Esta es la historia de dos mujeres. Dos ciudadanas de Emiratos Árabes Unidos que, en apariencia, no tienen nada en común. La primera, Latifa Al Maktum, es una de las hijas del jeque Mohamed Al Maktum, emir de Dubái y primer ministro de los Emiratos. La segunda, Mariam Al Balushi, es una estudiante de Sharjah, el emirato vecino.

Ambas mujeres han sufrido una de las lacras de esta autocracia del Golfo: la detención arbitraria. La historia de Latifa Al Maktum conmocionó al mundo cuando intentó huir de su país, para ser luego interceptada a bordo de un yate y secuestrada en una villa por su padre, el emir. Mariam Al Balushi lleva ocho años languideciendo en prisión, primero por unos dudosos cargos de terrorismo y después por atreverse a denunciar sus condiciones de detención.

La princesa cautiva y la simple reclusa tienen otra cosa en común: han estado en el punto de mira de los servicios secretos emiratíes, lo que demuestra la incomodidad de Abu Dabi por la cobertura negativa de sus historias en la prensa y en las redes sociales para la imagen del país. Estas son las conclusiones de una nueva entrega de la investigación Abu Dhabi Secrets, basada en documentos confidenciales obtenidos por Mediapart y compartidos con la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre.

El jeque Matar, el espía emiratí en el centro de la investigación de EIC, ha coordinado varias operaciones en Europa. Cribando sus correos electrónicos cifrados, EIC descubrió que el agente Matar fue asesorado sobre las dos prisioneras por una estrella de la abogacía británica, Paul Tweed.

Aunque sus relaciones con los servicios secretos emiratíes eran hasta ahora secretas, Tweed representa ahora oficialmente a personalidades muy próximas al régimen, como el lobista Ghanem Nusseibeh, dueño de la consultora londinense londinense Cornerstone Global Associates y el exdignatario palestino Mohamed Dahlan.

Este abogado norirlandés, especialista en demandas por difamación para gestionar la reputación de sus clientes, es uno de los más temidos y célebres del mundo. Paul Tweed ha demandado a los medios de comunicación en nombre de un impresionante elenco de estrellas, entre ellas Jennifer López, Harrison Ford, Nicolas Cage, Justin Timberlake y Britney Spears.

Paul Tweed ha declinado comentar su relación con el jeque Matar. No quiso confirmar ni desmentir que el agente secreto fuera su cliente.

Los correos electrónicos a los que ha tenido acceso EIC sugieren que asesoró al agente Matar sobre una estrategia agresiva que debía aplicarse a la princesa Latifa. También muestran que se enfrentó a Facebook y Twitter para que retiraran cinco contenidos relacionados con la prisionera Mariam Al Balushi, aprovechando que los medios de comunicación ilustraban artículos sobre ella con fotos de una mujer con el mismo nombre.

Esta avalancha de recursos utilizados contra una simple estudiante totalmente desconocida fuera del mundo árabe muestra hasta qué punto Emiratos quiere que la comunidad internacional se olvide de sus presos políticos –41 opositores siguen detenidos tras cumplir sus penas, según Amnistía Internacional–, pero también de la discriminación de las mujeres, que persiste pese a los más recientes avances. Lo que incluye a la familia real de Dubái, donde cuatro princesas han intentado fugarse, algunas con éxito.

La más famosa es la jequesa Latifa, una de las decenas de hijos del emir Mohamed Al Maktum. Su historia, relatada extensamente en una reciente investigación de la revista estadounidense The New Yorker, es desgarradora. Según su testimonio, fue entregada a una de sus tías al nacer porque no tenía hijos propios. De niña fue testigo del intento de fuga de su hermana, pero también, según ella, de la violencia de su padre, que supuestamente golpeó a una de sus hermanas por interrumpirle. Los abogados del emir lo negaron a The New Yorker.

La princesa Latifa intentó fugarse por primera vez a los 16 años. Fue condenada a 13 meses de prisión. Volvió a intentarlo a los 32 años, con la ayuda de su amiga y profesora de capoeira, la finlandesa Tiina Jauhiainen. Las dos mujeres consiguieron llegar a un yate y zarpar. Pero el barco fue asaltado frente a la costa de la India por un comando del ejército indio. La princesa Latifa fue drogada y llevada de vuelta a Dubái.

Ante la presión internacional, las autoridades tuvieron que proporcionar pruebas de vida. En diciembre de 2018, se organizó un almuerzo, cuyas fotos fueron difundidas por el Gobierno, entre la princesa y Mary Robinson, expresidenta de Irlanda y ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Ella declaró que la princesa Latifa era una mujer “vulnerable” y sugirió que había actuado influenciada.

Pero en 2021 la BBC reveló que la princesa había permanecido cautiva en una villa de Dubái durante tres años. Latifa Al Maktum había conseguido un teléfono con el que se comunicaba con su Tiina Jauhiainen. Los vídeos que le envió son terribles: “Soy una rehén, esta villa se ha convertido en una prisión”, dice. Estoy confinada sola. [...] No sé cuándo me liberarán. [...] Me preocupo cada día por mi seguridad y mi vida".

El escándalo es de alcance mundial. Mary Robinson tiene que explicar el montaje de 2018. Dice que fue “horriblemente engañada” por uno de los médicos de Latifa y una tía, que supuestamente le mintieron diciendo que la princesa sufría un trastorno bipolar y que no se debían tratar temas difíciles con ella para no “agravar su trauma”.

Fue entonces cuando el abogado británico Paul Tweed entró en escena. Angustiado por esta secuencia mediática, catastrófica para la imagen de Emiratos, escribió al agente secreto Matar el 1 de marzo de 2021 para proponerle, tras su “conversación de la semana pasada”, un plan de combate para hacer frente a la “cobertura mediática cada vez más hostil de la polémica en torno a la princesa Latifa”.

Tweed sugiere que los comentarios de Mary Robinson han sido ampliamente difundidos en los medios irlandeses, y que hay que atajar el problema, aprovechando la influencia del emir de Dubái en el país, donde posee una yeguada y una enorme cartera inmobiliaria. “La poderosa red del jeque Mohamed [Al Maktum] le permitiría aprovecharse de las favorables leyes irlandesas sobre difamación y privacidad”, escribe el abogado.

Tres semanas después, Tweed sugiere al espía emiratí que, si en algún momento un médico diagnosticara realmente a la princesa como bipolar, podría demandar por difamación a Mary Robinson y al periódico que había publicado esas declaraciones, lo que resultaría “muy eficaz” para disuadir a otros medios. “Es sólo una idea”, concluye.

El abogado también aconseja al agente Matar que investigue a Tiina Jauhiainen: la amiga que ayudó a Latifa a escapar está “buscando agresivamente la atención de los medios, y debemos asegurarnos de que es tan desinteresada como dice ser. Lo mismo puede decirse de uno de los abogados que defienden a la princesa”.

No es posible saber si el plan se llevó a cabo. En cualquier caso, no parece que se haya presentado ninguna denuncia contra Mary Robinson. EIC le ha preguntado, pero ella no ha respondido.

Si Paul Tweed recomienda una fuerte reacción, es también, según explica al agente Matar, porque el escándalo está obstaculizando su trabajo: “Esto está teniendo un efecto extremadamente perjudicial, no sólo para el jeque Mohamed, sino también para el trabajo que he emprendido sobre otros temas vinculados a los Emiratos Árabes Unidos y, en particular, el asunto Al Balooshi”.

Este apellido árabe, muy común en los Emiratos, puede escribirse de varias maneras en inglés, entre ellas Al-Balooshi o Al Balushi. Como se comprobará más adelante, se trata de un detalle importante.

El 18 de febrero de 2021, dos días después de la primicia de BCC sobre la princesa Latifa, Paul Tweed, como abogado de una emiratí llamada Mariam Al Balooshi, pidió a Facebook que eliminara tres publicaciones. Poco después, hizo la misma petición a Twitter en relación con dos tuits. Todos estos mensajes, en árabe, hacían referencia al llamamiento de la ONU para que se pusiera en libertad a Mariam Al Balooshi, detenida arbitrariamente en Abu Dabi pese a haber cumplido su condena.

En cartas posteriores enviadas a los dos gigantes de las redes sociales, Tweed expresa su indignación: “Mi cliente es víctima de una acusación políticamente fabricada de que está encarcelada en los Emiratos Árabes Unidos. Esto es completamente falso”. Su cliente está dispuesta a aportar pruebas de que “no está ni ha estado encarcelada”, insiste.

Sin embargo, las autoridades emiratíes han confirmado oficialmente que la joven está en prisión.

¿Cuál es la explicación de esta paradoja? Hay dos Mariam Al Balooshi.

La primera, cuyo apellido escriben la ONU y las ONG árabes de derechos humanos como Al Balushi, vivía en Sharjah, uno de los siete emiratos que componen el país. En 2015, cuando tenía 19 años y cursaba el último año de bachillerato, entregó 600 dólares a una familia siria, según ella por razones puramente humanitarias. Pero las autoridades dijeron que eran terroristas. Fue detenida, condenada a cinco años de prisión y recluida en la prisión central de Al Wathba, en Abu Dabi, un establecimiento de siniestra reputación.

En cartas y grabaciones de audio que consiguió hacer llegar a las ONG, relata que fue “golpeada, humillada y torturada”. También describe las condiciones de detención en Al Wathba: carne servida cruda, prisioneros hacinados en celdas, reclusos enfermos de cáncer a los que sólo se les dan analgésicos. “Vengan y véanlo ustedes mismos, por favor”, suplica.

Tres relatores especiales de la ONU la apoyaron en 2019 y preguntaron al Gobierno emiratí, que negó las acusaciones. La prestigiosa ONG Human Rights Watch intervino a su vez en marzo de 2020 después de que Mariam Al Balushi iniciara una huelga de hambre e intentara suicidarse cortándose las venas. En enero de 2021, el grupo de trabajo ad hoc de la ONU consideró oficialmente que su detención había sido “arbitraria”. Mariam Al Balushi fue entonces condenada a otros tres años de prisión por alteración del orden público y difusión de noticias falsas, en represalia por haber alertado públicamente a las autoridades sobre su caso.

A diferencia de muchos otros presos emiratíes, Mariam Al Balushi ha atraído la atención de la prensa árabe. Pero es un símbolo sin rostro. No se ha publicado ninguna foto suya. Tras su intento de suicidio, varios medios de comunicación, entre ellos la cadena catarí Al Yazira y el sitio web egipcio Rassd, ilustraron probablemente por error sus artículos y tuits con la foto de otra persona: su tocaya Mariam Al Balooshi, a la que el abogado Paul Tweed representa contra Facebook y Twitter, en relación con el agente Matar. En inglés, su nombre suele escribirse Mariam Al Balooshi. Y es todo lo contrario que la estudiante encarcelada. Se trata de una polifacética alta funcionaria de Dubái, protegida por el régimen y cuya actividad ha sido ampliamente cubierta por los medios de comunicación; parece un anuncio viviente. Una excepción destinada a demostrar que las mujeres pueden triunfar en los Emiratos.

Tras licenciarse en ingeniería, se incorporó al departamento de medio ambiente de la Autoridad de Aviación Civil de Dubái, convirtiéndose en su directora con sólo 30 años. También es negociadora estatal jefe de Medio Ambiente y Cambio Climático en Aviación Civil, asesora medioambiental de la Compañía Nacional de Petróleo de los Emiratos y ha representado al Gobierno en numerosas conferencias.

Mariam Al Balooshi es además columnista y escritora, y sus libros son promocionados regularmente por las autoridades. También es artista de la caligrafía árabe. Y ha tenido el honor de trabajar con el joyero francés Van Cleef & Arpels, al que fue recomendada por la hija mayor del Emir de Dubái. “Estoy orgullosa de mi país y mi país está orgulloso de mí”, proclama esta patriota, que en sus entrevistas elogia el papel “pionero” de los Emiratos y sus dirigentes.

Fue así como Paul Tweed pudo acercarse a Facebook y Twitter, gracias a que los medios de comunicación ilustraron sus artículos sobre la presa Mariam Al Balushi con fotos de su cliente, una “artista y alta funcionaria” que “no está ni ha estado encarcelada”.

Al principio, el planteamiento no funcionó. El 12 de marzo de 2021, Facebook y Twitter respondieron que, de los cinco artículos en cuestión, tres ya habían sido retirados por sus autores. Sólo quedaban un tuit y una publicación de Facebook, que las dos empresas se negaron a retirar. Pero la lucha continuó, con la apertura de un procedimiento ante un tribunal de Dublín.

El abogado británico discute entonces la estrategia con el agente Matar. Paul Tweed también reenvió al espía varios correos electrónicos que antes había mandado a la alta funcionaria, pese a que están amparados por la confidencialidad de la correspondencia entre abogado y cliente.

El 4 de abril de 2021, Paul Tweed comunicó al agente Matar que había conseguido evitar que los medios de comunicación se hicieran eco del caso, y sugirió que “el cliente debería esperar antes de preparar vídeos”. El abogado informa de que una productora se ha puesto en contacto con él para realizar un documental en Netflix sobre su trabajo contra los “gigantes de las redes sociales”. Los productores “estarían muy interesados en incluir casos que sugieran un sesgo político, como el de Al Balooshi, [...] pero, por supuesto, no asumiré ningún compromiso sin su acuerdo”, concluye.

A preguntas de EIC, Paul Tweed se negó a comentar los hechos debido a sus obligaciones de “confidencialidad”, especialmente en lo que respecta a su relación con el agente Matar. “Representé con éxito a Mariam Al Balooshi (que nunca fue encarcelada). Recibí instrucciones directamente de ella”, añadió el abogado, quien afirma que representó a sus clientes “en pleno cumplimiento de [sus] muy estrictas obligaciones reglamentarias y con la máxima integridad profesional”.

Cuando se contactó con Mariam Al Balooshi, ésta no respondió. “Dada la naturaleza poco profesional y parcial de sus preguntas, así como los diversos artículos infundados y negativos promovidos por sus medios de comunicación, no tiene sentido responder”, ha contestado por su parte un portavoz del Gobierno emiratí.

Facebook y Twitter tampoco han contestado a las preguntas de EIC, por lo que se desconoce el resultado de la batalla legal para que retiraran los dos últimos contenidos cuestionados por Paul Tweed. El post de Facebook ha sido despublicado, pero no se sabe quién lo hizo. Sin embargo, el tuit sobre la estudiante encarcelada, ilustrada con el rostro de la artista y alta funcionaria, sigue en línea.

Al final, la estudiante y la princesa tuvieron dos destinos diferentes.

El 9 de noviembre de 2022, circuló el rumor de que a Mariam Al Balushi le habían ofrecido un trato: a cambio de su liberación, debía negar sus declaraciones anteriores sobre sus condiciones de detención y criticar a las organizaciones de derechos humanos. EIC no ha podido averiguar si esa oferta se hizo realmente, ni si la estudiante, que ahora tiene 27 años, la aceptó. De hecho, no se ha vuelta a saber de ella. Las ONG que la apoyaban no tienen noticias de Al Balushi desde hace dos años.

En cambio, el caso de la princesa Latifa Al Maktum parece haberse resuelto amistosamente. Desde mayo de 2021, tres meses después de que se difundieran los vídeos de su cautiverio en la villa, amigos y familiares publicaron fotos de ella en las redes sociales, en restaurantes de Dubái y en el aeropuerto de Barajas, en Madrid.

El 18 de febrero de 2022, Michelle Bachelet, la actual alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y expresidenta de Chile, publicó en Twitter una foto suya con la princesa Latifa delante de una estación de metro de París.

La reunión se había celebrado cuatro meses antes, primero en compañía de su abogado británico, Niri Shan, y después cara a cara. “Latifa comunicó a la alta comisionada que se encontraba bien y que deseaba que se respetara su intimidad”, declaró la oficina de Michelle Bachelet, que no respondió a las preguntas de EIC. Al día siguiente, Shan emitió un comunicado de contenido prácticamente idéntico, afirmando que a Latifa le “gustaría que los medios de comunicación la dejaran en paz”. Contactado por EIC, comunicó el mismo mensaje. A partir de ahora, Latifa Al Maktum sólo hablará a través de su abogado.

Además, Latifa ha cortado completamente los lazos con Tiina Jauhiainen, la amiga finlandesa que la ayudó a escapar y luego luchó durante años por su liberación. “Para mí está claro que hizo un trato. Se derrumbando”, declaró Jauhiainen a The New Yorker, que publicó el 8 de mayo una larga investigación sobre la princesa.

La periodista de The New Yorker había solicitado una entrevista con Latifa Al Maktum al despacho de Niri Shan. El día que se le notificó la negativa, apareció una cuenta de Instagram a nombre de la princesa, con una foto suya en Austria y este mensaje: “Recientemente he tenido conocimiento de peticiones de medios de comunicación para un artículo que pone en duda mi libertad por no haber hablado públicamente de lo sucedido. [...] Puedo entender que, desde fuera, ver que alguien tan sincera como yo [...] opta por delegar su palabra en otra persona, sobre todo después de todo lo que ha pasado, parece dar la impresión de que estoy siendo controlada. Soy totalmente libre y llevo una vida independiente”.

La escena se ha repetido durante la investigación de EIC. El jueves 13 de julio, tres días después de que se le enviara una serie de preguntas a Niri Shan, la cuenta de Instragram de Latifa Al Maktum publicó fotos de la capital noruega con el mensaje “Descubriendo Oslo”. Pero esta vez, el rostro de Latifa Al Maktum no aparece en las imágenes.

La antigua princesa rebelde no volverá a poner en aprietos a su padre, el poderoso emir Mohamed Al Maktum.

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha dado a conocer este miércoles un esperado informe sobre las supuestas violaciones que habría acometido el Gobierno de China sobre la minoría uigur en la región de Xinjiang, una semana después de que reconociera presiones de Pekín para evitar la publicación de dicho documento.

En sus 48 páginas, el informe de la ONU recogido por Europa Press subraya las "creíbles" pruebas de violaciones de Derechos Humanos que China habría llevado a cabo en Xinjiang contra la minoría de confesión musulmana. En concreto, este informe –que ha estado en elaboración durante tres años–, asegura que se habrían cometido "graves violaciones de los Derechos Humanos" en el contexto de la aplicación de estrategias antiterroristas y contra el "extremismo" aprobado por el Gobierno chino en 2014.

"La aplicación de estas estrategias y de las políticas asociadas en la región administrativa especial de Xinjiang ha dado lugar a restricciones severas e indebidas a una amplia gama de Derechos Humanos", reza el documento compartido por Bachelet.

"Estas pautas de restricciones se caracterizan por un componente discriminatorio, ya que los actos subyacentes suelen afectar directa o indirectamente a los uigures y a otras comunidades predominantemente musulmanas", añade.

El Alto Cominisonado para los DDHH de la ONU ha calificado las estrategias antiterroristas chinas en la región como "profundamente problemático" desde el punto de vista de las normas internacionales, ya que contendría "conceptos vagos, amplios y abiertos que dejan una gran discreción a los funcionarios para interpretar y aplicar amplios poderes de investigación prevención y coerción".

Asimismo, "en un contexto de garantías limitadas y escasa supervisión independiente", tal marco habría conducido en la práctica a la privación arbitraria de libertad a gran escala de miembros de la comunidad uigur y de otras comunidades predominantemente musulmanas de Xinjiang en los VETC (los llamados centros vocacionales de educación y entrenamiento).

En los VETC, centros de detención donde el régimen chino "reeduca" a los uigures, se ejemplificaría "un sistema de detención arbitraria y con patrones de abuso", según recoge el informe. "El tratamiento de las personas retenidas en el sistema de los llamados VETC es igualmente preocupante. Las alegaciones de patrones de tortura o malos tratos, incluyendo el tratamiento médico forzado y las condiciones adversas de detención, son creíbles, al igual que las denuncias de incidentes individuales de violencia sexual y de género", esgrime.

El documento de Naciones Unidas también denuncia violaciones de los derechos reproductivos a través de la aplicación discriminatoria y de la obligación a la fuerza de llevar a cabo políticas de planificación familiar y control de la natalidad.

También se habrían llevado a cabo restricciones a la identidad y la expresión religiosas, así como al derecho a la intimidad y a la libre circulación. "Asimismo, hay evidencias de que los planes de trabajo y empleo con supuestos fines de mitigación de la pobreza de la pobreza y la prevención del "extremismo", incluidos los relacionados con el sistema de EFP, pueden implicar elementos de coacción y discriminación por motivos religiosos y étnicos", agrega el informe.

Este informe ha sido publicado una semana después de que Bachelet denunciara presiones por la inminente publicación del documento, llegando a recibir una carta firmada por 40 países y cuyo nombre no quiso desvelar la Alta Comisionada.

"He estado bajo una tremenda presión. Pero no retendré la publicación debido a ello", explicó Bachelet, agregando que su oficina trabaja para que el texto esté terminado a finales de agosto, como finalmente ha sido.

Bachelet visitó Xinjiang y otras regiones chinas el pasado mes de mayo. Durante la visita, se abstuvo de criticar las políticas de Pekín en la región, lo que generó críticas por parte muchos países por su ambigüedad frente a las violaciones de Derechos Humanos en la región.

El relator de Naciones Unidas Tomoya Obokata consideró en agosto "razonables" las denuncias de las organizaciones internacionales sobre el trabajo forzado y la represión contra las minorías étnicas en el gigante asiático.

Obokata explicó que era "razonable" concluir que entre los uigures, los kazajos y otras minorías étnicas se han registrado repetidamente episodios de trabajo forzoso en sectores como la agricultura y la industria manufacturera.

Las autoridades chinas han puesto en marcha una serie de medidas en la región de Xinjiang que han provocado fricción entre el gigante asiático y la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, que ha llegado a acusar a Pekín de cometer violaciones contra los Derechos Humanos e incluso genocidio contra la población uigur. Incluso si el sistema de VETC se ha reducido desde entonces en su alcance o se ha liquidado como ha afirmado el Gobierno, las leyes y políticas que lo sustentan siguen vigentes.

Parece haber una tendencia paralela de aumento del número y la duración de los encarcelamientos de los procesos de justicia penal, lo que sugiere que el enfoque de las detenciones por privación de libertad se ha desplazado hacia el encarcelamiento, por supuestos motivos de lucha contra el terrorismo y el "extremismo".

La Cumbre Social por el Clima, que se celebra hasta el próximo viernes 13 de diciembre con más de 350 actividades, se ha inaugurado este sábado a las 10.00 horas en la Universidad Complutense, tras la marcha por el clima celebrada ayer en Madrid, informa Europa Press.

"Hoy comienza la Cumbre Social por el Clima. Tras la gran manifestación de ayer, que nos llenó de esperanza y tuvo un gran impacto, os invitamos a participar en las más de 350 actividades programadas", han señalado los organizadores del evento.

Tras varias charlas y actividades que se celebrarán durante todo el día, la jornada de este sábado en la Cumbre Social por el Clima concluirá con un concierto a las 21.00 horas en el que participarán Moravia, Birch, De Mar a Mar o Swing Disorder. El acto de clausura de la Cumbre Social por el Clima será el próximo viernes 13 de diciembre a las 18.00 horas en el Auditorio Marcelino Camacho, en la madrileña calle Lope de Vega.

Las organizaciones de la Cumbre Social han definido esta iniciativa como una contracumbre que sirve como alternativa a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) que se está celebrando estos días en Ifema (Madrid).

Durante la presentación, Marta García Pallarés, una de las organizadoras, ha explicado que la Cumbre Social por el Clima es un "espacio ciudadano" que nace en respuesta del traslado de la COP25 de Chile a Madrid. "Ante la brutal represión que ha sufrido el pueblo chileno, la sociedad española se ha visto obligada a generar este espacio ciudadano de denuncia ante las injusticias sociales", ha señalado la activista.

Bachelet: "El Cambio Climático es la mayor amenaza a los Derechos Humanos"

Una de las protagonista de esta primera jornada ha sido la expresidenta chilena y actual Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha asegurado que el cambio climático "es la mayor amenaza a los Derechos Humanos".

Entre los Derechos Humanos que se ven amenazados por el cambio climático, Bachelet ha destacado el derecho a la vida, el derecho a la alimentación , el derecho a la salud y el derecho a vivir sin violencia. Por último, la expresidenta chilena ha lamentado que la desigualdad "está en el corazón del problema" del cambio climático.

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha acordado este viernes enviar una misión independiente a Venezuela para que investigue las supuestas ejecuciones extrajudiciales y torturas, así como otras violaciones de los Derechos Humanos cometidas en el marco de la crisis que vive el país.

La resolución ha sido aprobada con 19 votos a favor, de los países latinoamericanos y europeos, incluida España, que forman parte del Consejo de Derechos Humanos y Australia, 21 abstenciones y siete votos en contra, los de Cuba, China, Camerún, Egipto, Eritrea, Filipinas y Arabia Saudí.

El órgano de la ONU "condena enérgicamente todas las violaciones y abusos de las normas internacionales de Derechos Humanos y urge a las autoridades a liberar inmediatamente a todos los presos políticos y otras personas privadas arbitrariamente de su libertad", reza la resolución.

Además, urge al Gobierno de Maduro a facilitar la puesta en marcha de la misión de investigación y a "garantizar acceso inmediato y total" a sus integrantes para que puedan entrar y moverse por territorio venezolano.

El Consejo de Derechos Humanos ya aprobó el jueves una resolución en la que urgía al Gobierno de Nicolás Maduro a adoptar las recomendaciones formuladas por la Alta Comisionada de la ONU para esta materia, Michelle Bachelet, para superar la crisis política y humanitaria que sufre Venezuela.

Seis países, entre ellos Perú, Brasil o Argentina, votaron en contra, algunos de ellos porque consideraban que el texto demasiado indulgente con el Gobierno de Maduro y avanzaron que este viernes presentarían otra resolución pidiendo una "comisión internacional de investigación".

"El informe Bachelet"

La jefa de Derechos Humanos de la ONU realizó en junio una visita a Venezuela tras la cual publicó un informe en el que acusa al Gobierno de reducir el espacio democrático e incumplir su obligación de garantizar la comida y la atención médica, recomendando medidas para revertir esta "compleja" situación "de inmediato".

En una reciente comparecencia ante el Consejo de Derechos Humanos, Bachelet indicó que la situación humanitaria "sigue afectando a millones de personas en Venezuela con claros impactos desestabilizadores en la región" y denunció casos de ejecuciones extrajudiciales y torturas y falta de acceso a la comida y la atención médica.

Caracas ha calificado de "errático" este informe porque, entre otras cosas, considera que se basa en fuentes poco fiables. El texto fue elaborado a partir de 558 entrevistas con víctimas y testigos de las "graves vulneraciones" de los Derechos Humanos en Venezuela y otros ocho países, así como en datos de la ONU y ONG.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha asegurado este lunes que la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dio un "paso en falso" con su informe sobre Venezuela, que ha señalado que está "cargado de mentiras".

"Bachelet dio un paso en falso al leer un informe que le elaboraron y que le dictaron desde el Departamento de Estado", ha indicado el mandatario, refiriéndose al Departamento de Estado norteamericano.

"Es un informe cargado de mentiras, de manipulaciones, de datos inexactos, de datos falsos. Es una repetición de los informes del antiguo alto comisionado", ha añadido.

Maduro ha recalcado que lamenta que Bachelet no quisiera "ver ni escuchar la verdad sobre Venezuela" y ha manifestado que le enviará una carta, que llegará a Ginebra dentro de 48 horas, "diciéndole varias verdades". "Ojalá este paso en falso le sirva para sacar lecciones a la señora Bachelet y pueda enderezar el camino", ha añadido.

El informe —elaborado a partir de 558 entrevistas con víctimas y testigos de las "graves vulneraciones" de los Derechos Humanos en Venezuela a raíz de la reciente visita de Bachelet y de "otras fuentes"— acusa al Gobierno de reducir el espacio democrático e incumplir su obligación de garantizar la comida y atención médica, recomendando medidas concretas para revertir esta "compleja" situación "de inmediato".

Maduro también ha anunciado que ha recibido un informe "bastante auspicioso" por parte de la delegación del Gobierno venezolano sobre las conversaciones con la oposición en Barbados.

"Tengo reportes del jefe de la delegación venezolana en los diálogos de paz con la oposición venezolana, un reporte bastante auspicioso de la jornada que hubo el día de hoy", ha indicado.

El mandatario ha subrayado que es "muy optimista" y que "paso a paso, con paciencia estratégica abrimos el camino de la paz, de la no violencia, del diálogo constructivo para la no violencia".

Estaba previsto que el encuentro en Barbados se produjera la semana pasada, pero el autoproclamado presidente encargado de Venzuela, Juan Guaidó, se negó a enviar una delegación opositora tras la muerte el pasado 29 de junio del capitán de corbeta Rafal Acosta por las supuestas torturas sufridas bajo custodia de Contrainteligencia Militar.

En un giro inesperado, la oficina de Guaidó informó el domingo de que la cita en Barbados con el "régimen usurpador" sería esta semana. El objetivo, ha indicado, es "establecer una negociación de salida a la dictadura". "No tenemos un tiempo ilimitado, cada día que pasa la situación empeora (...). La solución debe ser ahora", recalcó.

"Las partes se reunirán esta semana en Barbados para avanzar en la búsqueda de una solución constitucional y acordada para el país", ha confirmado, por su parte, el Ministerio de Exteriores de Noruega.

En paralelo, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, se ha reunido este lunes con el representante especial de la UE para Venezuela, Enrique Iglesias, "quien visita el país como parte del proceso de diálogo para la consolidación de la paz y el entendimiento nacional", según ha informado el ministro de Exteriores, Jorge Arreaza, en Twitter.

El equipo de Guaidó avanzó el domingo que también recibiría a Iglesias en el marco de la "ofensiva internacional" contra Maduro y sus fieles.

Crisis política

Los contactos entre Gobierno y oposición buscan reanudar un diálogo que se han intentado hasta tres veces en los seis años que han transcurrido desde la muerte de Hugo Chávez para alcanzar una solución pactada a la crisis política que sufre Venezuela.

La crisis se agravó el 10 de enero, cuando Maduro decidió iniciar un segundo mandato de seis años que no reconocen ni la oposición ni buena parte de la comunidad internacional porque consideran que las elecciones presidenciales del 20 de mayo fueron un fraude.

En respuesta, Guaidó se autoproclamó mandatario interino el 23 de enero con el objetivo de cesar la "usurpación", crear un gobierno de transición y celebrar "elecciones libres". Ha sido reconocido por Estados Unidos, numerosos países latinoamericanos, así como varios europeos, entre ellos España.

Entretanto, más de cuatro millones de venezolanos han abandonado el país en los últimos años a causa de la crisis humanitaria que sufre la nación caribeña. La ONU advierte de que, si la tendencia continúa, a final de 2019 podrían sumar más de cinco millones.

La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, se ha mostrado este lunes "horrorizada" con las condiciones en las que Estados Unidos mantiene detenidos a migrantes y refugiados, en particular por el hecho de que se esté manteniendo recluidos a menores en la frontera sur con México.

La expresidenta chilena ha sostenido que los niños nunca deberían ser internados en centros de detención para migrantes o separados de sus familias y ha recordado que numerosos órganos de Derechos Humanos de la ONU ya han advertido de que esto podría constituir un trato cruel, inhumano y degradante, prohibido por el Derecho Internacional.

"Como pediatra, pero también como madre y exjefa de Estado, estoy profundamente conmocionada de que se fuerce a niños a dormir en el suelo en instalaciones saturadas, sin acceso a atención sanitaria adecuada o alimentos, y con malas condiciones de saneamiento", ha señalado en un comunicado.

Bachelet ha dejado claro que "detener a un niño incluso por breves periodos bajo buenas condiciones puede tener un grave impacto en su salud y desarrollo" así que hay que imaginarse "el daño que se hace cada día al permitir que esta alarmante situación continúe".

En este sentido, ha recalcado que la detención nunca va en el mejor interés del niño, por lo que ha instado a las autoridades estadounidenses a que busquen alternativas que no pasen por la detención de menores migrantes y refugiados, y también de los adultos.

Impacto en los niños de la detención

"Cualquier privación de la libertad de adultos migrantes y refugiados debería ser una medida de último recurso", ha sostenido, recalcando que si se produce debería ser por el menor tiempo posible, con salvaguardas de debido proceso y en condiciones que cumplan plenamente los estándares pertinentes internacionales en materia de Derechos Humanos.

Aunque, ha reconocido, "los estados tienen la prerrogativa soberana para decidir sobre las condiciones de entrada y permanencia de extranjeros" en su territorio, la gestión de sus fronteras debe cumplir las obligaciones en materia de Derechos Humanos y centrarse solo en "detectar, detener y deportar de forma expedita a los migrantes irregulares".

"En muchos de estos casos, los migrantes y refugiados se han embarcado en peligrosos viajes con sus hijos en busca de protección y dignidad y huyendo de la violencia y el hambre", ha subrayado Bachelet. "Cuando finalmente creen que han llegado a un lugar seguro, pueden encontrarse separados de sus seres queridos y encerrados en condiciones indignas", ha lamentado, recalcando que "esto no debería ocurrir nunca en ninguna parte".

Abusos en México y centroamérica 

Por otra parte, la jefa de Derechos Humanos de la ONU ha destacado que los representantes de su oficina en México y Centroamérica han documentado numerosas violaciones de los Derechos Humanos y abusos contra migrantes y refugiados en tránsito, incluido el uso excesivo de la fuerza, la privación arbitraria de la libertad, la separación de familias, la denegación de acceso a servicios, devoluciones y expulsiones arbitrarias.

Tras reconocer la complejidad de la situación y los retos a los que se enfrentan los países de origen, tránsito y destino, Bachelet les ha apelado a trabajar juntos para atajar las causas en la raíz del hecho de que la población abandonen sus hogares, entre las que ha mencionado la inseguridad, la violencia sexual y de género, la discriminación y la pobreza.

Por último, ha rendido homenaje a las organizaciones de la sociedad civil y particulares que ayudan a los migrantes. "La provisión de asistencia vital es un imperativo de Derechos Humanos que debe respetarse en todo momento y para todas las personas necesitadas", ha subrayado. "Es inconcebible que aquellos que buscan ofrecer tal apoyo se arriesguen a enfrentarse a cargos penales", ha remachado.

Sebastián Piñera recupera este domingo la Presidencia de Chile, después de un paréntesis de cuatro años en los que su antecesora, Michelle Bachelet, ha impulsado una transformación política y social para acabar con los vestigios de la dictadura del general Augusto Pinochet que, además de inconclusa, ha quedado eclipsada por una serie de escándalos de corrupción que han lastrado su hasta entonces intachable legado. Informa Europa Press.

La victoria de Piñera en las pasadas elecciones de diciembre le ha otorgado un segundo pase a La Moneda que hará efectivo este 11 de marzo en el Salón de Honor del Congreso Nacional ante unos 1.400 invitados, entre los que se cuentan los nuevos diputados y senadores, el Gobierno entrante y el saliente y siete jefes de Estado –Argentina, Brasil, México, Perú, Honduras, Ecuador y Bolivia–, si bien otros países enviarán representantes de alto nivel, como España, con el Rey Juan Carlos.

El líder de la derecha chilena ya está acostumbrado a estas ceremonias. El mismo día de 2010 recogió de manos de Bachelet, que agotaba entonces su primer mandato, el bastón y la banda presidenciales. Piñera ponía fin a una sucesión de gobiernos de izquierda que asumieron la tarea histórica de hacer la transición desde el régimen militar (1973-1990).

Se despidió del cargo con un 47% de apoyo y volvió a sus lucrativos negocios privados –es uno de los hombres más ricos de Chile–. La ausencia de un liderazgo claro en la derecha, y con el recuerdo aún vivo de la derrota electoral de Evelyn Matthei, le hizo abandonar el barbecho y postularse por Chile Vamos, la nueva plataforma conservadora.

El regreso de Piñera a la primera línea política estuvo amenazado, si bien brevemente, por las denuncias en sede judicial sobre un posible conflicto de intereses por la inversión que su familia hizo cuando él era presidente en una pesquera peruana que se benefició del fallo contra Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la frontera marítima entre ambos países.

Los sondeos le dibujaron durante meses como ganador, por lo que el 36% que obtuvo en la primera vuelta del 19 de octubre supo a poco y generó la expectativa de que una izquierda totalmente fragmentada, que a priori se daba por muerta, podía dar la batalla en el balotaje del 17 de diciembre con Alejandro Guillier como jefe de filas. Piñera, sin embargo, se impuso con nueve puntos de diferencia.

Para su segundo Gobierno, ha recuperado a algunos de sus antiguos ministros. Cinco personas forman su círculo de confianza: Andrés Chadwick volverá a Interior; Felipe Larraín recuperará Hacienda; Cecilia Pérez ejercerá otra vez de portavoz gubernamental; y Gonzalo Blumel se ocupará de las relaciones con el Congreso. Destaca entre todos el nuevo ministro de Exteriores, Alfredo Moreno, a quien muchos señalan como su heredero político.

Uno de los principales retos de Piñera en esta segunda etapa será gestionar la nueva configuración parlamentaria. La reforma electoral ha acabado con la polarización entre las fuerzas tradicionales de izquierda y derecha, lo que obligará a debatir y negociar para legislar, a pesar de que Chile Vamos –plataforma oficialista– ostenta la mayoría en ambas cámaras.

Adiós a Bachelet

La otra cara de este 11 de marzo es Bachelet. La presidenta se despide del cargo, como ya hizo en 2010, pero esta vez lo hará muy probablemente de manera definitiva, entre otras razones, por el sabor agridulce con el que ha concluido su segundo mandato.

Bachelet cerró su primer periodo con un 80% de popularidad, una cifra que tuvo su reflejo en la comunidad internacional, que la rescató para ejercer como primera directora de ONU Mujeres. Estas credenciales garantizaron su regreso a La Moneda en 2010. Todo auguraba un nuevo periodo de esplendor.

Pero no fue así. La dirigente socialista se lanzó a su segundo mandato con una ambiciosa agenda de reformas que ha acaparado todos sus esfuerzos durante estos últimos cuatro años y que, pese a ello, no ha logrado culminar debido a la férrea oposición del establishment chileno.

En su haber, la legalización del aborto en los tres supuestos clásicos y de las uniones civiles entre homosexuales; una ansiada reforma educativa que ha impuesto la gratuidad en colegios y universidades; una reforma tributaria que ha aumentado los impuestos a grandes empresas; y una reforma electoral que ha desmantelado la estructura pinochetista que cerraba a los pequeños partidos y a los independientes las puertas del Congreso.

En el tintero se ha quedado la reforma constitucional, promesa estrella en campaña electoral. Bachelet ha enviado esta misma semana al Parlamento su borrador de la nueva Carta Magna, que "establece la inviolabilidad de la dignidad humana y el respeto y la protección de los Derechos Humanos". "Es un salto gigantesco que nos pone a la altura de los países más desarrollados del mundo", ha destacado.

Contra Bachelet ha jugado, sobre todo, la mala marcha de la economía. Su crecimiento se ha ralentizado, según los críticos, por un descuido de las políticas económicas a favor de dichas reformas. Algunos expertos señalan, no obstante, a la caída del precio del cobre, principal fuente de ingresos de Chile.

Como remate, los casos de corrupción han salpicado a su Gobierno e incluso a su familia. Su hijo, Sebastián Dávalos, y su nuera, Natalia Compagnon, han estado en la mira de la Justicia por un supuesto trato de favor en la concesión de un crédito bancario. Aunque esta causa fue desestimada, ahora la Fiscalía ultima otra contra el matrimonio por un presunto delito de estafa.

Un cambio memorable

Así, la jefa de Estado dice adiós con un 39% de popularidad y, según ha denunciado en una de sus últimas entrevistas, lo hace con cierta tristeza porque, si bien ha habido "momentos duros", cree que ella y su equipo han sido víctimas de "una crítica despiadada" que nada ha tenido que ver con su desempeño profesional.

En su opinión, "ha habido un sesgo sexista y machista" a la hora de juzgar su labor como presidenta, aunque ha reconocido que el suyo no es un caso aislado: "No se juzga de la misma manera. Lo que en un hombre puede ser visto como sensibilidad, en una mujer puede ser visto como debilidad". Ella ha optado por ser fiel a sí misma: "Lo más importante es que uno sea genuino".

Desde fuera las cosas se ven de otra manera. La encuesta que hace Ipsos a líderes de opinión de América Latina le concede un 69% de popularidad y Forbes la señala como la mujer más poderosa del subcontinente americano. La ONU, por su parte, le guarda un asiento en la Junta Consultiva de Alto Nivel sobre Mediación.

En línea con esta tendencia, el analista Manuel Antonio Garretón, consultado por BBC Mundo, afirma que el de Bachelet "ha sido el Gobierno más importante que ha habido en Chile" desde la restauración democrática, no porque sea el mejor, sino porque ha supuesto un "salto" cualitativo.

"Para mucha gente, Chile es un país mejor", ha defendido Bachelet en su último acto, que tuvo lugar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. "Sé que no hemos podido hacerlo todo (...) Queda mucho por caminar", ha reconocido y al mismo tiempo ha prometido: "Desde mi lugar de ciudadana sepan que seguiré caminando".

En su primera Cuenta a la Nación, en mayo del 2014, expuso el compromiso de abordar distintos desafíos partiendo de tres grandes transformaciones: la reforma tributaria, la reforma educacional y una nueva constitución. Haciendo gala de su primer discurso como presidenta electa, acaba la legislatura repitiendo aquello de “digo lo que pienso y hago lo que digo”. Y es que la Chile que deja Michelle Bachelet en 2017 supone un punto y aparte de la Chile que proyectó bajo el prisma de derechas el conservador Sebastián Piñera.

En una sola legislatura, Bachelet ha pisado el acelerador del progreso reconociendo derechos con los que llevamos conviviendo más de una década en la España de Rodríguez Zapatero. Bajo la firma de la mandataria se puso fin al sistema electoral binominal —que como la propia Bachelet denomina “debe la vida a la dictadura”— por uno de representación proporcional que asegura la presencia de las mujeres en la vida pública.

Además, por primera vez sacó a Chile de la lista de los países donde todavía está prohibido el aborto, con la ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Eso sí, mediante un sistema de supuestos y no de plazos. Y es que este, aunque se encuentre a 30 años del modelo español, significa un gran paso para Chile.

Donde sí nos han adelantado los chilenos ha sido en la constitución del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, cuya puesta en valor le otorga de suficiente autonomía como para no estar incluido en el título de otro Ministerio. En la misma línea política de igualdad, se sitúa la modificación al Código del Trabajo para equilibrar las responsabilidades familiares extendiendo al padre trabajador el derecho irrenunciable de disponer de al menos una hora al día para alimentar a los hijos menores de dos años.

En un panorama, como el político, donde las rectificaciones parecen traducirse en derrotas, resulta inimaginable escuchar a un líder político naturalizar un cambio de opinión. “Las sociedades evolucionan, y yo también evoluciono”, son declaraciones de la propia Bachelet, en el debate entre candidatos al pacto de Nueva Mayoría, al ser recordada su posición contraria al matrimonio igualitario. Bachelet reconoció que le impactó charlar en España con un joven que encarnaba esa lucha por la igualdad y la no discriminación. Las palabras de aquella candidata se tradujeron, en el año 2015, en un proyecto de ley de matrimonio igualitario como presidenta. Sin embargo, su culminación dependerá de los resultados de la segunda vuelta electoral, ya que el candidato Piñera ha manifestado su negativa en repetidas ocasiones.

Lo que parece no tener vuelta atrás es la conquista de la gratuidad educativa, la “voltereta insólita” —como la denomina el Gobierno chileno— sobre el nuevo posicionamiento político de Piñera viene a demostrar el éxito de la reforma educacional, y es que “los cambios no se pueden detener por decreto”, como afirma la propia presidenta. Poner fin al sistema de copago y cesar el lucro en la educación bien define el legado de Bachelet. Que esperemos no se convierta en un paréntesis para el progreso en Chile, el próximo 17 de diciembre, y sí en un punto y seguido. _____________Lorena Calderón es periodista.

Sebastián Piñera intentará este domingo volver a La Moneda para un nuevo mandato presidencial de cuatro años como representante conservador y, a juzgar por los sondeos sobre intención de voto, lo tendrá fácil, al menos en este primer asalto, debido a la profunda división de la izquierda chilena, informa Europa Press.

"Vamos a tomar una decisión que va a afectar nuestras vidas por muchas décadas, hoy día vamos a elegir los caminos que queremos recorrer y los tiempos que queremos vivir, y yo porque conozco muy bien a nuestros compatriotas, sé que vamos a elegir los caminos rectos aquellos que conducen a tiempos mejores", ha declarado Piñera al votar en el colegio República de Alemania en la comuna de Santiago.

Los chilenos están convocados a las urnas para elegir a sus representantes en la Cámara de Diputados y en el Senado, así como en los Consejos Regionales, y para votar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el plato fuerte de esta jornada electoral.

Piñera, que ya ostentó la Jefatura del Estado entre 2010 y 2014, es el favorito. Las encuestas le conceden en torno a un 40% de los sufragios, una cifra que le convertiría en ganador de esta primera vuelta, pero que le obligaría a defender el podio en el balotaje del próximo 17 de diciembre, al no superar el umbral del 50%.

El abanderado de Chile Vamos ha estado en barbecho como candidato de la derecha desde que abandonó la Presidencia, con un 50% de popularidad. Su antigua ministra de Trabajo, Evelyn Matthei, le guardó la silla en los comicios de 2013 –a los que Piñera no podía concurrir por prohibición constitucional–, aunque fue arrollada por Michelle Bachelet.

El ex presidente se mantuvo en un segundo plano hasta que el horizonte electoral comenzó a acercarse y los rumores sobre su regreso a la primera línea a intensificarse. Piñera alimentó la incógnita hasta marzo de este mismo año, cuando hizo oficial lo que ya había asumido todo el espectro político: sería candidato.

A pesar de ser la gran esperanza de la coalición conservadora –que tuvo que reformularse tras el batacazo electoral de Matthei–, su candidatura no ha estado exenta de polémica. La Justicia le ha investigado por financiación ilegal de su primera campaña presidencial y por fraude fiscal.

Uno de los escándalos más sonados de Piñera, el tercer hombre más rico del país suramericano, ha sido por la inversión que hizo siendo presidente en una pesquera peruana que se benefició del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que concede 22 kilómetros de mar a Perú a costa de Chile.

Dos candidatos para la izquierda

El principal rival de Piñera es Alejandro Guillier, un conocido periodista de 64 años que el pasado mes de abril se hizo con la nominación presidencial de la Nueva Mayoría –la alianza izquierdista con la que gobierna Bachelet– derrotando a uno de sus iconos: Ricardo Lagos.

Todas las mediciones coinciden en que Guillier quedará segundo este domingo, con cerca de un 20% de las papeletas, por lo que sus expectativas se sitúan en el 17 de diciembre, cuando, incorporando los apoyos de los candidatos descartados en primera vuelta, sí podría hacer frente a Piñera.

Su gran lastre en esta toma de contacto es la división del voto en la izquierda chilena porque compite con otros cinco candidatos de su misma cuerda, entre los que destacan la también periodista Beatriz Sánchez y Carolina Goic, también bajo el paraguas de la Nueva Mayoría.

Es la primera vez desde la caída del régimen del general Augusto Pinochet que la tradicional alianza izquierdista acude dividida a unas elecciones presidenciales. Y lo hace porque la Democracia Cristiana (DC) se negó a aceptar otro candidato que no fuera Goic y la Nueva Mayoría decidió seguir adelante con la nominación de Guillier, con mejor rendimiento electoral.

Goic, una trabajadora social de 44 años, goza de tirón popular por su trabajo en el Congreso a favor de las causas sociales. Sin embargo, las simpatías de los chilenos apenas tienen reflejo en los sondeos, que le otorgan un 4%, aunque es una suma suficiente para socavar las aspiraciones presidenciales de Guillier en primera vuelta y determinante para el balotaje, en el que solo se medirán los dos candidatos más votados.

Más allá de las luchas intestinas en la Nueva Mayoría, la verdadera rival por la izquierda de Guillier es Sánchez. La Bea –como gusta en llamarse a sí misma– representa al Frente Amplio, un bloque integrado por líderes estudiantiles y otros activistas que trata de superar la dicotomía entre los dos grandes polos de la política chilena. Podría adjudicarse hasta un 15% de los votos.

Adiós (definitivo) a Bachelet

A Guillier –por extensión de la Nueva Mayoría– le pesa también la mala sensación que estos últimos cuatro años de Bachelet en La Moneda han dejado a los chilenos. Prueba de ello es que esta vez se despide de la Presidencia con un 20% de popularidad, muy lejos del 80% de 2010.

Bachelet arrasó en 2013 por el buen recuerdo de su primera etapa en el Gobierno (2006-2010), que le valió incluso el cargo de primera directora ejecutiva de ONU Mujeres, y por el impulso reformista con el que pretendía desmantelar las últimas estructuras de la dictadura militar.

En este segundo mandato ha conseguido aprobar la ansiada reforma educativa que motivó violentas protestas durante su primer Gobierno y el de Piñera y una reforma fiscal que ha puesto a tributar de verdad a las grandes empresas. Asimismo, ha logrado legalizar el aborto en tres supuestos y las uniones civiles entre homosexuales.

Uno de los hitos de su regreso ha sido la eliminación del sistema binominal, una reminiscencia pinochetista que históricamente ha expulsado del arco parlamentario a los partidos pequeños y a los candidatos independientes, y su sustitución por un sistema proporcional que se testará por primera vez este domingo.

Se le ha quedado en el tintero una ambiciosa reforma constitucional ambiciosa reforma constitucionalcon la que pretendía impulsar a Chile hacia una nueva era. El bronco debate político sobre esta cuestión solo le ha permitido enmendar levemente la Carta Magna para que los chilenos que residen en el extranjero puedan votar.

Carga además con una larga lista de casos de corrupción que le han afectado en primera persona por su hijo, Sebastián Dávalos, y su nuera, Natalia Compagnon, que se habrían valido de su vínculo familiar con la presidenta para obtener un ventajoso crédito.

La mala imagen en el plano doméstico contrasta con su perfil internacional, que permitirá a Bachelet, una pediatra de 66 años, volver a Naciones Unidas, esta vez, como miembro de una junta consultiva sobre mediación. Salvo sorpresa, se espera que sea su retirada definitiva.

El Tribunal Supremo de Chile ha confirmado este miércoles las sentencias de cuatro años de prisión emitidas contra dos militares retirados por las torturas que provocaron la muerte del general Alberto Bachelet, padre de la actual presidenta, Michelle Bachelet, durante la dictadura de Augusto Pinochet, según informa Europa Press.

La corte chilena ha ratificado las sentencias de "presidio efectivo" a los dos exmiembros de la Fuerza Aérea del país Edgar Cevallos y Ramón Cáceres, según el comunicado difundido por el propio tribunal y recogido por el diario chileno La Tercera. Cáceres fue condenado a tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, mientras que el coronel Ceballos recibió una sentencia de dos años y un día de presidio menor en su grado medio en 2014. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones elevó a cuatro años las dos condenas el pasado mes de mayo.

Según un informe entregado por el Servicio Médico Legal (SML), se determinó que el general Bachelet falleció el 12 de marzo de 1974 en la cárcel pública de Santiago a causa de las torturas sufridas durante su detención tras ser acusado de traición por el régimen militar de Pinochet. El fallo del Supremo señala que ambos fueron coautores de un delito de "aplicación de tormentos al general Bachelet", echando por tierra los recursos de casación presentados para revertir lo decretado por el Tribunal de Apelaciones en mayo.

En 2025 se jubilarán los primeros chilenos que comenzaron a trabajar y a cotizar en exclusiva para el sistema de pensiones instaurado por el general Pinochet en 1981. Pero ha sido este año, pese a que la polémica a su costa ha sido recurrente desde que fue creado, cuando ha estallado la indignación de los chilenos contra el modelo de ahorro, privado, obligatorio y de capitalización que con frecuencia se ofrece como referencia para resolver los problemas de los sistemas públicos de pensiones como el español. Cientos de miles de chilenos salieron a las calles el pasado domingo para exigir pensiones dignas. Ya lo habían hecho el 24 de julio y amenazan con un paro nacional el 4 de noviembre si el Gobierno no atiende sus reclamaciones.

Porque, pese a que la presidenta Michelle Bachelet creó una comisión –la Comisión Bravo– para estudiar la reforma del sistema, y ésta entregó su informe en septiembre de 2015, nada se ha movido desde entonces. En 2008 fue también Bachelet quien promovió una primera reforma del modelo de Pinochet, que se ha revelado insuficiente. No tocaba la esencia del sistema.

Según las cifras de la Superintendencia de Pensiones, el organismo público encargado de vigilar y auditar el sistema, la pensión media de jubilación en Chile es sólo de 255 euros al mes, el 78% del Salario Mínimo, que asciende a 325 euros. El informe de la Comisión Bravo calcula que el 79% de las pensiones chilenas son inferiores al salario mínimo y el 44% están por debajo del umbral de pobreza. Si se consideran sólo las pensiones de jubilación, el 91% no llega a los 210 euros mensuales.

Para hacerse una idea del escaso volumen de la prestación basta con fijarse en la tasa de reemplazo –el cociente entre el último salario y la primera pensión–, que es sólo del 34% –el 48% para los hombres y el 24% para las mujeres–. El informe también hace una proyección de cuál será la pensión de quienes dejen de trabajar entre 2025 y 2035. La mitad de ellos cobrarán sólo el 15% de su último sueldo. En España, la tasa es del 82%, una de las más elevadas del mundo. La media de la UE alcanza el 59%.

El sistema chileno es totalmente privado. Los trabajadores pagan un 10% de su sueldo a unas entidades financieras denominadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). En su momento llegaron a ser 21, pero hoy únicamente operan seis. No sólo les ingresan sus cotizaciones, sino que también les pagan comisiones por la gestión de los fondos en que las invierten. La cotización es obligatoria para todos los asalariados. Desde 2015, también para los autónomos. Pero están excluidos los miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y de la Gendarmería, que tienen su propio sistema y con pensiones más elevadas.

A diferencia del resto de los modelos, en el chileno sólo cotiza el trabajador, no la empresa. Chile es el único país de la OCDE en que el empleador no paga cuota. Existen cinco tipos de fondos, del más conservador al más arriesgado, en el que los chilenos pueden invertir sus cotizaciones. Cada uno puede elegir dos de ellos.

Escasa rentabilidad... para el trabajador

Así, todos los trabajadores tienen su propia cuenta individual, cuyo monto es invertido por las AFP sólo en grandes empresas y bancos –la ley les prohíbe hacerlo en pymes–. Según la Fundación Sol, una institución sin ánimo de lucro que realiza estudios sobre el mercado laboral chileno, las AFP invierten más de 27.400 millones de euros en 10 bancos. El tejido empresarial del país, destaca, se ha financiado durante los últimos 35 años gracias a los ahorros de los chilenos, en lo que la fundación califica como una “inyección de capital permanente, cautiva y de bajo coste”. Para los defensores del sistema, en cambio, esas inversiones han sido el motor del desarrollo económico del país.

Sin embargo, la rentabilidad de esas inversiones no ha sido la esperada por –y prometida a– los trabajadores cuando en 1981 Pinochet acabó con el sistema de reparto existente para reemplazarlo por el que diseñaron los discípulos de Milton Friedman en la Escuela de Chicago. La Fundación Sol cifra en un 26% la rentabilidad media anual de las AFP durante los últimos 20 años. En 2015 estas entidades tuvieron unos beneficios de 2,10 millones de euros al día. Buena parte de ellos proceden de las comisiones que cobran a los chilenos, muy por encima, aseguran los investigadores, de los costes reales de gestión.

En contraste, la rentabilidad de cada cuenta individual es mucho menor. Se mide con la denominada Tasa Interna de Retorno (TIR) que es sólo del 3% para las mujeres y del 3,1% para los hombres –a las mujeres se les penaliza a la hora de calcular la pensión por su mayor esperanza de vida; además se jubilan antes, a los 60 años, mientras que los hombres lo hacen a los 65–. Si se excluyen las comisiones, la TIR se eleva al 5,4% en ambos casos.

Los salarios en Chile son bajos; por tanto, también las cotizaciones, pero la fundación no cree que ése sea el problema de las pensiones insuficientes devengadas por el actual sistema. Según los cálculos de la fundación, cada mes las AFP ingresan 673 millones de euros en cotizaciones de los trabajadores, pero sólo pagan 269 millones en pensiones, menos de la mitad. Con la diferencia entre una cantidad y otra, concluye la fundación, se podría pagar pensiones mayores e incluso nutrir un fondo de reserva.

Dos AFP son de propiedad estadounidense

Por el contrario, el negocio lo hace las seis entidades financieras que gestionan el sistema privado. En total, las seis AFP administran casi 148.000 millones de euros, lo que equivale al 70% del PIB chileno. Los 10,1 millones de afiliados pagan cotizaciones, no al Estado, como es el caso de España, sino a Capital, Cuprum, Habitat, Modelo, Planvital y Provida. Esta última es la que suma el mayor número de afiliados, el 32%. Pertenece a Metlife, la primera aseguradora de EEUU, que se la compró al BBVA en febrero de 2013 por 1.362 millones de euros.

Le sigue Habitat, con el 20% de los afiliados. Su dueño es la Cámara Chilena de la Construcción, la patronal del ladrillo. La dueña de Capital es el grupo colombiano Sura. Modelo nació en 2010, ofrece pensiones a los nuevos afiliados al sistema y entró en el mercado ofreciendo las comisiones más bajas. Es propiedad de Inversiones Atlántico, creada por un empresario chileno próximo al expresidente conservador Sebastián Piñera. Planvital pertenece a Asesorías e Inversiones Los Olmos, un grupo chileno que, según el diario digital El Mostrador, es controlado por un fondo, Atacama Investments, constituido en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. Finalmente, el 97,97% de Cuprum corresponde a otra compañía de EEUU, Principal Financial Group.

El Santander tuvo su propia AFP, Bansantander, y, como queda dicho, el BBVA era dueño de la principal entidad gestora de pensiones hasta 2013. Ambos poseen ahora pequeños porcentajes de Planvital, Provida, Cuprum y Habitat, de acuerdo con la información proporcionada por la Superintendencia de Pensiones.

Las reformas del sistema

Debido a la insuficiencia del modelo, la reforma de 2008 creó una pensión no contributiva que paga el Estado, la Pensión Básica Solidaria: 120,85 euros al mes, que cobra el 60% más pobre de la población. El Estado chileno paga 131,9 millones de euros al mes por este concepto a un total de 1,35 millones de personas. También se estableció un Aporte Previsional Solidario (APS), al modo de lo que en España se conoce como complemento de mínimos, que completa hasta los 442 euros la pensión de quien no haya cotizado lo suficiente. Además, empezaron a aplicarse incentivos para que coticen más las mujeres y los jóvenes y las empresas empezaron a pagar el seguro de invalidez y supervivencia.

Las propuestas para la nueva reforma transmitidas por la Comisión Bravo a Bachelet son ahora más ambiciosas. Los expertos que la integran piden que se cree una AFP estatal, y se aumente de forma significativa la cuantía de la Pensión Básica Solidaria y se universalice. Quieren que ésta se financie con impuestos y con una nueva cotización del 2% a cargo de la empresa. La empresa deberá además pagar otro 2% para las cuentas individuales de los trabajadores. También reclaman medidas para reducir las comisiones de las AFP privadas. Y no sólo equiparar la edad legal de jubilación de hombres y mujeres, sino también que se apliquen tablas de mortalidad idénticas para ambos sexos.

En cualquier caso, la comisión no excluyó entre sus propuestas la más radical, sustituir el modelo de ahorro privado obligatorio por uno de reparto, “con una pensión mejor, definida, de por vida y no discriminatoria”. Como el español.

Uno de los máximos tribunales de Chile declaró este jueves inconstitucional parte de un proyecto que impulsa el Gobierno sobre gratuidad en la educación superior por considerarlo discriminatorio en las instituciones seleccionadas, lo que obligaría al Ejecutivo a buscar opciones para sortear este contratiempo.

Un día después de que la presidenta, Michelle Bachelet, dijera en un acto público que más de 200.000 familias serían beneficiadas en el próximo mes de marzo con educación superior gratuita –una de sus promesas de campaña–, el Tribunal Constitucional (TC) puso en duda sus palabras.

El TC cuestionó los requisitos exigidos, así como que sólo se haya escogido a las entidades públicas agrupadas en el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (Cruch) y en tres entidades privadas.

Tras una denuncia de diputados opositores, el tribunal acogió por seis votos contra cuatro "la alegación de discriminación arbitraria formulada por los requirentes" en cuanto a los requisitos de elegibilidad para que accedan a la gratuidad estudiantes de centros de estudios privados no agrupados en el Cruch.

"El TC le dijo al Gobierno que no puede discriminar y que busque una fórmula para que el beneficio de la gratuidad no sólo sea para los centros del Cruch", ha explicado el diputado opositor Felipe Kast a la salida del tribunal.

La medida obligaría al Gobierno a modificar esta política que en el 2016 implicaría desembolsos por unos 765 millones de dólares, enfocados en el 50% de los estudiantes más vulnerables pertenecientes a las universidades agrupadas en el Cruch y en tres privadas.

Bachelet, que atraviesa por una fuerte caída en su popularidad, deberá trabajar contrarreloj para encontrar en las próximas semanas alternativas que le permitan sortear las objeciones dictaminadas por el Tribunal Constitucional.

Entre las fórmulas que barajaría el Gobierno estaría ampliar el beneficio de gratuidad a más instituciones, realizar aportes directos a las universidades del Cruch o entregar becas, algo que el Gobierno había descartado inicialmente.

El ministro de Interior de Chile, Jorge Burgos, ha elevado a diez el número de fallecidos a causa del terremoto de 8,4 que se ha producido este miércoles en la región de Coquimbo, en el norte del país, y ha asegurado que la situación comienza a normalizarse.

"El número de ocho fallecidos aumentó. Ahora se suman dos personas más: la primera es una que habíamos calificado como desaparecida y la segunda falleció producto del tsunami", ha dicho Burgos en una rueda de prensa.

Además, unas 600 personas han tenido que ser evacuadas a albergues en zonas altas, si bien el director de la Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI), Ricardo Toro, ha garantizado la "ayuda humanitaria" para todos los afectados.

Burgos ha explicado que el caos de las primeras horas ha desaparecido y que los servicios básicos que se han visto afectados han comenzado a restablecerse, como el tendido eléctrico, aunque en su mayoría no ha sufrido daños.

Burgos ha descartado igualmente la posibilidad de que haya una crisis de abastecimiento. "No hay ninguna razón para creer que el combustible se va a acabar. No hay inconvenientes, así que no hay necesidad de aglomerarse en las estaciones de servicio", ha indicado.

Viaje a la zona

Por su parte, la presidenta chilena, Michelle Bachelet, ha encabezado la reunión gubernamental para coordinar la ayuda para la región de Coquimbo y se espera que en las próximas horas viaje a la zona para valorar el impacto del seísmo.

En su primera comparecencia pública tras la sacudida, Bachelet ha dicho desde La Moneda que la prioridad del Gobierno es garantizar la seguridad de los habitantes de Coquimbo "monitoreando las zonas afectadas" a través de los distintos organismos.

Bachelet ha considerado que, conforme al primer balance, no es necesario declarar el estado de excepción pero que se declarará la zona de catástrofe donde se requiera "para ir en ayuda de las familias afectadas".

No obstante, "el Ministerio de Educación tomó la decisión de suspender las clases mientras se observa la evolución de los hechos para que los niños que no asistan a clases en el día de mañana".

El dictador chileno Augusto Pinochet trató de ocultar varios informes policiales que acusaban a militares de quemar y matar a un estudiante estadounidense en 1986, según varios archivos desclasificados por el Gobierno de Estados Unidos que fueron divulgados este viernes.

Los documentos revelados por el Archivo de Seguridad Nacional estadounidense pueden arrojar más datos sobre el incidente, que se convirtió en un símbolo de la brutalidad de la dictadura que encabezó Pinochet entre 1973 y 1990.

El conocido como caso Quemados regresó a los titulares en las últimas semanas después de la declaración de un exsoldado que decidió romper un pacto de silencio, modificando así su testimonio previo sobre el incidente, lo que provocó la apertura de un nuevo proceso judicial.

Varios grupos en defensa de los Derechos Humanos aseguraron que los agentes utilizaron gasolina para quemar y matar al estudiante de 19 años Rodrigo Rojas y herir gravemente a Carmen Gloria Quintana, una chilena de 18 años, después de su participación en una protesta.

Según los documentos revelados por Estados Unidos, la Policía descubrió en su momento que una patrulla del Ejército estuvo involucrada en el crimen y sus conclusiones se enviaron a Pinochet, que ocultó los hallazgos.

Pinochet inculpó a las víctimas

"Una investigación del servicio de inteligencia chileno ha señalado a personal del Ejército como claramente involucrado", reveló un informe secreto de 1986 que se entregó al entonces presidente estadounidense, Ronald Reagan.

"Sin embargo, el Gobierno chileno, encabezado por Pinochet, está tratando de definir públicamente a Rojas y Quintana (...) como terroristas, supuestamente víctimas de sus propias bombas molotov", añadió el informe.

La presidenta chilena, Michelle Bachelet, que fue torturada durante la dictadura, pidió esta semana a quienes tengan información sobre otros incidentes similares ocurridos durante ese periodo que presenten sus testimonios para colaborar con la justicia. Durante el régimen de Pinochet, más de 3.000 personas murieron o desaparecieron a manos de agentes de la dictadura, mientras que otras 28.000 fueron torturadas.

Cada vez que se celebran elecciones, se repite el mismo ritual. Una parte de la prensa interpreta que suponen un nuevo paso hacia la derrota final, una más, una victoria indiscutible. El Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales, el partido del presidente boliviano, ¿se impuso a finales de marzo en seis de los nueve departamentos del país o, más bien, perdió bastiones como la Alcaldía de El Alto? El escándalo Petrobras ¿arrastrará a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, o hay que poner más bien el foco en el descenso del número de manifestantes contabilizados entre mediados de marzo y mediados de abril (de 1,7 millones a 600.000) o tal vez en el objetivo –confesado– de la oposición de indicar a la presidenta por dónde está la salida? Y, sobre todo, ¿está la izquierda latinoamericana en crisis o es intocable?

En una década, América del Sur se ha vuelto rojaroja. En 1999, Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela. Apelaba a una nueva izquierda que permitió pasar la página de la guerra fría, dando paso al “socialismo del siglo XXI”. En 2000, el socialista moderado Ricardo Lagos se situó al frente de Chile; en 2003, Lula da Silva, en Brasil, y Néstor Kirchner, en Argentina; en 2005, Tabaré Vázquez, en Uruguay, y un año más tarde, Evo Morales en Bolivia, seguido en 2007 de Rafael Correa en Ecuador y, en 2008, de Fernando Lugo en Paraguay.

Con la excepción de este último, destituido en 2012 tras un golpe de Estado parlamentario dirigido por la oposición, todas estas izquierdas diversas y variadas siguen en el poder. En 2014, año en el que abundaron las convocatorias electorales, se impuso en las urnas –no sin dificultades, es verdad– Dilma Rousseff, sucesora de Lula da Silva; también Tabaré Vázquez, que recuperaba las riendas de Uruguay, y resultaba reelegido por segunda vez Evo Morales. Estos resultados permiten concluir a Olivier Dabène, profesor de Ciencias Políticas en el Instituto de Estudios Políticos de París e investigador en el Centro de Estudios e Investigaciones Internacionales (CERI, por sus siglas en francés), que estas izquierdas no se encuentran en crisis, aunque sufran “cierto desgaste, después de una década en el poder”. Primera constatación: las izquierdas latinoamericana han llegado para quedarse.

Sin embargo, las dificultades económicas –derivadas de la crisis de 2008 y de la bajada del precio de las materias primas– han acabado con la audacia de que hicieron gala durante los primeros años en el ejercicio del poder. “La izquierda cedió con cierta facilidad durante los años del boom de las exportaciones de materias primas; una oportunidad de oro que ha permitido financiar generosas políticas de redistribución”, explica el especialista que ha dirigido la obraLa Gauche en Amérique latine - 1998-2012 [La izquierda en América latina - 1998-2012].

En un país como Venezuela, donde las exportaciones de la empresa estatal de petroleo (PDVSA) suponen el 96,6% de las divisas, las materias primas financian los programas sociales, las “misiones”, dirigidas a combatir el analfabetismo, la infravivienda, o han intentado proporcionar una medicina gratuita… Gracias a los altos precios, en ocasiones por encima de los 100 dólares el barril, la pobreza retrocedió (según el Instituto Nacional de Estadística (INE); en 1998, el 49% de los hogares eran pobres, frente al 21,2% que lo era a finales de 2012). Actualmente, la tendencia se está invirtiendo. Diferentes estudios, más o menos alarmistas, revelan un fuerte aumento –o al menos estancamiento– de la pobreza.

No obstante, el subcontinente americano depende cada vez más de las materias primas. Países como Brasil se están desindustrialización para “reprimarizarse”; las exportaciones de “materias primas, transformadas o no, aumentan notablemente en detrimento de la partida correspondiente a los productos industriales, antaño creciente”, detalle el economista Pierre Salama, profesor de la Universidad París 13, en su obra Les Économies emergentes latino-américaines. Entre cigales et fourmis [Las economías emergentes latinoamericanas. Entre cigarras y hormigas]. Si las ayudas públicas disminuyen, la base electoral de estas izquierdas corre el riesgo de venirse abajo con ellas.

Entre las clases medias ya se logrado imponerse la oposición. Temir Porras, antiguo asesor del presidente venezolano Nicolás Maduro, aseguraba a Mediapart que “estas clases sociales que no tienen acceso a las subvenciones, que, en cierto modo, se entregan al mercado, sufren de lleno el aumento de la inflación. Esto explica la radicalización de los barrios acomodados durante las revueltas del años pasado”, que causaron 43 muertos.

La oposición de izquierdas critica la corriente “recentralizadora”

Frente a estas crisis, algunas izquierdas, las más moderadas, han pasado a convertirse en “izquierdas gestoras”, por emplear el término utilizado por Olivier Dabène, que pone como ejemplo a Brasil, Argentina, Chile y Uruguay. En Brasil, la austeridad manda, tal y como se puso de manifiesto con el nombramiento como ministro de Finanzas de Joaquim Levy, del FMI, para recortar el gasto público. El historiador argentino Horacio Tarcus, director del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas, en Argentina, recuerda que uno de los logros del kirchnerismo fue conseguir devolver la “confianza en la política”. Pero constata que a día de hoy los potenciales sucesores de Cristina Kirchner han pasado a una fase “postpolítica”, reducidos de nuevo a su papel de meros “gerentes de la demanda social”. Pervive el deseo de un cambio brusco y ya no se pone en cuestión el liberalismo económico.

Por contra, las izquierdas en el poder más radicales tienen “todavía una agenda de reformas”, según Olivier Dabène. Siguen innovando por la senda de caminos todavía sin explorar. Bolivia intenta construir un Estado plurinacional. En las elecciones generales de 2014, en las que los bolivianos estaban llamados a elegir al presidente, el vicepresidente, la composición de la Asamblea legislativa y el Senado, se aplicó por vez primera la Constitución de 2009 que garantiza una representación más justa de los pueblos indígenas.

Esta “agenda de reformas” lleva tiempo y a veces sufre algún revés. El objetivo de alcanzar el concepto ecológico del “buen vivir”, incluido en la Constitución ecuatoriana, entra en contradicción con el visto bueno concedido a la explotación de materias primas. La luz verde dada por el Congreso, a petición de Rafael Correa, a la explotación petrolífera de la reserva Yasuni, en el Amazonas, en octubre de 2013, se ha interpretado como un retroceso. Este parque se había convertido en todo un símbolo de la defensa del medio ambiente cuando, en 2007, el propio Correa propuso a la ONU no explotar el subsuelo a cambio de 3.600 millones de dólares.

Hay voces de izquierdas que se oponen a este proceso de “recentralización”, aunque no suponen una amenaza para los gobiernos en el poder. La derecha intenta sacar rédito de las dificultades económicas, sin conseguirlo. Para Olivier Dabène la “gran oportunidad de la izquierda es la debilidad de la derecha. La derecha no tiene un programa alternativo que proponer a los electores. No puede retomar el neoliberalismo porque a nadie le apetece volver a ser pobre. Así que debe limitarse a tratar de convencer de que puede convertirse en mejor gestor que la izquierda, incluso que quiere acabar con el clientelismo e institucionalizar los programas redistributivos”, como sucede con Henrique Capriles en Venezuela, candidato que salió derrotado frente a Hugo Chávez en 2012 y Nicolás Maduro en 2013.

Esta derecha “socializa” su discurso, asegura que respetará algunas reformas emprendidas por sus predecesores y opositores y contempla las elecciones como la única vía para conseguirlo. Otra derecha se impacienta tras las sucesivas derrotas electorales. Sale a la calle y se manifiesta reclamando la dimisión del gobierno en el poder. En 2014, en Venezuela, los manifestantes pedían la salida de Nicolás Madura, mientras coreaban “¡Dilma fuera!” en Brasil, en marzo y abril de este año. Esta última estrategia, más mediática e impresionante en la forma, tiene un doble filo. La izquierda puede hacer hincapié en el aspecto antidemocrático de la misma y descalificarla.

El peor enemigo de los Gobiernos de izquierdas en el poder quizás resida en ellos mismos. El poder político es personalista, dirigido por un líder carismático. Esto supone una fortaleza, pero también su principal debilidad. La sucesión de Hugo Chávez, llevada a cabo de forma precipitada y que aupó a Nicolás Maduro al poder, sumergió al país en un ciclo de inestabilidad. Objetivo más fácil para la oposición, este debe dar muestras de ingenio (o de autoridad) para mantener la unidad de los chavistas. No obstante, este ejemplo no es extrapolable a Evo Morales ni a Rafael Correa, que no parecen prever la sucesión entre las opciones. En Argentina, reina la incertidumbre dado que Cristina Kirchner no puede volverse a presentar a las presidenciales de octubre de 2015 y habida cuenta de que la presidenta no ha dado ninguna directriz antes de las primarias de agosto.

Los potenciales sucesores tendrán la ardua labor de dar un nuevo impulso a estas izquierdas, que tienen por delante el desafío de reinventar nuevas fuentes de desarrollo, dependientes en menor medida de la explotación de las materias primas.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció en la noche de este martes un "proceso constituyente", que se desarrollará a partir del mes de septiembre, para crear una nueva Constitución, así como la inmediata puesta en marcha de una serie de reformas para combatir la corrupción en el país sudamericano, que también deberían ser incluidas posteriormente en la Carta Magna.

En un mensaje a la nación a través de cadena nacional, Bachelet manifestó su intención de poner en marcha un proceso abierto a la ciudadanía "a través de diálogos, debates, consultas y cabildos, que deberá desembocar en la Nueva Carta Fundamental, plenamente democrática", tras insistir previamente en su intención de terminar con la corrupción, el tráfico de influencias y los conflictos de intereses en Chile.

"Son medidas severas, y algunos querrán resistirlas para que las cosas queden igual. Pero mi principio es claro: la democracia y la política son de todos y no podemos tolerar que sean capturadas por el poder del dinero", apostilló la mandataria chilena, que también se ha visto salpicada por los casos de corrupción en su Gobierno y en su propia familia.

En un intento por marcar un punto de inflexión ante la crisis de confianza que golpea al país, la mandataria dijo en un mensaje a la nación que las medidas administrativas y proyectos de ley serán parte de una reforma integral para actuar sobre la actividad política y de los partidos, tal y como añade la agencia de noticias Reuters.

Con ello, "se busca erradicar las malas prácticas en la política, en los negocios y en la relación entre ambos", enfatizó Bachelet. El apoyo público a la mandataria está en su peor nivel histórico, de acuerdo a las encuestas, por la decepción de la ciudadanía ante los escándalos políticos y financieros que han salido a la luz en los últimos meses.

El brillo de los logros alcanzados en su primer año de Gobierno –reforma tributaria y educacional– se han visto empañados en los últimos meses por la polémica en torno a las acusaciones de tráfico de influencias contra su hijo –tras la aprobación de un millonario crédito–, o los desvíos de dinero de empresarios a campañas de políticos de todas las tendencias.

Medidas anticorrupción

Entre las medidas anticorrupción que la presidenta pretende implementar en los próximos meses destaca la eliminación de entregas de dinero anónimas y reservadas a los partidos políticos, de forma que "las empresas no podrán hacer aportes de ningún tipo". "Será el Estado el que financie el trabajo de los partidos. Para eso tendrán que cumplir con exigencias y controles claros", agregó Bachelet.

Así, los partidos políticos que quieran recibir las aportaciones económicas correspondientes tendrán que "reinscribir a todos sus militantes para sincerar los registros" y mantener "una contabilidad transparente y fiscalizada", tal y como detalló la presidenta, en unas declaraciones que publica el diario El Mercurio.

De igual manera, advirtió de que "todos aquellos representantes elegidos que vulneren la confianza pública, no podrán representar a los ciudadanos en los cargos de elección popular y perderán sus escaños".

La presidenta agregó que el Gobierno se ha dado un plazo de quince días para dictar las medidas administrativas, mientras que para los proyectos de ley cuentan con un plazo máximo de 45 días para su ingreso al Parlamento. "A partir de mañana, daremos urgencia de discusión inmediata en el Parlamento a la Ley de Probidad y Transparencia", sentenció.

El volcán Calbuco, ubicado en la región de Los Lagos, en el centro de Chile, entró en erupción este miércoles tras permanecer 43 años inactivo, con una enorme columna de cenizas y humo, lo que ha obligado a declarar la alerta roja. Siete horas después de la primera erupción, en la madrugada de este jueves, el volcán volvía a estallar.

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, viajará este jueves a la zona afectada por la erupción del volcán, según informó a través de un comunicado el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo.

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) informó de que la primera erupción volcánica se produjo alrededor de las 17.50 (hora local). "El área de impacto corresponde a la parte superior (de Cabulco)", detalló.

El cráter emitió una columna de cenizas y humo visible hasta a 20 kilómetros de distancia, por lo que ya se ha ordenado la evacuación preventiva del Sector Ensenada, habitado por 1.500 personas.

El Sernageomin declaró la alerta roja, lo que se traduce en una zona de exclusión de hasta veinte kilómetros en torno al volcán, según informó la Oficina de Emergencias del Ministerio de Interior (ONEMI).

Fuentes de La Moneda consultadas por el diario local El Mercurio detallaron que la mandataria chilena viajará a la zona después de la primera actividad que tiene programada para mañana, a las 10.15 horas (hora local), cuando encabezará una ceremonia de reconocimiento a trabajadores sociales de una fundación deportiva.

Asimismo, el Ministerio del Interior decretó el estado de excepción constitucional en la provincia de Llanquihue y en la comuna de Puerto Octay. Peñailillo explicó que la medida "va a permitir el despliegue de todo el personal de las Fuerzas Armadas".

"Ya estamos enviando personal extra de carabineros para colaborar en el proceso de evacuación y para resguardar que nadie se acerque al radio de veinte kilómetros", apostilló el funcionario chileno.

El Ministerio de Salud decretó alerta sanitaria para las provincias de Llanquihue y Osorno. Así, los ciudadanos deberán seguir una serie de recomendaciones preventivas ante la emergencia, como permanecer en ambientes cerrados y el uso de mascarillas, entre otras.

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, tiene previsto visitar España y Alemania entre los días 26 y 28 de este mes. La gira empezará en Berlín, con una reunión con la canciller Angela Merkel y acabará con encuentros con el rey Felipe VI y con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy. El Gobierno no puede sacar pecho. Los intereses españoles en Chile han mermado tras el traspaso de los activos de Endesa en el país a la matriz italiana Enel, controlada por el Estado italiano. Endesa tomó la primera participación en la chilena Enersis en 1997 y deja de ser relevante en América Latina después de 17 años.

"¿De qué va a hablar Rajoy con Bachelet? ¿De energía tras el traspaso de activos (de Endesa) a Enel?", se pregunta un exalto cargo de la compañía que preside Borja Prado. Al igual que algunos partidos (IU, PSOE), el exalto cargo –reclama anonimato– dice estar sorprendido por el silencio que envuelve una operación que deja directamente en manos del Estado italiano una pieza esencial en el tablero energético de América Latina. Endesa controlaba a través de Enersis buena parte de la energía en los países más importantes de la región.

La eléctrica española, propiedad de Enel desde 2007, ha sido durante casi dos décadas la primera multinacional eléctrica privada de América Latina, la mayor compañía eléctrica de Chile, Argentina, Colombia y Perú, y bien posicionada en Brasil.

Núcleos urbanos

Durante casi 20 años ha suministrado electricidad en cinco de los seis principales núcleos urbanos de la región —Buenos Aires, Bogotá, Santiago de Chile, Lima y Río de Janeiro— y ha gestionado la línea de interconexión entre Argentina y Brasil (CIEN).

A cierre de 2013, las empresas participadas por Endesa en Latinoamérica poseían un total de 16.240 Mw de potencia instalada, el 41% de la compañía. La italiana Enel ha desembolsado por los activos de su filial 8.252 millones, pero cobra en forma de dividendo 7.591, el importe que determina su participación el 92% en el capital. Lo comido por lo servido, con un aliño más: la aprobación de otro dividendo extraordinario de 6.353 millones que deja el total líquido exprimido en Endesa en 14.606 millones.

En cuestiones de energía, Bachelet tendrá más que hablar en la visita que realizará el próximo año a Italia, confirmada por el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz. La presencia de empresas españolas en el sector energético chileno se mantendrá con la compra anunciada por Gas Natural de la Compañía General de Electricidad (CGE) por 2.600 millones de euros. 

La compra de CGE, que concentra casi toda su actividad en el sector eléctrico y gasista en Chile, cuatro provincias de Argentina y en Colombia, no es comparable a la posición que mantenía Endesa en la región aunque, sin duda, será motivo de conversación entre Bachelet y Rajoy. 

Silencio oficial

La "reestructuración" de Endesa, enmarcada por el silencio del Gobierno y de la Comisión de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha provocado algunas críticas en IU y en el PSOE. El portavoz de Energía de IU, Adolfo Barrena, calificó la operación de "absolutamente inmoral e inaceptable", mientras que la  secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE, Pilar Lucio, cree que el Gobierno está siendo en esta operación "poco transparente", en una estrategia de "dejar pasar sin decir nada un tema de vital importancia".

El traspaso de activos de Endesa a Enel y la compra de la chilena CGE por Gas Natural vuelven a empujar las puertas giratorias. Enel tendrá que decidir si mantiene como consejera a la exministra de Economía con Rodríguez Zapatero, Elena Salgado. La exministra fue fichada en la filial chilena de Endesa —con el visto bueno del Ejecutivo del PP— tres meses después de dejar el cargo para no entrar en un posible conflicto de intereses.

Aznar, González y las puertas giratorias

Con la conversión de Endesa en una compañía centrada en el mercado nacional, queda más en el aire la posición de asesor de la compañía del expresidente del Gobierno José María Aznar. Endesa reafirmó en el cargo a Aznar a principios de este año. El exjefe de Gobierno fue fichado en 2011 por Endesa para asesorar a la empresa en relaciones internacionales, pero con especial atención a América Latina.

Si Aznar tiene menos trabajo, Felipe González, consejero de Gas Natural, puede tener más. La compra de la chilena CGE por la compañía gasista puede evitar que el tedio haga mella en el expresidente socialista. En enero de este año, González declaró estar cansado del sillón que ocupó en 2010 en la empresa que preside Salvador Gabarró. Su mandato finalizaba en abril de 2014, pero como es la junta la que debe votar el relevo en el consejo, González mantendrá el cargo hasta la junta de 2015. La operación chilena puede ser un argumento para mantener el sillón.

El Gobierno de Chile anunció el pasado jueves su intención de derogar el decreto ley 2.191 del 10 de marzo de 1978, más conocido como ley de amnistía, según recogió este viernes el diario chileno El Mercurio. La propia presidenta chilena, Michelle Bachelet, dispuesta a cumplir con el compromiso de su programa electoral, propuso promulgar "con suma urgencia" un decreto ley que derogue la disposición aprobada en plena dictadura militar de Augusto Pinochet entre los años 1973 y 1978. De esta manera podrán ser juzgados, en un futuro, todos los delitos cometidos entre ese periodo y que se encontraban resguardados bajo el paraguas de la amnistía.

Según marcaba el texto redactado por la ministra de Justicia de la época, Mónica Madariaga, "concédase amnistía a todas las personas que en calidad de autores, cómplices o encubridores hayan incurrido en hechos delictivos durante la vigencia de la situación de estado de sitio, siempre que no se encuentren actualmente sometidas a proceso o condenadas". 

El Gobierno chileno ya se comprometió públicamente ante Naciones Unidas a anular este decreto y para ello presentó ante el Congreso Nacional un proyecto de ley en este sentido. El anuncio fue hecho el pasado 8 de julio, al someterse en Ginebra al escrutinio del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que vela por el respeto de la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, de la que es estado parte.

Desde Naciones Unidas se había solicitado a Chile que derogase esta ley de amnistía para que ningún crimen de lesa humanidad quedase impune y para que no hubiese espacio para la interpretación.

El nuevo decreto permitirá investigar, sin traba judicial alguna, casos como el del diputado del partido derechista Renovación Nacional, Rosauro Martínez Labbé, presuntamente implicado en la muerte de tres opositores chilenos durante la dictadura militar –Patricio Alejandro Calfuquir, Próspero del Carmen Guzmán y José Eugenio Monsalve, militantes del Movimiento de Izquierda Radical (MIR)–. El político salió este viernes en libertad bajo una fianza de 19.502 euros, a pesar de que el diputado solicitase una fianza de 200 euros.

Recomendaciones al Ejecutivo español

De la misma manera, la organización internacional también lleva solicitando al Gobierno español actuaciones en este sentido. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió un informe el pasado mes de agosto en el que pedía "eliminar todos los obstáculos jurídicos de carácter interno que puedan impedir investigaciones judiciales de los casos de desapariciones forzadas", haciendo referencia a la Ley 46/1977 (ley de amnistía). 

El relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, también solicitó al Ejecutivo español "valorar las alternativas y privar de efecto las disposiciones de la Ley de Amnistía que obstaculizan todas las investigaciones y el acceso a la justicia sobre violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo".

No obstante, esta no fue la primera vez que Naciones Unidas solicitó al Gobierno del PP actuaciones en materia de memoria histórica y persecución de los delitos de lesa humanidad durante la dictadura franquista. El pasado 2 de julio, el Grupo de Desapariciones Forzosas de la ONU publicó un informe en el que solicitaba al Ejecutivo español que se juzguen todas las desapariciones “de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde que comenzaron”, eliminando los obstáculos jurídicos que puedan impedir dichas investigaciones y tratando de asegurar que las desapariciones forzosas no sean crímenes sujetos a amnistía.

El periodista y uno de los fundadores de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, aseguró a infoLibre que el Ejecutivo chileno "ha dado un gran paso por los derechos humanos puesto que priva de argumentos a los que agarrarse a todos aquellos sujetos al decreto chileno".

En relación al texto jurídico español, Silva consideró que "la ley de amnistía es un ordenamiento hecho a medida" por un "Parlamento no democrático en el que no estaban representadas todas las ideologías políticas". "Muchos partidos republicanos y de izquierda no fueron legalizados hasta después de aprobarse el texto", incidió el fundador. 

El periodista, que definió la ley como "la gran coartada del Poder Judicial español", apuntó que dicho texto jurídico "nunca ha sido efectivo" y aclaró que el único punto en el que se pudo usar como argumento "fue en el caso de los torturadores 'Billy el Niño' y 'Muñecas'". No obstante, quiso reiterar que "la tortura es un delito que no prescribe".

Preguntado por el futuro que le espera a la norma en España, Silva no dudó en afirmar que "el verdadero problema para tumbarla es la ausencia de apoyo político en el Parlamento, algo que no sucede en Chile".

Una amnistía con "valor simbólico"

Por su parte el PP, en palabras del diputado Pedro Gómez de la Serna, no se mostró conforme "con la consideración que se hace de la ley de amnistía". El conservador añadió que esta disposición tiene para su partido "un valor simbólico en cuanto a la reconciliación de los españoles". Estas palabras fueron pronunciadas en la Diputación Permanente celebrada en el Congreso de los Diputados la última semana de agosto. En esta cita, los grupos de la oposición intentaron, sin éxito, que el Gobierno explicase que medidas iba a implementar para aplicar las observaciones de los varapalos de Naciones Unidas en materia de memoria histórica.

Por su parte, la asociación Jueces para la Democracia (JpD) criticó este viernes, en relación a los informes emitidos desde la ONU, que el Gobierno mantenga una actitud "obstruccionista" con las víctimas del franquismo, algo que está "en la línea de una incomprensible actitud de condescendencia hacia el régimen anterior".

El portavoz de JpD, Joaquim Bosch, advirtió de que la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 impone una serie de obligaciones al Gobierno, como es la localización e identificación de las más de 114.000 personas que siguen en fosas comunes, una situación "inaceptable" en una sociedad democrática.

"No resulta aceptable el argumento del Gobierno de que no dispone de medios económicos, porque ello podría explicar una reducción de las partidas presupuestarias, pero no la absoluta paralización que se ha producido de las actuaciones institucionales", apostilló Bosch.

Otras amnistías latinoamericanas

Chile no se convertirá en el primer estado latinoamericano en derogar una ley que respalda los delitos cometidos durante periodos dictatoriales. En realidad, seguirá la estela iniciada hace años por Argentina.

En el país del tango, la llamada Ley de Pacificación Nacional, más conocida como ley de autoamnistía –aprobada durante la dictadura militar y que dejaba extinguidas "las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982"–, fue derogada en 1983 por el Gobierno de Raúl Alfonsín. La abolición de esta norma permitió condenar a Jorge Rafael Videla y a Emilio Massera a cadena perpetua.

En el año 2003, el Congreso Nacional argentino también derogó la Ley 23.492 de Punto Final, otro texto jurídico incubado durante el mismo periodo de la dictadura militar y que protegía a todos aquellos que hubiesen cometido durante estos años delitos de desaparición forzada.

El resto de países latinoamericanos continúan con sus respectivas leyes de amnistía derivadas de los diferentes conflictos internos. Uruguay, por ejemplo, ratificó en 2011 la llamada Ley de Caducidad, que permitió a los responsables de crímenes durante el periodo dictatorial (1973-1985) salir impunes.

La ONU también solicitó a El Salvador a finales de agosto la derogación de la ley de amnistía aprobada en 1993, según recogió el rotativo salvadoreño El Mundo, y aludiendo al dictamen que emitió en 2013 la Corte Interamericana de Derechos Humanos que solicitaba la abolición del texto jurídico. 

El número de damnificados por el incendio en Valparaíso ha ascendido hasta los 12.500, según el último balance presentado por el Gobierno, que mantiene las 15 víctimas mortales registradas en la pasada jornada y eleva a más de 2.900 las viviendas destruidas por el fuego.  

El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, ha informado de que durante este martes no ha habido focos activos, sin embargo aún no se ha logrado el control total del incendio, algo que se espera conseguir a lo largo de este miércoles, según detalla el diario chileno La Tercera.

El ministro también ha explicado que "durante el día se han entregado más de 1.000 toneladas de alimentos y herramientas", se ha dado inicio a la recogida de escombros y, además, "se ha vacunado a más de 10.000 personas", –8.000 de ellas contra el tétano y 2.000 contra la gripe–.

Un total de 400 efectivos de carabineros participarán este miércoles para permitir un flujo normal de entrega de ayuda. Para ello, está prevista una restricción vehicular en la zona entre el jueves y el domingo para poder gestionar todas estas tareas de ayuda de la mejor forma posible.

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ha dicho este martes que prepara un plan maestro para reconstruir la ciudad costera de Valparaíso tras el voraz incendio, pero advirtió de que su ejecución podría demorar el resto de su mandato.

Bachelet ha afirmado, en una entrevista con la radio local Cooperativa, que actualmente las labores están centradas en reubicar a los damnificados mientras se diseña un nuevo esquema de habitabilidad para la zona. El Gobierno todavía no ha dado estimaciones preliminares sobre el monto de las pérdidas producidas por el incendio que tiñó de cenizas uno de los principales puertos del país minero sudamericano.

El enorme incendio desveló los niveles de desigualdad que persisten en el mayor productor mundial de cobre y representa un nuevo reto para la mandataria de 62 años que apenas hace dos semanas comandaba las labores de emergencia por un terremoto de magnitud 8,2 que golpeó el norte del país.