y, por consiguiente, al reintegro de las cantidades abonadas de más.

En ese periodo se fijarán las condiciones, los criterios de aplicación y el calendario de ejecución. El procedimiento forma parte del proceso de integración de las estructuras de Vodafone y Ono.

Esta es la última de las fases y llega tras la definición de las líneas directivas de todas las áreas de la empresa.

Entre los motivos que justifican los dos procedimientos de despido colectivo abiertos –al afectar a Vodafone España y Vodafone Ono–se incluyen, además de las redundancias generadas por la integración de ambas organizaciones, la caída de ingresos y del resultado bruto de explotación (Ebitda) de ambas compañías en los últimos años, acompañada de una fuerte inversión en redes de nueva generación, que exige mayores niveles de eficiencia.

Para la empresa, el ajuste de plantilla es "un paso necesario" dentro del plan de integración y forma parte de las iniciativas abordadas para lograr que la organización resultante sea eficiente y competitiva.

En este sentido, explicó que las iniciativas diseñadas para ganar en competitividad están estrechamente relacionadas con los proyectos orientados a incrementar la eficiencia y reducir costes, entre los que se incluyen el uso de la red de fibra de Ono en la transmisión de la red móvil de Vodafone, la migración de los clientes de móvil de Ono a la red de Vodafone, la optimización del canal de distribución, el esfuerzo sostenido para reducir los costes operativos, las ganancias de eficiencias de los call centers derivadas del mejor servicio y la integración de los sistemas de Ono y Vodafone.

En el marco de las iniciativas anteriores, el ajuste de empleo es para la empresa "una medida necesaria para dimensionar la nueva compañía de forma adecuada y poder competir con éxito en un entorno muy exigente".

A partir del 1 de septiembre comenzará la búsqueda de un acuerdo con los representantes de los trabajadores. "Ambas empresas, siendo como son muy sensibles al impacto de esta medida, abordan la negociación con la fuerte determinación de alcanzar con la representación social el mejor acuerdo posible, tanto para los empleados como para ambas empresas", concluyó Vodafone.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) anunció este viernes que incoará un expediente sancionador a Telefónica por indicios de irregularidades en la gestión de las averías en las líneas de cobre que le alquilan los operadores alternativos, según informó Europa Press.

Según los datos de los que dispone la CNMC, los indicadores de calidad "reflejan una degradación en el mantenimiento de la red de cobre de Telefónica" y en los servicios que presta a los operadores alternativos.

Competencia subraya que Telefónica supera el plazo de 15 horas para el tiempo medio de reparación de averías en su red y habría atribuido a los operadores averías que le son imputables, "por lo que se enmascara el nivel real de mantenimiento de la red de Telefónica".

El organismo recordó que la incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Competencia abre ahora un periodo máximo de un año para la instrucción del expediente y para su resolución, mientras que Telefónica dispone de un mes de plazo para presentar alegaciones.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa de 6 millones de euros a Telefónica y de 300.000 euros a Yoigo por los acuerdos firmados entre ambas compañías para compartir redes en agosto de 2013, según han informado a Europa Press fuentes del mercado.

El organismo presidido por José María Marín Quemada abrió en noviembre de 2013 un expediente sancionador a Telefónica y a Yoigo en relación con estos acuerdos al entender que existían "indicios racionales" de prácticas contrarias a la Ley de Defensa de la Competencia y más de año y medio después ha decido sancionar a ambas compañías.

Las fuentes han explicado que, si bien la multa a imponer ante este tipo de estas prácticas puede ser de hasta un máximo de un 10% de la facturación de las empresas, las sanciones se gradúan según la gravedad de los hechos teniendo en cuenta los ingresos y el tamaño de las compañías en el mercado. Telefónica es la primera compañía por cuota de mercado en móvil, mientras que Yoigo es la cuarta.

El diario Expansión, que adelantó la información en su edición del sábado, señala que Telefónica España es 14,8 veces más grande que Yoigo en ingresos, mientras que el importe de la multa es veinte veces superior.

Según fuentes del mercado, el expediente estudiaba distintos acuerdos firmados en 2013 por las compañías, como el uso por parte de Telefónica de la red 4G de Yoigo, que según la CNMC no genera eficiencias suficientes para el mercado que lo justifiquen.

Además, la Comisión ha analizado la reventa por parte de Yoigo de productos minoristas de Telefónica, el denominado Fusión a lo Yoigo. Para el regulador, este acuerdo, si bien fue positivo porque permitió la comercialización de productos convergentes por parte de Yoigo, y por tanto más competencia para el mercado, incluía algún aspecto que no era competitivo, como el hecho de que cada seis meses Telefónica podía decidir rescindir este acuerdo unilateralmente. La CNMC indica en su resolución que esto permite a Telefónica "disciplinar" el comportamiento de Yoigo.

El acuerdo incluía además la compra por parte de Abertis de un paquete mínimo de 4.227 torres de telefonía a estos dos operadores en varias fases. El organismo regulador no ve problemas de competencia en esta operación.

Preacuerdo con Telecable

Asimismo, el expediente analiza el acuerdo de roaming por el cual Yoigo utiliza la infraestructura de Telefónica para cubrir las regiones del territorio español donde no alcanza con red propia. Este acuerdo, que data de 2008, incluye una cláusula que la CNMC considera anticompetitiva y que impide a Yoigo revender a terceros la red de Telefónica.

La eliminación de esta cláusula permitiría a Yoigo alcanzar alianzas mayoristas con otros operadores de telecomunicaciones, como Telecable. En este sentido, el consejero delegado de Yoigo, Eduardo Taulet, señaló a Europa Press recientemente que la compañía había firmado un preacuerdo con la operadora asturiana que le podría suponer unos ingresos de 40 millones de euros.

Taulet advirtió entonces que el grupo ya se ha puesto en contacto con la compañía de telecomunicaciones gallega R, e incluso con algún operador de los llamados étnicos, y recordó que por cuota de mercado, los OMVs –que podrían ser clientes potenciales– doblan a Yoigo.