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El grupo finlandés Sanoma compra por 465 millones de euros el negocio español de Santillana, mientras Prisa se queda con el mercado latinoamericano. La operación depende del éxito de un acuerdo con la banca acreedora. Prisa ya vendió antes Media Capital, Digital Plus, Alfaguara, su participación en Mediaset y Cuatro y tres de sus principales sedes para aliviar una cuantiosa deuda.
La mayor gestora de fondos del mundo es también el mayor accionista del ÍBEX, con títulos en 21 de sus compañías. En agosto ha aprovechado los bajos precios de la Bolsa española para aumentar su participación en ACS, Bankia, Ferrovial, Iberdrola y AENA.
Errejón pegunta al Gobierno por la demora en los cobros del Estado a Caixabank o Banco Santander, destapados por infoLibre.
El SEPE ha tardado entre cinco y siete años, en algunos casos, en reclamar a algunas empresas las aportaciones a las que están obligadas si despiden a este tipo de trabajadores. Así ha ocurrido con Caixabank, a la que aún no ha exigido el pago de casi 95 de los 127 millones que adeuda.
El banco estaba obligado a pagar esa cifra por las prestaciones y cotizaciones de los trabajadores despedidos en el ERE de 2016. El SEPE no abrió el procedimiento hasta el 27 de noviembre de 2019 por la “complejidad” del proceso. Y lo hizo justo en el plazo preciso para que no prescribiera la reclamación.
El principal accionista de Prisa, Amber Capital, se abstiene en la votación para reelegir al presidente no ejecutivo del grupo, Javier Monzón, por lo que revalida el cargo con el 62% de los apoyos en la junta general de accionistas celebrada este lunes. Pero su futuro está lejos de haberse cerrado. De momento, el fondo de inversión y el Banco Santander, sostiene a Monzón, han alcanzado una tregua.
Ferrovial, Siemens Gamesa y Sacyr mantienen la retribución al accionista pese a los números rojos. Bankia pagará el dividendo complementario, pero anula el extraordinario, mientras que Caixabank recorta el de 2020. Ebro Foods dispara su beneficio un 390% por la pandemia, y ACS y las eléctricas dicen que no notan ningún impacto del covid-19.
Han puesto a disposición de las administraciones públicas sus servicios y capacidades con el compromiso de respetar la legislación de protección de datos.
El ministro de Seguridad Social, José Luis propone incentivos fiscales para los planes de pensiones de empresa, que apenas cubren al 10% de los trabajadores.
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