El impuesto a las grandes fortunas, la tasa Zucman, la escasa factura fiscal de las grandes tecnológicas… El debate sobre la contribución a las arcas comunes de quienes más tienen está revestido de números, pero también de un diálogo político y social que tiene mucho que ver con la desigualdad. Ya sea como horizonte deseado, como gancho político, como utopía o como amenaza, la fiscalidad es un tema recurrente a izquierda y derecha del arco político. A nivel nacional, según las estimaciones de Fedea, el 1% más rico soporta una presión tributaria total del 24,1%, inferior a la que paga el 10% con menos ingresos (un 27,5%) y muy por debajo de los grupos intermedios, que abonan un 39%.

En España, el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas (ITSGF) se planteó para corregir parte de este desfase, aunque los datos aún indican desigualdad en las contribuciones. “El impuesto a las grandes fortunas cumple un papel importante, aunque es relativamente modesto, porque no tiene un tipo elevado y lo que se ha buscado es, sobre todo, corregir las bonificaciones de las comunidades autónomas”, explica Juan A. Gimeno, catedrático emérito de Economía y coordinador de la Plataforma por la Justicia Fiscal. Para él, cuando se dice que este tipo de medidas no tendrán un efecto recaudatorio fuerte, se está cometiendo un error: "Primero, porque las rentas altas son las que más pueden aportar; y segundo, porque es una cuestión de justicia social que así sea", independientemente del monto recaudatorio.

“Las tasas medias efectivas de todas las prestaciones (pensiones, prestaciones por desempleo, asistencia social, etc.) disminuyen a medida que aumenta la renta, lo que quiere decir que benefician proporcionalmente más a los hogares con menos renta. Este resultado está indicando que las prestaciones son, individualmente y en conjunto, progresivas”, señala un estudio del think tank económico Funcas. Aunque hay una salvedad que sigue rompiendo con la progresividad: “Llamativamente, los hogares pertenecientes al 1% más rico soportan la carga tributaria relativa más reducida de toda la escala de renta”, recoge en un artículo publicado por Julio López Laborda, catedrático de la Universidad de Zaragoza. Además, señala, “las rentas del capital tienen un trato de favor frente a las del trabajo”.

En el análisis reconocen la importancia de la fiscalidad en el reparto de la riqueza, de forma que, según Funcas, los impuestos reducen en un tercio la desigualdad de renta en España “aunque el saldo neto de la intervención pública en España deja de ser progresivo en la parte superior de la escala de rentas brutas”. ¿Por qué ocurre esto?

En los hogares más ricos, las rentas del capital, es decir, las que proceden de activos invertidos, tienen gran peso en la composición de su riqueza, y la fiscalidad reducida que disfrutan estas inversiones es lo que produce esa variación en el tramo más alto de la tabla. 

En la tabla que se muestra abajo, se ve la procedencia de los ingresos de distintos grupos de población según su nivel renta. El primer quintil (Q1) agrupa al 20% con menos renta y el último quintil (Q5) se descompone en tres partes más pequeñas (decil 9, centil 91-99 y centil 100) para ver cómo es la fiscalidad de los que más tienen.

Si se observa la composición porcentual en cada grupo, vemos que en el escalón más bajo (Q1) las prestaciones sociales y las rentas del trabajo son los elementos que más peso tienen. En cambio, en el centil con más dinero, son las rentas del capital las que más aportan a sus carteras (un 62%). “Si tú tienes una vivienda y no declaras alquiler, se te imputa un 2% en renta, pero si tienes una gran fortuna en finanzas no pagas nada”, señala Gimeno.

En España se han dado algunos pasos para corregir este efecto. El Gobierno de coalición aprobó a finales de 2022 el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas (ITSGF), aunque de acuerdo con el Sindicato de Técnicos Hacienda (Gestha), no ha tenido un efecto corrector suficiente. Y esto es así porque de los más de 934.000 millones de euros declarados como patrimonio por los 228.000 ciudadanos más ricos, casi la mitad (un 44,3%), no se tiene en cuenta para el cálculo del impuesto de patrimonio. La razón es que muchas participaciones empresariales de las grandes fortunas están exentas, como también ocurre con las acciones.

“Las rentas del capital tienen un trato privilegiado en el impuesto sobre la renta porque gozan de un tipo máximo del 28%, mientras que las del trabajo pueden llegar al 48%. Ahí lo lógico sería que las rentas del capital tuvieran el mismo trato que las rentas del trabajo. El objetivo es solo que los ricos paguen como si trabajaran”, explica el economista.

En Francia se ha abierto un debate sobre si es posible un impuesto efectivo sobre los grandes patrimonios. Algo que vaya más allá de los horizontes o de los discursos políticos. “Estamos asustando a una parte del país con impuestos que nunca se implementarán”, señaló hace unas semanas el primer ministro francés Sébastien Lecornu en un foro empresarial.

Gimeno remarca que sí hay formas realistas de hacer más justo el sistema. “Una de las cuestiones fundamentales es revisar todas las bonificaciones y beneficios fiscales que existen en los impuestos: en renta, pero sobre todo en sociedades”, explica. Sobre todo, remarca, si esas bonificaciones van destinadas a rentas altas, como por ejemplo la que atañe en Madrid a la compra de uniformes escolares “más habituales en colegios concertados y privados” o a la compra de bicicletas eléctricas “que por su precio, no están al alcance de las rentas bajas”, concluye.

Otro punto, explica el experto, sería intervenir fiscalmente en las grandes herencias a través del impuesto de sucesiones, ya que también se ha dado una competencia la baja entre comunidades autónomas. “Las grandes herencias, que son las que explican el 70% de la desigualdad en España, deben tener un impuesto, como vía para avanzar un poco más hacia la igualdad de oportunidades”, explica. Y propone un mecanismo que compense la baja fiscalidad que se da en algunas de ellas.

Sobre la dificultad de poner sobre la mesa medidas efectivas, el coordinador de la Plataforma por la Justicia Fiscal señala que las presiones desde “lobbies potentísimos” o la retórica de que la fiscalidad atenta contra la capacidad de crecimiento del país, son algunas de las cuestiones que enturbian el debate.

Hablar de virtuosismo parlamentario es un concepto de riesgo teniendo en cuenta que la reforma fiscal, el futuro fiscal del Estado en palabras de Aitor Esteban, se juega en la mejor definición de la legislatura. “Todos los votos, de todos los partidos, todo el tiempo”. Pedro Sánchez está obligado a consensuar políticas sociales y territoriales para un arco de sensibilidades e intereses muy distintos. La tensión permanente del PSOE está en cómo conseguirlo en una mesa de negociación que es como la última cena. Numerosos comensales bajo la amenaza permanente de un Judas. 

La gobernabilidad de Sánchez tiene que articular varias líneas de negociación conciliando tres bloques de partidos que se presionan y compiten entre sí. Junts-ERC, PNV-Bildu y Sumar-Podemos. No hay mayoría progresista pero, en ocasiones, la hay de consenso. La Comisión de Hacienda de este lunes, convertida en afterhour parlamentario (terminó a la una de la madrugada), fue un delirio y la mejor fotografía para definir el momento político. El caos parlamentario genera sensación de debilidad pero de momento hay acuerdos importantes que terminan saliendo. 

La reforma fiscal es el oxígeno financiero que el Gobierno necesita para dar impulso a la legislatura, un paquete de medidas recaudatorias que garantizan ingresos propios además de los 7.200 millones de euros de fondos europeos. Si salen las medidas, el ejecutivo habrá conseguido una cuadratura complejísima. El impuesto a la banca, bandera progresista, tiene el sí de Junts y PNV, algo impensable hace un año. El gravamen energético irá por otra vía y de momento, cae. Pero se bajan impuestos a pequeñas empresas –donde coinciden Junts y Podemos–, se suben las rentas al capital, la batalla impositiva contra los vapeadores de la industria farmacéutica también va en esa línea, reducciones en el IRPF con fondos europeos… Algunas políticas de izquierdas que afectan a las socimis o los seguros privados se quedan por el camino pero incluso en el último minuto Podemos puede comprometer su voto con medidas de Vivienda. 

El sufrimiento de ministros y Gobierno en cada negociación es el sello de los tiempos. A los románticos del bipartidismo, recordarles que murió hace diez años. Las dificultades para gobernar no son nuevas. Se olvida a menudo que España estuvo un año en funciones porque Mariano Rajoy no tenía los apoyos suficientes. ¿Puede llamarse chantaje y golpe antidemocrático a lo que hizo el PP forzando al PSOE a cargarse a su secretario general para conseguir la abstención? Eso también fue política. Margarita Robles o Meritxel Batet, en su uso del voto y bajo multa, votaron “no” a Rajoy. Pedro Sánchez lleva un año sin presupuestos porque no necesita apoyos parlamentarios, casi el mismo tiempo que Rajoy necesito para ser investido por segunda vez. 

Es la gobernabilidad de Schrödinger, viva y muerta al mismo tiempo. Demasiado débil para ser previsible y demasiado fuerte para caer. Por más que el PP hable de chantajes, Feijóo hizo lo mismo el 23 de julio. Intentó negociar con PNV y Junts y no lo consiguió por el veto a VOX. Antes, el PP pactó con el único socio que tenía, la ultraderecha, para amarrar todos los gobiernos autonómicos y el poder institucional que pudo. Al precio de lo que pidieron. Un vicepresidente torero, acabar con la ley de memoria histórica o intentar obligar a las mujeres a escuchar el latido del feto antes de abortar.  

Y no hay que irse tan atrás. El fracaso de Feijóo intentando desbancar a Teresa Ribera de la vicepresidencia de la Comisión Europea ha sido posible porque si caía Ribera caían todos los demás. El gobierno de comisarios se armó en múltiples acuerdos, negociaciones a múltiples bandas y concesiones que Ursula Von der Leyen lideró para aislar en lo posible a la ultraderecha. Por eso, mientras Ribera comparecía en el Congreso y el PP español mantenía el ‘no’,  el PP europeo anunciaba su apoyo.

Es cierto que a Pedro Sánchez le marcan el ritmo los socios. Como a Ursula Von der Leyen los 27 de la UE. Como a Macron en Francia. Como a Scholz en Alemania. Como al PP cuando gobierna con votos de otros. En la gobernabilidad a muchas bandas –la más habitual–, lo más importante es qué socios preferentes se eligen y la habilidad para ponerles de acuerdo. Sánchez se la ha jugado con el paquete fiscal a todas las bandas y tiene posibilidades de éxito. Qué ha conseguido cada partido está claro porque hacen bandera de ello. Ahora Feijóo, tras el fracaso de apoyar a Mazón y no tumbar a Ribera, debería explicar por qué ha sido tan fácil para el PP español apoyar la fórmula de Manfred Weber, la que une a la derecha con las tres ultraderechas europeas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no da por descartado que el jueves se pueda aprobar en el Congreso el paquete fiscal que pretende impulsar su Ejecutivo ya que hasta entonces considera que hay muchas horas por delante que pueden permitir un acuerdo. Sánchez ha mostrado su optimismo ante ese posible acuerdo después de la agónica negociación la noche del lunes de ese paquete fiscal en la comisión de Hacienda de la Cámara Baja, en la rueda de prensa que ha ofrecido al término de la cumbre del G20 de Río de Janeiro.

El jefe del Ejecutivo ha recordado que su Gobierno tiene una minoría parlamentaria ya durante seis años, algo que ha dicho que es la tónica habitual en Europa, pero a pesar de ello España es líder en crecimiento económico, genera creación de empleo y reduce las desigualdades. Con ello ha subrayado que quería lanzar el mensaje de que si hay un Gobierno que pueda administrar esa complejidad es el que él preside. Rechaza que se pueda hablar de debilidad del Gobierno porque subraya que la debilidad consiste en no poder articular mayorías, y eso no le está ocurriendo a su Ejecutivo.

Más allá de eso, ha resaltado que hay votaciones que se ganan y otras que se pierden, algunas que salen de forma más sencilla y otras difíciles y complejas como considera que lo es en cualquier legislatura abordar una reforma fiscal. Sánchez ha defendido la reforma fiscal que pretende su Gobierno para financiar el Estado del bienestar, ha recalcado que tiene criterios de justicia fiscal y que, además, hay que cumplir con Europa para seguir recibiendo fondos.

Ha recordado asimismo que su Gobierno ha defendido siempre que las energéticas tengan un gravamen específico y que se pueda descarbonizar el tejido productivo, algo que ha considerado compatible. "Eso es lo que el Gobierno está defendiendo con los acuerdos que hemos alcanzado con unos y con otros. Y evidentemente, hasta el jueves tenemos muchas horas por delante para poder llegar a acuerdos con las formaciones parlamentarias y sacar adelante una reforma fiscal que creo que es muy necesaria para seguir fortaleciendo el Estado del bienestar", ha señalado Sánchez.

Ante las dificultades que el caso de la reforma fiscal pueden augurar para poder aprobar los presupuestos, el presidente del Gobierno ha reiterado que su Ejecutivo va a cumplir con su deber y los va a presentar. Unas cuentas que ha dicho que tienen que hacer frente a retos como las consecuencias de la dana que ha afectado principalmente a la Comunidad Valenciana. 

Sánchez se ha mostrado convencido de que, tras las nuevas actuaciones del juez Juan Carlos Peinado sobre su esposa, podrá comprobar que Begoña Gómez es "pulcra, honesta" y con unas cuentas similares a las de millones de trabajadores. Según informa EFE, el presidente del gobierno ha hecho estas consideraciones ante la decisión del juez de pedir a la Policía Judicial que consulte las cuentas corrientes de Gómez, y al Registro Civil su certificado de matrimonio.

Unas peticiones en el marco de la investigación de Peinado contra ella por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias, caso por el que había sido citada a declarar el pasado lunes. Sin embargo, la mujer de Sánchez alegó que estaría en Brasil junto a su esposo para no acudir a esa citación, que finalmente se pospuso al 18 de diciembre.

El presidente del Gobierno ha reiterado que, ante el caso de su esposa, tiene "absoluta tranquilidad" y también garantiza "absoluta transparencia". "Si se quiere investigar el estado de las cuentas de mi esposa, perfecto, porque se verá que es una mujer pulcra, honesta y que tiene un estado de cuentas que refleja la de cualquier profesional, trabajador como millones de españoles en nuestro país", ha añadido. Y ha proseguido en esa misma línea: "Si el señor juez, el señor Peinado quiere comprobar por escrito, que Begoña y yo estamos casados, pues tampoco hay problema". 

El PSOE ha vuelto a posponer la votación de su paquete fiscal ante la falta de apoyos suficientes para sacarlo adelante, un retraso que deja en el aire no solo las medidas tributarias –entre ellas, el impuesto a la banca–, sino la transposición de la directiva que fija un tipo mínimo para las multinacionales.

Según han confirmado a EFE fuentes parlamentarias, la Comisión de Hacienda del Congreso prevista para este jueves se ha desconvocado en el último minuto y se pospone hasta el lunes a las 17.00 horas, después de días de vetos cruzados a las propuestas del PNV y Junts, de una parte, y de ERC, Bildu y Podemos, de otra.

Aunque las negociaciones entre el Gobierno y sus socios parlamentarios se han intensificado este jueves, el acuerdo no ha sido posible debido a la negativa de algunas formaciones, como ERC o Bildu, de apoyar el paquete fiscal a menos que incluyera el impuesto a las energéticas, una opción que supondría perder el voto de Junts.

La comisión desconvocada iba a debatir la ley que transpone la directiva europea que fija un tipo mínimo para las multinacionales, que cuenta con cierto consenso parlamentario y que incluso el PP se ha mostrado dispuesto a apoyar. Pero la aprobación de esta ley se complicó cuando el PSOE decidió introducir como enmiendas una serie de medidas tributarias pactadas con el PNV y Junts, que implicaban mantener el impuesto temporal a la banca pero dejar caer el energético.

Los socios de izquierdas del Gobierno rechazaron apoyar un paquete fiscal que no incluyera el impuesto energético y, tras días de negociaciones, solo Sumar ha garantizado su voto favorable tras alcanzar su propio acuerdo, con medidas como gravar los seguros de salud privado o un impuesto al lujo.

Así, a pesar de las negociaciones de los últimos días, formaciones como ERC o Bildu se niegan a apoyar el paquete fiscal a menos que se incluya el impuesto energético, pero Junts amenaza con retirar su apoyo si su pacto inicial se ve modificado porque es un "paquete cerrado". Estos vetos cruzados ponen en peligro no solo el paquete fiscal, sino la propia transposición de la directiva, que ya está fuera de plazo y que todavía tienen que pasar por el Pleno, el Senado y –probablemente– volver al Congreso antes de que acabe el año para entrar en vigor a tiempo. 

Los socios parlamentarios del Gobierno han forzado a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a "buscar un plan B" para sacar adelante sus medidas fiscales, tras fracasar la negociación para que renunciaran al impuesto a las grandes energéticas pactado antes con Junts.

"La negociación tal y como la planteó María Jesús Montero es imposible. Está obligada a replantearla, a buscar un plan B", señalan desde Podemos, después de que el PNV ya advirtiera hace días de que el Gobierno estaba en una "vía muerta".

Montero encaró hace semanas esta negociación pactando primero con Junts per Catalunya la eliminación del impuesto a las grandes energéticas, a pesar de que sus aliados le habían advertido de que no renunciarían a él.

El PNV se sumó al acuerdo, fundamentalmente a cambio de medidas de lucha contra el fraude en los hidrocarburos, y posteriormente cedió Sumar tras conseguir otras de sus reivindicaciones, entre ellas un nuevo impuesto sobre los bienes de lujo, un IVA del 21 % a los pisos turísticos, gravar seguros de salud privados y acabar con el régimen especial de las sociedades de inversión inmobiliaria (socimis).

De hecho, en las últimas horas, Sumar ha intentado presionar en la negociación con el argumento de que el Ejecutivo necesita sacar adelante las medidas fiscales porque precisa de recursos para ayudar a los damnificados por la dana de Valencia, ya que "con los fondos de contingencia no nos vale", advierten. Desde Sumar aseguran que las necesidades de recaudación se han "multiplicado por tres" como consecuencia de la dana.

La negativa de ERC, EH Bildu, Podemos y BNG a renunciar al impuesto a las energéticas hizo que el Gobierno se planteara este jueves desligar el paquete fiscal del proyecto de ley de tipo minínimo a las multinacionales y someter éste a votación en la comisión. Junts advirtió entonces de que votaría en contra porque su apoyo a esa transposición iba en el "mismo paquete" del acuerdo que cerraron con el Gobierno sobre las medidas fiscales. "Somos duros en la negociación y somos duros a la hora de defender el acuerdo", se refirmaba hoy en el Congreso la portavoz de Junts, Miriam Nogueras.

El PP, según fuentes de este grupo, está dispuesto a apoyar la transposición europea, si no va ligada a la reforma fiscal, por lo que el "plan B" que busca Montero podría encaminarse a salvar con sus votos, el próximo lunes, la ley de tipo mínimo, a la que se incorporarían los cambios en el impuesto de sociedades para contrarrestar la pérdida de recaudación derivada de la anulación por parte del TC de las reformas que hizo el PP cuando gobernaba.

Por otra parte, el Ejecutivo podría contentar a sus socios aprobando por decreto una prórroga del impuesto a la banca y a las energéticas y dejar para el debate de los Presupuestos Generales del Estado de 2025 la negociación de las medidas fiscales, "como se ha hecho siempre", apuntan desde Podemos, donde sospechan que el "callejón sin salida" en el que se metió Montero se debe a que ella misma "podría haber pactado con las energéticas la eliminación del impuesto".

El Gobierno de Pedro Sánchez admite que en sus conversaciones con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) está sobre la mesa la posibilidad de crear un consorcio tributario entre el Estado y la Generalitat al que se encargaría la tarea de recaudar el 100% de los impuestos en esta comunidad.

Así lo indican fuentes del Gobierno, que remarcan que esa potestad, la de recaudar la totalidad de los impuestos de Cataluña, viene recogida el Estatut. En ese sentido, desde Moncloa y también desde Ferraz insisten en que la propuesta que los socialistas harán a ERC para que apoyen la investidura del líder del PSC, Salvador Illa, pasa por desarrollar lo ya recogido en el Estatuto de Autonomía.

Las negociaciones están en marcha, y están siendo pilotadas por el PSC, que hasta el momento no ha comunicado "ni avances ni retrocesos" respecto a un acuerdo con los republicanos que pueda abrir las puertas del Govern a Illa.

No obstante, reconocen que sobre la mesa está la negociación de este consorcio tributario -una propuesta que ya había lanzado Illa durante la campaña electoral de las elecciones catalanas del 12M- y que esta medida puede suponer la recaudación del 100% de los tributos, aunque no se han concretado los detalles ni el porcentaje de tributos que asumiría.

En concreto, el artículo 204 del Estatut, dedicado a la Agencia Tributaria de Cataluña, señala que "la gestión, recaudación, liquidación e inspección" de los tributos del Estado recaudados en Cataluña "corresponderá a la Administración Tributaria del Estado, sin perjuicio de la delegación que la Generalitat pueda recibir de éste, y de la colaboración que pueda establecerse especialmente cuando así lo exija la naturaleza del tributo".

"Para desarrollar lo previsto en el párrafo anterior, se constituirá, en el plazo de dos años, un Consorcio o ente equivalente en el que participarán de forma paritaria la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Agencia Tributaria de Cataluña. El Consorcio podrá transformarse en la Administración Tributaria en Cataluña", indica la ley autonómica.

Actualmente ya existe la Agencia Tributaria de Cataluña y de hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró dispuesto a desarrollarla, según indicó a finales de 2023 en Barcelona, donde acudió para reunirse con el entonces presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC).

Después de aquella reunión, al ser interrogado sobre si estaría dispuesto a desarrollar la Agencia Tributaria catalana, el jefe del Ejecutivo no cerró la puerta y dijo que "es algo que está en el Estatuto de Autonomía" y está "por desarrollar". "Cuestión distinta es como se materializa", apuntó a continuación.

Hasta el momento, el Gobierno ha venido sosteniendo que busca una "fórmula imaginativa" sobre la financiación para Cataluña que pueda cumplir las expectativas de ERC, que permanece en una posición de máximos y sigue reclamando soberanía fiscal y recaudar y gestionar el 100% de los tributos.

Esto supondría salir del régimen común de las comunidades autónomas y transitar hacia un sistema de concierto y cupo, como el que tienen País Vasco y Navarra, que recaudan todos los impuestos y después pagan una parte al Estado; una opción inaceptable para el Ejecutivo de Sánchez, que considera que se trata de una línea roja, según ha defendido en las últimas semanas.

El Consejo y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo sobre la reforma de las reglas fiscales de la UE que, tras cuatro años congeladas por la pandemia, volverán a limitar la deuda y el déficit de los Estados miembro, aunque de forma más flexible y adaptada a la situación por país, informa Europa Press.

Tras 16 horas de negociación, los colegisladores han cerrado un pacto político sobre el componente preventivo del marco de gobernanza económica que aún está sujeto a la aprobación formal de ambas instituciones y, una vez adoptado, el texto se publicará en el Diario Oficial de la UE para entrar en vigor al día siguiente.

Los otros dos expedientes de los que se compone la reforma, el reglamento sobre el componente correctivo y la directiva sobre los requisitos para los marcos presupuestarios de los Estados miembro, solo requieren que se consulte al Parlamento Europeo.

Así, el Consejo y el Parlamento han acordado mantener el objetivo general de la reforma de reducir los ratios de deuda y los déficits de una manera gradual, realista, sostenida y favorable al crecimiento, protegiendo al mismo tiempo las reformas y la inversión en áreas estratégicas como la digital, la verde, la social o la defensa. Al mismo tiempo, el nuevo marco brindará un margen adecuado para políticas anticíclicas y abordará los desequilibrios macroeconómicos.

El acuerdo también mantiene la obligación de que las capitales de presentar planes estructurales fiscales nacionales a medio plazo y cada Estado miembro deberá presentar los primeros planes nacionales antes del 20 de septiembre de 2024. La Comisión, por su lado, presentará una 'trayectoria de referencia' (anteriormente llamada 'trayectoria técnica') a los países donde la deuda pública supere el 60% del producto interior bruto (PIB) o donde el déficit público supere el 3% del PIB. El acuerdo provisional prevé un diálogo previo opcional y fáctico entre los Estados miembro y la Comisión.

La trayectoria de referencia indica cómo los Estados miembro pueden garantizar que al final de un período de ajuste fiscal de cuatro años, la deuda pública esté en una trayectoria descendente plausible o se mantenga en niveles prudentes a medio plazo.

Además, un Estado miembro podrá solicitar la presentación de un plan nacional revisado si existen circunstancias objetivas que impidan su implementación, incluso si hay un cambio de gobierno. Con base en la trayectoria de referencia, los países de la UE incorporan la trayectoria de ajuste fiscal, expresada como trayectorias de gasto neto, en sus planes estructurales fiscales nacionales a medio plazo, que deberán ser aprobados por el Consejo. El acuerdo establece que una cuenta de control registrará las desviaciones de las trayectorias de gasto neto específicas de cada país.

Las nuevas normas fomentarán aún más las reformas estructurales y las inversiones públicas para la sostenibilidad y el crecimiento y los Estados miembro podrán solicitar una extensión del período de ajuste fiscal de cuatro años a un máximo de siete años, si llevan a cabo ciertas reformas e inversiones que mejoren la resiliencia y el potencial de crecimiento y apoyen la sostenibilidad fiscal y aborden las prioridades comunes de la UE. Estos incluyen lograr una transición justa, ecológica y digital, garantizar la seguridad energética, fortalecer la resiliencia social y económica y, cuando sea necesario, desarrollar capacidades de defensa.

Los países con deuda excesiva estarán sujetos a normas de salvaguardia que les exigirán, entre otras cosas, reducir su deuda en promedio un 1% anual si su esta supera el 90% del PIB, y un 0,5% anual en promedio si su deuda está entre 60% y 90% del PIB, unas disposiciones menos restrictivas que el requisito actual que exige que cada país debe reducir la deuda anualmente en 1/20 del exceso por encima del 60%.

Si el déficit de un país supera el 3% del PIB, el requisito será reducirlo durante los períodos de crecimiento hasta alcanzar un nivel del 1,5% del PIB, a fin de crear un colchón de gasto para condiciones económicas difíciles. También se aplicarán otros puntos de referencia numéricos sobre cuánto debería reducirse el déficit por año.

Un país con exceso de deuda no estará obligado a reducirla a menos del 60% al final del período de años que dura el plan, sino que debe tener una deuda que se considere "en una trayectoria descendente plausible".

Las nuevas reglas fiscales acordadas por los países de la UE buscan una reducción realista de los niveles de deuda y déficit públicos disparados por la pandemia, dejando margen para que los Gobiernos decidan su ritmo de ajuste y para invertir, aunque incorporan salvaguardas para asegurar que se corrigen a tiempo los desvíos presupuestarios, según informa EFE.

A falta de las negociaciones con la Eurocámara, así funcionarán en la práctica:

Los países diseñarán sus propias sendas fiscales para los cuatro años siguientes, pero tendrán que basarse en una "trayectoria técnica" propuesta por la Comisión Europea sobre la evolución del gasto público neto, especialmente aquellos con un déficit superior al 3% y una deuda que rebasa el 60 % del PIB.

Dicha trayectoria será específica para cada país y deberá asegurar que al final del periodo la deuda "está en una senda descendente" y el déficit "se ha reducido y se mantiene” por debajo del 3% sin necesidad de nuevas medidas.

Los gobiernos podrán prorrogar el periodo hasta los siete años si adoptan reformas e inversiones que impulsen el crecimiento, apoyen la sostenibilidad de las cuentas o aborden prioridades comunes como la transición verde, la digitalización y la defensa.

El cumplimiento de los planes nacionales de recuperación se “tendrá en cuenta" al valorar una posible prolongación del periodo de ajuste, como pidió Italia durante las negociaciones.

El indicador principal el gasto público neto, que es aquel financiado con fondos nacionales y excluye el pago de intereses de la deuda, los fondos europeos o el coste de medidas temporales.

La intención inicial era apartar otros no observables como la brecha de producción o 'output gap' o el déficit estructural, pero el diseño final sigue dando importancia al segundo, que se utilizará para medir los esfuerzos presupuestarios.

El texto incluye dos salvaguardias solicitadas por Alemania. La primera obliga a todos los países con un ratio de deuda superior al 90 % del PIB a recortarla al menos un punto porcentual al año de media (medio punto si la deuda supera el 60 %).

Además, los países con un déficit inferior al 3 % tendrán que seguir corrigiéndolo hasta el 1,5 % para tener un ‘colchón’ al que poder recurrir en momentos de crisis. En concreto, tendrán que reducirlo un 0,4 % al año, pero podrán bajar este esfuerzo al 0,25 % si hacen reformas e inversiones.

La Comisión Europea vigilará que los Estados respeten el ajuste pactado, para lo cual irá registrando los desvíos que se produzcan con respecto a la senda de gasto en una "cuenta de control".

Bruselas estudiará si abre un expediente cuando un país rebase el tope de deuda, tenga déficit y las desviaciones en el gasto superen el 0,3 % de PIB anual o el 0,6 % del PIB acumulado.

Para decidir, tendrá en cuenta varios factores, incluida la situación económica, el nivel de deuda y sus riesgos, la implementación de reformas e inversiones; y el gasto en defensa. Se considerará un "agravante clave" que un país tenga "sustanciales retos de deuda", mientras que una situación económica desfavorable será un atenuante.

Si la Comisión abre un expediente por exceso de déficit - que pese a su nombre puede iniciarse también por rebasar el umbral del 60 % de deuda- fijará un plazo y ritmo de ajuste para corregir el desvío.

Cuando el déficit supere el 3 % de PIB, los países estarán obligados a aplicar un recorte estructural anual mínimo del 0,5 % del PIB, el mismo que exigían las reglas anteriores.

Sin embargo, el acuerdo prevé que hasta 2027 este recorte pueda adaptarse para tener en cuenta el aumento del pago de intereses sobre la deuda por la subida de los tipos si el Estado expedientado se compromete a hacer reformas e inversiones.

Se satisface así a Francia e Italia, que pedían que el ajuste anual se midiera siempre en términos estructurales primarios -sin tener en cuenta los intereses de la deuda-, lo que suaviza automáticamente el recorte.

Bruselas y los Estados miembros comprobarán que el expedientado toma medidas para cumplir el ajuste exigido y, si no es el caso, podrán sancionarle con multas del 0,05 % del PIB cada seis meses hasta que tome medidas. En el caso de España, por ejemplo, equivaldría ahora a 673 millones cada seis meses.

Estas sanciones son menores que las de las reglas actuales para que sean más aplicables. Las anteriores - del 0,2 % del PIB como mínimo- se consideraban demasiado severas y nunca llegaron a imponerse, pese a que España y Portugal estuvieron al borde en 2016.

Sin embargo, los países han eliminado el tope propuesto por la Comisión para que no se acumulen multas superiores al 0,5 % del PIB. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recomendado a las economías avanzadas fomentar la migración, incrementar la progresividad de los impuestos sobre la renta y aumentar los impuestos a las herencias como medidas para hacer frente a la próxima crisis y lograr un crecimiento económico más equitativo, informa Europa Press.

Durante la última década, tras la crisis económica, "se ha puesto poco énfasis en las reformas para promover el crecimiento inclusivo a largo plazo mediante la adaptación a demografías cambiantes, los avances de la tecnología y la profundización de la integración global", ha asegurado el organismo internacional en su informe Monitor Fiscal, publicado este miércoles. Así, como preparación para la próxima crisis, la entidad presidida por Christine Lagarde ha explicado que es "clave" que los países "vuelvan a priorizar" el ahorro de costes eliminado "gastos derrochadores" y frenando la corrupción.

En este sentido, el FMI ha asegurado que si se eliminan los subsidios y ayudas a combustibles fósiles se podría elevar la recaudación en cerca del 3% del PIB en "algunos países", al tiempo que una "mejor gestión" de los activos del sector público también podría incrementar los ingresos potenciales en un 3% del PIB al año.

Fiscalidad "insostenible u obsoleta "

Los técnicos del FMI han afirmado que los cambios demográficos, los avances tecnológicos y la integración internacional han dejado a la fiscalidad "insostenible u obsoleta". Por este motivo, ha recetado algunas políticas para actualizar las políticas fiscales. En concreto, la institución ha calculado que en 2015 los gastos en pensiones y salud asociados a la edad representaron el 17% del PIB en economías avanzadas y el 7% del PIB de los mercados emergentes. En 2050, llegarán al 23% y el 14% del PIB, respectivamente, por lo que "son necesarias reformas en muchos países".

"La migración puede ayudar a aliviar las presiones fiscales en las economías envejecidas", ha apostillado el FMI, tras indicar que una "rápida integración" de los migrantes en el mercado de trabajo ayudaría a "maximizar" estos beneficios. Por otro lado, el FMI ha recetado que los sistemas fiscales sean "más progresivos" con el objetivo de "ayudar a distribuir" los beneficios de la tecnología y el comercio de forma más equitativa. Además, el organismo ha apuntalado esta recomendación asegurando que implementar unos impuestos más altos para aquellos que cobren más genera unas "ganancias redistributivas que exceden los costes de eficiencia".

Asimismo, ha asegurado que "se debería de considerar" aprobar impuestos a la riqueza dado que en la "mayoría" de países de la OCDE el patrimonio tiene a distribuirse de forma menos equitativa que los salarios. A este respecto, para el FMI, la "mayoría de los países" tiene espacio fiscal suficiente para incrementar los ingresos que obtiene mediante el aumento de impuestos sobre las herencias, la tierra o los inmuebles.

En España, el Partido Popular (PP) ha propuesto como parte de su programa electoral para las elecciones generales del 28 de abril rebajar el tipo máximo del IRPF al 40%, así como suprimir el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre el Patrimonio. Por su parte, Ciudadanos ha propuesto rebajar el IRPF hasta el 44%, y también defiende eliminar el gravamen sobre las herencias.

Impuestos digitales

El organismo internacional radicado en Washington ha alertado sobre los nuevos impuestos dirigidos a gravar las actividades digitales de ciertas multinacionales planteados por países como España, Francia o Reino Unido. "Las medidas no coordinadas y ad hoc para compañías o actividades específicas podrían provocar distorsiones significativas como doble imposición de las actividades digitales transfronterizas", ha afirmado. En su lugar, el FMI ha recomendado a los países tomar una vía "multilateral" y de "cooperación" para gravar los beneficios generados por estas multinacionales.

La ejecutiva del PSOE de Pedro Sánchez ya ha fijado su hoja de ruta para las próximas semanas. Lo hizo hace unos días en la reunión extraordinaria de la dirección que desplazó a los máximos dirigentes del partido a Valladolid.

En primer lugar, el PSOE ha decidido tratar de “despegarse” del PP después del cierre de filas motivado por la declaración de independencia del Parlament catalán. Los socialistas han vuelto a subrayar su discurso social y a enfatizar los casos de corrupción del PP con el objetivo de marcar distancias con Mariano Rajoy tras varias semanas de intensa coordinación que culminó con la aprobación de mutuo acuerdo de la intervención de la autonomía catalana. Se trataba de hacer “oposición de Estado”, justificaba Pedro Sánchez, para hacer frente a los independentistas.

Los socialistas han decidido, en segundo lugar, no cargar las tintas contra Podemos después de llegar a la conclusión de que esa confrontación no les favorece en Cataluña. Sánchez, además, sigue defendiendo que el PSOE es “la izquierda que aspira a unir a la izquierda; lo dijimos en el 39 Congreso y mantenemos y sostenemos este compromiso”, tal y como reafirmó hace apenas unos días ante los barones del partido. “Queremos unir a la izquierda porque en España hay una gran mayoría social progresista que sólo gobierna cuando se une” en torno al PSOE.

La tercera gran decisión estratégica de los socialistas es quizá la más relevante. La dirección de Pedro Sánchez, según fuentes consultadas por infoLibre, ha puesto en el centro de la diana a Ciudadanos, el partido no independentista con mejores expectativas en las elecciones catalanas del 21 de diciembre y al que el PSC quiere disputar una buena parte del electorado que no se identifica con el independentismo.

El tono beligerante contra el partido de Albert Rivera ya se ha hecho visible en los últimos días. Los socialistas utilizan dos argumentos básicos para atizar a Ciudadanos: son los responsables de que el PP, ahogado por los escándalos de corrupción e incapaz de gobernar, se mantenga en pie, y son “la otra derecha” y, por tanto, el objetivo a batir por las formaciones de izquierda en las próximas elecciones.

Este planteamiento encaja con la estrategia del PSC en Cataluña, que quiere disputar a los de Rivera el primer puesto entre las fuerzas no independentistas y, por tanto, una posición clave a la hora de formar gobierno en el caso de que PDeCAT, ERC y la CUP no tengan mayoría absoluta o que, aún consiguiéndola, no sean capaces de fraguar un programa común de Gobierno en Cataluña para los próximos años.

Los mensajes que salen de Ferraz tienen todos el mismo molde: Ciudadanos es “la media naranja del PP”, PP y Cs son “las dos derechas”, Rivera es la muleta de Rajoy y no ha hecho otra cosa que “abrazar todas las tesis del PP” y su partido “ha pasado al PP por la derecha”.

En el fondo de este planteamiento está el deseo del PSC de querer disputar a Cs el voto moderado en Cataluña, uno de los motivos por los que su candidato, Miquel Iceta, acabó participando activamente en las manifestaciones por la unidad de España que se celebraron en Barcelona. Aquellas movilizaciones pusieron en el mercado electoral a un gran numero de catalanes descontentos con el independentismo cuya atención se disputaban en exclusiva Cs y PP, pero a los que ahora también se dirigen los socialistas. No por casualidad la cabeza visible de aquellas manifestaciones fue el exministro Josep Borrell, al que el PSC reserva un papel relevante en los últimos días de la campaña catalana.

El PSC trata de obtener su propia tajada del grupo de ciudadanos que no son partidarios de la independencia, incluso aquellos que son nacionalistas pero que no se identifican con el intento de ruptura unilateral protagonizado por los independentistas, y que al mismo tiempo no están dispuestos a votar al PP, al que consideran responsable de haber sembrado el malestar en Cataluña que ha llevado a casi la mitad de la población a apoyar el divorcio con España.

Para que los ciudadanos visualicen al PSC como la fuerza transversal capaz de representar al bloque más moderado del electorado —se presentan a sí mismos como la opción “del sentido común”— es por lo que Iceta decidió dar entrada a antiguos militantes democristianos que hasta hace poco formaban parte de una de las dos almas de la desaparecida Convergència i Unió.

El espacio de “la mayoría”

El propio Sánchez subraya, siempre que tiene ocasión, su apuesta por abrir “un nuevo tiempo” entre los dos extremos: los que se quieren ir y los que pretenden recentralizar el Estado. Un espacio en el que, en palabras del secretario general del PSOE, “habita la mayoría de la ciudadanía en Cataluña”. Se trata, señaló en la reunión del Comité Federal del día 11 de noviembre, de “romper la política de frentes que nos trajo hasta aquí, porque esa lógica de bloques es la que bloquea [sic] precisamente la solución a la crisis en Cataluña”.

Este objetivo, la búsqueda de una solución de gobierno transversal, no es nuevo en el PSOE. Pedro Sánchez ya lo había asumido mucho antes del referéndum de 1 de octubre. Su alianza preferida era entonces una que incluyese al PSC y al PDeCAT, siempre y cuando en esta formación se hubiesen impuesto ls tesis más moderadas, lo que finalmente no parece haber ocurrido. En aquellos días los socialistas otorgaban enorme valor político a la experiencia de trabajo conjunto que han acumulado con la antigua Convergència en muchos ayuntamientos catalanes y en instituciones como la Diputación de Barcelona en los que aún hoy, pese a la crisis soberanista, todavía comparten tareas de gobierno.

La idea entonces era tender puentes hacia el PDeCAT. La antigua Convergència, calculaban los socialistas, iba a necesitar alianzas más allá de Esquerra para reparar los daños que el pacto con los republicanos les ha causado, pero el renovado liderazgo de Carles Puigdemont, insólito candidato a la Presidencia de la Generalitat —huyó a Bélgica para eludir la acción de la justicia española y hacer más visible el conflicto soberanista—, dificulta mucho esta salida.

Queda ahora por ver si será posible una fórmula con Esquerra, siempre que renuncie a la independencia unilateral, y con Catalunya en Comú. O si, en el caso de que el PSC sea el partido más votado de los no independentistas en un Parlament sin mayoría absoluta de PDeCAT, ERC y las CUP, Iceta está dispuesto a ser presidente con los votos de Ciudadanos y del PP.

Las únicas líneas rojas que los socialistas han puesto hasta ahora sobre la mesa son que no pactarán con quienes pretendan repetir la vía unilateral hacia la independencia y que no investirán a ningún candidato de la derecha (PP y Cs).

Lo que no podrá hacer el PSOE es apuntarse el éxito que pretendía como artífice del diálogo parlamentario para solucionar la crisis catalana. Al boicot inicial de los nacionalistas (ERC, PDeCAT, PNV y Bildu) y de Unidos Podemos a la comisión de evaluación del Estado de las autonomías se ha sumado ahora la actitud de PP y Cs, que este jueves dejaron claro a los socialistas quién tiene el control: ambas formaciones han forzado la suspensión virtual de la comisión hasta el mes de enero.

A este contratiempo se suma el potencial desestabilizador que para el PSOE tiene el debate sobre financiación autonómica y que amenaza con enfrentar a los presidentes autonómicos socialistas más hostiles a Sánchez (Susana Díaz, Emiliano García Page o Javier Fernández) con el PSOE vasco e incluso con el PSC en plena batalla electoral en Cataluña.

Los presidentes de Andalucía, Castilla-La Mancha, Asturias e incluso el de Aragón, Javier Lambán, y sobre todo Ximo Puig, el jefe de Gobierno de la Generalitat valenciana, exigen mejoras en la financiación de sus territorios no necesariamente compatibles con los intereses de Euskadi y de Cataluña. En esta última comunidad Miquel Iceta se dispone a defender un “pacto fiscal” que muchos socialistas identifican con el cupo vasco. Por si fueran poco los intereses enfrentados, la presidenta de Baleares sigue su propia estrategia en busca de un estatus especial como el que ya disfruta Canarias en virtud de su insularidad.

La reforma se produjo en uno de los peores momentos de la crisis del euro, cuando la prima de riesgo subía sin pausa como consecuencia de la pasividad irresponsable del Banco Central Europeo (BCE). El BCE consideró que la presión de los inversores sobre la prima de riesgo de los países más endeudados con el exterior resultaba funcional para que estos países hicieran las reformas que, según el consenso de la tecnocracia europea, eran necesarias.

Desde entonces, las cosas han cambiado mucho. Se ha relajado la presión sobre la prima de riesgo y los países han firmado el Pacto Fiscal (Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria), que impone condiciones fiscales considerablemente más duras que las del Tratado de Maastricht (recuérdese, un tope de 60% del PIB para la deuda pública y un tope del 3% para el déficit público). El Pacto Fiscal no es sino una nueva vuelta de tuerca a la pérdida de soberanía política de los gobiernos nacionales de la zona euro.

A mi juicio, el Pacto Fiscal es una aberración económica y política. Reduce enormemente el margen de discrecionalidad en la política económica a nivel nacional sin poner remedio a los graves defectos de diseño del euro. Las reglas del Pacto Fiscal, así como el poder extraordinario del que disfruta el BCE, generan un serio problema de déficit democrático (lo que he llamado “impotencia democrática”). Además de los problemas democráticos del Pacto, debe subrayarse que este no ha hecho contribuido precisamente a que la EU salga de su crisis de crecimiento.

Los argumentos que a continuación presento en contra del nuevo artículo 135 se aplican igualmente al Pacto Fiscal, uno de los pasos más desgraciados en el proceso de integración europea. He ordenado los argumentos comenzando por los más detallados y acabando por los más generales.

1. La reforma constitucional del artículo 135 se llevó a cabo para calmar las tensiones en los mercados secundarios de deuda. En este sentido, no sirvió para su propósito, pues la prima de riesgo continuó subiendo después de septiembre de 2011. Tanto la UE, como los gobiernos nacionales y la tecnocracia europea, pensaron que se podía frenar la tormenta monetaria con reformas internas, sin hacer caso a las voces más lúcidas, como la de Paul De Grauwe, que desde el comienzo insistieron en que las reformas nacionales eran un sacrificio inútil y que sólo se podría atajar el problema si el BCE comenzaba a actuar como prestamista de última instancia (extremo que quedó confirmado en el verano de 2012, cuando, al alcanzar las primas de riesgo de España e Italia los 600 puntos, el BCE actuó en el límite para evitar la quiebra de la unión monetaria). 

2. La reforma del artículo 135 introduce la “regla de oro” fiscal: los gobiernos deben garantizar el equilibrio entre ingresos y gastos a lo largo del ciclo económico, es decir, el déficit estructural debe aproximarse a cero. En concreto, el Pacto Fiscal impone un tope de 0,5% en el déficit estructural (cuando la deuda esté por encima del 60%, siendo el tope el 1% cuando la deuda esté por debajo del umbral anterior). Además, sea cual sea el déficit estructural, el déficit público no podrá sobrepasar el tope del 3% fijado en el Tratado de Maastricht. La Ley orgánica de estabilidad presupuestaria 2/2012, que desarrolla el nuevo art. 135 de la Constitución, es aún más estricta, limitando el déficit estructural al 0,4%.

Un problema serio de esta forma de hacer las cosas es que el concepto de “déficit estructural” no tiene una definición universalmente aceptada. Los principales problemas son sobre todo empíricos: no hay una manera única y clara de medirlo, depende de supuestos inverificables (contrafácticos) sobre cuánto se desvía la economía de su producción potencial (output gap), por lo que se pueden hacer estimaciones bastante diferentes según sean los supuestos de partida. Por ejemplo, la metodología utilizada por la Comisión no coincide con la que emplea el FMI y en ocasiones se producen desviaciones entre las mismas de hasta 0,5 puntos (un margen tan grande como el propio límite que especifica el Pacto Fiscal) (véase aquí).

Resulta cuestionable, desde mi punto de vista, que un concepto tan difícil de medir como el déficit estructural tenga una regulación legal tan precisa.

3. Peor todavía que lo anterior, la ley, tenga rango o constitucional o no, no puede fijar una variable como el déficit estructural, cuyo control completo no está en manos de los gobiernos. En España, los ingresos públicos cayeron en los primeros años de la crisis más de siete puntos del PIB, sobre todo como resultado de una reducción de dos tercios en la recaudación del impuesto de sociedades. Ante un cataclismo como este, el déficit no puede sino dispararse: en nuestro país ha llegado a superar el 11% del PIB. ¿Qué más da lo que diga la constitución al respecto? En el corto plazo, el gobierno poco puede hacer para evitarlo. Si, a partir de 2020, cuando entre en funcionamiento la “regla de oro”, la coyuntura es tan mala que se supera el 0,4% de déficit estructural, ¿qué pasará a continuación? ¿Se disolverá el gobierno? ¿Se convocarán elecciones? ¿Se cancelará el pago de las nóminas a los funcionarios?

4. La estabilidad presupuestaria es un objetivo político, no un principio constitucional. En general, las constituciones establecen los derechos fundamentales de los ciudadanos y el diseño institucional de la democracia (las reglas de juego del sistema político). Con el fin de proteger dichos derechos y de dotar de estabilidad al orden institucional, las constituciones suelen estar protegidas frente al cambio, requiriéndose mayorías cualificadas y procedimientos complejos para aprobar enmiendas.

La estabilidad presupuestaria no es una regla de juego, no es una regla institucional y, por eso mismo, si queremos evitar una colisión entre el principio constitucional y el principio democrático, no debería figurar en la constitución, de la misma manera que tampoco lo está la negociación colectiva, las pensiones o la orientación de la política exterior. Todos estos asuntos, incluyendo la política económica, deben, en mi opinión, formar parte del juego político y estar sometidos a la alternancia partidista en el gobierno según las preferencias mayoritarias de la ciudadanía. La tecnocracia trata de invadir el autogobierno democrático incluyendo asuntos de política ordinaria en la constitución, pero quienes tienen mayor apego por la democracia deberían intentar evitar este abuso del constitucionalismo.

El neoliberalismo lleva décadas insistiendo en que hay que reducir el ámbito de la democracia, sustrayendo la política económica de la esfera política (ya sea mediante la constitucionalización de la política económica, ya sea mediante su delegación a instancias no representativas como el BCE). Curiosamente, el neoliberalismo ha conseguido su objetivo en Europa, no así en Estados Unidos, donde los republicanos no han contado nunca con el apoyo de los demócratas para aprobar una enmienda de déficit de cero en la constitución de aquel país.

Una de las causas del descrédito de la socialdemocracia europea ha sido su aceptación acrítica de las tesis neoliberales sobre la necesidad de blindar la política económica. Cuando los partidos socialdemócratas llegan al poder en sus respectivos países, se encuentran con que no tienen margen para hacer política económica. La reforma del artículo 135 no es más que un caso particular de una tendencia mucho más general, como queda de manifiesto en la firma por parte de todos los gobiernos de la eurozona del Pacto Fiscal.

El planteamiento de Pedro Sánchez parece haber sido el siguiente: la presencia de la regla de oro fiscal desequilibra el texto constitucional, introduciendo un sesgo en contra de políticas de gasto en tiempos extraordinarios (un déficit estructural del 0,4% puede ser demasiado bajo para hacer frente a ciertas coyunturas, lo que obligará a introducir recortes en servicios sociales). Por eso, propone compensar este sesgo con la “constitucionalización” de las políticas de bienestar, colocando a estas en pie de igualdad con la regla de oro fiscal.

Es una opción razonable, pero tiene el peligro de reproducir en el ámbito constitucional un conflicto entre ortodoxia fiscal y políticas sociales. ¿Quién va a resolver entonces el conflicto, el Tribunal Constitucional? Quizá hubiera sido más lógico apostar por limpiar la constitución de opciones de política económica y social. Dichas opciones deberían determinarse en función de las preferencias mayoritarias en el seno de la sociedad, no de lo que la constitución establezca. Si, por motivos democráticos, resulta objetable blindar constitucionalmente la política fiscal, lo mismo debería valer para las políticas de bienestar.

Madrid, Cataluña y Baleares son las tres regiones que arrojan mayores cifras de déficit fiscal, según las balanzas fiscales o cuentas territorializadas que publicará este miércoles el Gobierno y que detallarán el reparto de ingresos y gastos de las comunidades autónomas.

El Gobierno escogió un grupo de tres expertos para elaborar la nueva fórmula con la que calcular las balanzas fiscales y determinar las diferencias entre lo que cada comunidad aporta al sistema y lo que recibe. Los resultados de este trabajo se conocerán este miércoles, si bien fuentes próximas al Ministerio de Hacienda ya aseguraron a Europa Press que una de las principales conclusiones de estas balanzas es que, aunque hay cosas que mejorar, la redistribución en España funciona y sólo una pequeña parte de los saldos fiscales debería ser revisado para mejorarlo. 

En concreto y en el caso de Cataluña, las fuentes aseguran que la cifra de déficit fiscal que se conocerá el miércoles va a ser considerablemente inferior a la que baraja la Generalitat (entre 11.000 y 15.000 millones) y sólo una pequeña parte de ella, prácticamente un 10%, podría deberse a un trato discriminatorio. En este sentido, explican que el hecho de que Cataluña tenga un déficit fiscal superior a otras regiones se debe, sobre todo, a que es una región con una renta media superior a las otras, lo que hace que los impuestos sean más altos, igual que ocurre en otras comunidades como Madrid y Baleares.

De esta forma, sólo una pequeña parte de ese déficit fiscal debería estar sujeta a revisión para ver si realmente el trato que se da no es el adecuado. Según las fuentes, los datos no arrojan ningún resultado "raro" y simplemente muestran que las regiones más ricas pagan más, que es lo normal. Así, según el Ministerio, esta situación no sólo se da en Cataluña, sino que ocurre en otras regiones que pueden arrojar un déficit fiscal de cierta magnitud, aunque sólo una pequeña parte de esa cantidad debería ser revisada, puesto que la mayor parte de la cifra se debe a que es una región más rica que el resto.

Mejorar la financiación

En cualquier caso, de las balanzas fiscales sí se deduce que hay una serie de partidas de gasto que se pueden mejorar, como la financiación autonómica, que actualmente beneficia a las comunidades forales. Según las fuentes, lo normal sería que todos los ciudadanos se pudieran beneficiar de un reparto igualitario de la financiación, porque tener un saldo positivo o negativo no debe sumar o quitar derechos.

A su parecer, lo lógico sería utilizar las balanzas fiscales no para reformar la financiación en sí, sino para ver las diferencias que existen entre unas comunidades y otras. Hasta ahora, sólo se podían comparar las diferencias entre las regiones de régimen común, pero la nueva metodología homogeiniza los datos de las 17 comunidades, lo que redundará en un mejor análisis.

También podrían analizarse las ayudas regionales o las destinadas a sectores concretos que, según las fuentes, pueden generar algunas desigualdades. En este sentido, han puesto como ejemplo a Canarias, que cuenta con régimen fiscal más favorable que el resto de regiones para compensar el efecto de la lejanía. Para los expertos, no está claro que éste sea un buen sistema.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha negado este martes que la Fiscalía contemple pactar un acuerdo de conformidad con el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, por su implicación en el 'caso Nóos'. "Ni hay abierto, ni va a haber ninguna negociación a este respecto", ha sentenciado.

En los pasillos del Congreso de los Diputados al ser preguntado si valoraría positivamente un pacto del Ministerio Público con Iñaki Urdangarin, Torres-Dulce ha manifestado que ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Fiscalía General del Estado han contemplado, ni contemplan un pacto con ninguna de las partes del caso Nóos.

Cuestionado si Urdangarin tiene alguna posibilidad de pactar con Fiscalía devolviendo el dinero que habría defraudado, el fiscal general del Estado ha explicado que este tipo de acuerdos están previstos en la ley "respecto a las penas en las que se puede llegar a un acuerdo".

Ahora bien, ha hecho hincapié que "en este momento" ni Anticorrupción ni la Fiscalía General del Estado han contemplado "en modo alguno" ni para Urdangarin ni para otras personas investigadas en el 'caso Nóos' "ningún aspecto de conformidad".

Respecto a un posible trato a favor hacia la Infanta Cristina, Torres-Dulce ha rechazado esta idea y ha defendido que para la Fiscalía "no existe ningún elemento" que permita su imputación. "No hay ningún trato de favor. Sería un trato de desfavor hacer lo contrario de lo que uno piensa justificadamente en Derecho", ha concluido.

La organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha presentado a los líderes del G-8 un informe con cuatro pasos clave para el intercambio de información fiscal a nivel global para lograr un sistema "más justo y más transparente", según informó el organismo en un comunicado.

El informe, titulado Un cambio radical en la transparencia fiscal, ha sido preparado a petición del G-8 para la cumbre de Lough Erne Summit, y propone cómo desarrollar un modelo de intercambio de información automático que sea "global, seguro y eficaz en materia de costes".

Entre esos cuatro pasos el proyecto busca promulgar una amplia legislación marco para facilitar la expansión de la red de jurisdicciones asociadas de un país, así como seleccionar una base legal para el intercambio de información.

En tercer lugar, sugiere adaptar el ámbito de los informes y los requisitos de debida diligencia, así como coordinar la orientación marcada. Por último, recomienda desarrollar estándares de tecnologías de la información comunes y compatibles.

El informe incluye además posibles calendarios para cada uno de estos pasos e incide en que gran parte de este trabajo ya está en marcha de la OCDE. Además, resalta que cada vez más jurisdicciones se están sumando a la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, que aporta una base legal para el intercambio automático de información.

"Felicito al G-8 por aportar todas sus fuerzas a los esfuerzos internacionales para impulsar el crecimiento sostenible a través de soluciones globales para la evasión y elusión fiscal", aseguró el secretario general de la OCDE, Angel Gurría, durante su intervención en la reunión.

Gurría destacó que los sistemas fiscales deben ser y deben parece "justos" y remarcó que la OCDE está ayudando a los países a trabajar juntos para poner fin a la evasión fiscal creando este sistema de intercambio automático de información.