La 'tasa Trump' y la baja fiscalidad de las ‘big tech’: cómo poner límites a una nube que vale billones

La fiscalidad en torno a las grandes tecnológicas es un tema que cada cierto tiempo resurge con fuerza en el debate nacional y europeo. Esta vez ha sido la vicepresidenta primera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha vuelto a abrir el melón para pedir un impuesto más alto que ha denominado como “tasa Trump”. La idea, que detallaba la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, es que ese impuesto alcance el 15% para un sector que “ha operado sin reglas durante años y que ha tenido grandes beneficios operando con los datos de la población”, concluía. En el punto de mira están las llamadas big tech o GAFAM: Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta y Microsoft.

Su modelo de negocio en “la nube” y la forma en la que funcionan ha hecho a los sistemas de control caminar siempre un paso por detrás. Por ejemplo, el juzgado de lo mercantil número 15 de Madrid impuso a Meta una sanción de 542 millones por infringir la ley de protección de datos al emplear estos con usos publicitarios y lucrativos. De esta forma, ejercía una competencia desleal con respecto a los medios de comunicación tradicionales, considera la Justicia. Todo es nuevo en este ámbito, desde el modelo de negocio al pago de los tributos. Pero, ¿cómo es la fiscalidad de estas macroempresas que operan, muchas veces, sin presencia física o activos tangibles y que declaran el grueso de sus beneficios en países con ventajas fiscales como Irlanda, Luxemburgo o Países Bajos? 

Datos personales, algoritmos, plataformas, programas informáticos, aplicaciones, derechos digitales… El 8 de octubre de 2021 alrededor de 140 países de todo el mundo se reunieron para revisar las normas aplicables al impuesto de sociedades con un objetivo: “modernizar la fiscalidad de cara a la era digital y mitigar la competencia fiscal mundial”. El planteamiento tenía dos pilares: uno era crear un tipo impositivo efectivo mínimo del impuesto de sociedades del 15% para las empresas multinacionales, que entró en vigor en la Unión Europea en 2024. Pero en el otro pilar surgieron los problemas.

La propuesta pedía conceder a los países donde se encuentran los clientes de las empresas el derecho a gravar una parte de los beneficios, tengan o no presencia física en su territorio estas compañías. Y aquí fue donde Estados Unidos protestó y el acuerdo se estancó. “Este pilar, aún pendiente de aprobar, pretende reasignar parte de los beneficios de las big tech a los países donde realmente tienen usuarios y mercado, pero su implementación está siendo muy lenta por falta de consenso global”, resume Raquel Jurado, economista experta en fiscalidad y miembro del Consejo General de Economistas. De hecho, el presidente de Estado Unidos, Donald Trump, llegó a amenazar con represalias a los países que intenten hacer un seguimiento fiscal más exhaustivo.

Según un informe de la Comisión Europea, Estados Unidos, al que pertenecen la mayoría de las grandes multinacionales tecnológicas, alegó que este acuerdo perjudicaba “desproporcionadamente” a sus empresas. Para ponderar la magnitud de estas big tech (todas ellas estadounidenses) basta decir que juntas —y añadiendo la empresa de software Nvidia y Tesla a la cuenta—, rebasan los 20 billones en capitalización bursátil, una cifra que supera el PIB de China. Pero su alcance se mide también en lo más cotidiano: cuando compramos en Amazon o nos ponemos unos AirPods, cuando abrimos un ordenador, escribimos en un documento o abrimos Instagram. La nube se traduce en datos, algoritmos, plataformas y dinero, de forma que el negocio digital —que tan despistados ha tenido a los sistemas tributarios— se vuelve mucho más tangible. 

Hasta ahora, la estrategia de estas macroempresas ha sido trasladar el grueso de sus beneficios a países con sistemas fiscales beneficiosos, convirtiendo sus filiales en una especie de “clientes” de la compañía matriz, a través, por ejemplo, de la cesión de derechos de propiedad intelectual a las matrices para que luego cobren por ellos. “Las big tech en España tributan principalmente por el Impuesto sobre Sociedades a través de sus filiales, pero normalmente solo por una remuneración limitada, porque la mayor parte del beneficio se declara en otros países (Irlanda, Países Bajos…)”, explica Jurado.

Los números de los cinco gigantes en España

Amazon posee siete filiales en España, pero su matriz europea está en Luxemburgo. En nuestro país, generó el año pasado unas ventas brutas de más de 8.000 millones, 3.350 millones de beneficios y, según sus propios datos, pagó 400 millones de euros en impuestos directos derivados de Sociedades, de la “tasa Google”, de derechos de importación o por la construcción o compra de terrenos. Por su parte, Microsoft, con sede en Irlanda, también cuenta con diversas filiales nacionales. La principal —Microsoft Ibérica— ingresó 1.688 millones y su beneficio después de impuestos fue de 35 millones tras un pago de tasas de 21 millones, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil de Madrid. 

En cuanto a la marca de la manzana, opera en España principalmente bajo Apple Retail Spain y Apple Marketing Iberia. Ambas sociedades dependen de Apple Retail Europe Limited, con sede en Irlanda y controlada, en última instancia, por Apple INC, con sede en California (EE UU). Sus ventas en Europa ascendieron a 33.861 millones, un 11% más que en el año previo, y en España Apple Retail facturó el año pasado 575 millones, ganó 21,4 antes de impuestos y pagó 4,6 en impuestos sobre beneficios, de acuerdo con su depósito de cuentas. Por su parte, Apple Marketing facturó 226,9 millones, obtuvo unos beneficios antes de impuestos de 103 y pagó en impuestos aplicados sobre beneficios 25 millones. 

Meta, que agrupa a Facebook, Instagram o WhatsApp, trabaja en España a través de la sociedad Facebook Spain SL y sus números aquí no suelen ser buenos. En 2023 sus cuentas reflejan unas pérdidas de 36,3 millones, en 2024 (último ejercicio disponible) volvió a ofrecer unas pérdidas de 51 millones, con una cifra de ventas de 73 millones. La actividad de esta filial se ciñe en España, según sus cuentas, al negocio de la publicidad, todo lo demás pasa por su sede europea de Dublín. Sin embargo, la empresa matriz, con sede en California, ganó en conjunto el año pasado 62.360 millones, un 59% más. Su facturación, también de récord, llegó a los 164.501 millones. 

En su último encuentro con la regulación española, Meta ha sido sancionada por emplear los datos de sus usuarios sin consentimiento expreso para fines publicitarios. Algo que contraviene la ley y supone una competencia desleal por el mercado de la publicidad, una práctica abusiva a la que también se pretende poner límites.

Google (Alphabet), por su parte, ha tenido también algunos encontronazos con la Agencia Tributaria. En 2016 y 2017 el fisco les inspeccionó y la filial, centrada también en la venta de publicidad, pagó algo más de tres millones de euros para regular el impuesto de sociedades entre 2011 y 2015. El año pasado, su filial española ganó 78,5 millones de euros, con una cifra total de negocio de 328,5 millones. En impuesto de sociedades pagó, de acuerdo con su depósito de cuentas, 25 millones en 2024. Su matriz, en cambio, ingresó más de 88.000 millones, con un beneficio por encima de los 30.000.

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En el caso de España, se han ido implementando medidas para gravar este tipo de empresas. La más conocida es la denominada “tasa Google”, que entró en vigor en 2021 y acumula una recaudación de 1.122 millones en estos cuatro años. La recaudación está muy por debajo de lo que el Gobierno estimaba en un primer momento (unos 969 millones anuales), pero ha ido aumentando. El último dato disponible en la Agencia Tributaria y relativo a 2024 llegó hasta los 375 millones, un 23% más que en el ejercicio previo. 

Este impuesto se aplica a ingresos derivados de servicios de publicidad en línea (ejemplo), de intermediación online y de transmisión de datos, un ámbito problemático como ya ha dejado claro la reciente multa a Meta. Deben pagarlo las compañías con una cifra de negocio superior a 750 millones y en las cuales el importe total de sus ingresos por servicios digitales del año anterior supere los tres millones de euros. De forma que a las multinacionales que deben abonarlo se les aplica un 3% sobre los ingresos generados por servicios digitales. Este impuesto, explica la economista, “grava las prestaciones de determinados servicios digitales en que exista intervención de usuarios situados en territorio español”, concluye.

La imposición de una nueva tasa, que Sumar pretendía incluir en los presupuestos generales del Estado, aún no es una “propuesta cerrada”, señalan fuentes del Ministerio, pero el debate lleva tiempo sobre la mesa y va más allá de las fronteras nacionales. “La dificultad para subirles más impuestos radica en que España no debería actuar unilateralmente: las normas de fiscalidad internacional deberían ser coordinadas”, señala la experta. Y concluye que “una vía realista” para hacerlo sería lograr una “coordinación a nivel internacional”.