Lecornu no se atreve a tocar a los ultrarricos en los nuevos presupuestos, pero sí a aplicar la tijera social
El proyecto de presupuesto para el año 2026 fue finalmente presentado este martes 14 de octubre en el Consejo de Ministros, pocos minutos antes del discurso de política general del primer ministro Sébastien Lecornu. Al prometer al Partido Socialista (PS) la suspensión de la aplicación de la reforma de las pensiones hasta 2028, parece haberse asegurado de no ser censurado el jueves, momento en el que se estudiarán las mociones de la Agrupación Nacional (RN) y de La Francia Insumisa (LFI).
En caso de rechazo, el proyecto de ley de presupuestos para 2026 será estudiado a partir del domingo por la noche o el lunes por la mañana por la comisión de finanzas de la Asamblea Nacional. Pero lo menos que se puede decir es que el proyecto, presentado por Roland Lescure, ministro dimisionario y reelegido para el cargo de Economía, es de los más duros para los servicios públicos y el modelo social, además de ser excesivamente indulgente con los ultra ricos y las grandes empresas.
El presupuesto de Lecornu propone reducir el déficit público del 5,4 % del PIB en 2025 al 4,7 % en 2026. Es decir, prácticamente el mismo nivel de esfuerzo —sin contar los dos días festivos suprimidos, que ya no se contemplan— que el que se esperaba con la propuesta presupuestaria de François Bayrou a mediados de julio de 2025, y que muchos calificaron de austero.
En miles de millones de euros, la cura de austeridad propuesta por Lecornu es de algo más de 30.000 millones de euros para 2026, según el dictamen del Alto Consejo de Finanzas Públicas (HCFP). Una cura de austeridad que se distribuirá de la siguiente manera: 17.000 millones de euros de recortes en el gasto y cerca de 14.000 millones de euros de aumentos en los ingresos.
En cuanto al gasto público, solo hay tres partidas que aumentarán con respecto a 2025: el gasto militar (+6.700 millones de euros), la retención de ingresos en beneficio de la Unión Europea (+5.700 millones de euros) y los intereses de la deuda (+8.100 millones de euros).
Recortes en las competencias no estatales
Por lo demás, se avecina una época de vacas flacas, sobre todo para los ministerios no soberanos. Cabe citar trabajo y empleo, que se recortará en 2.500 millones de euros en 2026 con respecto a 2025, según el dossier de prensa facilitado por Economía, debido, en particular, a una “mejor orientación de los dispositivos de inserción”.
Pero también cohesión territorial, que integra la vivienda y la política urbana, que se reducirá en 900 millones de euros; o el presupuesto asignado a solidaridad, inserción e igualdad de oportunidades, que perdería 800 millones de euros en 2026 con respecto a 2025.
En cuanto a las partidas presupuestarias más pequeñas, también cabe mencionar el nuevo recorte en ayuda al desarrollo (− 700 millones), deportes y juventud (− 300 millones) o cultura (− 200 millones). Por último, según el dictamen del HCFP, también se producirá un “reajuste de las ayudas para la eco-renovación de viviendas’” y, en términos más generales, una “restricción de las ayudas a la planificación ecológica fuera de la agricultura”.
Además, en 2026 se lograrán ahorros sustanciales gracias al famoso “año blanco” que se propondrá para los salarios públicos y las revalorizaciones de las prestaciones sociales. Esto supondrá un ahorro de 3.600 millones de euros.
Por lo demás, en materia de recortes presupuestarios, el ámbito de las administraciones de la Seguridad Social es el más perjudicado. El objetivo nacional de gasto en seguro médico aumentaría solo un 1,6 % en 2026, mientras que las necesidades sanitarias son muy superiores, sobre todo debido al envejecimiento de la población.
En comparación con lo que representaría una evolución necesaria del gasto en seguro médico, los ahorros propuestos para el presupuesto de Lecornu son de algo más de 7.000 millones de euros. Lo que, en opinión del HCFP, “supone un esfuerzo de control mucho mayor que en años anteriores”.
Este objetivo podría alcanzarse gracias a una reducción de los reembolsos por asistencia sanitaria y medicamentos, que correrán a cargo de los asegurados, mediante un aumento de las franquicias, de las cotizaciones de los empleadores y de los seguros médicos complementarios, por un total de 3.400 millones de euros, según la opinión del HCFP. Las medidas de regulación y reducción de precios de los productos sanitarios también deberían generar un ahorro significativo, de unos 2.300 millones de euros.
Por último, en lo que respecta a las entidades locales, el esfuerzo requerido sería de alrededor de 2.000 millones de euros en 2026. No sería excesivo en comparación con 2025, ya que el año que viene hay elecciones municipales y las inversiones del bloque comunal deberían paralizarse en gran medida.
Los ultra ricos y los grandes grupos van mejor servidos que en 2025
En cuanto a los ingresos fiscales, Economía anuncia que “el esfuerzo en 2026 se basaría principalmente en un esfuerzo adicional de los contribuyentes con mayores recursos”. Pero eso es completamente falso. Hay que decirlo desde ya: las grandes empresas y los ultrarricos saldrán muy bien parados en 2026. Juntos, incluso verán reducida su carga fiscal con respecto a 2025.
De hecho, en 2025 se aplicó un recargo en el impuesto de sociedades a los grupos con facturación superior a 1.000 millones de euros. Se suponía que iba a reportar 8.000 millones de euros. Este recargo se mantendrá en 2026, pero su tipo se reducirá a la mitad, lo que supone un rendimiento previsto 4.000 millones menos.
Por otra parte, en lo que respecta a los hogares que ingresan más de 500.000 euros al año por pareja, la contribución diferencial sobre las rentas altas (CDHR), que se aplicó en 2025 para garantizar que pagaran al menos un 20 % de impuesto sobre la renta, se prorrogará sin cambios en 2026. Se espera que recaude 1.500 millones de euros el próximo año.
A esto se añadirá un pequeño impuesto sobre las sociedades holding que no afectará a los bienes profesionales, tal y como prometió Lecornu en las últimas semanas. Este impuesto solo reportará unos mil millones de euros a las arcas del Estado.
Este último impuesto debía ser una solución de compromiso con respecto a la famosa tasa Zucman, que lleva el nombre del economista que lo promueve, un impuesto mínimo del 2 % anual sobre patrimonios superiores a 100 millones de euros, y que es reclamado por todos los partidos de izquierda, incluido el Partido Socialista.
Recordemos que la tasa Zucman debía reportar veinte veces más —entre 15.000 y 25.000 millones de euros— que el tímido impuesto sobre los holdings propuesto por el Gobierno Lecornu. “Se ha hecho todo lo posible para salvar a Bernard Arnault y a los multimillonarios franceses”, reaccionó Gabriel Zucman en la red social X.
El aumento de la carga fiscal en este proyecto de presupuesto para 2026 se basa, de hecho, en el tejido económico clásico y en los hogares: se prevé, en particular, una reducción de las desgravaciones de las cotizaciones sociales (desgravaciones generales, exenciones de cotizaciones, ventajas en especie) por un importe de 5.600 millones de euros, según el dictamen del HCFP. Pero también se prevé un recorte de 3.300 millones de euros en ventajas fiscales, principalmente gracias a la fijación de una deducción del 10 % sobre las pensiones de jubilación y a la fiscalización de los ingresos de los estudiantes —algo sobre lo que el Gobierno ya se ha comprometido a volver (ver caja negra)—, los vales de comida y las dietas.
Por último, se prevé recaudar 1.300 millones de euros gracias a un impuesto sobre los paquetes pequeños (procedentes de ventas online de fuera de la UE, ndt) y 1.500 millones de euros adicionales gracias a la lucha contra el fraude.
Previsiones poco sólidas
Dicho esto, todos estos esfuerzos, por muy injustamente distribuidos que estén, podrían resultar inútiles para alcanzar el objetivo de un déficit público del 4,7 % en 2026. De hecho, según estima el HCFP, el escenario económico tenido en cuenta por el Gobierno para elaborar su presupuesto “se basa en hipótesis optimistas, que asocian una importante consolidación presupuestaria a una aceleración de la actividad gracias a una recuperación de la demanda privada”.
Para entendernos, el Gobierno subestima el impacto de su política de austeridad sobre el crecimiento en 2026, porque un menor crecimiento supone menos ingresos fiscales y, por lo tanto, un déficit público que disminuirá menos de lo previsto.
El HCFP añade que la previsión de crecimiento del PIB del Gobierno —del 1 % para 2026— supondría una recuperación de la demanda interna privada cuya magnitud “parece voluntarista habida cuenta del clima general de incertidumbre, en particular para la inversión de las empresas y, en cierta medida, la demanda de los hogares”. Además, las previsiones de aumento de la masa salarial (2,3 %), en la que se basan los ingresos por IVA y cotizaciones sociales, “son un poco elevadas”, añade el HCFP.
Queda por ver si, conscientes de esas incertidumbres, los parlamentarios se pondrán de acuerdo para cambiar el rumbo de austeridad marcado por el proyecto de presupuesto de Lecornu. Recordemos que éste prometió no recurrir al artículo 49.3 durante todo el debate presupuestario. Una novedad en el segundo mandato de Macron.
No obstante, el primer ministro dispone aún de una última baza para imponer su voluntad: alargar los debates para que el Parlamento no pueda aprobar el presupuesto dentro del plazo de tiempo de que dispone: setenta días para el proyecto de ley de finanzas y cincuenta días para el proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social.
En ese caso, Lecornu podría recurrir a decretos y imponer una ley de finanzas para 2026 que sería su proyecto de presupuesto inicial, es decir, el presentado el martes 14 de octubre en el Consejo de Ministros, y cuyo contenido acabamos de describir.
Caja negra
Las concesiones de Lecornu dan la oportunidad al Gobierno de sobrevivir gracias a los socialistas
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Este artículo se actualizó el miércoles 15 de octubre tras las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Roland Lescure, en el programa matinal de RTL, donde aseguró que el Gobierno propondría finalmente no gravar los ingresos de los estudiantes.
Traducción de Miguel López
