Este lunes la ministra de Industria, Reyes Maroto, presentó en Zaragoza –sede de PSA y hasta 2017 de General Motors– el Plan de Choque de movilidad sostenible, segura y conectada. Un plan de 10.000 millones de euros que corresponde a los fondos de reconstrucción europeos, llamados Next Generation EU, de los que España obtendrá 72.000 millones en transferencias directas hasta 2023.

El plan, basado en relanzar el coche eléctrico y demás vehículos limpios y toda la logística que rodea al que en teoría va a ser el automóvil del futuro, fue acogido con frialdad por un sector que de enero a octubre ha vendido un 40% menos de coches que el año pasado. Pero ya desde antes de la presentación las grandes empresas del Ibex se mueven entre bambalinas para conseguir parte del maná europeo. 

Uno de esos movimientos lo protagonizan BBVA, el segundo banco del país, e Iberdrola, primer grupo energético español. La entidad financiera y la multinacional eléctrica se han aliado en los últimos días con la patronal de los concesionarios de las grandes marcas, Faconauto. Así lo ha podido confirmar infoLibre.

Las tres entidades trabajarán conjuntamente para captar el máximo dinero posible del Plan de Choque de Reyes Maroto, especialmente la parte que pretende impulsar el coche eléctrico en España y, de paso y según la opinión de la ministra, "la competitividad de la industria automovilística española". Uno de los puntos del plan será desplegar masivamente infraestructuras y puntos de recarga para el vehículo eléctrico, uno de los intereses de Faconauto, BBVA e Iberdrola. 

De hecho y según ha podido saber este medio, entre las propuestas que esta alianza coyuntural maneja está la de llevar puntos de carga a las casas. Parece que de momento las únicas viviendas particulares que contarán con estos enchufes serán los chalés unifamiliares, aunque también se estudia la posibilidad de extender los puntos de carga a los bloques de pisos. 

Faconauto dice que no puede confirmar su unión con banco y eléctrica. "Faconauto trabaja habitualmente con esos y otros socios estratégicos para trasladar a los concesionarios las mejores opciones en este momento tan volátil", resalta un portavoz. "Ahora se han redoblado los esfuerzos para, efectivamente, captar esos fondos europeos, donde los concesionarios tienen mucho que decir. Estamos hablando con muchas empresas y Administraciones Públicas". Ni BBVA ni Iberdrola han hecho declaraciones.

No solo habrá puntos de recarga. El Plan de Industria abarca las Zonas de Bajas Emisiones (modelos tipo Madrid Central con restricciones de acceso a los vehículos), desarrollar nuevos modelos de negocio –como el vehículo eléctrico– y la innovación del sector o modernizar el parque público de vehículos limpios. En todo lo anterior el Gobierno destinará 6.000 millones de euros. 

Otros 1.500 millones se destinarán a fomentar la llamada Ruta del Hidrógeno que Industria ya presentó en octubre y que persigue que España alcance la neutralidad climática y un sistema eléctrico 100% renovable no más tarde de 2050. Y más de 1.200 millones que también irán para, en palabras de la ministra, proyectos estratégicos para la transición industrial, es decir: "Modernizar el ecosistema nacional de la industria de automoción, mediante la digitalización, el impulso de la conectividad 5G y la mejora de la eficiencia energética de la cadena de valor".

Cambiar unos coches por otros

La apuesta de Industria de momento no entra en muchos detalles. Y varios expertos apuntan a varios problemas con el plan. "Las ciudades necesitan un cambio de modelo en su movilidad urbana para hacer frente a los retos, no solo de la descarbonizacion del transporte, sino también de esa pandemia perenne que es la contaminación atmosférica, acústica y la ocupación del suelo por el coche", defiende Álvaro Fernández Heredia, ideólogo de Madrid Central durante la Alcaldía de Manuela Carmena y ahora gerente de la empresa municipal de autobuses del Ayuntamiento de Valladolid. "Esto no consiste en cambiar unos coches por otros para que se vendan más coches, autónomos, eléctricos pero coches al fin", lamenta.

Fernández Heredia cree que hay aspectos del plan que "dedican muy buenas palabras a este objetivo" pero que "a la hora de dedicar esfuerzo inversor con fondos públicos, la apuesta es rescatar la industria del automóvil con dudoso criterio y más dudoso resultado". 

Otro conocedor del sector revela su temor a que los fondos vayan destinados a "la industria y no a los países". "Si fuera a los países y se hiciera una apuesta decidida, España apostaría por cambiar el modelo productivo de automoción. El problema es que somos uno de los principales productores y ensambladores de vehículos de Europa pero la matriz está fuera, en Alemania o Francia. Y el cambio tecnológico ocurre en la matriz, en la sede social, no en las factorías deslocalizadas". España es el segundo productor europeo al fabricar 2,5 millones de automóviles en 2019, solo superado por Alemania (4,6 millones) pero por delante de Francia (2,2 millones). 

La economista Natalia Arias, conocedora de la automoción española, coincide con el último diagnóstico. "La crisis del covid-19 ha afectado mucho al sector y ha supuesto en definitiva una presión suplementaria que ha dejado al descubierto las consecuencias de renunciar a una industria nacional propia", deplora Arias. "Los grandes grupos transnacionales llevan a cabo estrategias globales: Volkswagen que agrupa a Audi, Škoda, Seat, Porsche entre otros; PSA reagrupa a Opel, Peugeot, Citroën; Grupo Renault, la americana Ford, etcétera. En España no se toma ninguna gran decisión estratégica que afecte a la industria automovilística".

El caso de Nissan en la Zona Franca

"Las consecuencias son, de facto, una ardua competencia entre Estados y entre trabajadores", prosigue Natalia Arias. "Los países pugnan entre ellos para ofrecer condiciones favorables para que las empresas mantengan la producción en sus países y elijan a sus plantas como centros de sus estrategias de electrificación, si bien la realidad muestra que, en momentos de dificultad, por más inversiones que se hayan dado, no garantiza el mantenimiento de la producción". Esto último es lo que ha pasado con el caso de Nissan y su planta en la Zona Franca de Barcelona, que será desmantelada. 

Otro temor subyace detrás de la intención de BBVA e Iberdrola: que el Ibex acapare casi todos los fondos de reconstrucción europeos. El banco y la eléctrica tienen varios frentes abiertos en diversos sectores, más allá de la automoción, para sacar el máximo partido al dinero comunitario. 

Una de las preocupaciones del Gobierno de coalición es cómo gastar eficazmente 72.000 millones de euros de ayudas directas hasta 2023, una cantidad derivada de los fondos europeos por valor de 750.000 millones a raíz del pacto tras la histórica Eurocumbre que tuvo lugar entre el 17 y el 21 de julio para combatir la crisis del coronavirus. A España le corresponde esa cuantía, y después podría optar a otros casi 70.000 millones en préstamos asequibles. Un éxito político y diplomático que, sin embargo, no está exento de fake news a pesar de que las contrapartidas de las transferencias y los créditos continúa negociándose a tres bandas entre el Consejo, la Comisión Europea y la Eurocámara. 

Uno de los mantras que más se repiten entre los detractores del Gobierno con relación a los fondos de reconstrucción es el de la condicionalidad: Europa obligaría a hacer duras reformas similares a las de la anterior crisis a cambio de percibir el maná multimillonario. El último en este sentido ha sido el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Preguntado por La Vanguardia acerca de la reforma laboral que el Ministerio de Trabajo quiere negociar cuanto antes con los agentes sociales, Garamendi corrigió y habló de una "contrarreforma". El líder patronal defendió la negociación colectiva, aludió a la situación de "bares" y "comercios" y se refirió a la condicionalidad."

"Hay que tener tranquilidad para hablar de la reforma laboral", dijo. "Tratarla con más calma. Pero debemos tener presente que estamos hablando de 140.000 millones que vienen de Europa y nadie se está queriendo acordar de que Europa nos está diciendo que hay que emprender también reformas, sobre las pensiones o la modernización del mercado laboral".

La realidad es que jamás se ha sugerido algo parecido desde que en verano se alcanzara el acuerdo en el Consejo Europeo, a pesar de los deseos de los países frugales (Austria, Suecia, Dinamarca, Países Bajos). "La evaluación de la Comisión considerará si las inversiones y reformas contienen, entre otras, medidas que contribuyan eficazmente a la transición verde y digital", indica a infoLibre un portavoz de la Comisión Europea. También habrá, añade el portavoz, apuntes o apercibimientos a cada Estado miembro en función de los "desafíos identificados en las recomendaciones específicas de cada país"; y además, los planes de recuperación y resiliencia -presentados antes del 15 de octubre- deberán "reforzar el crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia económica y social" de cada uno de los 27 miembros de la UE.  

En otras palabras, no existe ninguna referencia a ajustes, que en la jerga bruselense significaron durante toda la pasada década recortes presupuestarios para encajar la deuda y el déficit con los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Las directrices del pacto han quedado suspendidas por parte del Ejecutivo comunitario que preside Ursula Von der Leyen al menos hasta 2022. Esta decisión es la que ha permitido al Gobierno suprimir temporalmente la regla del gasto a las distintas administraciones públicas territoriales durante el mismo periodo para que puedan gastar lo que consideren y dispongan.   

La suspensión de las reglas fiscales comunitarias impiden cualquier tipo de reforma laboral o de las pensiones al menos durante dos años. Pero es que además la intención de derogar, parcial o totalmente, la reforma laboral de 2012 por parte de Trabajo responde a criterios políticos: ya antes de la pandemia y del decreto de estado de alarma, las negociaciones para derogar parte de la reforma laboral estaban muy avanzadas en marzo pasado. Además, las recomendaciones del Pacto de Toledo sobre pensiones han pasado todos los trámites con una unanimidad en el Congreso y el Senado rara vez vista en los últimos tiempos, por lo que la posibilidad de reformar las pensiones en España parece muy remota. 

"El instrumento de recuperación y resiliencia tiene como objetivo apoyar las reformas e inversiones en la UE, para hacer nuestras economías más verdes, más digitales y más resilientes", agrega el portavoz de la Comisión Europea. "Permitirá que la Unión se recupere de forma equilibrada, progresista y sostenida". Según la Comisión, "corresponde a los Estados miembros proponer las diversas reformas e inversiones que quieran emprender, en función de su situación nacional. Esto realmente debe ser una iniciativa de los Estados Miembros". 

Historia de la "condicionalidad"

El pasado acuerdo de julio multiplicó los comentarios sobre las reformas a acometer a cambio del dinero europeo. Pero a pesar de que la referencia existió, nunca hubo ninguna alusión directa a ningún tipo de medida concreta. Según el punto número 23 del texto, habría un "régimen de condicionalidad para proteger el presupuesto de la UE y los fondos del plan Next Generation. En este contexto, la Comisión propondrá medidas en caso de infracciones que serán adoptadas en el Consejo por mayoría cualificada". 

En septiembre el Ejecutivo comunitario envió a los Veintisiete una guía con recomendaciones antes de remitir sus borradores presupuestarios. La guía no tiene nada que ver con los últimos diez años de reformas y ajustes. Ni pide tocar pensiones o mercado de trabajo. 

Las recomendaciones de la Comisión Europea gravitaban en torno a tres ejes. "La aplicación de leyes anti-blanqueo, anti-fraude y anticorrupción", las reformas "vinculadas a mejorar el clima de negocios, a una eficaz Administración Pública y un eficaz sistema judicial" que incluye el respeto al Estado de derecho por el cual Polonia o Hungría se hayan en el ojo del huracán y, tercero, la lucha contra la evasión fiscal. 

Pero el Parlamento Europeo ni siquiera está de acuerdo con la mención de "condicionalidad" en el acuerdo de julio, y presiona en las reuniones trilaterales al Consejo (presidido por el belga Charles Michel) para suprimir esa referencia. Una amplia mayoría está a favor, y al frente de esa batalla está la eurodiputada socialista vasca Eider Gardiazábal. 

En estos momentos hay una lucha entre, por un lado, Hungría y Polonia contra el resto para que el reparto de fondos no vaya condicionado al cumplimiento del Estado de derecho (y Bruselas ya ha dicho que no ve ningún problema ni en la reforma del CGPJ ni en el plan del Gobierno contra las fake news, por citar dos casos relacionados con el Estado de derecho); por otro lado, la negociación entre los países frugales y el resto se sigue produciendo entre bambalinas, aunque la balanza no se decanta desde luego del lado de los guardianes de la ortodoxia fiscal. Ni tampoco del lado del presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi. 

El 29 de julio pasado el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la disolución de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas (Aeval), el organismo nacional encargado de analizar la pertinencia y eficacia de las actuaciones de la Administración. Por ejemplo, si a Castellón le convenía más un aeropuerto que una autovía o un tren de alta velocidad, o para qué hacían falta las autopistas radiales de Madrid ahora en quiebra, o si son necesarias determinadas líneas de AVE.

Creado en 2007, la Aeval desaparece obligada por la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público de 2015, que ordenó suprimir las agencias estatales. Pero su extinción no significa que vayan a dejar de evaluarse las políticas públicas. El Gobierno promete sustituirla por un Instituto para la Evaluación de las Políticas Públicas, adscrito a la Secretaría de Estado de Función Pública del Ministerio de Hacienda, y con nivel orgánico de Subdirección General. Su labor se centrará “especialmente en los ámbitos educativo, sanitario y social”.

La Aeval fue el primer y hasta ahora único organismo nacional dedicado a evaluar las políticas públicas. Aunque ha tenido una actividad más bien escasa y casi ningún protagonismo. “Ya tenemos una Ley de Transparencia y otra de Participación Ciudadana, la tercera pata para que se sostenga la mesa debería ser una Ley de Evaluación”, explica gráficamente José Luis Osuna, presidente de la Sociedad Española de Evaluación y miembro del Consejo Rector de la Aeval. A su juicio, la evaluación de las políticas públicas es “una exigencia” del propio sistema democrático para ser “más transparente y eficiente”. Pero, desgraciadamente, la ciudadanía la desconoce y apenas existe como “cultura administrativa”. “Los funcionarios deben entender que la evaluación no es una herramienta coercitiva, no está para juzgarlos, porque no somos interventores ni el Tribunal de Cuentas, sino que sirve para mejorar las políticas económicas”, describe Osuna en un intento por explicar en qué consiste la evaluación. Más allá del mero análisis cuantitativo y de impacto, destaca, es una “herramienta de ciencia social, que debe preguntar a los beneficiarios de las políticas públicas y debe hacerse de forma participativa, para elaborar una política económica integral”.

En España, además de la Aeval, sólo existe otro organismo similar autonómico, en Cataluña, Ivàlua, creado en 2008 bajo la forma de un consorcio público, que integran la Generalitat, la Diputación de Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra, el Consell Interuniversitari de Catalunya y el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. En Navarra llegó a constituirse un Servicio de Evaluación que desapareció con la crisis y los recortes presupuestarios. Y en Baleares una ley de 2011 creó la Oficina de Evaluación Pública, que no ha llegado a hacerse realidad. Sí que funcionan sistemas de evaluación sectoriales, como la Agencia Nacional de Calidad y Acreditación (Aneca), para enseñanzas, profesores e instituciones de la educación superior, y el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación para la educación primaria y secundaria. La Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud examina la sanidad y una Subdirección General supervisa las políticas de cooperación al desarrollo.

En conclusión, según señala Blanca Lázaro, que fue directora ejecutiva de Ivàlua, en un estudio elaborado para el programa Eurosocial de la UE, el grado de desarrollo institucional de la evaluación de políticas públicas se encuentra en España “entre los más bajos de la OCDE”. José Luis Osuna apunta que a España la evaluación llegó “muy tardíamente”. Recibió un fuerte impulso por la recepción de fondos estructurales de la Unión Europea a partir de los años 90. Ahora, con la aprobación del Programa de la UE para el periodo 2014-2020, se han incluido evaluaciones ex anteex ante. “Aunque son muy burocráticas y muy formalistas”, matiza Osuna, “ya no son sólo evaluaciones cuantitativas de impacto al final, ahora también se analiza el diseño –ex ante–, la gestión –análisis intermedio– y los resultados –ex post– de las políticas”.

“Los países con prácticas institucionales de evaluación más consolidadas son los calvinistas”, asegura el presidente de la Sociedad Española de Evaluación, “en la Europa mediterránea hemos asumido la evaluación un poco a palos, cuando con los fondos Feder nos obligaron a supervisar su utilización”.

La evaluación, país a país

En Europa, según los países, la evaluación es competencia de agencias interministeriales en unos países o, en otros, de agencias especializadas, sobre todo en políticas sociales –empleo, dependencia–, “pero nunca en defensa, por ejemplo”, lamenta José Luis Osuna.

En Reino Unido e Irlanda se han dedicado al impacto regulatorio especializado y la supervisión se ha fragmentado en unidades de evaluación en la sanidad y en las oficinas de empleo. Pero también existen organismos centralizados. En 2010, detalla el estudio de Blanca Lázaro, se creó el Behavioural Insights Team, primero adscrito al Gabinete del primer ministro pero semiprivatizado desde 2013. El Government Social Research Service (GSRS) es una red de investigación pluridisciplinar con miembros en los principales organismos del Gobierno. Además, en 2013 David Cameron puso en marcha la red WhatWorkCentres, formada por centros especializados en políticas educativas, de salud pública, servicios penitenciarios, desarrollo local e intervención social temprana.

En Alemania las políticas de empleo las evalúa el Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), adscrito a la Agencia Federal de Empleo (BA) pero independiente. Fue creado en 1967 y analiza la mejora de las perspectivas de empleo y de la empleabilidad de los parados, así como los costes y beneficios de los programas. Por lo que se refiere a la educación, el principal evaluador es el Deutsche Institut für Internationale Pödagogische Forschung, mientras que en los Länder se encargan de la tarea institutos de investigación asociados a universidades locales. Otro instituto, asociado a la Universidad Humboldt de Berlín, desarrolla estándares educativos.

En Suecia, hay agencias dependientes de cada ministerio, indica Osuna, pero también se crean comisiones ad hoc para evaluar una determinada política públicaad hoc, apunta Blanca Lázaro. Para la evaluación externa de las políticas del gobierno existen organismos independientes como Riksrevisionen (Oficina Nacional de Auditoría) o la Ekonomstyrningsverket (ESV), una agencia adscrita al Ministerio de Finanzas responsable de la gestión eficiente del Presupuesto.

En Francia, la Asamblea Nacional cuenta con tres dispositivos: la Mission d’Évaluation et de Contrôle (MEC), que controla la eficiencia del gasto público; la Mission d’Évaluation et de Contrôle des Lois de Financement de la Sécurité Sociale (MECSS), que supervisa el uso dado a los fondos de la Seguridad Social, y el Comité d’Évaluation et de Contrôle (CEC), que examina las políticas públicas cuando afectan a más de una comisión parlamentaria.

En Holanda, cada ministerio o agencia cuenta con sus propias unidades internas de evaluación, todas ellas coordinadas por el Ministerio de Finanzas. A partir de los años 80, el Tribunal de Cuentas comenzó a realizar metaevaluaciones, que analizan la calidad de los análisis elaborados por los ministerios.

En Bélgica, por el contrario, la evaluación de políticas públicas es “escasamente sistemática y dispersa”, lamenta Blanca Lázaro. Aunque está más desarrollada en Valonia, que cuenta con una Societé Wallonne d’Évaluation (SWEP) y un Institut Wallon de l’Évaluation, de la Prospective et de la Statisque (IWEPS).

En Italia, se creó en 2009 la Commissione per la Valutazione, la Transparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), adscrita al Parlamento. Fue absorbida en 2014 por la Autorità Nazionale Anticorruzione pero, según Blanca Lázaro, no ha desarrollado una actividad evaluadora relevante. Además, para fiscalizar el uso de los fondos estructurales de la UE, se crearon unidades de evaluación en todas las regiones y ministerios que los recibían, así como una red de evaluación.

“No hay un modelo ideal”, advierte José Luis Osuna, quien, en cualquier caso, tiene sus preferencias. El organismo evaluador de Nueva Zelanda es el “más independiente”, resalta, pero se dedica sólo a examinar políticas sociales. En Estados Unidos la Government Accountability Office (GAO) también es muy autónoma, asegura, y depende del Congreso. Para España, propone que se apruebe primero una ley de evaluación, que establezca la metodología que se va aplicar. Después, que se cree una entidad dependiente del poder legislativo, y finalmente, que se abran pequeñas unidades de evaluación en cada ministerio u organismo, dotadas con funcionarios bien formados.

El Gobierno no responderá en sede parlamentaria sobre el supuesto uso de fondos reservados del Estado para silenciar una relación entre el rey emérito Juan Carlos I y la vedette Bárbara Rey. La Mesa del Congreso de los Diputados se ha negado a admitir a trámite una pregunta parlamentaria del diputado de IU Ricardo Sixto -que se encuadra en el grupo parlamentario de Unidos Podemos- al respecto, argumentando que, al afectar el asunto a fondos reservados, no podría ser debatido en el pleno del Congreso, y recordando que la figura del rey es inviolable. Esta negativa se une a la que ya se hizo pública el viernes, cuando la Mesa inadmitió varias preguntas de Joan Mena, diputado de En Comú Podem, sobre el mismo tema.

Sixto registró la iniciativa el pasado 18 de enero, unos días después de que se hicieran públicas varias informaciones que aseguraban que el Estado utilizó parte de sus fondos reservados para comprar el silencio de Bárbara Rey con respecto a su supuesta relación con el ahora monarca emérito, que entonces ejercía las funciones de jefe del Estado. La pregunta parlamentaria del diputado de Unidos Podemos al Gobierno era la siguiente: "¿Tiene constancia el Gobierno de que entre 1996 y 1997 se utilizaron fondos reservados para comprar el silencio y la discreción de una conocida actriz que mantenía una relación con el rey don Juan Carlos?".

Pero la cuestión no tendrá que ser respondida por el Gobierno, ya que la Mesa del Congreso -en la que tienen mayoría el PP y Ciudadanos– decidió no admitirla a trámite, tal y como hizo con las cuestiones de Mena. Según argumenta el órgano de gobierno de la Cámara baja en su respuesta a Sixto, a la que ha tenido acceso infoLibre, la pregunta no puede ser formulada al Ejecutivo porque los temas que afecten a fondos reservados deben ser tratados "a través de la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados".

Asimismo, la Mesa le recuerda a Sixto "la previsión del artículo 56.3 de la Constitución, por la que se establece que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad". Básicamente, ese artículo de la Carta Magna impide que el monarca sea sometido a ningún proceso judicial.

El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, ha advertido este lunes al Gobierno de España de que tendrá que presentar un nuevo presupuesto para 2017 "mucho antes" que a finales de año y de que tendrá que cumplir su compromiso de recortar unos 5.500 millones de euros, según ha informado Europa Press.

Tras la reunión de ministros del Eurogrupo, el comisario francés ha explicado que el nuevo Ejecutivo debe presentar "muy rápidamente" un nuevo plan presupuestario y que este debe llegar "mucho antes" que a finales de año. Además, ha subrayado que "los compromisos sobre déficit estructural deben cumplirse".

La nueva senda fiscal de España establece un objetivo de déficit del 3,1% para 2017 y un esfuerzo estructural para el próximo año del 0,5% del PIB, lo que supone un recorte de unos 5.500 millones de euros.

A su llegada al encuentro, el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis De Guindos, ha apuntado que el crecimiento del PIB este año será mayor de lo proyectado inicialmente, lo que permitirá cumplir "holgadamente" con el objetivo de déficit público de este año (4,6%) y facilitará el de 2017 (3,1%).

En este contexto, el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, ha mostrado su confianza en que De Guindos "sea capaz de producir un presupuesto pleno en un plazo razonable de tiempo, aunque ha evitado ser más preciso. "Si son dos semanas o tres semanas, no sé, eso se lo dejo al Gobierno español y a la Comisión, pero no creemos un problema donde no lo hay", ha manifestado.

Así, Moscovici ha afirmado que "la respuesta del presidente del Eurogrupo es perfecta", antes de apuntar que no existe una fecha límite pero que su deseo es que el Ejecutivo presente el nuevo presupuesto "rápidamente".

Además, preguntado por la congelación de fondos estructurales, el comisario socialista ha reiterado que la Comisión Europea puede proponerla y al mismo tiempo levantar la sanción, pero siempre que España haya demostrado que ha aprobado "acciones efectivas" para corregir el desvío de las cuentas públicas.

Supervisión tras el rescate

El Ejecutivo comunitario ha informado al Eurogrupo sobre las conclusiones de la sexta misión de supervisión del rescate bancario de España. En este sentido, el ministro holandés ha subrayado que muestran una "fuerte" recuperación de la economía y una estabilización del sector financiero.

"Hemos debatido si la recuperación se debió a que España no ha tenido Gobierno", ha bromeado Dijsselbloem, antes de indicar que en cualquier caso se trata de "buenas noticias" y de felicitar al titular español de Economía por ello.

A su vez, Moscovici ha señalado que el sector financiero sigue mostrando un un "alto grado de estabilidad" gracias a los bajos costes de financiación y a la fortaleza de la recuperación. También ha destacado la "sólida expansión" de la economía en la primera mitad del año y la caída de la tasa de desmpleo, aunque el nivel sigue siendo "demasiado importante".

Finalmente, el director ejecutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), Klaus Regling, ha afirmado que la devolución anticipada voluntaria de 1.000 millones del rescate es "una buena señal" que demuestra que "el programa ha funcionado" y que "España tiene buen acceso a los mercados".

La Comisión Europea informará el próximo lunes a los ministros de Economía y Finanzas del Eurogrupo sobre el "diálogo estructurado" con el Parlamento Europeo en relación a la posible congelación de fondos a España y Portugal por haber incumplido el objetivo de déficit del pasado ejercicio, según ha informado Europa Press.

El Ejecutivo comunitario debe presentar una propuesta para suspender parte de los fondos estructurales y de inversión de ambos países para 2017 tras el incumplimiento de sus objetivos en 2015. Antes deberán consultarlo con el Parlamento Europeo, aunque la opinión de este no sea vinculante.

Así, un alto funcionario del Eurogrupo ha asegurado que espera que Bruselas exponga brevemente sus conclusiones tras esta primera sesión en el Parlamento Europeo "para que los ministros tengan una mejor apreciación" sobre la cuestión. En cualquier caso, las mismas fuentes han recordado que el diálogo con la Eurocámara es únicamente un "requisito legal" antes de que la Comisión pueda seguir adelante.

El vicepresidente del Ejecutivo comunitario responsable de Empleo y Crecimiento, Jyrki Katainen, y la comisaria de Política Regional, Corina Cretu, defendieron el pasado 3 de octubre ante las comisiones parlamentarias de Asuntos Monetarios y de Desarrollo Regional que el Ejecutivo comunitario está "legalmente obligado" a congelar parte de estos fondos. Sin embargo, la mayoría de los grupos políticos rechazaron esta posibilidad, que algunos eurodiputados tacharon de "absurda", y pidieron a Bruselas que reconsiderara su posición.

Continuar el diálogo

Tras este primer encuentro, la Eurocámara decidió continuar con el diálogo estructurado al considerar necesario recabar más información sobre la suspensión de los fondos. Por este motivo, los líderes de los grupos parlamentarios y el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, han afirmado que invitarán a una nueva audiencia a los ministros de Economía de España y Portugal, y que posteriormente decidirán sobre los siguientes pasos.

La Comisión Europea, por su parte, no se plantea presentar su propuesta sobre la congelación de fondos hasta que el Parlamento Europeo de por cerrado el "diálogo estructurado". En cualquier caso, el Ejecutivo comunitario ha aclarado que levantará "inmediatamente" la suspensión de fondos una vez que certifique que España ha tomado medidas efectivas para corregir el desvío de sus cuentas públicas. A este efecto, el Gobierno en funciones deberá presentar, antes del 15 de octubre, una batería de medidas y el borrador presupuestario para el próximo año.

Un déficit público "un poco superior"

El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, ha trasladado al comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la UE, Pierre Moscovici, que el borrador presupuestario que el Gobierno en funciones enviará a la Comisión Europea a mediados de octubre proyectará un déficit público "un poco superior" al objetivo marcado para 2017.

El ministro ha informado a Moscovici de que el Gobierno en funciones presentará unos Presupuestos "sin cambios" de política que contemplarían un déficit "algo superior" al previsto en 2017, pero no "muy lejano" de los objetivos comprometidos con Bruselas.

Para este año el Gobierno da por seguro que se podrá cumplir el objetivo del 4,6% comprometido.

El texto pasó prácticamente desapercibido durante su tramitación el pasado 30 de abril en Estrasburgo (350 votos a favor y 263 en contra). Se trataba de un informe árido del Parlamento, similar a los cientos de ellos que elabora la institución en cada legislatura, consagrado en esta ocasión a la actividad del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en 2013. Los eurodiputados examinaron, como deben hacer con carácter anual, el balance de un banco, cuya existencia es muy poco conocida por los ciudadanos.

En el punto 34 de esta resolución, el Parlamento Europeo “lamenta que el BEI haya apoyado algunos proyectos de infraestructura que han resultado ser inviables e insostenibles”. El texto cita explícitamente el caso de la circunvalación Passante di Mestre, una autopista del Norte de Italia cuya financiación suscita gran preocupación entre diversos colectivos y algunos eurodiputados. Estos recuerdan que “las autoridades italianas todavía siguen realizando investigaciones” y reclaman al BEI que “deje de financiar este proyecto”.

El escándalo, que apenas ha tenido repercusión fuera de Italia, vuelve a poner de actualidad una cuestión fundamental, la capacidad de Europa para impulsar la economía, tal y como viene prometiendo desde hace años. El BEI, ¿es capaz de asumir el papel de motor de reactivación económica que le encomendó el año pasado Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión, en su famoso Plan de los 315.000 millones de euros? La cuestión puede parecer técnica, pero en el contexto italiano está de rabiosa actualidad. Algunos de los nuevos mecanismos financieros desarrollados por el BEI, especialmente opacos, ¿suponen un regalo para las mafias, dirigidos a blanquear dinero como quien no quiere la cosa? La UE ¿está alimentando indirectamente sistemas corruptos a gran escala y la delincuencia organizada, que gangrenan la economía italiana?

Por anecdótico que pueda parecer sobre el papel, el caso Passante di Mestre plantea todos estos interrogantes. En opinión de los comités ciudadanos, se trata del tramo de autovía más caro de Europa. Sus 32,3 km de asfalto han costado 1.220 millones de euros a los contribuyentes italianos, es decir, a razón de 38 millones el kilómetro. Esta circunvalación se ideó para descongestionar el tráfico rodado en la zona de Mestre, al sur de Venecia. Para sus detractores, se trata de la enésima infraestructura inútil. Aunque, eso sí, sus promotores han logrado que se considere una obra estratégica para Italia con el objetivo de conseguir partidas presupuestarias adicionales y acelerar los procesos de adjudicación de las obras.

La Passante di Mestre no ha tardado en convertirse en el agujero negro de las finanzas públicas de la República italiana. La región de Venecia y la empresa de autovías que han financiado las obras entregaron la gestión a una empresa ad hoc, la CAV (Concessionarie Austrostrade Venete), que tiene por única misión absorber por todos los medios la deuda de esta infraestructura… que sigue sin ser rentable. Desde 2008, los precios de los peajes no han dejado de aumentar, medida insuficiente para equilibrar el balance. Ante la imposibilidad de lograrlo por sus propios medios, la empresa ha mirado a Europa. Un procedimiento muy conocido por los italianos, que se encuentran entre los principales beneficiarios de los préstamos del Banco Europeo de Inversiones, el BEI.

La cosa no queda aquí. Algunas de las empresas que participaron en las obras en el 2000 están en el punto de mira de la Justicia italiana. Especialmente, la empresa Mantovani SpA, que participó en la construcción del vial y ha resultado estar en el centro del llamado sistema veneciano, un sistema de corrupción y de licitaciones amañadas a gran escala desmantelado por la Fiscalía de Venecia en 2014. “El proyecto de la circunvalación Passante di Mestre es peligroso”, asegura a Mediapart el eurodiputado italiano Marco Zanni, miembro del Movimiento 5 Estrellas (M5S), uno de los representantes en el Parlamento que sigue de cerca el caso desde Bruselas. “Hay una investigación abierta sobre los vínculos de las subcontratas con el crimen organizado. Y, desde un punto de vista económico, este proyecto no es en absoluto sostenible. Todo el plan de negocio se elaboró a partir de previsiones de tráfico erróneas. La prueba está en que no dejan de refinanciar la deuda de la empresa, una y otra vez”, señala.

En abril de 2013, el BEI ya prestó 350 millones de euros a la empresa encargada de la gestión de la circunvalación Pasante di Mestre. Y ahora se dispone a refinanciar la obra a través de su instrumento innovador estrella, los project bonds (bonos de proyecto). Concretamente, la CAV va a emitir una obligación –de deuda– que saldrá a la venta en los mercados. De esta forma, espera obtener entre 700 y 900 millones de euros. El BEI avala en torno al 20% del valor de las obligaciones, para así tranquilizar a los operadores de los mercados. Con el fin de despertar un poco más el apetito, el Gobierno de Renzi ha aprobado ventajas fiscales vía el decreto Sblocca Italia (Desbloquear Italia), de modo que estos bonds tributan al 12,5%, como los bonos del Tesoro, y no al 25%.

desde la olaf, Nada que reseñar

La emisión de estas obligaciones tendría que haberse realizado a finales de febrero, según el calendario adelantado por el diario La Repubblica en enero, pero se acumulan los retrasos. La presión ejercida por el Parlamento Europeo a finales de abril es posible que cambie las cosas, algo que no disgustaría a las organizaciones que siguen de cerca la cuestión desde hace varios años. Para dos de ellas, entre las más activas, Re:Common y Opzione Zero, el peligro es real, ya que estos project bonds pueden servir para refinanciar una deuda en parte vinculada a prácticas ilegales y a la corrupción en el Norte de Italia.

Estas alertas no son nuevas. Ya en marzo de 2011, el Tribunal de Cuentas italiano expuso sus dudas sobre el sobrecoste del proyecto Passante di Mestre. El presupuesto inicial estimado de 2003 era de 750 millones de euros. La CAV debe reembolsar ahora del orden de 1.220 millones. El organismo fiscalizador de cuentas subrayaba también, sin rodeos, la falta de control por parte de las autoridades y el riesgo de infiltraciones mafiosas a través de los concursos de licitaciones dirigidas a subcontratas. En 2013, cuando el BEI aportó la financiación inicial, algunos participantes en la construcción del vial ya estaban en el punto de mira de los magistrados.

Los colectivos sociales se dirigieron a la Oficina de Lucha contra el Fraude de la Unión Europea (Olaf), que les respondió en marzo de 2014 que no había encontrado elementos suficientes para abrir una investigación sobre el empleo de fondos europeos en este proyecto. “El análisis del informe del Tribunal de Cuentas de marzo de 2011 no ha suscitado preocupaciones particulares con relación a la existencia de un posible fraude en el proyecto. No se ha podido establecer vinculación alguna entre las alegaciones de fraude fiscal actualmente investigadas por las autoridades judiciales nacionales y el proyecto financiado por el BEI”. La carta está firmada por el italiano Marco Pecoraro, antiguo guardia de Finanzas (agente de aduanas de Italia) y en la actualidad, asesor de Giovanni Kessler, otro italiano, el todopoderoso director general de la Olaf.

Tres meses después de que este organismo enviase esta carta, que tranquilizaba a los colectivos denunciantes, una ola de arrestos consternaba Venecia. El 6 de junio de 2014, las autoridades judiciales investigaban a un centenar de personas. Los magistrados llevaban tres años estudiando los balances de empresas privadas y concesionarias implicadas en el famoso sistema veneciano. Cajas negras, malversación de fondos públicos, facturas falsas. Fueron detenidas 35 personas. Entre ellas, el alcalde de Venecia, Giorgio Orsoni, próximo al Partido Demócrata (de centroizquierda, en el poder en Italia) –forzado a dimitir– y el asesor regional de infraestructuras Renato Chisso (Forza Italia, derecha). Las autoridades judiciales se incautaron de 40 millones de euros.

Entonces, el caso provocó gran revuelo en Italia. La Justicia sacó a la luz un sistema de licitaciones dudosas vinculadas con la ejecución del MOSE, la red de diques móviles dirigidos a proteger Venecia de la erosión provocada por la llamada acqua alta –las altas aguas que inundan el centro de la ciudad–. Este proyecto, bien conocido por los venecianos, se financiaba en parte con dinero europeo (1.500 millones de euros del BEI). En las 711 páginas de que consta la investigación judicial de 2014, figuraba que la empresa Mantovani SpA, en el núcleo del sistema veneciano, contaba con una caja negra de 20 millones de euros para garantizarse las obras públicas. Esta empresa también participó en la construcción de la circunvalación Passante di Mestre.

“Esperábamos que la opinión pública reaccionase al saltar el escándalo del MOSE y del Sistema veneto, pero asistimos a una especie de inmovilismo anestesiante. La resignación es total, a pesar de este terremoto institucional, los políticos no han cambiado, preocupados como están por las elecciones regionales del mes de mayo”, lamenta Rebecca Rovoletto, de Opzione Zero.

Con este panorama, refinanciar una y otra vez la circunvalación Passante di Mestre parecía una apuesta arriesgada. “Para empezar, lo mínimo tendría que ser realizar una investigación para ver qué ha pasado con los 350 millones de euros concedidos ya por el BEI en 2013. Habría que preguntarse si es oportuno financiar este tipo de infraestructuras cuando hay investigaciones en curso”, cuestiona Elena Gerebizza, de Re:Common. “Tendrían que realizarse comprobaciones preliminares, en el seno de las instituciones europeas, antes incluso de lanzar el programa de refinanciación vía los project bonds [bonos de proyecto]”.

El BEI, contactado por Mediapart, remite al dictamen de la Olaf, que no tiene nada que señalar sobre el procedimiento. La Oficina, también a preguntas de Mediapart, confirma su postura de 2014, y todo ello a pesar de que después estalló el escándalo de Venecia: “La Olaf efectuó un análisis preliminar de las informaciones recibidas sobre la materia y resolvió que no se había presentado ningún elemento probatorio que hiciese sospechar de que se había cometido fraude o irregularidades para justificar la apertura de una investigación de la Olaf, por lo que el expediente se clasificó”, responden desde el departamento de prensa de la Oficina. “Como sucede siempre, la Olaf puede volver a investigar el caso en cualquier momento si se le presentan nuevas pruebas pertinentes”.

Sin embargo, la Olaf se muestra más beligerante con relación a otra cuestión delicada, de mayor envergadura: en febrero abrió una investigación por supuesto fraude sobre el proyecto de línea ferroviaria entre Lyon y Turín, que ya ha costado 450 millones de euros a la UE. Pero en lo que respecta a la circunvalación Passante di Mestre, nada que decir.

En otras zonas de Italia se han constatado malversación de fondos estructurales

“Basta con ver quién financia al BEI. Los grandes Estados miembros aportan el capital de que dispone. De modo que si Italia le dice al BEI que quiere que le financie este proyecto o este otro, lo conseguirá”, juzga Marco Valli, otro eurodiputado italiano del Movimiento 5 estrellas, también muy indignado por la financiación de la circunvalación Passante di Mestre y con la actitud del jefe del Gobierno italiano. “Matteo Renzi lo que no quiere es frenar el crecimiento y prefiere meter debajo de la alfombra los casos de corrupción”, señala.

Durante una comparecencia parlamentaria celebrada en Roma el 30 de septiembre de 2014, el jefe de la Autoridad Nacional Anticorrupción, Raffaele Cantone, se mostraba reticente a que en el decreto de Matteo Renzi, de agosto de 2014 y dirigido a “desbloquear Italia”, se recurriera a los projet bonds. Establecía un vínculo entre estas “emisiones de proyecto” de un lado, instrumento clave para el impulso a la europea, y el peligro de que sirviese para blanquear el dinero negro, por otro.

“Hice hincapié en el hecho de que los project bonds, tal y como prevé el decreto de Renzi, es decir que no son nominativos, presentan un riesgo, pueden ser utilizados como una herramienta para el blanqueo de dinero”, explica a Mediapart. “Pero en mi opinión, se trata de un aspecto del decreto. Por el contrario, el instrumento en sí mismo es una bueno. No conlleva necesariamente prácticas fraudulentas”. Cantone asegura a Mediapart que no conoce en profundidad el caso Passante di Mestre para pronunciarse sobre el fondo del asunto.

A falta de controles suficientes, ¿financia la UE, a su pesar, redes mafiosas? El caso Passante di Mestre no es un hecho aislado. Se ha comprobado la existencia malversación directa de los fondos estructurales europeos. En 2012, The Sunday Telegraph publicó una investigación sobre Calabria, región del Sur de Italia que acababa de percibir, en cinco años, unos 3.000 millones de euros de fondos estructurales europeos. La mayor parte de estos fondos se destinaron a construir infraestructuras… que en algunos casos nunca se han materializaron. Hay quien piensa que una parte de estos fondos han ido a parar a la mafia local, la 'Ndrangheta.

“Se trata de un tipo de fraude que apareció cuando se comenzó a destinar importantes sumas de dinero público al Sur de Italia”, explicaba al diario inglés Roberto Di Palma, un magistrado al frente de no menos de 25 investigaciones sobre malversaciones de dinero público europeo. “Por ejemplo, en el caso de la construcción de una presa de 100 millones de euros, la UE aporta 50 millones, el Gobierno los otros 50 millones. El problema es que el dinero va directamente a manos del empresario. Una vez empiezan las obras, la empresa desaparece de buenas a primeras con el dinero en metálico. Y dejan algunos pilares en el suelo”.

The Sunday Times parece uno de los pocos medios de comunicación que se ha interesado por estas cuestiones. Il Sole 24 Ore, diario económico, lo menciona, pero se conforma con citar el artículo del periódico británico. Eso sí, los escándalos de malversación de fondos públicos y de licitaciones fraudulentas son legión en Italia. En estos últimos meses han vuelto a ser noticia. Tras el escándalo del MOSE de Venecia, el caso de la Expo de Milán –la exposición universal inaugurada el 1 de mayo– ha causado la dimisión del ministro de Transportes y de Infraestructuras, Maurizio Lupi, por las acusaciones de favoritismo en la concesión de contratos públicos en el entorno del ministro. Pero la posibilidad de que una parte de esta financiación de grandes obras pueda provenir de Bruselas no parece suscitar verdadera preocupación.

Cuando el año pasado Beppe Grillo, el líder del Movimiento 5 estrellas, pidió a la UE “que no ofreciese financiación a Italia, porque el dinero desaparece en Calabria, en Campania y en Sicilia y, por tanto, en los bolsillos de la mafia, la Camorra, la 'Ndrangheta”, la representación de la Comisión Europea en Italia salió inmediatamente a la palestra para desmentir estas afirmaciones “falsas y carentes de fundamento”.

“Los procesos de control de los fondos estructurales prevén varias etapas de control durante las cuales a la menor sospecha de irregularidad, el flujo de fondos se interrumpe hasta que se aclara lo sucedido”, se puede leer en una nota emitida por la oficina de representación de la Comisión Europea en Italia. “Este mecanismo limita al mínimo el riesgo de fraude y de irregularidad. El porcentaje de error y de fraudes (incluidas posibles infiltraciones de bandas organizadas) en la gestión de los fondos estructurales, también en las regiones del Sur de Italia, es mínimo y se sitúa en torno al 0,2%. Los casos de infiltraciones mafiosas, que son aún más raras, se han identificado y sancionado”, precisa la misma nota.

Las organizaciones criminales son muy habilidosas a la hora de escapar a los controles. En 2012, Rita Borsellino, hermana del juez Paolo Borsellino, asesinado por Cosa Nostra, denunciaba la falta de control en la distribución de los fondos europeos. La prensa acababa de dar a conocer que jefes de la mafia, algunos encarcelados como el hermano de Toto Riina, habían cobrado subvenciones agrícolas de la Política Agrícola Común. “No podemos aceptar que los recursos destinados al desarrollo se transformen en una nueva forma de ingresos para las mafias, ni en Italia ni en el resto de la Unión Europea”, insistía Rita Borsellino, entonces eurodiputada de centro izquierda.

Mediapart ya informó en octubre de 2014 del fallido proyecto Castor, uno de los primeros proyectos del BEI desarrollados con estos famosos project bonds. La construcción de esta reserva de gas submarina provocó maremotos en el Mediterráneo. El proyecto se paralizó y ahora son los consumidores españoles de gas los que tendrán que amortizar el coste de estas inversiones imprudentes en los próximos años.

En esta ocasión, en el marco del caso Passante di Mestre, más que esperar las conclusiones de la investigación llevada a cabo por la Justicia italiana, el BEI está dispuesto a mirar para otro lado ante la posible implicación de empresas relacionadas con un vasto sistema de corrupción y de malversación de fondos públicos y a lanzar sin esperar la refinanciación de la infraestructura que, sobre el fondo, no es viable. Más allá de las buenas intenciones, la Unión Europea, ya sea por falta de experiencia o por no verdaderamente independiente, está todavía lejos de haber probado que tenía capacidad para garantizar por sí misma la recuperación económica del continente.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete han aprobado este viernes las recomendaciones de política económica que la UE dirige a todos los Estados miembros, y que en el caso de España exigen al Gobierno de Mariano Rajoy que acelere reformas como la de las pensiones y que suba el IVA para algunos productos y los impuestos especiales.

La aceleración de las reformas es la condición que exige Bruselas a cambio de la prórroga de dos años, hasta 2016, que el Ecofin ha dado a España para situar el déficit por debajo del umbral del 3% del PIB que marca el Pacto de Estabilidad. Con esta relajación, los nuevos objetivos de déficit son el 6,5% para este año (dos décimas más de lo que había pedido el Gobierno), el 5,8% en 2014, el 4,2% en 2015 y el 2,8% en 2016.

En materia de impuestos, los líderes europeos piden a España que suba el IVA a algunos productos a los que en la actualidad se aplica el tipo reducido del 10 al 21%, que aumente los impuestos especiales sobre carburantes y que suprima las deducciones en el impuesto sobre la renta y en el de sociedades.

Así, el Gobierno de Mariano Rajoy deberá "realizar una revisión sistemática del sistema fiscal para marzo de 2014". Como parte de este ejercicio, España tendrá que "explorar el margen existente para una mayor limitación de la aplicación de los tipos de IVA reducidos", así como "adoptar medidas adicionales en impuestos medioambientales, especialmente por lo que se refiere a impuestos especiales e impuestos sobre los carburantes".

Los líderes europeos reclaman además a España reforzar la lucha contra la evasión fiscal y la economía sumergida.

Por lo que se refiere a las pensiones, los Veintisiete solicitan al Gobierno que concluya la reforma del factor de sostenibilidad antes de que acabe el año, aunque admiten que el cambio no se base sólo en seguir retrasando la edad de jubilación, como reclamaba Bruselas, sino también en un ajuste de la cuantía de las pensiones, tal y como sugiere la propuesta de los expertos.

En materia laboral, la UE pide a España que finalice como muy tarde en julio la evaluación de los resultados de la reforma del año pasado y que "presente enmiendas, si es necesario, en septiembre de 2013".

Reforma de la administración

El Gobierno debe concluir en plazo la reforma de la administración local y "definir para octubre de 2013 un plan para mejorar la eficiencia del conjunto de la administración pública". La UE ve prioritario "mejorar la calidad del gasto público en todos los niveles de Gobierno, y realizar una revisión sistemática de las mayores partidas de gasto en marzo de 2014 a más tardar".

En materia sanitaria, los líderes europeos piden a España reducir el gasto farmacéutico en hospitales y mejorar los incentivos a favor de un uso eficiente de los recursos, por ejemplo con más copagos.

Una de las novedades incluidas en las recomendaciones es la petición de "crear un observatorio independiente para informar sobre la evaluación de futuros grandes proyectos de infraestructuras". Además, la UE reclama a España que limite los costes de infraestructuras de transportes que no son rentables y que resuelva cuanto antes el déficit de tarifa eléctrica.

La UE solicita a España que ponga en marcha cuanto antes la nueva ley de unidad de mercado y que apruebe antes de fin de año la norma que liberaliza los servicios profesionales.

En materia fiscal, el Consejo Europeo reclama a España aplicar los presupuestos para 2013 "en todos los niveles de la administración" y "estar preparada para adoptar medidas correctivas en caso de desviaciones de los planes presupuestarios". Además, el Gobierno debe especificar las medidas estructurales que piensa adoptar para los años 2014-2016 con el fin de cumplir los nuevos objetivos. La meta final debe ser llegar al equilibrio presupuestario en 2018.

La UE exige además que se ponga en marcha antes de final de año la autoridad fiscal independiente y que se mejore la aplicación de la ley de estabilidad presupuestaria a las comunidades autónomas.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE han acordado este viernes acelerar la entrada en vigor del nuevo fondo de 6.000 millones de euros para combatir el paro juvenil y concentrar el gasto en 2014 y 2015, en lugar de en siete años como estaba inicialmente previsto.

España, cuya tasa de paro juvenil (56,4%) es la segunda más alta de la UE, sólo por detrás de Grecia, será la principal beneficiaria de este fondo, ya que recibirá 1.900 millones de euros en los próximos dos años, según las estimaciones que maneja el Gobierno.

Los jefes de Estado y de Gobierno han acordado, además, gastar en empleo juvenil el dinero sobrante del presupuesto comunitario en 2014-2016. Esto podría suponer una cantidad adicional de 2.000 millones de euros, lo que aumentaría el total a 8.000 millones, según ha dicho el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy.

La canciller alemana, Angela Merkel, ha dicho que la cifra de 6.000 millones de euros es "bastante impresionante" y ha resaltado que hay que gastar de forma "sensata" el dinero durante los próximos años antes de decidir si se necesitan más apoyos.

"Hemos adoptado una serie de decisiones que pueden crear y crearán empleos", ha afirmado Van Rompuy en rueda de prensa tras la primera sesión del Consejo Europeo. No obstante, ha admitido que "los niveles de paro son alarmantemente altos" y que "el problema no se resolverá de la noche a la mañana".

España y el resto de países beneficiarios deberán utilizar el dinero de la UE para financiar la denominada garantía juvenil: el compromiso de ofrecer a los menores de 25 años que dejen el sistema educativo un trabajo, prácticas o más formación en un plazo máximo de 4 meses. Para ello, deberán presentar un plan antes de que acabe el año.

Las conclusiones del Consejo Europeo no recogen la propuesta del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que las bonificaciones para contratos juveniles no computen como déficit.

El adelanto de los fondos ha quedado despejado gracias al acuerdo final sobre el presupuesto de la UE para el periodo 2014-2020, sellado este jueves por el primer ministro irlandés, Enda Kenny, y los presidentes de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, y de la Eurocámara, Martin Schulz.

Los líderes europeos han acordado también reforzar los programas de movilidad para que no se limiten únicamente a estudiantes universitarios, como el programa Erasmus, sino que incluyan también a la formación profesional. Y han apoyado la reunión sobre paro juvenil convocada por Merkel para el próximo 3 de julio en Berlín.

Mantener "la triple A" del BEI

Los líderes europeos también han debatido el plan de la Comisión y del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para aumentar la financiación a las pymes de España, Italia y el resto de países del sur. Pero no han aprobado medidas concretas ni financiación adicional.

Bruselas ha propuesto tres alternativas usando como aval los fondos estructurales para movilizar hasta un máximo de 100.000 millones de euros, la opción favorita de España. Pero el Consejo Europeo ha retrasado la decisión hasta julio.

Van Rompuy ha explicado que todos los líderes europeos están de acuerdo en que es "esencial" que el BEI mantenga en este proceso la máxima calificación crediticia triple A, lo que limita el margen de apalancamiento al que podrá recurrir la entidad.